Dic 31, 2019 | Entrevistas, Novedades
«Tengo esperanza y confianza en la justicia. Dentro de todo el dolor, eso me está dando tranquilidad», cuenta Ríos.
La vida de Susana Ríos cambió por completo la madrugada del 21 de mayo. A través de Facebook le llegaron rumores de disparos en las adyacencias del pueblo. A las 4 confirmó lo peor: su hijo Gonzalo Domínguez, de 14 años, era uno de los pasajeros del Fiat 147 que se estrelló contra un camión sobre la colectora de la Ruta 3, luego de una persecución policial.
Gonzalo viajaba junto a sus amigos Danilo Sansone (13), Camila López (13), Aníbal Suárez (22) y Rocío Quagliarello (13). Rocío fue la única sobreviviente. “Todavía no pude hablar con ella. Me cuesta salir. Cuando pueda, y si su mamá me lo permite, la voy a ir a visitar. Por lo que me contaron, está recuperándose muy bien”, cuenta Susana, quien hoy, a sus 56 años –y tras la muerte de Gonzalo– quedó viviendo sola en su casa de San Miguel del Monte. Sus otros dos hijos, Marina de 30 y Juan Ignacio de 27, ya no viven con ella.
Susana fue de las primeras en sospechar de la primera versión que hablaba de un choque, que se descartó cuando la autopsia confirmó que el cuerpo de Gonzalo había sido impactado por una bala. Con esta información, empezó a revelarse el encubrimiento policial. Horas más tarde, cuando se publicaron las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a los agentes tiroteando ferozmente al Fiat 147, no quedaron dudas. El resultado inmediato fue el descabezamiento de la cúpula local de la Bonaerense.
“Los medios fueron muy importantes. Nos ayudaron a demostrar que esto no había sido un simple accidente. Por ahora no vi ninguno que no haya tratado con respeto el asunto. Fueron muy cálidos todos”, destaca Ríos y afirma: “Esto repercutió en la sociedad y se pudo conocer lo que realmente fue: una masacre de niños inocentes”.
«El cariño que recibí del pueblo ha sido tremendo», revela Ríos.
¿Cómo está progresando la causa?
Estamos esperando que baje de la Cámara para seguir con otras denuncias que tienen que elevarse. Siempre estoy informada. Junto con mi abogada trabajamos permanentemente. Faltan responsables. Por el momento tenemos trece personas detenidas. Tengo esperanza y confianza en la justicia, y sé que se están trabajando bien. Dentro de todo el dolor, eso me está dando tranquilidad. Espero que se determine qué grado de culpabilidad tuvieron las autoridades implicadas.
¿Cuándo empezó a sospechar de un encubrimiento policial?
Aquella noche, desde las 2, en las redes sociales ya se comentaba de disparos en el pueblo y a partir de ese momento supe que algo estaba pasando. A las 4, cuando fui a reconocer el cuerpo de mi hijo, lo confirmé. Mientras tanto, me mintieron. Rubén Martínez, el secretario de Seguridad municipal, me negó en la cara que lo de los disparos fuera cierto. Pero la mentira duró pocas horas porque lo que ellos presentaban era una farsa. Martínez fue vital para el encubrimiento: por suerte ahora está detenido con prisión preventiva. Esto destapó muchas ollas. Antes no lo sabía pero lo empecé a notar con las denuncias que fueron apareciendo. Me enteré que desde antes maltrataban mucho a los chicos. Esta policía estaba actuando de una manera enviciada y atroz.
Desde entonces Monte dejó de ser un pueblo tranquilo…
Sí, ahora es un pueblo triste y que quiere justicia. También está muy enojado por todo lo que pasó. El tema de la seguridad hay que tenerlo en cuenta y trabajar sobre eso. Hay que devolver la tranquilidad a los habitantes que quedan y sobre todo a los niños. Luego de la masacre tuvimos una reunión con el Gobierno provincial en donde les elevamos requerimientos específicos para la policía. Más que nada, para que esto no vuelva a repetirse. Esto no puede pasar de nuevo. Jamás.
«Estoy asistida por una psicóloga del CELS porque me di cuenta que no puedo sola», confiesa Ríos.
En el pueblo se hicieron numerosas marchas en repudio al accionar policial y en reclamo de justicia, ¿qué significan para usted?
Me emocionan mucho porque me siento acompañada. El cariño que recibí del pueblo ha sido tremendo. Me cuesta salir a la calle pero las veces que salgo, la gente me abraza y llora. El dolor es muy fuerte y juntos debemos buscar que se haga justicia y que el recuerdo de los nenes esté vivo para siempre.
¿Cómo era su relación con Gonzalo?
Yo crié un hijo sano. En mi casa había besos y abrazos. Mis otros hijos ya son grandes y no viven conmigo. Así que Gonzalo, con 14 años, era mi chiquito mimado. Con él teníamos mucho diálogo y conversábamos sobre todo: los peligros, las cosas buenas y las malas. Me hace muy bien recordarlo por cómo era él. Solía ir a la plaza Alsina y a la pista de skate, donde hacían rap. Tenía muchos amigos, con quienes hacían juntadas en la costanera o venían a tomar mates a casa. Después hacía futbol. Hacía las mismas actividades que la mayoría de los chicos de su edad en un pueblo tranquilo como es éste. Bah, que lo era.
¿Usted cómo está?
Pasándolo. Mi día a día es estar en mi casa. El momento en que estoy sola es muy duro. Estoy asistida por una psicóloga del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) porque me di cuenta que no puedo sola. Ya pasaron dos meses y este suceso me cambió la vida. En el resto de la familia también están todos muy tristes. Gonzalo tenía cinco hermanos, dos por mi parte. Mi esposo Omar está internado en La Plata, está en rehabilitación hace un año por un ACV isquémico y todo esto es muy duro para él.
¿Y le quedan fuerzas para seguir atendiendo a la prensa?
Yo voy a seguir dando notas para que el tema siga presente y no quede en el olvido. Quiero que este hecho se recuerde para siempre. Tengo que tener la fuerza y la valentía para seguir hablando porque necesito justicia para que mi hijo descanse en paz. Esta madre no va a bajar los brazos, vos quedate tranquilo.
Ago 28, 2019 | DDHH, Novedades
La V Marcha contra el Gatillo Fácil fue organizada por los familiares de las víctimas, sin presencia de partidos políticos.
“Los pibes de Monte, presente; la China Cuellar, presente; Ismael Sosa, presente; el Rafa Nahuel, presente; el Kiki Lezcano, presente; Marcos Sebastián Acuña, presente; los chicos de Pergamino, presente; Jorge Martín Gómez, presente; Diego Cagliero, presente…”, exclamaban los familiares de víctimas de la represión policial e institucional que encabezaron ayer la quinta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil.
La enumeración de las víctimas parece interminable y es mucho más que nombres que se dicen y rostros que se evocan en las remeras y carteles de los familiares y amigos. Es la historia de miles de personas cuyas vidas quedaron truncas.
La marcha fue organizada por los propios familiares de las víctimas que prefieren evitar la intervención de partidos políticos. Convocaron a concentrar en el Congreso de la Nación a las 15 y, una vez pasadas las 16, empezaron a avanzar por Rivadavia hacia Plaza de Mayo arrastrando una larga bandera blanca que en grandes letras negras llevaba inscripto: “Contra el gatillo fácil. Basta de gatillo fácil. El Estado es responsable”.
Las marchas contra el gatillo fácil se iniciaron a partir del caso de Ismael Sosa, un joven de 24 años asesinado por la policía en un recital de La Renga, en 2015.
Los familiares estuvieron acompañados por distintas organizaciones sociales y políticas como La Poderosa, la Confederación de Trabajadores de la Economía popular (CTEP), Resistencia Popular, Movimiento 20 de Mayo, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), diversos centros de estudiantes, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y la Red de Familiares de Víctimas del Sistema de Encierro.
En la quinta edición de estas marchas -que comenzaron a partir del caso de Ismael Sosa, un joven de 24 años asesinado por la policía en un recital de La Renga en 2015-, el pedido de justicia y la denuncia contra las políticas estatales que avalan el accionar represivo de las fuerzas de seguridad sigue vigente. Alfredo Cuellar, padre de Florencia La China Cuellar -asesinada en la cárcel de Ezeiza en 2012 por el Servicio Penitenciario Federal- y uno de los principales organizadores de la movilización, señaló a ANCCOM la particularidad de este año: “Hoy se suman 17 ciudades de 14 provincias a la misma hora y con el mismo objetivo: `Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más´. Y agregó: “Unificar la lucha es muy importante porque creo que el dolor y la angustia lo tenemos que dejar de lado para convertirlo en un día de lucha. Tenemos que dar el primer paso para combatir la inseguridad que estamos viviendo. Estamos combatiendo contra un monstruo. Ojalá mis nietos puedan ver el cambio”.
Según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) se contabilizaron 6.564 muertes a manos de fuerzas represivas desde la vuelta de la democracia hasta febrero de este año. Además, sostienen que durante la gestión del presidente Mauricio Macri el promedio de víctimas se elevó a un caso cada 21 horas.
“No queremos policía, no queremos represión, queremos para los pibes trabajo y educación”, gritaban los manifestantes.
A paso lento pero firme, avanzó la caravana coreando las principales consignas: “No queremos policía, no queremos represión, queremos para los pibes trabajo y educación”. En diálogo con ANCCOM, Nicolás Sansone, hermano de Danilo Sansone, el menor de 13 años, asesinado el 21 de mayo junto a tres amigos en San Miguel del Monte, dijo: “Hoy estamos pidiendo justicia por los pibes de Monte y por todos los pibes masacrados por la policía. No queremos que larguen a los policías porque pasa el tiempo. Los largan de a uno y no queremos que larguen a ninguno. Tienen que quedar presos de por vida”.
Finalmente, la movilización llegó al escenario montado en Plaza de Mayo, donde se leyó el documento principal en forma colectiva por distintos familiares de víctimas. Allí condenaron las políticas de Estado y la defensa del presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich del asesino de Juan Pablo Kukok, el policía Luis Chocobar. “La impunidad que pretenden imponer hace que nosotros sigamos con las marchas en todo el país. El gatillo fácil es una forma de represión. Denunciamos al Estado represor y opresor del capitalismo burgués”, expresaron.
Luego, se le dio la palabra a cada uno de los familiares para que expongan sus casos. La primera oradora fue Adriana García, la mamá de Diego Cagliero, muerto el 19 de mayo de este año en una persecución policial. “Diego murió de un tiro en la espalda adentro de una camioneta. A partir de ese día nuestra familia no tiene vuelta atrás. Mi hijo ese día no tenía que morir. Mi hijo tiene que estar vivo”, afirmó Adriana.
Los familiares de las víctimas encabezaron la marcha y fueron los principales oradores del acto.
El momento más emotivo de la jornada fue cuando subieron al escenario los familiares de los cuatro jóvenes asesinados en San Miguel del Monte. “Camila tenía sólo 13 años, toda una vida por delante, hoy tendría que estar paseando en la laguna con su amigos, pero no puede porque la maldita policía decidió perseguirlos mientras paseaban en un 147 y aún no sabemos por qué”, expresó Yanina Zarzoso, mamá de Camila López.
Entre los últimos oradores estuvo el tío de Jorge Martín Gómez, quien murió tras ser pateado por un policía de la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada. “Nosotros no tenemos un sobrino delincuente como quisieron decir para tapar este hecho. Y concluyó: “Jamás pensé estar en este lugar y ahora comprendo lo que se siente al perder así a un familiar querido”.
“Maximiliano Kosteki, presente; los pibes de Cromañón, presente; Mariano Ferreyra, presente; Santiago Maldonado, presente; Julio López, presente; los treinta mil compañeros desaparecidos, presente. Ahora y siempre”. Se escuchó al final.
Oct 3, 2018 | Entrevistas
Raquel, mamá de Mariano Witis, junto a su esposo.
La mañana del 21 de septiembre del 2000, Raquel y su hijo Mariano Witis, de 23 años, salieron juntos de su casa, ubicada en la localidad bonaerense de Martínez, para realizar un conteo de viviendas. Estaban haciendo un precenso (el año siguiente se haría el definitivo) y su trabajo era contar las viviendas aledañas. La metodología era sencilla: cada uno se encargaba de una manzana y luego se encontrarían en el punto de inicio, cercano al Hipódromo de San Isidro. Raquel terminó y fue hasta el lugar acordado, pero Mariano no estaba. Tuvo un mal presentimiento cuando vio pasar fugazmente a dos móviles policiales. Minutos más tarde hallarían a Mariano baleado.
Luego de separarse de su madre, Mariano comenzó a caminar y se encontró con una ex compañera de colegio, Julieta Schapiro. La joven se dirigía a su trabajo a bordo de un Volkswagen Gol de dos puertas que le había prestado su hermano. Reconoció a Mariano y frenó para saludarlo. Cruzaron unas palabras y fueron interrumpidos por Darío Riquelme, un adolescente de 16 años que junto a un cómplice los encañonó. Le pidieron a Julieta que manejara hasta el Banco Itaú ubicado en Avenida Bernabé Márquez al 700, a unas cuadras del lugar. El robo fue rápido: se llevaron 5400 pesos y huyeron a toda velocidad con destino a Villa Uruguay, un asentamiento ubicado en la localidad vecina de Beccar, perseguidos por la policía.
Julieta manejaba mientras las balas se estampaban contra el Gol. En la intersección de las calles Udaondo y Luis Flores (Beccar), perdió el control y se detuvo en un descampado. Aún consciente, se refugió debajo del volante. Uno de los asaltantes huyó. Bajo la mira del cabo Rubén Emir Champonois quedaron Riquelme y Witis. Riquelme arrojó el arma (defectuosa), Witis gritó que era rehén. Champonois gatilló igual.
Raquel reconoce que “septiembre siempre es un mes difícil”. Pasaron 18 años y aún recuerda cada momento con la precisión que sellan las tragedias en la mente. “Mariano era un pibe solidario, compañero, si no no me hubiese acompañado a hacer un censo el Día de la Primavera”.
Mucha lucha fue necesaria para que Champonois pudiera ser condenado. Finalmente recibió en 2014 la pena de 15 años de cárcel por el asesinato de Darío y Mariano, tras una lucha incansable de la familia Witis y la mamá de Riquelme, Ana María Liotto, hermanadas en el pedido de justicia. “Cuando nos conocimos, Ana María nos pidió perdón y le dijimos que quien tenía que pedir perdón era el policía que había disparado y matado a nuestros hijos”, subraya Raquel.
Sin embargo quedó un gusto amargo: Champonois estuvo preso 4 años y 9 meses, de los cuales sólo uno lo pasó en una unidad penitenciaria. Y tuvo 7 años años de libertad condicional. “Sólo a un policía le permiten algo así”, se lamenta Raquel.
Aunque le cambia la cara al recordar a su hijo. Con una sonrisa cuenta que era maestro de piano y cantante. Fanático de la banda de metal progresivo Dream Theater, estaba incursionando en el jazz al momento de ser asesinado. “Su sueño era cantar en el (Teatro) Colón”, dice Raquel, que hoy dedica su vida a luchar contra la violencia institucional. En una charla sentida con ANCCOM, cuenta su historia y analiza la política de seguridad del Gobierno de Mauricio Macri, alertando que “ha profundizado la violencia institucional”.
Mariano fue asesinado por la policía que ya se había ganado el mote de “maldita”…
En diciembre de 1999, Carlos Ruckauf ganó la gobernación bonaerense diciendo que había que «meter bala». Mariano (Witis) y Darío (Riquelme) son el resultado de esas políticas de mano dura llevadas a cabo por el Estado, el verdadero responsable. Ruckauf bajó la orden y sabía cuáles iban a ser las consecuencias. Todas las balas que se encontraron en el lugar eran balas policiales. Dispararon a 75 centímetros de distancia, fue una ejecución.
¿Cómo ve la problemática de la violencia institucional hoy, con el gobierno de Cambiemos?
Este Gobierno ha profundizado la violencia institucional. Patricia Bullrich y Mauricio Macri son asesinos en potencia y tienen responsabilidad en muchísimas muertes. Hoy el clima de violencia es muy grande y los mismos funcionarios alientan el costado más violento de la sociedad. No pensé que volvería a vivir épocas que ya vivimos. Retrocedimos en materia de derechos humanos. Esta gestión deterioró y destruyó lo que estaba.
Raquel, dedica su vida a luchar contra la violencia institucional. Cuenta su historia y analiza la política de seguridad del Gobierno actual, que según considera :“ha profundizado la violencia institucional”.
¿En qué sentido se retrocedió? ¿Lo ve como algo intencional?
Sí, es una política de Estado. No hay interés en “Memoria, Verdad y Justicia”, en seguir los juicios de lesa humanidad, en que los casos de violencia institucional sean sancionados como corresponde. No hay interés.
Pero se le da un adicional a la Policía por decreto…
No sólo eso. Le sacaron fondos a Educación y Salud para ponerlo en la Policía, seguramente para reprimir a aquel que se resista a la pérdida de derechos. Los años de este Gobierno fueron una pérdida constante de trabajo, salud y educación. Y los recursos se destinaron para el disciplinamiento y el control social. No quieren que nadie levante la voz, el que la levanta se liga el palazo o un balazo.
En relación a la cuestión del disciplinamiento y control social, ¿qué postura tiene en relación al sistema penal y a las cárceles en particular?
Creo que en las condiciones en que está hoy la cárcel no sirve para que la persona pueda recapacitar, rehabilitarse y salir con otra idea. Porque tampoco tiene oportunidades al salir, el Estado no se las brinda ni cuando está adentro ni cuando está en libertad. Si no tenés los medios y las oportunidades para llevar un proyecto de vida, todo te empuja a cometer delitos. Somos bastante hipócritas como sociedad: condenamos a quien se equivocó a no cambiar nunca, lo tratamos de una manera indigna y de eso no puede salir nada bueno.
¿Por qué somos hipócritas como sociedad?
Tenemos una sociedad violenta, discriminatoria, racista, excluyente. El terrorismo de Estado lo que hizo fue romper la base social de solidaridad que existía en las personas, y potenció el individualismo. En los ‘90 se terminó de destrozar ese entramado social. Durante el kirchnerismo se trató de recomponer, pero no fue suficiente. Si no tuviésemos esta sociedad, las políticas de mano dura no irían y vendrían en tan corto tiempo.
¿Por eso refuerza la idea de que el Gobierno alude constantemente a esa fibra para llevar a cabo su política de Seguridad?
Claro.
¿En las fuerzas represivas sigue habiendo resabios de la dictadura?
Sí, en las prácticas de vulneración de derechos. Es como dice Marcelo Saín, en las instituciones policiales y fuerzas de seguridad quedaron enquistadas tres cuestiones: la liberación de zonas, la participación en redes de delitos y la tortura como disciplinamiento y control social. Todo eso hoy lo ves, sigue estando. Los grupos más vulnerables son perseguidos y hostigados permanentemente por la policía. Con esas prácticas no hemos acabado.
¿Hay sectores de la sociedad que esperan siempre las políticas de “mano dura”?
Sí. Esos sectores que piden mano dura están siempre, pero cuando hay un proyecto de ampliación de derechos, están con la boca callada. Cuando ese tipo de de proyectos políticos cae, sale la jauría.
¿Hoy cree que le soltaron la correa a la jauría?
Sí. Pero creo también que hay muchísimas movilizaciones y hay personas que pelean y no ceden un centímetro. El movimiento está, pero falta un referente que aglutine toda esa resistencia y luche de cara a las elecciones de 2019. Hay muchos jóvenes que militan el tema de violencia institucional, hay que poner fe en ellos.
“La militancia es lo único que me permitió sanar y seguir con vida”. Raquel recuerda su juventud entre la música de Los Beatles y su militancia en la izquierda revolucionaria. Tanto ella como su esposo, Jorge, vivieron la oscuridad de la dictadura militar y hoy tienen familiares y amigos desaparecidos. Años después, volvieron a ser heridos por las fuerzas represivas, en manos de la más oscura Policía Bonaerense de los años democráticos.
Raquel relata que ante el dolor y la injusticia, volvió a encontrar en la militancia un motivo para vivir y luchar por “un futuro donde nunca más haya otros Marianos u otros Daríos”.
¿Cómo se convive con el dolor? ¿Hay alguna forma de retransformarlo?
Muchas veces me lo preguntaron y la verdad no sé. Creo que uno lo hace por amor: al que ya no está y a los que quedan vivos. Cuando pasó lo de Mariano dije que nunca quería estar en la vereda de la policía. No quiero sentir ese odio y ese desprecio por el otro. Creo que a pesar de estos dolores, que son pérdidas irreparables, uno tiene que poder cortar la espiral de violencia. Nunca tuve odio, eso me destruiría a mí y a mi entorno, y no me dejaría ver qué camino tomar. Creo que eso pasó con las Madres y las Abuelas. Cuando uno sufre un dolor tan grande, es incapaz de producirlo en otra persona porque sabe lo que significa. Todos los organismos de Derechos Humanos son un ejemplo de eso.
Hizo mención a la militancia por los derechos humanos y usted, justamente, tiene un rol activo en la Comisión Memoria, Verdad y Justicia.
Cuando a uno le pasan estas cosas se puede quedar en su casa y morirse de a poco (las ganas las tuve) o hacer algo. La militancia es lo único que me permitió sanar y seguir con vida. La única manera que encontré fue comprometerme a cambiar la realidad. No sé si lo voy a lograr pero sí voy a aportar mi granito de arena para que cambie.
Cada 21 de septiembre supongo que confluye esa militancia con el recuerdo de Mariano.
Yo, en general, los 21 estoy triste y es algo que no lo puedo manejar. Pero cuando termino estoy distinta, los chicos me cargan de energía. Uno trata de equilibrar la pérdida con buscar un futuro donde nunca más haya otros Marianos u otros Daríos. Eso es la utopía, pero también es lo que me permite caminar.
Como decía Eduardo Galeano, ¿cómo se fortalece para seguir persiguiendo el horizonte?
Militando. Es la única manera. Tratando de que los jóvenes se apropien de herramientas y aprendan a defender sus derechos. Estos tiempos son tiempos duros donde hay que resistir.
Ago 29, 2018 | Comunidad, Novedades
4ta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil.
Familiares y amigos de víctimas de violencia institucional y represión policial encabezaron la cuarta marcha nacional contra del gatillo fácil. Los rostros de jóvenes asesinados por las distintas fuerzas de seguridad se replicaban en cada esquina, remera, pancarta y bandera. Sus madres adelante, tomándose las manos, abrazadas, gritando y cantando al unísono por justicia para sus hijos. Detrás, una caravana las seguía de cerca durante las tres horas que duró la movilización hacia Plaza de Mayo.
“Venimos a reclamar por las vidas que el Estado nos arrebató. Para que ninguna madre más tenga que golpear puertas, llorar, suplicar y humillarse. Hoy más que nunca pedimos justicia por los más de 5.600 pibes. Porque todos son mis pibes, no sólo mi hijo Luciano. Así como por las 3.200 chicas desaparecidas por trata. Acá falta Johana Ramallo”, dice Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga, tras beber un poco de agua para recuperar la voz incansable de dar aliento a sus compañeras. A un costado, una joven ayuda a su hija de no más de tres años a enderezar su cartel con la cara de Diego Nuñez. “El mismo día que cumplía 19 años a Diego lo mató el agente de Interpol Pablo Alberto Carmona de cinco disparos, en un palier de un edificio en Caballito. La escena del crimen fue modificada, le plantaron un arma en la mano derecha, cuando él era zurdo. Todos los 19 de abril en mi barrio de La Boca hacemos un festival en su nombre para recordarlo y hoy estamos acá para que esto no pase más”, cuenta Camila Nuñez a más de seis años del crimen de su hermano.
La marcha se detiene en la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí frente a la placa recordatoria de Gastón Riva, asesinado por la represión policial del 20 de diciembre de 2001. Se canta en su nombre para luego reanudar camino hacia la plaza. “El gatillo fácil y la represión en los barrios humildes de la Argentina nunca cesó, pero en estos dos años y medio recrudeció. La mayor cantidad de policías la están poniendo no para prevención sino para represión. Hemos visto en los juicios por violencia institucional que hemos estado llevando a cabo muchas absoluciones a policías, cuando tenían todas las pruebas en su contra para ser condenados. La justicia mira para otro lado y responde a los intereses de este Gobierno que elogia a un personaje como Chocobar, un policía que mató a un chico por la espalda”, denuncia Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Los rostros de jóvenes asesinados por las distintas fuerzas de seguridad se replicaron en cada esquina, remera, pancarta y bandera.
Según el último archivo de casos 2017 de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), 5.462 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983, 725 bajo la gestión de Cambiemos en 721 días de gobierno, un muerto cada 23 horas. “Este nivel de liberalismo solo se sostiene con un alto grado de represión. Cuando se le da rienda suelta a la fuerza policial para actuar impunemente, se termina en casos de gatillo fácil. Es un aparato represivo que funciona con la complicidad de las distintas organizaciones afines a ese modus operandi”, sostiene la diputada Gabriela Cerruti, quien adhirió a la convocatoria, en diálogo con ANCCOM.
Según datos del CELS, en consonancia con el informe de CORREPI, el grupo poblacional más afectado por la violencia policial son los varones de entre 15 y 27 años, el 65% de los asesinados por funcionarios policiales. “German tenía 22 años. Trabajaba en un frigorífico de Merlo, después de dos años lo pusieron en blanco y ese día salió a celebrarlo en una fiesta en el barrio Parque Sol, donde lo mataron. El gendarme Felipe Villalba, vestido de civil, sacó su arma reglamentaria y sin mediar palabra le pegó un tiro en el pecho. German cayó inconsciente al piso y lo remató de un disparo en el pómulo izquierdo. A los dos meses a Villalba lo trasladaron a Tucumán y aún sigue libre”, relata Emilia, hermana de Germán, tras pedir a los presentes que acompañen a su familia en el juicio en la Fiscalía de Morón, el próximo 21 y 22 de noviembre.
Las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social, según CORREPI, son los fusilamientos de gatillo fácil (44%) y las muertes de personas detenidas (40%). Desde su creación, en enero de 2017, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires –fruto de la fusión de la Metropolitana y la Federal– mató a más de dos personas por mes. El próximo martes comenzará el juicio oral y público contra Adrián Otero, uno de sus efectivos, acusado de asesinar el 15 de julio de 2017 a Cristian Toledo, de 25 años, vecino de la Villa 21-24 de Barracas y conocido como “Paragüita”. De 24 casos de gatillo fácil de la policía porteña, Otero es el primero en ser llevado al banquillo imputado por homicidio calificado. “Se supone que ellos nos tienen que cuidar, no matar. No quiero que esto vuelva a pasar”, dice al tomar el micrófono Leónida Medina, mamá de Cristián, en tono apenas audible por la conmoción.
El comunicado elaborado por los familiares y organizaciones convocantes era contundente: no se trata de casos aislados sino de múltiples formas de represión ejercidas sistemáticamente y dirigidas fundamentalmente a los jóvenes de los barrios más humildes. Es el recrudecimiento de un sistema de políticas represivas de la mano de un gobierno que promueve el gatillo fácil como política pública.
Luego de casi cuatro horas entre movilización y concentración y de los testimonios de madres, hermanos, hijos y amigos de las víctimas, los manifestantes reunidos en Plaza de Mayo empiezan a dispersarse con el dolor a cuestas y una misma consigna: “Ni un pibe ni una piba menos, ni una bala más”.
Mirá la fotogalería de ANCCOM:
Jun 26, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
Ivonne Kukoc, madre de Pablo Kukoc, asesinado por el policía Luis Chocobar.
“Somos las voces de los hijos que nos sacaron. Hay que difundir, hay que moverse. No tenemos a los medios de nuestro lado pero no hay que dejar de dar la pelea. Tenemos los medios alternativos, tenemos a los compañeros para resistir y luchar”. Roxana Cainzos es la madre de Nehuen Rodríguez, un joven de 18 años que el 15 de diciembre del 2014 decidió salir con su moto desde La Boca en dirección a Parque Patricios para festejar el ascenso de Huracán. En la esquina de Brandsen y Carrillo, un patrullero de la entonces Policía Metropolitana que pasaba a toda velocidad lo atropelló. Nehuen murió en el acto.
Roxana no es la única que reclama por su hijo. Nehuén tampoco es el único que murió a manos de la impunidad policial en La Boca. En los últimos años se registró un gran despliegue de violencia por parte de las fuerzas policiales. El nivel de impunidad que prevalece y la violencia institucional que recorre día a día cada una de las calles del barrio y que se legitima, actualmente, bajo la lógica de la llamada Doctrina Chocobar.
Ivonne Kukoc es la madre de Pablo, que -tras asaltar a un turista- murió en diciembre de 2017 en La Boca, a los 18 años, baleado por la espalda por el policía que dio nombre a esa doctrina oficial, Luis Chocobar. “¿Cómo pueden festejar la muerte de una persona? El mensaje de Macri es que hay que salir a matar pero creo que nunca leyó la Constitución Nacional porque acá en la Argentina no existe la pena de muerte. ¿Cómo el Presidente de la Nación puede celebrar eso y reconocer a quien asesina como un héroe?”, se pregunta Ivonne. Y cuenta que Pablo había tenido problemas de adicción y lo que necesitaba era ayuda pero “no cuatro tiros por la espalda” y continúa: “Si bien pareciera que están para cuidarnos, Chocobar hizo todo lo contrario. Mi hijo no lo atacó, no fue un enfrentamiento”.
Lucas Cabello tiene 23 años. Vivió la violencia institucional en carne propia. En noviembre del 2015, cuando volvía de una panadería del barrio, un policía de la entonces Metropolitana, Ricardo Ayala, decidió pegarle tres tiros. Lucas afirma no saber cómo logró sobrevivir pero lo que más le sorprende es el hecho que, “no sólo dijeran que el policía había actuado en legítima defensa sino que (Maria Eugenia) Vidal (por entonces ministra de Desarrollo Social del gobierno porteño) haya salido a decir que supuestamente se trataba de un caso de violencia de género. La actual Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires salió a decir esa barbaridad y después no se disculpó. No recibí ni un llamado para ver si necesitaba algo. Sé muy bien que nunca lo va a hacer. El Estado nunca se acercó”.
En materia judicial cada uno de los casos se encuentra en instancias distintas. Roxana Cainzos reconoce que “fue todo un trabajo de hormiga: hablar con los testigos, reunirlos con los abogados para sacar conclusiones, tener copia de la causa. Un año después de la muerte de Nehuen me compraron el abogado y así dieron el segundo sobreseimiento”. Pero continúa: “Gracias a la lucha y después de muchas idas y vueltas en abril de este año se llevó adelante el juicio oral y público que terminó con la condena a Germán Castagnasso, el chofer del patrullero, a tres años: una pena excarcelable. Yo creo que tendría que estar preso pero, al mismo tiempo, viendo cómo está actuando la justicia y más en este contexto con el gobierno neoliberal hay mucha impunidad”.
Lucas Cabello, en la misma línea, insinúa con desesperanza: “Si al policía que atropelló a Nehuen le dieron tres años, en mi caso que no me mataron, ¿cuánto le van a dar? A Pablo (Kukoc) también lo mataron y encima lo festejaron”.
Mientras tanto, Ivonne continúa con los interrogantes: “¿Justicia? Para mi justicia sería que me devuelvan a mi hijo, devuélvanme a Pablo y ya está, está todo bien. Pero sabemos que no puede volver. Entonces yo ya perdí. A mí no me interesa la venganza ni que metan preso a Chocobar, yo sólo quiero que no sea más policía pero para que ningún otro chico tenga que pasar por lo que pasó Pablo”.
Llegar hasta donde llegaron de ninguna manera es fácil. Roxana relata que “en un momento teníamos que tomar pastillas para dormir. Fue un proceso muy difícil y sigue siendo difícil”, afirma y continúa: “Yo era una vecina común y todo esto lo miraba por televisión. Al comienzo me costó mucho. De a poco empecé a meterme en la multisectorial de La Boca Resiste y Propone y, de esa manera, las otras organizaciones se fueron enterando del caso. Comencé, poco a poco, a caminar por todos los espacios del barrio para que pudieran estar al tanto, para difundir y para que apoyaran la causa. Me sentí muy protegida, me siento muy abrazada por todos los vecinos y todas las organizaciones pero al mismo tiempo me encontré con muchas trabas: desde el Estado nunca hubo una respuesta”.
El proceso de lucha es largo. “Es horrible vivir sin mi hijo -afirma Ivonne-. No sólo murió él sino que atrás lo hizo toda la familia. Acá en La Boca mataron a muchos chicos. Hay madres que me vienen a buscar pero yo por ahora no quiero ir a ninguna marcha, no porque no quiera justicia para mi hijo sino porque no puedo creer lo que me está pasando. Me duele muchísimo, me cuesta un montón. Siento que nada me va a conformar”. Y continúa: “Hay que ayudar a los pibes, hay que darles una mano. Ellos están pidiéndolo a gritos. No podemos felicitar a la gente que mata, ¡somos seres humanos!”.
Mientras tanto, Lucas sostiene que “aunque a veces no tenga ni ganas de levantarme y quiera terminar con todo, hay algo del otro lado que me dice: ‘Dale, levantate’. Todavía no me acostumbro a no poder mover las piernas. Lo tengo siempre presente, hasta sueño todavía con ese día pero no me acostumbro a esta vida. Puedo decir que el motor es mi hija y el hecho de saber que somos muchos, que estamos comunicados y que tengo la suerte de estar vivo para poder contar lo que me pasó”, continúa y asume con orgullo que “eso lo siento como una responsabilidad: muchas madres me han dicho que soy como el hijo de todas ellas”.
Roxana entiende que, actualmente, existe un gran avance de la violencia institucional y que “es preocupante cómo se está dando todo. Dicen que los chicos son peligrosos y los peligrosos son ellos” pero no pierde las esperanzas porque asegura que “con todo lo que ya vivimos hace 40 años nos queda la conciencia colectiva, eso que nos enseñaron las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, es a eso a lo que tenemos que apostar y transmitírselo a nuestros pibes que son el futuro. Tendremos Justicia Social, de eso estoy segura”.
