Nov 20, 2019 | Géneros, Novedades
El CJM se ocupa de recibir denuncias por violencia física, psicológica y económica.
El Centro de Justicia de la Mujer (CJM) abrió sus puertas el 1º de noviembre de 2018 con el desafío de evitar la revictimización en el proceso de denuncia por violencia de género. Este fenómeno ocurre cada vez que una persona debe volver a contar la experiencia que vivió, yendo de un edificio a otro sin que se resuelva su caso. Además de prolongar el sufrimiento y detener el avance de la causa, estas situaciones suelen provocar el abandono de la denuncia. “Lo que nosotros sabíamos es que eso es lo que se le reclama al Estado: la poca o mala intervención o la intervención tardía”, cuenta Vanesa Ferrazzuolo, consejera del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El CJM se presenta como el único recinto en todo el país con: atención integral a casos de violencia de género. El lugar cuenta con un equipo de más de 40 personas especializadas en distintas áreas, que ofrecen una atención interdisciplinaria a las denunciantes. En un año de funcionamiento ha recibido más de 260 casos. El espacio atiende no solamente casos de violencia física si no también psicológica, económica y simbólica.
“El proceso de denuncia se inicia mucho antes: la mujer tiene que armarse de valor para acercarse a denunciar y vos no sabés cuánto tiempo le llevo dar ese primer paso”, afirma Ferrazzuolo, y continúa: “Pero una vez que una persona se acerca a denunciar, tiene que poder resolverlo de manera rápida y eficaz”. El organismo prevé una serie de pasos que efectivizan la denuncia al cabo de unas pocas horas. En un primer momento, se toma el testimonio de la víctima. Luego, se realiza un informe de riesgo que profundiza en las características de la experiencia vivida. El equipo que realiza este informe está compuesto por trabajadores sociales, abogados y psicólogos. Pablo Ibarra, coordinador de las distintas áreas que se desempeñan en el organismo, confirma la importancia de la pluralidad de miradas: “Para investigar un hecho penal, desde el derecho, se investiga el qué, el cómo, el dónde. Son preguntas muy concretas, y no se analiza la historia detrás del hecho. Por eso es esencial la interdisciplinariedad en materia de género, no se puede actuar exclusivamente con perspectiva jurídica, hay que analizar vínculos y múltiples aspectos de la situación”.
Una de las preocupaciones del CJM es no revictimizar a quienes sufren situaciones de violencia.
A partir del informe, se determina el nivel de riesgo al que está expuesta la persona denunciante y se evalúa cómo seguir, siempre con su consentimiento. Si la mujer presenta lesiones, se hace una revisión médica y se registran los resultados. Si precisa un botón de pánico o subsidio habitacional, se gestionan esos recursos. Una vez que se efectuó la denuncia, la persona no tiene necesidad de volver al CJM, ya que el caso se eleva a Fiscalía y se comienza el proceso judicial. Durante ese período, se hace un seguimiento de las denunciantes para ver si las medidas cautelares siguen vigentes, para asesorarlas en patrocinio jurídico si fuera pertinente, para confirmar si es necesaria la atención psicológica.
La presencia del lactario y de la sala de juegos para niñas y niños también revela la importancia de la atención integral. “Hay varios obstáculos que frenan a las mujeres a la hora de denunciar: no pueden faltar al trabajo, tienen que ir y volver varias veces y quizá no tienen plata en la SUBE, o no saben con quién dejar a les hijes. Por eso nos pareció importante ofrecer la juegoteca”, explica Ferrazzuolo. Otra de las barreras ante situaciones de violencia, es el miedo de las mujeres a quedar en la calle. Para estos casos, el CJM ofrece subsidio habitacional. Un atributo importante a su favor resulta en que allí no hay ningún servicio ofrecido a los denunciados, y así se evita que puedan cruzarse ambas partes en el mismo recinto.
Actualmente, el CJM recibe una gran cantidad de denuncias, pero la mayoría son derivadas de otros canales institucionales, como la Línea 144 de Atención a Mujeres en Situación de Violencia o la Oficina de Violencia Doméstica. El objetivo principal actual es que el Centro de Justicia de la Mujer pueda ser conocido en el barrio en el que está, La Boca. En los últimos registros de la Oficina de Violencia Doméstica, la Comuna 4 se posicionó como aquella con los índices más altos de violencia de género, y la mayor cantidad de femicidios de la Ciudad. Toda la zona sur de la Capital presenta una tendencia mayor en comparación con otras zonas de ciudad. “Fue importante ubicarnos en La Boca, aunque lo hubiéramos hecho en cualquier barrio. La violencia es transversal, no distingue de zonas”, afirma la consejera, y agrega: “Es claro que los sectores sociales más desfavorecidos tienen una vulnerabilidad más grande, que también hay que atender”. La idea a futuro es que se replique en otras zonas de la ciudad.
Ferrazzuolo recuerda que cuando a fines del año pasado surgió la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés, hubo un gran caudal de concurrencia. “Algunas solamente venían a ser escuchadas, era la primera vez que hablaban de sus experiencias. Hay momentos en el año más movidos, como el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) o el 25 de noviembre (Día de Acción contra toda Violencia contra las Mujeres)”. El CJM trabaja con otros organismos que asesoran mujeres, como los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), a los que se hacen derivaciones si el caso lo amerita. “Igualmente, tratamos de reducir el paradigma de la derivación constante”, afirma Pablo Ibarra.
Si bien el nombre del organismo refiere a la violencia contra la mujer, atiende todo tipo de abuso de género.
El CJM originalmente tenía el objetivo de ser un centro comunitario de acceso a la justicia, para vincularse con el barrio pero sin acotar su especificidad a este tipo de casos. “La demanda social hizo que la institución se replanteara y virara hacia el acceso a la justicia para víctimas de violencia de género”, recuerda Ibarra. Respecto al nombre, aclara: “Si bien se llama ‘de la mujer’, atendemos a todas las personas que estén en situación de violencia de género. Entendemos a la violencia como parte de relaciones de poder. Es un hecho estructural. Es muy importante trabajar con las diversidades, incluyendo a mujeres y varones trans”.
El recinto se encuentra en Pedro de Mendoza 2689, en el barrio de La Boca y atiende de Lunes a Viernes de 8 a 20hs. Todas las consultas se pueden hacer vía mail (mujer@jusbaires.gob.ar), por teléfono las 24hs (080033347225) o en forma personal.
Oct 16, 2019 | Géneros, Novedades
Según datos oficiales del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres entre los años 2015 y 2018 las llamadas a la línea 144 relacionadas con violencia de género han aumentado en un 65 por ciento, pasando de 48.331 a 79.753 casos.
Ante esta situación, los gobiernos de distintos niveles se ven obligados a tomar medidas precautorias para intentar proteger a las mujeres y niños que sufren violencia de género, quienes no suelen estar bien informados sobre sus derechos y los pasos a seguir para realizar una denuncia. Malvinas Argentinas, Tigre y San Martín son algunos de los municipios de la provincia de Buenos Aires que han avanzado con políticas públicas en el tema.
Un lugar para la Familia
Elizabeth Farese, quien está a cargo de la subsecretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, en conversación con ANCCOM explicó cuáles son las políticas de género implementadas desde el Municipio encabezado por Leonardo Nardini. “Lo que hacemos en la Subsecretaría es asesorar y contener a las mujeres que sufren violencia de género y a los niños en situación de abuso y vulnerabilidad. Se trata de acompañar a la mujer que está sufriendo estas situaciones. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de mujeres no nos estamos refiriendo solamente a la señora que sufre violencia de género, sino que integramos a todos, hasta hombres que pasan por la misma situación”.
Según los datos de la Subsecretaría que fue creada el 11 de diciembre del 2015, los casos de violencia de género en el Municipio fueron aproximadamente diez mil en tan sólo un año y más de veinte mil hasta el 2018. “En nuestra institución, la señora con violencia de género se acerca a la subsecretaría y se la atiende de manera espontánea, las puertas están abiertas de 8 a 18. En recepción sólo le pedimos el nombre y apellido y automáticamente entran a un box privado a hablar con profesionales. La idea es no re-victimizarla y evitar que cuente reiteradamente lo mismo”.
Además, el 8 de marzo del 2019 se creó el Centro Integral para la Mujer de Malvinas Argentinas, un lugar que cuenta con doce departamentos individuales tipo dúplex, en donde las víctimas que no pueden estar en su casa tengan un sitio donde estar protegidas. Entre los proyectos a realizar está en agenda crear la Casa de Niñez y la Fiscalía Descentralizada de Género de Malvinas. Asimismo, se han cerrado la totalidad de los prostíbulos y han incorporado hasta un 60% de personal jerárquico femenino.
Alertas y botones antipánicos
Otro de los Municipios que ha puesto en marcha acciones en cuestiones de género es Tigre -encabezado por Julio Zamora-, que en lo que respecta al área de Fortalecimiento Familiar ha tenido, tan solo en el primer trimestre de este año, 1.652 casos de violencia de género, de los cuales 421 son nuevas denuncias.
Roxana López, encargada de la secretaría de Desarrollo Social Municipal habló con ANCCOM sobre las medidas políticas tomadas y cómo afectan a la población: “Nosotros tenemos el Alerta Tigre y el sistema DAMA que permite que las mujeres se sientan respaldadas y acompañadas. El primero es un botón que las víctimas tienen ante situaciones de violencia. Ellas tocan el interruptor e inmediatamente se comunica un operador con ellas”, comenta Roxana entusiasmada. “Por otro lado, el sistema DAMA consiste en un botón de pánico georeferenciado que les permite a estas mujeres, si lo necesitan, solicitar en apenas dos segundos ayuda inmediata al Centro de Operaciones Tigre (COT) o al 911, quienes se dirigirán al lugar para asistir a la víctima. Actualmente contamos con 250 botones en funcionamiento”.
El municipio también cuenta con capacitaciones financiadas con dinero municipal para reinsertar a la mujer en el ámbito laboral luego de la violencia. “La idea es tener planes en concreto según la realidad que haya sufrido cada víctima para lograr un proyecto de vida”, afirma López. Además, el Municipio de Tigre cuenta también con un Centro Nocturno con cuatro casas convivenciales, que tienen distintas habitaciones para mujeres que sufren violencia de género y niños en situación de abrigo. “En un mes estaremos inaugurando ocho viviendas más para esta causa”, comenta la subsecretaria. Entre las medidas a desarrollar, aparece la propuesta de crear un Consejo Municipal de la Mujer para repensar y a plantear nuevas políticas públicas que tengan que ver con el género y el municipio en general.
Amparos
San Martín, a cargo del intendente Gabriel Katopodis, cuenta con un sistema de protección integral para mujeres que padecen violencia que se divide en tres programas: “Sin Violencias”, “Amparo” y “Tratamiento Grupal para varones con conductas violentas”. Según datos oficiales del Municipio, desde su puesta en marcha en 2012, más de 5.300 mujeres recibieron asistencia. El Programa Sin Violencias realiza cerca de 350 atenciones por mes brindando asistencia gratuita a través de un equipo de profesionales que acompaña a las mujeres en situaciones críticas. Desde la Municipalidad afirman que se trata de un trabajo en conjunto con juzgados de Familia, la Comisaría de la Mujer, fiscalías y otras áreas municipales. Por otro lado, el Programa Amparo está destinado a la protección de mujeres en situación de alto riesgo, a través de un trabajo conjunto con el Área de Protección Ciudadana y la incorporación de dispositivos tecnológicos para la protección y asistencia inmediata, como el botón antipánico y la tobillera a agresores que se coloca por disposición judicial. San Martín también cuenta con una Casa Segura para el resguardo de las víctimas y sus hijos.
Una de las particularidades de las políticas del municipio es el “Programa de Tratamiento Grupal para varones con conductas violentas” que tiene como objetivo reconocer el daño causado, y modificar las prácticas y las formas de vinculación para terminar con la violencia basada en la desigualdad de género.
Un trabajo en equipo
Si bien los proyectos para disminuir esta problemática se han multiplicado, es relevante que estén acompañadas de buenas políticas de salud pública para proteger a las víctimas. Un claro ejemplo es el de Paola, quien sufrió violencia de género por parte de su pareja. Madre de cuatro hijos y tras un hecho del cuál prefirió no entrar en detalles, ingresó al Centro Integral de Malvinas Argentinas con su familia. Sin embargo, una semana después, tuvo que ser operada de urgencia por problemas en su vesícula. Afortunadamente, sus hijos quedaron a cargo del Municipio mientras ella se recuperaba en el hospital municipal. Luego, una vez dada de alta, continuó con la denuncia penal para volver segura a su hogar y valora la asistencia del municipio para poder salir de la situación de violencia.
A pesar de que los municipios están al tanto de estas violencias y tienen políticas para buscar una solución, es llamativo que trabajen por separados y no tengan un proyecto en común. Todos los partidos mantienen un anonimato de sus víctimas por seguridad, pero eso no es un impedimento para juntarse y trabajar en equipo. Elizabeth Farese expresó que tienen una relación, pero no un proyecto en conjunto. “Si hay alguna jornada interactuamos con otros municipios o si hay alguna victima que tiene familia en varios municipios si nos encargamos de que estén al tanto del tema”. Roxana Lopéz también se vio predispuesta a un posible proyecto intermunicipal: “La verdad es que cada uno va por lado, pero tengo intención de hacer algún encuentro de secretarios para compartir y tomar ideas ya que los municipios quedamos muy solos y cada uno resuelve como puede y con los recursos que tiene”. Finalmente, unos de los temas en los que no hubo discusión fue el poco aporte del Estado Nacional a esta problemática. Aunque existen fondos del Gobierno Provincial, frente a un mapa de una crisis económica termina resultando demasiado poco.
Ago 28, 2019 | Géneros, Novedades
“Muchos creen que ser inclusivo es poner un intérprete en lengua de señas, pero eso no es todo”, aclara Mottini.
“Si vivís situaciones de violencia llamá al 144 o buscá algún centro de atención cercano”, suelen enunciar carteles en subtes, trenes y avenidas. Sin embargo, actualmente el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres no contempla la recepción de denuncias de personas sordas. “El mundo está planteado de una forma que las deja afuera, porque estamos mirando con unos anteojos que sólo nos dejan ver a las mujeres que son iguales entre sí”, explica Ester Mancera, psicóloga social y coordinadora del programa Sordas sin Violencia.
Este espacio, creado por la Asociación Civil Enlaces Territoriales y la Equidad de Género y la Fundación Fundasor (Fundación de Padres y Familiares de Personas Sordas para su Integración), está conformado por el primer equipo de asistencia, acompañamiento y acceso a la información para mujeres hipoacúsicas víctimas de violencia de género en toda la región. “Ester y yo veníamos trabajando sobre el tema hace más de 20 años, pero sólo con oyentes. Este era un nicho vacío que ni nosotras mismas registrábamos al principio”, continúa Elisa Mottini, trabajadora social y responsable del Área Salud-Género de la fundación.
La ruta crítica que atraviesan las víctimas de violencia es particularmente dificultosa para las mujeres sordas, ya que también deben enfrentarse a múltiples violencias institucionales cotidianamente. Además de las obvias limitaciones para la comunicación telefónica, los organismos públicos no cuentan con intérpretes de lengua de señas ni con ninguna otra herramienta para poder entenderlas. Así, se dificulta la posibilidad de que hagan una denuncia libremente o puedan pedir asistencia.
La iniciativa de Sordas sin Violencia busca paliar esta exclusión estructural. Desde el nombre y los flyers hasta la página web, todo es discutido y diseñado en conjunto con las víctimas. “Nuestra tarea implica un trabajo de deconstrucción de nuestra mirada para empezar a comprender la suya”, plantea Mottini. “Nosotros hacemos el mismo proceso de acompañamiento que se lleva adelante con una mujer oyente, pero valorizando la necesidad de que se respete la cultura sorda.”
Por este motivo, el primer contacto con las mujeres que recurren a ellas siempre es a través de una compañera sorda. “Muchos creen que ser inclusivo es poner un intérprete en lengua de señas, pero eso no es todo”, aclara Mottini. “Es necesario un conocimiento de todas las violencias que atraviesan la historia de una persona.” Asimismo, cualquier intervención requiere el doble de tiempo que con una persona oyente, especialmente debido a la falta de acceso a la información que padecen. En muchos casos, no pueden comprender los discursos y campañas que circulan en la televisión y en los diarios; pero, además, hay muchos términos –como género o patriarcado – para los que recién ahora se están creando señas. “Como son palabras que no escucharon nunca, no las pudieron apropiar”, agrega.
Estas limitaciones idiomáticas ocasionan que, en general, asocien la violencia únicamente con la pelea física. Por este motivo, este equipo de profesionales apunta a ayudarlas a conocer y exigir sus derechos. La mayoría de las mujeres que pudieron realizar una consulta hospitalaria en el marco de este programa nunca se había hecho un pap ni había tenido acceso a un método anticonceptivo. En el resto de los casos, las experiencias en hospitales habían sido invasivas y mecánicas. “No sabían ni qué les hacían. Un médico las acostaba en la camilla y les hacía abrir las piernas, pero al no contar con una mediadora, no les podía explicar el procedimiento”, relata Mancera.
Tanto la psicóloga como la trabajadora social denuncian una gran infantilización al interior de las familias de las mujeres sordas. “Muchos les sacan su pensión por discapacidad porque creen que no pueden manejarla”, ejemplifican. A su vez, resaltan que hay muy pocos profesionales sordos debido a que la educación no es accesible para ellos. Si bien hay ciertas facilidades en el caso de la primaria y la secundaria, aquellos que deseen seguir estudios terciarios necesitan tener suficientes recursos para contratar a un intérprete que haga la carrera con ellos. Aunque la universidad pública debería garantizarles esta facilidad, actualmente no se cumple esta ley.
En el plazo de tres años y de forma voluntaria, Sordas sin Violencia ya ha ayudado a alrededor de cien mujeres. En retrospectiva, ambas coinciden en que el proceso detrás fue un camino de aprendizaje mutuo. “Entendimos que es necesario incluir a las personas sordas en todas las instancias. Son ellas las que tienen que decir cómo necesitan ser atendidas”, reflexiona Mottini.
No obstante, no sucede lo mismo a nivel gubernamental. Si bien el equipo se ha acercado con propuestas a distintas instituciones, aún no hay ninguna política pública que apunte a desarrollar servicios de asistencia accesible. “Algunas instancias son más permeables y responden a nuestros planteos, pero no más que eso. Muchos nos convocan para preguntarnos cuál es nuestro método, pero cuando les explicamos cómo hay que trabajar, se complica”, detalla la trabajadora social.
En ese sentido, las especialistas subrayan la necesidad de que el Estado empiece a tener en cuenta a las personas sordas para la elaboración de medidas que puedan mejorar su calidad de vida. “No se está respetando la igualdad de derechos. Siempre se argumenta que no hay presupuesto para poner intérpretes en todos lados. ‘Además, ¿cuántas sordas habrá?’, te dicen. Y ni siquiera se sabe, porque nunca se incluyó en el censo”, concluyen.
Si sos víctima de violencia podés comunicarte a https://www.sordassinviolencia.com/
Por SMS y whatsapp al 1172873691 o por mail a sordassinviolencia@gmail.com
Jun 4, 2019 | Géneros, Novedades
Cada colectivo tuvo su representante en la lectura final del documento.
La situación de las mujeres y las disidencias en Argentina es escalofriante: no se termina de contabilizar una cifra estadística de femicidios que, a las horas, ya es interrumpida por una nueva atrocidad de la violencia machista. La quinta marcha del Niunamenos que se realizó ayer con movilizaciones en todo el país no pudo escapar a esa regla macabra: el sábado por la noche, dos jóvenes de la provincia de Córdoba fueron asesinadas a puñaladas delante de sus hijos y se sumaron a los 133 femicidios en lo que va del año -según cifras del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven”-. La enorme potencia verde de la convocatoria de ayer, con la presencia de miles de mujeres, fue a decirle basta, una vez más, a todo eso.
Si -tomando la valiosa palabra de Rita Segato- hablamos de crímenes que enuncian, que tienen claros mensajes y destinatarios, vale decir también que la quinta marcha por el Niunamenos de ayer también fue una enunciación contundente. Y lo fue por muchas razones. Una de las más importantes es que este colectivo, seguido por miles de mujeres que copó Plaza de Mayo y se encolumnó varias cuadras por Avenida de Mayo, buscó visibilizarse representativo de la pluralidad de identidades y colectivos que militan la erradicación de las distintas formas de violencia de género.
“Estamos acá una vez más para tomar las calles y manifestarnos, para decir basta de violencia económica, sexista, racista y clasista contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binaries, gordes e intersex; de la clase trabajadora: ocupades, desocupades, precarizades, piqueteres y de la economía popular, visibilizando especialmente a las mujeres indígenas, originarias, afroargentinas y negras en pos de empezar a saldar la deuda histórica para con ellas y todas las identidades vulneradas por el capitalismo patriarcal y el modelo económico de Mauricio Macri y la alianza Cambiemos, sostenido por su gobierno y los gobiernos provinciales que precarizan nuestras vidas y profundizan todas las desigualdades y las opresiones”, fue el comienzo de la lectura del documento consensuado por las distintas organizaciones feministas en asambleas.
«Las mujeres pasamos muchos años creyendo que teníamos deberes, y lo que tenemos son derechos”, dijo Nora Cortiñas.
Desde un camión que hacía las veces de escenario se leyó el documento del colectivo y la lectura desempeñó, en sí misma, un fuerte papel simbólico: si bien el manifiesto de este año le reservaba a cada una de las pluralidades identitarias y colectivas que lo componen un lugar bien destacado de reivindicación de sus demandas y derechos, la lectura encarnó esa visibilización en los cuerpos que enfocaban las cámaras, con representantes de cada una de esas pluralidades enunciando sus propias realidades y denuncias con espacio y voz propia.
El grito por el aborto legal, seguro y gratuito fue una de las principales demandas, a casi una semana de la nueva presentación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El reclamo fue acompañado por las exigencias de provisión y producción pública de Misoprostol y Mifepristona aprobada por la ANMAT y el cumplimiento de la Interrupción Legal del Embarazo en todo el país, sin restricciones, con las técnicas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con el lema urgente de “¡Niñas, no Madres!” que cobró fuerza en los últimos meses.
“El fenómeno de la violencia contra las mujeres tiene que ver con el avance en la conciencia y el cambio social que implica que las mujeres dejen de callarse y someterse. Las formas del femicidio son una expresión totalmente desesperada, extraviada y desde luego criminal de intentar sostener el dominio masculino sobre mujeres que se desvían de alguna pauta de sometimiento”, le explicó a ANCCOM, durante la caravana, Martha Rosenberg, reconocida médica y psicoanalista integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
“Acá estamos contenidos, necesitamos venir y expresar lo que sentimos para que esto no ocurra más», explicó Alfredo, el padre de Carla Soggiu.
Es que si la llegada de más y más pibas a las calles es el saldo positivo desde la primera convocatoria del Niunamenos, allá por 2015, lo cierto es que las cifras siguen siendo alarmantes y desesperadas. Desde aquel 3 de junio a este 20 de mayo, se cometieron 1193 femicidios en nuestro país, según cifras del Observatorio mencionado. De esa cifra, el 29% de las víctimas tenía entre 15 y 25 años y el 88% de los agresores eran conocidos o de su círculo íntimo. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema también presentó su informe 2018: de los 278 femicidios relevados, el 83% se produjo en contextos de violencia doméstica y el 56% fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas.
Si algo expresa la fuerza de estas luchas es, justamente, el largo pero firme paso de los familiares de nuestras chicas muertas. “Acá estamos contenidos, necesitamos venir y expresar lo que sentimos para que esto no ocurra más… Para que estén todas vivas -reclamó Alfredo, padre de Carla Soggiu, encontrada muerta en el Riachuelo el 19 de enero-. Hace más de cuatro meses estamos esperando que nos entreguen los contactos de los botones antipánico y no nos hacen caso. Lo pide el abogado, lo pide la Fiscalía y no tenemos respuesta. Todavía no sabemos qué pasó con nuestra hija, que estuvo 90 minutos activando el botón antipánico”. A su lado y abrazada a la mamá de Carla, marchaba Marta, la mamá de Lucía Pérez, asesinada en 2016. “Esto no nos puede seguir pasando: como país, no podemos soportar esta desidia con las mujeres. En épocas de crisis, las mujeres y los niños somos los que peor la pasamos. El Estado debe hacerse presente, no puede darles la espalda a las víctimas. Lucía, Araceli, todas esas niñas, desde el cielo, nos están pidiendo que estemos acá reclamando por justicia”, le confió a ANCCOM.
La pluralidad de voces leyendo sobre el escenario le hizo frente a otra compleja pluralidad, la de las distintas formas de violencia contra mujeres y disidencias. La económica tuvo un lugar preponderante en el documento: “La deuda con el FMI, fraudulenta e ilegítima”, “el ajuste” y “los casi 250.000 despidos” fueron parte de un manifiesto que recordó el Cordobazo y exigió la prórroga en la moratoria para la jubilación de amas de casa.
El 29% de las víctimas tenía entre 15 y 25 años y el 88% de los agresores eran conocidos o de su círculo íntimo.
Las organizadoras dijeron que ayer hubo cerca de 100 mil en Plaza de Mayo, aunque sería imposible reducir la marea verde a un número. Tampoco puede simplificarse en una única voz; por eso fue tan potente la lectura en clave diversidad, cada cual con su realidad y todas juntas contra la violencia patriarcal y machista. Uno de los momentos más conmovedores fue la lectura sentida y pausada de Paula Arraigada, del Movimiento Trans Nadia Echazú, exigiendo, sobre el final de sus palabras, “el derecho a una vejez digna” para travestis y trans. “¡El candombe en la calle no es delito!”, gritaron al cierre del discurso de las afrodescendientes. Una multitud de demandas y una pluralidad de voces se levantó allí, sobre ese escenario improvisado del que la fantástica Norita Cortiñas fue espectadora de lujo, primera línea de la enorme columna de miles y miles de mujeres que cerró la movilización con un pañuelazo verde. Y quién mejor que ella, luchadora incansable por los derechos humanos, para recordar por qué hay que copar las calles: “La importancia de luchar es que dejamos de ser invisibles. Las mujeres pasamos muchos años creyendo que teníamos deberes, y lo que tenemos son derechos”.
Jun 4, 2019 | Géneros, Novedades
Sobre el suelo terracota se posan algunas botas, zapatillas y mocasines –todos violetas- que no cubren ningún pie. Los talles: 38, 36, 22, 16. Una inscripción interpela: “¿Quién se pone en nuestros zapatos?” A modo de intervención, los calzados pintados junto a un igual número de cruces representan a las víctimas de femicidios durante el último año y a los hijos e hijas que quedaron huérfanos de madre. La acción la lleva adelante la agrupación Atravesados por el Femicidio, que nuclea a los familiares de las víctimas. “Ellos nos llamaron para darnos un poco de asesoramiento y contención luego de lo de mi hija. El 24 de diciembre de 2017 ocurrió el hecho. Ella y su pareja tenían que venir a pasar la Navidad con nosotros pero al mediodía nos llamaron para decirnos que tuvo un accidente. Nunca nos imaginamos lo que terminó pasando.” Fredy Garnica es padre de una víctima por femicidio. “Hay que seguir luchando porque en realidad todavía no termina esto -continúa-. El gobierno siempre está ausente. Hay algunos del grupo que todavía no reciben justicia.”
La quinta marcha Ni Una Menos fue convocada para las 16 en la Plaza de los Dos Congresos con dirección a Plaza de Mayo. Sin embargo, los puestos de artesanías y comidas comenzaron a instalarse desde las 14, aprovechando el todavía escaso flujo de gente y la posibilidad de estacionar los autos con la mercadería en la proximidad. Las primeras en llegar mataron el tiempo redirigiéndose de puesto en puesto, algunas preguntaban precios, otras sólo apreciaban la originalidad de la mercadería. Desde pines pintados a mano, parches, remeras con las consignas principales –»Hemos decidido conquistar nuestra libertad», «Respetá mi existencia o esperá resistencia»- hasta stands con venta de copas menstruales, toallitas reutilizables, esposas, látigos, preservativos de regalo y fanzines con información sobre sexualidad. Tampoco faltaron los puestos de comida: el clásico de choripán y la venta ambulante, cada vez con más fuerza, de comida vegana o vegetariana, como el pequeño puesto que con letras grandes atraía al público: “Hambur veggie anti-yuta”.
«Son las mujeres y los cuerpos feminizados las que sufren en primer lugar el ajuste», dijo la politóloga Verónica Gago.
Como es característico del 3J, la multitud que abrazó la movilización fue heterogénea. El objetivo que cohesionó a las diversas organizaciones y a independientes fue la intolerancia a que sigan matando mujeres, travestis y trans y el reclamo al Estado para que se haga responsable. Sin embargo, a este pedido, según las diferentes campañas y luchas, se sumaron otros: Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, separación de Iglesia y Estado, Educación Sexual Integral (ESI) en todas las escuelas del país, asistencia adecuada a víctimas de trata, modificación de la Ley Antidiscriminatoria, cupo laboral travesti-trans, reconocimiento a las trabajadoras sexuales, eliminación de prácticas racistas, y otras.
Estefanía Camera Da Boa Morte es activista de la columna Negras, Indígenas, Racializadas y Disidencias, que encabezó por primera vez la marcha Ni Una Menos. En diálogo con ANCCOM, la referente detalló los reclamos del sector: “Pedimos ni una migrante menos, ni una afro menos, ni una indígena menos y la autoproclamación de los territorios -siendo el primero y sagrado: nuestra cuerpa-. Estamos pidiendo la plurinacionalidad, que se deje de invisibilizarnos y de tener practicas racistas, capitalistas y coloniales por no reconocer a las treinta y seis naciones indígenas y a las descendencias afroargentinas que hay en el país y por seguir borrándonos de las historias en todo lo que es el nivel educativo.”
Por otro lado, desde la organización Zona, integrante de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, también se hicieron reclamos específicos. “Reclamamos primero la inclusión laboral travesti-trans en todo el país, la efectiva aplicación de la Ley de Identidad de Género, la actualización a nivel nacional de la Ley Antidiscriminatoria y la aplicación de ESI en todas las escuelas. Sobre todo nos movilizamos en resistencia a la movida conservadora y de derecha”, argumenta Mariana, referente de la organización.
El color verde, que exige la legalizacón de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, tiñó la jornada.
La lucha también tuvo un fuerte reclamo en relación a la crisis económica actual del país. El lema “VivasLibresYDesendeudadasNosQueremos” fue acuñado por el colectivo Ni Una Menos a partir de un consenso generalizado al respecto. La politóloga y militante Verónica Gago explicó la importancia del pedido: “Este 3J nos enfocamos en la situación de la crisis económica, la violencia financiera de la deuda y cómo son las mujeres y los cuerpos feminizados las que sufren en primer lugar el ajuste; estamos haciendo malabares para llegar a fin de mes, para reponer desde las economías populares lo que el Estado ha quitado como infraestructura pública e infraestructura social.”
Para las 18.30, la Avenida de Mayo se encontraba bajo luces artificiales; ya no quedaban rastros del vibrante cielo celeste que alumbró la jornada. En la cabeza de la movilización estaba el colectivo Ni Una Menos y lo acompañaba la percusión interpelante de tambores y redoblantes de Las Tamboras. Luego de rodear la Plaza de Mayo en medio de música y bailes, las presentes se reunieron, cerca las unas de las otras, en silencio, a escuchar el documento que reunía los reclamos. En una plaza colmada de mujeres, travestis y trans que se movilizaron y salieron a las calles una vez más para ejercer sus derechos, alguien levantó un cartel: “Nos quitan tanto, que acabaron quitándonos el miedo.”
