La discusión acerca de la implementación de un Salario básico Universal (SBU) y ampliar así el sistema de seguridad social adquirió notoriedad en los últimos días. ANCCOM diálogo con distintos especialistas para analizar los alcances y dificultades del proyecto.

La discusión acerca de la implementación de un Salario básico Universal (SBU) y ampliar así el sistema de seguridad social adquirió notoriedad en los últimos días. Al proyecto presentado por diputados del Frente de Todos, ahora se le suma el apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien puso el tema en la agenda el sábado pasado en su presentación en Ensenada.

El texto de la propuesta legislativa lleva la firma de Itaí Hagman, del Frente Patria Grande, y establece un ingreso equivalente al monto de una Canasta Básica de un adulto, la cual hoy ronda los 14.400 pesos, y alcanzaría para establecer una base de ingresos que permita satisfacer necesidades mínimas.

La medida alcanzaría a personas entre 18 y 64 años que se encuentren desempleados, sean monotributistas categoría A, trabajadoras de casas particulares, trabajadores agrarios, asalariados informales y asalariados formales pobres (es decir, que cobren menos que un monotributista clase A).

Asimismo, uno de los requisitos para acceder sería no percibir prestación por desempleo, tarjeta alimentar o Potenciar Trabajo. Se estima, entonces, que alcanzaría a 7,5 millones de personas y tendrá un 0,7% de implicancia en el PBI.

El Artículo 20 de la iniciativa estipula que los beneficiarios deberán acreditar anualmente una contraprestación como pueden ser los talleres de formación profesional o bien la finalización de estudios primarios. Al respecto, Maia Klein, vicedecana-coordinadora de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Moreno, cree que este punto tiende a estigmatizar a las personas beneficiarias, cargando de responsabilidad a la persona desocupada por no tener conocimientos suficientes.

“La cuestión de la contraprestación parte de no comprender la situación de la población con la que se intenta dialogar”, señala. De esa manera, plantea desde su experiencia profesional cómo en los sectores de ingresos más bajos muchas veces el trabajo informal tiene una carga horaria superior al trabajo registrado. En tal sentido, exigirle al trabajador “en negro” que, además, realice alguno de los programas que el apartado plantea, resulta incoherente.

Para graficar esta situación, agrega datos sobre el estudio de la movilidad social: “En la década de 1940, la posibilidad de tener mejores condiciones de vida que nuestros progenitores era del 90%, en los años 80 era del 50% y en los 2000, del 8%”. Afirma, de esta manera, que es necesario ir más a fondo en la cuestión y revisar las condiciones de empleabilidad en nuestro país.

Para el economista Martín Hourest, en tanto, el proyecto no se trata de un ingreso básico universal, sino de una política focalizada para atender la pobreza, pero que lejos está de ser universal. Para ello, el mismo no debería estar condicionado por el ingreso de las personas o, en todo caso, debería apuntar a una segmentación un poco más amplia.

En ese sentido, plantea que la discusión que debe darse es la del fracaso del mercado laboral, el cual no está preparado para garantizar el trabajo a todas las personas. Una vez que se reconozca esa cuestión, se podrá avanzar en políticas integrales. Al respecto, dice: “Las condicionalidades no deben ser las que se proponen y el programa debe tener un mecanismo de expansión teniendo en cuenta que el mercado de trabajo no va a dar respuestas”, reclamando de esa manera que se reconozca al trabajador informal.

Agustín Mario, economista y director de la Carrera de Economía de la Universidad Nacional de Moreno, reconoce que principalmente entre los años 2003 y 2015, nuestro país avanzó en políticas que garantizaban ingresos a aquellas que no pueden o deben trabajar, tales como niños, personas con discapacidad o jubilados. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en la Asignación Universal por Hijo, moratorias previsionales o ampliación de pensiones no contributivas. Sin embargo, existe una deuda de políticas de este tipo en personas económicamente activas.

Critica el concepto de “Salario Básico Universal”, fundamentado en que el salario se recibe a cambio de trabajo y el proyecto no estaría generando esas condiciones. Sin embargo, refiere no oponerse al proyecto en la medida que repercuta en los ingresos de las personas de tal manera que pueda generar un efecto multiplicador en la economía y finalmente pueda redundar en mejoras en el mercado de trabajo. De todas formas, agrega que la experiencia de este tipo de programas casi nunca conduce a mejoras significativas para quienes está destinado.

Respecto a la contraprestación, considera necesario que las personas ingresen al sistema productivo para que la política resulte efectiva, al respecto, sostiene: “Argentina necesita que todas las personas que quieran participar del mercado de trabajo puedan hacerlo y el Estado tiene un rol ineludible en ese sentido”.

Este miércoles, la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, declaró que por ahora no será posible implementar un proyecto de este tipo debido a las restricciones del gasto público que vive la Argentina.