Mar 23, 2020 | DDHH, Novedades
Los documentos pueden aportar evidencias para los juicios que investigan crímenes de lesa humanidad.
Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, en conjunto con estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA -a través de las prácticas preprofesionales de estudiantes convocadas por el Centro Antonio Gramsci y la Carrera de Ciencias de la Comunicación- y del Instituto Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”, lanzan hoy, 23 de marzo, la página desclasificados.org.ar que pone a disposición del público los archivos que entregó el gobierno de Estados Unidos sobre la última dictadura cívico-militar al argentino de manera accesible. Los estudiantes participaron de un proceso de traducción y sistematización para democratizar los documentos que podrían tener un gran impacto en los juicios a los militares.
El trabajo iniciado en septiembre del 2019 publica en el sitio web una primera visualización de 1.000 archivos relevados por los estudiantes. La labor, además de democratizar la información, tiene por objeto formar a la nueva generación en cuestiones de derechos humanos y en los temas vinculados al terrorismo de Estado y la inteligencia.
“La información es de acceso público desde abril, cuando la publicó Estados Unidos, pero nuestro proyecto fortalece la accesibilidad porque es muy difícil comprenderla para quien no maneja cómo son las tramas burocráticas que la producen o no habla inglés”, enfatizó Guadalupe Basualdo, representante del CELS. El hecho institucional está realizado, pero el acceso real, que tiene que ver con que sea comprensible e interpretable, es en lo que están trabajando. “La idea era crear un sistema donde sea más fácil bajar la información para que los interesados puedan acceder a los archivos por nombre, temas y ejes de investigación”, completó María José Lavalle Lemos, representante de Abuelas de Plaza de Mayo.
«Queda pendiente el acceso a otra información producida por la Policía Federal o la SIDE”, advirtió Basualdo.
El proyecto
El 20 por ciento de los documentos desclasificados corresponde a agencias de inteligencia de Estados Unidos en intercambio con agencias locales o de otros países, pero en relación a Argentina. “Es la primera vez que Estados Unidos desclasifica este tipo de documentación para el país”, afirmó Basualdo. Esto era un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos porque son documentos fundamentales para comprender el terrorismo de Estado y el desarrollo de la red de inteligencia en América Latina, además del rol que jugó los Estados Unidos informando e interviniendo en el funcionamiento represivo de las dictaduras del Cono Sur. Tres de las agencias que abrieron sus archivos fueron la CIA, el FBI y la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa (DIA). “Esto produce aportes concretos a causas judiciales en curso, agregan información sobre casos y acontecimientos que no se tenía antes y que van a ser aportados por las querellas”, recalcó Basualdo.
Además de este material, también hay información de intercambios bilaterales entre Estados Unidos y Argentina en ese período, gestiones que distintos familiares y organismos de derechos humanos organizaron para denunciar las desapariciones y apropiaciones y los distintos lugares donde se realizaron denuncias internacionales. Para Lavalle Lemos, tener informes de inteligencia de Estados Unidos provee de una legitimidad para el resto de la sociedad sobre el terrorismo de Estado. “Aunque nosotros ya sepamos lo que sucedió, es importante tener una fuente norteamericana porque ellos mismos lo están diciendo”, puntualizó.
Para el trabajo, los 19 estudiantes seleccionados de las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales y del Instituto Lenguas Vivas, leyeron los documentos y extrajeron datos basados en palabras clave que los organismos pusieron en común. “Trabajamos con un software que nos permitió organizar el trabajo de manera remota. Los estudiantes hacían la lectura y la carga en sus casas y nos encontrábamos presencialmente cada quince días para consolidar los criterios de carga, lectura y clasificación”, relató Basualdo. Las palabras clave tenían que ver con los intereses de las instituciones que participaron y en el caso de Abuelas son menciones a niños, bebés y embarazadas, y los nombres de los casos. “A medida que los chicos y chicas extraen la información y la cargan en la base, nosotros la relevamos y separamos los documentos que pueden ser de interés para Abuelas”, mencionó Lavalle Lemos.
Los efectos que tuvo esta documentación fue mucha y diversa. Lavalle Lemos resaltó que encontraron información sobre la abuela de uno de los casos que llevan adelante desde Abuelas de Plaza de Mayo; el de Amarillo Molfino. “En los archivos se hablaba de su secuestro en Perú y su posterior muerte en España. Había informes que hizo Estados Unidos en base a otro que hizo el Gobierno peruano”, contó. El caso está enmarcado en la causa Contraofensiva.
Otros efectos tienen que ver con la posibilidad de seguir reclamando la desclasificación de archivos a agencias de inteligencia locales. “Hay experiencias previas, como el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero queda pendiente el acceso a otra información producida por la Policía Federal o la SIDE”, advirtió Basualdo. La documentación de Estados Unidos entra en diálogo directo con las agencias argentinas porque citan como fuente de información a funcionarios de inteligencia del país. “Hay un vínculo muy directo, y nos está faltando la pata local, que ahora reconstruimos con lo que tenemos”, puntualizó.
Historia
Los organismos de derechos humanos y varios jueces argentinos planteaban reclamos desde 1990 a Estados Unidos en relación a la desclasificación de documentos. Recién en el año 2000, la ex secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, se reunió con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS. “Esto dio origen a un proceso de recolección, revisión y desclasificación de informes sobre la Argentina que resultó en 4.600 documentos”, relató Verónica Torras, representante de Memoria Abierta, una organización especializada en temas de archivo. En ese primer pedido, la CIA y el Pentágono se negaron a abrir sus documentos y a entregarlos.
Parte de esta información se convirtió en prueba documental de varias causas judiciales luego de que se reabrieran los juicios. Esta situación impulsó a un nuevo pedido para profundizar la documentación que ya se tenía, y ampliarla hacia las agencias de inteligencia. “La segunda tanda se hizo en cuatro entregas, que empezó en 2016 y terminó en abril del 2019, y fue más amplia porque más de catorce agencias abrieron sus archivos, entre ellas las de inteligencia”, agregó Torras. Parte de este proceso implica tener una ida y vuelta con Estados Unidos para poder hacer una devolución en base al análisis de los documentos y también es un proceso abierto que permite seguir construyendo herramientas que permitan analizar la información.
El trabajo con los estudiantes
El proyecto se enmarca en las prácticas preprofesionales en organizaciones sociales dentro de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, pero también se extendió a estudiantes del Instituto Lenguas Vivas, de la Universidad del Salvador y de la Universidad de La Plata. Fueron elegidos 19 jóvenes, aunque la convocatoria fue mucho más grande. Los criterios de selección tenían que ver con el manejo del inglés y una subjetividad en relación a los derechos humanos, además de materias de historia y comunicación o política aprobadas.
Los estudiantes se reunieron presencialmente cada quince días en encuentros que sirvieron como espacios de formación y construcción de conocimiento sobre el período. Se organizaron reuniones con invitados especiales que expusieran información y tuvieran un ida y vuelta con la nueva generación. En palabras de Basualdo: “Invitamos a Alan Iud, que era el coordinar jurídico de Abuelas, a Pablo Llonto, abogado querellante en diversas causas de lesa humanidad, a Melisa Slatman, historiadora e investigadora de la Unidad de Asistencia para Causas de Violaciones de Derechos Humanos del Ministerio Público y Fiscal, al Equipo Argentino de Antropología Forense y tuvimos encuentros en el Museo de la Memoria de la ESMA”.
Al final del 2019 se hizo un cierre y los estudiantes expusieron hasta dónde habían llegado, qué les había llamado la atención y qué otras dudas les había despertado leer y clasificar la documentación. “Estuvieron muy comprometidos y contaron qué líneas de investigación les generaron interés para buscar y seguir construyendo más cosas”, relató Larisa Kejval, directora electa de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. “Como Carrera y parte de la Facultad, este trabajo continúa una histórica relación que tenemos con los organismos de derechos humanos en el esclarecimiento por lo acontecido en la última dictadura cívico-militar”, agregó. Para Kejval también fue interesante el encuentro entre los estudiantes de la Facultad y los del Lenguas Vivas, y cómo se imbricaron dos instituciones con tradiciones distintas para hacer una experiencia común.
“Nos emocionó mucho que los estudiantes se sensibilizaran tanto y estuvieran tan contentos”, comentó Lavalle Lemos. Destacó, más que nada, el hecho que la información sea ahora pública y deje de ser secreta o manejada sólo por algunos. Para Alicia Entel, representante del Centro Antonio Gramsci de la Facultad de Ciencias Sociales, la reunión con los estudiantes fue muy conmovedora. “Por un lado, ellos encontraron cosas que los motivaron a seguir indagando y ver otra documentación, y por el otro, para mi generación, que vivió estas situaciones, fue una experiencia extraordinaria, porque vimos la dictadura desde una mirada joven. Lo que ellos consideraban y priorizaban era verlo con ojos nuevos. Hubo un aprendizaje para los estudiantes y para nosotros”, destacó.
Toda esta recolección y sistematización de los primeros mil documentos va a estar publicada a partir de hoy en desclasificados.org.ar, de acceso público y organizada para que cualquier persona pueda entenderlos. Para Alicia Entel este trabajo tendría que formar parte de una publicación, no solamente académica, sino de mayor divulgación para las escuelas secundarias. “Hay un conocimiento acerca de lo acontecido en la última dictadura, pero cada tanto aparece una nube de olvido, sobre todo en los últimos cuatro años, y me parece importantísimo poder enviar esta información a las escuelas del país como formación ciudadana, sobre todo con esta mirada joven de seguir investigando a través de lo dado”, finalizó.
Mar 18, 2020 | DDHH, Entrevistas
“Estoy en contra de todos los fundamentalismos, inclusive los de la memoria”, afirma Jelin.
“Cuando se dice memoria en singular significa que hay alguien que va a decir lo que se tiene que recordar y pensar, y yo estoy absolutamente en contra de la idea de que eso tiene algo que ver con la democracia”, lanzó Elizabeth Jelin para dar cuenta de su postura sobre el tema. Las memorias son plurales y diversas y se desarrollan en diferentes temporalidades, convirtiéndose en el foco de luchas sociales y políticas. Hablar de una memoria es antidemocrático. “Estoy en contra de todos los fundamentalismos, inclusive los de la memoria”, afirmó con contundencia. Una sociedad democrática permite que todos los grupos tengan el espacio para expresarse y los límites tienen que ver con la violencia, no con la censura o la limitación de la palabra. Jelin agregó: “La noción de democracia implica que hay un adversario, y que éste tiene los mismos derechos que yo en expresarse en la esfera pública”.
En su último libro, La lucha por el pasado: cómo construimos la memoria social, Jelin dice que hablar de memorias significa siempre hablar de un presente. No se trata tanto del pasado, sino de la manera en que se construye un sentido del pasado, que se actualiza en el presente y también en relación al futuro deseado en los actos de rememorar, olvidar y silenciar. La historia se desarrolla con acontecimientos encadenados unos a otros, y las memorias también. “Lo que es significativo en un momento, puede dejar de serlo después, y a lo que nadie le prestó atención, puede ser importante luego. No hay manera de que podamos prever esto de manera clara, lineal y explícita”, advirtió Jelin. Y es que las memorias nunca son únicas, acabadas y definitivas, sino que, por el contrario, son disputadas, tanto las palabras como los silencios, en los debates políticos e ideológicos de sus épocas.
En este contexto, Jelin habló sobre lo que significaron los juicios a las juntas y la importancia del funcionamiento del aparato institucional: “Me parece importantísimo y central que haya habido juicios a los represores de la Argentina dictatorial, y en ellos, como en toda institucionalidad jurídica, hay un ritual, normas y penas graduadas. Y en algún momento la gente sale de la cárcel. Eso hace a las prácticas democráticas y ciudadanas”. No es un tema que presta a debate ni que debería preocupar, dice Jelin, sino que indica que las instituciones democráticas funcionan y juzgan por casos específicos, no por una especie de ley del más fuerte. “Celebro que funcionen, aún cuando odio la idea de encontrarme a un represor por la calle”, enfatizó. Los juicios van a terminar en algún momento, pero no así las penas, que pueden seguir por mucho más. Jelin cree que gran parte de los represores se morirá antes de las sentencias y entonces, lo que es preocupante es la lentitud de la justicia.
“Lo significativo este momento, puede no serlo después, y a lo que nadie le prestó atención, puede importar luego.»
Los silencios, los olvidos y los baches también ocupan un lugar central en las memorias. En su libro, Jelin asegura que lo que el pasado deja son huellas en documentos y papeles y en el mundo simbólico. Estas huellas no constituyen “memoria” hasta que no son evocadas y ubicadas en un marco que les otorgue sentido. La dificultad, entonces, radica no sólo en los pocos registros, sino en los impedimentos para acceder e interpretar esas huellas, ocasionadas a veces por mecanismos de represión y desplazamientos. Los juicios tienen una doble importancia ahí, además de juzgar y condenar según las leyes, también se ocupan de investigar lo que pasó en casos específicos para descubrir lo que sucedió con personas con nombre y apellido. “Va a haber cosas que no se sepan, pasa en todos los ámbitos de la vida. Silencios hay siempre. El asunto es cuando esos silencios son históricos, que impiden conocer. A esta altura, por los juicios, evidencias, materiales de la reconstrucción de los sitios de clandestinidad, por documentos y testimonios, sabemos un montón de cómo funcionó el aparato represivo durante la dictadura”, afirmó Jelin. Quedan huecos, no se sabe qué pasó exactamente con personas específicas, pero se sabe el patrón, lo sistemático. La verdad histórica general está, lo que falta es la verdad “jurídica”, que se maneja a través de casos, porque no se puede condenar en abstracto, sino por crímenes determinados.
“La democracia implica libertad de palabra y de escucha”, afirmó Jelin. Libertad para escuchar diferentes voces y para expresarlas, donde toda censura es una limitación a los procesos democráticos. “La experiencia indica que prohibir ciertos discursos, llamados negacionistas, no garantiza nada. En cambio, en Alemania, Italia, España y Francia, los grupos de derecha están más fuertes que nunca. Muchos nos preguntamos si hay un efecto boomerang”, teorizó. En Argentina los discursos que relativizan la violencia de la dictadura no son negacionistas. No niegan lo que sucedió, sino que lo justifican o lo relativizan. “Si alguien sale a decir que no hubo vuelos de la muerte y se le prohíbe decirlo, ¿qué va a hacer? Lo va a gritar más fuerte”, explicó y puso un ejemplo: “Hace unos días vi una nota del que, para muchos, es el emblema de lo que llaman negacionismo, Darío Lopérfido. Decía lo mismo de siempre, que los derechos humanos son un curro. Si se le hubiese prohibido publicar eso, hubiese salido gritando y sería un escándalo. En cambio, así, pasó desapercibido”. El problema con la discusión sobre el negacionismo es que no se sabe claramente qué se dice cuando se habla del término. Es una zona gris de malentendidos, según la autora.
Los temas que más le preocupan hoy a Jelin están lejos del negacionismo y tienen que ver con los derechos humanos. A casi cuarenta años de la transición democrática, la noción sigue estando restringida a la dictadura. “A mí me preocupa muchísimo los chicos wichis que se mueren de hambre, la desnutrición, los femicidios, las violencias extremas que vivimos hoy y que también son parte de la historia”, relató. Las marchas feministas, como la del 8M, estuvieron vinculadas a temas de género y fue de una magnitud enorme que afecta a lo que se vive hoy. “Si tenemos instituciones que se preocupan por los derechos humanos, necesitamos políticas activas que tengan que ver con estas preocupaciones actuales”, insistió.
Hay continuidades con el pasado (el pañuelo verde y el blanco), desplazamientos de actores que han mutado (Nora Cortiñas en el escenario de la marcha del 8M), pero los dramas actuales son otros. Las muertes de mujeres por violencia de género, más de 70 en lo que va del 2020, embarazos no deseados, discriminación de diversidades sexuales, y más, son cosas que atañen a los derechos de las personas. “Por suerte tenemos una población que sabe movilizarse”, recalcó Jelin, aunque advirtió que pocas veces tiene resultados inmediatos y efectivos, y que sin embargo, hay que persistir. “La campaña del aborto tiene más de veinte años y recién hace uno se autorizó el debate”.
“Si alguien dice que no hubo vuelos de la muerte y se le prohíbe decirlo, ¿qué va a hacer? Va a gritarlo más fuerte.”
También hay otro debate que tiene que ver con el espacio público y de quién es, que se pone en juego cuando hay grafitis y pintadas, sobre todo de los movimientos sociales y feministas cuando marchan. “Siempre un derecho entra en colisión con otro. El debate se ve más claro con los piqueteros, que tienen su derecho a protestar, y los que reclaman su derecho a circular libremente”, mencionó. Los conflictos del espacio público se pueden poner en términos de comodidades cotidianas, por ejemplo un vecino escuchando música muy fuerte, o en términos de disputas políticas, que aparece en las marchas, las campañas electorales donde los partidos pegan sus carteles unos encima de otros. “Si el espacio es público, es para todos y todas”, concluyó.
“Mucha gente piensa que hay una pedagogía de la memoria, que hay que transmitir lo que ellos creen que hay que transmitir”, afirmó Jelin. Lo que cuestiona la socióloga no son los mecanismos pedagógicos, o los debates que plantean cómo enseñar la historia; sino la idea de que enseñar o decir algo va a llevar inexorablemente a que la gente sienta y piense eso. “Se pueden dar herramientas, que es lo que se hace en una sociedad democrática, para pensar: películas, ejercicios o visitas, pero cómo se apropia la nueva generación de esas herramientas es incierto y nada lo garantiza”. No habría una linealidad que indique que los chicos en las escuelas van pensar lo que sus maestros les enseñen, y esto se ve, para Jelin, en los casos europeos, como Italia, donde los jóvenes han sido educados desde la posguerra y sin embargo, el fascismo crece de una manera enorme. “Esa es una preocupación muy grande, quiero saber qué es lo que pasó como para que todo un período histórico democrático termine con tal crecimiento de las fuerzas de derecha”, finalizó.
Feb 27, 2020 | DDHH, Novedades
Gloria Bustamante perdió a su marido, José Alfredo Zelaya Mass, durante la última dictadura cívico militar. Lo desaparecieron por su militancia peronista el 6 de octubre de 1978. Unos días antes, mientras ella estaba de visita en la casa de una amiga, recibió un llamado. “Primero me sorprendió que me llamaran a la casa de una amiga a la que había llegado hacía quince minutos. Después sentí que me estaban vigilando”, relató. La llamada era de una cochería. Y agregó: “Me dijeron que yo había dejado mi número para contactarme, pero no era verdad. Pensé que me estaban persiguiendo”.
Su marido le dijo que era mejor separarse por su seguridad, así no la asociaban a él, que tenía reuniones con sus compañeros de militancia. Luego de su desaparición, los amigos le aconsejaron a ella que se fuera del país y decidió radicarse un tiempo en Paraguay. A sus ochenta y tres años, Bustamante aún recuerda el día preciso del secuestro aunque no otros datos y fechas, producto del paso del tiempo y la edad.
Yamila Tejerina de la Rosa tuvo una historia diferente, teñida por el mismo miedo e incertidumbre, pero además, ligado al desconocimiento sobre su propio origen. Sabe que es adoptada, pero su madre, Aurelia Tejerina, nunca le dijo la verdad y, en cambio, le dio varias versiones diferentes sobre quienes podrían ser sus padres biológicos. “Me escondía de todos, no me dejaba ver a amigos, vecinos ni a nadie”, reveló. Además le prohibió tocar unos papeles que tenía guardados. “Una vez los vi, cuando ella no estaba. Eran recibos de sueldo de un tal Jesús de la Rosa, su marido”, le contó a la abogada Valeria Moneta de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
Jesús de la Rosa había sido desaparecido y era militante en el sindicato de la fábrica donde trabajaba. Aurelia Tejerina le había dicho, en una de sus muchas versiones, que él era su padre, pero ella nunca lo conoció. En busca de respuestas, y ya en un período democrático, Yamila Tejerina insistió a su madre para saber sobre su padre. Le preguntó si era cierto que era hija de su hermana, como se decía en el barrio. “Me dijo que la verdad era demasiado cruel y que nunca me la iba a decir”, recordó. La historia de la familia Tejerina de la Rosa estuvo signada por la persecución y las desapariciones. Primero el hermano de Jesús de la Rosa, luego él mismo; casos de los que Yamila Tejerina se enteró de grande, cuando comenzó a investigar. Más tarde, secuestraron al hermano de Aurelia Tejerina. “La última fue mi mamá. Lo hicieron para que hable y como lo hizo, la soltaron”, teorizó. Cree que la llevaron a Campo de Mayo, pero su madre nunca le contó qué pasó durante los días que estuvo desaparecida. Se llevó la verdad a la tumba.
Yamila Tejerina.
La última en dar testimonio fue Olga Murillo, secuestrada durante tres días en Campo de Mayo. Fue durante enero de 1978, dos años después de la desaparición de su marido. “Me agarraron en la calle, caminando con mi mamá. Me dijeron que iba a declarar y cuando me subí al auto, sentí que me ponían una capucha en la cabeza”, recordó. Cree que la llevaron a Campo de Mayo, donde estuvo con otros secuestrados a los que no pudo ver. Les ponían un número y los llamaban de a uno. “Cuando llegué, escuchaba gritos, llantos, fusilamientos”, explicó. La llevaron a un cuartito donde había fotocopias de fotos en una mesa y le pedían que reconocieran los rostros. “No conocía a ninguna de esas personas”, afirmó.
Durante los tres días que duró su secuestro, sufrió diferentes vejaciones. La insultaron, la golpearon con bolsones de arena y casi la violan. Un militar con acento paraguayo, recuerda Murillo. Cuando le estaba por bajar el pantalón lo llamaron y se tuvo que ir. “El último día escuché una conversación entre ellos que se preguntaban qué hacer conmigo”, contó. La violencia física se detenía a veces, pero la psicológica era constante, sucedía todo el tiempo. Le decían que la iban a matar, que la iban a tirar al río, que de ahí no iba a salir. “El último día que estuve, me metieron en el piso de un auto y me encañonaron. A la mitad del camino pararon en una estación de servicio y uno me dijo: ‘Si llegás a gritar, te meto un tiro’”, recordó. La dejaron en una ruta entre las 10 y las 11 de la noche, encapuchada. Tenía que esperar que no se escucharan más el auto, pero ella se la sacó mucho tiempo después.
Volver a la vida normal no fue fácil para ninguna de las tres mujeres. “No tuve contención, ni ningún lugar a dónde ir. Tenía que hacerme cargo de mis cuatro hijos que tenían miedo y querían estar conmigo todo el tiempo”, reflexionó Murillo. Yamila Tejerina de la Rosa aún sigue buscando saber quién es su padre. Gloria Bustamante ya no recuerda muchas de las situaciones y personas que estuvieron involucrados en los fatídicos días del secuestro de su marido y no quiere volver a hacerlo. A todas les faltó la contención y el acompañamiento que, luego de años, pudieron encontrar en los organismos de derechos humanos; pero que en un principio, tuvieron que resignificar solas. “Hice una obra de arte con mi vida porque no recibí contención de nadie”, finalizó Murillo.
Olga Murillo.
Feb 17, 2020 | DDHH, Novedades
“Yo quedé muy mal, me revolvió la panza y hasta el día de hoy lo sueño”, declaró Héctor Hugo Michelena, ex soldado que estaba haciendo el servicio militar durante los primeros años del golpe de Estado. “Había mucho miedo entre los conscriptos y yo trataba de no meterme en nada porque se decía que mataban gente”, agregó refiriéndose a sus días en el Área 400.
Michelena tenía veintiún años cuando, en medio del servicio militar obligatorio y apenas días después del golpe, fue encomendado como custodia y chofer de los mandos jerárquicos en la intendencia del Área 400. Sus tareas cotidianas parecían sencillas. Llevar a sus jefes a reuniones, a las esposas a hacer las compras y a sus hijos al colegio. También a los cabaret, donde los esperaba en el auto. Sin embargo, en medio de encomiendas aparentemente inocentes, a veces tenía que trasladarlos a allanamientos. “Yo me quedaba a unas cuadras, siempre sin querer enterarme. Tenía miedo por lo que se escuchaba; que mataban gente. Terroristas, guerrilleros o zurdos como le decían”, relató.
En los tres meses y medio que estuvo comisionado al Área 400 en Campana, una sola vez vio la escena de terror de la dictadura militar. En la cocina del edificio de administración de la intendencia, cuando comía apartado de los cargos superiores que lo hacían en el comedor, escuchó gemidos y lamentos. Pedidos de agua. Se acercó con unos compañeros a un cuarto chico y oscuro donde generalmente guardaban papeles. Se asomaron y pudieron ver seis o siete personas, encapuchadas y arrodilladas una al lado de la otra, fue la revelación de esos miedos y la confirmación de los rumores. “El cocinero, un sargento ayudante, nos pidió que no dijéramos nada, que corría peligro nuestra vida”, recordó.
A pesar de no haber visto otros secuestros dentro del Área 400, sí escuchaba los comentarios que hacían los conscriptos y otros soldados como él sobre lo que hacían ahí. “Se decía que metían personas muertas en tambores cerrados con concreto y que después las llevaban a Campo de Mayo”, recordó y aunque no lo creía del todo en ese momento, sí era consciente del peligro por lo que optaba no involucrarse con nada. Otro rumor era el de “La Escuelita”, un chalet apartado en Campo de Mayo, pintado de blanco con tejas rojas, donde se decía que tenían gente detenida que “iba a un destino final”.
El momento más traumático, una de las muchas causas que lo definió a abandonar su trabajo, fue un operativo donde también estaba involucrada la policía. Había transportado a los jefes de la intendencia del Área 400 a un lugar, donde se encontraron con 45 cadáveres, personal del ejército y oficiales de la policía. “Uno de ellos tenía un cuchillo. Levantó el brazo de un cuerpo, lo apoyó contra el capó y lo cortó. Era para determinar la edad. Dijo que tenía diecisiete años. Se me revolvió toda la panza”, recordó agobiado.
En la primera audiencia de 2020, también testimonió María Francisca Moyano, mujer de Roberto Albarracín, desaparecido durante el año 1978. Albarracín era peronista. Hacía reuniones con compañeros, que Moyano cree que podrían haber sido de Montoneros, e iba a movilizaciones esperando el regreso de Perón. “Fuimos a verlo a Ezeiza y festejamos cuando asumió Cámpora”, recordó ella.
Albarracín trabajó en varias empresas, pero sobre todo en la General Motors. En los años de su secuestro, se había puesto un taller con el padre, donde hacía las reuniones secretas con sus compañeros para escuchar los mensajes de Perón desde el exilio. Ella se aburría en las reuniones, eran un sacrificio que hacía por su esposo más que por convicción propia. No le gustaba tener que ir con él a las movilizaciones, pero lo seguía en sus ideales. “Más tarde entendí que eso era importante”, reflexionó. Hasta el día de hoy, no sabe con certeza si su marido era parte de Montoneros o no. Pero afirmó que “si todos los que luchaban por los derechos de los trabajadores fueron Montoneros, entonces mi marido lo era”.
Fue después de las fiestas de 1977 cuando ocurrió la mayor tragedia. Moyano volvía a la casa que compartió con Albarracín, y en la que ella aún vive en Villa Adelina, el 2 de enero de 1978. Su marido llegó en bicicleta, regresaba de ver a su mamá en Don Torcuato. “No te asustes”, le dijo. “La nena se lastimó y le cosieron un par de puntos, pero ya está bien. Se quedó en Torcuato”, le explicó.
Moyano fue al otro día, el 3 de enero, a ver a su hija mayor, pero la dejó en la casa de los abuelos y partió con la nena más chica rumbo a Villa Adelina hacia la tarde. Cuando llegaron a la casa, volvieron a salir apuradas para comprar el pan, pero en el camino vieron la panadería cerrada. “Fueron solo cinco segundos desde que salimos de mi casa”, relata y agrega: “Y cuando volvíamos, en la esquina, un hombre me detiene y me pregunta a dónde voy. Le digo que a comprar. Él me dice que vuelva al otro día porque estaban haciendo un allanamiento. Era en mi casa”. No volvieron durante dos meses, y se quedaron en lo de su mamá. La preocupaba que se dieran cuenta que era ella la que vivía allí. Tampoco volvió a ver a su marido.
Cuando regresó al barrio, habló con los vecinos de al lado. Le contaron cómo fue el allanamiento que ella no alcanzó a ver. Había camiones del ejército y personas vestidas de civil, como el hombre que la detuvo en la calle. Preguntó por su marido y los vecinos recordaron haberlo visto pasar en bicicleta y esperar un colectivo pocas horas antes. Ella no lo había visto en todo el día porque había ido a Don Torcuato sola y no supo si él fue a trabajar o estaba en otro lado. Tampoco supo por qué esperaba un colectivo ni a dónde iba.
La casa estaba revuelta, rota y con cosas desaparecidas. Un vecino le contó que, cuando vio entrar a los militares, les dijo que eso era violación de la propiedad privada. La respuesta fue “callate que te cago a tiros”. Moyano nunca vio libros ni folletos con propaganda de alguna organización guerrillera en su casa y además no entendía cómo lo habían encontrado ahí, porque ella era la única que tenía la dirección actualizada en el documento. “Tenía mucho miedo de que volvieran por mí. Lo tuve durante muchos años”, contó con la voz quebrada. “Mi vecina me acompañó a pedir un certificado de separada porque no podía decir que era esposa de un desaparecido y cuando entré a la comisaría tuve la sensación de que no iba a salir”, agregó recordando el temor que tuvo durante los años de dictadura. Antes de terminar su testimonio leyó un poema que le escribió un amigo de la infancia a Albarracín con lágrimas en los ojos y la tristeza atragantada.
También dieron su testimonio: Capy Garrido por videoconferencia y Jazmín Lavintman. Las siguientes audiencias serán en el día y horario del 2019, los miércoles a las 9:30.
Oct 30, 2019 | Novedades, Vidas políticas
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Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) habían marcado claramente un camino difícil de revertir; la aplastante diferencia que sacó el Frente de Todos a Juntos por el Cambio obligó a la coalición oficialista a modificar su estrategia de cara a las elecciones generales. Sin embargo, nada logró frenar la victoria del binomio Alberto Fernández-Cristina Fernández como presidente y vice electos y aunque desde la oposición se esperaba una diferencia mayor, los ocho puntos que los separan -que pueden transformarse en diez en el recuento definitivo, según los analistas- bastó para ganar y evitar el balotaje. La polarización diluyó las terceras vías y concentró casi el 90% de los votos entre los dos principales candidatos. ¿Cómo se explica el repunte de Mauricio Macri en las elecciones generales y cuál será la Argentina después del 10 de diciembre?
Los resultados de las PASO fueron un duro cimbronazo para el Gobierno. Se esperaba que el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, sacara ventaja a Juntos por el Cambio, pero no con la diferencia abrumadora de 15 puntos. Ante ese escenario y luego de las duras críticas al oficialismo por sus comentarios después de enterarse de los resultados, el macrismo giró 180 grados y cambió su estrategia política. Treinta ciudades en treinta días gritando “sí se puede” fue la apuesta oficialista para recuperar votos y aspirar a un balotaje. “Antes despreciaban la calle como campaña política”, afirma Ana Castellani, socióloga e investigadora del CONICET. Su lógica era del marketing de la proximidad: los timbreos, que cosecharon su éxito en 2015, y las redes sociales; sin embargo, la calle como dimisión política fue utilizada por primera vez en Cambiemos. “En la caravana de las treinta ciudades hubo algo de recuperar la épica política de la muchedumbre; de encontrarnos y reconocernos como parte de un todo”, detalla Castellani. Esta nueva forma de lo político recuerda lo que sucede en marchas de otros espacios, donde impera la sensación de formar parte un colectivo que comparte las mismas ideas y valores. “Macri nunca fue a la calle y no se siente cómodo. Su partido es más de salón, no del vínculo expresivo con la gente”, caracteriza Germán Lodola, politólogo del CONICET. Explica que su nueva estrategia tuvo réditos en dos sentidos: por un lado, le sumó votos y por el otro lo ayudó a adueñarse de ellos para transformarse en un líder dentro del espacio de la nueva oposición de cara al futuro.
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“Macri difícilmente se va a parar frente a Larreta y Cornejo y les va a decir qué hacer. El voto de las elecciones le sirvió para disputar internamente la conducción de ese espacio”, aventura Lodola. Y pronostica que puede implosionar y fragmentarse, y que el Gobierno de Alberto Fernández va a incidir para que eso pase. En este sentido, Ana Castellani asegura que el repunte de Macri en las elecciones no responde a la creencia de que podían darla vuelta, sino para demostrar que valía la pena dar la pelea; que sigue existiendo Juntos por el Cambio y Macri como líder, con la posibilidad de amalgamar las identidades ciudadanas que se expresaron a favor de su gobierno.
Lodola cree que a pesar de que Cambiemos pudo hacer una mejor elección que en las PASO, no hay que perder de vista que perdió en primera vuelta, una novedad si se lo mira desde la óptica de la ventaja que el oficialismo siempre tiene según la ciencia política. “La dinámica política del presidencialismo obliga a intentar reelegirse. Son muy pocos que no lo hacen y menos los que van y pierden. Macri hizo una mala elección para ser oficialista”, afirma y establece una comparación entre estas elecciones y las de 1989, en la que Carlos Menem le sacó once puntos a Eduardo Angeloz, candidato de la Unión Cívica Radical: “Esto nos dice que la base del voto de Cambiemos sigue siendo el voto no peronista de siempre”, teoriza. Y agrega: “Esta vez se polarizó en un escenario bipartidario donde se ve que el peronismo más o menos tiene lo que siempre tuvo, cerca de 50% y lo otro tiene lo que siempre tuvo lo otro: cerca del 40%; por lo que se podría decir que las cosas son bastante estables en términos del electorado”, analiza.
El Frente de Todos no pudo agrandar el porcentaje o recuperar algunos distritos que parecía haber ganado en las PASO y eso es lo que preocupa a Ana Castellani: “Desde agosto hasta acá no hubo una mejoría en términos socioeconómicos, lo cual nos deja en una cuestión de disputa por los sentidos de la crisis, las conductas y las formas, algo mucho más sutil que juega decisivamente cuando hay una porción tan grande del electorado que se reivindica independiente y que no se deja conducir partidariamente”.
Germán Lodola sostiene que el triunfo del Frente de Todos responde a la unión del peronismo que fue capaz de coordinar cosas que parecían diferentes al interior del mismo grupo, impulsado además por la mala gestión del Gobierno que hizo converger a los diferentes sectores. “Todo esto lo termina de cerrar la decisión de Cristina, el factor Fernández, de elegir un candidato capaz de tener una línea de diálogo con los sectores de poder y que pueda nuclear facciones diferentes del peronismo. No sólo se lo da a un propio, sino a un crítico”, analiza.
En este sentido, la alianza para salir de la crisis tiene que ser amplia y sólida, que incluya varios actores políticos en todas las áreas, articulado detrás de un acuerdo estratégico para el desarrollo. “Si no se tiene eso, difícilmente se pueda hacer lo que mínimamente necesitamos para salir de este infierno del Dante”, sentencia Castellani. Mantener la unión del peronismo es central, así como ampliarla a sectores que no acompañaron la elección, pero que pueden acompañar al Gobierno. “Creo que Alberto tiene que mostrar un frente legislativo amplio que incorpore actores nuevos y no tratar de llegar de forma ad hoc en cada una de las elecciones”, detalla Lodola.
El escenario es muy complejo y grave en términos financieros, económicos y sociales: hay fuerte presión inflacionaria, riesgo de hiperinflación, las reservas del Banco Central están muy bajas, las provincias muy endeudadas y la posibilidad de acceder a dólares de financiamiento son pocas. “El panorama es muy delicado y hay que trabajar muy coordinadamente”, advierte Castellani. Los servicios básicos están muy deteriorados y hay un desempleo de dos dígitos que aumenta según la franja etaria: “En las mujeres menores de 30 años del conurbano el desempleo trepa al 30%”, dice Lodola. El panorama no es alentador para el nuevo presidente, y dependerá de su muñeca a la hora de moverse equilibrada y coordinadamente. “La situación es difícil, pero todos los actores lo saben. Eso puede permitirle a Alberto acercar posiciones”, concluye. Aún está por verse si Argentina logrará, como la cigarra, resucitar una vez más.
