Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, con su balance de 2020 a marzo de 2021. ANCCOM conversó con referentes de instituciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos en Argentina sobre la situación en el país.
Que el covid-19 haya dejado en evidencia problemáticas preexistentes y que las haya profundizado no es ninguna novedad. La llegada de la pandemia agravó de manera considerable la economía de nuestro país, como así también lo hizo con el resto del mundo. Al comenzar 2020, el continente americano era la región más desigual del mundo. Luego de iniciada la pandemia, la situación empeoró significativamente, sumando 22 millones de personas en la pobreza y 8 millones en la pobreza extrema. Según datos publicados por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina), en diciembre del año pasado el 40% de la población del país vivía bajo la línea de la pobreza y el índice de desempleo trepó al 11%.
Como señala el informe, las medidas tomadas para frenar la propagación de la pandemia impactaron en la vulneración de algunos derechos. En Argentina se advierte un aumento de la violencia contra mujeres y niñas -según datos relevados en 2020 se cometieron al menos 298 femicidios-; proliferación de denuncias por desapariciones forzadas; abusos por parte de los Estados; vulneración de los derechos de las comunidades indígenas, de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo; como así también quebrantamiento de los derechos sexuales y reproductivos.
Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, afirma que desde la organización estuvieron alertas sobre los distintos impactos de la crisis de la pandemia. “Desde Amnistía relevamos más de 30 casos de violencia institucional durante el 2020. La mayoría tuvieron relación con las medidas restrictivas y de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). Si bien sabemos que la violencia institucional no es un problema exclusivo de la pandemia y es algo histórico en nuestro país, el aumento de facultades a las fuerzas policiales, sobre todo en el ASPO, incrementó el problema”, asegura. El informe relata los incidentes ocurridos en la provincia de Formosa, el 5 de marzo de 2021. Allí describe que las fuerzas de seguridad reprimieron de forma violenta a manifestantes que salieron en protesta por las medidas restrictivas que estaba tomando la provincia. Según datos relevados por Amnistía, más de 100 personas resultaron heridas y 80 detenidas. Se difundieron imágenes de heridos de bala de goma en múltiples lugares, impacto en ojos, cara, pecho y brazos. Como así también denuncias de golpes mientras estaban siendo detenidos, estando ya reducidos.
«La violencia institucional se incrementó en el ASPO», dice Garone.
La pandemia además impactó de lleno la situación de los migrantes y refugiados. “En Argentina hicimos una encuesta a principio de la pandemia respecto al acceso de migrantes a asignaciones sociales o al ingreso familiar de emergencia (IFE) y sólo un 20% de pudo acceder al IFE”, afirma Garone y agrega como algo positivo la derogación de un DNU del año 2017, que modificaba la Ley de Migraciones, introduciendo reformas regresivas en términos de derechos de personas migrantes.
Respecto al aumento de la violencia a mujeres y niñas por el aislamiento, la línea 144 de denuncias aumentó un 39% del promedio diario de sus llamadas, correspondiendo el 89% a casos por violencia doméstica. Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de los Derechos del Niño, asegura que hay una cifra que no es transparente respecto a los abusos sexuales infantiles. “El encierro, no poder salir, ha provocado que no puedan conectarse con el afuera y no pueden contarle a nadie lo que les pasa. Se ha vuelto tan intradoméstico que no se lo pueden contar a nadie”, asegura. Entre 2018 y 2019, según un informe publicado por UNICEF, 46% de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes sucedieron dentro del hogar de la víctima, el 5% en la vivienda de un familiar y el 90% de los agresores son de género masculino. “Lo que falta en la Argentina son lugares de atención”, asegura Schulman y agrega que muchas veces las niñas víctimas de abusos sexuales hacen la denuncia, pero se ven movilizadas dentro de un sistema que no logra atenderlas de la manera que correspondería: “No puede ser que una niña que es víctima de un abuso sexual haga una denuncia, vaya al hospital y no la atiendan, después la mandan a un juzgado y del juzgado la mandan a otro lado. Al final, hay casos de niñas que ya no quieren hablar más: ´Ya lo conté un montón de veces´, dicen. Todo esto se ha agudizado muchísimo como problema”.
A las situaciones de abuso también se le suma la distribución desigual en las tareas de cuidado. Según los datos relevados, el 64,1% de las tareas domésticas fueron realizadas por mujeres, como así también las tareas de apoyo escolar y de cuidado de personas, siendo estas el 74,2% y 70,3% respectivamente. Sobre esto, Schulman afirma que aumentó considerablemente el doble trabajo. Sumándole al trabajo formal el doméstico. Según datos del informe, el trabajo no remunerado doméstico y de cuidados representaría el 16% del producto bruto interno si fuera remunerado. “Al estar más tiempo en casa, se las carga más de responsabilidades domésticas: darle de comer al hermanito, ayudarlo con los deberes y los quehaceres de la casa son trabajos que desde hace muchísimos años se les atribuye a mujeres y niñas”, cierra.
Según el INDEC, la pobreza en la Argentina superó el 40%.
Respecto de los derechos de las comunidades indígenas el informe resalta que estos grupos fueron una de los más afectados, profundizando su situación de vulnerabilidad y discriminación. Durante el último año, Amnistía Internacional registró más de 20 casos en los que las comunidades indígenas se vieron afectadas en sus derechos, sumándose a más de 200 casos que vienen registrándose en los últimos años. Claudia Gotta, secretaria Nacional de Pueblos Originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en la Regional Rosario, asegura que es una deuda histórica la situación territorial de las comunidades. Si bien se puso en juego, desde el año 2006 la Ley 26160 -que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país- demanda la necesidad de dar solución al registro de todas las comunidades y de los territorios de las comunidades para evitar los desalojos: “La situación territorial varía según el lugar del país en el que analicemos esta situación. De norte a sur se repiten los desalojos, los despojos y los saqueos de la mano del capital y del mercado, el avance del sistema neo extractivista implica para muchos de nuestros hermanos la amenaza constante a sus territorios. Por supuesto que la pandemia trajo consigo una situación mucho más agravante”.
Durante 2020 el gobierno declaró a la minería como sector esencial, esto trae una gran preocupación dentro de las comunidades debido a los proyectos para extracción de litio. “En Salinas Grandes, las comunidades indígenas seguían exigiendo información sobre los posibles impactos de la minería en sus fuentes de agua”, asegura el informe. Noelia Garone advierte que en Jujuy reclaman por la falta de información adecuada para poder dar su consentimiento informado sobre posibles proyectos en sus comunidades. Sobre la situación socio-sanitaria, Gatto agrega que el avance del modelo hegemónico productivo está haciendo estragos en muchas de las territorialidades de las comunidades: “El modelo transgénico sojero no solamente ha garantizado la tala sistemática del monte nativo, sino que al avanzar con este modelo unívoco ha envenenado suelos y aguas”, asegura.
El informe rescata como buenas noticias la sanción de la Ley 27610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sin embargo, también destaca las dificultades de acceso a derechos sexuales y reproductivos. Melina Ceccato, psicóloga e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, advierte que desde su organización realizaron un relevamiento y se encontraron con que, en el contexto de pandemia, hubo un aumento de las barreras al acceso de derechos de salud sexual y reproductiva por varios factores. En primer lugar, la pérdida de sentido de la temporalidad. “Al principio de la pandemia parecía que el mismo día se repetía día tras día al estar en el confinamiento en las casas”, asegura. Como así también un retraso al acceso a métodos anticonceptivos por no estar incluidos como una prestación esencial en los efectores de salud. Agrega también una dificultad al acceso a estos métodos en los confinamientos que se hicieron en los hoteles, en donde se hacían seguimientos médicos a cada persona que se encontraba aislada, se proveían medicaciones prescriptas pero los anticonceptivos no estuvieron contemplados. Se produjo una demora en las consultas de salud sexual debido a las restricciones de circulación y al mismo tiempo, la dificultad debido a las brechas tecnológicas. “En muchos efectores de salud se comenzó a brindar información sobre funcionamiento y también atención a través de medios digitales y una gran parte de la población que no tiene acceso quedó por fuera de eso”, asegura Ceccato.
En diciembre del año pasado Argentina renovó su compromiso en el marco del Acuerdo de París, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otorga mayores compromisos a los países desarrollados, como mayores responsables de la crisis climática. Garone remarca que es un compromiso exigente, teniendo en cuenta que nuestro plan productivo económico sigue dependiendo de los combustibles fósiles, cuando la crisis climática requiere de un abandono de este tipo de combustibles por energías mucho más limpias y sostenibles. “La salida de la pandemia es una buena oportunidad para avanzar de manera definitiva en una acción coordinada entre todos los países porque la crisis climática es como la pandemia, no puede ser la acción de un solo país. Se necesita de una cooperación internacional entre todos los países, donde todos se comprometan a mejorar sus compromisos, y que lo hagan en la práctica”, cierra.
“Vos ves las caritas de las fotos y no se puede creer, yo no lo puedo creer. Para mi todos los días son 4 de febrero, porque es muy difícil imaginármela de otra manera que no sea viva” dice, en voz baja y quebrada por las lágrimas, Laura Calampuca, mamá de Natalia Melmann. Hoy se cumplen 20 años desde que su hija fue secuestrada, violada y asesinada por un grupo de policías en Miramar. Natalia tenía 15 años cuando encontraron su cuerpo con el ADN de sus cinco femicidas. “Una -subrayas- quisiera estar en el lugar de ella, y que esto no le haya sucedido a ella sino a mí”.
Laura Calampuca y Gustavo Melmann se habían mudado a Miramar en 1992 con sus cuatro hijos, para que ellos crecieran en un lugar tranquilo. “Fue una nena muy querida, habíamos tomado la decisión de cambiar nuestras vidas e ir a un mundo mejor. Encontramos una ciudad que era para nosotros la ciudad de los niños, Miramar”, dice Gustavo, quien por momentos se quiebra cuando habla de cómo era su hija. “Nati era un ente totalmente solidario, siempre pensaba en los demás, quería en ser obstetra, no pensaba tener hijos, quería adoptar porque decía que había muchos chicos en la calle que necesitaban padres, y estos le cercenaron la vida”.
Miramar tenía 7 mil habitantes cuando fue secuestrada en plena calle a la salida de un boliche, entregada por Gustavo “Gallo” Fernández, quien vio su pena reducida a 10 años de prisión. Laura cuenta que fueron a la Comisaría ese mismo 4 de febrero. “La Comisaría lo sabía, el intendente lo sabía, el comisario lo sabía”, Laura se queda en silencio y agrega: “Hasta el pueblo sabía quién la había matado.”
Natalia fue encontrada cuatro días después de su desaparición en una casa abandonada de Copacabana, un barrio alejado del centro, había sido ahorcada con el cordón de sus propias zapatillas. “No me permitieron verla, tenía una mamá que la quería ver. Nadie se animaba a venir y decirme mamá ya está, ya lo encontramos. Estaba todo el pueblo en el vivero, menos yo, que seguía esperando en la puerta de los bomberos para salir a Mar del Sur a buscarla.”
De los cinco asesinos, sólo tres están presos: el sargento primero Oscar Echenique, el cabo primero Ricardo «el Mono» Suárez y el sargento primero Ricardo «Rambo» Anselmini. Laura cuenta que en el juicio desfilaron muchos policías ofreciendo testimonios falsos para proteger a los asesinos. Los tres habían logrado salidas transitorias en 2017, que la familia consiguió que fueran revocadas, uno de ellos vivía a cuatro cuadras de la casa de Laura y habían puesto una patrulla policial para proteger a los asesinos. “Yo veía la patrulla e iba y les preguntaba a los policías: ¿Por qué ustedes, la policía como institución, asesinaron a mi hija?”
Pese a las amenazas que la familia de Natalia ha recibido por parte de los familiares de los ya condenados, que llegaron incluso a dejar mensajes en su tumba, no piensa moverse de Miramar. “Me quedé a vivir acá, porque no podía vivir en otro lugar en que ella no estuviera, y para que cuando me vieran a mí la vieran a ella, a ella viva.”, dice Laura.
Ricardo Panadero, el cuarto sospechoso, que fue parcialmente identificado por muestras de semen en el cuerpo de Natalia, recién en el 2018 fue nuevamente llevado a juicio. Había sido sobreseído y apelado en varias oportunidades sosteniendo que las pruebas no eran concluyentes, su muestra de ADN había arrojado un 97 por ciento de similitud con la encontrada en el cuerpo de Natalia.
Por otro lado, la familia de Natalia exige que se avance sobre la investigación del quinto ADN encontrado en el cuerpo de ella, su quinto asesino se encuentra libre. “El ADN ya está, estuvo en el cuerpo de Nati” dice Laura.
Familiares y amigos reclaman justicia desde hace 20 años.
Para su mamá y su papá no pasaron 20 años, aunque sus asesinos queden libres en dos años, cuando cumplan con sus condenas, la pérdida y el vacío resuena en la casa de Laura que con la voz bajita de llanto contenido dice: “A ella le escribo todos los días, a cada rato, cada cosa que se me pasa por la cabeza se la escribo, diciéndole todo lo que siento, todo lo que pasa, como si estuviera acá, está acá, está en casa”.
Hoy en conmemoración y junto con la Secretaría de Derechos Humanos se colocará una placa con la foto de Natalia para recordarla en la plaza central de Miramar como víctima de violencia institucional y violencia de género. “Por amor seguiremos luchando -asegura la mamá-, es el compromiso que tomamos con Nati. Aunque nos lleve toda la vida que todos los responsables vayan a la cárcel.”
«La causa de Facundo atraviesa todas las miserias de nuestra sociedad donde nadie queda bien parado», dice Aparicio.
El 30 de abril Facundo Astudillo Castro salió de su casa, en Pedro Luro, con dirección a Bahía Blanca para encontrarse con su expareja. Pero durante el camino, el joven de 22 años fue detenido por la Policía bonaerense y nunca llegó a destino. Luego de más 100 días desaparecido, el pasado miércoles se confirmaron las peores sospechas: los restos hallados el 15 de agosto en un cangrejal de Villarino Viejo coincidió con su ADN, información que fue confirmada por la jueza federal María Gabriela Marrón. La autopsia se realizó el 25 de agosto bajo los protocolos de Minnesota, aplicado para los casos de muertes ocurridas en custodia de fuerzas de seguridad y el resultado final puede demandar entre 30 y 60 días.
Durante los últimos días se detectó, a través de informes de geolocalización, que un patrullero Toyota Helios estuvo el 8 de mayo en el lugar donde se encontraron los restos óseos del joven de 22 años. El patrullero en cuestión fue peritado hace dos días por el especialista Marcos Herrero y su perro ‘Yatel’ siguiendo las tomas de olor de Astudillo: “El perro destrozó la parte trasera del Toyota Helios, el resultado del procedimiento fue positivo”, confirma Leandro Aparicio, el abogado de la familia Astudillo Castro.
Para el futuro de la causa será clave el rol que tengan aquellas personas que vieron por última vez a Facundo: “Hay testigos amenazados, testigos aterrorizados que no pueden salir de la casa. Se lo dijimos al Presidente, al Gobernador, ya no sabemos a quién más decirle. Es preocupante el poder que tiene la Policía bonaerense”, advierte Aparicio.
El pasado lunes, además de dialogar por 40 minutos con Alberto Fernández, la madre de Facundo, Cristina Castro, Aparicio y Luciano Peretto –el otro abogado de la querella– se reunieron con otras autoridades nacionales y provinciales: “A Sabina Frederic le expusimos todos los pormenores de la causa. También conversamos con el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, y con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla”. El balance de las reuniones fue positivo para Aparicio: “Volvimos desde Buenos Aires con la designación de dos fiscales que van a intervenir junto con el fiscal que ya recusamos dos veces”. El abogado defensor de Cristina Castro en más de una ocasión hizo pública su disconformidad con el accionar del fiscal federal a cargo del caso, Santiago Ulpiano Martínez.
Castro se reunió con el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y la ministra de Seguridad Sabrina Frederic.
¿Cómo continuará desarrollándose la causa tras la aparición sin vida de Facundo? ¿Por qué desde la querella continúa la firme convicción de que hubo una responsabilidad directa de la Policía bonaerense en la muerte de Facundo?
A partir de la aparición de los restos de Facundo, la causa está tomando un ritmo vertiginoso con situaciones que no imaginábamos. Durante los últimos días continuamos tomando testimonios vía Zoom, los cuales confirmaron nuestra hipótesis de que Facundo Castro fue víctima de una desaparición forzada a manos de la policía. El cuerpo que apareció el 15 de agosto fue plantado en ese lugar: Facundo de ninguna manera pudo caerse de un puente o ir por un río. La zona donde fue hallado el cuerpo no tiene forma de explicarse racionalmente. Era un esqueleto sin rastros y con una zapatilla intacta a 20 metros. Ya no sé si es una torpeza más de este protocolo de encubrimiento o si es un mensaje de la Policía bonaerense para nosotros, para el Presidente o para el Gobernador.
Se sabe que el hallazgo del cuerpo fue parcial, ¿hubo nuevos indicios en la zona de la aparición de los restos?
Sí, escalofriantes. Anteayer unos pescadores se acercaron y dijeron que nuevamente había restos humanos: encontraron un maxilar y llamaron al Equipo de Antropología Forense. Les dijeron que ese maxilar no se correspondía con el de Facundo. O sea que en ese lugar ya tenemos dos cuerpos. Uno es de Facundo y el otro no sabemos de quién es. Todavía no sabemos si hay más cuerpos. Quizás estemos en presencia de un cementerio clandestino de la Policía bonaerense.
Usted ha cuestionado en varias ocasiones las respuestas estatales con respecto al caso ¿Qué diálogo han tenido en los últimos días con el Gobierno nacional?
Cristina Castro tiene una comunicación permanente con el Presidente. Como es de público conocimiento, estuvimos reunidos con él en la quinta de Olivos. Habló con Cristina durante 40 y 50 minutos. En este gobierno hay un matiz distinto con respecto a la gestión anterior. El gesto de un presidente de invitar a la mamá de un desaparecido que pide la renuncia del ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires no es un gesto casual. Sin embargo, desde quienes integran hoy el Frente de Todos salieron desesperados a pedir por Santiago Maldonado y en este caso se quedaron callados. Facundo no era anarquista, ni socialista: era del Frente de Todos. Si no salen a pelear por los desaparecidos de su movimiento, están condenados al fracaso.
¿Qué opina del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires?
Berni era carapintada en 1987. Durante el menemismo, en los noventa, fue espía de los mineros de Río Turbio. Después, se jactó de tener el “desalojamiento más pacífico de la historia” con un saldo de tres muertos. Berni está camino a ser el nuevo Bolsonaro.
«Vamos a mostrarle a todo el mundo que la policía está relacionada con la Justicia y con el narco», dice la querella.
¿Cómo analiza el rol del periodismo en este caso?
Algunas esferas del periodismo son vergonzosas. Hay un sector del periodismo muy vinculado a los servicios y a la policía. Tenés a Pablo Duggan, Paulo Kaplan, Javier García. Ellos son funcionales para que haya desaparecidos. Y se los dije en la cara. Para que hayan desaparecidos también tiene que existir ese tipo de periodismo. La causa de Facundo atraviesa todas las miserias de nuestra sociedad donde nadie queda bien parado: ni la Justicia, ni la política, ni la policía, ni los periodistas.
Argentina tiene una historia reciente muy ligada con la violencia institucional. ¿Por qué esto sigue ocurriendo y qué ha aprendido en este caso?
La mamá de Facundo me ha enseñado muchas cosas. Ella siempre dice que hay que tener fe y que las cosas se van a solucionar. No solamente el caso de Facundo, sino que se van a aclarar otros casos impunes como el caso de Katherine Moscoso, que la desaparecieron; y después, 300 policías plantaron el cuerpo. Encamino mis esfuerzos y lo que yo pueda aportar en esta causa con la creencia de que junto a ella no solo vamos a descubrir lo que pasó con Facundo; también vamos a mostrarle a todo el mundo la mugre que hay en esta zona, donde la policía está relacionada con la Justicia y está relacionada con el narco. Yo creo en Cristina Castro, no soy religioso pero sí creo en ella. Estoy en esa cruzada acompañándola a que lleguemos a buen puerto por Facundo y por tantas otras personas.
Facundo Astudillo Castro lleva 110 días desaparecido. Fue visto por última vez en la mañana del 30 de abril cuando salió de su casa en Pedro Luro, partido de Villarino (provincia de Buenos Aires), para ver a su exnovia en la ciudad de Bahía Blanca. Aquel día, efectivos de la policía bonaerense lo demoraron para labrarle un acta por violar el aislamiento social, cuyo incumplimiento era estrictamente castigado por las fuerzas de seguridad en diferentes zonas del país. Debido a diferentes irregularidades, la principal hipótesis por parte de la querella apunta a una responsabilidad policial.
El sábado pasado, en la zona de Villarino, se encontraron los restos de un cuerpo que podría ser el de Facundo. ANCCOM dialogó con Luciano Peretto, uno de los abogados que acompaña y representa a Cristina Castro, madre del joven. Ante el último hallazgo, Peretto sostuvo que tanto él como la familia están “convencidos de que hay que batallar legalmente y hay que seguir pidiendo detenciones e imputaciones porque de alguna manera, día a día, se va engrosando la hipótesis de que la Policía Bonaerense tiene responsabilidad en el hecho”. Además, sobre la postergación de la autopsia, afirmó: “me parece que es un gesto más del destrato que está teniendo Cristina por parte del Estado”.
El sábado 15 de agosto por la noche se notificó el hallazgo de un cuerpo en alto grado de descomposición en las afueras de Villarino. Cuerpo que, según algunos indicios, podría ser el de Facundo Astudillo Castro. Después del hallazgo, ¿en qué estado está la investigación hoy?
La aparición del cuerpo, de confirmarse que sea Facundo, lo que hace, de alguna manera es cambiar el fondo de la cuestión. Pasando de una desaparición forzada a un homicidio. Lo que cambia es que en una hipótesis no teníamos el cuerpo y en la otra podemos llegar a tener el cuerpo. Pero la hipótesis principal está robustecida, asentada en pruebas y es la única hipótesis viable dentro de la investigación, más allá de que la Fiscalía no comparta este criterio y un día pida detenciones y al otro día diga que no tiene nada en contra de la Policía Bonaerense. Actitud que desde la querella siempre repudiamos. De confirmarse que el cuerpo sea de Facundo, lo que hace el hallazgo es cambiar la carátula de la causa.
¿Cuáles son los indicios que, hasta el momento, darían cuenta de la responsabilidad de la Policía Bonaerense en la desaparición de Facundo?
Uno tiene indicios cuando tiene sospechas. Pero cuando uno tiene una hipótesis judicial lo que hace es asentar las pruebas. No puedo sospechar de la Policía porque sí. ¿Me preguntás en qué pruebas? Los mensajes de texto que los policías no lograron borrar, los mensajes que quedaron son absolutamente incriminatorios, las actitudes que tiene la Policía durante el rastrillaje, haber desinstalado la aplicación WhatsApp de sus celulares. Además, el hallazgo del amuleto (nota de la r: una sandía en miniatura de madera) de Facundo en la estación policial de Teniente Origone, la contradicción del oficial González en el procedimiento, el apartamiento del protocolo de todos los efectivos policiales que tuvieron contacto con Facundo ese día. La contradicción de decir que hay una señora que lo levanta en el km 750, pero la señora dice que en realidad lo levanta en Origone mismo, que queda en el km 757. Todas esas incongruencias nos llevan a pensar que obviamente la responsabilidad policial existió. Además, hay que circunscribirlo en el ámbito de la cuarentena que sucede el hecho. Una cuarentena estricta, aguerrida. De alguna manera, no podemos darnos el privilegio de pensar que en el marco de esta cuarentena, absolutamente cebada, Facundo tuvo la suerte de cruzarse con cuatro buenos policías, recontragamba, que lo dejaron seguir para Bahía Blanca.
Desde el ámbito del Gobierno nacional y del Gobierno provincial, tanto el presidente Alberto Fernández, como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en su momento aseguraron que no iba a haber ningún encubrimiento. Pero hay una serie de acusaciones en relación al comportamiento del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni…
Los gestos tienen que condecirse con los hechos. Kicillof dice que no va a haber encubrimiento, que van a rodar las cabezas que tengan que rodar. Y Berni, no siendo ningún salame, pero conociendo la realidad como es y la realidad de la causa, tiene dos opciones. O no leyó la causa, o la leyó y se dedica a encubrir. Porque si él lee la causa no puede decir que la Policía Bonaerense no cometió ninguna irregularidad en el procedimiento. No lo puede decir. Entonces, si no la leyó debería ser prudente y callarse la boca. Pero no creo que Berni, un tipo inteligente, no haya leído la causa. Yo creo que la leyó. Pero a pesar de ello, no está dando una lectura clara y conforme a derecho. No puede, bajo ninguna circunstancia, decir que la policía bonaerense ha hecho todo bien en la causa.
En esa misma línea, ¿cómo evalúa el comportamiento del Poder Judicial?
Todo el contacto que ha tenido Cristina Castro (madre de Facundo) con los órganos del Estado ha sido nefasto. Todos. Desde el principio, en la instrucción de la causa en sede provincial, como la consolidación de la causa en sede federal. Cristina no ha tenido diálogo con el fiscal Ulpiano Martínez en ninguna etapa de la instrucción. Una falta de humanidad impresionante. No se le ha avisado cuándo se han pedido detenciones. El fiscal no ha participado de uno solo de los rastrillajes ni de alguno de los allanamientos. Y la verdad que la actitud del juzgado frente a las peticiones que va a haciendo Cristina como, por ejemplo, que se haga la autopsia lo más rápido posible, y el juzgado disponiéndola recién para el martes 25 de agosto, me parece que es un gesto más del destrato que está teniendo Cristina por parte del Estado.
Nosotros tenemos que esperar y definir si este cuerpo que se ha encontrado pertenece o no a Facundo, aunque tenemos grandes indicios para pensar que sí. Pero de alguna manera no nos vamos a quedar pasivos dentro de la causa hasta que eso suceda. Estamos absolutamente convencidos de que hay que batallar legalmente y hay que seguir pidiendo detenciones e imputaciones porque de alguna manera, día a día, se van engrosando las circunstancias que hacen a la hipótesis de que la Policía Bonaerense tiene responsabilidad en el hecho.
La enorme cantidad de casos de violencia institucional refleja un patrón de conducta de la institución policial en el último tiempo.
Cualquiera que haya pisado la provincia de Buenos Aires durante la cuarentena, se pudo dar cuenta que la policía estaba, y está, descontrolada. Eso es innegable. No tienen un norte, están cebados, se usan los patrulleros como autos chocadores, a los pibes se los cagaa palos. Lo que pasa es que, de alguna manera, las fuerzas policiales, durante un montón de tiempo, estuvieron educadas para confrontar y para batallar con una nueve milímetros en la cintura. Aguantándose esas ganas o ese ímpetu de «aplicar la ley». Y durante la cuarentena se les dio vía libre. Entonces soltaron a un pitbull que tenía un hambre bárbaro y se les permitió hacer lo que querían. Y eso no lo digo yo, lo dijo Berni en una nota con LaBrújula24, en Bahía Blanca. Dijo: «Hay que contextualizar la desaparición de Facundo, fue en el momento más crudo de la cuarentena, cuando a la policía mayores facultades le dimos». Bueno, a confesión de partes, relevo de pruebas.
El jueves 19 de marzo a la noche, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que se pondría en marcha a partir del día siguiente el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con el fin de evitar un colapso del sistema de salud a causa de la pandemia que el Covid-19 había provocado. A partir de entonces, los ciudadanos de todo el país solo podrían salir de sus casas para comprar alimentos, medicinas o alguna urgencia sanitaria. Las fuerzas policiales quedaban a cargo de asegurar que la cuarentena se cumpliera.
Lo que siguió a esa decisión fueron cuatro meses de abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad de diferentes distritos, dejando como resultado un estimado de 92 casos de muertes a casua de la violencia estatal, según el último conteo realizado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
“Sabemos, por la experiencia acumulada en casi tres décadas de militancia antirrepresiva, que estos datos son parciales y probablemente sean apenas una pequeña muestra de las cifras reales, que tardaremos mucho en conocer. Aún así, impacta el número, que no es simple estadística, sino que refleja en qué medida la decisión de ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad en esta etapa de excepción resulta en más muertes de hijos e hijas del pueblo a manos del aparato estatal”, reza uno de los últimos informes de esa organización.
Tres policías están detenidos por el asesinato del adolescente Valentino Blas Correas, en Córdoba.
Uno de los primeros casos en ganar notoriedad fue el de Florencia Magalí Morales, la mujer de 39 años que apareció colgada el 5 de abril en una de las celdas de la comisaría de la localidad de Santa Rosa del Conlara, en la provincia de San Luis. Morales se encontraba detenida por haber violado la cuarentena. La hipótesis inmediata que se manejó fue que había sido un suicidio pero esa conclusión no convenció a la familia de Morales ni a varias agrupaciones feministas. Tres meses después, la causa aún no ha podido avanzar.
Si bien el abuso de poder por parte de la policía en nuestro país tiene una larga tradición, el contexto del aislamiento social parece ser un elemento que potenció el problema. “Las fuerzas de seguridad salieron a hacer cumplir el aislamiento, en muchos casos lo hicieron correctamente, en otros abusaron de sus facultades. Algunos integrantes de las fuerzas de seguridad se consideraron empoderados para actuar violentamente. Y las víctimas, en general, fueron los sectores más vulnerables de la sociedad”, declara Guillermo Torremare, co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Otro caso que tuvo un impacto mediático aun mayor fue el de Luis Espinoza, un tucumano de 31 años que vivía en Rodeo Grande y que el viernes 15 de mayo salió de su casa y no se lo volvió a ver, hasta que su cuerpo fue encontrado una semana después en un barranco en la provincia de Catamarca, envuelto en una bolsa y con un tiro en el omóplato izquierdo. El disparo, según se determinó, provenía de un arma reglamentaria de la policía provincial. Diez fueron los uniformados encarcelados con prisión preventiva, de distintos rango: el subcomisario de la zona, dos sargentos, tres cabos, dos agentes, un auxiliar y el vigía de la comuna. El 6 de agosto, en tanto, policías cordobeses mataron al adolescente Valentino Blas Correas, cuando este se dirigía a un bar junto a un grupo de amigos. Tres efectivos están detenidos por el asesinato.
“En la provincia de Buenos Aires se registraron 40 casos, en Santa Fe 10, en San Luis 6, en Córdoba 5, en Tucumán 4, en Mendoza 3, además de algunas provincias con un promedio de un caso cada una. Las fuerzas federales estuvieron involucradas en ocho casos, las fuerzas provinciales en 68, la ciudad de Buenos Aires en 7”, comenta Ismael Jalil, integrante de la CORREPI, y agrega: “Este aumento de casos durante la cuarentena tiene que ver innegablemente con que, de algún modo, lo que se ha hecho es resolver una situación de crisis con un mayor poder para la policía, un mayor poder represivo por parte del Estado, y esto se ve graficado en los números”.
Cristina Castro, la madre de Facundo, espera los resultados de la autopsia del cuerpo hallado en la localidad de Villarino.
En estos días emergió el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años de Pedro Luro que salió de su casa el 30 de abril a hacer dedo en la Ruta 3, rompiendo la cuarentena y que, hasta el momento, más de 100 días después, continúa desaparecido. En el medio, testimonios que declaran haberlo visto siendo detenido por la policía bonaerense en la localidad de Mayor Buratovich, irregularidades y contradicciones de esa fuerza, la aparición de un objeto que podría ser de Facundo en una comisaria y denuncias de aprietes hacia familiares y la ex novia del joven. El sábado pasado por la noche se encontró un cuerpo en la localidad de Villarino y se aguardan los resultados de la autopsia para saber si efectivamente es el de Astudillo Castro y cómo se produjo su muerte.
“Las actividades de las fuerzas de seguridad, en gran medida, están fundadas en un ideario de control social autoritario y suponen la práctica de muchas acciones que implican violencia institucional. Una gran cantidad de policías tortura. Y la mayoría de los y las policías que no lo hacen, no censuran ni denuncian su realización. En Argentina rige un modelo policial militarizado, punitivista, arbitrariamente discriminador, que exalta la mano dura y los procedimientos violentos, que naturaliza los abusos de poder y encubre los delitos propios. Urge reorientar ese modelo policial”, advierte Torremare.
