Jul 10, 2018 | Entrevistas, Te puede interesar
¿Cómo ve las políticas de desarrollo social del Gobierno nacional y del provincial?
Las veo mal. El objetivo del desarrollo social en cualquier país es que haya menos pobreza y desocupación. Pero la situación social está empeorando mucho. Se están recortando programas relacionados a los jóvenes y, si bien es cierto que queda mucha gente con programas sociales, se desacomodó la economía y ya no alcanzan. Esto empeora en la provincia de Buenos Aires, en esencia porque el sistema de salud se está complicando mucho, los médicos no tienen insumos. También empeora el sistema educativo. Yo siempre creo que el ministro de Desarrollo Social nació para pelearse con el ministro de Economía, para lograr los recursos necesarios. Eso hoy no está pasando, no hay una política social activa de verdad, que transforme. No veo, por ejemplo, por qué no se decreta la emergencia alimentaria. El resultado de esta política de Gobierno es más pobreza y más desigualdad.
¿Hacia dónde conducen estas políticas?
A mí me parece que el Gobierno imagina un país que es: soja, minería, sector financiero y salarios bajos. La Argentina es competitiva en lo que es tradicional, producción primaria, el mundo financiero que es fuerte y salarios bajos. Ese modelo deja veinte millones de personas afuera. Creo que no sólo es muy negativo en términos éticos y de valores, sino que es un gran error económico también. Porque, en realidad, el que no lo ve con el corazón, al que no le causa dolor y tristeza ver tanta gente afuera, debería verlo por la racionalidad económica: la persona que no tiene plata no consume y si no consume no mueve la economía local.
¿Cómo se podrá revertir ese proceso?
Va a ser muy difícil reconstruir este proceso. Porque además de ese modelo van a quedar muchas condicionalidades. El acuerdo con el Fondo Monetario va a dejar condicionalidades muy altas, van a quedar muy desacomodados muchos sectores productivos, la apertura de importaciones desacomoda un montón de sectores.
Viene un trabajo muy fuerte para hacer. La Argentina requiere de un tipo de políticas muy diferente. Creo que lo que viene después de esto es un gobierno de equilibrio, uno que pueda asegurar criterios, fijar algunas pautas de lo alimentario, que apunte a cortar la venta de droga en los barrios. Va a requerir de mucho consenso, por eso creo mucho en la unidad opositora. Este gobierno es irresponsable. No sólo deja a un montón de gente afuera, sino que construye absurdamente un modelo ingenuo de vínculo con el mundo. Es ingenua porque ahora además llegó (Donald) Trump y el mundo se cierra. Es una idea inviable.
Usted habla de la existencia de “las cuatro Argentinas”, tal como tituló su libro publicado en 2016, y de la fragmentación social como principal conflicto en el país. ¿Cómo se resuelve ese problema?
Las cuatro argentinas son: una Argentina de los más pobres, los que no tienen lo mínimo, una vulnerable de las changas, una de clase media y una de clase alta. La fragmentación es el peón de taxi que es vulnerable y cuando hay un corte dice: “Yo laburo todo el día, a mí no me regalan nada y a vos te dan todo”. El de clase media dice: “Yo pago todos los impuestos y todo va para allá”. Mi miedo es que las tres Argentinas de arriba entiendan que el problema es la Argentina de abajo y que se potencie aún más la fragmentación. Esta fragmentación consiste en que los distintos sectores se vean de forma contradictoria, el “soy yo o sos vos”, hay conflicto y tensión.
¿Y cómo se combate el núcleo duro de pobreza?
El núcleo duro de la pobreza tiene tres situaciones. Una de las más importantes es la pobreza intergeneracional, esto es que alguien nace pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres y hay todas las chances de que sus hijos sean pobres. Segundo, hay un problema de infraestructura, de vivienda, de servicios básicos, hay mucha gente que vive en Argentina como en el siglo diecinueve. Y el tercer elemento es la falta de movilidad social, el no vínculo con el mercado laboral, más que una changa de vez en cuando. Por todo esto, en primer lugar hay que hacer tres millones de viviendas en Argentina. Es una gran política de derechos y es un gran programa de empleo, a la vez, dando laburo a mucha gente. Segundo, yo creo mucho en la obra pública de pico y pala, es mano de obra intensiva. La Argentina es un país de tres siglos: en el siglo veintiuno está el que le pone valor agregado a la soja, el mundo del conocimiento. En el siglo veinte está la señora que cose ropa en su casa, el gasista y el plomero. Y en el siglo diecinueve está el pibe sin secundario completo. Eso es el mercado laboral. Hay que hacer mucha obra pública y dar trabajo en ese sector, hay que cuidar la industria textil, hay que armar un conjunto de elementos que vayan sacando a la gente de la pobreza estructural.
La Argentina tiene recursos económicos, humanos y naturales, produce alimentos para cuatrocientos millones de personas. Habla mal de todos nosotros, me incluyo, que tenga pobreza estructural.
«Lo primero que hay que hacer en la Argentina son tres millones de viviendas», dice Arroyo.
¿Cuál es el rol de las nuevas universidades en este aspecto?
Las nuevas universidades son un factor de movilidad social, por varias razones. Primero porque estás acercando el mundo del conocimiento y de la investigación a lugares alejados del centro, comprendido como la Capital Federal. Segundo porque el ochenta y cinco por ciento de los chicos son primera generación de universitarios. Impulsar una primera generación de universitarios en el conurbano para mí es de un valor impresionante. Y tercero, quienes en general critican no fueron, no vieron cómo funcionan. Estudiar abre cabezas, oportunidades, genera condiciones, brinda movilidad social ascendente. Soy muy amigable con la idea de las nuevas universidades, hay que potenciarlas. Me gusta mucho lo que están haciendo varias de esas universidades.
¿Cómo ve el camino hacia el 2019? ¿Considera posible una unificación electoral del peronismo?
Yo tengo un gran miedo y es que me parece que se está rompiendo el contrato social. La sociedad se está desenganchando del Gobierno. Yo fui electo diputado en 2017. Vi la campaña como una especie de matrimonio, que si bien no estaba andando bien, llevaba sólo un año y medio y había que esperar. Pero después el Gobierno planteó un conjunto de políticas brutales, quedó muy desnudo, muy desacomodado. Frente a eso la sociedad se desenganchó del Gobierno, pero no ve nada en frente. Esa sensación de vacío es la ruptura del contrato social, que el Estado no acompaña, que cada uno individualmente tiene que hacer lo que puede. Es crisis de representación, con el Gobierno y la política en general. En ese contexto, la unidad del peronismo no es opcional. Creo que lo vamos a lograr, trabajo mucho para eso. Mi idea es que el siglo veintiuno es el siglo de los frentes electorales, no de los líderes únicos. Tenemos que ir a una gran PASO, una gran primaria. Espero que nadie se tiente con las vanidades en este contexto. Fragmentados gana el Gobierno y de esa manera quedan veinte millones de personas afuera.
¿Visualiza una candidatura?
Quienes somos opositores tenemos la obligación tanto de construir la unidad como de llenar el vacío del Estado. En ese contexto quiero ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, como uno de los que discuta en ese espacio para ir a las PASO.
Si llegase a asumir un gobierno peronista ¿qué considera que debería pasar respecto al acuerdo con el FMI? ¿Cuáles son las primeras medidas que deberían tomarse en términos de inflación y recesión?
Me parece difícil que en este Gobierno se cumpla el acuerdo con el FMI. Si ya no está cumpliendo las metas, se le disparó el dólar, usa los fondos para evitar una corrida bancaria que igualmente sucede, hay fuga y saqueo constantemente. Hay que hacer una apertura del mercado interno, todo lo contrario a recortar y endeudar. Hay que ver en un nuevo gobierno en qué consiste este acuerdo y avanzar. Pero lo que necesita la Argentina no es la línea que fija el Fondo. Lo peor que hizo el Gobierno hasta ahora fue liberar el precio de los combustibles y dolarizar las tarifas, eso es inadmisible. En términos de inflación, el Estado tiene que tener capacidad de regular, todo se está yendo a precios. Debería haber un secretario de Comercio de verdad, tener una mirada más keynesiana, generar un consejo económico y social con los trabajadores y definir metas de verdad de inflación, generar equilibrio. El gobierno tiene claro qué hacer con el mercado, pero no sabe qué hacer con el Estado.
Jul 25, 2017 | Trabajo
Cooperativa de Trabajo Cintoplom Ltda es una fábrica de pinturas recuperada y autogestionada por sus trabajadores desde 2004. A pesar de que llevan catorce años de sustentabilidad produciendo en las instalaciones de la antigua Cintoplom S. A., ubicada en Ciudadela, la gobernadora María Eugenia Vidal vetó una ley, aprobada en mayo de este año, que establecía una prórroga de tres años para la expropiación que beneficiaría a los trabajadores. No es la primera vez que el Gobierno obstaculiza el camino de las fábricas recuperadas, en enero Vidal vetó la expropiación de la Cooperativa de Precisión Limitada -ex Rench- que realiza cerraduras bancarias, ubicada en Don Torcuato, en febrero fue el turno de la metalúrgica Raimat de Quilmes y en abril rechazó la expropiación de la Cooperativa Acoplados del Oeste, ex Petinari.
José Silva, presidente de la Cooperativa Cintoplom, trabaja hace veinte años en la fábrica. Primero comenzó en el sector de fabricación de masilla, después pasó al sector de Logística y Expedición. Además de ejercer las tareas que tiene como presidente, no ha perdido la humildad y sigue vistiendo ropas de trabajo, manchadas con pintura. José cuenta que cuando se conformaron en cooperativa trataron de seguir haciendo el trabajo que cada uno sabía hacer. A aquellos que tenían un poco más de tiempo, como fue su caso, les adjudicaron tareas administrativas para poder llevar adelante los trámites burocráticos y legales. José menciona que su vida laboral cambió, ya que tuvo que aprender nuevas tareas y adquirió nuevas obligaciones. “Debimos hacernos cargo de la empresa, es decir autogestionarnos. Todos los que quedamos éramos operarios y trabajadores de planta, lo que sabíamos era usar máquinas. Yo tuve que capacitarme en algunas cuestiones, hacer cursos y formarme para poder interpretar ciertas cosas en la administración de la empresa”, explica Silva.
La salida cooperativa
Los cooperativistas de Cintoplom fueron asesorados principalmente por el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas. “Dentro del movimiento hay un montón de fábricas y colegas que tienen distintos niveles de experiencia en la autogestión y nos ayudaron mucho. Se acercaron a Cintoplom, nos dieron cursos de costos y nos enseñaron cómo comercializar un producto. La gente del Movimiento, además de ponernos la mano en el hombro y decirnos qué hacer, nos ayudó económicamente. Aún hoy los tenemos presentes, cuando uno necesita preguntar alguna cuestión, siempre están, tenemos un contacto fluido”, asegura Silva. Ahora, los trabajadores de Cintoplom tratan de retribuir esa ayuda brindándosela a otros. “A veces vamos a fábricas que recién comienzan para ofrecerles información, le contamos nuestra experiencia y les decimos de qué forma pueden ir solucionando ciertos problemas”. El mayor desafío que recuerda Silva en el pasaje de empresa capitalista a cooperativa fue poner en condiciones la fábrica para volver a producir. “Se requería mucho tiempo de trabajo y dinero. Tuvimos la suerte de que nos apoyaron muchas personas, la gente del Movimiento de Fábricas Recuperadas nos compró pinturas, también los vecinos del barrio”, rememora el presidente de Cintoplom.
«No sólo heredamos la marca, sino también las fórmulas. En el sector de fabricación de pintura tenemos gente muy capacitada, son químicos”, explicó Silva.
Silva habla de la dificultad que tuvieron para volver a instalar la marca en el mercado y generar nuevamente confianza, ya que cuando quebró Cintoplom quedaron deudas pendientes con proveedores y clientes enojados. “Teníamos que demostrar que éramos serios y teníamos ganas de trabajar. Nuestros primeros ingresos nos sirvieron para poder invertir en materia prima y seguir fabricando. En un principio no nos querían vender materia prima, y cuando lo logramos teníamos que pagar por adelantado. Hoy ya no es así, los proveedores nos dejan sacar materia prima con plazos de entre 60 o 90 días. Con todo este tiempo de trabajo se dieron cuenta que nosotros nunca dejamos de pagar a nadie. Con respecto a los clientes volvieron a elegirnos porque ingresamos nuevamente en el mercado con una calidad igual a la que teníamos. No sólo heredamos la marca, sino también las fórmulas. En el sector de fabricación de pintura tenemos gente muy capacitada, son químicos”, explica Silva. El mayor logro que encuentra el presidente es que actualmente la fábrica funciona en un noventa y cinco por ciento como cooperativa.
Ismael Ramón Elías trabaja hace treinta y cinco años en Cintoplom, antes de que se transformara en cooperativa era un operario en el sector de fabricación de pintura. Actualmente se desempeña en el área de administración, control de los créditos y la financiación. Ismael explica que tenía una idea de cómo hacer el trabajo y fue aprendiendo a medida que fue haciéndose cargo, junto a sus compañeros. Ismael también recuerda el proceso que los llevó a formar la cooperativa: “El mismo día en que el dueño presentó la quiebra, los trabajadores nos acercamos a las dos de la tarde para hablar con él. Le dijimos que íbamos a seguir trabajando a pesar de la deuda que la empresa tenía con nosotros -nos debía diez meses de sueldo, más aguinaldos y vacaciones-, que lo íbamos a apoyar para no perder nuestra fuente de trabajo y él nos dio a entender que había aceptado”. Ismael describe que ellos trabajaban de seis a tres de la tarde. Aquel día, se fueron a su casa pensando que al otro día volverían a defender su trabajo; sin embargo el propietario (uno de los hermanos Bosedi, dueños de la empresa familiar) fue directo al juzgado a declarar la quiebra de la empresa. “Al día siguiente nos encontramos con que no podíamos ingresar y con una faja de clausura en la entrada. Intentamos hablar con el dueño pero no lo pudimos localizar, fue un abandono total”.
«Estoy vestido con ropa de trabajo porque a pesar de estar en el área administrativa, también bajo a colaborar, fabricamos y envasamos, todos hacemos todo” comentó Ismael Ramón Elías, secretario administrativo de la cooperativa.
Todos los miembros de la cooperativa recuerdan aquellos como los tiempos más duros. Pasaron más de un año sin trabajo hasta que Ismael conoció a un abogado especializado en cooperativismo que lo aconsejó. “Nos asesoró y empezamos hacer los trámites para formar la cooperativa, lo que también nos llevó su tiempo. Estuvimos alrededor de un mes con una carpa afuera de la fábrica para hacer el aguante, ya que había gente que quería ocuparla. Finalmente el juez nos permitió ingresar primero para hacer limpieza y mantenimiento hasta que en el 2004 nos cedió la tenencia de los medios de producción para empezar a trabajar”, repasa con orgullo. Cuando repararon las máquinas empezaron fabricando en una escala pequeña e Ismael salió a la calle para vender y buscar clientes. “Estuve cinco años en la calle como vendedor hasta que pusimos un aviso en el diario buscando vendedores independientes, porque tampoco podíamos poner efectivo a nadie. Tuvimos la suerte de que la gente nos acompañó”, agradece Ismael.
Los desafíos pasados y futuros
Para Ismael Ramón Elías el desafío más grande que tuvo la Cooperativa Cintoplom fue en un principio comprar materia prima para fabricar. La mayor parte de los insumos para la fabricación de pintura son productos caros e importados. La otra dificultad que se encontraron fue el mismo trabajo autogestionado. “Nosotros nunca fuimos patrones sino siempre operarios y cambiar de un día para otro la cabeza cuesta. Fue incómodo hasta que nos adaptamos al sistema autogestivo, hay muchos a los que no les quita la humildad y hay otros que los cambia un poco. No es mi caso, estoy vestido con ropa de trabajo porque a pesar de estar en el área administrativa, también bajo a colaborar, fabricamos y envasamos, todos hacemos todo”. Ismael cree que el mayor logro que consiguieron como cooperativa fue poder mantenerse y vivir de su trabajo. “Ahora estamos bien, pero siempre con la meta de seguir creciendo”, augura.
José Silva dice que la empresa anterior dejó la fábrica en una condición pésima. Mientras recorre la planta ve un cuadro de un auto de carreras en la recepción, que data de la época de Cintoplom S. A., y sentencia con recelo: “Invertían la plata ahí –en las carreras- en vez de en la fábrica. Estaba muy en claro cuáles eran sus prioridades». A diferencia de otros casos de fábricas que fueron recuperadas, ellos no pudieron quedarse a resistir el vaciamiento dentro de las instalaciones. “Cuando la planta quebró, nosotros regresamos a nuestras casas y después de un año y medio volvimos. La fábrica quebró en 2002, volvimos en 2004 y tuvimos que permanecer un mes con una carpa en la puerta, mientras dialogábamos con el juez, para que nos permitiera ingresar. Ya nos habíamos formado como cooperativa, hacíamos nuestras asambleas en la vereda. Finalmente cuando pudimos entrar nos encontramos con la planta totalmente vaciada, no había absolutamente nada, estaba todo roto porque habían entrado a saquear. Lo que no se pudieron llevar quedó completamente en desuso debido a los destrozos, a las máquinas les sacaron plaquetas y cables”, recuerda José afligido. En el mismo sentido Ismael agrega: “Acá el que vino a robar sabía que se estaba llevando el corazón de las máquinas, la pieza principal para que funcionaran”. Les llevó un año poder hacer su primera fabricación como cooperativa. Estuvieron seis meses sin luz, porque tenían que comprar los cables que se habían robado y no contaban con el dinero. El Movimiento de Fábricas los financió para que pudieran instalar las máquinas y empezaran a trabajar. “La vuelta fue terrible porque empezamos de cero y muchos compañeros no quisieron continuar, ya que era una tarea muy difícil. Cuando la fábrica pertenecía a Cintoplom S.A. trabajaban 200 personas, hoy somos 22 los cooperativistas. La mayoría de los que nos quedamos fue porque teníamos una cierta edad y en ese tiempo -creo que ahora también es así- si eras grande quedabas fuera del mercado laboral. En esa situación decidimos quedarnos acá, resistiendo. Nos capacitamos y hoy en día estamos trabajando”, resume Silva.
«Ahora gracias a Dios generamos laburo para nosotros mismos y para los demás, estamos creciendo de a poquito” comentó José Villalba, operario de la fábrica.
José Luis Villalba maneja un montacargas como si fuera una extensión de su cuerpo, trabaja hace veintisiete años en la fábrica. Mantuvo el mismo puesto en que se desempeñaba antes de que Cintoplom se transformara en cooperativa. Dice que es diferente el trabajo autogestivo que el asalariado porque antes tenían que trabajar para un patrón y ahora son ellos sus propios patrones. “Entender eso fue uno de los mayores desafíos. Ahora gracias a Dios generamos laburo para nosotros mismos y para los demás, estamos creciendo de a poquito”, agrega José Villalba.
El veto
Gerardo Ángel Arrieta trabaja hace veinticinco años en Cintoplom, antes era fabricante de pintura. Actualmente es cocinero y mecánico, desempeña su labor en el área del mantenimiento de las máquinas y su hijo, Nicolás Arrieta, trabaja junto a él. Gerardo también recuerda los duros momentos del principio y plantea que ahora están pasando una situación bastante holgada, ya que tienen clientes fieles incorporados. “Formamos la cooperativa gracias al trabajo del presidente y el secretario, entre otros compañeros, que hicieron los trámites para que se formalizara. También fue indispensable el apoyo del Movimiento de Fábricas Recuperadas y después lógicamente el sacrificio nuestro”, asegura.
Nicolás Arrieta trabaja en la fábrica junto a su padre, Gerardo Ángel Arrieta, quien desde hace veinticinco años se desempeña en el área del mantenimiento de las máquinas de Cintoplom.
“Cuando me enteré que Vidal había vetado la expropiación en un principio no me molesté tanto, porque estamos acostumbrados a esta respuesta por parte del Gobierno”, dice José. El presidente de la cooperativa contó que no es la primera vez que ocurre, antes que lo hiciera Vidal, ya lo habían hecho en otras oportunidades Daniel Scioli y Felipe Solá. “Nosotros vamos a volver a insistir y presentar nuevamente la ley. Esta es una lucha constante desde que formamos la cooperativa. Desde hace catorce años que lo venimos viviendo con nuestra empresa y con fábricas amigas. Siempre te hacen el camino más difícil, aunque nosotros no hagamos otra cosa más que trabajar y producir.”
Ismael también recuerda cómo recibió la noticia y confiesa que se sintió mal, porque considera que la situación del país es difícil. “No hay trabajo en ningún lado y el Gobierno en vez de ayudarnos nos pone un freno para seguir creciendo. Si no nos aprueban la expropiación y el día de mañana nos tenemos que ir de acá, hay veinte familias que quedarían en la calle, porque están viviendo de esto. Y ese día nadie me va a ayudar a darle de comer a mis hijos”. En la misma línea, Villalba dijo que se sintió triste porque cree que el Estado no ayuda al trabajo cooperativista, sino que por el contrario lo ataca. “Nos tiran a matar a todos, no solo a nosotros sino a varias cooperativas le vetó la ley de expropiación, pero no perdemos la fe”. Por su parte, a Gerardo el veto lo tomó por sorpresa porque ya tenían en sus manos una aprobación legislativa de tres años desde mayo pasado.. Pero aseguró que tanto él como sus compañeros seguirán adelante.
Los trabajadores de Cintoplom nunca recibieron las indemnizaciones ni cobraron los sueldos adeudados. “Todo lo que la empresa nos debía forma nuestros créditos laborales, que algún día vamos a hacer valer cuando tengamos que comprar la planta”, explica Silva. La necesidad de mantener una fuente de trabajo fue lo que llevó a los trabajadores de Cintoplom a conformar la cooperativa y a continuar hasta el día de hoy trabajando. A pesar de no recibir el apoyo del Estado, los trabajadores de Cintoplom afirman que están encarando la compra de la empresa.
“Siempre te hacen el camino más difícil, aunque nosotros no hagamos otra cosa más que trabajar y producir.” explicó José Silva, presidente de la cooperativa.
Actualizada 25/07/2017
Ene 22, 2016 | inicio
“¿Qué persona te pide un mazo de cartas para poder jugar al truco en la celda y minutos después se suicida?”, pregunta Graciela Cardozo, madre de Ezequiel Palacios, un joven de 21 años que apareció en 2009 colgado de una sábana atada a un tirante del baño de la única celda que tiene la comisaría segunda de San Martín. El caso de Palacios no es el único. Desde el año 2009, en las cárceles federales hubo 164 muertes violentas, entre las que se cuentan suicidios, asesinatos y accidentes. En las prisiones bonaerenses, entre 2008 y 2014, hubo 897 decesos, de ellos 437 fueron, según la jerga policial, “muertes traumáticas”.
“En su mayoría, las familias de las víctimas no tienen acceso a un abogado. Los propios carcelarios, que por acción o por omisión son responsables de las muertes, entregan el informe oficial de los fallecimientos en las cárceles”, explica Andrea Casamento, miembro de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, quien además sostiene que los familiares, agotados por el dolor de la muerte, optan en un primer momento por no investigar las causas.
En los informes entregados por el Servicio Penitenciario Bonaerense y Federal a la Comisión por la Memoria figuran causas de muerte como las riñas. Sin embargo, no hay condenados por cometer esos asesinatos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Procuración Penitenciaria reúnen cientos de denuncias que piden que la justicia investigue causas cerradas como suicidios, debido a que sospechan que esa carátula encubre un crimen.
“Mi hijo murió el 12 de febrero de 2009. Cinco días después me entregaron el cuerpo, que enterramos ese mismo día. Veinte días después del crimen, nos entregaron la resolución de la autopsia que decía que fue un suicidio y el dictamen del fiscal que no explicaba por qué mi hijo tenía golpes en los brazos en señal de defensa. Si hubiéramos apelado, para investigar las causas de la muerte tendríamos que haber desenterrado el cuerpo, pero el dolor nos impidió hacer eso”, explicó Cardozo, quien además contó que la causa de Ezequiel Palacios quedó cerrada y que los doce detenidos que estaban junto a su hijo, hacinados en una comisaría no habilitada para alojar presos, no aceptaron a declarar por temor a una represalia.
Los organismos de derechos humanos creen que los decesos en las cárceles son más de los que publica el Servicio Penitenciario Bonaerense. No hay ninguna posibilidad de que la Comisión Provincial por la Memoria, el organismo no gubernamental con más presencia en los penales, tenga acceso a todos los casos. El gobierno provincial debe informar y, sin embargo, desde la Comisión denuncian que hay cifras negras: muertes que nunca son denunciadas y presos que desparecen de los registros penitenciarios sin ser reclamados.
“En las cárceles federales no pasa lo mismo, porque en el año 2013 se comprometieron a darnos las cifras correctas y, hasta ahora, nunca encontramos muertes que no hayan sido informadas. Lo que si vemos es que muchos casos declarados como suicidios en verdad son homicidios. A veces, además, el aviso de una muerte nos llega cuando ya no hay posibilidad de investigarla”, explica Ramiro Dual, coordinador del equipo de registro de fallecimientos de la Procuración Penitenciaria.
Entre 2008 y 2014 murieron aproximadamente 768 personas a cargo del Servicio Penitenciario bonaerense. Esta tasa duplica o triplica lo que sucede en otros países.
129 muertes
En 2014, en las cárceles bonaerenses se registraron 129 muertes, las víctimas fueron 124 hombres y 5 mujeres. El promedio de edad de los fallecimientos fue de 36 años y la cantidad de decesos violentos fue de 40: 28 homicidios, 10 suicidios y 2 accidentes.
Entre 2008 y 2014, cada año murieron, en promedio, 128 personas que estaban a cargo del Servicio Penitenciario bonaerense. Es decir que durante ese período, por año, fallecieron cuatro presos por cada 1.000 personas detenidas. Si se toman datos oficiales de los servicios penitenciarios de Europa, se observa que esta tasa duplica o triplica lo que sucede en otros países. Mientras que en Inglaterra, España y Estados Unidos el índice de mortalidad carcelaria es de dos presos cada mil personas detenidas, en México desciende a uno.
Las cifras alarman aún más si se tiene en cuenta que, como sostuvo Dual, muchas organizaciones denuncian que algunos casos cerrados como suicidios en verdad ocultan un asesinato. Es el caso de Florencia Cuellar, una mujer de 21 años que -según el Servicio Penitenciario Bonaerense- se suicidó en el baño del Complejo Federal 4 de Ezeiza en diciembre del 2012. “Dicen que mi hija se suicidó con el cordón de la zapatilla. Eso es imposible, porque pesaba más de 80 kilos. La autopsia nunca me la dieron, porque me querían hacer firmar el suicidio. Cuando la velamos vimos que ella no tenía marcas en el cuello, pero tenía golpes en todo el cuerpo”, explica el padre de Florencia, Alfredo Cuellar, quien además sostuvo que la causa, a la que pudieron cambiarle la carátula de suicidio a muerte dudosa, está paralizada. “Otras presas vieron como la torturaron y la exhibieron por todas las celdas, pero la Justicia no hace nada”, sostiene Cuellar, que aprieta un papel con bronca.
“De Florencia dijeron que se había ahorcado, porque era depresiva. Nosotros la veíamos venir al taller con entusiasmo, soñar con qué haría cuando saliera de la cárcel, donde no le quedaba mucho tiempo. Luchaba por lo suyo, es imposible que le haya pasado por la cabeza quitarse la vida”, sostiene María Medrano, miembro de Yo No Fui, una ONG que se dedica a llevar talleres de poesía, dibujo y fotografía a la cárcel de mujeres como una forma de resocializar a través del arte.
Agonizar a la sombra
“Mi hijo estuvo preso un mes en el infierno de Olmos. Desde esa vez, tiene problemas en los bronquios. Le caminaron ratas por el cuerpo, había cucarachas en la celda y la comida era poca y algunas veces estaba vencida”, describe Marta Aizcorbe, madre de Matías que estuvo detenido en 2012.
Olmos es la cárcel que más muertes registró en los últimos tres años y casi todas fueron el desenlace de una enfermedad. Los presos consultados describen que hay pocos médicos para la población carcelaria, las personas que necesitan un tratamiento especial, debido a que pueden resultar contagiosas no son aisladas. En 2013 y 2014, las personas que fallecieron en todas las cárceles bonaerenses por problemas de salud fueron 155, de las cuales treinta perdieron la vida en este penal.
José Fleita fue detenido a los 19 años en agosto de 2010 y murió por tuberculosis en septiembre de 2014, en la cárcel 41 de Campana. La enfermedad la contrajo privado de su libertad por el contacto con otros presos, los traslados forzosos y después de recibir varias palizas que le dejaron secuelas mal sanadas. Fleita tenía un teléfono en su celda y le avisó a su madre de la enfermedad por un mensaje de texto que todavía conserva.
El joven agonizó en su celda, junto a sus dos compañeros que lo atendieron y que quedaron expuestos al contagio. Sólo cuando estuvo inconsciente, con su ropa orinada y defecada, fue sacado de la cárcel para ser trasladado a un hospital donde murió. “Este tipo de muertes es definida como no traumática, algo que supone que no se investigue y que no se responsabilice al sistema penal. La cárcel produjo su enfermedad y el abandono de personas hasta su muerte”, sostuvo la Comisión Provincial por la Memoria en un informe del caso.
El HIV y la tuberculosis, enfermedades que se propagan por contagio, son las principales causas de los decesos en las cárceles bonaerenses. En el penal de mujeres Los Hornos, las presas, como forma de depilarse, utilizaban en 2014 máquinas de afeitar que eran provistas por familiares que les ponían nombre. Los guardias se las entregaban para el uso y luego las retiraban y las guardaban todas juntas en una bolsa de plástico hasta la semana siguiente, cuando se las volvían a dar, siempre y cuando alguna no se hubiera lastimado o cortado porque en ese caso se suspendía la entrega para todo el pabellón. Una de las mujeres muy preocupada refirió: “Acá hay chicas que tienen VIH, ¿qué pasa si a una maquinita se le borra el nombre o si se confunden ellos?”
Las malas condiciones de higiene y la mala comida profundizan los problemas de salud. En las prisiones federales, entre 2009 y 2015, las personas que perdieron la vida por enfermedades fueron 218, la mayoría por HIV y la cárcel con más decesos fue el Complejo Federal de Ezeiza.
“Nosotros –explica Dual- nos damos cuenta que los responsables de las prisiones federales demoran lo más posible en sacar a los presos a un hospital. Casi siempre lo hacen cuando los obliga el sistema judicial, porque la enfermedad es irreversible. En el primer trimestre del año, cuando hay feria judicial, se da la mayor cantidad de muertes en cárceles, debido a que no hay jueces que presionen para que los atiendan”.
El suicidio, una forma de acabar con la tortura
“¿Si una persona sometida a la tortura, mal alimentada, excluida de su familia, se ahorca porque sabe que le quedan muchos años más de sometimiento en la cárcel, eso debe tomarse como un simple suicidio o es una inducción a quitarse la vida?”, pregunta Casamento para abrir el debate. Los registros de las cárceles bonaerenses muestran que en 2014 hubo ocho suicidios, mientras que en las prisiones federales hubo diez en 2015 y fue la principal causa de muerte.
En muchos casos los presos mueren en un accidental método de protesta. “El tema del suicidio es tan complejo que nosotros tuvimos que cambiar el término para contabilizarlo”, sostiene Dual, quien después explica: “Muchas personas privadas de la libertad son excluidas y no atendidas, entonces como forma de protesta dañan su propio cuerpo, incendiando su celda o haciendo un simulacro de ahorcamiento, para intentar que los guardias los atiendan. El problema es que los guardias, en muchos casos, los dejan morir”.
El 13 de noviembre de 2014, Walter Cayumán pidió que lo saquen del pabellón de castigo de la Unidad 15 de Batán. El preso dijo que el trato era injusto y prendió fuego el colchón de su celda. Las llamas lo quemaron y, pese a sus gritos, según consta en la declaración judicial de los testigos, no fue auxiliado hasta que pasó media hora. Cuyumán murió dos días después en un hospital. Por esta causa no hay penitenciarios presos. “Otro intentó prender fuego un colchón ese mismo mes y un joven se colgó, aunque logró sobrevivir”, detalla una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria en esa misma unidad de Batán.
Un caso resonante fue la muerte de Mauro Pérez Ugarte, quien tenía 30 años cuando se suicidó en la Unidad 1 de Olmos en 2013. Había recibido a su madre y estaba de buen humor, hasta que el guardia penitenciario Cristian Gauto le dijo que su hijo había muerto. Pérez Ugarte empezó a gritar y a pedir que lo saquen. Se cortó los brazos y advirtió que iba a quitarse la vida. El penitenciario Leonardo Villafañe -que estaba de guardia en el lugar- se le rió, según los testigos. Gauto se ahorcó en la celda individual, frente a los demás presos que no podían hacer más que gritar y prender fuego para que lo rescaten. Los guardias llegaron una hora más tarde.
El de Pérez Ugarte es el único caso de suicidio de los últimos tres años que tiene penitenciarios detenidos. A Gauto y a Villafañe se los acusa de abandono de personas y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. No son investigados por inducir al suicidio.
También niños
En 2014 se registraron dos muertes de niños en cárceles bonaerenses. En ambos casos se denunció la negligencia de las autoridades penitenciarias y la falta de intervención de los médicos. Santino Villalba tenía 21 días de vida cuando murió extrañamente ahogado en la Unidad 33, la cárcel de mujeres de Hornos, el 13 de febrero de 2014. Las pericias indicaron que su madre no tuvo la culpa. Ella también fue sobreseía en la causa judicial por la que estaba encerrada. Tras la pérdida de su hijo, la mujer presenta un cuadro psiquiátrico grave.
En mayo de 2014 murió una niña recién nacida en la Unidad N° 54. Su madre presentaba un embarazo de riesgo y por ello era tratada en la Unidad Nº 33 que, a veces, tenía médicos que realizaban visitas. El problema es que la mujer fue agredida por otras presas y debió ser trasladada a la unidad 54. Tras parir, la beba presentó problemas respiratorios y fue atendida por un médico que le hizo respiración boca a boca. Recién cuatro horas después, la niña fue trasladada a un hospital, donde murió.
“En la cárcel de Los Hornos, que se supone debe estar equipada para alojar madres, no hay guardias pediátricas, ni ginecológicas. Algunas presas son obligadas a parir esposadas y se les niega la prisión domiciliaria, pese a su condición de madres. ¿Por qué los niños deben estar presos si no cometieron ningún delito?”, reflexiona Larisa Zerbino, quien recorre las cárceles de mujeres para relevar denuncias en la Asociación Pensamiento Penal.
¿Pena de muerte?
En la provincia de Buenos Aires hay 30 mil presos y, al año, en promedio mueren asesinadas 28 de ellos. Si se cruzan los datos, entonces puede decirse que la tasa de homicidios en prisiones bonaerenses es casi de un crimen cada 1000 habitantes.
En las calles de la provincia de Buenos Aires, la tasa de homicidios cada 1.000 habitantes es de 0,0837. Esto quiere decir que una persona encerrada en una cárcel bonaerense, estando las 24 horas bajo estricto control del Estado, en un ambiente donde están prohibidas las armas de todo tipo, donde las personas son requisadas diariamente, tiene quince veces más posibilidades de ser asesinada que una persona en la calle.
Ni las autoridades federales, ni las provinciales atienden consultas sobre fallecimientos. Se escudan en que no tienen permisos para hablar sobre causas de muerte. Los únicos testimonios de los responsables penitenciarios figuran en los expedientes judiciales, en los que –obligados por un juez- sostienen que las muertes por enfermedades se deben a falta de presupuesto y dicen desconocer los casos de torturas denunciados todos los años.
Las organizaciones de derechos humanos alertan que la violencia en la cárcel es un impedimento para la resocialización, además de una flagrante violación de los derechos humanos. Al respecto, Casamento sostiene: “Los discursos de mano dura destruyen la idea de la reinserción y la realidad de las cárceles pone de manifiesto que la prisión existe para castigar, no para impedir que un delito vuelva a pasar. ¿Cómo puede una persona privada de la libertad volver a la sociedad y respetar las leyes, si en la cárcel vio cómo el Estado asesinó presos, dejó morir a los enfermos y torturó a otros?”.
