Jul 20, 2021 | Comunidad, Novedades
A siete meses de la sanción de la ley para la “atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia”, que garantiza el tratamiento de la trombofilia a las personas gestantes, existen herramientas más claras para hacer efectivo su derecho y transitar un embarazo sin complicaciones. Se trata de una enfermedad poco conocida que requiere más campañas de concientización y prevención. Ianina Lis Castro, fundadora del Colectivo por la Ley de Trombofilia, cuenta cómo fue el recorrido hasta la sanción y sobre las dificultades actuales en su aplicación.
Hasta el 30 de diciembre de 2020, para acceder al diagnóstico y tratamiento por trombofilia había que padecer la pérdida de varios embarazos. La norma vino a resolver este problema, pero el camino sigue siendo complejo. La Ley 27.611 prevé la cobertura para dicha patología, con la novedad de incorporar en el texto principios de no discriminación en cuanto a la identidad de género.
Fue creada “con el fin de reducir la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”. Vetada por el ex presidente Mauricio Macri, es el resultado de una batalla silenciosa en la lucha y la conquista por la ampliación de derechos.
¿Qué sabemos de esta patología?
La trombofilia es un trastorno en la coagulación sanguínea y desde la definición científica se manifiesta como un desorden del mecanismo hemostático que lleva a la trombosis. La enfermedad trombótica surge como resultado de la conjunción de varios factores: genéticos, ambientales y de condiciones adquiridas que determinan la atención clínica individual. Pueden ser de características hereditarias o adquiridas. La más frecuente y de mayor impacto en ginecología y obstetricia es el «síndrome antifosfolipídico” (SAF), una enfermedad autoinmune, que se presenta principalmente en mujeres jóvenes.
Este trastorno se considera silencioso y es común en personas gestantes; pero en algunos casos resulta difícil llegar al diagnóstico y obtener un tratamiento certero.
En 2017 nace el Colectivo por la Ley de Trombofilia con la finalidad de continuar la lucha por una sanción a favor de quienes padecen la enfermedad. Desde entonces se ocupan de informar, asistir y acompañar a personas con embarazos, interrupciones o en proceso de lactancia.
Inanina Lis Castro, junto a otras treinta mujeres se reúnen los sábados -cuando las restricciones por la pandemia lo permiten- en el local que inauguraron en marzo de 2021, y desde ahí se reparten las tareas orientadas a la concientización, el seguimiento de casos, brindan charlas informativas con especialistas y, a través de sus redes, muestran y cuentan historias de vida.
“Al ser un espacio feminista en donde somos todas mujeres, también es la puerta de entrada para construir redes, contactarse y desarticular violencias de todo tipo sobre los cuerpos”, indica Castro. “Aprendemos -agrega- del problema, nos constituimos con lo que le sucede a la otra. El colectivo es eso. Somos como una red, tenemos un chat y compartimos las veinticuatro horas del día”.
En primera persona
En 2015, Castro quedó embarazada por tercera vez de manera natural, sin ningún inconveniente, pero a los seis meses de gestación sufrió la muerte intrauterina del bebé. “Con el diagnóstico en mano que decía trombofilia, me enteré que había mujeres que acceden a ese análisis, luego de las pérdida de dos o tres embarazos. Y a medida que te alejabas de la General Paz eran muchos más. Empecé a preguntarme en dónde estaba la ley para esto. En ese entonces, había un proyecto con media sanción. Mientras estaba pasando mi duelo, se estaba votando una ley en Diputados por la trombofilia”, relata.
Son muchas las mujeres que transitan y pasaron por lo mismo. Por eso, desde el colectivo, impulsan y sostienen que “protegernos y anticiparnos -añade Castro- es un bien para todas y que no es sólo un caso aislado. No es sólo para una, nos puede pasar a todas”.
Por eso, el colectivo responde consultas, informa y asesora sobre las herramientas existentes para hacer efectivo el derecho de las mujeres gestantes o con capacidad de gestar. Desde un simple mensaje en redes sociales se puede contactar a sus integrantes para recibir información o asesoramiento. En Instagram y Facebook mantienen un mismo usuario: @colectivoxlaleydetrombofilia, y en Twitter @CTrombodilia. De manera presencial, están en la «Casa Colectivo Matriactiva», un espacio propio en la calle Venancio Flores 3979, en el barrio de Floresta, CABA.
Un poco de historia sobre la legislación
“En febrero de 2016 la iniciativa fue girada a dos comisiones: la de Salud y la de Presupuesto. En ese momento, en el Senado, Juan Manuel Abal Medina era el presidente de la Comisión de Presupuesto. Lo llamé y pedí una reunión. Le conté lo que me había pasado y que padecía de trombofilia. Él me respondió que sabía de lo que le estaba hablando. La ley fue aprobada en noviembre del 2016 y el 23 de diciembre del mismo año, el por ese entonces presidente Mauricio Macri la vetó”, recuerda Castro.
Dicha iniciativa declaraba de interés nacional la protección de las personas portadoras de esta patología. El proyecto indicaba, entre otras cosas, que se incluyera en el Programa Médico Obligatorio (PMO) el análisis de sangre que diagnosticaba este problema.
Los argumentos en contra se focalizaron en rechazarla indicando que el estudio temprano no se encontraba recomendado por entidades científicas nacionales e internacionales. “Tuvimos reuniones con los diputados en campaña. Pero durante todo el macrismo la ley nunca se trató. Con el cambio de gobierno se buscó una nueva ley, con atención a las políticas de inclusión de todas las personas, incorporando la diversidad y la elección sin discriminación sexo-genérica”, explica la coodinadora del colectivo.
“Hicimos que llegara nuestra inquietud al presidente Alberto Fernández -agrega-, y el 1º de marzo (en la apertura de sesiones legislativas) anunció que se iban a mandar dos proyectos: el de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Plan de los Mil Días, para acompañar a las mujeres que quieran maternar y a las que no lo quieran”.
¿Cómo interviene esta nueva ley?
El 30 de diciembre se sanciona la Ley 27611. El Artículo 23 aborda la trombofilia y tiene por objeto a las personas gestantes que cursan embarazos de alto riesgo. La norma establece que la autoridad de aplicación tiene la responsabilidad de impulsar un modelo de atención que priorice las intervenciones comunitarias centradas en el cuidado de la salud integral, el acceso equitativo a las redes de servicios de salud perinatal organizadas según la complejidad, los métodos, diagnósticos y los tratamientos indicados. También procurar que los nacimientos ocurran en maternidades seguras conforme el riesgo de la persona gestante o la salud fetal.
La ley permite el acceso a estudios de diagnóstico gratuitos y a los tratamientos, tanto para las personas con cobertura pública como obra social. La clave está en lograr un diagnóstico temprano y el desafío pendiente federalizar la aplicación de la misma para garantizar de forma gratuita en todo el territorio nacional.
“Lo que está haciendo el Ministerio de Salud es facilitar el acceso equitativo con las herramientas que tenemos. Si hablamos de equidad tenemos que hablar de distribución geográfica”, dice Castro en base a experiencias concretas.
“Hay una obstetra de mucho renombre que trabaja con una guía de preguntas basada en antecedentes obstétricos y sobre diferentes síntomas. En los casos que son hereditarios, solemos tener algún familiar en primer o segundo grado que perdió un embarazo o que tuvieron algún accidente cerebro vascular (ACV)”, explica.
Para Castro “una ley puede ser hermosa y estar bien escrita, pero se puede transformar en un instrumento obsoleto si no pensamos en la diversidad. Son muchas las mujeres que no tienen información. Por eso nuestro asesoramiento es necesario. Tenemos varones trans que gestan y a veces pierden los embarazos por esto. Del 2016 hasta ahora han cambiado muchas cosas y podemos hablar de cuerpos gestantes”, sostiene.
Con información llegamos a la prevención
Desde el colectivo advierten que lo importante es conocer los antecedentes familiares y la información preventiva. “Si logramos comprimir todas las preguntas en la primera visita ginecológica, antes de recetar anticonceptivos orales, la persona que se haga los estudios de trombofilia va a ser la que tenga alguna sospecha. Así se reduce el campo. Se puede escapar algún caso, pero no la bestialidad de padecer la perdida de varios embarazos para que te estudien”, adivierte Castro sobre las estreategias a seguir.
El tratamiento médico, en la mayoría de los casos, consiste en la aplicación de heparina, un anticoagulante que permite atravesar un embarazo con normalidad. Habitualmente su práctica requiere la aplicación diaria de una ampolla del antitrombótico, durante los primeros seis o siete meses de embarazo y, en ocasiones, se continúa los 30 días posteriores al puerperio. Comercialmente, cada frasco-ampolla cuesta un estimado de 2.000 a 5.000 pesos, dependiendo del laboratorio fabricante.
La medicación debe ser entregada de acuerdo al pedido médico tratante, sea por medio de un hospital público, obra social o prepaga, como lo avala el Programa Médico Obligatorio (PMO). La cobertura no solo implica las inyecciones sino los métodos orales que sean anticoagulantes y el tiempo necesario para el gestante.
La mayoría de las personas que tienen trombofilia no presentan síntomas. Es muy importante que las mujeres que tengan dudas o sospechas, consulten con su médico ginecólogo u obstetra según el caso.
“Nosotras socializamos la información. Si la persona gestante, en este caso, no puede acceder al diagnóstico, cuentan con un respaldo que las ampara y que lo habilita. El tema es llegar a saberlo”, informa Castro.
¿Dónde hay asesoramiento?
Desde la Sociedad Argentina de Hematología (SAH) se encuentra un cuestionario de respuestas a preguntas frecuentes: ¿A qué se llama pérdida gestacional? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es el tratamiento? Además, ofrece diversas recomendaciones, datos para pacientes que toman anticoagulantes y la explicación de cada tipo de trombofilia, así como una lista sobre consejos de cuidado.
También hay información sobre los centros nacionales de esta especialidad, con una llamativa disparidad geográfica. En Capital Federal se encuentran más de veinte centros de Hematología, en La Plata y en Provincia de Buenos Aires tres y en Rosario solo uno.
Por su parte, el Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis (CAHT), una sociedad científica sin fines de lucro, que congrega a médicos, bioquimicos y biólogos dedicados al estudio de las enfermedades de la coagulación de la sangre, impulsa el Día Mundial de la Trombosis en Argentina, cada 13 de octubre, con el objetivo de transmitir el conocimiento, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos trombóticos y hemorrágicos.
La Superintendencia de Salud, el ente regulador y controlador de las Obras Sociales Nacionales y Entidades de Medicina Prepaga, es la encargada de garantizar los derechos de la/os usuaria/os sobre las prestaciones. Las consultas son gratuitas.
Desde la entidad, el trámite se puede iniciar de forma telefónica o por asesoría virtual en la página oficial, siguiendo los pasos que indican. Ellos deben informar, responder y facilitar a lo/as ciudadana/os que requieran algún tipo de información sobre su cobertura médica. Se recomienda tener documentación respaldatoria que avale el diagnóstico, sea de esta u otra patología.
La tarea del Colectivo, como otras asociaciones, es la concientización sobre dicho trastorno y los chequeos médicos preventivos. Entregar la información adecuada a toda la población, sobre lo que es la trombofilia, su diagnóstico y tratamiento. “Por ejemplo: con un simple estudio de sangre, una persona, sin importar que, puede detectar, tratar y prevenir muchas patologías. No estamos solas en esto”, sostiene Ianina.
Difundir, acompañar ,visibilizar y socializar son los instrumentos necesarios es parte de un modelo de interacción que demuestra la importancia de la participación comunitaria como eje central para reforzar el sistema de salud, desde una perspectiva que anteponga a las personas por encima de la economía.
Jun 30, 2021 | Comunidad, Novedades
Se cumplen ocho meses desde la media sanción del proyecto de Ley de Etiquetado en la Cámara de Senadores y puede perder estado parlamentario si no se aprueba este año. Organizaciones sin fines de lucro, sociedades médicas y agrupaciones en defensa de los derechos del consumidor reclaman en redes con el hashtag #EtiquetadoClaroYa para que se establezca como una reglamentación integral sin modificaciones para generar una alimentación saludable y evitar enfermedades crónicas no transmisibles.
Florencia Guma, licenciada en Nutrición y cofundadora de Sanar (Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales) asegura: “Esta ley es integral, porque está el etiquetado, los entornos escolares y la regulación a la publicidad dirigida a chicos. Eso cubre un montón en cuanto a la educación. Creo que todos nos merecemos estar educados sobre el tema y tener información sobre lo que comemos. Es un proyecto muy completo y por eso bregamos para que salga tal cual está porque seríamos pioneros en Latinoamérica y en el mundo. El acceso a la información hace una mejor decisión alimentaria”.
Si bien entre los senadores el proyecto tuvo 64 votos a favor y 3 en contra, en Diputados el debate se interrumpió. Las organizaciones que trabajan juntas desde la formulación de la ley denuncian que esto se debe a el lobby sobre El Poder Ejecutivo y el Legislativo y puertas giratorias entre los ministerios de Agricultura y Comercio. “El poder de lobby o la interferencia de la industria no es un tema menor. Justamente afecta uno de los sectores quizás más poderosos de argentina: la industria alimentaria”, afirma el Ignacio Drake, responsable del Área de Proyectos de Consumidores Argentinos, en la ONG que busca informar, educar y defender a los consumidores.
María Belén Núñez, miembro de Sanar, señala que la creación de pánico económico y la desestimación de la evidencia científica por la industria de los ultras procesados también retrasa la sanción de la ley. “Tenemos que ver si los tomadores de decisiones no tienen algún conflicto de intereses en el que quieran beneficiar a alguien, en vez de beneficiar a la salud. Por ahí hay gente que salió a decir que las lentejas iban a tener un sello de advertencia, que el tomate iba a tener un sello de advertencia. Todo esto fue también como para desprestigiar un poco la ley y generar confusión en la sociedad”, describe.
Las organizaciones aseguran que el etiquetado es muy difícil de interpretar para el consumidor común. Según la Universidad Siglo 21, a través de su Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales, solo uno de cada cuatro personas lee actualmente las etiquetas de los productos que compra. Pero, de todas maneras, el Código Alimentario Argentino no obliga a los fabricantes a comunicar la cantidad exacta de azúcar en un producto. “Hoy la gente compra, por ejemplo, un yogurt creyendo que es un alimento saludable y con muchos nutrientes. Pero la industria, para venderlo más, le pone muchísima azúcar, muchísima cantidad de aditivos, sabor a frutilla, olor a frutilla, color de frutilla y terminan siendo golosinas. Es un falso saludable”, agrega Núñez.
La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable se base en tres ejes, el primero tiene que ver con la implementación de un sistema de advertencia de sellos con forma de octógonos negros con la leyenda “Exceso en…”, indicando que un alimento ultra procesado (formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos) contiene un exceso de nutrientes críticos, ya sean azúcares, sodio o grasas. Además de la inclusión de una etiqueta con la leyenda: “contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as” o “contiene cafeína, evitar en niños/as” a los productos que correspondan.
Esta clasificación de los alimentos se rige por el perfil de nutrientes elaborado por la Organización Panamericana de la Salud. En donde se tienen en cuenta los límites máximos de consumo de determinados nutrientes que puedan tener un impacto o ser perjudiciales en la salud. Según el Ministerio de la Nación y la Fundación InterAmericana del Corazón Argentina, es el perfil de nutrientes que más se adecua a las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).
“Se da a conocer más la ley por el etiquetado y no por todos los ejes que tiene, porque le toca la imagen al envase del producto y afecta a la industria, que va a tener que modificar cuestiones para evitar los sellos”, comenta Florencia Guma sobre los otros dos ejes del proyecto que son los más innovadores y se relacionan particularmente con la alimentación de los niños y niñas. Uno de ellos estipula que a los productos que les corresponda llevar algún tipo de sello octagonal se le prohíbe cualquier tipo de publicidad. Tampoco podrán utilizar claims, personajes animados, premios o regalos para atraer al consumidor. Por otra parte, estos productos, no podrán ser ofrecidos ni comercializados en entornos escolares. Magdalena Merlo, coordinadora del Área de Salud de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), explica que es allí donde se genera el impacto positivo en la educación nutricional y la salud de los niños. “Históricamente los niños y niñas pasan muchísimas horas en las escuelas donde hay una exposición constante a estos alimentos. Con esta ley, el Estado tendría el deber de priorizar en los programas de asistencia alimentaria la compra de productos que no tuvieran sellos”.
Argentina se ubica en el primer puesto de la región en sobrepeso en menores de 5 años, según el informe sobre la exposición de niños, niñas y adolescentes al marketing digital de alimentos y bebidas en nuestro país realizado por Unicef. Además, asegura que uno de cada dos chicos y chicas compran alimentos poco saludables atraídos por publicidades y que los contextos digitales están completamente desregulados en lo que refiere a la constante exposición de los más pequeños a alimentos y bebidas poco saludables.
Mientras que la Ley de Promoción de Alimentación Sustentable se mantiene en un limbo, desde Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) se presentó un proyecto que supone reemplazar los sellos “Exceso en…” por “Alto en…”, modificando el sistema de perfil de nutrientes de la OPS por umbrales más bajos, excluyendo todas las regulaciones en los entornos escolares y la publicidad. También deja afuera las etiquetas relacionadas con los edulcorantes y la cafeína, María Belén aclara que “son varias diferencias técnicas que son más funcionales a la industria y menos funcionales a la salud. Entonces quedan por afuera bastantes regulaciones y no logra hacer tan efectivo como la evidencia científica de otros países nos está diciendo”.
Lo cierto es que el proyecto original cuenta con el apoyo de numerosas entidades como la OMS, la OPS, Unicef, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Fundación InterAmericana del Corazón y la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad Infantil en Niños, Niñas y Adolescentes, por mencionar algunas. Cada vez son más los países Latinoamericanos que aprueban leyes similares, consiguiendo cambios en los hábitos alimenticios. Son el caso de Chile, Perú, Uruguay y más recientemente Colombia.
A pesar de esto y la gran aceptación por parte de la sociedad, que se manifiesta en las redes sociales, todavía no hay fecha para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Tanto Sanar, Fundeps y Consumidores Argentinos, como otras organizaciones médicas y en defensa de la soberanía alimentaria promueven la participación a través de la plataforma Activa el Congreso, en la que quien quieran pueden enviar mensajes a los legisladores solicitándoles que voten a favor del proyecto, para garantizar nuestro derecho a una alimentación más saludable.
Abr 5, 2021 | Novedades, Trabajo
Trabajadores autoconvocados de la salud pública de Neuquén cortaron la ruta en tres puntos clave para el turismo durante trece horas. El hecho se produjo el pasado jueves 1 de abril, coincidiendo con el inicio de Semana Santa y se enmarca en una acción que surgió como consecuencia de varias jornadas de reclamos, paros y movilizaciones. Los protagonistas denuncian al gobierno provincial de abandonar el sistema de salud en plena pandemia y a los sindicatos ATE y UPCN de firmar acuerdos paritarios a espalda de sus representados. Hubo tensión entre Gendarmería Nacional y supuestos turistas.
Para tomar real dimensión de lo que pasa en la provincia patagónica es necesario distinguir a los distintos actores en el conflicto. Por un lado, el Poder Ejecutivo Provincial (PEP) a cargo de Omar Gutiérrez, quien accediera al cargo en representación del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Por otro, los sindicatos ATE y UPCN, únicos habilitados para negociar paritarias y que acordaron con Gutiérrez un aumento del 12% para el primer semestre de este año. Este acuerdo motivó el surgimiento de un tercer actor denominado Autoconvocados de salud, que se compone por administrativos y profesionales insatisfechos con esos gremios. Por último se encuentra el Sindicato Profesionales Salud Pública Neuquén (SiProSaPuNe) y el Sindicato de Enfermería de Neuquén (SEN) que sin acordar en la forma del reclamo de Autoconvocados, coinciden en el contenido. Estos últimos son los que nuclean a los profesionales de la salud pero no son reconocidos por el PEP en la discusión paritaria.
El sector de Autoconvocados que organizó la jornada de lucha se concentró a las 4 de la mañana en los tres lugares estratégicos pactados: uno en Villa La Angostura sobre Muelle de Piedra, otro en Junín de los Andes a la altura del puente del río Chimehuín y un tercero en la Ruta Nacional 22, a la altura de Arroyito. La idea, según cuentan los protagonistas, era bloquear por tiempo indefinido las rutas turísticas hasta que el gobernador Gutiérrez llamara al diálogo. Entre los asistentes, que se estima fueron más de 1000 entre todos los cortes, había afiliados a ATE, a SiProSaPuNe, al SEN y también muchos independientes que no se sienten representados por ningún sindicato. A pesar de no tener comunicación por parte del PEP, las asambleas decidieron levantar la medida luego de trece horas de permanencia, fuerte apoyo social así como momentos de tensión.
Es que mientras los manifestantes se hacían oír con cantos y bombos, en el corte de Arroyito apareció un grupo de personas que decían ser turistas y empezaron a agredir al piquete. “Hubo un grupo muy violento, y por eso pensamos que no se trataba de turistas, porque prácticamente secuestraron una ambulancia con un paciente crítico que iba con el médico. Luego tuvo que dar la vuelta y hacer más de 300 kilómetros hasta su destino”, declaró a Canal 7 de Neuquén Marcos Campos, trabajador de salud y referente de las asambleas de Autoconvocados. Rodrigo Ferrería, médico generalista del hospital de Plottier, estuvo presente en ese corte y fue testigo de los hechos: “Gendarmería Nacional estaba cortando a 2 kilómetros de nosotros pero en un momento liberaron los cortes y nos pusieron cara a cara con los turistas que nos empezaron a agredir. Amenazaban con avanzar con los autos”. Afortunadamente no se registraron mayores incidentes.
Más allá de lo establecido, cada corte tuvo su propia dinámica siempre marcada por lo que dicte la asamblea. Mientras que en el de Villa La Angostura se tomó la decisión de dejar pasar a los automovilistas con cierta periodicidad, unos kilómetros al norte por la Ruta 40, en el corte sobre el puente del Chimehuín, optaron por prolongar la jornada de lucha hasta pasadas las 17. Los momentos de mayor euforia se vivieron quizás cuando en los tres puntos neurálgicos empezó a correr la noticia que habían cortes esporádicos en otros puntos de la provincia, en apoyo a los reclamos. Uno de ellos fue en la localidad de Loncopué que luego se sumó al corte de Arroyito, y otro en la localidad de Las Lajas, que culminó entre aplausos de vecinos y transeúntes con una marcha alrededor del centro de la ciudad cerca del mediodía.
Un reclamo histórico
“Hace dos meses que empezamos a manifestarnos públicamente a través de acciones de lucha, notas enviadas a la ministra Merlo haciendo hincapié en dos puntos centrales: el primero, hace falta una mesa de discusión salarial propia del sector salud con representación de los cuatro gremios que integran el área. Y junto con esto va el reclamo que ya tiene un tiempo prolongado, de la necesidad de una ley de carrera profesional que cada vez se vuelve más imperiosa porque desde el Convenio Colectivo de Trabajo hasta acá lo que se ha hecho es bajar marcadamente la situación del sector profesional y favorecer con eso la permanente pérdida de profesionales o la incapacidad para incorporarlos”. Esto declaraba a ANCCOM César Dell’Ali, secretario general de SiProSaPuNe. Este sindicato, que no participó de los cortes, adhiere en lo discursivo a los reclamos del sector Autoconvocados. Ambos se preparan para una nueva jornada nacional de lucha el próximo 7 de abril, coincidiendo con el día de la sanidad.
El problema en salud no comienza con el CCT sino que lo agrava, coinciden los protagonistas. Es que según explica Dell’Ali, “una vez más fue negociado de espalda a los trabajadores entre ATE, UPCN y el PEP y aprobado por la legislatura entre gallos y medianoche”. Darío Mas, secretario general del SEN denuncia la misma situación: “Tenemos inscripción gremial. Desde que salió el CCT hemos sido discriminados y dejados de lado constantemente.” Y agrega: “No le conocemos la cara a la ministra Merlo, no sabemos cómo es, no hemos tenido una convocatoria con ella y lo que exigimos es una mesa de salud debido a la cantidad de cuestiones que son bien específicas y a lo complejo que es el sector”.
Con la llegada de la pandemia la situación precaria del sistema de salud provincial no hizo más que agravarse. Con el comienzo del año los agentes de la salud recibieron la noticia que el Estado no cumpliría el acuerdo paritario vigente hasta el primer trimestre de 2021, aduciendo la baja en la recaudación producto de la pandemia. Algo poco creíble si se tiene en cuenta que se trata de la provincia de Vaca Muerta, la segunda mayor reserva de gas del mundo, según el propio Gutiérrez. Esa noticia que cayó como baldazo de agua fría en todo el sector público se hizo efectiva y “los esenciales” no recibieron aumento de sueldo en todo el año pasado. A esto debe sumarse la decisión del gobierno provincial de pagar el aguinaldo en tres cuotas y de no tener un plan de contingencia para las bajas de profesionales durante la pandemia.
Desde Autoconvocados, Ferrería explica que gran parte del conflicto tiene que ver con lo salarial pero no es lo más importante: “Somos el único sector de la administración pública, prácticamente, que no se guardó en toda la pandemia. Nos enfermamos, enfermamos a nuestras familias, no nos pudimos tomar licencia. Todo lo contrario: nos aumentaron las jornadas de trabajo para cuidar al resto”.
Daniela Anticura, médica clínica del hospital de Zapala apuntó: “Empezó la pandemia y dejaron sin efecto el acuerdo salarial, las licencias. Tampoco cumplieron el acuerdo por ropa de trabajo. Entonces si sumamos la falta de recursos humanos, la falta de insumos, la falta de organización, se genera un caldo de cultivo que culmina en la situación actual.”
Anticura, al igual que Dell’Ali denuncian que hay otro problema que subyace y que es las renuncias que se están dando en distintos centros de salud de la provincia. En Zapala se da la renuncia Mario Laborda, jefe del departamento de imágenes, pero no es el único. Entre enero y marzo renunciaron cincos de los once terapistas que tenía el hospital Castro Rendón, el más importante de la provincia. Otras dos terapistas entraron en licencia por embarazo, por lo que en el servicio hay cuatro profesionales capacitados donde hace apenas unos meses había casi el triple.
Anticura, Dell’Ali, Ferrería, coinciden en que lo salarial fue la gota que rebalsó el vaso. Las condiciones previas y durante la pandemia fueron gestando un estado de malestar en todos los sectores que terminó de estallar con el arreglo de ATE y UPCN con el gobierno del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
“Esenciales para el pueblo, invisibles para el gobierno”
“Lo de Neuquén es verdaderamente sorprendente. El gobierno ha tratado de alguna manera contener a los trabajadores públicos que han estado en la primera línea de esta pandemia, que son los trabajadores de la salud”, dice Julio Fuentes, Secretario Adjunto de ATE Nacional.
La relación entre la dirección nacional de ATE y la provincial hace años viene en un público desgaste y con el conflicto en salud esa enemistad se vuelve más tensa aún. Fuentes, quien otrora fuese Secretario General del gremio a nivel provincial pero que hace tiempo cumple funciones en el ámbito nacional y latinoamericano, se mostró muy crítico del gobierno provincial y de la actual conducción de ATE Neuquén: “Estamos en una situación sanitaria gravísima y me parece que las autoridades neuquinas no son conscientes. Y en medio de esta situación, atacan a los trabajadores y trabajadoras de la salud pública que están haciendo un esfuerzo tremendo”.
Fuentes quizás se refiere a la actitud tomada por el subsecretario de Salud, Alejandro Daniel Ramella quien amedrentó con descuentos y sanciones a aquellos trabajadores que se adhieran a las medidas de fuerza. En la circular NO-2021-00278061-NEU-SSLD#MS, que lleva su firma digital, el funcionario público insta a personal administrativo a informar sobre los agentes que adhieran al paro.
Quien también aprovechó la oportunidad para disparar contra los trabajadores esenciales fue el propio Quintriqueo. Es que el Secretario General de ATE Neuquén, en una actitud propia de cualquier patronal, presentó un escrito en la cartera de Trabajo provincial en la que solicitó “a esta autoridad laboral que determine la invalidez e ilegitimidad de esas medidas de acción directa.” La misiva que lleva su firma no solo atenta contra el derecho constitucional de huelga, sino que también desconoce las leyes provinciales. Como afirma Fuentes, quien fuera convencional constituyente provincial: «La constitución neuquina en el artículo 39 establece que el derecho de huelga es un derecho de los trabajadores, o sea que pueden ejercerlo. A diferencia de la Constitución Nacional que establece esa potestad a los sindicatos, en la Constitución Provincial ese derecho es propio de los trabajadores, así que los funcionarios deberían ajustarse a la constitución de la Provincia”.
