Jun 2, 2018 | Noticias en imágenes
Iván, Ezequiel y Roque posan junto a Nora Cortiñas en la manifestación convocada por La Poderosa.
“No queremos policía, no queremos represión, queremos para los pibes, trabajo y educación”. Ese fue el grito que se escuchó, constante, en la manifestación convocada por La Poderosa en la Villa 21-24. La ecuación es muy simple: la muerte habitual de pibes en manos de las fuerzas de supuesta seguridad.
La marcha no sólo fue en repudio de los actos de represión estatal que se vive en las barriadas, sino también en acompañamiento a los padres de Iván Navarro y a la madre de Ezequiel, quienes declararon en Tribunales, como testigos de los querellantes, sus hijos, víctimas de tortura en octubre del 2016 en manos de seis prefectos, hoy en el banquillo.
Iván y Ezequiel fueron golpeados, torturados, sometidos a simulacros de fusilamiento, atados a las rejas, corridos picaneados. Hoy siguen siendo amenazados y hostigados por la misma fuerza que se supone que los tiene que cuidar. Y no es un caso aislado. Lo excepcional del hecho es que se haya tornado público y que haya seis prefectos procesados con prisión preventiva.
Se animaron a denunciarlos, tuvieron la garganta bien filosa para gritar que esto no debe seguir sucediendo. En respuesta sufren la persecución diaria de los prefectos al grito de “buchón” y el amedrentamiento constante hacia ellos y sus familias.
Esto, en las villas, es algo cotidiano. El sábado pasado irrumpieron sin orden de allanamiento ni motivo aparente en la casa de Roque, fotógrafo de la Garganta Poderosa, quién intentó registrar con su cámara cómo los uniformados (la mayoría sin identificación) golpeaban a dos menores de edad en la puerta de su casa.
Ivan Navarro observa desde su casa la manifestación.
Lo golpearon y llevaron detenido, también a su cuñado Juan Pablo, sin ningún fundamento. Abusaron y golpearon a su hermana Jesica. Mientras que a su otra hermana, María, la secuestraron en un patrullero durante 90 minutos sin informar donde la llevaban ni por qué. Unos minutos antes habían disparado balas de goma contra la casa de Iván.
Roque y Juan Pablo estuvieron dos días detenidos en la comisaria 30 de Barracas, la misma donde días anteriores habían sido detenidos compañeros de ATE que reclamaban por la liberación de los Metrodelegados (detenidos por ejercer su derecho a huelga).
El lunes 28 de mayo, Roque y Pablo declararon en Tribunales y en menos de 24 fueron sobreseídos. La causa que intentaron armarles no tenía ningún sustento.
En este contexto de inseguridad para los vecinos de los barrios, el viernes se acercaron distintas organizaciones políticas para acompañar la manifestación, referentes de derechos humanos, Ni Una Menos, PTS, CTEP, Nora Cortiñas, Claudia Korol, Sergio Maldonado, madres de victimas de gatillo fácil, Correpi, la Corriente Villera.
Una de las calles de la villa 21-24.
Mientras la marcha avanzaba en las calles llenas de gente, con los puños en alto, entre bombos y gritos eufóricos se escuchaba: “Olee, ole, oleee, olaa, con Roque y Pablo vamooo’ a gritar, Patricia Bullrich va a tener que renunciar”.
Y fue difícil, de verdad, no emocionarse o sentir el mismo dolor que estaba atravesando Roxana, mamá de Kevin, quien recibió una bala perdida en una zona liberada por la misma policía en la villa Zavaleta. O Mónica, mamá de Luciano Arruga, desaparecido por la policía bonaerense, torturado y enterrado como NN. El dolor de Angélica, mamá de Kiki Lezcano asesinado por un policía que filmó su agonía. Ese dolor que se atraviesa cuando no hay una respuesta del Estado. Cuando la orden está dada para que se ejerza la pena de muerte a criterio de cada uniformado, cuando no hay una política que cuide verdaderamente a lxs pibxs y se comprometa a brindarles opciones reales para vivir mejor (o simplemente vivir, sin ser golpeado, torturado o asesinado por un policía).
Culminó la manifestación en Iriarte y Vélez Sarsfield, donde hablaron Nacho Levy, referente de La Poderosa, Roque, Nora Cortiñas, El sacerdote Toto de Vedia, de la parroquia Virgen de Caacupé en la villa 21- 24 y Sergio Maldonado.
Una vez finalizada, la caravana continuó hasta Tribunales, en un abrazo colectivo y dándole fuerza a Iván y a su familia para que nunca dejen de gritar, sosteniendo el control popular a las fuerzas de seguridad.
Contra el sometimiento sistemático hacia lxs vecinxs de las villas, es que hoy colmaron las calles de la 21-24. Con organización bien de abajo, con resistencia y solidaridad. El codo a codo, las manos agarradas bien fuerte y los dientes apretados de bronca pero callados nunca más.
May 31, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
Roque Azcurraire, fotógrafo de La Garganta Poderosa.
Tras dos noches de detención ilegal en la Comisaría 30, Roque Azcurraire, fotógrafo de La Garganta Poderosa, y Pablo Mónaco, activista y cuñado del reportero, fueron liberados por la jueza Carina Rodríguez y pasaron de ser sospechosos a querellantes en una causa que denuncia las torturas sufridas a manos de la Prefectura en la Villa 21-24, el sábado último. Nelson Santa Cruz, comunicador de La Garganta Poderosa, conversó con ANCCOM sobre la magnitud de este episodio, para nada aislado al que sufrieron Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya en 2016, y en el contexto de un juicio histórico que recién comienza.
“El problema en sí no está en la detención de Roque y Pablo en la Comisaría, sino en el barrio”, alertó Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa. La última gran persecución, tortura y hostigamiento de la Prefectura Naval Argentina en la Villa 21-24 ocurrió sobre el domicilio de la familia de Iván Navarro de 19 años, quien denunció junto a su amigo Ezequiel Villanueva Moya, el 24 de septiembre de 2016 hechos de tortura ejercidos por la misma fuerza de seguridad.
La noche del pasado sábado 26 de mayo, dos militantes de La Poderosa fueron detenidos sin prueba de delito alguno, desde adentro de sus domicilios. Antes habían intentado frenar los golpes de la Prefectura a unos adolescentes que venían siendo hostigados por las fuerzas en su viaje en el colectivo 70 – la línea que pasa por la puerta de la casa de Iván y de Roque- y hasta llegar al domicilio de la calle Iriarte al 3500. Una vez maniatados, ya en la garita de la esquina Pedro de Luján y Luna, Roque y Pablo fueron torturados con el “levantamuertos” (gas pimienta en los ojos de la persona inmovilizada); mientras que Jessica – hermana de Roque y novia de Pablo- fue secuestrada y abusada por Prefectura. La “pasearon” en el patrullero por el barrio sin dar información de dónde se encontraba durante 50 minutos.
Roque Azcurraire y Pablo Mónaco pasaron de ser sospechosos a querellantes en una causa que denuncia las torturas sufridas a manos de la Prefectura en la Villa 21-24.
¿Cómo sucede que en menos de una semana, Roque y Pablo pasan de estar detenidos a ser querellantes?
Nelson Santa Cruz: Roque y Pablo pasaron por situaciones muy similares a las de Iván y Ezequiel en septiembre de 2016. Estuvieron en la comisaría durante dos días sin ninguna causa, sin ningún proceso legal, y previamente habían sido secuestrados, torturados, golpeados, verdugueados, no solamente física, sino también psicológicamente. Entonces, qué mejor que ellos, vecinos de los barrios para poder dar cuenta de la situación de violencia que atravesaron este fin de semana, pero también por la que atravesaron toda la vida en el territorio. Roque y Pablo pueden encarnar esta querella y denunciar qué es lo que sucede desde el punto de vista de un vecino de la 21-24. Esto implica aportar desde el sufrimiento cotidiano y desde la experiencia personal de los militantes de La Poderosa. Implica decirle a la justicia que esto sucede todo el tiempo, las 24 horas, todo el año en todos los rincones del país, en toda Latinoamérica. Entonces, es en este sentido que pasan a hacer de encarcelados a ser querellantes.
¿Cómo sigue la situación de cara a la declaración del padre de Iván Navarro el próximo viernes, luego de lo ocurrido esta semana?
Iván y su papá son compañeros a los que estamos tratando de cuidar mucho de manera colectiva. No están solos. Hay una contención de todas las asambleas de Capital Federal. Por supuesto, estamos en estado de alerta para que la represión no vuelva a suceder. Estamos cuidando mucho a las familias de Iván, de Ezequiel; a los de Roque: Pablo, Jessica y Silvia. Nos encontramos en contacto directo porque entendemos que puede suceder cualquier cosa. Ya no podemos esperar nada diferente de las fuerzas de seguridad. La situación es esa, en estado de alerta pero con mucha fuerza para poder afrontar lo que se viene el día viernes.
¿Por qué consideran que el juicio oral iniciado hace dos semanas es histórico?
El juicio oral arrancó hace dos viernes. Iván y Ezequiel ya declararon pero también hay muchos testigos que están en el proceso de declarar: padres, familiares y demás. Es un juicio oral e histórico porque esta vez los villeros pobres, no solo son querellantes en nombre de otros vecinos, sino también por la experiencia terrible que debieron pasar – en este caso son Pablo y Roque -. Esta vez, los villeros, los negros, los siempre discriminados, estigmatizados y marginados, junto a la Unidad Vecinal, y un movimiento territorial están procesando a seis prefectos. Este poder popular va a seguir luchando hasta que estén detrás de las rejas.
“El problema en sí no está en la detención de Roque y Pablo en la Comisaría, sino en el barrio”, alertó Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa.
“Esto marca de alguna forma un precedente”, describe Nelson y asegura que antes que las fuerzas vuelvan a maltratar o a torturar a otro vecino, pibe o piba, espera que las fuerzas de seguridad “no solamente lo tenga que pensar dos veces, sino tantas veces como sea necesario, porque ante el abandono del Estado siempre desde abajo nos vamos a estar organizando”. Mañana, viernes 1 de junio, continúa el juicio contra los prefectos que torturaron hace dos años a Iván y Ezequiel. La Garganta Poderosa convoca junto a organizaciones de derechos humanos “con Nora Cortiñas a la cabeza- agradece Nelson- curas, maestras y maestros villeros; partidos, sindicatos y vecinos” a marchar y acompañar al papá de Iván Navarro en su primera declaración en el juicio oral e histórico a las 8 de la mañana en Iriarte al 3500, frente a La Casa de la Cultura, en la Villa 21 24.
May 30, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
“Acá en el barrio han pasado miles de cosas y han pasado siempre”, explica Marcos Candelino, docente y militante de Villa Soldati. Vecino de toda la vida, vivió sus primeros años en los monoblocks, la zona en donde un policía de la Federal, Pablo Emiliano Sueldo, mató fuera de servicio, a Dylan Alejandro López de 15 años, mientras manejaba un UBER el 8 de mayo pasado, justo el Día Contra la Violencia Institucional.
Elizabeth Gómez Alcorta, la abogada que comunicó y denunció el hecho, explica en diálogo con ANCCOM que la problemática de la violencia institucional entra en relación con las prácticas deficitarias de la justicia y de los agentes de las fuerzas policiales. Candelino cuenta cómo eso opera en los propios vecinos: “Nosotros que pateamos el barrio todos los días, sabemos poco y nada, incluso no hemos podido contactar a la familia. Habitualmente las familias callan”, aclara.
“Acá en el barrio han pasado miles de cosas y han pasado siempre” dice Candelino, docente y militante de Villa Soldati.
Para señalar dónde ocurrió el asesinato de Dylan López un vecino de Soldati señala estratégicamente la Avenida Mariano Acosta el límite que separa “las casas” de “los monoblocks”. El complejo habitacional, hoy pintado y enrejado, es estigmatizado por los propios vecinos de Soldati. Marcos observa: “Hay dos discursos enormes que intentan calar muy profundo en las conciencias de las personas. El primero tiene que ver con esa idea de inseguridad. Hay un grupo de vecinos que participan de las ‘Mesas de Seguridad’ con un discurso hiperfascista en donde todo lo que tenga que ver con los monoblocks tiene que ser exterminado”, sostiene. Allá por el año 2011, llegó Gendarmería al barrio. Candelino recuerda: “Desfilaban por Mariano Acosta con armas de calibre gruesísimo. Iba uno en la camioneta y otro atrás con la ametralladora. Causaba un efecto intimidante.”
Candelino es docente de la sede Fines de Soldati, advierte desde el vamos: “Siempre desde la cuestión intelectual uno tiene que blanquear desde dónde piensa y desde dónde habla”. Comenzó a trabajar los barrios desde joven en el Partido de San Martín, más precisamente en el barrio Martín Fierro, luego de meterse al seminario del Instituto católico Leonardo Murialdo: “Es raro. Yo iba a ser cura. Dentro de mi universo era la opción más radical que había. Me metí porque quería hacer trabajo en villas. Pensá que tenía 18 años y era marzo de 2002. El hambre se sentía y mucho.” Esa fue su primera experiencia de militancia. Cuando salió del seminario, se lanzó a un viaje por Latinoamérica para conocer la “América profunda”, dice. En el 2010, cuando regresó al país, se abrió un local de La Cámpora al lado de su casa. Entonces comenzó su militancia en ese espacio.
El complejo habitacional, hoy pintado y enrejado, es estigmatizado por los propios vecinos de Soldati.
Qué pasa en el barrio
Candelino lleva puesta una campera de River Plate. Pero el club de fútbol de Soldati es Sacachispas, que el próximo 17 de octubre cumple 70 años. Para septiembre, un mes después, el barrio celebrará 110 años de vida. La charla transcurre en el Instituto Cristo Obrero en la semana de mayo. Actualmente, allí se cede un espacio para que el Fines continúe en Soldati. Hoy, el Plan para terminar el secundario cuenta con al menos 100 estudiantes de entre 18 y 70 años. Dos de ellos explicaron para ANCCOM cómo se vive la violencia institucional en Soldati. “Hoy tiran a matar. No apaciguan las cosas. Si estás de madrugada y te ven en una secuencia rara, o no les paraste o te ven corriendo, te tiran”, describe Santiago Ocampo. Elizabeth Gómez Alcorta, abogada defensora de los derechos humanos, analiza el recrudecimiento de la violencia en los barrios: “Hay ciertos patrones que se vienen repitiendo que por lo general son los usuales: la alta intervención de miembros de las fuerzas de seguridad fuera de servicio, la utilización de las armas reglamentarias y también, recientemente, un aumento de la letalidad”.
En el marco del Día contra la Violencia Institucional, el mismo día en que asesinaron Dylan, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un informe en el que muestra que en el último año no hubo un aumento significativo de hechos de violencia institucional, pero sí la letalidad en las intervenciones policiales. “Eso quiere decir que como primera intervención de las fuerzas de seguridad, en vez de detener o de llevar adelante algún ejercicio de la fuerza que sea proporcional a la situación que suele encontrar a una persona o al propio agente, la primera intervención es utilizar la fuerza de un modo letal”, señala Gómez Alcorta.
En septiembre el barrio cumplirá 110 años de vida.
Para Santiago, quien se crió en Soldati desde los cuatros años, el barrio “está más calmado en comparación a otros años”, desde que llegó Gendarmería. Según Micaela, su compañera: “Cuando vinieron los gendarmes también estaba movido. Después se calmó, porque si veían a algún pibe consumiendo algo ya se lo hacían tragar, no les importaba nada.” Santiago amplía: “Tenías un cigarrillo de marihuana y te lo hacían comer. Y esa acción es muy agresiva. Es tratar de eliminar lo que está mal lo más rápido posible. Pero no se fijan en los vendedores, se fijan en los consumidores. Hay muchos vendedores”.
Elizabeth Gómez Alcorta sostiene: “La violencia institucional es una práctica estructural en nuestra sociedad, centralmente practicada por miembros de las fuerzas de seguridad. No hay duda que a partir de estos dos años del gobierno de Cambiemos se lleva adelante una clara política discursiva no solo, de no repudiar ni criminalizar este tipo de hechos, sino muy por el contrario, de avalarlos.” En este sentido, Marcos Candelino reflexiona sobre el rol del Estado en relación a la violencia institucional: “El Estado siempre es el Leviatán. El tema es si está ahí para garantizar un derecho o si el Estado está ahí para garantizar los derechos de otros a costa tuya”. En el caso de las fuerzas de seguridad en los barrios, Candelino tiene su punto de vista: “Cuando un gobierno como el macrista pone las fuerzas del Estado en un barrio como Soldati no lo hace para garantizar la seguridad de los vecinos sino para controlarlos, para ejercer la ¿legítima represión del Estado? Lo pregunto porque yo dudo enormemente que sea legítimo. El uso de la fuerza en estas problemáticas, o desde el propio Estado, está ligado a cuestiones socioeconómicas y eso ya de por sí lo deslegitimiza. En Soldati, la violencia tiene que ver con una cuestión económica. Es directamente proporcional. A menores recursos mayor violencia”.
La problemática de la violencia institucional entra en relación directa con las prácticas deficitarias de la justicia y de las fuerzas policiales.
“Lo que me pregunto es por qué estaba manejando un UBER. La policía tiene un montón de adicionales. No sé. Claramente hay toda una idea de profesionalización de las fuerzas de seguridad donde parece que se trata solo de la guita. Siempre me pregunté lo que pasa dentro de la formación de los policías”. En este sentido, Marcos repasa el intento de democratización que se había intentado al interior de las fuerzas: “Se había empezado a democratizar ese tipo de cuestiones. Muchos antropólogos se dedicaron a estudiar el currículo de formación de la policía y se sostiene que eso fue un proceso primero, que llevaba muchísimo tiempo, y segundo que fue un proceso que se detuvo con la llegada del macrismo al poder político. El Estado siempre es el Estado, pero puede desafectar de la fuerza y sancionar, como lo hizo en su momento con el gendarme Carancho (el gendarme que simuló que lo atropellaban en una protesta)”.
Sobre el caso de Dylan Marcos reflexiona: “Yo no sé si este gatillo fácil es resultado de lo que mal llamaron la doctrina Chocobar, pero sí que es un comportamiento alentado desde el gobierno, claramente. Y ese gobierno es el Estado. Hoy el Estado mata pibes”.
El CELS muestra que en el último año hubo un aumento significativo de la letalidad en las intervenciones policiales.
Mar 21, 2018 | DDHH, Novedades
Facundo Ferreira fue fusilado de un tiro en la nuca por efectivos de la policía tucumana en La Bombilla, una de las villas más pobres de la capital provincial, mientras transitaba con un amigo de 14 años en una moto. La foto de su cuerpo sin vida, tirado en el piso del barrio donde se crió, se hizo viral.
El reclamo de justicia por su muerte llegó hasta la porteña Plaza Lavalle, frente a Tribunales, que se llenó de carteles y banderas de la JP Evita, del Movimiento Popular La Dignidad, Agite Rebelión, Sur, Jóvenes de Pie, Seamos Libres, ATE, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), CTEP y otros colectivos. Las organizaciones y distintos referentes se acercaron a acompañar a los amigos y familiares del niño, que encabezaron la movilización con una gran pancarta que decía, simplemente, “Justicia por Facundo”.
La marcha de la gorra fue en Plaza Lavalle
También se sumaron un grupo de madres de chicos víctimas del gatillo fácil con las caras de sus hijos estampadas en sus remeras. Las mamás de Nehuén Rodríguez, asesinado por la Metropolitana, y de Sebastián Bordón, ultimado hace 21 años por la policía mendocina, fueron dos de las que estuvieron en la marcha para abrazar a la mamá de Facundo.
Entre la multitud, Yamila, de 27 años, integrante de “Ningún pibe menos por la droga” y militante en su barrio Manuel Alberti, del partido de Pilar, expresó su cansancio por el abuso policial que sufren cotidianamente. “Constantemente nos están deteniendo por portación de rostro. Nos agarran y nos separan porque piensan que somos delincuentes”, afirmó. “Los pibes no son los peligrosos -añadió- sino los que están en peligro. Nosotros trabajamos en la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) para ayudar a los compañeros a que salgan de la droga, y muchas veces son los mismos policías los que encubren las ventas de drogas en el barrio”.
Facundo tenía once años. El pedido de justicia conmueve hasta las lágrimas.
Gerardo, parado en la esquina de 9 de Julio y Corrientes, contemplaba con su guardapolvo blanco cómo avanzaba la columna tratando de leer las consignas: “Micaela presente”, “Justicia por Franco y Mauricio”, “Basta de represión”, “No a la baja de imputabilidad”. El docente trabaja en la Villa 31 y quiere cambiar la realidad pero, dijo, “con un Estado ausente la justicia se vuelve cada vez más inexistente”, y se quedó pensando sobre la cantidad de jóvenes cuyos nombres no aparecían en ningún cartel en la marcha.
Al llegar a la Casa de Tucumán, vallada y rodeada de policías, la gente comenzó a gritar al unísono “asesinos”. En tono pacífico, familiares y dirigentes sociales levantaron la voz reivindicando la lucha y el repudio al continuo abuso de las fuerzas de seguridad. Un referente del MTE-CTEP remarcó: “Ellos no saben ni un poco lo que vivimos nosotros, no se pueden imaginar. Somos todos laburantes, todos los días salimos, pisamos el barro de nuestras calles y pensamos cómo bancar la olla. ¡Tenemos que seguir pensando en políticas públicas para nuestros pibes y pibas!”.
La madre de Jon Camafreitas, otro joven víctima de gatillo fácil, bajó por un momento una pancarta por Facundo que sostenía emocionada, tomó la voz y denunció a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a la política represiva estatal, evocando los casos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado: “¡Basta de matar a nuestros hijos!”, exigió.
Facundo estaba por comenzar el secundario y su gran sueño era comprarle algún día una casa a su mamá. La “doctrina Chocobar”, incentivada por los medios masivos de estigmatización y refrendada por Mauricio Macri y sus funcionarios, acabó con su sueño y con su vida. Las balas policiales no son meros abusos: son la expresión más sangrienta de una política criminal. Ajuste y represión, hasta que el pueblo se levante.
Ene 9, 2018 | Entrevistas, Novedades
No lo conozco a Santiago Maldonado, y eso es lo más triste, porque él llegó a apoyar nuestra lucha y la mayoría no lo conocíamos. Creo que con la desaparición de Maldonado se les fue la mano, pensaron que era uno de nosotros
Facundo Jones Huala habla desde la Unidad 14 de Esquel, donde está preso ilegalmente desde el 27 de junio pasado. El pretexto que utilizó la Justicia Federal para detenerlo fue la necesidad de realizarle un segundo juicio en el marco de una causa por la que ya había sido juzgado y absuelto en septiembre de 2016. Por este motivo, un grupo de personas de distintas comunidades mapuches se concentraron el 31 de julio frente al Juzgado Federal de Bariloche; aunque se trató de un acto pacífico, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de Río Negro los reprimió y nueve personas terminaron detenidas. Al día siguiente, integrantes de la comunidad mapuche realizaron una nueva manifestación que involucró el corte de la Ruta 40 a la altura del Pu Lof Cushamen, también en reclamo por la libertad de Jones Huala. La Gendarmería llegó a la zona, irrumpió en el territorio con un operativo a cargo del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti, acompañado de cien efectivos que actuaron de forma irregular y violenta. En el contexto de la represión a hombres, niños y mujeres fue desaparecido Santiago Maldonado, un joven de 28 años nacido en la provincia de Buenos Aires que se encontraba en el Pu Lof Cushamen para apoyar el reclamo de los mapuches. Nueve días más tarde, Maldonado sigue desaparecido y en ese mismo momento Facundo Jones Huala decidió comenzar una huelga de hambre.
Hay un clima represivo en toda la zona –dice Jones Huala-. El gobierno decidió reprimir al pueblo mapuche y lo plantea abiertamente en los medios de comunicación. Acá, en los medios zonales, dijeron que iban a reprimir cualquier manifestación mapuche y es lo que están haciendo. En enero casi matan a dos personas: a mi hermano y a mi primo. Ahora, además de eso, desaparecieron a un chico que ni siquiera era de los nuestros. Le podría haber pasado a un periodista o un turista; a veces los mochileros o turistas pasan a quedarse. ¿Qué pasaba si mataban a una persona de otro país? Esto es muy terrible y creo que hay que denunciarlo porque si lo dejamos pasar ahora, más adelante va a ser mucho peor. Creo que esta situación es peor que lo sucedido con Julio López, porque con Julio López se las ingeniaron para hacerlo de una manera ilegal, que no haya pruebas; manejaron la impunidad desde otro lado, más allá de que se vio un papel que mostró Etchecolaz con su nombre. El problema acá es que la gente vio cuando se llevaban a Santiago y lo hicieron en frente de todos. No puede ser que pase como en la dictadura que nadie decía nada. Es muy grave lo que está pasando. Lo desaparecieron a la vista de todos.
En la ciudad de Esquel se llevó adelante el juicio que dejó en libertad y sentenció la no extradición al lider mapuche Facundo Jones Huala.
¿Cómo cree que se está desarrollando la investigación?
Es evidente que el juez está mintiendo. Está mintiendo la ministra, están diciendo que la gente no los dejó hacer las pericias y es mentira. Las pericias se hicieron y las irregularidades fueron de Gendarmería, ya que las camionetas que tenían secuestradas cuando fueron a hacer las pericias tenían rotos los precintos y estaban lavadas. Eso es totalmente ilegal y el juez está mintiendo, porque está cediendo ante las presiones de los latifundistas, del gobierno, de Patricia Bullrich, de Macri y de Pablo Noceti. Están todos metidos. Noceti pedía un debido proceso para los militares en los Juicios a las Juntas, pero eso conmigo no sucede y mucho menos sucedió con Maldonado. Él pedía un debido proceso para los genocidas y no contempla que a este muchacho lo desaparecieron ellos; saben bien que son los responsables.
¿Cree que existe una persecución política hacia los pueblos originarios en el país? ¿Qué opina de la detención de Milagro Sala?
Considero que Milagro Sala es una prisionera política, creo que nadie debería estar preso por sus ideas o por su actividad política, más allá de cuál sea su causa, y más allá de que se esté o no de acuerdo con lo que cada uno piensa. Lo que es claro es que ella está detenida por cuestiones políticas. El mismo gobernador Gerardo Morales lo reconoció. Entonces ese es un tema a tener en cuenta. Otro prisionero político es Agustín Santillán, un Wichi que su caso no ha tenido mucha prensa. Y el tercer preso político soy yo.
¿Por qué cree que al gobierno le molesta tanto el reclamo de su comunidad?
Molestamos porque tenemos una propuesta política claramente anticapitalista, antiimperialista, antioligárquica y anticolonial, que plantea la reconstrucción del mundo mapuche y un proceso revolucionario de liberación nacional. Eso es lo que genera tanta confrontación y tanta beligerancia por parte del Estado, porque el Estado defiende los intereses de las empresas. Nosotros además de ser una fuerza social que plantea la reconstrucción de la comunidad y la desarrolla, también nos planteamos una propuesta de lucha contra el capitalismo. A partir de ahí es donde el sistema y el Estado vienen con su mano más dura a reprimir. El gobierno anterior permitió que los terratenientes nos torturaran, nos balearan, todo. Pero este gobierno es mucho más brutal. En el gobierno anterior por lo menos había un margen de independencia de los poderes, cosa que ahora, en este momento, no hay. En este momento hay una dictadura clara. Ellos hablan del Estado de derecho y de todas esas cosas, pero cuando se les ocurre violan el Estado de derecho y son totalmente ilegales. Esa es la gran contradicción: ¿cómo pretenden que nosotros respetemos la legalidad cuando ellos no la respetan? Nosotros lo único que pedimos, en mi caso, es que se respete el mismo Estado de derecho que ellos dicen sostener y defender. Es muy brutal la represión de este gobierno, es un fascismo institucional y legalizado. Es una ilegalidad legalizada porque el Estado de derecho no existe pero ellos dicen serlo.
Manifestación en el Centro Cívico de Bariloche. Desde la Unidad 14 de Esquiel Jones Huala declaró: «Nosotros estamos peleando por la tierra. Es verdad que no creemos y que somos críticos de la construcción del Estado, pero eso no quiere decir que pidamos su destrucción, ni que queramos la toma del poder del Estado, ni siquiera eso.
Y en cuanto a su situación, ¿qué puede decir?
Yo debería estar libre, en todo caso esperando que avance la investigación del Poder Judicial. Ahora seguramente van a hacer un nuevo juicio, pero todo esto sucede porque hay una presión política de dos países: el Estado argentino y el Estado chileno, junto a las empresas. Es algo muy grave lo que está pasando. No sé si vale la comparación, pero yo creo que hay una diferencia con el caso de Milagro porque ella de última queda acá en Argentina, pero a mí me quieren echar del país y tampoco sé si me quieren en Chile. La verdad es que a mí me quieren preso, muerto o bien lejos. Ojala nunca hubiese nacido para ellos. Ni siquiera tengo una causa real acá, es todo virtual. En los juicios de extradición no se decide si el acusado es culpable o no, se define si el delito es extraditable o no. Y el juicio de septiembre resolvió que mi causa no era extraditable. Tiene que entenderse eso. Es un tema político, no tiene nada que ver con el terrorismo.
¿Cuál es la reivindicación que busca la comunidad mapuche con sus reclamos?
Nosotros estamos peleando por la tierra. Es verdad que no creemos y que somos críticos de la construcción del Estado, pero eso no quiere decir que pidamos su destrucción, ni que queramos la toma del poder del Estado, ni siquiera eso. Cuando hablamos de un proceso revolucionario planteamos la disputa por la propiedad de la tierra. Queremos reconstruir nuestro mundo en las porciones de tierra que nos corresponden. Pedimos solamente que nos dejen ser mapuches. Nosotros somos críticos de la construcción del Estado, por eso es mentira cuando dicen que queremos un Estado mapuche. Ellos no entienden el concepto de Nación. Nosotros nos consideramos una Nación sin Estado. Nunca tuvimos un Estado de corte occidental, consideramos que los estados argentino y chileno no son Naciones. Básicamente reclamamos por la recuperación de nuestras tierras productivas y sagradas para reconstruir el mundo mapuche. Trabajamos por la reconstrucción de nuestro pueblo. Consideramos que la autonomía no se mendiga, se ejerce. No le pedimos autonomía al Estado, nosotros pensamos que la autonomía debe construirse dentro de las comunidades, creemos en el autosustento. El problema es que las tierras productivas las tienen los capitalistas, por eso la confrontación constante. Entramos a las tierras y nos reprimen, es obvio que estamos disputando la base del poder capitalista. Por este motivo para nosotros es importante no solo la recuperación de Cushamen, sino además la de muchos otros lugares que también están en disputa, principalmente en la comarca andina.
«Cuando hablamos de un proceso revolucionario planteamos la disputa por la propiedad de la tierra», dice Jones Huala.
A principio de año hubo muchas movilizaciones en la cordillera por la reforma de la Ley de Tierras, ¿que implica esa reforma para ustedes?
Lo que plantea esa reforma es que las tierras fiscales pasen a ser unidades productivas y esas tierras productivas son las que luego se van a dar en licitación. Entonces en las comunidades nuestras en donde haya unidades productivas vamos a tener que competir con empresas y es obvio que no vamos a ganar. El mejor postor va a ser el que se quede con la tierras. Son unidades productivas, no van a ser tierras para los mapuches. Se van a quedar todo las empresas, porque nosotros no producimos lo que el capital necesita, nunca vamos a ganar. Ahí se generaron movilizaciones que han puesto en el centro de la escena la zona de Cushamen, por eso está militarizado este territorio, pero esta lucha está en todo el país, sólo que no en todos lados es tan visible como acá.
¿Qué lugar tienen los que no son mapuches en sus reclamos?
Nosotros en ese sentido somos bien claros; lamentablemente no tenemos una propuesta para los que no son mapuches. Invitamos a no mezclar las cosas, pero queremos que todos tengamos derecho a ser diferentes. A los no mapuches los invitamos a nuestra lucha y pretendemos que todos tengamos la oportunidad de llevar adelante nuestros procesos, los invitamos a llevar adelante el proceso revolucionario, pero no queremos “ahuincarnos”, no queremos integrarnos en la sociedad occidental. Eso no significa que la queramos destruir, ni tampoco queremos destruir a otros pueblos o hacer que se vuelvan mapuches, sino simplemente pretendemos que cada uno pueda ser lo que es. Pero pedimos que el territorio mapuche sea respetado con nuestra forma y con la Ley Mapu, la forma mapuche de vida. Esa normativa es la normativa que siempre tuvo nuestro pueblo.
¿Cómo creés que debe continuar la lucha?
Creo que hay que luchar desde la conciencia y desde las bases. Hay que discutir desde lo micro y trabajar desde abajo. A nosotros nos pueden detener, a mí por ejemplo, a un par más también, pero hay un movimiento de base, de pueblo, que no pueden atacar realmente. Por eso nos reprimen por todos lados, porque no saben qué hacer. Es como en Los condenados de la tierra, de Franz Fannon; acá pasó algo similar con los artistas, dejaron de cantarle al opresor “dejá de pegarme” y pasaron a cantarle al oprimido para que se defienda. Nosotros nos hablamos entre nosotros, no nos interesa qué dicen los jueces o los gobernantes. Siempre nos van a reprimir, siempre nos van a golpear. Nosotros le hablamos a nuestra gente para que reconozca lo que es suyo y para que sepa cuáles son sus derechos. Nosotros ejercemos nuestro derecho, por eso molestamos tanto a los gobernantes. Nosotros estamos haciendo lo que queremos en nuestra tierra porque siempre fue nuestra tierra, no vamos a la Casa Rosada a reclamar ni a ningún otro lado. No estamos disputando el poder político formal, estamos recreando el poder como creemos que debe ser en las comunidades mapuches.
En Bariloche, exigen la aparación con vida de Santiago Maldonado.
Actualizada 09/08/2017
