Sep 29, 2015 | destacadas
El intento por recobrar uno de los siete cines que tuvo La Paternal nació al calor de los movimientos que produjo la crisis del 2001. Durante casi 15 años se han presentado cuatro proyectos de ley en la Legislatura porteña sin que ninguno alcanzara a concretar su meta: reabrir el espacio que funcionó desde 1920 a 1969 y por donde pasaron artistas de la talla de Carlos Gardel, Luis Sandrini, Tita Merello y las hermanas Legrand. En todo este tiempo cambiaron las personas que llevan adelante la pelea y los partidos políticos que la han apoyado, pero el reclamo continúa.
La presentación más reciente en la sede parlamentaria fue realizada a principios de 2015 por Norberto Zanzi, referente de la ONG Grupo Taricco. El proyecto contempla declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en Av. San Martín 2377. En términos financieros, el Gobierno porteño sólo se comprometería a adquirir el edificio de 938 metros cuadrados, tasado en un millón de dólares, mientras que la puesta en valor y los gastos corrientes de administración correrían por cuenta de la asociación vecinal. “El gasto para el Gobierno porteño es insignificante. Para hacer las florerías en Chacarita gastaron un millón y medio de pesos. Los beneficios sociales de cada obra son incomparables entre sí. Nuestro pedido es más bien una inversión”, indicó Zanzi a ANCCOM.
La programación del recuperado Cine-Teatro sería decidida por una junta honoraria compuesta por un representante del gobierno porteño, uno de la Legislatura, uno de la Comuna 15, tres del Grupo Taricco y cinco de asociaciones del barrio (cooperadoras escolares, medios de comunicación, centros culturales o religiosos, clubes deportivos y asociaciones de comercio). Zanzi admite que no cuentan con los recursos monetarios para afrontar la recuperación. Por eso reconoce que a futuro están abiertos a negociar una explotación temporal compartida con privados. “Lo que descartamos es una compra total, como en el caso del Gran Rivadavia, o que intervenga completamente un organismo estatal, como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) o el Cultural San Martín porteño, que administra el Complejo 25 de Mayo. De cualquiera de las dos formas los vecinos no podríamos participar”, adelanta.
Los reclamos por la re-apertura del cine Taricco llevan quince años. La más reciente fue a principio del 2015 y fue presentada por el referente de la ONG Grupo Taricco.
El expediente 933-P-2015 ingresó el 6 de mayo de a la Comisión de Cultura. El PRO cuenta allí con 7 de los 13 integrantes y con la presidencia, a cargo de Lía Rueda. A pesar de que reglamentariamente sus diputados deben reunirse dos veces por mes, apenas lo han hecho en dos oportunidades en todo el año. El martes 1º de septiembre sus asesores acordaron en pedir un informe actualizado del estado del edificio que desde la década de 1990 está abandonado y tapiado.
En 2012, dos arquitectos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad ya habían realizado una inspección técnica. La resolución N° 513 concluyó que resultaba factible reutilizar el lugar para actividades culturales y puso en conocimiento de ello al ministro de Cultura, Hernán Lombardi, al de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y a la propia Lía Rueda, ya presidenta de la Comisión de Cultura. Tiempo después, la cartera de Cultura realizó una inspección por su cuenta que llegó a conclusiones similares.
El proyecto cuenta con la adhesión de legisladores de todos los bloques, excepto el PRO. El diputado macrista Oscar Moscariello indicó a ANCCOM que su bancada no había podido saldar aún el debate.
Cuando más cerca se estuvo de lograr el objetivo fue en 2005. De hecho, se aprobó en la Legislatura y se promulgó la Ley N° 1837, que establecía la expropiación del predio y tenía un plazo de tres años para ejecutarse. Sin embargo, la medida quedó sin efecto: ninguno de los tres Jefes de Gobierno que hubo desde entonces -Aníbal Ibarra, Jorge Telerman y Mauricio Macri- llevó adelante la medida.
Fue necesario realizar un nuevo agrupamiento, con otras personas, y recién en 2011 los vecinos interesados lograron presentar otra vez el proyecto. En 2013 fue aprobado en la comisión de Cultura y pasó a la de Presupuesto y Hacienda. Pero como la composición de la cámara cambió en diciembre, luego de las elecciones, por reglamento regresó a la comisión de origen, donde no prosperó.
Mientras tanto, los miembros del Grupo Taricco se mueven en el barrio. Realizaron cuarenta actividades en la calle, con talleres de tango, teatro, folklore, murgas, y contaron con el apoyo del trompetista José Piazza, del periodista Osvaldo Bayer, de la banda Los Parraleños y del cantante Pablo Ruiz. Además, un muralista estadounidense realizó una pintura en la fachada: un yaguareté, especie en extinción, como metáfora de la desaparición de los cine-teatro barriales. Los vecinos ya lograron que el gobierno quitara el cartel de “Supercoop”, que databa de la época en la que el sitio se había convertido en la sede de un supermercado.
Flamante
La lucha por la reapertura del Cine Gran Cuyo es más reciente. Comenzó en junio de 2014 y es impulsada por instituciones del barrio de Boedo, encabezadas por la Asociación Todos por la Plaza de Boedo y por el Club Cultural La Minga. Sus integrantes comprobaron que el edificio se encuentra en perfectas condiciones y en agosto de 2015 empezaron a recolectar firmas para respaldar la iniciativa.
Se han iniciado conversaciones con el Estado Nacional para la recuperación del cine Gran Cuyo.
A diferencia del Taricco, se han iniciado conversaciones de manera directa con el Estado Nacional. Ariel Direse, coordinador del Programa de Digitalización de Salas Cinematográficas del INCAA, confirmó el interés del instituto para ponerse a cargo del rescate de la sala ubicada en Boedo 848 -donde hoy funciona una iglesia evangélica- y darle un uso similar al espacio Gaumont. De todos modos, reconoció que el proyecto recién se encuentra en estado embrionario y que otros funcionarios del gobierno nacional evalúan el modo en que se harán del lugar.
Otra arista que favorece la cruzada es que los vecinos lograron contactar a los dueños del predio, quienes aceptaron recibir una propuesta estatal. Según comentó Patricia Roselló, miembro de la Asociación Todos por la Plaza de Boedo, las partes están negociando. En este sentido, las áreas que han acogido la inquietud son la Subsecretaría de Promoción de Derechos Culturales y Participación Popular, dependiente del Ministerio de Cultura, y la Subsecretaría de Relaciones con la Sociedad Civil, bajo la órbita de Presidencia de la Nación.
Hoy funciona una iglesia evangélica en el sitio del cine Gran Cuyo, que cerró sus puertas en 1992.
Inaugurado en noviembre de 1945, el Gran Cuyo fue parte del programa de estrenos simultáneos con las salas del Centro de la ciudad hasta que en mayo de 1992 cerró sus puertas. Desde 1916, el barrio contó con más de diez salas, entre las que se pueden mencionar los cines Los Andes, Alegría, Mitre y Nilo, entre otros.
Las luchas por el Taricco y el Gran Cuyo tienen aún camino por recorrer y su destino es incierto. Cuentan con la inspiración de varios casos exitosos en los últimos años: El Progreso, en Lugano; el Cine-Teatro 25 de Mayo, de Villa Urquiza; el Cine El Plata, en Mataderos; y el Gran Rivadavia, de Floresta. También hay otros barrios que llevan adelante su reclamo por la reapertura del Cine Teatro Urquiza, en Parque Patricios, y el Cine Aconcagua, en Devoto. Un dato que merece ser tenido en cuenta es que en el primer semestre de 2015 se vendieron 25 millones de entradas en las salas argentinas. De mantenerse la tendencia, el total anual superaría a las 47 millones de tickets registrados en 2013 e incluso podría acercarse a las 55 millones de 1986, récord de las últimas tres décadas.
Actualización 30/09/2015
Sep 2, 2015 | inicio
“El SAME no entra en nuestros barrios. ¿Y vos, vas a votar al PRO?” reza el stencil en una de las paredes descascaradas de la Villa 31, en el barrio de Retiro. “La situación es que en las villas de la ciudad de Buenos Aires hay pocos centros de salud que no dan abasto, no ingresan las ambulancias con el tiempo necesario para que no se mueran nuestros vecinos. Y lo mismo pasa con los bomberos voluntarios, entonces ingresa la Policía Federal con todo lo que esto conlleva”, comenta Marina Joski, militante del Movimiento Popular La Dignidad (MPLD), la Corriente Villera Independiente (CVI) y referente de la recientemente inaugurada Central de Emergencias Villera.
El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), si bien brinda un servicio gratuito de atención de urgencias dentro de la ciudad de Buenos Aires y cuenta con 170 ambulancias, sólo entra a las villas custodiada por la policía. “Uno de los temas centrales es que se mueren niños y adultos porque las ambulancias entran si y sólo si los acompaña la Policía Federal, entonces nosotros, cada vez que tenemos una urgencia, tenemos que llamarla porque creen en el discurso de que nuestros barrios son sinónimo de inseguridad. Hace muy poquito, en la Villa, Rodrigo Bueno, un niño cayó por un pozo ciego y no murió por el golpe, murió ahogado porque tardaron una hora y media en llegar la ambulancia y los bomberos. Lo mismo nos pasa en Retiro, un chico con epilepsia no es atendido en un ataque y el pibe muere por esto”, explicó la militante.
Vecinos de la Villa 31.
A partir de esta situación, los vecinos organizados en la CVI realizaron una larga protesta el 21 de abril de 2014, con la instalación de la famosa carpa villera en la Plaza de la República que mantuvieron allí durante casi dos meses: “Hace años que nos venimos organizando en la lucha para que las ambulancias paren dentro de cada una de las villas. El año pasado montamos una carpa durante más de 54 días con una huelga de hambre, que hicieron 120 referentes de nuestros barrios, militantes de organizaciones y referentes culturales”, manifestó Joski.
Producto de esta demanda, que exigía a las autoridades del Gobierno de la Ciudad la urbanización con radicación de los asentamientos y que declare la emergencia habitacional, socioambiental, sociosanitaria y socioeducativa en las villas, los vecinos lograron la adquisición de cuatro ambulancias con las cuales crearon la Central de Emergencias Villera: “Para levantar la carpa el Gobierno de la Ciudad firmó un compromiso de obras específicas de urbanización en cada una de las villas. Intervino la Defensoría del Pueblo en la mediación y también se firmó un acuerdo que establecía que la Corriente Villera iba a tener una ambulancia para cada uno de los barrios. Esto no fue así, pero nosotros pudimos comprar cuatro ambulancias y gestionarlas”.
La referente villera manifestó que el desafío de tener estas ambulancias era lograr que no funcionaran de la misma forma en que lo hacen los sistemas de emergencias convencionales, sino darle la impronta comunitaria y la participación. “Lo que hicimos fue hacerlas conducir por vecinos y vecinas. Están asistidas, no por médicos porque no nos dan los presupuestos, sino por enfermeros y paramédicos que también son de los barrios”.
El paramédico voluntario, Carlos Franjo.
Central de Emergencias
La central en sí no tiene visibilidad, está ubicada en el barrio de Constitución y desde ahí un operador coordina todas las ambulancias al servicio de los barrios de Retiro, Bajo Flores, Lugano, Cildañez, Barracas, Los Pinos, Fátima y Esperanza. “Algunas están sólo en un barrio, como en Retiro y Bajo Flores, y las otras que están en Barracas y Comuna 8, son unidades de traslado que pueden circular en cualquiera de las direcciones. El desafío es poder operar las cuatro ambulancias y que nadie se quede sin atención”, afirmó Joski.
En la villa 31 y 31 Bis, con sus calles de tierra y charcos de agua, detrás del playón y junto a la Capilla Nuestra Señora de Luján está la ambulancia villera a la espera de algún llamado. Es conducida por el vecino Richard Palacios (23) y atendida por el paramédico Carlos Franjo (50).
Ambos operan de manera voluntaria: “Soy paramédico hace 27 años y hace cinco meses me propusieron trabajar en el sistema de emergencias para ayudar a la gente del barrio. Desde entonces cumplo esa tarea y atiendo todo tipo de casos”, expresó Franjo. Por su parte, Palacios comentó: “Soy de la Villa 31 y soy el chofer de la ambulancia de la villa. Me contrataron a través de los delegados, que me conocían, y como soy de acá conozco las manzanas para llevar a una intervención rápido”.
La Central de Emergencias cuenta con tres números telefónicos, un handy y un celular. “Cuando sale una ambulancia de la villa queda otra a la guardia de dos barrios, a la espera de un llamado”, comenta Joski.
Las ambulancias no sólo atienden emergencias médicas, sino que también brindan atención primaria de la salud, ofrecen un servicio gratuito de electrocardiogramas cada quince días y realizan traslados programados dentro de las villas porteñas. “Todo es autogestivo y fruto de la lucha directa de los vecinos organizados en la Corriente Villera Independiente. Todo el servicio que se realiza es gratuito”, afirmó la referente.
Con respecto a la receptividad de los hospitales comentó: “En el Piñeiro no tenemos problema, las veces que hemos ido al Argerich tampoco; el Garrahan nos tiene que atender y el Fernández también. Son hospitales que tras muchas veces de ir y plantarnos y defender el lugar de la ambulancia, se ha conseguido”.
El Centro de Emergencias Villera realiza distintos tipos de atención: partos, accidentes, robos, politraumatizados, entre otros servicios. “Además -afirma Joski-, ingresa al barrio y hace diagnóstico de tuberculosis, diabetes, hipertensión, seguimiento específico, masaje kinésico en el caso de broncoespasmo. La idea es resolver la mayor cantidad de casos en el lugar, evitando el traslado. Aproximadamente hacemos siete intervenciones por día en cada uno de los barrios”.
Los vecinos de las villas también cuentan desde hace más de seis años con tres Centros de Salud para realizar consultas: “Son conducidos por promotores comunitarios en salud formadas durante un año y médicos de la Facultad de Medicina de la UBA. Intentamos quebrar con la lógica de la salud médica hegemónica, el concepto del paciente, la idea de que la salud es un privilegio que dictamina un profesional. Se trata de centros comunitarios populares de salud”, aseguró la referente villera.
Con respecto al ingreso de los bomberos voluntarios en las villas, Joski expuso cuál es la situación: “Los mismos vecinos del barrio logran apagar el fuego mucho antes de que lleguen los bomberos de la Policía Federal, porque otros bomberos no ingresan. Apagan los incendios con lo que tienen. Por eso decidimos hacer un proceso largo de formación masiva para responder ante un siniestro: primeros auxilios y primeros conocimientos de rescatismo. De ahí surgieron los mejores que conformarán el cuerpo de rescatistas y socorristas villeros”. La referente explica que este proyecto aún sigue en formación. “Como rescatistas y socorristas nos acercamos puerta a puerta. Lo que hacemos es patrullar, circular el barrio y encontramos ahí el siniestro”, expresó.
Consultado por ANCCOM sobre esta forma de autogestión de la salud, el Gobierno de la Ciudad no dio respuestas. Joski lo responsabiliza por la situación en las villas: “Las responsabilidades son el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Hábitat e Inclusión que no cumple con las obras. Es el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional que destinan escasos recursos a las villas porteñas. No se urbanizan y por eso no ingresan los bomberos, las ambulancias y tenemos grandes problemas de salud”, afirmó.
May 26, 2015 | destacadas
Los espacios verdes y las políticas aplicadas sobre los mismos son objeto de discusión entre diferentes esferas de la sociedad y el gobierno de turno. El uso y cuidado que se le debiera dar a estos lugares es materia de debate entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores y los ciudadanos, debido a que parques y plazas forman parte de su cotidianeidad.
En el territorio de la Ciudad de Buenos Aires hay 1.169 espacios verdes que cubren una superficie de 1.802 hectáreas. De la relación entre la superficie y la población resulta que le corresponde 6.2 metros cuadrados de espacio verde por habitante, según las estadísticas realizadas por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) para febrero de 2015. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja 10 metros cuadrados por persona.
Parque Lezama
Hay 45 parques, 249 plazas, 427 plazoletas, 361 canteros centrales en calles y avenidas, 30 jardines y 57 espacios con otras denominaciones. Los más extensos son la Reserva Ecológica ubicada en la Comuna 1 que cuenta con 353 hectáreas y el Parque del Bicentenario (ex Roca) con 154 hectáreas más en la Comuna 8. Este último constituye el segundo pulmón verde de la ciudad del que también forman parte el Parque de la Victoria, el Parque de la Ciudad y el Autódromo de la Ciudad. “Allí se están haciendo obras de gran envergadura. Se ha planeado la construcción de una villa olímpica, se están pavimentando 37 hectáreas de parque, se está trabajando en una planta de tratamiento de residuos y hasta se construyó el centro de festivales al aire libre llamado Ciudad Rock”, afirma Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y agrega que el problema es que se están haciendo obras sobre espacios verdes sin que el gobierno compense en algún otro lugar de la ciudad la superficie verde perdida. Por ende, hay una disminución, cada vez mayor, de parques y plazas.
Pablo Bergel, legislador porteño e integrante de la ONG Verdes al Sur, afirma que la Ciudad de Buenos Aires debería deconstruir para tener un balance adecuado de espacios verdes con el objetivo de reconfigurar las ciudades en un nuevo balance entre lo verde y lo construido. De esta manera aumentarían los lugares de esparcimiento, los espacios absorbentes y se restablecerían las cuencas de los arroyos a sus causes originales que hoy se encuentran totalmente cementadas. “Hay que reformular el balance rural-urbano en las urbanizaciones contemporáneas como la Ciudad de Buenos Aires. Es insustentable la relación entre los espacios naturales y los espacios construidos”, agrega.
Parque Centenario
En 1993 a través de la Ordenanza 49.229 se determinó que no se podría otorgar concesión, cesión de transferencia de dominio, tenencia precaria de permiso de uso ni cambio de destino de todo espacio destinado a parque, plazas, plazoletas y de todo otro espacio verde de uso público perteneciente al dominio público municipal. Sin embargo, en mayo de 2014 la Legislatura porteña aprobó la Ley 4.950 que autoriza la privatización de ciertos sectores de los parques para instalar bares y confiterías. Como contrapartida, los concesionarios deberían habilitar baños públicos, estacionamiento para bicicletas, conexión a Internet Wi-Fi gratis y bibliotecas, así como disponer cámaras para favorecer la seguridad en el lugar. Seguridad que es también es una responsabilidad del Estado garantizar.
Otro punto fundamental de discusión es el tema del enrejado de parques y plazas sobre el cual la Red Interparques, que trabaja en defensa de los espacios verdes, indica: “Las rejas significan control social, no son la solución para ninguna problemática de la sociedad sino que por el contrario niega el uso libre y generan trabas para resolver necesidades de esparcimiento de las personas”. Las rejas fomentan que un espacio público, antes abierto las 24 horas, deje de serlo.
Los espacios verdes no son solo una ausencia es decir, un lugar donde potencialmente se podría construir por ejemplo un edificio o un shopping, por el contrario son una presencia que invita al disfrute, la dispersión, el descanso y la recreación. Por ende, es responsabilidad de todos bogar por su cuidado y existencia para evitar en el futuro cercano que, para encontrar espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires, debamos mirar bajo una lupa.
Abr 28, 2015 | inicio
Un proyecto presentado por el PRO para cambiar la zonificación de unos terrenos de Casa Amarilla, en el barrio de La Boca a fines del año pasado, está generando una fuerte resistencia entre los socios del club y vecinos.
Históricamente, en el conflicto por los terrenos de Casa Amarilla intervino siempre un incontable número de factores e intereses. Durante la gestión de Aníbal Ibarra, en 2004, se impulsó un proyecto para crear unas 1.200 viviendas en varios monoblocks dentro de Casa Amarilla. En su momento, los vecinos y organizaciones barriales rechazaron la propuesta porque argumentaban que las instalaciones del lugar no darían abasto.
En 2006, la Legislatura porteña sancionó la Ley 2.240 que declaró la «emergencia urbanística y ambiental, en lo que hace a la vivienda, servicios, equipamiento, espacios verdes y de actividades productivas» en la zona y creó una unidad especial para tratar el tema, que luego el gobierno de Mauricio Macri abandonó. Los vecinos acudieron a la justicia y el Gobierno de la Ciudad terminó acordando construir 438 viviendas, en vez de las 1.200 pactadas inicialmente.
Mientras tanto, durante la gestión de Daniel Angelici en Boca Juniors se comenzó a barajar un proyecto nunca oficializado para construir un nuevo estadio con mayor capacidad, justamente, en uno de los terrenos de Casa Amarilla. El proyecto de «la nueva Bombonera» tiene un apoyo prácticamente nulo de los hinchas y socios, que durante el último partido del 2014 se manifestaron a través de la campaña #DeLaBomboneraNoNosVamos en las redes sociales y con banderas en el partido.
Pero dentro del propio club sospechan que el último proyecto -denominado Estadio y Complejo Deportivo del Club Atlético Boca Juniors- presentado en la Legislatura por Oscar Moscariello, legislador porteño por el PRO y vicepresidente de Boca, para cambiar la zonificación del terreno, será el puntapié para que los dirigentes del club puedan usar los terrenos para un fin distinto al que originariamente estaban destinados. También sospechan que la iniciativa busca bajar el valor de la zona para que pueda comprarla el club.
Edificio del Programa de Vivienda Casa Amarilla en Almirante Brown al 500. Barrio de La Boca. Foto: Andrés Wittib / ANCCOM.
«Lo que pretende realizar el macrismo en Boca, de la mano de Angelici y Moscariello, no es una ‘nueva Bombonera’, sino un estadio-shopping con 80 mil butacas, al estilo estadio europeo. Nosotros creemos que esta idea sigue en pie, porque es un negocio privado muy grande», dijo a ANCCOM, Matías Scinica, militante de «Boca es pueblo», una de las organizaciones que se opusieron durante el tratamiento express del proyecto en la Legislatura. «Nos manifestamos en contra porque la rezonificación de esos terrenos públicos originaría un gran negociado privado para unos pocos y perjudicaría enormemente a la gente del barrio de La Boca y a los hinchas, ya que en ese lugar, destinado a viviendas, educación o espacio público, se quiere construir un estadio-shopping tasado en 400 millones de dólares, financiado con capitales extranjeros», agrega.
Entre los fundamentos del proyecto 2.462, se resalta «la importancia de ofrecer al conjunto de la ciudadanía los espacios para funciones de recreación que amplíen los efectos de su acción, trascendiendo a toda la comunidad es un intento por revertir el relegamiento y apostar por la revitalización no solo del barrio sino también del sur de la Ciudad», algo que va en contra de la «emergencia urbanística» declarada por la misma Legislatura años atrás.
El problema de las viviendas en La Boca se encuentra en una situación actual delicada. En diciembre, hubo un incendio en uno de los conventillos del barrio. «Claramente los incendios se enmarcan dentro de un problema general de vivienda, y dentro de un proyecto de ciudad excluyente para el vecino», explica Scinica. «Estos hechos van estrechamente de la mano de pensar al barrio como un atractivo exclusivo para el turista, a través de la fomentación del negocio privado, en detrimento de la gente humilde del barrio. La extensión de la zona de Puerto Madero va ligada a todos estos inconvenientes de expulsión de vecinos para continuar el avance sobre las tierras y el negocio privado, y en este sentido la construcción del estadio-shopping es otro punto que concuerda con todo este plan neoliberal de excluir al pobre, en favor de la explotación económica».
En un informe presentado por diversas organizaciones políticas del club, grupos de vecinos, medios alternativos barriales y organizaciones de derechos humanos en diciembre, se alertó además acerca del conflicto de intereses por parte del diputado y vice de Boca, Moscariello: «Mayor ofensa causa el hecho de que este proyecto haya sido presentado por un Diputado que a la vez, es Vicepresidente de la entidad beneficiada, constituyendo una gravísima violación a la ética, a la transparencia y a los pilares de una República», advierte el petitorio, que pide a los legisladores que archiven el proyecto.
Enzo Pagani, legislador del PRO y miembro de la Comisión Directiva de Boca, explicó que el proyecto, presentado en septiembre de 2014, en la actualidad está en tratamiento en la comisión de Presupuesto y no cuenta con un consenso absoluto al interior del partido: «Es un tema sensible, se debería haber tratado con más tiempo y con más proximidad con los vecinos de la zona», indicó.
