May 25, 2017 | Comunidad
Al grito de “con un pueblo que camina para adelante y un gobierno que camina para atrás”, estudiantes, docentes y familias reclamaron una respuesta institucional ante el acoso policial a jóvenes secundarios y repudiaron la seguidilla de casos que se intensificaron desde abril de este año con hechos de represión y presencia de fuerzas de seguridad en establecimientos educativos.
“Si no querés que te pasen estas cosas no andes con ese pin”, amenazó un policía de civil a un estudiante de primer año de la Escuela Carlos Pellegrini al que había detenido en Callao y Córdoba para pedir documentos. El pin del chico era un escudo del Partido Comunista. El episodio aceleró los tiempos de la protesta que ayer finalmente protagonizaron los centros de estudiantes secundarios con el respaldo de docentes y madres y padres. Todos repitieron la misma consigna: “No al acoso policial”.
A las 14:30 los secundarios empezaron a amontonarse. Córdoba y Callao. Fue el lugar de encuentro donde alumnos de las escuelas Pellegrini, Antonio Mentruy (ENAM), Esnaola, Mariano Acosta, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Normal 1, Liceo 9, entre otros, eligieron para decirle que no a la represión. Ya son 35 los casos registrados de acoso policial hacia menores de edad de escuelas públicas de la Ciudad y el Conurbano, según el relevamiento de padres y estudiantes.
A las 14:30 los secundarios empezaron a amontonarse en Córdoba y Callao para repudiar el acoso policial.
La mayoría de los estudiantes que ayer cortaron una de las esquinas principales de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por sus derechos no llegan a los 18 años. La movilización callejera también tendrá una secuencia en la Justicia: en los próximos días los centros de estudiantes tienen previsto formalizar una denuncia para que se tomen medidas sobre el tema.
Los casos de mayor violencia se registraron en escuelas de la Provincia. Los estudiantes de la Escuela Media número 1 de Berisso se habían movilizado para reclamar mejoras edilicias, y mientras esperaban afuera de la sede municipal un grupo de policías se les tiró encima con violencia. Varios jóvenes resultaron heridos. La semana pasada la fuerza policial ingresó a la ENAM y realizó disparos de balas de goma luego de perseguir a dos alumnos hasta el interior del establecimento con el argumento de que “tenían un arma”.
La fuerzas policiales de la Ciudad no se quedan atrás. Un alumno del Liceo 9, de la zona de Belgrano, pasó doce horas dentro del Instituto de Menores “donde lo metieron adentro de una celda, lo hicieron bañarse, sacarse la ropa”, según afirmó Nahuel D’Angelo, presidente del centro de estudiantes de esta institución, en diálogo con ANCCOM.
El método de ingreso a las escuelas públicas por parte de las fuerzas policiales es siempre igual: sin orden judicial. Según Carolina, madre de dos estudiantes que ayer se sumó a la marcha, la policía está llevando a cabo “una especie de inteligencia” dado que se han creado sumarios sobre los menores. “Fuimos cinco padres y pedimos los expedientes, algunos chicos estaban marcados con un círculo. Nos preocupamos”, le contó a esta agencia.
“Buscan disciplinar a todo aquel que levanta una voz distinta”, razonó Sebastián, alumno del Pellegrini, en diálogo con ANCCOM. Las columnas de estudiantes comenzaban a dispersarse. Los instructivos contra el abuso policial y con recomendaciones sobre qué hacer en caso de una detención pasaban de mano en mano.
Los estudiantes se proclamaron bajo la consigna «Basta de persecución».
Actualizada 25/05/2017
May 25, 2017 | DDHH
El mes de mayo fue un periodo de enardecida actividad para los organismos y movimientos que luchan por los Derechos Humanos en Argentina. Pocos días después de la multitudinaria marcha en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el beneficio del 2×1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad, nuestro país recibió la visita de representantes de dos entidades internacionales especializadas en materia de Derechos Humanos: el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias (GTDA) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que por primera vez se encuentra sesionando en Argentina.
Las misiones arribaron en medio de un clima marcado por el resurgimiento de discursos negacionistas por parte del gobierno nacional -reflejados en el cuestionamiento a la cantidad de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983) y en el resurgimiento de la Teoría de los Dos Demonios- y en la existencia de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en la actualidad.
Entre el 8 y el 18 de mayo, una delegación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) realizó su segunda misión oficial a la Argentina (la primera fue en 2003). La comitiva, integrada por dos expertos del ACNUDH, Setondji Roland Adjovi (de Benín) y Elina Steinerte (de Letonia), recorrió las provincias de Buenos Aires, Chubut y Jujuy, inspeccionó 20 centros de reclusión (penitenciarías, comisarías e instituciones de salud mental) y mantuvo reuniones con autoridades federales y provinciales, representantes de la sociedad civil e individuos privados de su libertad, con el propósito de hacer una evaluación general del Sistema de Justicia Penal en Argentina.
Entre el 8 y el 18 de mayo, una delegación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) realizó su segunda misión oficial a la Argentina (la primera fue en 2003).
El jueves 18 de mayo, al concluir su visita, Adjovi y Steinerte participaron de una rueda de prensa para compartir un informe preliminar. Entre la variedad de temas abordados, los oradores manifestaron su preocupación por la existencia de selectividad en las detenciones tanto por parte de las fuerzas de seguridad como del sistema legal. “Tomamos conocimiento de los amplios poderes que tiene la policía para privar a las personas de su libertad en base a la sospecha de comisión de un crimen o por verificación de identidad, que son frecuentemente utilizados contra personas en situación de vulnerabilidad”, advirtió Steinerte. “Observamos la existencia de selectividad en la aplicación del Sistema de Justicia Penal en relación a individuos de determinados entornos socioeconómicos. Las personas de condición humilde y en situación de vulnerabilidad, como niños de la calle, el colectivo LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex), los pueblos indígenas, los migrantes y las personas comprometidas con movimientos sociales tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía y reciben un trato diferencial por parte del Sistema de Justicia Penal de Argentina”, agregó.
También expresaron su descontento ante el uso excesivo de la prisión preventiva en el país, sobre lo cual Steinerte declaró: “Según las leyes nacionales 24.390, la prisión preventiva debe ser una medida excepcional. Sin embargo, esto no se refleja en la práctica judicial. Como resultado, los detenidos con prisión preventiva constituyen cerca del 60% de la totalidad de detenidos por el Sistema de Justicia Penal. También observamos que el límite de dos años para la medida de prisión preventiva, indicado por la legislación argentina, es frecuentemente excedido.”
Uno de los casos más representativos de detención sin una condena firme es el de Milagro Sala, dirigente social jujeña y líder de la agrupación Tupac Amaru, encarcelada bajo el régimen de prisión preventiva desde enero de 2016 a la espera de su enjuiciamiento. Al respecto, los expertos argumentaron que la evaluación llevada a cabo no fue diseñada para hacer el seguimiento de un individuo particular sino que se trató de una visita comprensiva y general. No obstante, Steinerte se refirió al caso: “Nos reunimos con la dirigente social Milagro Sala, entre otros detenidos. La opinión adoptada en 2016 por el GTDA (que considera que el encarcelamiento de Milagro Sala se trata de una detención arbitraria) se mantiene firme.”
Durante la conferencia, Adjovi y Steinerte enumeraron otras problemáticas que se contradicen con los ideales universales de la dignidad humana promovidos por el ACNUDH. A partir de sus hallazgos preliminares, criticaron la utilización de comisarías como centros de detención por períodos prolongados, situación ligada al excesivo uso de la prisión preventiva y la sobrepoblación en establecimientos penitenciarios. También resaltaron la escasa aplicación de medidas alternativas a la detención -disponibles en la legislación argentina-, la imposición de sanciones disciplinarias como el aislamiento y el uso de fuerza, el extenso confinamiento de personas con discapacidad psicosocial y de bajos recursos en instituciones psiquiátricas sin perspectivas reales de liberación, y la cuestión de menores de edad en conflicto con la ley, sobre lo cual Steinerte expresó: “La excepcionalidad de la privación de libertad de menores de edad no es ampliamente impulsada en el país, ya que tuvimos conocimiento de instancias de detención de individuos menores de 16 años (edad de imputabilidad establecido por el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil argentino).”
Al concluir su visita, Adjovi y Steinerte participaron de una rueda de prensa para compartir un informe preliminar.
Por último, en referencia al tema de la detención de migrantes, ambos expertos se pronunciaron en contra la adopción del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2017, que, según denunciaron, modificó las disposiciones de la Ley sobre Política Migratoria Argentina Nº 25.871 y eliminó salvaguardas importantes. “Estos cambios deberían haber estado sujetos a un debate abierto y transparente, ya que la detención en el contexto de migración debe ser excepcional y sólo puede justificarse si persigue un fin legítimo”, alegó Steinerte.
El GTDA presentará su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2018. “Vinimos a Argentina con la invitación del Gobierno nacional, lo cual supone un compromiso de su parte para escuchar nuestras recomendaciones y tomar medidas en consecuencia”, concluyó Adjovi. “Tenemos altas expectativas de que se van a realizar cambios basados en nuestra evaluación. Pero hay que recordar que el Gobierno funciona junto con la sociedad, por lo que estas recomendaciones son de interés para todos.”
Al día siguiente, viernes 19 de mayo, se llevó a cabo una reunión entre Organizaciones de la Sociedad Civil y tres representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Presidente de la Comisión y Relator para Argentina Francisco Eguiguren Praeli, el Secretario Ejecutivo Paulo Abrão y la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, para debatir acerca de la situación de los Derechos Humanos en el país. El encuentro, previo al inicio del 162º periodo de sesiones extraordinarias del CIDH (que por primera vez se desarrollará en Argentina), tuvo lugar a partir de las 16 en el Espacio Memoria y Derechos Humanos y contó con la participación de referentes de organismos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, H. I. J. O. S., el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Comité por la Liberación de Milagro Sala y la Asociación Buena Memoria, entre otras agrupaciones y particulares interesados.
Pablo Lachener, abogado del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, brindó a ANCCOM algunos detalles acerca de la reunión: “Fue un encuentro de carácter informal que la CIDH tuvo con organizaciones de la sociedad civil argentina por fuera de su agenda oficial. Los asistentes expusieron en breves minutos los temas que consideran que requieren de la intervención de la Corte Interamericana, y la Comisión escuchó todos los planteos.”
Entre los temas planteados, Lachener destacó la creciente preocupación por retrocesos en políticas de memoria, verdad y justicia, e intervenciones vinculadas a la situación carcelaria, restricciones a la migración, violencia policial, persecución de sectores vulnerables, escasez de medicamentos para la comunidad LGBTI, falta de acceso a servicios de salud, interrupción del pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado, entre otros reclamos.
“Nosotros presentamos un informe advirtiendo sobre determinadas manifestaciones públicas un tanto preocupantes de algunos funcionarios del gobierno respecto a la última dictadura y por la actuación de los tres poderes del Estado en causas de lesa humanidad. Hay preocupación por el nivel de retrocesos en materia de políticas públicas que está llevando adelante el actual gobierno”, expresó Lachener.
La CIDH inauguró el nuevo período de sesiones el lunes último en el salón Atalaya del hotel Sheraton y extenderá sus audiencias públicas hasta el viernes 26 de mayo. Pese a que los casos de Argentina no están en agenda, los organismos de derechos humanos tienen expectativas de que se haga un relevamiento de ellos para ser tratados en la sesiones de julio en Perú.
Actualizada 24/05/2017
Abr 26, 2017 | Comunidad
Un oficial armado ingresó en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N°2 Mariano Acosta, en el barrio porteño de Balvanera, el jueves último. El hecho provocó el temor y la preocupación de los padres y docentes del colegio, pero también el repudio de amplios sectores de la sociedad que ven, en esta y en otras acciones, el hostigamiento a los trabajadores docentes y a los estudiantes que reclaman por sus derechos.
La comunidad educativa del Mariano Acosta presentó una denuncia ante la Asesoría Tutelar del Menor, a cargo del fiscal Gustavo Moreno, para que se investigue a los uniformados de la Policía de la Ciudad que formaron parte en la intimidación y amedrentamiento de los alumnos. Además el viernes, en una asamblea, los padres y docentes de la escuela decidieron presentar una acusación en la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) y planean presentar una nota firmada por los responsables de los menores al ministerio de Seguridad de la CABA para exigir una explicación por haber enviado agentes al instituto. Raquel Papalardo, rectora del Mariano Acosta, destacó la sensibilidad de la comunidad educativa en diálogo con ANCCOM: “En esta escuela hubo sesenta y cinco desaparecidos por la dictadura y hoy estamos preocupados. La situación es muy compleja, no recuerdo una democracia como ésta. Este proyecto de país que proponen no cierra sino es con represión, porque si la gente tiene hambre, no tiene acceso a la salud, al trabajo y a la educación va a salir a protestar para defender sus derechos”. Por su parte, Alina Conde, madre de un estudiante de la escuela, presente en la asamblea del viernes advirtió: “No es la primera vez que pasa. El 23 de marzo algunos alumnos estaban haciendo banderas y la policía estaba en la vereda del colegio observándolos. En la zona hay robos casi todos los meses y ellos no aparecen, pero para vigilar a los chicos sí”.
La preocupación de docentes y padres se extiende a los estudiantes, que también se organizan para defender la educación pública. Agustín Prieto, presidente del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta, sumó a lo ocurrido en su escuela otros hechos: “En la Técnica Número 27 ocurrió la misma situación. Se acercaron policías diciendo que había una marcha y entraron al edificio”. Recordó además un hecho aún más grave ocurrido en la escuela de música Juan Pedro Esnaola. “Requisaron a un chico de 17 años a la salida de una reunión. Le pidieron el documento, abrieron su mochila, inspeccionaron la funda de la guitarra, le sacaron fotos -siendo menor de edad- y sin darle ninguna explicación. El chico quiso llamar a su mamá y no lo dejaron, retuvieron su celular. Después de revisarlo dos veces lo dejaron ir”, describió Agustín.
Raquel Papalardo, rectora del Mariano Acosta: «Me pidieron que cerráramos las puertas de la escuela a lo que me negué».
La lista de intimidaciones a las escuela comprende también a los estudiantes del Carlos Pellegrini: el mismo día que se inauguró la Escuela Itinerante realizaron una clase pública en la puerta del establecimiento en solidaridad con los docentes reprimidos en Congreso. Desde la vereda de enfrente, ocho policías miraban atentamente todo lo que pasaba.
No parece casual las intimidaciones policiales durante las actividades solidarias de los estudiantes con los docentes en su lucha por el llamado a paritarias nacionales. El 17 de abril a las 18.12, el director de Escuelas Primarias de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Bruno, envió un mail a los inspectores escolares para que adviertan a los directores de las escuelas que las actividades vinculadas a la realidad social “tengan en claro cuáles son los objetivos pedagógicos dejándolos plasmados por escrito en una secuencia de actividades encuadradas en los lineamientos curriculares del Área Formación Ética y Ciudadana y respondiendo al proyecto institucional”.
El viernes por la tarde, en un acto realizado en la Escuela Itinerante para repudiar los hechos del Mariano Acosta, el Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, se refirió a la situación: “Este gobierno está desconociendo lo que son los derechos básicos de los trabajadores: tener una paritaria para discutir tanto mejoras salariales como mejoras en las condiciones laborales. Es un gobierno que asumió por el voto del pueblo pero que está tomando un cariz autoritario”. Además expresó que con la represión en la escuela Itinerante, en la Universidad de Jujuy y con la entrada de la policía al Mariano Acosta se manifiesta el deterioro de la democracia: “Lamentablemente es una situación compleja en el que los trabajadores tenemos que seguir luchando por hacer valer nuestros derechos”.
En las puertas del Mariano Acosta, hay claros mensajes de preocupación de los alumnos y directivos por el hostigamiento policial.
El episodio del Mariano Acosta
Raquel Papalardo, rectora del Mariano Acosta, relató a ANCCOM lo sucedido el jueves en su escuela: “En el marco de los reclamos por las paritarias docentes los alumnos que conforman el Centro de Estudiantes nos pidieron realizar clases públicas en una plaza. Nos negamos porque nos pareció peligroso y decidimos hacerla en el patio”. Fue así que el jueves 20 de abril, a las 10 de la mañana, antes de comenzar la clase, le informaron a la vicedirectora, Viviana Fernández, que cuatro uniformados estaban frente al colegio. Fernández se acercó para preguntar qué hacían ahí y le respondieron que les habían dicho que habría una movilización. Ella respondió que solo se realizaría una clase pública en el patio de la escuela y los policías insistieron con que tenían que permanecer por si decidían cortar la calle. Entonces les consultó de dónde venían y contestaron: “del Comando”. Quince minutos más tarde llegó Raquel Papalardo, quien recibió la misma información por parte de los oficiales, a la que se sumaron algunas amenazas: “Yo les hice las mismas preguntas. Me contestaron socarronamente que tenían una orden de captura para mí. Les dije: ´Acá me tienen´. Después me aclararon que les habían informado que se haría una marcha. Agregaron que si queríamos podían cortar un árbol y prenderlo fuego para cortar la calle. Negué que hubiese una marcha planeada y ellos sostuvieron que tal vez los chicos se podrían desbordar y cortar la calle. Me pidieron que cerráramos las puertas de la escuela a lo que me negué. Cuándo interrogué sobre su procedencia me dijeron que venían de Operaciones”.
Raquel describe que las clases públicas se llevaron a cabo con tranquilidad, puertas adentro de la institución, entre las 12.15 y las 13.15, pero que más tarde ocurrió otro hecho alarmante: “A las 14.30 yo estaba almorzando en la Secretaría y un policía se presentó en los pasillos. Lo vi y le pregunté qué hacía en la escuela y quién lo había enviado. Entonces respondió que era de la comisaría séptima -a nosotros nos corresponde la octava- y que lo habían mandado porque había una marcha y tenía que saber si íbamos a cortar la calle. Al lado de él se encontraba un profesor de Historia quién me advirtió que estaba armado y empezó a pedirle al oficial que se retirara, porque no podía entrar armado a una institución educativa si no tenía una orden judicial. Entonces, se excusó diciendo que estaba cumpliendo con su labor”, relató Raquel consternada.
En la asamblea del Mariano Acosta el presidente del Centro de Estudiantes, Agustín Prieto, manifestó su preocupación: “Cuál es el límite, hasta dónde quieren llegar. No queremos esperar a que desaparezca un chico de nuestra escuela y no sepamos donde está. Somos pibas y pibes de entre 13 y 18 años, no el aparato represor del Estado. No tenemos armas, tenemos lápices y hojas. La palabra es nuestra única arma y la vamos a seguir usando para que deje de pasar esto”.
El repudio
“Bajen las armas, aquí solo hay chicos y chicas estudiando”, se leía en los carteles que sostenían los oradores de la asamblea que reunió a los docentes, directivos y estudiantes del Mariano Acosta como así también a representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y maestros de la Escuela Itinerante frente al Congreso el viernes último, luego de conocerse los hechos ocurridos en el colegio. Allí no sólo se debatió lo acontecido en Balvanera sino que se recordó que la semana anterior en Jujuy dos alumnos, Ignacio García y Joaquín Quispe –presidente del Centro de Estudiantes- fueron detenidos ilegalmente en la Universidad Ciencias Agrarias por la policía provincial.
Francisco Reydó, representante de CTERA, también opinó: “Lo que pasó en el Mariano Acosta es otra forma de intimidación a la educación pública como lo que ocurrió el jueves cuando se presentaron los empleados bancarios a manifestar su apoyo a la Escuela Itinerante y hubo un cordón policial de Infantería, en clara actitud de provocación e intimidación a una actividad conjunta de educadores y gremialistas. Creo que esto es muy peligroso porque quieren instalar una situación de normalidad y no es natural que eso suceda”. Por su parte, Agustín Prieto, presidente del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta advirtió sobre lo ocurrido en su escuela: “Supuestamente un vecino llamó a los oficiales. Pero viendo lo que pasó en distintas instituciones del barrio solo me queda pensar que los vecinos se están coordinando mucho o son los policías los que lo están haciendo para amedrentar e intimidar a la comunidad educativa”.
La policía, la noche de la represión a la protesta social, durante el armado de la carpa itinerante de los docentes.
Reydó expresó que no es aceptable que en un período democrático estén sucediendo estas cosas y advirtió: “Entendemos que disciplinar y condicionar a los trabajadores docentes hoy es condicionar y disciplinar al conjunto de los trabajadores de nuestro país”. En la misma línea, Marcelo Guagliardo, otro maestro de la Escuela Itinerante, declaró: “Nosotros tenemos mucha preocupación; por eso estamos movilizados desde antes que iniciaran las clases, porque veíamos que estábamos frente a un gobierno que se había corrido de sus corresponsabilidades en el sostenimiento de la educación pública. Y utiliza a las fuerzas policiales para reprimir las protestas sociales. Vemos que hay un retroceso a un tiempo que mucho nos costó superar. Las políticas de ajuste no se sostienen si no es con un aparato represivo fuertemente preparado por el Estado. Esto se puede observar en la compra millonaria de armas por parte del gobierno de Macri, debido a que la única hipótesis de conflicto que encontramos en la Argentina es el conflicto interno por la agudización de la crisis social”.
Actualizada 25/04/2017
Abr 10, 2017 | Comunidad
“La educación del pueblo no se vende, se defiende”. Plaza Congreso se vestía de blanco una vez más cuando un nuevo avance por parte de la Policía Federal arremetió con el reclamo de los docentes, reprimiéndolos con gas pimienta y golpes. Tras la represión, cuatro docentes quedaron detenidos en la Comisaría N° 6 con el cargo de “resistencia a la autoridad”. Los maestros, convocados por distintos gremios, entre ellos la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), estaban montando la estructura para armar la escuela itinerante, una medida pacífica para continuar con el reclamo por la apertura de paritarias nacionales y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo. La escuela itinerante es una alternativa al paro como forma de protesta y consistiría en un aula con capacidad para treinta personas, ubicada en un principio frente al Congreso Nacional pero que luego recorrería distintos distritos del país. Según informaron desde los gremios docentes, el lunes habrá un plenario de CTERA donde se decidirán las nuevas medidas para la continuación del reclamo.
En una jornada de manifestación pacífica, que ni siquiera afectaba la circulación vehicular, los docentes permanecían Plaza Congreso desde el mediodía del domingo, cuando comenzaron con el armado de la escuela itinerante. Esta modalidad alternativa se decidió ya que a pesar de los paros y de la gran Marcha Federal Educativa, a la que concurrieron más de 300.000 docentes, alumnos y autoconvocados, el Gobierno Nacional sigue firme en su negativa a llamar a paritarias. Llegada la noche del domingo, los trabajadores de la educación fueron interrumpidos con una violenta represión con gas pimienta y golpes. Cuatro docentes quedaron detenidos, entre ellos, Juan José Mauro y Miguel Acuña, delegados de UTE. A las nueve y media los dirigentes de los gremios comunicaron la desconcentración de la Plaza, pero otras organizaciones llegaron a la puerta del Congreso para manifestar su apoyo a la situación docente y repudiar la acción violenta de la Policía Federal. Hasta la medianoche hubo movimiento en la Plaza Congreso, que una vez más se convirtió en el escenario de la resistencia contra el ajuste del Gobierno de Mauricio Macri.
Luego de la represión, el Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, encabezado por Eduardo Macchiavelli, informó mediante un comunicado que se le “sugirió” al personal policial el desarme de la carpa porque no tenían autorización para instalarla. Sin embargo, el permiso había sido solicitado por parte de los gremios docentes, sin haber obtenido respuesta del Gobierno de la Ciudad.
Actualizado 10/04/2017
Abr 4, 2017 | Comunidad
“Yo estaba sentado en la esquina con unos amigos cuando veo que la policía le pega a mi hermano, ahí afuera, y me vengo –cuenta Nahuel Sebastián Maydana, de 17 años-. Me empiezan a golpear y me llevan adentro del patrullero no sé a dónde”.
Nahuel y Matías recién fueron liberados a la madrugada. La mayor parte del tiempo, permanecieron en el móvil. Pero en el medio los trasladaron a un descampado, abrieron el coche y, mientras los golpeaban, llenaron la cabina con gas pimienta y volvieron a cerrar las ventanillas hasta convertir el vehículo en un lugar casi irrespirable.
“No sabíamos lo que estaba pasando, nos tenían retenidos sin motivo. Son así ellos, te meten causas… En un momento, un policía dice: ´Yo le doy un tiro y le doy el fierro al otro´. Como si mi hermano me matara a mí, así querían hacer”, relata Nahuel.
Un rato antes, cerca de las 19, la policía había comenzado un operativo en la esquina de Coronel Murguiondo y José León Suárez, en Villa Caraza, partido de Lanús. Sin previo aviso ni orden judicial, irrumpieron en el comedor Sueños Bajitos, ubicado a media cuadra, un espacio que nació hace seis meses.
“Los chicos quedaron traumados”.
Entraron a la fuerza por la puerta principal y por la ventana donde las familias hacen fila para servirse su vianda. De casualidad, dicen los testigos, los policías no se cayeron dentro de las ollas con comida. A Gabriela Salazar, ayudante de cocina, le dieron un culatazo atrás de la cabeza porque intentó cerrar la puerta para proteger a los chicos -de entre 3 y 12 años- que estaban por cenar.
A Maximiliano Maydana lo detuvieron por tratar de resguardar a su hijo, de dos años, que dormía en el comedor. “Cuando se llevaron a Maxi sentí mucha tristeza, él es un hermano para mí, es quien me cuida”, cuenta su cuñada Juliana, de 12 años. En la vorágine, los agentes atropellaron a niños, embarazadas y ancianos, hirieron con un balazo de goma a un chico de 12 años y tiraron a una nena de su silla de ruedas.
“Los chicos quedaron traumados”, afirma Aurora Zaracho, que trabaja hace seis años como cocinera de los cartoneros en el centro de reciclado que tiene el MTE en Barracas, y desde hace seis meses en el comedor de Lanús.
«Nosotros no teníamos a ningún pibe escondido, eran todas criaturas», cuenta María Gilda Aurora Zaracho.
“Esa noche se quedaron sin cenar”, cuenta Zaracho y se indigna: “Lo que hicieron no tiene nombre. Nosotros no teníamos a ningún pibe escondido, eran todas criaturas. El jefe de calle sabe quién roba, saben todo, pero perjudica a la gente más humilde, a los cartoneros. Por eso, llevé las ollas enfrente de la comisaría para que vean que no eran delincuentes a los que estábamos resguardando sino a los chicos que estaban por comer. Me duele la comida que tiramos”.
Una mujer llegó a filmar toda la secuencia con su celular pero la policía se lo sacó. Rápidamente, la fuerza dio su versión: que el patrullero venía persiguiendo a una travesti, sospechosa de homicidio, que se metió en el comedor.
El secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, estuvo presente en el operativo. “No es la primera vez que (Kravetz) encabeza un hecho como este, es la segunda vez que pasa, porque busca política y agarra a los que no tiene que agarrar. Molesta a las personas que están trabajando”, sostiene Salazar.
Los peritos aparecieron en escena a poco del operativo y limpiaron todo. Más tarde se acercó gente del Municipio y les ofreció comida. “No me interesa que la Municipalidad me traiga mercadería –dice Zaracho–. Vinieron a pedirme si yo aceptaba las disculpas y ayuda del Municipio. ¿Qué arreglan con un fideo o arroz?”.
Según Diego Marqués, referente del MTE, las prácticas intimidatorias siempre existieron en la zona. Sin embargo, desde la asunción de Néstor Grindetti como intendente de Lanús, se volvieron más frecuentes. “El MTE siempre tiene presión porque es un movimiento que nació ahí, en los barrios, es algo histórico. Pero últimamente, con Kravetz, hay mayor tensión”.
Sin previo aviso ni orden judicial, la policía irrumpió en el comedor Sueños Bajitos, ubicado a media cuadra, un espacio que nació hace seis meses.
En el barrio padecen el hostigamiento constante de la Policía, los mismos adolescentes que trabajan recolectando cartón y reciben una mano en merenderos como el del MTE, son acosados. Hasta ahora no había “ninguna denuncia de un hecho preciso porque es algo que se vive en el barrio y no se puede visibilizar, pero esta vez sobrepasaron un límite”, subraya Marqués.
El intendente Grindetti negó que los pibes hayan estado secuestrados y desaparecidos la noche del jueves al viernes. Sin embargo, Nahuel y Maxi estuvieron dentro de un móvil policial durante cuatro horas. “Los estaban llevando a la Comisaría 5ta pero suponen que, porque estaba llena, los llevan a la 9na”, explica Marqués. Sin embargo, este cambio no fue informado al abogado del movimiento, Juan Grabois.
“¿Y dónde están los derechos del niño?”, se pregunta Gabriela Salazar y agrega: “Todo lo que se hace acá es hecho con amor y para los chicos, para las personas que en verdad tienen ganas de trabajar y ayudar. De eso se trata”. A su lado, Aurora Zaracho añade: “No fue justo lo que sufrimos. No vale un perdón, los chicos necesitan una explicación, y nosotros vamos a reclamar nuestros derechos”. En busca de respuestas y de respeto, hoy marchan a la Municipalidad de Lanús.
Actualizado 4/04/2017
