Ago 16, 2016 | inicio
La empresa de capitales mexicanos FEMSA, distribuidora de los productos de Coca-Cola en Buenos Aires y alrededores, fue intimada por la Justicia a reincorporar a un trabajador que había sido despedido luego de organizar entre sus compañeros la marcha del 24 de marzo, fecha que conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y de ser señalado por integrar una lista gremial combativa. Esta reincorporación, efectivizada finalmente el viernes pasado, se suma a otras también ordenadas por el Poder Judicial, y ocurridas en las plantas de Pompeya, en la Capital Federal, y de Monte Grande, en la Provincia de Buenos Aires.
José Agustín Gómez, de 55 años, trabajaba en la compañía desde 2003, en el puesto de operador de movimiento interno. El lunes 28 de marzo –inesperadamente para él- sus superiores le notificaron que lo echaban de la empresa bajo la acusación de integrar una “organización rompeconos” que se dedicaba a la rotura sistemática e intencional de estas guías de señalización.
Gustavo Intrieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDh) que representa a Gómez, afirma que el fallo del Juzgado Laboral N° 30 dejó asentado que las pruebas presentadas por los asesores legales de Coca-Cola-FEMSA no tienen validez alguna. “Se lo terminó acusando de la rotura de más de 15 conos, pero solo presentaron la rotura de uno solo, la cual se sabe que sucedió el 18 de marzo a las 20.00. Pero quedó asentado que en ese momento José se encontraba en otro sector”, explica el abogado. El letrado sostiene que la supuesta rotura de conos fue un montaje de la empresa para tratar de sacarse de encima al trabajador, a causa de su actividad gremial y de su participación en la convocatoria al acto del 24 de marzo.
El abogado cuenta el último manotazo de ahogado que intentó hacer la empresa de “la gaseosa de la felicidad”: “Pretendió revertir la cautelar del 14 de julio (la cual obliga a la reincorporación del operario despedido) mediante la presentación de documentos y testigos falsos”. Y se explaya en su explicación: “Como pruebas entregó dos fotos en las que quiere demostrar que José está participando del hecho, pero se observa que se trata de otra persona distinta. Incluso las fotos presentan fechas distintas y un cono en lugares distintos, con lo cual no puede tratarse del mismo hecho. Hasta esa torpeza cometieron”.
Traiciones
A los dos días del despido, los compañeros de Gómez organizaron una asamblea de la que participaron unos sesenta trabajadores en horario laboral para que los abogados del sindicato intercedieran a su favor. “Incluso se ofrecían a pagar los conos magullados”, asegurá el trabajador ahora reincorporado. Bajo esta presión, dos días más tarde, el viernes 1º de abril, intermedió la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines (FATAGA), a través del subsecretario Américo Romero. “El representante gremial –recuerda José- me da la razón y me dice que la acusación resultaba inverosímil. Igual yo le dije que no se quedara con mi testimonio, que investigue a fondo para dar cuenta de la verdad”.
No obstante, el 6 de abril Romero le presentó a Gómez un telegrama en el que aceptaba formalmente su desvinculación de la empresa. “Yo había ido para que verifiquen que las acusaciones eran falsas y para que luchen por mi reincorporación, y el señor Romero me comunica que no iban a rever mi caso porque -para él- el sindicato no está para interceder en estas cosas. Pero si los sindicatos no están para ayudar al trabajador, ¿entonces para qué están?”, se pregunta con tono de impotencia.
La vuelta de los años 90
Durante el neoliberalismo de los años 90, las grandes empresas fueron favorecidas por una serie de leyes que flexibilizaban el empleo y precarizaron las condiciones de trabajo. Intrieri esclarece la situación en la Coca-Cola de aquellos años: “Los trabajadores carecían de representación sindical de base, ni siquiera había afiliados al sindicato. No se podía criticar nada”.
Y se explaya en cómo se dio el cambio: “Producto de una organización interna, los trabajadores de Amancio Alcorta lograron imponer la representación gremial, que luego se trasladó a la planta de Monte Grande. Pero el sindicato recién nombró a los delegados en 2012, para protegerse antes de que surgieran representantes más de base, y en 2014 los trabajadores presentaron una lista más representativa, la Lista Bordó, que se oponía al accionar de las directivas mafiosas del sindicato de FATAGA, donde no se convoca a asamblea ni se toman decisiones de modo democrático. Cuando gana la Lista Bordó comienza el ataque a los empleados de la comisión interna de la planta Monte Grande”, relata Intrieri.
Más tarde, según Intrieri, este disciplinamiento fue aplicado por los directivos de Coca-Cola-FEMSA a su central de Pompeya, donde los trabajadores estaban organizados en la Lista Marrón, una agrupación se define como clasista y está integrada mayoritariamente por miembros que tienen afinidad o que militan en el Partido de los Trabajadores Socialistas.
José Gómez, militante de esta lista, no tiene dudas de que los gerentes de Coca-Cola-FEMSA buscan desprenderse de los miembros más activos y organizados en la defensa de derechos. “Nosotros luchamos por derechos que creemos justos, como -por ejemplo- dejar de cobrar el día simple cuando trabajamos en día feriado, o exigir que no nos cambien de serie y de puesto, o que no nos cambien de horario. Siempre le fui fiel al trabajo y nunca le fallé a la empresa, pero parece que luchar por derechos laborales para ellos es ser mala persona”, advierte.
La desvinculación estratégica de trabajadores que están organizados no es nueva en la empresa de la gaseosa más publicitada del país: “Los compañeros de la Agrupación Marrón veníamos sufriendo despidos desde agosto del año pasado, pero despedían con otro método: sin causa y con indemnización”, declara Gómez.
Otros casos
Cristian Durán protagonizó la primera reincorporación de esta serie dictada por la Justicia. Su despido de Coca Cola fue en agosto de 2015 y ocho meses más tarde una cautelar judicial, que aún aguarda sentencia firme, ordenó su vuelta al trabajo en la planta de la calle Amancio Alcorta, en Pompeya.
“Era sabido en la planta que yo soy activista de la agrupación Marrón, la cual busca defender los derechos de los trabajadores que todavía al día de hoy se siguen vulnerando. Nosotros hemos denunciado a la empresa y también al sindicato por no defender al laburante”, declara Durán.
Otras sentencias que han salido favorables a los trabajadores son las de Sandro Giménez en la planta de Monte Grande y de Jonathan Mendoza, Gabriel Zapata, Walter Lell, Mario Fernández y Gastón Borda en la de Pompeya. A estos se suman dos casos más de empleados que han preferido, por desgaste emocional, no reincorporarse a Coca-Cola-FEMSA.
Por lo pronto, en el caso de Gómez, el más reciente de esta serie de trabajadores despedidos y reincorporados por orden judicial, pudo reingresar a su trabajo el viernes pasado.
Actualizada 16/08/2016
Ago 10, 2016 | inicio
Es día de San Cayetano y los fieles hacen fila sobre la calle Bynon para pedirle al patrono del trabajo. Algunos sostienen espigas de trigo con la imagen del santo, otros tienen paquetes de velas amarillas y de fondo se escucha la misa que brindan en la puerta de la iglesia ubicada en la calle Cuzco. A metros, sobre avenida Rivadavia, al lado de la estación de trenes de Liniers, se forman las columnas de organizaciones sociales y políticas que, cerca de las nueve y media, emprenden camino hacia Plaza de Mayo.
La manifestación fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa bajo la consigna de “Pan, paz, tierra, techo y trabajo”. Al frente de la marcha se encuentran los dirigentes sociales y sindicales entre los que está Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, aquel que mandó al ministro Juan José Aranguren a hacer prueba y error “con la puta madre que lo re mil parió” y uno de los nombres que circuló como candidato a formar parte de la conducción colegiada de la Confederación General del Trabajo (CGT) a partir del Congreso del 22 de agosto.
Hoy la central obrera está dividida en tres y se busca su reunificación. Aunque no está contemplado en el estatuto, el objetivo del Congreso es constituir una conducción colegiada que represente a todos los sectores, al igual que sucedió en 2004 cuando fueron elegidos Hugo Moyano (Camioneros), Susana Rueda (Sanidad) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). Esta vez, la CGT conducida por Moyano propone a Juan Carlos Schmidt (Dragado y Balizamiento), la de Antonio Caló a Héctor Daer (Sanidad) y la de Luis Barrionuevo a Carlos Acuña (Estacioneros) para conformar un nuevo triunvirato. Sin embargo, la Corriente Federal de Trabajadores impulsa a Palazzo, secundado por Héctor El Gringo Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense), para conducir la próxima cúpula de la central. Con ese objetivo, a un acto en el microestadio de Ferrocarril Oeste para el 12 de agosto.
¿Qué opina de la marcha de San Cayentano?
Es muy importante porque es una forma de expresar no solo una conmemoración religiosa, sino también la necesidad de que el gobierno cambie algunas políticas que tienen que ver, básicamente, con la economía, con lo político, con lo social. Vemos que hay una inflación alta, que hay cada vez más caída del empleo, caída de la actividad económica y esto va a tener consecuencias directas en lo social.
¿Por qué usted y El Gringo Amichetti consideran importantes las regionales de la CGT?
Nos parece importante reconstruir ese vínculo. Hoy las economías regionales y los sectores del interior del país padecen, de manera muy fuerte, este período de crisis en donde se está gobernando para los ricos. Entonces es importante tener una CGT unida y federal, que exprese al conjunto de los trabajadores en toda la República Argentina.
El taxista Omar Viviani y el representante de los peones rurales Gerónimo El Momo Venegas amenazan con no unirse si se elige una conducción colegiada de la CGT, ¿aún así usted cree que la unidad es posible?
Nosotros creemos en una conducción colegiada pero lo más amplia posible y representativa de todos los sectores de la CGT. Creemos que el debate hay que darlo adentro y desde ahí plantea que se necesita una CGT con contenido, que exprese el rechazo a la política del gobierno y que establezca un plan de lucha con un paro nacional activo y con los trabajadores movilizados.
¿Qué expectativas tiene para el acto del 12 de agosto?
Importantes. Cada vez hay más organizaciones que se suman, pero lo nuestro trasciende al 12 y trasciende también al 22. La Corriente Federal Sindical se está convirtiendo en una referencia de un espacio combativo de la CGT que pretende confrontar con el gobierno. Estamos muy entusiasmados, sobre todo, pensando, más allá del 22, en todos los días que vamos a tener que salir a la calle a luchar mientras sigan estas políticas en la Argentina.
La ex presidenta criticó al movimiento sindical diciendo que chicos de colegios secundarios logran conquistas y los gremios nada, ¿usted qué opina?
Es una opinión que tiene. Yo creo que el movimiento sindical tiene su tiempo para reordenarse, en todas las organizaciones pasa lo mismo. Nosotros (los bancarios) hemos dado una muestra contundente cuando decidimos no cerrar nuestras paritarias hasta que no reincorporaran a nuestros trabajadores del Banco Central y es una expresión que hay que tenerla en cuenta. Pero creo que hoy hay que priorizar la unidad por sobre todos los otros valores porque es el movimiento obrero y las organizaciones sociales las que están en condiciones de confrontar con efectividad contra este modelo. Hoy los partidos políticos están discutiendo sus internas, por qué perdieron la elección, y creo que si el movimiento obrero se unifica y hay unidad en la acción de todos los sectores sociales y todas las centrales podemos combatir con efectividad las políticas actuales.
Actualizada 09/08/2016
Jun 15, 2016 | inicio
Sentarse a esperar la llamada telefónica que los convoque a trabajar. Viajar hasta Zepita 3220 para llegar a la hora indicada. Firmar un contrato a ciegas que morirá a las 24 horas, y esperar tener suerte al día siguiente para que todo se repita. Así transcurre la jornada laboral de los trabajadores de una de las plantas impresoras del grupo Clarín. A pesar de que su estatuto determina que a partir de los 30 días de trabajo corrido los operarios deben ser efectivizados, en algunos casos llegan a trabajar como jornaleros trece años sin pasar nunca a integrar la planta permanente. Sin organización gremial consolidada debido a las constantes amenazas por parte de la empresa, en marzo de este año fueron elegidos delegados Alejandro Ontivero y Diego Bruschini, para defender sus derechos laborales. Durante los últimos dos meses Ontivero, que era contratado por día, espera, en vano, que el teléfono suene.
Zepita es la planta encargada de la impresión de los diarios Clarín, La Razón, Olé y Revista Genios, entre otros productos de Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA SA – Grupo Clarín). Si bien los empleados del otro edificio de la empresa –ubicado en la calle Tacuarí, sede de las redacciones y de administración– llevan adelante un reclamo por mejores condiciones laborales y un salario digno, los trabajadores de Zepita se encuentran varios pasos más atrás. No solo exigen un sueldo más justo, sino que buscan salir de un sistema de trabajo decimonónico y que no está contemplado por la ley. Según Diego Bruschini, delegado de Zepita por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), entre 30 y 40 personas se encuentran realizando tareas en calidad de “jornaleros”. Deben permanecer junto a los teléfonos expectantes a la llamada del patrón, llegar a tiempo al establecimiento –sin importar las distancias ni el horario en que les llegó el aviso– y firmar un contrato que no se les permite leer y que solo tiene validez por un día. “Yo lo firmo y ellos me lo sacan. No nos dejan verlo. Así como me pasa a mí le pasa a todos los compañeros que son contratados, es una manera en la que ellos se cubren”, explicó Ontivero, que hace 11 años trabaja bajo las reglas de este sistema con la promesa que de algún día ser efectivizado. Mientras que un empleado permanente cobra alrededor de 30.000 pesos, por los mismos días y horarios un contratado percibe menos de la mitad. “Un promedio de 800 pesos por cada jornada”, estimó Bruschini.
Alejandro Ontivero
“Este sistema es ilegal. Nuestro estatuto establece que a los 30 días la empresa está obligada a efectivizarte. De los 30 días a los 14 años está todo fuera de la ley. Pasa que es muy difícil meterle una denuncia al diario”, explica Francisco Rabini, delegado de la comisión interna de Clarín por SiPreBa. El diario tiene un programa de disciplinamiento: “Ellos son personas que a veces hace 11 o 12 años que no se toman vacaciones, porque si lo hacen no los contactan para trabajar durante dos semanas como represalia”, explicó. Y agregó: “Tenés que estar siempre pendiente, porque si suena el teléfono, no atendiste y ese día no fuiste a trabajar y pasas al último eslabón. Tenés que volver a pagar derecho de piso. Ni hablar si te quejás o intentás mejorar las condiciones de trabajo”.
El número de contratados por día va variando de acuerdo a la tirada de ejemplares de cada jornada. Este sistema, según expresó Rabini, es una manera de hacerle pagar al trabajador un costo de fluctuación del que debería hacerse cargo la empresa: “Si el diario tiene problemas por imprimir más los fines de semana y menos en la semana es un tema suyo. No puede hacerle pagar eso a un tipo que no tiene laburo. Es una empresa que cotiza en la bolsa de Londres, no es una pyme. Nosotros después hacemos notas en el diario sobre talleres clandestinos bolivianos en Flores y nos horrorizamos cómo los someten a esas condiciones. Bueno, nosotros tenemos algo muy parecido”, opinó.
Persecusión sindical
Ante la negativa de la empresa a convocarlo a trabajar desde que asumió como delegado -el pasado 31 de marzo-, Ontivero intentó acercarse para dialogar con Clarín y lograr un acuerdo, pero sólo se encontró con negativas. Por este motivo presentó un recurso de amparo en la justicia: “El que inició el amparo fue mi abogado Guillermo Gianibelli. El 3 de mayo salió una resolución donde le ordenan a la empresa mi reincorporación. La empresa aduce que no le llegó nada, desconoce el fallo, no hace caso a la justicia. Nos presentamos 10 días más tarde con mi abogado y con el escribano a la puerta y no nos dejaron entrar. Esto es claramente una persecución sindical. Porque desde que salí electo no puedo ingresar a la planta”, denunció Ontivero.
El jueves pasado la Justicia impuso una multa a AGEA, que comenzó a tener vigencia a partir de este lunes. Por cada día que la empresa no llame a trabajar a Ontivero, le deberá pagar 5000 pesos. Sin embargo, el trabajador considera que esta no será sanción suficiente para revertir la situación. “El problema es que la empresa lo va a pagar, porque no quiere la organización gremial. No quiere representantes genuinos. Nosotros fuimos elegidos por nuestros compañeros. Ellos no quieren eso, quieren delegados de la patronal, para poderlos manejar. Como ni a Diego ni a mí pueden controlarnos, eligieron este camino, la persecución”, explicó.
Desde la empresa no solo se le negó el trabajo a Ontivero luego de ser elegido delegado, sino que también Bruschini denunció persecución gremial. Aun conservando el puesto, ya que es efectivo, la empresa comenzó a exigirle una metodología de trabajo diferente: “A partir de la nota con Víctor Hugo Morales, el pasado miércoles a la noche, me quisieron cambiar los francos, el horario de entrada, y la jornada en general… ahora me la empezaron a complicar a mí”, reconoció. Asesorado por los abogados de SiPreBa hizo llegar a la empresa un telegrama alertando sobre esta situación ilegal. Hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.
Diego Bruschini
Sin actividad gremial consolidada durante los años previos, recién en 2014 los trabajadores de la planta Zepita convocaron su primera elección: “Siempre nos decían que la empresa echó mucha gente en el año 2000, entonces los compañeros tenían miedo. Es más, ahora tienen mucho miedo de hacer algo”, se lamentó Ontivero. Y agregó: “Lo que me está pasando a mí es una manera de asustar a la gente. Es dar un ejemplo. Ellos nos decían: ‘Al que se postule como delegado, la empresa lo va a echar. Al que quiera organizar una asamblea, la empresa lo va a echar’. Siempre recibimos amenazas. Los capataces se hacían llamar delegados”.
Ese año, los representantes gremiales de Tacuarí, que renovaron su comisión interna, decidieron llamar a elecciones en Zepita, que carecía de organización sindical. Sin embargo, unos días después apareció en la planta un papel que convocaba a otra votación: “Esto lo manejaban los capataces de recursos humanos, que son los que aprietan y amenazan a la gente. Entonces al día siguiente fui a Zepita y empecé a juntar firmas en contra de ese llamado, que era muy trucho, sin los plazos y requisitos que son necesarios”, explicó Rabini. Luego de haber juntado 50 firmas en contra, frente a 15 que habían votado amenazados por la empresa, según contó este delegado, el gerente de Recursos Humanos dio por inválida la elección, permitiendo convocar una nueva. Sin embargo, tres días después llegó un telegrama de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) dando por válida esa elección, gracias a lo cual los capataces pasaron a ser los delegados. “La UTPBA es un sindicato totalmente vaciado, burocrático, que ha cometido todas las traiciones que se puedan cometer, razón por la cual nosotros participamos de la creación del nuevo sindicato, que es SiPreBa”, explicó Rabini. Y continuó: “Más bajo no podes caer como sindicato. La empresa defiende sus intereses, quiere pagar los sueldos más bajos posibles, lo entiendo. Ahora, la lógica del sindicato es defendernos a nosotros. Acá le dieron un aval a la esclavitud, al sometimiento de los tipos que ellos mismos tienen que defender”.
La lucha llegó a Zepita
Clarín no sólo desconoce la representación gremial de sus empleados sino que, según denuncian los delegados electos por SiPreBa, se encuentra en proceso de reducción de personal. El método utilizado es la tercerización de tareas realizadas en la Planta Zepita hacia otras empresas pertenecientes al mismo Grupo. Un ejemplo es el caso del sector Depósito: en octubre de 2015, la empresa presionó a los empleados para que firmaran un contrato bajo la denominación “Cesión de contrato de trabajo”, aceptando pasar a formar parte de Unir S.A y, a cambio, se comprometían a pagarles un resarcimiento como parte de indemnización, respetarles los años de antigüedad e, incluso, volver a su lugar de trabajo original si cambiaban de opinión: “Con ese movimiento bajaron línea: ‘Ojo con el que se organiza porque volás’. Lo dicen desembozadamente. Acá el que saca los pies del plato, el que arma quilombo, se va”, denunció Francisco Rabini.
Según la página web de la Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina “Unir S.A. es una empresa del Grupo Clarín orientada al desarrollo de soluciones integrales en las tareas de Distribución Postal, Logística en general”. Tal como argumentan los delegados consultados por ANCCOM, Clarín no sólo cede a sus empleados en Zepita para realizar trabajos bajo la razón social de UNIR S.A, –empresa que también pertenece a ese Grupo mediático–, sino que aún habiendo sido trasladado a otra rama los empleados deben continuar realizando, en parte, tareas que corresponden al trabajo de la planta impresora. Cuando los empleados comenzaron a entender la situación pidieron a Clarín hacer uso de la cláusula que les permitía volver a sus antiguas funciones pero fueron desoídos por la Gerencia: “Como respuesta les decían que si ahora eran empleados de Unir S.A tenían que arreglar con esa empresa. Y les ofrecían como indemnización sólo la mitad de lo que les habían ofrecido antes de firmar”, explicó Bruschini.
Alejandro Ontivero lleva más de 70 días sin su llamado telefónico, más de 70 días sin trabajar, más de 70 días sin cobrar. “Yo tengo 9 hijos y me siento en una situación bastante complicada, bastante jodida. Hoy me cuesta mucho traer un plato de comida a mi casa, porque estoy sin trabajo”, contó a ANCCOM. Durante estos dos meses recibió ayuda de la comisión interna de Clarín, que hace colectas para aliviar su situación económica. “Ellos están peleando por un sueldo digno y sacan plata de su bolsillo para darme una mano a mí. Eso me enorgullece de mis compañeros. Además quiero agradecer mucho al gremio de prensa SiPreBa, porque está apoyando en todo momento, no solamente a mí, sino a todos los trabajadores”, dijo. Y concluyó: “Es tremendo lo que está pasando. Con mi familia no sabemos qué hacer para pasar el día a día. Pero lo que hicimos nosotros en la empresa con mis compañeros era lo que teníamos que hacer. Nosotros teníamos que elegir una comisión interna y pelear por nuestros derechos, que hace mucho tiempo que la empresa los pisa. Yo hoy estoy en mi casa, no tengo trabajo, pero tengo dignidad. No sabes el orgullo que me da haber peleado por mis compañeros, seguir peleando por sus derechos y los míos”.
Diego Bruschini y Alejandro Ontivero fueron elegidos delegados sindicales de la planta impresora «Zepita» del Grupo Clarin
Actualización 15/06/2016
Abr 29, 2016 | destacadas
El primero en tomar el micrófono fue Pablo Micheli, titular de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma: «Esto recién empieza. Más unidad y más lucha. Y si no escuchan, habrá paro nacional», advirtió. Le siguió el líder de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, quien declaró: “Hoy empieza una historia distinta. El movimiento obrero unido está de pie pidiendo respeto al trabajo y al trabajador”. En tanto, Antonio Caló, titular de la Confederación General del Trabajo (CGT) sede Alsina expresó: “Vamos por la unidad: hacer una sola CGT”, y agregó que la fecha para dar ese primer paso será el 6 de junio con vistas a cerrar el acuerdo el 22 de agosto, día del histórico renunciamiento forzado de Eva Perón a la candidatura a la vicepresidencia. El cierre del acto estuvo a cargo de Hugo Moyano, titular de la CGT-Azopardo. “¿Cuáles son las medidas para detener la inflación desbordante, que en cuatro meses ya alcanza el 40 por ciento? ¿Cómo es posible que hayan tomado medidas inmediatas en otros sectores y no contra la inflación?”, resaltó el líder camionero. Ante una convocatoria multitudinaria, la casi totalidad de las centrales sindicales realizó una contundente demostración política, de cara al tratamiento de la ley antidespidos en la Cámara de Diputados.
Un enorme escenario instalado frente al Monumento al Trabajador, ubicado en la intersección de las Avenidas Paseo Colón e Independencia, fue el espacio central del acto. Cientos de miles de trabajadores concurrieron desde distintas regiones del país, le dieron un marco imponente a la jornada y demostraron la capacidad de movilización del gremialismo. De la protesta también participaron, en este y en otros puntos del país, diversas organizaciones sociales, partidos políticos y ciudadanos autoconvocados.
Integrantes de las CGT más fuertes y las dos CTA confluyeron en un mismo escenario, lo que fue un hecho inédito después de años en que no se reunían. El único ausente fue Luis Barrionuevo, representante gastronómico y titular de la CGT Azul y Blanca, que se reunirá el 1 de mayo con el presidente Mauricio Macri.
La apertura política del acto había estado a cargo del dirigente de la CGT moyanista Juan Carlos Schmid, quien leyó un documento consensuado por todas las centrales sindicales presentes, en donde enumeraban las promesas incumplidas del macrismo y el aumento de la pobreza y la inflación, entre otros puntos.
Emiliano Balaguer, presente en el acto, integra la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en el área de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). “Buscamos mayor estabilidad laboral y la apertura de paritarias. También queremos poner énfasis en la reincorporación de los 330 trabajadores despedidos en la SRT a lo largo y a lo ancho de todo el país”, señaló a ANCCOM. “También nos manifestamos en contra de la precarización laboral que heredamos de las anteriores gestiones del Estado y que son también responsables de que estos 330 compañeros estén hoy en la calle”, agregó.
En cuanto a su expectativa, Balaguer declaró: “Si no hay una respuesta del Gobierno Nacional hacia estos reclamos masivos es muy probable que haya un paro a nivel nacional. Yo estoy hoy acá por eso. Si no, es una marcha folklórica más que no termina en ningún beneficio para las mayorías. Y después sí, podemos luchar por intereses sectoriales, pero hoy tenemos que atender los reclamos de los que se han quedado en la calle”.
Además del cese de los despidos y contra la política de ajuste que viene implementando el gobierno de la alianza Cambiemos, otros ejes de los distintos discursos se focalizaron en la inflación, los aumentos tarifarios, la devaluación, el pedido de 82 por ciento móvil para los jubilados, la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, la criminalización de la protesta social, entre otros.
Hugo Yasky, titular de la CTA de los Argentinos.
Luis Carlos Osorio, que se presentó como integrante de la organización “Macri, pará la mano”, afirmó: “Pedimos que el Gobierno Nacional dé marcha atrás con las medidas antipopulares: reincorporar a todos los estatales despedidos y revertir el tarifazo. Los hospitales de la provincia de Buenos Aires llevan quince días sin atención al público, entre ellos, el ‘Hospital Fiorito’ de Avellaneda. Hay comercios, en esta misma zona de la provincia de Buenos Aires, que están por cerrar porque no les dan los costos, y esto lleva a más despidos en el área privada”. Asimismo, añadió: “Espero que Macri reaccione y se dé cuenta que el pueblo está movilizado en espera de un paro nacional. Que Macri deponga su actitud de favorecer a los sectores concentrados, como el de los bancos”.
En tanto, Fernando, quien integra el movimiento peronista 26 de Julio manifestó: “Siempre es importante que el movimiento obrero se exprese porque es el principal sujeto de transformación de la historia”. Y consideró: “Hoy hay un hecho histórico, que es la unión de las grandes centrales de los trabajadores después de tanto tiempo”.
Respecto a la razón de la tardanza en una convocatoria masiva por parte de las principales centrales obreras el militante opinó: “Coincidímos con compañeros del ámbito sindical en que la dinámica del movimiento obrero tiene otros tiempos. Y es verdad que se tardó en una convocatoria masiva frente al ajuste, los despidos, el aumento de precios y demás, pero hay centrales regionales del interior del país que se vienen movilizando con medidas de lucha durante toda esta etapa”. Por otra parte, afirmó: “Nos gobiernan gerentes de las multinacional, que son expresión de los sectores financieros internacionales. El Gobierno no tiene políticas justas para dar respuesta a la crisis”.
Por su parte, Juan Pablo Minetti, secretario de Comunicación de la Unión Informática, declaró: “Este encuentro es histórico porque el Gobierno actual está tomando medidas a favor de muchos grupos económicos concentrados y está retrasando la toma de medidas a favor de los trabajadores”. Además, explicó su postura sobre el accionar del sector privado: “Hoy lo que más nos preocupa es el tema de los despidos; las empresas están aprovechando la vía libre que da el Estado para dejar compañeros sin su fuente de laburo”.
Por último, Minetti advirtió: “Buscamos hacer una llamada de atención al Presidente sobre la ley antidespidos, y estoy convencido de que el Gobierno va a recibir este mensaje y va a actuar en consecuencia, es decir, no va a vetar esta ley tan necesario en estos tiempos de tanta gente en la calle. Porque si lo hace habrá una manifestación mucho más grande que esta”.
Actualizado 29/04/2015
Abr 27, 2016 | Entrevistas
El gobierno nacional tiene un extraño mérito. Haber logrado la unidad, si bien precaria, de las cinco centrales sindicales del país en un acto común por el Día del Trabajador. Será el viernes, cuando las tres CGT y las dos CTA marchen y se movilicen en el centro de la Ciudad con una lista de reclamos hacia la administración de Mauricio Macri. Será el primer acto que contará con la presencia de Hugo Moyano (CGT Azopardo), Antonio Caló (CGT Alsina), Luis Barrionuevo (CGT Azul y Blanca), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Pablo Micheli (CTA Autónoma). La movilización también contará con la adhesión de organizaciones de la economía social, como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), organizaciones sociales y partidos políticos.
En el centro de la escena estará el pedido de las centrales para declarar la emergencia en materia laboral. Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) pronosticó que, un eventual veto del Ejecutivo a las iniciativas que se discuten en esa dirección en el Congreso, dejaría a las centrales sindicales “ante la obligación de convocar a un paro general”.
En una entrevista exclusiva con ANCCOM, Yasky cuestionó la promesa de Macri de terminar con la precariedad laboral en medio de una ola de despidos. “Quiere curar una uña encarnada cortándote la pierna”, graficó.
El cuadro de “La manifestación” de Antonio Berni, y la camiseta de River firmada por el plantel visten las paredes de la oficina del dirigente sindical. Yasky sirve los vasos de agua y amplía su crudo diagnóstico a las últimas medidas sociales anunciadas por la gestión Cambiemos. “Son casi como grajeas homeopáticas para alguien que ha sufrido la embestida de un tractor”, juzga.
¿Cómo observa la situación social a cuatro meses de la asunción del gobierno de Mauricio Macri?
Los primeros cuatro meses del gobierno de Macri le han mostrado a los trabajadores el rostro del ajuste; hubo un aumento desmedido del precio de los alimentos, vino la devaluación que siempre tiende a licuar el poder adquisitivo de los salarios. A eso se le sumó el aumento de las tarifas de los servicios, y ahora el incremento del transporte. Todo esto no tuvo una compensación en términos de alguna política social que tendiera a mitigar el ajuste. Por el contrario, apareció de entrada un tema que generó rechazo y movilizaciones como fueron los despidos en el sector público, que ya suman 30 mil, y que generan un contagio en el sector privado, porque la actividad económica tiende a retraerse, producto del retroceso en el poder adquisitivo del salario.
Las grandes empresas, además de los despidos, están implementando suspensiones y cierre de turnos, ¿qué pasa con las pequeñas y medianas que tienen una situación más crítica?
Las grandes empresas tienen mayor elasticidad porque pueden manejar variables como el adelantamiento de las vacaciones o las suspensiones, pero las pequeñas empresas, de cinco o nueve empleados, tienen un margen muy reducido para eso y sienten de manera muy fuerte tanto la caída del consumo, porque no pueden acumular stock, como el aumento de las tarifas. Están entrando en un cuello de botella porque les cuesta hacer frente al aumento. El cuadro es muy preocupante porque el gobierno anuncia medidas que benefician sobre todo a sectores poderosos de la economía pero no tiene una agenda para las PyMEs ni para los trabajadores, entonces todo se agota en una suerte de imprecación, te dicen que tenemos que esperar a que lluevan dólares o que vengan las inversiones. Pero nadie va a invertir productivamente en un país que hoy ofrece la posibilidad de obtener grandes tasas de ganancias en corto plazo especulando financieramente. Estamos en un problema de concepción de quienes gobiernan, que aplican esto como si fuera un dogma, porque es lo que desde las empresas que dirigen siempre han sostenido, y, lamentablemente, esto tiene arrinconado a grandes sectores de nuestro pueblo que empiezan a sentir las consecuencias.
¿Hay un exceso de confianza en la llegada de inversiones para reactivar la economía?
La denuncia de las sociedades de la familia Macri en Panamá nos pone frente a una contradicción. El presidente pretende que los inversores externos vengan a generar empleo, cuando los argentinos, incluido él, optan por los paraísos fiscales sacando la plata del país. Hoy en la Argentina se pueden hacer grandes negocios financieros, en tres o seis meses, y nadie va a correr el riesgo cuando las tasas de ganancia productiva están por debajo de las financieras. Está claro que el pago a los fondos buitre y el inicio del ciclo de endeudamiento les va a servir a los que siempre tuvieron el capital para hacer negocios y obtener tener más capital. A los que siempre tuvimos salarios de hambre, nos va a servir para tener, todavía, más salarios de hambre.
¿Cuál es la situación de los empleados públicos que entraron en la revisión de contratos y que vencieron en marzo?
Macri heredó una situación de precariedad laboral en el Estado, que es una de las asignaturas pendientes que dejó el anterior gobierno y le facilitó esta sangría de despidos. Porque como eran contratados, ni siquiera se hicieron cargo de mandarles telegrama de despidos. Por eso el trámite fue tan grotesco, de hacer listas, con policías en la puerta que decían ´este entra y este no entra´ y no mandaron los telegramas. Lamentablemente esto nos dejó en una situación de vulnerabilidad total y los que siguen trabajando saben que tienen una inestabilidad absoluta en términos laborales. Porque a pesar de que Macri dice que ha venido al gobierno a terminar con la precariedad, su manera de hacerlo es echando a todos los precarios. Esto es como decir que vas a curar una uña encarnada cortando la pierna.
¿Se niega esta situación de forma deliberada?
Creo que la política del gobierno para los trabajadores, para los sectores populares, por un lado consiste en negar la realidad y utilizar el blindaje mediático para que los grandes medios de comunicación se dediquen a mostrar la caza de los corruptos como un deporte nacional y hablen de cualquier cosa menos de lo que están sufriendo los trabajadores. Y por otro lado, a tratar de montar escenas como la que hicieron en el Centro Cultural Néstor Kirchner donde trajeron al gurú de la felicidad para explicarles a los opulentos qué digna puede llegar a ser la pobreza cuando uno sigue los consejos de los manuales de autoayuda. Es lamentable que un gobierno en la campaña electoral dijera que no venía a hacer el ajuste, que no se dejaran correr por la política del miedo, y ahora están haciendo estas cosas.
¿Son suficientes las medidas que anunció el gobierno para los sectores populares, como la quita del IVA de los productos de la canasta básica de alimentos?
Son medidas casi como grajeas homeopáticas para alguien que ha sufrido la embestida de un tractor. Se ha hecho mucho daño con estas políticas, y el gradualismo ha brillado por su ausencia en lo que es más sensible a los sectores de menor poder adquisitivo como son las tarifas de gas, electricidad y los alimentos. Hoy tenemos, por ejemplo, aumento de demanda en los comedores escolares como no lo veíamos en mucho tiempo, o vemos sectores de la clase media que van retrocediendo en su nivel de consumo para limitarse a los alimentos.
El Centro CIFRA de la CTA está dedicado a la investigación del mercado de trabajo, el desarrollo económico y problemáticas sociales. ¿Qué importancia tiene contar con mediciones y estudios propios en contextos como el actual?
Al INDEC antes se lo ha criticado porque publicaba cifras que no se correspondían con la realidad. Ahora directamente no hay cifras, es clara la parálisis y el hecho de que algunas consultoras privadas prefieran no dar a conocer públicamente los números que registran porque implica mostrar un panorama que al gobierno no le conviene. Carecemos de parámetros objetivos. De todas formas, CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina) y CEPA (Centro de Economía Política Argentina) están dando datos sobre el incremento de la pobreza, el descenso de los salarios, los aumentos de los niveles de desocupación, que demuestran claramente que el efecto del ajuste es nocivo para los sectores populares. Dentro de los despidos hay algunas áreas que son muy sensibles, que tienen que ver con las prestaciones sociales y con las políticas para los sectores más vulnerables de la economía, que garantizaban desde los camiones sanitarios que recorrían los barrios, hasta los empleados del sector público que tenían a cargo tareas sociales como los planes de vacunación. Son muchas cuestiones que para un CEO de una multinacional deben ser absolutamente prescindibles. Acá se había logrado que las políticas públicas penetraran en sectores donde culturalmente es muy difícil que se puedan dar con la continuidad y seguimiento, como por ejemplo los planes de vacunación, Ahora se ha producido un daño que tiende a consolidar las desigualdades y las zonas de exclusión de la pobreza estructural.
En este contexto de ajuste para los sectores sociales más vulnerables, se postula la unidad de las cinco centrales el 29 de abril…
Se pudo, en un proceso que no fue fácil, acercar las posiciones de las cinco vertientes, tres de la CGT y dos de la CTA, y converger en la convocatoria a un acto el 29 de abril que, más allá de conmemorar el Día del Trabajador, puso en la mira la demanda de políticas sociales frente a este panorama de destrucción y avasallamiento de las conquistas de los más vulnerables. En ese sentido, el eje fue una ley de emergencia ocupacional que permita ponerle freno a los despidos que actualmente se están produciendo en el sector público y en el privado. Se busca generar una serie de instrumentos que les permita a las PyMEs hacer frente al pago de salarios con recursos del sector público para sostener el empleo mientras dure la crisis. En el caso del empleo público se prohíbe directamente el despido sin causa, y se plantea que esta emergencia se extienda por doce meses para evitar que se produzcan despidos en ese período. De alguna manera es tomar el argumento que da el propio gobierno, de que dentro de seis meses o un año la activación económica y las inversiones van a generar fuentes de trabajo. Nosotros decimos que hay que proteger durante ese período a quienes pueden quedar desempleados, porque hoy no hay condiciones para que el que pierda un trabajo pueda encontrar otro en lo inmediato. De todos modos, es asombroso que el gobierno se niegue a que haya una ley de estas características, porque se trata de una ley de emergencia, transitoria, y que permitiría a los que pierdan el trabajo en este período sostenerse hasta que llegue ese tiempo de reactivación que el gobierno dice que va a venir.
¿Por qué los proyectos de emergencia laboral plantean la reincorporación de los despidos a partir de marzo, si empezaron en diciembre? ¿Fue el límite del acuerdo que lograron?
En parte porque legalmente una ley no puede ser retroactiva en su aplicación, así que por más que pusiésemos el 1 de febrero, cualquier presentación ante la Justicia la haría vulnerable, y hasta se podría vetar ese artículo con un argumento legal. Entonces se acordó establecer un corte el 1 de marzo. De todos formas, si se pudiera aprobar esa ley en un tiempo razonable –porque no serviría de mucho si se tarda tres o cuatro meses en sancionarla- sería muy útil porque muchos despedidos podrían ser revisados, otros tendrían el derecho a una suerte de indemnización que hoy se les niega porque eran contratados, y además significaría un paraguas abierto para ambos sectores. Esto es clave, porque los despidos no llegaron a 30 mil y terminaron, sino que es un proceso que tiende a avanzar.
El macrismo ya se manifestó en contra de una ley de emergencia laboral y de hecho está trabajando un proyecto alternativo…
Yo creo que están tratando de generar un efecto de distracción en la opinión pública, plantean ahora una ley de primer empleo que puede llegar a ser complementaria de la emergencia laboral, pero si no paras la sangría de los despidos qué sentido tiene hablar de una ley de primer empleo. Es una incoherencia absoluta. Está claro que quieren mostrar, ´nosotros tenemos iniciativa, sensibilidad social, acá está la prueba, tenemos la ley de primer empleo, pero la otra la vamos a vetar´. Es actuar de mala fe, porque si uno tiene realmente la preocupación de garantizarles el primer empleo a los jóvenes, lo primero que tienen que hacer es parar con los despidos que están haciendo en el nivel público, porque muchos de los que están despidiendo eran jóvenes que por primera vez tenían un trabajo estable.
De hecho el oficialismo está negociando con el Frente Renovador, que apoyaba la declaración de emergencia laboral, para llegar con los votos que necesita la nueva iniciativa…
Lo del Frente Renovador es preocupante porque si bien los diputados que componen ese bloque, integrado por muchos que vienen del sindicalismo, advirtieron que van a sostener el proyecto de ley, Sergio Massa, que es el referente del bloque, en este momento parece haber sido seducido por la idea del oficialismo de que esta ley no tiene que avanzar. Lamentablemente se ha prestado a este juego, porque él tuvo un protagonismo muy grande el día que fuimos las cinco centrales al Congreso, donde se comprometió públicamente a apoyar la iniciativa, pero parece que ahora se inclina por un proyecto que, al igual que el del primer empleo, es complementario de la ley de emergencia. Se trata de un proyecto de asistir con créditos y otros incentivos a la pequeña empresa. Esto es absolutamente complementario, sería un excelente paquete de leyes de una agenda social muy necesaria. El viraje de Sergio Massa es reciente, de manera que todavía estamos midiendo qué efecto se produjo hacia adentro. Lo que sí sabemos, porque hemos hablado con ellos y otros lo han dicho públicamente, es que van a seguir sosteniendo el proyecto, tanto Facundo Moyano, como Daer por ejemplo. Ellos dicen que el bloque puede ir a una votación dividida y que ellos pueden llegar a traccionar muchos votos para conseguir la mayoría que hace falta. Y si se da la escena del veto presidencial, ahí ya estaríamos jugando en otra pantalla. Porque sin lugar a dudas, las cinco centrales estarían frente a la obligación de convocar a un paro general y una movilización a Plaza de Mayo, y quizás entraríamos a una escala de lucha que interpreten mejor la necesidad de los que hoy están acorralados por el ajuste.
¿Todos los sectores sindicales van a por lo mismo el 29?
Creo que va a haber matices que se van a advertir en los discursos y en el palco, pero en la calle va a haber homogeneidad absoluta. Sea del gremio que sea, quienes vayan saben que van a protestar contra el ajuste, a pedir una ley que pare los despidos, para lograr un respiro en una situación que asfixia cada vez más al bolsillo de los trabajadores. En ese sentido será un excelente acto y creo que es lo mejor y más inteligente que podríamos haber hecho: unificar las centrales y hacer una demostración de fuerza hacia el gobierno. Después, hacia adentro, habrá lecturas que tendrá que ver con los espacios de disputa dentro de la CGT a cargo de las tres vertientes que hoy se expresan, algunos especularán con los matices o cuánta gente movió cada una. Pero creo que la lectura más importante es la de pensar que si se trata de una multitud de trabajadores la que se expresa en las calles y lo hace en unidad, habremos dado un paso importantísimo para no estar tan desválidos frente a este gobierno que tiene la potencia de ser el gobierno que apoyan los grandes grupos económicos, la clase dominante, los sectores más opulentos, los dueños de medios de comunicación y los jueces que forman parte de una casta que defienden los intereses de las minorías de privilegio.
¿Hay conversaciones con la otra CTA sobre una posible unificación?
Sí, es un tema que se está conversando. Con Pablo Micheli hemos coincidido en la necesidad de que esta unidad en la acción que se ha venido llevando adelante, hemos estado juntos en varios actos con compañeros estatales, en el de CTERA con el paro y movilización, y ahora vamos a volver a estar juntos en la marcha convocada por las cinco centrales. La idea es que todos estos episodios en los que nos unifica la acción, nos vayan llevando hacia un camino de unidad orgánica. Eso está en la agenda y creo que tendríamos que pensar que a lo largo de este año, se puedan dar pasos en concreto.
Publicado 27/04/2016
