Abr 27, 2017 | Trabajo
“He expuesto los que creía justos reclamos de la clase obrera, he defendido su derecho a la libertad y a disponer del trabajo y los frutos de su trabajo”, declaraba Albert Parsons minutos después de ser sentenciado a muerte. Junto a él, George Engel denunciaba: “Aquí he visto a seres humanos buscando algo con qué alimentarse en los montones de basura en las calles. Desprecio el poder de un gobierno injusto, sus policías y sus espías”. Samuel Fielden afirmaba: “La Constitución, cuando dice ‘el derecho a la libre emisión del pensamiento no puede ser negado’, da a cada ciudadano, reconoce a cada individuo, el derecho a expresar sus pensamientos. Yo he invocado los principios del socialismo y de la economía social y sólo por esta razón me hallo aquí y soy condenado”. Michael Schwab agregaba: “Un movimiento social no es una conspiración, y nosotros todo lo hemos hecho a la luz del día”. Parsons, Engel, Fielden, Schwab y otros dos condenados más a la horca son recordados hoy como “los mártires de Chicago”, y sus alegatos, que datan de 1886, cumplen este 1° de Mayo 131 años.
La injusticia de aquel día daría origen, en todo el mundo, al Día del Trabajador, cuyo significado ha ido cambiando con el tiempo. Al principio, los anarquistas se inclinaban hacia la conmemoración y los socialistas hacia la celebración. Según el historiador y experto en sindicalismo argentino, Santiago Senén González, el que movió la balanza en nuestro país fue Perón. “Durante su primer y segundo gobierno se hizo un festejo hasta con un himno y desfiles”, cuenta, y pone el acento en la dignidad reparada: “El trabajador, al ver cumplidos muchos de sus reclamos, vio en el 1º de Mayo un día más bien festivo”. Luego de este período, sostiene Senén González, “se volvió, hasta hoy, a la conmemoración como lucha”.
Manifestación en contra de los despidos en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
En 1890, cuatro años después de la condena a los mártires de Chicago, en Buenos Aires se distribuyó un manifiesto que decía: “¡Trabajadores! Compañeras, compañeros: ¡Salud! ¡Viva el 1º de Mayo: día de fiesta obrera universal!”. Se trató de la primera conmemoración de la fecha en la Argentina, que incluyó un acto en el Prado Español, ubicado por entonces en la actual avenida Quintana, pleno Recoleta, entre Ayacucho y Junín. Allí se reunieron anarquistas y socialistas para debatir acerca del programa a seguir y su proceder práctico e inmediato. Al día siguiente, el diario La Nación ninguneaba la manifestación: “El hecho no puede tener gran importancia porque aquí ni hay cuestión obrera, ni subsisten las causas principales que le han dado importancia en Europa y los Estados Unidos”. Y la crónica del mitin terminaba consignando: “Habló primero un señor alemán. Enseguida hizo uso de la palabra un francés, luego tres italianos y un español. Había, en la reunión, muy pocos argentinos, de lo cual nos alegramos mucho”.
El manifiesto distribuido en nuestro país fue el de la Segunda Internacional, que se reunió en París en 1889, y en el que se leía: “No se mueven nuestros hermanos para obtener pingües aumentos de salarios, casi siempre inútiles porque se elevan después los artículos de primera necesidad, sino en demanda de que las ocho horas de producción no sean más que ocho”. Senén González explica que, en el primer punto de su documento, el congreso obrero pide “crear leyes protectoras y efectivas sobre el trabajo para todos los países con producción moderna. Para lograr eso, considera la organización de la clase obrera por todos los medios que sean posibles y también la manera de verificar las pretensiones para su emancipación”.
Hoy, a días de la represión contra los trabajadores de la educación frente al Congreso de la Nación y a menos de un mes del contundente paro general contra el Gobierno de Mauricio Macri, parece que para algunos no ha cambiado nada desde aquella infame condena a los mártires de Chicago. El 6 de abril último, por ejemplo, el diario de los Mitre publicaba una nota con esta bajada: “En una recorrida por el microcentro, se ven locales abiertos, taxis circulando y estacionamientos casi completos; testimonios de quienes decidieron no parar”. Al día siguiente, en la edición impresa, un artículo de opinión se titulaba: “Un paro flaco y tristón empujado por zurditos”.
Marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo (agosto 2016), en la que miles de personas marcharon para reclamar por la situación laboral.
Con el conflicto docente, el ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas se apresuró a declarar que, ratificada la vigencia de la conciliación obligatoria, “las medidas de fuerza devienen entonces ilegales”. Ante la falta de respuestas, los maestros intentaron instalar la Escuela Itinerante frente al Congreso y allí fueron reprimidos por las fuerzas policiales. “Nos llevaron esposados como si fuéramos unos terribles delincuentes”, relató Miguel Acuña, docente de la Escuela 19 del Bajo Flores. “Si no les gusta que nosotros nos manifestemos públicamente, que vayan y discutan con sus diputados en el Congreso y que se animen a modificar el artículo 14 bis que habla del derecho a la protesta y de nuestro derecho como trabajadores”, desafiaba Acuña en diálogo con ANCCOM.
“Los trabajadores saben que su rol es el del reclamo”, opina Senén González, “es parte integrante de la esencia del sindicalismo”. “Y deben seguir por la vía del reclamo en el Congreso -agrega-. Así el sistema se va erosionando y cambiando, por eso se obtienen las ocho horas, los convenios colectivos, y tantos otros beneficios”. Senén González es escéptico y realista: “El Palacio de Invierno ya cayó, la Bastilla no existe más, y la mejor arma es la que hizo famosa (Augusto Timoteo) Vandor: pegar y negocia.“El contexto sociohistórico del país lleva a reclamar y seguir reclamando. Esas son las reglas de juego, y por eso la lucha continúa y debe continuar”, concluye.
Cooperativa SUBPAGA (Subproductos Ganaderos Argentinos) de Berazategui.
Actualizada 26/04/2017
Abr 26, 2017 | Trabajo
Trabajadores de maestranza, tercerizados por parte del Ministerio de Trabajo, se encadenaron en la sede de Alem 650 de la cartera que conduce Jorge Triaca para reclamar ante la inestabilidad laboral y el retraso del cobro salarial. En respuesta, la empresa que formalmente los contrata, Inmantec SRL, rescindió el convenio, adeudando dos meses de pago y, el lunes pasado, un grupo de policías esperó en la puerta del edificio a los afectados para impedirles el ingreso. Mientras tanto, el Ministerio contrató nuevo personal para que realice la limpieza del establecimiento y el titular de la cartera se llama a silencio.
Desde la década de 1990, el Ministerio de Trabajo terceriza a sus empleados de maestranza. A medida que avanzaban los años, lo realizó con distintas empresas. No obstante, los 130 trabajadores siempre fueron los mismos. De hace un lustro, lo hace bajo la empresa Inmantec SRL. ANCCOM dialogó con el delegado general de maestranza, Eduardo Díaz, que especificó que la empresa durante el gobierno anterior “no tuvo ningún tipo de atraso ni de problema con el pago de los sueldos. El conflicto empezó hace catorce meses y se agravó nueve meses atrás”. Además, agregó que “los sueldos nos los pagaban el día 20, una parte, y el día 25 la otra. Actualmente nos están adeudando el pago de marzo y abril”.
En cambio, el adjunto general de la junta interna de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Ministerio de Trabajo, Sebastián Scarano, remarcó que el planteo de eliminar la tercerización también se lo hicieron al gobierno anterior. “La respuesta que nos daban era que había una imposibilidad normativa, que incluso les excedía. Paradójico siendo que este es el órgano que se tiene que encargar de reglamentar este tipo de contratos”.
Con respecto al gobierno de Cambiemos, Scarano advirtió que “con esta gestión sabemos que la línea política es avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo. Cuando dicen ´modernizar´, en realidad, están diciendo ´flexibilización laboral´”.
El lunes por la mañana, mientras la policía intimidaba en la entrada, los trabajadores se enteraron que el Ministerio contrató de emergencia a una empresa hasta tanto se haga la licitación definitiva. Pero esta vez, no le garantizaron a los 130 trabajadores su continuidad laboral, como una suerte de castigo por haber reclamado por sus derechos.
“Con esta gestión sabemos que la línea política es avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo», comentan.
“La semana pasada hicimos una clausura simbólica del Ministerio porque a raíz del conflicto el edificio está inutilizable, los baños son un asco y hasta aparecieron ratas”, describe Scarano. En consecuencia, el Ministerio de Trabajo, en horas de la madrugada, hizo ingresar a personas ajenas con tarjetas de visita para que hiciera el trabajo de limpieza. Es decir, contrató rompe-huelgas, pagándoles a través de una nueva empresa sin ningún tipo de licitación”, subrayó Scarano.
El reclamo de fondo que realizan los trabajadores es terminar con la tercerización, de manera de contar con mayores derechos laborales y más seguridad a la hora de cobrar los salarios. “Habría un importante ahorro económico –señala el delegado de ATE-, ya que estas empresas cobran casi 22.000 pesos por cada trabajador cuando ellos no llegan a cobrar ni 10.000 pesos.” Además, aclara: “Para nosotros son trabajadores estatales que remiten en lo más bajo de la precarización laboral ya que están fuera de convenio. La gran ganancia de estas empresas es explotar a los trabajadores”.
Por su parte, ATE entiende que “el Ministerio no quiere reconocer que es un empleador solidariamente responsable, y además es el órgano estatal que debería intervenir en este tipo de situaciones. Tiene una doble responsabilidad”.
Los trabajadores piden terminar con la tercerización, contar con más derechos laborales y seguridad a la hora de cobrar los salarios.
A lo largo de todo este conflicto, la Cartera que conduce Jorge Triaca se llamó a silencio. Por su parte, Díaz declaró que “nosotros entendemos que el Ministerio es la autoridad máxima y se está borrando. Nos están biclicleteando y hacen la vista gorda”.
Se prevé para el 28 de abril la apertura de sobres de licitación. Fecha clave del futuro de los trabajadores y de la nueva empresa de tercerización.
Actualizado 26/04/2017
Abr 26, 2017 | Trabajo
En mayo de 2016 los trabajadores del diario Tiempo Argentino presentaron el pedido de quiebra de la empresa BalkBrug S.A -cuyos propietarios eran Sergio Szpolski y Matías Garfunkel-, encargada de editar el matutino, ante la falta de pago de haberes, aguinaldo y aportes previsionales. El Juzgado en lo Comercial N° 23 rechazó el pedido, con el argumento de que el estado de cesación de la firma no estaba probado. La Cámara de Apelaciones en lo Comercial resolvió recientemente, en cambio, que se avance en el pago de la deuda a tres delegados del diario. ANCCOM, al cumplirse un año de la reaparición de Tiempo Argentino, esta vez autogestionado por sus trabajadores organizados en forma cooperativa, cuenta el origen y desarrollo de la causa contra los empresarios.
“Había deudas por todos lados, los trabajadores no cobraban y, lo que era de público conocimiento: en la empresa nadie se hacía cargo. Así y todo, la jueza Vivian Fernández Garello de Dieuzeide había determinado que no existían elementos suficientes” para avanzar con el pedido de quiebra, explica Pablo Godoy, representante legal de los demandantes y abogado de Trabajadores por la Economía Social.
Alfonso de Villalobos, Claudio Mardones y Alejandro Wall, en calidad de trabajadores y delegados de la empresa, fueron quienes habían realizado la presentación ante la Justicia para reclamar salarios, aguinaldo y aportes adeudados desde diciembre de 2015 a marzo de 2016. Así se inició una conciliación ante el Ministerio de Trabajo, donde la empresa ofreció un plan de pagos y el mantenimiento de la cobertura médica a los trabajadores del medio. Sin embargo, el acuerdo resultó incumplido.
La resolución de la jueza fue apelada por los trabajadores. En marzo pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial resolvió que se avance en el pago de la deuda a los tres delegados de Tiempo Argentino. “El fallo de la Cámara nos da lugar a nuestro pedido, ordena que se ejecuten las deudas que tienen con nosotros y en caso de que no se paguen, se lleva a la quiebra a BalkBrug”, resume Alejandro Wall, periodista del ahora semanario editado por la cooperativa Por Más Tiempo. Según decretó la Justicia, en caso de que la empresa se declare en quiebra, deberá hacer frente al reclamo con activos de la firma -publicidad oficial por cobrar-, y mobiliarios.
Los periodistas de Tiempo Argentino, conformaron en abril del año pasao, la cooperativa Por Más Tiempo, que ahora edita el periódico dominical.
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, había dictaminado que la resolución de primera instancia, realizada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°23, debía revocarse y continuar el trámite de la quiebra. “La fiscalía resolvió que sobraban elementos, que el crédito de los trabajadores estaba bien fundado y que se le tenía que dar un trato prioritario al caso”, detalla Godoy y agrega: “Se resolvió no solo que el crédito estaba probado, sino que el estado de vaciamiento y de desaparición de la patronal era evidente y público”.
En ese sentido, los camaristas Alfredo Kölliker Frers, Isabel Míguez y María Elsa Uzal reconocieron el reclamo de los trabajadores del medio ahora autogestionado y resolvieron que la empresa brinde las explicaciones pertinentes. Por eso citaron a declarar a Sergio Szpolski y Matías Garfunkel para que den cuenta de lo adeudado desde diciembre de 2015.
A su vez, y conforme al artículo 40 de la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, la Cámara interviniente rechazó que los trabajadores puedan accionar en forma colectiva, es decir, que los tres delegados actúen en nombre de los 205 ex empleados de BalkBrug S.A. “Los únicos créditos que hoy prosperan son los de Claudio (Mardones), Alejandro (Wall) y Alfonso (de Villalobos), que son quienes firmaron el acta. Individualmente se podrán presentar los demás trabajadores, pero hoy por hoy la deuda exigible y reconocida es por ellos”, advierte Godoy.
A su vez, la fiscal Boquín, la misma que este año cuestionó el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Correo Argentino, dio intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) al argumentar que la falta de pago a los trabajadores que se había arreglado en primera instancia y los hechos denunciados se trataban de un delito. Por su parte, la PROCELAC presentó a la Justicia una denuncia penal contra Szpolski, Garfunkel y sus “socios ocultos”, por lavado de dinero, vaciamiento de sus empresas de medios de comunicación, manejos irregulares de cifras millonarias de publicidad oficial y evasión de aportes impositivos y previsionales.
En diciembre de 2015, cuando ambos empresarios dejaron de pagar los sueldos a los empleados de Tiempo Argentino, comenzó el vaciamiento del Grupo 23, que arrastraría en su caída a diferentes medios. Los trabajadores de aquel periódico, luego de dos meses de resistencia, el 19 de abril del año pasado conformaron la cooperativa Por Más Tiempo, la que ahora edita el periódico dominical.
Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, responsables del vaciamiento, fueron escrachados en las oficinas de la empresa por los trabajadores.
A un año de haber cumplido el primer aniversario de la cooperativa, a los trabajadores todavía les adeudan más de 11 meses de sueldo, además de aguinaldos y vacaciones. “El miércoles 19 cumplimos nuestro primer año como medio autogestionado. Un año de trabajo, compromiso y sacrificio. Un año de enormes desafíos, experimentación y errores. Un año de aprendizajes. Un año de construcción de una nueva forma de hacer periodismo”, comunicaron en el sitio Tiempoar.com.ar el pasado sábado 22.
Actualizado 25/04/2017
Abr 18, 2017 | Noticias en imágenes
El Hotel “Buenos Aires Una Empresa Nacional”, más conocido por sus siglas BAUEN, hace 14 años que sus trabajadores/as lo autogestionan de manera cooperativa y se fue constituyendo en un símbolo de las empresas y fábricas recuperadas a partir de la crisis de 2001. Durante estos años, frenaron distintos intentos de desalojo. El año pasado el Congreso de la Nación llegó a sancionar la Ley de Utilidad Pública y Expropiación del hotel a favor de los trabajadores. A fines de 2016, mediante un Decreto el Presidente Mauricio Macri decidió vetarla. A principios de 2017, la jueza Paula Uhalde dispuso el desalojo por la fuerza del hotel con un fecha tope para el 19 de abril. A partir de ese momento, se retomó un plan de lucha para impedir esta nueva amenaza de desalojo. La solidaridad de distintos sectores sociales parece haber dado resultado: el 18 de abril, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial suspendió esa orden de desalojo. Este miércoles, en la puerta del edificio, hay un festival de apoyo a la Cooperativa porque todavía no está dicha la última palabra.
Mirá la fotogalería de ANCCOM:
Actualizado 19/04/2017
Abr 7, 2017 | Trabajo
Aunque el derecho a huelga está amparado por la Constitución Nacional, en ministerios y empresas del Estado los trabajadores se toparon con un abanico de diversas “advertencias” de parte de la administración de Cambiemos. El 6 de abril es ya una fecha histórica: con altísima adhesión, se llevó a cabo en todo el país el primer paro general en contra de las políticas del gobierno de Mauricio Macri. Si bien la convocatoria fue impulsada por la CGT, también contó con el apoyo de las dos CTA, de casi la totalidad de los gremios y de los movimientos sociales. La jornada de ayer fue tensa en distintas reparticiones, porque muchos empleados públicos se vieron en la disyuntiva de querer participar del paro, aunque con miedo de hacerlo por las amenazas de represalias más o menos explícitas.
«Lo que se comenta y causa más miedo es que va a haber una lista, como hubo en otros paros, de la gente que no trabaje el jueves», explicó ayer en diálogo con ANCCOM un trabajador de Aerolíneas Argentinas que prefirió no dar su nombre. Luego subrayó que «la empresa sacó un comunicado diciendo que a los que vengan a trabajar se les va a pagar $200 pesos en nafta o taxi. El comunicado decía además que no se va a generar salario para los que no asistan».
El artículo 14 bis de la Constitución establece que «queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje y el derecho de huelga». Este último derecho, según Daniel Catalano, secretario general de ATE capital, parece no importarle al gobierno de Cambiemos. «Nosotros seguimos generando las condiciones para resistir y para que nuestros compañeros puedan tener el derecho de protesta garantizado –señaló el dirigente sindical-. Estamos hablando de un derecho constitucional. Hoy no lo quieren respetar y ni siquiera están escatimando recursos, porque los aprietes que están haciendo son realmente groseros».
Esta situación se repitió en distintos ministerios. Una trabajadora de la Cartera de Producción, que tampoco quiso identificarse por cuestiones de seguridad, comentó: «El lunes recién van a determinar si el día va o no a descuento. Nos dejan con la incertidumbre. A la gente que asiste al trabajo le ofrecen la plata del remís y un franco compensatorio. O sea, tomarse un franco cualquier día de la semana en cualquier momento del año. Los directores están haciendo circular que los que adhieren al paro tienen que dejarlo explícito en la carga de novedades -agregó-, cosa que nunca había pasado, y si no te dan la opción de pedir fuerza mayor pero sin adhesión, que también hay que explicitarlo en la carga de novedades. Es decir, quieren dejar registro sí o sí de los que adhieren».
Catalano, Yasky y Micheli en la pasada marcha del 7 de marzo.
Catalano contó que similares prácticas se llevaron a cabo en el Ministerio del Interior. “Estuvieron haciendo una encuesta a los trabajadores y preguntándoles a cuántas cuadras vivían del laburo –indicó en torno a la cartera a cargo de Rogelio Frigerio-. Los que vivían a más de 30 cuadras tenían que justificar la adhesión al paro y además les aclaraban que esa adhesión iba a traer descuentos”.
En la Agencia Nacional de Noticias Télam también hubo irregularidades. “La empresa ofreció pagarle el remís a todo el que quiera venir a trabajar, fuera de donde fuere”, aseguró un trabajador de esa repartición pública. Ante esta situación, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) emitió un comunicado: «La empresa que todos los días rechaza taxis para las notas periodísticas; que no acepta que, cuando esos taxis están, esperen a periodistas y reporteros gráficos en las notas, cualquiera sea la zona o el horario; que no contrata choferes ni renueva los móviles; esa misma empresa ahora nos ofrece taxis, choferes, viáticos y pagos de estacionamiento si estamos dispuestos a violar la voluntad colectiva». El empleado de Télam que dialogó con ANCCOM agregó: «Fuimos viendo cómo la empresa durante la semana estuvo sondeando a factureros, personal externo y colaboradores para contratar gente ese día y sostener ciertos servicios mínimos, lo cual es sumamente ilegal. No se puede contratar trabajadores para reemplazar a los que se encuentren haciendo paro». Por último dijo que «ya sabemos lo que va a pasar con el descuento del día; la empresa está haciendo un mega operativo, llamó a todo el mundo para ver si trabajaba o no».
En cuanto al Ministerio de Educación, una trabajadora también dio su testimonio de forma anónima: «En nuestro caso, como venimos en conflicto desde enero, la presión es una continuidad –subrayó-. No hay algo específico y puntual por este paro, pero ya está creado el miedo y por lo tanto muchos trabajadores no se animan a cargar en el sistema ‘adhesión al paro’ aunque adhieran. Lo que buscan es crear las condiciones para poder agarrarnos en algo».
Esta situación no es nueva desde la llegada al gobierno de Cambiemos. Luego de la marcha del 24 de marzo, Yamil Minakowski, director de la Dirección General de Reciclado (DGREC) del Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) del Gobierno de la Ciudad, despidió a cinco trabajadores por asistir a la marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. En cuanto a este caso particular, Catalano explicó que tras arduas negociaciones, ayer lograron la reincorporación de los empleados. El secretario general de ATE Capital indicó que «se acaba de resolver la reincorporación de los trabajadores del Ministerio de Ambiente. No pudimos resolver todavía que vuelvan al mismo lugar que trabajaban pero ya está garantizada la fuente de trabajo, que no es un dato menor. Eso sí, hay que remarcar que es un hecho de persecución, porque esos compañeros fueron despedidos por haber participado de la marcha del 24 de marzo».
“El gobierno se equivoca en boicotear el paro –opinó, por último, Catalano-. Ellos aprietan el acelerador pensando que nosotros vamos a disminuir y pasa todo lo contrario. Los laburantes se empoderan más y salen con más fuerza porque todos estamos entendiendo que renunciar al derecho a la protesta es directamente agacharte y esperar que te toque a vos».
Actualizado 06/04/2017
