«La relación entre el sistema productivo y la pandemia es directa»

 

Autora de los libros Malcomidos: cómo la industria alimentaria argentina nos está matando (2013) y Mala leche (2018), Soledad Barruti dedica su oficio a investigar la industria alimentaria mundial, a denunciar la crueldad animal y la destrucción ilimitada de recursos bajo la actual forma de producción, y alertar sobre los efectos nocivos del consumo de alimentos industrializados en la salud de las personas. Hoy, en medio del aislamiento por el Covid-19, sostiene que el surgimiento de la pandemia es una de las múltiples consecuencias del modelo imperante. “Hay que cambiar el sistema y la manera de pensar”, subraya.

En tus libros denunciás que el sistema de producción alimentaria en Argentina conlleva el maltrato animal, ¿de qué manera?

Está implicado en la forma productiva. El sistema de producción de carne, huevos, leche, se hace pensando en cómo producir la mayor cantidad en el menor tiempo y espacio posible. La misma lógica que maneja una fábrica de cualquier cosa. El tema es que cuando los animales están implicados, terminan diseñándose formas para se comporten como si fueran engranajes de esa fábrica. Se los obliga a vivir en espacios muy pequeños, hacinados, se impide que expresen stress. Eso en muchos casos se transforma en canibalismo en los cerdos, las gallinas, los pollos, y se producen mutilaciones para evitar que eso ocurra. Todos los cerdos de granjas industriales, todos los que se consumen en nuestro país, al nacer se les arrancan los colmillos y se les corta la cola. A las gallinas se les corta la punta del pico. Todas prácticas sumamente dolorosas que, por supuesto, se hacen sin anestesia. Luego se los medica de manera permanente para que no manifiesten enfermedades. Son escenarios de extrema crueldad que son visibles. Cualquier persona que ingresa desde fuera a una granja industrial ve cómo están los animales en jaulas pequeñas, o en corrales unos junto a los otros, o en feedlots (corrales de engorde). Las vacas sobre la bosta, la tierra, el barro, viviendo al rayo del sol, sin un lugar para ir a guarecerse, sin lugar para hacer nada más que comer, tomar agua y engordar, o dar leche. En el caso de las vacas además se producen preñaciones y separaciones permanentes. Todo eso a los animales les acorta la vida, les genera dolor y crueldad que no está siquiera criticado hacia dentro del negocio. Se piensa todo dentro de lo que ellos consideran “estándares de bienestar animal”.

¿Existe relación entre el sistema productivo alimentario y la pandemia actual?

La relación es totalmente directa. Hacinar animales, hacerlos vivir en sus fluidos, en sus deposiciones, vivir nosotros cerca de un montón de ellos, está disparando pandemias de una manera cada vez más acelerada y más brutal, desde hace treinta años. En los últimos tiempos hay informes de la Organización Mundial de la Salud y de un montón de otras agencias de Naciones Unidas alertando a la población sobre esto, que iba a ocurrir en cualquier momento. Ya venía ocurriendo: la pandemia de gripe aviar, la gripe porcina. Nuestra relación con los animales y con la naturaleza se extremó en un nivel mega bizarro, mega cruel. Mega destructivo y suicida. Estamos rompiendo límites que no deberíamos romper. Estamos destruyendo la biodiversidad en pos de seguir produciendo alimento para animales, que ocupa un tercio de la tierra. Hay que sumarle el tráfico de fauna, el entretenimiento con animales. Toda esa idea abusiva de la naturaleza que tenemos es, entre otras muchas cosas, caldo de cultivo para que salgan virus zoonóticos, muten y nos afecten.

¿Cómo podría lograrse un sistema más respetuoso con otras especies?

Es difícil pensar que, dentro del capitalismo, sobre todo en esta era, se podría llegar a una forma más razonable. Trabajar con la naturaleza como si ésta fuera capitalista es una idea que va a llevar a desastres. Si las personas quieren criar animales, tiene que ser pensando en cómo son esos animales y qué necesitan. La agroecología lo hace. Hay sistemas que se basan en la pequeña y mediana escala en donde los animales no son tratados como cosas. De todos modos, somos muchas personas en el mundo y si todas quieren seguir comiendo esta cantidad de carne que comen, no hay manera de que haya ningún otro sistema que no sea éste: explosivo, explotador y cruel. Eso está bueno decirlo y hacernos cargo. Somos una sociedad que debe dejar de consumir esta cantidad demencial de carne, no buscar sistemas mejores. No hay forma de que se alimenten siete mil millones de humanos con estas fiestas de hamburguesas y de asados que hay en el mundo de una manera menos cruel.

Parecería que el acceso a productos de calidad, como los orgánicos, es un privilegio de pocos. ¿Cómo podrían los sectores populares acceder a ellos?

Hay una trampa en la forma que se comunica qué es la comida orgánica. Es un negocio pensado como una especie de estrategia de las industrias alimentarias dentro del sistema económico capitalista que ofrece a quienes reclaman una forma de consumo libre de químicos y con cuidados que tienen que ver con la salud, con la contaminación y con algunos aspectos de bienestar animal. Como se supone que hay una mejora, es más caro, nada más. Sí cambiaría la forma de distribución de la comida y de la producción, y del acceso a la producción, a la tierra y a los medios productivos que reclaman tantos productores. La agroecología es un sistema basado en la producción a mediana y pequeña escala, familiar, humana, libre de agroquímicos, pero también desde otra forma de economía. Cortando los canales de distribución y de comercialización, salir del supermercado, volver a los mercados. Volver a ser los productores los que ponen los precios y distribuyen sus mercaderías, los que se acercan directamente a los consumidores. Que los consumidores sean co-productores y que puedan armar un sistema más justo, más limpio y más saludable para los primeros empobrecidos y las primeras víctimas de este sistema alimentario que son quienes trabajan con esos alimentos. Quienes trabajan en esos campos, son los primeros marginalizados por esta sociedad. Modificar la matriz productiva llevaría a eso. Es lo que está reclamando en nuestro país la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que son unas quince mil familias productoras en toda la Argentina que tienen un programa muy bien fundamentado para hacer esa transición hacia la agroecología. Ahora con el coronavirus son los únicos que se han dedicado a ofrecer alimentos sanos a la población más vulnerable, repartiendo bolsones en los barrios más difíciles. Por eso digo una y otra vez que lo que hay que cambiar es el sistema y la manera de pensar. Si no, estamos todo el tiempo emparchando malas ideas de base. Y eso tiene un límite. Y el límite es cada vez más evidente.

¿Desde dónde deben gestarse los cambios?

Hace falta un cambio de consciencia colectivo. En cuanto a cómo nos relacionamos con la naturaleza, con los animales, entre nosotros. Eso va más allá. Creo muchísimo en las políticas públicas, pero en este asunto en particular hace falta un cambio de conciencia.

¿Qué tipo de medidas podría tomar el Estado?

Hay países que aplicaron ciertas formas de disminución de la crueldad. En Europa, por ejemplo, en la mayoría están prohibidas las “jaulas baterías” que son donde las gallinas están de a dos todas sus vidas dando un huevo por día, sin poder salir ni hacer nada, atrapadas como máquinas. O pedazos de máquinas que dan huevos. Allá dejaron de utilizarse porque resultan insalubres, muy crueles y también porque los consumidores informados las dejaron de elegir. Y hay prácticas que se denunciaron y fueron prohibidas por otros países. Pero es muy difícil. Está todo tan mal que habría que cambiarlo todo.

¿Considerás que sería aceptable el consumo de productos animales bajo un sistema de producción distinto?

En la medida que hay información, las elecciones que hace cada uno se corresponden con la estructura vital de cada uno. No puedo decirle a nadie lo que tiene que comer y si me parece bien o mal. Lo que sí puedo es plantear. Ahí donde falta información, está bueno reponerla. Muchas personas creen que comen un yogurt y están comiendo un alimento sano. Gastan un montón de plata en dárselo a sus hijos y no tienen idea de qué hay detrás de eso. Si pusieran en Google “campos industriales” y vieran qué hay, capaz no lo elegirían. O capaz sí. Pero bueno, la información es necesaria y hoy no está al alcance de todo el mundo.

¿Los comunicadores podrían contribuir a lograr cambios en el estado de las cosas?

La información es algo que falta en la sociedad y cuantos más comunicadores seamos comunicando libres de conflictos de interés lo que la sociedad necesita saber, más posibilidades de cambio va a haber. Entonces sí, recontra-réquete creo en el periodismo. Lamentablemente los medios de comunicación están atravesados por intereses muy tremendos difíciles de sortear. Pero hay buenos periodistas por fuera de los medios –como Darío Aranda, Marina Aizen, Laura Rocha, Nazaret Castro– haciendo trabajos sumamente interesantes.

La danza se mueve al compás de la emergencia

La danza se mueve al compás de la emergencia

Inés Armas, bailarina, docente y codirectora de Galpón FACE.

La llegada del Covid-19 supuso una profunda transformación para la danza en la Argentina. Por un lado, las y los trabajadores de la disciplina coordinaron fuerzas como nunca antes para reclamar por sus derechos. Por otro, las condiciones de aislamiento inauguraron una etapa de experimentación en el campo.

El Frente de Emergencia de la Danza emitió el 8 de septiembre un comunicado en el que solicita medidas urgentes al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otros aspectos, la agrupación denuncia que tras cinco meses de cuarentena el organismo, encabezado por el funcionario Enrique Avogadro, no ha puesto en marcha ninguna iniciativa para paliar la crisis. Los estudios de danza, duramente golpeados, no pudieron presentarse a subsidios ni recibieron ayuda para adecuar los espacios a los protocolos aprobados para actividades sin público. El Ministerio porteño tampoco realizó un relevamiento que dé cuenta de la situación de las y los trabajadores de la danza, no diseñó un plan para generar fuentes de ingreso, ni garantiza un presupuesto 2021 acorde a las necesidades.

La emergencia sanitaria ha potenciado reclamos de la danza de larga data en todo el país. Sólo una porción minoritaria resultó beneficiada con las ayudas otorgadas por el Estado como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o el Fondo Desarrollar. “Más del 85 por ciento no pudo acceder debido al grado de informalidad en el que estamos”, sostiene David Señorán, maestro, coreógrafo y director a cargo de la comunicación del Movimiento Federal de Danza (MDF) en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Según un informe publicado por el MFD en mayo, el sector cuenta a nivel nacional con  450.000 trabajadores independientes, entre artistas, gestores culturales, talleristas, intérpretes, coreógrafos, propietarios de salas y espacios independientes. Sólo el 16 por ciento trabaja de manera formal, el 42 lo hace en condiciones de informalidad y el 42 restante en ambas modalidades.

La actividad carece de un marco legal e institucional que la regule, a diferencia de otras expresiones artísticas que sí lo tienen como el teatro (Instituto Nacional del Teatro, INT), el cine (INCAA), o la música (INAMU). Tampoco tiene sindicatos. Por eso, desde 2019 el MFD nuclea a las y los trabajadores de la disciplina para  impulsar el Proyecto de Ley Nacional de Danza  y crear un instituto nacional, así como también ampliar el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la disciplina y articular redes de trabajo.

Recién en marzo último, la danza logró ser reconocida dentro de las industrias culturales nacionales, lo que le permitió a los bailarines dialogar con organismos públicos y postularse a subsidios. No obstante, predominan la precariedad y la ausencia de políticas públicas, y la mayoría de sus trabajadores vive de las clases que dicta. Con el aislamiento, sus ingresos se interrumpieron y se calcula que 36.310 estudios cerraron sus puertas. “Solo un 60 por ciento pudo continuar su actividad de forma virtual y sus sueldos se redujeron al 20 por ciento”, afirma Señoran.

Ante la emergencia, las y los trabajadores del sector comenzaron a reunirse en el espacio virtual y, organizados en colectivos, encontraron algunas vueltas para salir a flote. “Fue un proceso muy interesante de transformación”, dice Inés Armas, codirectora de Galpón FACE, un espacio de producción e investigación en danza contemporánea y artes performáticas. “A veces se nos acusa a les bailarines de ser muy individualistas”, señala y agrega “En esta cuarentena hemos logrado juntarnos y desarrollar estrategias de contención y de activación de políticas que pueden beneficiarnos a todes”.

La relación entre danza y tecnología está poco desarrollada en el país, debido en buena parte al acotado presupuesto que se destina a la disciplina a través de los fondos públicos. En este sentido, se activó una etapa novedosa. Las clases a distancia fueron unas de las primeras en abrirse paso, entre videoconferencias y cargas de contenido didáctico digital a plataformas y redes. “Muches alumnes que estaban con resistencia encontraron el tiempo para dedicarse a investigar nuevas técnicas”, cuenta Armas.

Según la docente, otro rasgo provechoso de los encuentros virtuales es la intimidad que establece la cámara. “Es un acceso a lugares de riesgo que en un espacio compartido no se tiene. En el ámbito privado hay más permiso a la diversidad y a la búsqueda individual”, explica. Sin embargo, la cámara interpone algunos obstáculos. “Es una mirada muy exigente y tal vez más aguda que el espejo típico de los bailarines –añade Armas–. Es un retroceso hacia la propia acepción (N. de la R.: en el sentido de aceptación)”. Pero las clases a distancia no pueden reemplazar la vinculación interpersonal que se genera en la presencia. “La principal dificultad que encontré es la ausencia del otre, el compartir ese espacio”, opina Armas.

Señoran coincide: “Muchos estudiantes eligen a un maestro. Y cuando se produce esa conexión virtuosa, se avanza. Pero algo de eso está interrumpido”. Según el coreógrafo, el aislamiento repercute sobre el cuerpo en dimensiones que exceden la física: “Quienes intentan hacer un recorrido en estas disciplinas entrenan para estar lo suficientemente vulnerables a lo que suceda alrededor y que no les sea indistinto. Que atraviese su cuerpo, y devolver algo convertido en movimiento –remarca–. Vamos a tener que hacer un gran trabajo para que las preguntas vuelvan a estar instaladas en los cuerpos y no en una pantalla y para que esos cuerpos puedan dar respuesta desde la danza”.

Los espectáculos también encontraron su lugar en el ciberespacio. Algunos aprovecharon la ocasión para reflexionar sobre el contexto, como la Compañía Universitaria de Danza de la UNSAM, de la cual Señoran es director. Junto con el área de Cine Documental de la misma casa de estudios, presentaron el pasado 21 de agosto La Trampa, su primera producción virtual. “Tiene que ver justamente con las trampas que uno hace para poder estar en contacto y las que inventan nuestros cuerpos para poder casi tocarnos”, puntualiza Señoran. Aun así, al pensar sobre la vinculación entre la disciplina y la virtualidad surgida durante la pandemia, guarda ciertas reservas: “Estas producciones son estrategias para seguir en acción, eso ya es valioso. Nos permiten elaborar preguntas vinculadas a la vida académica o la investigación. Pero no sé cuánto del arte específicamente se encuentra en esa estructura”, admite.

Mientras se las ingenian para sobrellevar el presente, las y los trabajadores de la danza esperan un pronto regreso. En AMBA, el MFD elaboró una Propuesta de Protocolo de Seguridad e Higiene para elevar a los municipios al llegar a la fase 5, en la cual se retomarían las actividades culturales. El documento establece normas de bioseguridad para el uso de las instalaciones y de higiene, pautas para el tránsito de personas, prácticas y comportamientos a respetar, y la promesa de garantizar las recomendaciones formuladas por el OMS, como el uso de barbijo y la distancia social. También se contempla la implementación de una declaración jurada donde cada cual declare no poseer síntomas de coronavirus ni haber estado en contacto con alguien que los tuviera. “Al no recibir respuestas, nos vimos obligados a realizar nuestros propios protocolos”, expresa Señoran.

En medio del desamparo laboral, la falta de políticas y la pandemia, las y los trabajadores de la danza no tiran la toalla y se arremangan para reabrir el telón. Señoran es optimista: “Gracias al esfuerzo que estamos haciendo todos, estamos estimulando el pensamiento para poder considerarnos trabajadores de la danza e ir tras nuestro derecho”.

¡Peligro, niños trabajando!

¡Peligro, niños trabajando!

“Cuando me preguntan dónde hay trabajo infantil, yo me pregunto dónde no”, afirma Gustavo Ponce, representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y especialista en el tema. La OIT entiende como trabajo infantil a toda actividad que atente “contra la salud y el desarrollo personal” de las y los niños. Se trata de tareas prejudiciales para su “bienestar físico, mental o moral”, o que interfieren con su escolarización, impidiéndoles asistir a clases, obligándoles a abandonar el colegio, o exigiéndoles combinar estudio con una labor intensa. Por eso cada 12 de junio, desde 2002, se conmemora el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil con el objetivo de “concientizar del problema y promover iniciativas para resolverlo”. Según estimaciones de la organización publicadas en 2017, en el mundo hay 152 millones de menores que lo padecen. Es decir, casi 1 de cada 10 niños y niñas trabaja.

En Argentina, la Ley Nacional N° 26.390 de “Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente”, vigente desde 2008, comprende al trabajo infantil como “toda actividad económica, no económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por personas que se encuentran por debajo de la edad mínima de admisión al empleo”, fijada en 16 años. Entre los adolescentes de 16 y 17 está permitido, pero por menos horas semanales y no puede ser nocturno ni implicar tareas peligrosas.

Sin embargo, según la Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (EANNA) publicada en 2018 por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  junto al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 10% de la población del país de 5 a 15 años –unos 763.543 menores– trabaja. Y sobre las protecciones estipuladas para los adolescentes, la EANNA sostiene que “pocas de esas condiciones se cumplen”.

En efecto, la encuesta muestra que ocurre en todas las regiones de la Argentina. En el norte y en las zonas rurales, donde se registran los índices de pobreza más altos, la incidencia es mayor. Aún así, en números absolutos, las cifras más significativas se dan en el Gran Buenos Aires y la región pampeana, en las áreas urbanas y periurbanas. “El asunto está en la cadena productiva. Por ejemplo, las empresas grandes que producen tomate en el país no tienen trabajo infantil en sus fincas. Pero la demanda es muy alta y compran a fincas más pequeñas donde muchas veces todo el grupo familiar trabaja”, explica Ponce.

Según señala, si bien la mayor parte del trabajo infantil se produce en contextos de emergencia económica, otra de las principales barreras a la hora de combatirlo es su valoración social. “No es percibido como un problema. La tolerancia es alta en el mundo. Se ve a los chicos que trabajan y se piensa que no está tan mal porque, de algún modo, van incorporando un oficio, se alejan de las drogas y demás. Esos son argumentos totalmente falsos”, subraya.

A nivel regional, pareciera que en los últimos años los índices han ido disminuyendo. “En el reporte del 2016 vimos que existía un 7,3% de trabajo infantil frente al 8.8% de 2012”, sostiene María Olave, especialista de la OIT en la Iniciativa Regional para América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, una red de cooperación intergubernamental de la que coparticipan 30 países. La Argentina se ubica dentro del grupo mayoritario de naciones que presentan entre un 5 y 10% de trabajo infantil, como Brasil, Chile, México, Colombia, Ecuador, el Salvador y Uruguay. En República Dominicana, Honduras y Guatemala los índices se sitúan entre el 10 y 20%. Los porcentajes más elevados se ven en Haití, Bolivia, Paraguay y Perú, por encima del 20%. Sólo Belice, Costa Rica y Panamá indican menos del 5%. Actualmente, la organización se propone la meta 8.7, en un camino que busca “acabar con toda forma de trabajo infantil para 2025”.

En la Provincia de Buenos Aires se calcula que hay unos 250.000 chicos que trabajan.

Trabajar el género

Cada país define al trabajo infantil en base a distintos parámetros: edad, tipo de actividad, cantidad de horas, condiciones en que se desarrolla. Olave remarca la importancia de realizar encuestas específicas para medirlo: “Así voy a encontrar más riqueza de datos y probablemente en un número mayor que el que me da una encuesta como el censo”. Y agrega que “un país que mide las actividades económicas que no son para el mercado, las tareas intensivas dentro del hogar, da como producto un número muy distinto al que no las incluye”.

La EANNA de 2018 fue el primer estudio de este tipo realizado en Argentina y la incorporación de tales categorías fueron determinantes para los resultados nacionales. Contempló dimensiones económicas y no económicas, distinguiendo en actividades dirigidas al mercado (producción de bienes y servicios), que registró un índice de 3,8%; para el autoconsumo (cuidado de la huerta o de animales), un 3%; y tareas domésticas intensas en el hogar (limpieza, cocina, arreglos, cuidado de personas), esta última con el porcentaje más alto, 4,8% y a cargo mayormente de las mujeres, 57,2% en las ciudades y el 59,9% en el campo. Los varones tienen más presencia en actividades para el mercado 62,8% en zonas urbanas y 71,1% en área rurales, así como en autoconsumo, 82,6% y 66,8%.

“El cuidado de niños, de enfermos y de personas mayores son actividades que fundamentalmente desarrollan mujeres y en el caso del trabajo infantil, las niñas”, expresa Olave al introducir la perspectiva de género. “Al mirar las cifras, son más niños que niñas quienes trabajan. Pero estas encuestas no están siendo sensibles en el registro a las labores que realizan las niñas”, puntualiza.

Para Olave, estas experiencias son determinantes a futuro. “Después encontrás, en estudios sobre las actividades profesionales en el mercado de trabajo, que hay pocas mujeres en ciencia, tecnología, matemática y estadísticas, y muchas más en docencia, salud y periodismo. Eso también empieza por cómo fue la trayectoria. Mientras que para los niños suelen competir trabajo y escuela, para las niñas suelen competir trabajo, escuela y actividades domésticas”.

Las tareas de cuidado, precisamente, son el eje del programa Cuidado sin Trabajo Infantil que impulsa la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil de la provincia de Buenos Aires (COPRETI), creado en 2008 por la ley N° 13803. Juan Brasesco, secretario ejecutivo del organismo, considera que “la ausencia de espacios de cuidado también es una causa por la cual los chicos desarrollan actividades laborales”. El programa provee este tipo de espacios a niños, niñas y adolescentes fuera del turno escolar. “Muchas veces los niños viven en los mismos lugares de trabajo, como en las quintas de producción hortícola”, ilustra Brasesco.

Las Comisiones Provinciales se establecieron en 2004 por un convenio entre el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) y el Consejo Federal del Trabajo. Hoy existen 23 en todo el país que elaboran, de manera coordinada, diagnósticos por sectores productivos. En Buenos Aires, hay trabajo infantil en el ámbito rural y en el urbano. Si bien no existen mediciones diferenciadas por provincias, Brasesco calcula que en suelo bonaerense “trabajan más o menos 250.000 chicos”.

En el campo, la actividad agrícola y las ladrilleras organizan su actividad como unidades de producción familiar de tipo artesanal. Como el pago suele ser a destajo, participan todos los miembros de la familia. “Los chicos trabajan a la par de los adultos y sometidos a los mismos riesgos”, destaca Barsesco. A menudo, se trata de población inmigrante, en particular de Bolivia, por lo cual el peligro es más grave. “Al no tener documentación, son vulnerables a cualquier forma de explotación”, advierte el funcionario. En las ciudades, es frecuente la participación de menores en recolección de residuos, como el cartoneo en carros.

 

¿Cuestión de clase?

En el imaginario social, el trabajo infantil acarrea frecuentemente estigmatizaciones negativas. Mucha gente asocia a niñas y niños trabajadores y pobres con figuras de la delincuencia. Además de ser falso, este razonamiento soslaya situaciones que, aunque en menor medida, se desarrollan en contextos deportivos o de entretenimiento. El trabajo infantil artístico en Argentina está permitido siempre y cuando se cuente con la autorización del Ministerio de Trabajo y supone ciertas pautas y restricciones. “Pero todavía hay algunos grises por mejorar en la legislación –opina Brasesco–, este año pensamos emitir una nueva resolución para contemplar esas cuestiones”.

María Eugenia Rausky, socióloga e investigadora del Conicet en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, plantea la necesidad de profundizar la investigación en este aspecto. “Los chicos de clase media o media alta también trabajan. Y sobre eso no se pone la lupa”, sostiene. Rausky está comenzando una investigación –momentáneamente detenida por la pandemia– que busca comparar las experiencias en sectores pobres y medios. “Hay diferencias en los tipos de trabajo que llevan adelante los niños según la pertenencia de clase y eso tiene que ver con patrones de desigualdades más generales en nuestras sociedades contemporáneas y esto nos habla de modos distintos de configurar la niñez o de problematizar y practicar la crianza de los hijos”, reflexiona.

Para Rausky es imprescindible evitar las generalizaciones y atender a las condiciones estructurales en las que se enmarca la experiencia de trabajo infantil: “El problema no es el niño aislado, hay que ver el contexto en el que se inserta, la red de relaciones en la que participa y cuáles son sus condiciones de vida”, dice y resalta las dificultades en el país para trasladar la teoría enunciada en las normativas al terreno de las prácticas.“El derecho internacional contiene una idea de la infancia que se pretende universal, pero que no lo es. No todos los niños tienen la posibilidad de tener la misma experiencia de infancia. Muchas veces excluyen del análisis los procesos históricos de dominación que son determinantes en la configuración de desigualdad, como los que vivimos en Latinoamérica”, explica.

La crisis económica-social a nivel global agudizada por la pandemia de Covid-19 plantea un escenario preocupante para el trabajo infantil. “Miles de familias van a caer en situaciones de pobreza y esto arrastra a sus hijos. No creo que el futuro sea muy prometedor”, admite Rausky. Todos coinciden en que las consecuencias de este proceso pueden afectar fuertemente a niños, niñas y adolescentes de los sectores de menores recursos de la Argentina. Para Gustavo Ponce, fue el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil “más particular” de todos los que recuerda: “Estamos tratando de que se le preste atención a uno de los integrantes más vulnerables y que después, para la recuperación de la economía, no se apele al trabajo de los chicos”.

“La situación de los medios sin fines de lucro es estremecedora”

“La situación de los medios sin fines de lucro es estremecedora”

«Hay una creciente estigmatización de muchos funcionarios estatales en América hacia las mujeres», señala Loreti.

El argentino Damián Loreti, abogado y doctor en Ciencias de la Información, ha sido elegido como uno de los finalistas en el proceso de selección a Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Son diez expertos y expertas de distintos países de la región –sobre un total de 81 postulantes– y el próximo 15 de septiembre se conocerá quién ocupará ese puesto clave.

La trayectoria de Loreti avala su nominación: cofundador de la Coalición por una Radiodifusión Democrática; coautor de la Ley N° 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 (que reemplazó la de la última dictadura); director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA) entre 2002 y 2006, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) entre 2006 y 2010; vicepresidente de Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC); secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), profesor de grado y posgrado y la lista sigue.

En vivo y en directo, Loreti prefiere evitar los formalismos. “Me muero de la vergüenza”, confiesa. Aislamiento social de por medio, conversó con ANCCOM sobre libertad de expresión, derecho a la comunicación, acceso y sus principales amenazas en la actualidad nacional y mundial.

¿Qué significa ser Relator de Libertad de Expresión?

En el marco de la CIDH, hace unos 22 años se creó una unidad especial con un funcionario a cargo, que no es un comisionado, que se llama Relatoría Especial de Libertad de Expresión. Hace unos 12 ó 13 años se empezó a elegir en base a un concurso llamado por la CIDH. Se presenta alguien que cumple con ciertas condiciones: periodistas, abogados, licenciados en relaciones internacionales o comunicación social, politólogos, con conocimientos y experiencia en el mundo de derechos humanos y la libertad de expresión. El mandato dura tres años con derecho a una renovación. El Relator, de la mano de instrucciones que le va fijando la Comisión, fiscaliza la situación de la libertad de expresión en el continente, hace requerimientos en los países, informes nacionales o genéricos, y lleva los casos que se presentan ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

¿Cuáles son los temas de incumbencia?

Van desde violencias y agresiones a periodistas y personas que toman la voz pública, derecho a la protesta, responsabilidades civiles y penales, temas de radiodifusión, de concentración. Temas de vida privada, cibervigilancia, hay informes sobre la situación de las mujeres periodistas y trabajadoras de los medios. Hay antecedentes de trabajo sobre libertad de expresión y discurso del odio, o discurso discriminatorio, con un énfasis en particular en cómo resolver esto en relación a la población LGTBI. También con redes sociales, activistas digitales y plataformas.

¿Qué significaría para usted poder desempeñarse en ese cargo?

La Relatoría tiene 20 años de trabajo atrás. El principal objetivo sería ir mejorando los estándares, llevar un poco más de litigio a la Corte Interamericana. Hay algunos temas que no han sido todavía litigados, como radiodifusión comunitaria, temas de concentración, de plataformas y libertad de expresión. Hay que trabajar más el tema de discursos y población LGTBI. Aumentar fuertemente la protección a las mujeres que hacen ejercicio de la libertad de expresión, sea de modo profesional o no. Porque ahí ocurren situaciones de discriminación estructural, en términos de condiciones de trabajo, de protección; y hay una creciente estigmatización de parte de los funcionarios estatales de mayor autoridad en muchos países en América hacia las mujeres de modo muy despectivo y violento. Desde Canadá, hasta países caribeños y del cono sur.

¿De qué manera se podría intervenir?

La Relatoría publica comunicados manifestando preocupación y en algunos casos beneplácito por medidas de gobierno o situaciones puntuales. Puede pedir informes a los Estados ante una determinada circunstancia. Está la posibilidad de llevar casos y plantearle a la Comisión la elaboración de algún estándar de interpretación de hacia dónde debería ir una mayor protección a la libertad de expresión en un contexto de un continente que cambió mucho en los últimos seis años. Hay una creciente elección de gobiernos de centroderecha o derecha muy restrictivos en esta materia. Las modificaciones a las leyes que se están dando de modo regresivo en varios países son una muestra de eso.

«Hay una creciente elección de gobiernos de derecha muy restrictivos en materia de libertad de expresión», dice.

¿Cómo califica la gestión de Mauricio Macri en materia de legislación de la comunicación? 

Atroz. Sólo por dar unos ejemplos, la persecución que ha habido a activistas digitales es gigantesca, el proceso de concentración que se ha dado es enorme, y las reformas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por decreto fueron cuestionadas por la CIDH como regresivas y no respetuosas del principio de legalidad.

¿Qué expectativas tiene respecto al gobierno actual?

Desde la sociedad civil, el principal reclamo va a ir por el lado de la sustentabilidad de los medios, sobre todo de los más chicos y los que no están en plataformas. Históricamente, el dinero que estaba en los medios abiertos se fue yendo hacia el cable. Luego hacia las señales. Y ahora, incluida la publicidad oficial, se fue a las plataformas, que en muchos casos no generan producción local. Eso desfinancia las instancias de pluralismo y diversidad. Hoy el gran tema, de la mano con lo que ocurre con el COVID-19, es cuál va a ser ese modelo no sólo en Argentina sino en muchísimos lugares. La retracción de todo tipo de mercados publicitarios imaginables y la situación de los medios sin fines de lucro y del interior de los países es estremecedora. Si bien crece la audiencia, no crece la facturación de los medios abiertos. Según la CEPAL, el 43 por ciento de la población de América Latina no tiene banda ancha. En este contexto, toman importancia los medios abiertos, públicos, comunitarios, incluso los comerciales, en la medida en que no estén comandados por una misma empresa y con una sola voz. Son instancias de pluralismo en las cuales la gente no paga por ver y escuchar y mantiene además el anonimato de aquello que escucha, cosa que en las redes no ocurre.

¿Cuál es su opinión sobre la cobertura de la pandemia en los medios? 

Hay de todo. El gran problema es de qué manera se genera mayor capacidad de voces que desmientan las 18 horas de alarma de noticias todo el tiempo. No es solo un problema nacional. Y de qué modo se permite la verificación de datos ostensiblemente falsos o medias verdades. O se sacan las condiciones reales por las cuales se hacen determinadas cosas, y cuando se le pone un solo título aparece distorsionado. El ejemplo más reciente es el de los test rápidos. Salió en algunos diarios que el Estado había hecho cualquier cosa y que ese mecanismo de tests tiene sus límites. Pero eso se sabía cuando se lo contrató. Ahora, si alguien omite decir que eso viene con límites específicamente determinados y con un fin determinado, se trata de la construcción de realidad en función de intereses económicos, como siempre se rodearon los medios. Ahí quisiera enfatizar la diferencia entre periodistas y medios. Los trabajadores de los medios no tienen negocios por fuera. Y las presiones económicas que sufren los medios, más allá de sus líneas editoriales, impactan sobre los trabajadores.

Respecto a las noticias falsas, ¿qué postura debería tomar el derecho?

Primero, en el marco del Sistema Interamericano, no hay capacidad de censura previa. Segundo, no siempre las fake news se refieren a personas. En ese caso, habría derecho de rectificación o respuesta. Dicho esto, hay otro tipo de fake news que operan sobre una realidad sin referencia a una persona en particular y ahí el derecho de contestar de la sociedad es más complejo. Las elecciones en Brasil, el Brexit, o el referéndum colombiano, no hacían referencia a un candidato en particular. Los europeos optaron por fijar, en países como Francia o Alemania, algunas reglas en función de elecciones y fake news. Pero, en algunos casos, hay una injerencia directa de los jueces en lo que los medios pueden decir o no. Entonces, la gran mayoría de las personas suele preguntarse cuál es la responsabilidad en materia de fake news. Considero que el tema de la responsabilidad es algo menor frente a la necesidad de generar instancias de chequeos, de mayor accesibilidad a las fuentes por parte de las personas que puedan estar alcanzadas por las fake news y no tengan capacidad de replicar por esa falta de acceso. Muchos dicen “sólo difundan lo que se publica por parte del Estado”, y eso es complicado como regla, porque el Estado no está siempre del mismo modo. Nosotros podemos sentirnos confortados con lo que hace Télam, pero si mirás en otros lugares la construcción de las estadísticas tal vez no tiene siempre las mismas fuentes. No estoy de acuerdo en que sólo hay que difundir la información oficial. Tiene que haber mecanismos de acceso a la información y transparencia informativa, pero no como fuente única.

¿Qué medidas se podrían tomar para favorecer el pluralismo informativo y cultural?

El gran tema es el financiamiento. Hay muchas iniciativas que necesitan porte para armar sus modelos de gestión. Pero hoy los medios no tienen modo de sostenerse con una retracción del mercado como la que existe. Ni hay un compromiso de financiamiento y pluralismo por parte de los que están llevando plata a sus cuentas sin generar ninguna producción. Esto existe en Estados Unidos, Suecia, España, Francia, Holanda, mecanismos de tomar plata de ingresos de ciertas explotaciones a los cuales se le agrega un impuesto puntual. Acá se podría trabajar sobre el IVA y reasignarlo. Y así generar un mecanismo transparente de financiamiento y pluralismo. En definitiva, se trata de eso y cada vez más. Mucho se ha hablado que esto es un tema de control de competencia, como si fuera solo un problema económico. Y ya desde el 2004 la Relatoría especial y luego otros relatores de libertad de expresión de otros continentes, y la propia CIDH, han venido diciendo que el pluralismo no se garantiza con control económico de concentración solamente, eso es un control a posteriori. Lo que garantiza el pluralismo y la diversidad es el control inclusive de la concentración indebida. Porque lo que se protege es la opinión pública, y no un problema de acumulación económica.

«La relación entre el sistema productivo y la pandemia es directa»

«La relación entre el sistema productivo y la pandemia es directa»

 

Autora de los libros Malcomidos: cómo la industria alimentaria argentina nos está matando (2013) y Mala leche (2018), Soledad Barruti dedica su oficio a investigar la industria alimentaria mundial, a denunciar la crueldad animal y la destrucción ilimitada de recursos bajo la actual forma de producción, y alertar sobre los efectos nocivos del consumo de alimentos industrializados en la salud de las personas. Hoy, en medio del aislamiento por el Covid-19, sostiene que el surgimiento de la pandemia es una de las múltiples consecuencias del modelo imperante. “Hay que cambiar el sistema y la manera de pensar”, subraya.

En tus libros denunciás que el sistema de producción alimentaria en Argentina conlleva el maltrato animal, ¿de qué manera?

Está implicado en la forma productiva. El sistema de producción de carne, huevos, leche, se hace pensando en cómo producir la mayor cantidad en el menor tiempo y espacio posible. La misma lógica que maneja una fábrica de cualquier cosa. El tema es que cuando los animales están implicados, terminan diseñándose formas para se comporten como si fueran engranajes de esa fábrica. Se los obliga a vivir en espacios muy pequeños, hacinados, se impide que expresen stress. Eso en muchos casos se transforma en canibalismo en los cerdos, las gallinas, los pollos, y se producen mutilaciones para evitar que eso ocurra. Todos los cerdos de granjas industriales, todos los que se consumen en nuestro país, al nacer se les arrancan los colmillos y se les corta la cola. A las gallinas se les corta la punta del pico. Todas prácticas sumamente dolorosas que, por supuesto, se hacen sin anestesia. Luego se los medica de manera permanente para que no manifiesten enfermedades. Son escenarios de extrema crueldad que son visibles. Cualquier persona que ingresa desde fuera a una granja industrial ve cómo están los animales en jaulas pequeñas, o en corrales unos junto a los otros, o en feedlots (corrales de engorde). Las vacas sobre la bosta, la tierra, el barro, viviendo al rayo del sol, sin un lugar para ir a guarecerse, sin lugar para hacer nada más que comer, tomar agua y engordar, o dar leche. En el caso de las vacas además se producen preñaciones y separaciones permanentes. Todo eso a los animales les acorta la vida, les genera dolor y crueldad que no está siquiera criticado hacia dentro del negocio. Se piensa todo dentro de lo que ellos consideran “estándares de bienestar animal”.

¿Existe relación entre el sistema productivo alimentario y la pandemia actual?

La relación es totalmente directa. Hacinar animales, hacerlos vivir en sus fluidos, en sus deposiciones, vivir nosotros cerca de un montón de ellos, está disparando pandemias de una manera cada vez más acelerada y más brutal, desde hace treinta años. En los últimos tiempos hay informes de la Organización Mundial de la Salud y de un montón de otras agencias de Naciones Unidas alertando a la población sobre esto, que iba a ocurrir en cualquier momento. Ya venía ocurriendo: la pandemia de gripe aviar, la gripe porcina. Nuestra relación con los animales y con la naturaleza se extremó en un nivel mega bizarro, mega cruel. Mega destructivo y suicida. Estamos rompiendo límites que no deberíamos romper. Estamos destruyendo la biodiversidad en pos de seguir produciendo alimento para animales, que ocupa un tercio de la tierra. Hay que sumarle el tráfico de fauna, el entretenimiento con animales. Toda esa idea abusiva de la naturaleza que tenemos es, entre otras muchas cosas, caldo de cultivo para que salgan virus zoonóticos, muten y nos afecten.

¿Cómo podría lograrse un sistema más respetuoso con otras especies?

Es difícil pensar que, dentro del capitalismo, sobre todo en esta era, se podría llegar a una forma más razonable. Trabajar con la naturaleza como si ésta fuera capitalista es una idea que va a llevar a desastres. Si las personas quieren criar animales, tiene que ser pensando en cómo son esos animales y qué necesitan. La agroecología lo hace. Hay sistemas que se basan en la pequeña y mediana escala en donde los animales no son tratados como cosas. De todos modos, somos muchas personas en el mundo y si todas quieren seguir comiendo esta cantidad de carne que comen, no hay manera de que haya ningún otro sistema que no sea éste: explosivo, explotador y cruel. Eso está bueno decirlo y hacernos cargo. Somos una sociedad que debe dejar de consumir esta cantidad demencial de carne, no buscar sistemas mejores. No hay forma de que se alimenten siete mil millones de humanos con estas fiestas de hamburguesas y de asados que hay en el mundo de una manera menos cruel.

Parecería que el acceso a productos de calidad, como los orgánicos, es un privilegio de pocos. ¿Cómo podrían los sectores populares acceder a ellos?

Hay una trampa en la forma que se comunica qué es la comida orgánica. Es un negocio pensado como una especie de estrategia de las industrias alimentarias dentro del sistema económico capitalista que ofrece a quienes reclaman una forma de consumo libre de químicos y con cuidados que tienen que ver con la salud, con la contaminación y con algunos aspectos de bienestar animal. Como se supone que hay una mejora, es más caro, nada más. Sí cambiaría la forma de distribución de la comida y de la producción, y del acceso a la producción, a la tierra y a los medios productivos que reclaman tantos productores. La agroecología es un sistema basado en la producción a mediana y pequeña escala, familiar, humana, libre de agroquímicos, pero también desde otra forma de economía. Cortando los canales de distribución y de comercialización, salir del supermercado, volver a los mercados. Volver a ser los productores los que ponen los precios y distribuyen sus mercaderías, los que se acercan directamente a los consumidores. Que los consumidores sean co-productores y que puedan armar un sistema más justo, más limpio y más saludable para los primeros empobrecidos y las primeras víctimas de este sistema alimentario que son quienes trabajan con esos alimentos. Quienes trabajan en esos campos, son los primeros marginalizados por esta sociedad. Modificar la matriz productiva llevaría a eso. Es lo que está reclamando en nuestro país la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que son unas quince mil familias productoras en toda la Argentina que tienen un programa muy bien fundamentado para hacer esa transición hacia la agroecología. Ahora con el coronavirus son los únicos que se han dedicado a ofrecer alimentos sanos a la población más vulnerable, repartiendo bolsones en los barrios más difíciles. Por eso digo una y otra vez que lo que hay que cambiar es el sistema y la manera de pensar. Si no, estamos todo el tiempo emparchando malas ideas de base. Y eso tiene un límite. Y el límite es cada vez más evidente.

¿Desde dónde deben gestarse los cambios?

Hace falta un cambio de consciencia colectivo. En cuanto a cómo nos relacionamos con la naturaleza, con los animales, entre nosotros. Eso va más allá. Creo muchísimo en las políticas públicas, pero en este asunto en particular hace falta un cambio de conciencia.

¿Qué tipo de medidas podría tomar el Estado?

Hay países que aplicaron ciertas formas de disminución de la crueldad. En Europa, por ejemplo, en la mayoría están prohibidas las “jaulas baterías” que son donde las gallinas están de a dos todas sus vidas dando un huevo por día, sin poder salir ni hacer nada, atrapadas como máquinas. O pedazos de máquinas que dan huevos. Allá dejaron de utilizarse porque resultan insalubres, muy crueles y también porque los consumidores informados las dejaron de elegir. Y hay prácticas que se denunciaron y fueron prohibidas por otros países. Pero es muy difícil. Está todo tan mal que habría que cambiarlo todo.

¿Considerás que sería aceptable el consumo de productos animales bajo un sistema de producción distinto?

En la medida que hay información, las elecciones que hace cada uno se corresponden con la estructura vital de cada uno. No puedo decirle a nadie lo que tiene que comer y si me parece bien o mal. Lo que sí puedo es plantear. Ahí donde falta información, está bueno reponerla. Muchas personas creen que comen un yogurt y están comiendo un alimento sano. Gastan un montón de plata en dárselo a sus hijos y no tienen idea de qué hay detrás de eso. Si pusieran en Google “campos industriales” y vieran qué hay, capaz no lo elegirían. O capaz sí. Pero bueno, la información es necesaria y hoy no está al alcance de todo el mundo.

¿Los comunicadores podrían contribuir a lograr cambios en el estado de las cosas?

La información es algo que falta en la sociedad y cuantos más comunicadores seamos comunicando libres de conflictos de interés lo que la sociedad necesita saber, más posibilidades de cambio va a haber. Entonces sí, recontra-réquete creo en el periodismo. Lamentablemente los medios de comunicación están atravesados por intereses muy tremendos difíciles de sortear. Pero hay buenos periodistas por fuera de los medios –como Darío Aranda, Marina Aizen, Laura Rocha, Nazaret Castro– haciendo trabajos sumamente interesantes.