Sep 13, 2016 | inicio
El Colectivo Passarinho, un grupo de estudiantes, profesores y trabajadores brasileños residentes en Argentina, realizó la semana pasada su propio festejo del Día de la Independencia frente a la embajada de su país en Buenos Aires para protestar por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Planean realizar otra acción en octubre, cuando Michel Temer, devenido en nuevo mandatario, llegue de visita a la Argentina.
Al haberse delegado las funciones presidenciales en el representante del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que ostentaba el cargo de vicepresidente en el gobierno de Dilma -referente del Partido de los Trabajadores- el programa gubernamental de política económica que se impone en el país vira hacia el neoliberalismo. Para los integrantes del Colectivo Passarinho, el avance de las políticas neoliberales parece un diseño que amenaza con extenderse en toda la región latinoamericana.
El comienzo de este proceso -detallan- se desata con el Golpe de Estado en Honduras de 2009 y el de Paraguay de 2012. En el primer caso, el presidente hondureño Manuel Zelaya fue removido por orden de la Corte Suprema, con la excusa de haber convocado a una votación popular consultiva para saber si debía modificarse la Constitución que permitiera la reelección. En el segundo, el presidente paraguayo Fernando Lugo fue destituido a partir de un juicio político que se inició por pedido de la Cámara de Diputados, lo acusaba de mal desempeño de sus funciones.
En el caso de Brasil, según Marina Rosa, integrante del Colectivo Passarinho, el golpe ya había empezado a gestarse en 2013 con la instalación pública por parte de los medios de comunicación del discurso sobre «la corrupción política», a partir del descubrimiento de la policía brasileña de una red de lavado en relación a Petrobras, conocida como «Operación Lava Jato».
Para Pavel Tavares, integrante del Colectivo, «los discursos de ´limpieza política´ y ´la corrupción´ siempre se utilizan por los partidos de derecha para deslegitimar a los gobiernos progresistas, ante el manejo que tienen de los fondos públicos destinados a políticas económicas de distribución y presencia estatal”.
Dilma Rousseff fue recientemente destituída, acusada de incumplir normas fiscales por usar fondos de bancos públicos para cubrir programas de gobierno. La estudiante explica: «La operación Lava Jato involucraba a políticos de distintos bloques. Se instaló el discurso de que primero se la sacaba a Dilma del cargo y luego se enjuiciaría a los demás, incluido Temer, pero luego sólo se lo hizo con la presidenta. Además, el incumplimiento fiscal del que se la acusó, ahora con el nuevo gobierno se dispuso como legal».
Para Pavel Tavares, integrante del Colectivo, «los discursos de ´limpieza política´ y ´la corrupción´ siempre se utilizan por los partidos de derecha para deslegitimar a los gobiernos progresistas, ante el manejo que tienen de los fondos públicos destinados a políticas económicas de distribución y presencia estatal”. Pero, en realidad, la corrupción ya está forjada en las relaciones de un sistema político viciado en el cual primó, a lo largo de la historia, el paradigma conservador: «Un gobierno progresista cuando llega al poder se encuentra con una máquina que ya existe. La cuestión es si el gobierno progresista negocia; en caso de que no, no hay protección mediática», dice Pavel Tavares. El estudiante analiza esto en relación a Argentina: «Cuando actualmente en el gobierno de (Mauricio) Macri se toman medidas que perjudican a la población, como la suba de tarifas, al mismo tiempo se busca reforzar continuamente desde el poder hegemónico mediático la imagen de corrupción del gobierno anterior, para establecer la oposición de lo correcto-incorrecto, y legitimar otro tipo de medidas como las neoliberales. La resistencia a estas políticas se construye diferente, porque el gobierno asumió de manera democrática. La derecha en Argentina logró construir un representante, la de Brasil no tenía una imagen fuerte para las próximas elecciones».
En la región, Venezuela, Ecuador y Bolivia repudiaron al denominado “golpe blando” en Brasil y retiraron sus embajadores”. Uruguay, a su vez, respondió con una nota en repudio. El gobierno argentino, en cambio, describió como constitucional al gobierno de Temer y espera su visita el 8 de octubre. El Colectivo Passarinho dice que el apoyo del gobierno de Mauricio Macri al brasileño aparece por el fuerte vínculo comercial y porque defienden políticas muy parecidas. Para continuar la lucha, los residentes brasileños planean manifestarse el día de la visita y hacen un llamado a la unidad de los opositores: «Como personas de izquierda, estos últimos años estuvimos más tranquilos en el contexto latinoamericano. Nos olvidamos que esa tranquilidad podía ser una nube pasajera».
El Colectivo Passarinho dice que el apoyo del gobierno de Mauricio Macri al brasileño aparece por el fuerte vínculo comercial y porque defienden políticas muy parecidas.
Actualizada 13/09/2016
Sep 13, 2016 | inicio
Actualmente la empresa explota la mina en cuestión en la Argentina además de las minas Cerro Casale, El Indio, Pascua-Lama y Zaldívar en Chile; las minas Lagunas Nortes y Pierina en Perú y la mina Pueblo Viejo en República Dominicana. Esta línea de tiempo reconstruye cómo la Barrick Gold adquirió otras explotaciones mineras y amasó su poderío, constantemente disputado por organizaciones de protección del medio ambiente e incluso por las leyes de los países en los cuales funciona.
Sep 5, 2016 | inicio
Se agota el ancho y, hasta donde se vio, el largo de la 9 de Julio. La columna sur se derrama sobre ella al ritmo de bombos lejanos. La serie de banderas, alterna colores: agrupaciones sindicales, estudiantiles, organizaciones barriales, fábricas recuperadas, PyMEs y organismos de Derechos Humanos, entre otros. Encabezada por Avellaneda, y respetando cierto orden geográfico, a medida que la columna avanza se visualizan agrupaciones del sur de la provincia de Buenos Aires y de ciudades patagónicas. La misma imagen se repite en los frentes norte y oeste: todos convergen en la 9 de julio y así comienza a concluir la Marcha Federal que se inició tres días antes, el 31 de agosto, en todo el país, bajo la consigna: «Un pueblo movilizado para terminar con el tarifazo, los ajustes y los despidos». El cierre es en Plaza de Mayo a las 17. La Marcha Federal es una de las tantas costumbres noventistas que se retoman este año.
Entre la organizada heterogeneidad de banderas, se destaca -algunos metros detrás del telón del Frente Ciudadano de Avellaneda- la figura de San Cayetano, cargada sobre los hombros de dos manifestantes. A su paso, suspendido en el aire, va recibiendo reverencias, agradecimientos y rezos breves. La imagen del santo, ornamentada con flores blancas, sostiene un cartel que se queja: «Lo que San Cayetano te da, Macri te o quita». Encabeza ese grupo el Frente Ciudadano de Isla Maciel, con el Padre Francisco «Paco» Olivera, párroco de Nuestra Señora Fátima.
Previo a la marcha, la columna sur se nucleó en la Plaza Alsina de Avellaneda, en dónde el intendente Jorge Ferraresi presidió un acto en el que además hablaron representantes de las provincias de Neuquén y Chubut y Jorge Baradel, titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Provincia de Buenos Aires (Suteba). «Fueron discursos que hablaron de la unidad del campo popular, de la lucha contra este gobierno neoliberal que nos está sacando día a día los derechos», comenta el Padre Paco, sosteniendo una bandera blanca con letras gruesas y rojas que piden por la libertad de Milagro Sala. «Tres curas de la Opción por los Pobres hicimos una pequeña oración pidiéndole fuerza a San Cayetano para que sigamos en la lucha», agrega inmediatamente, con los ojos azules distraídos en el flamear de la bandera. «Después nos sumamos a la marcha por el Puente Pueyrredón, puente histórico, dónde los trabajadores cruzaron para exigir la libertad de Perón hasta llegar a Plaza de Mayo».
A medida que avanza por la avenida, reducida a dos carriles por la doble hilera de micros estacionados, la columna se va nutriendo de otros grupos de manifestantes que desembocan desde las calles aledañas. En avenida Belgrano se desvía para encaminarse finalmente por la Diagonal Sur hasta Plaza de Mayo.
Los Curas en Opción por los Pobres, cuenta el Padre Paco, están repartidos en las distintas columnas. Algunos partieron desde Jujuy y llegarán al último punto de encuentro desde La Matanza, encarando el tramo final por Avenida de Mayo. «Nosotros no entendemos que ser cura pueda ser de otra manera. Yo siempre digo que el día que vea un alma caminando, a lo mejor cambiaré. Somos personas de carne y hueso, con necesidades. Creo en un Dios que comparte el pan, que es pan partido y compartido para todos, un Dios que dice ´no matarás y el hambre es un crimen´, un Dios que quiere que vivamos con dignidad y si no hay trabajo, aunque tengamos el pan, no estamos viviendo con dignidad. Un Dios que no quiere que explote un hermano a otro hermano».
Inmediatamente detrás del Frente Ciudadano de Isla Maciel marcha ATECH, Asociación de los Trabajadores de Chubut. Melisa y Luján, de Puerto Madryn y Rawson, repasan el recorrido que arrancaron el 31 de agosto en Comodoro Rivadavia. Pasaron por Trelew en un acto en el Museo de la Memoria, en el lugar en donde ocurrieron los históricos fusilamientos, pasaron por Puerto Madryn, por Viedma, siguieron por Bahía Blanca, después por Tres Arroyos, Necochea y Mar del Plata, para llegar ahora, dentro de poco más de una cuadra, a Plaza de Mayo. «En todos lados se iban sumando compañeros», aclara Melisa, tan orgullosa como cansada después de tantos kilómetros. Toma mate para mantenerse a ritmo, estimulada también por la masividad de la marcha.
En relación a la situación de Chubut, Luján advierte: «Está en un momento muy crítico. Yo trabajo en la construcción y cada vez hay menos trabajo. Se pararon los planes Procrear y tampoco se están cobrando las becas Bicentenario. El gobernador (Mario) Das Neves persigue a los dirigentes sindicales. No hay derecho a manifestarse, están echando gente por sumarse a las marchas y a los reclamos”. Como docente, Melisa plantea que su situación es igual de delicada: «Los profesores y maestros estamos de paro porque la inflación ya nos comió el salario. Nuestra paritaria cerró en 24% y la inflación ya está alcanzando el 50. Pero si paramos, somos malos docentes porque no vamos a trabajar».
Una vez a orillas de la Plaza, la columna se detiene. La voz metálica y enardecida de la locutora anuncia a través de los parlantes la incansable lista de agrupaciones que están marchando para finalmente estimar una convocatoria de más de 200.000 personas. Cada grupo responde al anuncio de sus siglas con cánticos particulares, aunque hay un canto que abarca toda la plaza: «Unidad, de los trabajadores».
Arriba del escenario que fue montado de frente al Cabildo, se termina de condensar el paisaje de diversidad y la consigna de unión. Allí se encuentran gremialistas de diferentes centrales obreras, como Daniel Catalano (ATE Capital), -quien se encargará de leer una carta escrita por la dirigente jujeña ilegalmente encarcelada Milagro Sala– Roberto Baradel (SUTEBA), Sergio Palazzo, (Bancarios), Víctor Santa María (Trabajadores encargados de edificios), Eduardo Lopez (UTE), Omar Plani (Canillitas), Pablo Moyano (Camioneros), junto a los principales oradores del acto de cierre, Hugo Yasky y Pablo Micheli (CTA Autónoma). También algunos dirigentes políticos como Alejandro Godart (MST), Daniel Filmus (Diputado del PARLASUR), Carlos Tomada (FPV), entre otros. Además están presentes Estela de Carlotto y Taty Almeida, junto a otras Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, ovacionadas y reconocidas por todos los presentes.
Cuando le toca su turno, Micheli no da rodeos: «Hay que dejarse de joder con el sectarismo y con el interés individual o corporativo. Hay que pensar en la patria y en nuestro pueblo, sin perder la identidad. Las diferencias las discutimos en la calle codo a codo, no tirándonos piedras”. A continuación le responde al Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quién el jueves por la mañana declaró que la marcha tenía “tintes políticos e ideológicos”: “No queremos ajuste, esa es nuestra ideología”, replica Micheli, antes de rematar: “Ajuste violento o gradual, ese es el debate del equipo económico. Ni violento, ni gradual, ajuste las pelotas. No vamos a pagar con despidos, suspensiones, rebaja salarial, salario indigno, impuesto a las ganancias, precariedad laboral”.
Antes de ceder el micrófono, Micheli aborda el tema de las paritarias apuntando contra el discurso oficial: “Desde el Gobierno hablan de darles tiempo, pero cuando tienen que transferir recursos a mineras y al capital concentrado tienen una celeridad pasmosa. Mientras que, para reabrir paritarias, comienzan a poner peros”.
Hugo Yasky lo sucede en la palabra, como último orador, marcando que el acto fue posible gracias a la convergencia de movimientos sindicales y estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, PyMEs y pequeños productores del agro, trabajadores informales, empresas recuperadas y organizaciones de izquierda. “Esta unidad”, sostiene, “es el mapa del campo popular que el neoliberalismo quiere dividido. Si construimos la unidad con la convicción de la lucha para la liberación, emancipación y justicia social, entonces somos invencibles.”
Gran parte de la ovación se convierte en abucheos cuando el titular de la CTA agradece a Pablo Moyano, diciendo que “no hubiese sido lo mismo sin tantos compañeras y compañeros de la CGT. Por debajo, la unidad entre esa central obrera y la CTA crece y se hace fuerte –continúa Yasky- y nos permite decir que estamos en el camino de la construcción de un sujeto colectivo que va a tener la agenda social que el gobierno se niega a discutir”. En sintonía con Micheli, retoma una frase repetida insistentemente por los funcionarios del gobierno de Cambiemos, y en especial por el Presidente Mauricio Macri: “No somos nosotros los que ponemos palos en la rueda. Al contrario, al Presidente le decimos que nosotros queremos sacar los palos de la rueda que metieron en nuestro salario. No queremos un bono para llegar a fin de año, queremos un salario para llegar a fin de mes”.
A continuación, Yaski refuerza en los temas abordados por Micheli y hace hincapié en las consecuencias del aumento de tarifas de los servicios de luz, agua y gas. “Necesitamos que a las PyMEs no se las desparrame con tarifazo, y que una familia no tenga que elegir entre comer o pagar tarifas”, reclama, antes de llamar a una nueva marcha de unidad sindical para el 16 de septiembre, día en que se tratarán, en audiencia pública, los nuevos cuadros tarifarios. “Las centrales sindicales, las dos CTA y los compañeros de la CGT, vamos a convocar a estar movilizados, presentes y discutiendo el nuevo cuadro de tarifas”, afirmó. De esta forma, Yaski anunció los pasos a seguir, en consonancia con lo que Micheli había advertido unos minutos antes: “Va haber paro nacional más temprano que tarde”. “O cambia la política económica o acá va a haber lucha todo el tiempo, con paro y movilizaciones, a lo largo y ancho del país. A no conceder un solo milímetro de las cosas conquistadas”.
Actualizado 04/09/2016
Ago 25, 2016 | inicio
El frío no los congeló. O sí, pero no los paralizó. Miles de argentinos hicieron de la calle nuevamente su escenario de lucha, porque a la falta de trabajo y a los sueldos disociados de la inflación, se sumaron los tarifazos de agua, gas y luz. El 14 de julio y el 4 de agosto de este año, en distintas ciudades del país, se hicieron “ruidazos” para reclamar por el aumento en los servicios públicos. Pero no solo la calle fue un espacio de disputa: también lo fue la justicia. El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) presentó un amparo que fue ratificado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, quien anuló las resoluciones 28 y 31 de 2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que establecían la suba de precios en el gas. Pese al recurso extraordinario presentado por el gobierno para apelar esa decisión, la Corte Suprema de Justicia finalmente dictaminó el pasado jueves 18 de agosto la suspensión definitiva del tarifazo para usuarios residenciales y la obligatoriedad de la audiencia pública como requisito previo para programar el nuevo cuadro tarifario que -advirtió en el fallo- deberá tener en cuenta los criterios de razonabilidad y gradualidad. La fecha de la audiencia, según anunció esta semana el gobierno, será el 16 de septiembre. Cooperativas, fábricas recuperadas, pymes, clubes de barrio y otras entidades que pueden cerrar sus puertas por la imposibilidad de pagar los valores actuales de los servicios, quedaron afuera. Por eso, muchas de ellas ahora piensan en comenzar el camino judicial.
El amparo
Los amparos a los tarifazos de luz y gas fueron presentados por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS). Según explicó Mariano Lovelli, abogado y presidente de CEPIS, al presentarlos desde una ONG –y no como particulares que representan el interés individual– pudieron iniciar el litigio como un proceso colectivo de alcance nacional. “Nos reunimos con distintos sectores que estaban preocupados por la suba de tarifas. Vimos que se podía presentar un amparo y con un grupo de abogados lo armamos. Después se sumó otra asociación que se llama Consumidores Argentinos”, dijo Pedro Sisti, abogado y secretario de CEPIS.
El amparo al tarifazo del gas fue presentado la primera semana de abril. El fundamento en el que se basaron los abogados de CEPIS fue la falta del requisito de audiencia pública previa que establece la Constitución Nacional para efectuar cualquier tipo de modificación en la tarifa de servicios. “Es decir, las resoluciones del Ministerio de Energía que impusieron el tarifazo se hicieron de manera intempestiva, sin haber realizado antes este mecanismo de participación ciudadana”, consideró Lovelli.
Riudazo contra el tarifazo en Plaza de Mayo.
La acción de amparo se inició y tramitó ante un juez de primera instancia, y recayó en el Juzgado Federal N°4 de la ciudad de La Plata. Según detalló Lovelli, el juez rechazó el amparo en su sentencia, pero ordenó al Estado a que realice en un plazo de 20 días una audiencia pública para cumplir con ese requisito “bajo apercibimiento de retrotraer el valor de las tarifas previo al dictado de estas normas que generaron el tarifazo”, aclaró el presidente de CEPIS. Frente a esa decisión, las dos partes en litigio apelaron: “Nosotros porque consideramos que son nulas las resoluciones que se dictan sin haber dado cumplimiento al requisito de la audiencia y el Estado porque la sentencia lo obligó a llamar a audiencia en un lapso que consideró muy breve”, explicó Lovelli. Y continuó: “En la apelación intervino la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, que el día 7 de julio dictó sentencia haciendo lugar a nuestro planteo. Declaró la nulidad de las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y ordenó retrotraer los valores al 31 de marzo de este año”. El Estado apeló esta sentencia a través de un Recurso Extraordinario Federal y la Cámara aceptó esa apelación para que la Corte intervenga, pero manteniendo la plena vigencia del fallo que anuló el tarifazo.
“El fundamento del Gobierno para apelar fue que consideró que no era necesaria la audiencia pública porque son aumentos transitorios. Nosotros sostuvimos todo lo contrario: para hacer cualquier tipo de modificación tarifaria, sea transitoria o permanente, tiene que necesariamente llevarse a cabo este procedimiento que está establecido en la Constitución”, advirtió Lovelli.
Pedro Sisti también desestimó el argumento que había presentado el oficialismo: “En la energía eléctrica, la producción, el transporte y la distribución son servicios públicos. En cambio, en el gas la producción no se considera servicio público y sí lo es el transporte y la distribución. Como acá lo que más subió es la generación, el precio del gas en boca de pozo, el Gobierno sostiene que no tiene que haber audiencia pública. ¿Cuál es el problema? El precio del gas en boca de pozo es en la tarifa que paga el usuario entre el 65 y el 80 por ciento. Con lo cual, si sube el gas en boca de pozo, necesariamente sube la tarifa. Entonces, aun cuando no sea servicio público el gas en boca de pozo, como impacta en el costo del servicio público de transporte y distribución, tiene que hacerse audiencia pública antes”, argumentó y agregó: “La ley de Regulación del transporte y distribución de gas natural es la 24.076, que encima es una norma de cuando se privatizaron los servicios públicos, de antes de que se reformara la Constitución incluso, o sea, antes que se incorporara el artículo que habla de usuarios y consumidores, con lo cual tampoco se la puede tomar tan al pie de la letra, hay que entender que la Constitución amplió derechos”.
Otro ruidazo en Medrano y Corrientes.Flore
Finalmente, el jueves 18 de agosto la Corte Suprema confirmó la anulación del tarifazo, pero solo para los usuarios residenciales. El día anterior al fallo, la procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó recomendó a la Corte mantener la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que declaró la nulidad de las resoluciones 28 y 31 y estableció retrotraer el valor de las tarifas a los precios existentes hasta el 31 de marzo. Consideró que la falta de audiencia pública previa no respetó los derechos de información, consulta y participación ciudadana previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Además, desestimó el argumento del Gobierno que sostiene que esa instancia no es necesaria para aumentos transitorios ya que, según explicó la Procuradora, impacta de manera inmediata en el acceso a un servicio público.
“Por un lado es muy positivo -señaló Lovelli-, porque la Corte aceptó el nudo argumental de nuestro razonamiento, en el cual sin audiencias públicas previas no puede haber ningún tipo de modificación tarifaria. También estamos conformes con que se manden a discutir todos los componentes de la tarifa. Es decir, no solo el transporte y la distribución, sino también el de la generación”. Y agregó: “No sabemos cuánto cuesta producir gas en la Argentina, por eso vamos a ir a discutir a la audiencia pública, para que nos muestren los costos y nos expliquen por qué si –según las estimaciones que hacen consultoras especializadas en energía– el valor promedio es de 1,90 dólar, el gobierno le asignó un valor de 5,50. ¿Qué pasa con ese porcentaje de dinero que, en definitiva, es una inmensa transferencia de recursos de la población a un pequeño grupo de empresas?”
Héctor Polino, ex diputado nacional del Partido Socialista, es el fundador y representante legal de Consumidores Libres, una asociación con más de veintidós años de existencia que se dedica a defender los derechos de usuarios y consumidores. Este año inició una medida judicial contra la empresa Metrogas, contra el Ministro de Energía de la Nación, y contra el interventor del Enargas. Luego de meses de asesorar legalmente a usuarios que acercaban sus inquietudes y problemas frente a la suba desmedida de tarifas, recibió con alegría el fallo de la Corte. Al igual que los representantes de CEPIS, aplaudió la decisión del Poder Judicial de incluir en la discusión el precio del gas en boca de pozo. “Es lo que corresponde. Porque si el Ejecutivo está regulando ese precio, tiene que ser discutido y tratado en una audiencia pública. Estamos pagando más del doble de lo que se está pagando en el resto del mundo, favoreciendo a las empresas petroleras”, dijo Polino. Además, festejó que la Corte haya reconocido la tarifa social, reclamado al Congreso de la Nación la designación del Defensor del Pueblo y fijado el criterio que tiene que tener el Poder Ejecutivo en la evaluación de las audiencias públicas.
Fuera de juego
Pese a lo positivo del fallo que puso el peso de la balanza a favor de los usuarios, varios sectores no fueron contemplados. Al restringir el alcance a los consumidores residenciales, el aumento en las tarifas sigue vigente para cooperativas, fábricas recuperadas, Pymes, clubes de barrio, teatros, y otras asociaciones que se han visto afectadas por el tarifazo. “No sé cuál ha sido la motivación. Entiendo judicialmente la diferencia que hace la Corte, la comprendo desde lo estrictamente jurídico, pero me parece que lo lógico en este caso hubiera sido que se extienda a todos”, consideró Lovelli. A pesar de esa restricción, alentó a los usuarios excluidos a que presenten demandas para acceder a la suspensión del tarifazo. “Lo cierto es que al declarar la nulidad de las resoluciones 28 y 31, se habilita expresamente para que cualquier damnificado no comprendido en la sentencia vaya mañana mismo a cualquier estrado judicial a pedir que le extiendan la anulación del tarifazo. Y se lo van a dar automáticamente, por los propios fundamentos de la Corte”, aclaró el presidente de CEPIS.
La explicación que dio la Corte para segmentar el alcance del fallo se basó en el argumento de la homogeneidad de los intereses: una asociación civil solo puede representar a los usuarios residenciales que se ven afectados por el gas de su vivienda. Si bien Lovelli consideró que la resolución aportó un gran mejoramiento de la calidad democrática al ratificar la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones, cuestionó la segmentación realizada. “Lo cierto es que no era un tema que se había planteado en esos términos como defensa por parte del Gobierno, sino que fue una cuestión que trajo la Corte per se para hacer esta división, cosa que no lo habían hecho ni el juez de primera instancia, ni la Cámara Federal, ni la Procuradora, lo cual genera que cada actor no comprendido en el fallo tenga que ir individualmente a peticionar. En el caso de las grandes empresas es entendible, pero en muchos otros casos condenan a un club de barrio, por ejemplo, a tener que litigar individualmente cuando son entidades que hacen al sostenimiento de las actividades recreativas, deportivas y culturales de la sociedad”, denunció el abogado.
Para poder acceder a la suspensión del aumento en las tarifas de gas, Polino explicó que los sectores excluidos del fallo pueden iniciar una acción judicial de manera individual o grupal, si están agrupados en alguna entidad de segundo grado que las represente con personería jurídica. En el contexto actual de desempleo creciente e inflación, el alto valor en las tarifas representa una importante traba al sostenimiento económico de esos sectores. “Esto afecta al empleo”, consideró el fundador de Consumidores Libres. Y agregó: “Con la suba de tarifas, aumentan los gastos fijos de las cooperativas y pequeñas empresas y tienen que trasladarlos a los precios. Eso puede llevar a una reducción de la demanda de trabajo. Y, en consecuencia, puede provocar desocupación, o disminución de la calidad de vida de los integrantes de estas entidades”.
Participación ciudadana
Pedro Sisti, secretario de CEPIS, explicó cómo debe darse la audiencia pública para ser constitucional y cumplir con el artículo 42: “Lo primero que deberían hacer es brindar toda la información: el Estado de situación de las empresas; quiénes las conforman –o sea, quiénes se van a ver beneficiados–; a qué se ha destinado la plata que se ha recibido de los subsidios y los costos de las tarifas todo el tiempo previo; dónde se va a dar la suba; qué destino se le va a dar a esta suba; cuáles son las razones, si es un aumento de costos internacional, si es para extender el servicio, etc.”, explicó. Luego de esa etapa informativa, debe darse lugar a la participación ciudadana: “Se debe garantizar la oportunidad de que los usuarios y consumidores presenten objeciones antes y durante la audiencia pública, oralmente o por escrito. Después debe existir un momento en el cual se contesten fundadamente todas las objeciones. Es decir, la audiencia debe dar información, escuchar y contestar. Porque si bien no es vinculante, tampoco es que pueden escuchar y no hacer nada. Que no sea vinculante significa que no estás obligado a resolver de la manera que plantee la gente en la audiencia pública. El que decide es el organismo de control, conjuntamente con el Estado. Pero sí están obligados a contestarle al ciudadano, que no es un tema menor”, concluyó.
Derechos humanos
La luz, el gas y el agua son servicios básicos que deben ser garantizados por el Estado. De allí la importancia de la discusión y el alcance desastroso que tuvo el tarifazo. “Un usuario puede prescindir de comprar una botella de gaseosa, de ir al teatro, pero no puede prescindir del gas natural, como no puede prescindir de utilizar energía eléctrica o agua potable, o utilizar el servicio público de transporte ferroviario, subterráneo o de colectivos”, enfatizó Polino. “Se trata de servicios públicos esenciales. Y una de sus características es la universalidad: tiene que llegar a la totalidad de los usuarios, con independencia de la capacidad de pago”, agregó.
“La Corte hace el planteo acerca de la razonabilidad y la justeza de las tarifas porque hay que comprenderlas como un todo. Tanto el agua, como la energía eléctrica y el gas, forman parte de bienes esenciales para la vida de los argentinos y no pueden ser tomados de manera aislada o individualmente, sino que tienen que pensarse de manera conjunta para que no termine siendo confiscatorio, y que la gente termine evaluando si calefaccionar e iluminar su casa o comer”, explicó el presidente de CEPIS. Pedro Sisti, opinó en el mismo sentido: “Sin luz no se puede vivir dignamente, como tampoco sin agua. Para nosotros el gas también se ve incluido en eso. No se puede negar que tener esos tres servicios hace a una mejor calidad de vida. Sobre todo por todo lo que se garantiza a través de ellos: la vivienda digna”. Y Lovelli completó: “No podemos entender vivienda digna solo cuatro paredes, un techo y un piso, sino los elementos que hacen que esa vivienda sea habitable, sea confortable, es decir, que tengas energía para poder iluminarte y que tengas gas para poder calefaccionarte”.
El proceso para presentar el amparo al tarifazo de luz se realizó de manera similar al de gas, porque el nudo argumental fue el mismo, es decir, la ilegalidad del dictado de normas que modifiquen las tarifas de los servicios sin haber realizado la audiencia pública. “En este caso –explicó Lovelli– la jueza de primera instancia nos otorgó una medida cautelar en la cual planteó la suspensión del tarifazo hasta tanto no se lleve a cabo la audiencia pública que establece la normativa”. La Cámara Federal de San Martín, frente al intento del Gobierno de cuestionar la decisión, ratificó el fallo de la jueza.
Respecto a la suba en las tarifas del agua, tanto Consumidores Libres como CEPIS están investigando para poder presentar un amparo que también frene ese aumento.
Actualizado 25/08/2016
Mar 3, 2016 | Entrevistas
La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) realiza este jueves un encuentro, para debatir y presentar los nuevos 21 puntos por una Comunicación Democrática. Convoca a organizaciones políticas, sociales, sindicales, cooperativas, pueblos originarios, e universidades. El periodista Néstor Piccone contó a ANCCOM cómo está circulando por el país este borrador para fortalecer ideas y propuestas.
¿Qué acciones están proponiendo para defender la democratización de la palabra?
Empezamos a reunirnos antes de que asumiera Mauricio Macri, cuando escuchamos que Oscar Aguad, quien sería luego el Ministro de Comunicación, dijo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) no servía para nada y que iba a derogarla. Desde los primeros días de diciembre hasta hoy, nos hemos reunidos semanalmente. La Coalición es una organización de organizaciones, una coincidencia de posiciones respecto de la democratización de la comunicación. Desde ese lugar, coordinamos con distintas organizaciones la denuncia de los DNU y la presentación de medidas cautelares cuando estos decretos quisieron eliminar AFSCA y AFTIC. Utilizamos también las herramientas que propone la Defensoría del Público, que fue generada para que los públicos y los comunicadores puedan denunciar cualquier atropello contra la comunicación desde los distintos poderes. Vimos la situación inédita de que un DNU volteaba no sólo la Ley 26522, sino todo lo que habíamos hecho con participación de las provincias, organizaciones sociales y pueblos originarios. El Congreso por una Comunicación Democrática se hace para difundir las acciones y ver, en forma conjunta, qué otras podemos plantear. Se hicieron encuentros en Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Río Negro, Buenos Aires, entre otros lugares, para coordinar las denuncias pero también para plantear los nuevos 21 puntos. Los comparamos simbólicamente con aquellos del año 2003 y estamos contentos porque tienen que ver con todo lo que falta para la aplicación de la ley y también para incidir en los debates que se den en las cámaras de Diputados y Senadores. Hay una ley existente que hay que defender y hay que habilitar otro tipo de discusiones. Hemos tenido una buena recepción por distintos bloques de diputados y senadores (no sólo del FpV) que están dispuestos a discutir y a apoyar estas iniciativas.
¿Cuáles fueron las limitaciones a la implementación de la Ley 26522 en relación a los medios comunitarios?
La ley era bien compleja y no se consiguió la legalidad para todos los medios cooperativos y de pueblos originarios. Eso es una deuda pendiente que tenemos, porque hay varias cuestiones que la ley habilitó y que tenían que aplicarse: algunas tenían que ver con el Poder Ejecutivo, otras con quiénes manejaban AFSCA y otra con las organizaciones universitarias, comunitarias, cooperativas o de pueblos originarios que tuvieron que inventarse a sí mismas para ser incluidas. Este tema no se resuelve de la noche a la mañana y es una tarea que queremos seguir apoyando, fundamentalmente tratando de que la población entienda que la comunicación es un derecho humano. Hay quienes creen que la comunicación y los medios no son parte de la política, sino de un sector aparte al que uno tiene que acceder, pedir o pagar. Todos estos cambios culturales no se dan por ley, sino por debate de ideas y profundización.
¿Cómo se piensa la comunicación dentro del nuevo contexto político?
Cuando las dictaduras militares derrocaban a los gobiernos, se terminaba la democracia rápidamente mediante la intervención de los medios de comunicación. Con la etapa neoliberal de los 90, lo primero que se privatizó fueron los medios. Salvamos Canal 7 y Radio Nacional por la lucha de los trabajadores, pero también porque se entendió que el Estado tiene que tener medios de comunicación propios. Ahora, que viene un gobierno neoliberal, conservador y de derecha, lo primero que hace es tirar un DNU que pone en zozobra lo que se había construido con la LSCA, con todos los avances conceptuales que se hicieron en cuanto al derecho a la comunicación y la libertad de expresión. Sabemos que la derecha, que además tiene un gobierno que trabaja para los grupos económicos, busca que la comunicación sea manejada por CEOs y tecnócratas. Sabemos que tenemos un gobierno que va a estar en contra de la participación y sabemos lo que es un gobierno adverso a la democratización de los medios, pero creemos que mucho de lo logrado en lo conceptual va a poder ser defendido.
¿Estos avances promovieron la aparición de nuevos actores que ahora van a intervenir en el debate?
Eso es lo fundamental. Antes, las cooperativas, los sindicatos y las organizaciones sociales tenían prohibido tener medios de comunicación, porque no perseguían fines comerciales. Lo mismo sucedía con las universidades, por ejemplo, que no podían tener canales de televisión y de radio. Más allá de que no pudieron resolver internamente de dónde sacar los fondos para financiarse, se hicieron concursos y ahora tienen canales de televisión digital. En eso no se retrocede. La creación de contenido financiada por los Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), por ejemplo, permitió que se conociera que había más de tres o cuatro productoras de contenido. Con eso no hay marcha atrás, aunque no haya una ley o un ministerio que esté respaldando. Seguramente no tendremos el apoyo del Estado y del gobierno, pero ya hay una articulación que vemos como un resultado positivo. Son derechos que no se van a perder, muchos sectores de la política proponen defenderlos y profundizarlos.
¿Cómo se da la reorganización de los medios comunitarios en este contexto?
El tema sostenibilidad no estaba previsto en la LSCA y es un debate que se abrió en el año 2009. Inmediatamente después de que se aprobara la ley, muchos medios alternativos, pueblos originarios, plantearon la problemática. Yo apuesto a que estamos en un escalón más alto del que teníamos hace doce años, cuando no había FOMECA y cuando nadie había tenido la experiencia de estos fondos. Siempre tenemos que construir con el Estado, aunque sea un Estado adverso, porque siempre hay fisuras y hay diferentes modelos gobernantes en todas las provincias. El que tuvo la experiencia del FOMECA quizás no vuelva a recibir ayuda de AFSCA, pero vamos a reclamar para que la institucionalidad sostenga la realidad de los nuevos medios de comunicación, que también los haga sostenibles. Desde la Coalición estuvimos trabajando en la creación de un ente para la financiación de los fondos de los medios alternativos, comunitarios, cooperativos, donde también discutíamos la pauta publicitaria no sólo estatal, sino también privada. Defendemos que los medios públicos no estatales también puedan sostenerse y esa lucha se da manteniendo los medios como podemos, pero también ganando gente: se necesita que sectores populares, sindicales y sociales apoyen este proyecto.
En relación a la democratización de la palabra y el acceso a la información, ¿cuál es el rol de las redes sociales?
Una red social no organiza pero sirve para difundir. Si se articula organización político-comunicacional con redes, creo que se puede lograr muchísimo. La Coalición, por ejemplo, nunca tuvo una conducción ni un sistema de comunicación. Internet nos permitió (y permite) estar comunicados para hacer conocer lo que cada uno realiza. Creo que las redes sociales sin articulación ni organización, no sirven para una construcción. Puede servir para un rechazo, unan resistencia o una denuncia. Pero utilizadas correctamente, son fantásticas.
¿Cuáles son las expectativas para este Congreso?
Lo importante es que todos conozcamos todo. Participan abogados, universitarios, radios comunitarias, sectores sociales que quizás no tienen sus propios medios y sindicatos que defienden la fuerza de trabajo. La expectativa es que tomemos conciencia, podamos discutir y continuemos sumando personas a la pelea por la democratización de la información. La gente no va a pelear por un derecho que no sabe que tiene. Nosotros logramos modificar totalmente la realidad que se vivía en el país con respecto a los medios de comunicación. Creo que hemos avanzado muchísimo, pero que falta mucho más y que hay que crecer en la lucha por la comunicación como un derecho humano, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Fundamentalmente por la democratización de la comunicación. La coalición es un ejemplo de eso: es una coordinación que nos damos en cada una de las provincias y los diferentes sectores se van sumando en forma individual para discutir el tema de la comunicación. Tener un lugar de referencia que sirva y que sea reconocido por el Poder Legislativo, por diputados, senadores y organizaciones. Desde 1983 a 2009 pasaron muchos años, que coronamos con una ley revolucionaria. Pasaron gobierno neoliberales, de derecha y, sin embargo, terminamos con una reglamentación ejemplar en el mundo. No por nosotros solamente, sino por un gobierno y por dirigentes que se atrevieron. Pero no es el único camino hacerlo desde el gobierno, sino también construir desde abajo, como lo hicimos en las épocas más difíciles del neoliberalismo.
