Jun 10, 2020 | Comunidad, Novedades
México ya registra un número de muertes por coronavirus que triplica a las registradas en China.
México registra 120.102 casos confirmados de Covid-19 y 14.053 muertes. A comienzos de la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la gravedad del asunto: “Hay quien dice que, por lo del coronavirus, no hay que abrazarse –dijo-. Pero no pasa nada”. Y continuó, en los eventos públicos, abrazando a funcionarios y a demás ciudadanos. En la actualidad, la curva de contagios y de defunciones sigue en fuerte ascenso.
El protocolo que se difundió en aquel momento incluía medidas de precaución básicas de higiene y la cancelación de eventos públicos. Aunque fueron implementados controles médicos de pasajeros que llegaban desde el exterior, los aeropuertos internacionales y pasos fronterizos del país continuaron abiertos. De pronto, el escenario cambió rotundamente: en un documento con fecha del 23 de marzo, la OMS señaló que el país contaba con 251 infectados y dos muertes. Ese día coincidió con el inicio de la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia en la que se llamó a la sociedad a contribuir con el objetivo de “aplanar la curva epidémica”. De esta manera, se suspendieron las clases y actividades no esenciales y se pidió a la población aislarse en sus casas.
Con el avance del conflicto, la posición del presidente mexicano frente a este nuevo panorama cambió drásticamente. En un video publicado en su canal de Youtube el 28 de marzo, enfatizó la importancia de que la población se mantuviera aislada. Y llamó a cuidar a los adultos mayores y embarazadas especialmente.
México es el tercer país del continente americano en cuanto a víctimas fatales, detrás de Estados Unidos y Brasil.
México registra un número de muertes por coronavirus que triplica a las registradas en China, es ya el tercer país del continente americano en cuanto a víctimas fatales y los contagios siguen en aumento. En diversos medios de comunicación de la región aparecieron denuncias de funerarias de Nezahualcóyotl que manifestaron estar sobrepasadas: ocho de cada 10 servicios para los que son requeridas se refieren a pacientes fallecidos a causa de Covid-19. Esto tiene como consecuencia que los tiempos de espera se alarguen y los hospitales guarden los cuerpos por más de 48 horas. A este contexto aterrador se añade que del total de defunciones, 271 pertenecen a médicos y enfermeras.
El sistema de salud, que previo a la pandemia se encontraba desabastecido, intenta en este nuevo escenario sobrellevar las faltas. Desde el Gobierno de México se pusieron en marcha estrategias de equipamiento hospitalario para distribuir camas y conseguir respiradores. A su vez, las autoridades incentivan a la población a informarse de fuentes oficiales ya que hay mucha desinformación en las redes sociales. En contrapartida se publicó en el New York Times un artículo que cuestionaba la veracidad de las cifras de contagios y muertes en el país: “Los expertos dicen que México sólo tiene un panorama mínimo de la escala real de la epidemia porque está haciendo pruebas a muy pocas personas”. Frente a estas denuncias, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, aclaró que México no oculta información sobre los contagios. Y añadió: “Las cifras de casos que presentamos todos los días son producto del trabajo de decenas de científicos y nuestra política es de datos abiertos y transparencia total”.
La situación en el centro de la batalla contra el Covid-19 es preocupante. Zara Cruz Gachuz, enfermera en el hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI, explica cómo la pandemia cambió drásticamente las formas de trabajar y relacionarse. “Seguimos atendiendo desde la humanidad, al estar al pie del cañón con los pacientes. Aun así, tenemos cierto tiempo establecido para estar en el cubículo con ellos”, cuenta Cruz Gachuz.
El hospital donde trabaja reestructuró su disposición para afrontar la problemática. De las tres torres que lo conforman, hay una dedicada especialmente a trabajar con pacientes infectados. Durante la jornada laboral (que puede ser de ocho a doce horas), el personal de salud no puede ni ir al baño. “Te pones el equipo y no puedes salir de ahí. Al no poder tomar agua, muchos empezamos a tener problemas urinarios y deshidratación”, detalla la enfermera. El clima de trabajo es pesado y el mayor desafío está en mantener la salud mental: “Hay veces que mis compañeras llegan a tener crisis emocionales. No siempre soportamos estar completamente dentro del área de atención y aunque tratamos de apoyarnos entre todos, hay días que no damos abasto”, confiesa Cruz Gachuf.
Zara-Itzel-Cruz-Gachuz, enfermera.
En el sistema de salud de México el desabastecimiento es la norma: cuando antes faltaban insumos básicos como gasas y guantes, ahora escasean medicamentos y monitores. “Estamos trabajando con lo que se tiene, tratando de hacer lo mejor que se pueda. Coordinarnos para que los medicamentos nos lleguen lo más rápido posible pero desgraciadamente, muchas veces la cantidad que nos mandan no es suficiente para el número de pacientes que tenemos”, detalla la enfermera. Zara Cruz trabaja en el ojo de la tormenta y desde ese lugar, ve cómo de cincuenta camas, treinta necesitan respirador. “No estamos cubriendo la cantidad necesaria y necesitamos estrategias para que el paciente sobreviva”, denuncia. Para contrarrestar el desabastecimiento, la situación de emergencia obliga a tomar nuevo personal que recién egresa de las universidades para así disminuir el trabajo de los médicos.
El médico Felipe Ortega considera que la cuarentena debería haber empezado mucho antes pero celebra cómo la sociedad se aisló por su cuenta antes de que fuera obligatorio. Cruz Gachuz ve la otra cara de la moneda y, para ella, la gente no se ha adaptado completamente al aislamiento: “Muchas personas siguen trabajando y muchas otras no la respetan porque dicen que el virus no existe, creen que es un invento político internacional que intenta desabastecer la economía”, cuenta.
La antropóloga y docente en la Universidad de Guanajuato, Cristina Mazariegos Herrera, hace hincapié en cómo el temor invadió a la población: “Hay miedo al virus y miedo al otro porque aquel que está ahí, contamina”, dice. Así es como el personal médico sufre agresiones camino a su trabajo y de vuelta a su hogar: se han registrado 182 casos específicos de ataques a trabajadores de la salud. A la enfermera de Centro Médico le tocó recibir una agresión cuando estaba por subirse al metro. “No me dejaron subir al metro porque era enfermera”, dice angustiada. Estaba con una compañera, a la cual le abrieron el pómulo de un golpe. A ella la jalaron hacia afuera del metro justo cuando se estaban por cerrar las puertas. Terminó apretada entre ellas y tuvo un desgarre muscular en el hombro izquierdo. Al llegar al hospital, las mandaron a casa para que descansaran. Su compañera sufrió una crisis de ansiedad. “Las personas se han vuelto muy agresivas: si nos ven, nos gritan o avientan cloro a nuestras casas. No tenemos seguridad para salir como si nada. Es un desgaste emocional porque sales cansado del trabajo y hay días que no encuentras los medios de transporte para regresar. O tienes miedo”, dice.
Mazariegos Herrera explica los desafíos que impone el confinamiento a la sociabilidad. “Asimilar la distancia con el otro es lo que más nos está costando porque sin dudas nos estamos dando cuenta de que la salud física es tan importante como lo emocional y los vínculos afectivos del día a día”, dice. Los retos de hacer cuarentena son muchos. “El primero fue traer a casa nuestras actividades laborales y lo que implicó luego: redistribuir el espacio doméstico y reacomodar las actividades que estaban ligadas al ámbito profesional y luego aquellas que realizamos en casa como el descanso”, explica la antropóloga.
Sin ánimos de hacer futurología, el cirujano Ortega se permite hablar del panorama a partir de lo que sucede en el día a día: “Ya no sabemos qué creer”, dice preocupado. “Después de un trabajo periodístico, sabremos cómo se actuó en México. Siento que no se tomaron las medidas a tiempo y sobre todo no se quiso invertir en algo que me parece básico, que es la toma de pruebas, el gobierno prefirió esperar porque en México hay mucho trabajo en comercio informal, personas que no podían darse el lujo de aislarse, seguro esto generó más contagios y muertes de las que están registradas. Esto se ve lejos de que mejore”.
Jun 9, 2020 | Comunidad, Novedades
La app CuidAR ya tiene más de cinco millones de usuarios.
La pandemia provocada por el Covid-19 y las medidas de distanciamiento físico propuestas por la Organización Mundial de la Salud para contener su difusión, han repercutido en todas las esferas de la vida social. El aislamiento preventivo ha sido una de las medidas más eficaces para combatir al virus, pero impide innumerables actividades productivas que necesitan de la circulación. Para peor, en países donde la cuarentena no es obligatoria la economía también se ha visto profundamente afectada. En una situación en la que parece imposible salir ganando, ¿cómo se hace reducción de daños?
Para reducir el impacto de esta crisis, los Estados buscan alternativas. En tiempos digitales resulta natural echar un ojo sobre el potencial de la tecnología. Países como China, Japón, EE.UU. España, Corea, Reino Unido y otros han implementado distintas herramientas digitales con variados mecanismos de prevención y seguimiento del virus que permiten mejorar la “sintonía fina” de un distanciamiento social imprescindible. Pero, ¿cuál es el precio por el uso de aplicaciones que afectan la circulación de datos sensibles como la salud de los ciudadanos? ¿El impacto de las aplicaciones es mayor que el daño al derecho a la privacidad?
Esta discusión también tiene lugar en la Argentina donde el Estado nacional lanzó la aplicación CuidAR que permite identificar potenciales afectados y advertir al sistema de salud para que lo contenga rápidamente. Fernando Schapachnik, Doctor en Ciencias de la Computación y uno de los desarrolladores de la app, dialogó con ANCCOM: “El objetivo es proteger la salud pública. Si te sitúas en esta época del año pero en 2019, cuando te agarrabas un resfrío o tenías fiebre, seguramente te tomabas una aspirina y te ibas al trabajo. Era la gripe de todos los años. Ahora los mismos síntomas generan miedo y sobrecarga en las líneas de atención. Lo primero que busca la aplicación entonces es ordenar el autodiagnóstico que todos hacemos. Lo que busca la app es objetivar ese autodiagnóstico en función de la definición de caso sospechoso para reducir la demanda”. La aplicación, además, obliga a repetir el procedimiento cada 48 horas para reconocer síntomas leves, brindando a cada persona una alarma más rápida.
Cuando se habló de una posible obligatoriedad del uso de CuidAR, no quedó claro cómo harían quienes no tienen celular o carecen de espacio para descargar la app. “Desconozco si puede hacerse obligatoria la aplicación. Eso posiblemente lo pueda contestar un abogado”, contesta el informático. “Pero más allá de las cuestiones de accesibilidad y de la brecha digital, lo que me parece importante es pensar cuál sería el motivo para no usar la aplicación. El certificado de papel es problemático porque no se invalida ante la existencia de síntomas. Uno pensaría que un enfermo se queda en la casa, pero vimos que está lleno de irresponsables”. En un contexto en que la prioridad es que las personas infectadas no circulen, Schapachnik sostiene que “el camino es hacia una mayor integración de los sistemas informáticos”.
Algunos cuestionan que el almacenamiento de los datos se realice en servidores de Amazon.
Los reportes que hace cada usuario de la app tienen carácter de declaración jurada, algo que preocupa a algunos sectores. “Este es un desarrollo conjunto entre la Secretaría de Innovación Pública, la Cámara de la Industria Argentina de Software, investigadores del CONICET y Fundación Sadosky”, responde Schapachnik frente a quiénes hablan de una necesidad de mayores consultas para desarrollar una herramientas como esta. “No sé qué otra app en el mundo tiene un abanico tan amplio de involucrados. Las personas que desconfían de cada sector pueden ver que hay participación de otro: aquellos que piensan que el Estado no debe gestionarlo por su cuenta, pueden ver que hay participación del sector privado, y viceversa. Los que recelan de ambos, pueden confiar en la participación del CONICET y de la fundación”.
El especialista está satisfecho con los resultados obtenidos: “Esta app tiene hasta ahora más de cinco millones de usuarios y por ende millones de autodiagnósticos. A muchos les ha permitido salir de la duda. Un porcentaje pequeño ha tenido síntomas compatibles y se han tomado las medidas de derivación correspondientes”.
Como explica Schapachnik, la aplicación necesita saber dónde está el afectado en ese momento para indicarle a qué número debe llamar, algo que varía en cada región. El GPS simplifica esta tarea pero el usuario puede elegir no instalarla: “Si no le das el permiso de localización a la aplicación, cuando te reportás como positivo te toma la dirección declarada previamente. Una cosa son los permisos que pide la app y otra es cuándo los utiliza. CuidAR solo usa el GPS ante la detección de un caso con síntomas compatibles con Covid 19, y eso es para agilizar la derivación al sistema de salud. Si a alguien le aparece que CuidAR está usando el GPS en otro momento, que me mande una captura de pantalla, porque eso no pasa”, declaró.
Para algunos especialistas de la sociedad civil la emergencia amerita la toma de medidas inusuales, pero dudan que se haya evaluado debidamente la seguridad de datos tan sensibles como la salud o la ubicación de las personas. En particular, muchos señalaron con preocupación que el almacenamiento de los datos se realice en servidores extranjeros, más precisamente en los de Amazon. Según Schapachnik, la normativa argentina permite que los datos estén alojados en servidores de países con una regulación igual o más estricta que la propia, otorgando “un marco de absoluta legalidad” a este procedimiento. No obstante, el especialista remarcó la importancia de una política que acompañe el desarrollo nacional en estas cuestiones: “El sistema científico argentino no cuenta con la estructura informática todavía, porque son capacidades que no se desarrollaron en los últimos años. ARSAT, con todo el potencial que posee, aún no puede brindar lo que se conoce como servicios de infraestructura elástica. Pasa algo parecido en otros ámbitos de desarrollo científico. Nadie dice que los test que se utilizaron al principio eran importados. Lo primero es que haya test y medicamentos, lo segundo es que se produzcan en el país. Hay que entender la diferencia entre las posibilidades de innovación científica y las prioridades del sistema de salud”.
Desde una mirada más crítica, algunos especialistas consideran que el riesgo de entregar tantos datos es excesivo para resultados que todavía consideran inciertos. Al ser consultada por ANCCOM, la Doctora en Derecho en Protección de Datos Personales y Especialista en Derecho Informático, Johanna Caterina Faliero, declaró: “La protección de datos también es un tema de soberanía nacional. Debemos velar como país para que estas transferencias internacionales siempre se hagan con adecuados niveles protectorios en materia de datos personales y, por otra parte, tener mucho cuidado respecto a si esas transferencias no han sido consentidas por los titulares de esa información”.
Por otro lado, Faliero remarcó la importancia del Estado como garante de derechos ante la creciente informatización de los procesos, ya que la protección de datos personales “es un derecho humano fundamental en una era en la que dejamos huellas a partir de datos y metadatos que son almacenados y procesados”. Para la especialista, estas cuestiones constituyen una demanda creciente de la población: “La ciudadanía está cada vez más consciente de la importancia de la preservación de la privacidad de los datos; decidiendo cómo, cuándo y en qué situaciones se puede trabajar con ellos y revocar ese consentimiento de manera absoluta y sin expresión de causa”. Además, afirma que esto ha incrementado el estado de participación y el debate público abierto.
El avance de los Estados en materia de acaparamiento y procesamiento de la información personal es una tendencia que preocupa a la consultora. Se trata de gobiernos que han adoptado “soluciones tecnológicas como videovigilancia y entrecruzamientos masivos de base de datos que han sido poco debatidas o no han contado con el debido estudio de los impactos en materia de datos personales”. Por lo tanto, para la especialista es necesario tomar un rol activo desde la ciudadanía, ya que “el Estado es responsable de estas acciones en contra de las libertades individuales”.
Uno de las dudas que sobrevuela las implementaciones es el riesgo de caer en lo que el investigador Evgeny Morozov llama «solucionismo tecnológico», es decir la creencia de que una app puede resolver cualquier problema. Sobre esto, Faliero detalla: “Lo primero que estamos dando por hecho es el acceso a esas tecnologías, eso es algo que nos lleva al concepto de brecha digital. Cuando una app se lanza a un público masivo debemos tener en cuenta la inmensa heterogeneidad de dispositivos o su disponibilidad”. También advierte que es probable que los sectores más necesitados de estas medidas sean aquellos que tienen la peor calidad de dispositivos y conectividad, por lo que “deben tenerse en cuenta estos factores socioambientales y socioculturales antes de poner en marcha estas iniciativas”.
Respecto al uso de aplicaciones por parte del Estado, existe un deber de los organismos públicos en demostrar la proporcionalidad de la medida, en este caso la necesidad de avanzar sobre la privacidad para alcanzar un fin superior como sería la contención de la epidemia. La abogada asegura que toda implementación de tecnología debe ser llevada a cabo con “transparencia, sin prisas y asegurando la participación de la sociedad en su control”. Al mismo tiempo, afirma que no debe permitirse un avance sobre derechos y principios que en tiempos de normalidad estaría prohibido, porque sería muy difícil recuperar ese terreno perdido.
Leandro Ucciferri, abogado, investigador y representante de la Asociación de Derechos Civiles afirma que la herramienta tiene algunas fallas básicas respecto de cómo se usará: «Hay un fuerte incentivo para no brindar información precisa sobre los síntomas que puede estar atravesando una persona, sobre todo para obtener el permiso de circulación». Además están los casos asintomáticos: en su opinión, una app nunca va a poder determinar si esa persona y su entorno se encuentran en riesgo de salud. «En el caso de CuidAR hay que volver a plantear la discusión sobre cuál es el problema que realmente se quiere resolver con esa app, y de qué manera ciertas funcionalidades pueden ser útiles para ese fin, sin poner en riesgo otros derechos, sobre todo cuando el Estado ya tiene un historial largo por no cumplir con medidas de seguridad elementales». Justamente, ADC fue una de las organizaciones que cuestionó fuertemente los sistemas de reconocimiento facial implementados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años que con la excusa de encontrar a unos pocos miles de prófugos monitoreaban a millones de ciudadanos cotidianamente. Para el abogado, “los funcionarios públicos tienen que darse cuenta de que el rol social de la tecnología es difícil y no hay una fórmula infalible que ayude a resolver todos nuestros problemas, al menos no sin crear nuevos“.
Hasta la fecha, no se desarrolló una vacuna para el Covid 19 y tampoco está claro si quien lo tuvo queda inmune al virus, pero este tipo de dudas puede extenderse a casi todas las medidas que se tomaron. En ese contexto, los especialistas insisten con la necesidad de utilizar medidas de prevención comprobadas tales como el refuerzo de las medidas de higiene, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el aislamiento preventivo y la utilización de sustancia químicas para la desinfección de superficies. Faliero resume: “Nuestra naturaleza humana es ser reacios a la inseguridad, cualquier cosa que nos brinde un salvavidas en medio de ese océano en el cual estamos perdidos, es vista como una buena solución”. Desde el otro lado consideran que la emergencia no es un buen momento para discutir sino para probar con todas las herramientas que ayuden a controlar la pandemia. Tal vez del diálogo entre ambas posturas pueda surgir una respuesta capaz de encontrar el delicado equilibrio entre los derechos a la salud y a la privacidad.
Jun 9, 2020 | Novedades, Trabajo
“Despidos”, “suspensiones” y “rebajas salariales” son tres conceptos que desentonan en la retórica de ciencia ficción imperante. Sin embargo, son las categorías esenciales para comprender gran parte de lo que sucede tras las bambalinas de la pandemia. A la amenaza biológica contra la vida se le suma la amenaza social contra el trabajo.
Es en busca de esa realidad que surgió el Observatorio de Despidos Durante la Pandemia, una iniciativa de sociólogos y estudiantes de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata agrupados en La Izquierda Diario. “La idea del Observatorio surge a partir de dos dimensiones: por un lado, cuando inicia la cuarentena aparecieron, en forma de aluvión, datos, gráficos, curvas y demás sobre los aspectos sanitarios, que desde ya son imprescindibles. Pero no se publicaba, ni en las esferas de gobierno ni en los espacios mediáticos, información respecto a la situación de los trabajadores. Esa ausencia empezó a volverse sintomática y, de hecho, se prolonga hasta hoy”, explica Mariano González, estudiante de Sociología de la UBA, y continúa: “Por otro lado, teníamos una prédica del oficialismo de protección a los trabajadores tanto a través de conferencias de prensa como a partir de varios decretos de necesidad y urgencia. Incluso Alberto Fernández llamó ‘miserable’ a Paolo Rocca por los 1.450 despidos de Techint. Sin embargo, esas cesantías se concretaron y los ataques al salario, despidos y suspensiones comenzaron a aparecer de manera muy fuerte. Por eso decidimos poner en pie el Observatorio, para brindar esos dato”.
El relevamiento se realiza semanalmente a partir de publicaciones en más de 40 medios periodísticos nacionales y regionales, a los que se agregan las cifras publicadas esporádicamente por distintos organismos y los resultados de los acuerdos a los que llega cada sindicato en particular. A partir de esa información, se realizan informes y análisis bajo la supervisión de Paula Varela, investigadora del Conicet y docente en la UBA.
El conteo comienza desde el 20 de marzo –el día en que se inició el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio- y, al 30 de mayo, se relevó el impactante número de 3.890.639 trabajadores afectados. El Observatorio desagrega esa cifra en tres categorías: “despidos”, unos 139.634; “suspensiones” (incluye a trabajadores que hayan sufrido el doble ataque de suspensión más rebaja salarial), que alcanza 1.786.987; y “ataques al salario”, que suben a 1.965.018.
De todas formas, este número es tan sólo una base, un indicio, más que una afirmación acabada. Los datos dependen de aquello que es considerado noticia por alguno de los medios relevados y, sobre todo, se impone la opacidad absoluta a la hora de registrar la situación del sector informal. “El porcentaje de precarización laboral en Argentina es del 40%”, analiza Clara Posse, socióloga. “Entonces, sabemos que hay muchos trabajadores informales, precarizados, contratados o con distintas relaciones laborales que no están pudiendo ser relevadas. Ese es un límite importante. Nosotros remarcamos que ésta es la cifra que pudimos abarcar, pero que en realidad es muchísimo más”. El llamado del Observatorio, en consecuencia, es que sean los y las propias trabajadoras quienes hagan su denuncia tanto al mail mapadedespidos@gmail.com como a La Izquierda Diario.
Según el informe del Observatorio, el sector más afectado es el del comercio.
El gobierno nacional -con el apoyo de todos los estratos gubernamentales- optó por una cuarentena estricta, con excepción de ciertos sectores denominados como esenciales. Para disipar incertidumbres sobre la situación a la que se verían expuestos las y los trabajadores, en el Artículo 8° del DNU 297/20 se dispone que “durante la vigencia del ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’, los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales”. Más tarde, el 31 de marzo, tras el escandaloso episodio en Techint, se firmó el DNU 329/20. El Artículo 2° dispone: “prohíbense los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución del trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta (60) días” -se prorrogó por otros 60 días más desde su vencimiento-. Y el Artículo 3°: “prohíbense las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de sesenta (60) días” -también prorrogado-. En resumen: se prohíben las rebajas salariales, los despidos y las suspensiones durante el aislamiento obligatorio. El devenir de los días terminó dictaminando algo totalmente diferente.
¿Qué sucedió entonces? El primer indicio puede encontrarse en un pequeño apartado del Artículo 3° del DNU 329/20. El mismo dice: “quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”. ¿Qué dice el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo? Establece la posibilidad de realizar suspensiones de tareas al trabajador en caso de fuerza mayor, abonándole una suma no remunerativa que es tan sólo un porcentaje de su salario habitual y teniendo que tributar únicamente aportes y contribuciones a la obra social y ART. Pero, antes este mecanismo debe ser pactado con el empleado de manera individual o colectiva -sindicatos-.
El 27 de abril, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) pactaron un acuerdo que sirve de marco para el resto de las negociaciones gremiales: el tope de descuento al salario de trabajadores suspendidos no puede superar el 25%. Aunque en realidad esto debe leerse con mayor detenimiento: la CGT y la UIA habilitaron que aquellas empresas que suspendan empleados tienen la posibilidad de reducir sus remuneraciones hasta un 25% en sus respectivas negociaciones con los sindicatos.
Muchas de las rebajas salariales y suspensiones fueron acordadas con los gremios.
El último informe del Observatorio muestra que el 76,1% (2.962.346 trabajadores) de los “ataques laborales” -despidos, suspensiones y ataques al salario- tienen como origen los acuerdos sectoriales. “El sector más afectado es el de Comercio, ya que allí trabajan alrededor de 1.200.000 personas. El que le sigue es Construcción: la Cámara Argentina de la Construcción anunció a principios de mayo que se habían perdido 100 mil puestos de trabajo entre marzo y abril. En conjunto con el resto de las modalidades de ataque al trabajo suman casi 500.000 casos y hay que tener en cuenta además que es un sector con una gran proporción de empleo informal, que no puede ser contemplado en el estudio. También representa el 25% de los despidos a nivel nacional. Tercero está el sector del Personal de Casas Particulares, las empleadas domésticas, que en un informe publicado por el sindicato se reveló que se vieron afectados 500.000 puestos. Y, en cuarto lugar, pelean cabeza a cabeza el sector estatal y el gastronómico”, explica Posse.
Efectivamente, el estatal se encuentra en el podio de los sectores que más ataques sufrieron con 438.927 afectados. Algunos casos se extienden desde mucho antes de la cuarentena, como las deudas salariales y paritarias a la baja en la provincia de Chubut.
“El ataque al salario es el principal mecanismo utilizado para transferir los costos de la crisis a los trabajadores”, se lee en el último informe del Observatorio. El total de trabajadores afectados por ataques al salario es de 3.685.515. Dentro de esta categoría se despliegan tres mecanismos: reducción salarial (2.880.626), postergación de paritarias (720.546) y adeudamiento salarial (84.343). González enfatiza: “Ante esto, el gobierno nacional no solamente no ve esos ataques sino que los convalida. Los acuerdos firmados por sector entre las direcciones sindicales y las cámaras empresarias son homologados por el Ministerio de Trabajo. Los decretos son papel mojado. Hay un gran consenso en todo el arco político y sindical en hacer de cuenta como que sigue en verdad la ficción de que éstos decretos tienen algún tipo de utilidad”.
El derrumbe de la economía tanto nacional como mundial, no obstante, es insoslayable. Las grandes potencias han impreso y desembolsado millones en papel moneda para rescatar a sus sistemas financieros y económicos. Menos grandilocuente, más lúgubre, es la realidad de los negocios barriales, de las empresas modestas que caen sin estruendo y dejan en la completa incertidumbre a miles de trabajadores y trabajadoras. Con ese argumento se firmó el DNU 332/20 del 1° de abril, que establecía las bases del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Se trata de una serie de medidas que abarcan exenciones impositivas y, en especial, el pago por parte del Estado -Anses mediante- de una porción del salario de los trabajadores. Con las semanas comenzaron a aparecer situaciones completamente irregulares: aparecieron en la lista de beneficiarios grandes empresas, sin problemas financieros, y entre los salarios beneficiados con fondos públicos se encontraban sus propios CEOS.
“A partir del acuerdo de la CGT con la UIA se redujo un 25% el salario, el 50% es pagado por la Anses y empezamos a notar que ese 25% restante que queda a cargo de la empresa muchas veces es pagado en cuotas o directamente no se paga”, recalca Posee.
“Todo esto no es un simple desconocimiento. Lo mismo respecto al decreto que prohíbe despidos y suspensiones. Estas situaciones son públicas, se denuncian en las carteras del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el Gobierno nacional decide hacer la vista gorda. Enfatizamos el episodio de Techint, un caso emblemático. Sobre eso no hubo ningún tipo de represalia, sino que incluso fue premiado con el ATP. Incluso, al momento de recibir ese beneficio, despidió a otros 30 trabajadores de una contratista de Siderca, en Campana. Lo mismo sucede con Blaquier, que también accede al ATP y de todas formas suspende y recorta salarios. Al igual que otras empresas como Granja Tres Arroyos, que luego de recibir el ATP despidió a 50 trabajadores. Con todo este panorama, nosotros vemos que el ATP y otros tipos de programas en realidad son un gran subsidio millonario a las empresas para mantener el margen de rentabilidad a costa del ajuste y el recorte a los trabajadores”, denuncia Mariano González.
Jun 7, 2020 | Novedades, Trabajo
A 210 años de la fundación de La Gaceta de Buenos Aires –en cuyo recuerdo se conmemora cada 7 de junio el Día del Periodista–, no parece haber muchos motivos para celebrar: el coronavirus, la cuarentena y la consecuente profundización de la crisis económica, determinan el estado actual de la profesión.
Las empresas mediáticas se escudan en la pandemia para seguir precarizando aún más a sus empleados. Al atraso salarial de años, se suman despidos, recortes y demoras en pagos de sueldos que han motivado diversas acciones como respuesta. Desde el cese de media jornada en Página/12 hasta la publicación sin firmas en Clarín. Según una encuesta del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), dos de cada tres trabajadores de prensa en la Ciudad cobran salarios por debajo de la Canasta Básica Total (de acuerdo a estimaciones de la Dirección General de Estadísticas y Censos del GCBA).
En diálogo con ANCCOM, Silvina Molina, editora de Género y Diversidades de la agencia Télam, asegura: “Tenemos que pensar quién se hace cargo de los medios para que se deje de precarizar, de echar y de pagar miserias o en cuotas. No se puede ejercer el derecho a la comunicación desde el periodismo sin las condiciones adecuadas de trabajo, que incluyen un salario digno”.
El citado informe de SIPREBA subraya la inequidad en materia de género al interior de los medios. El último mes, la mitad de las mujeres y disidencias encuestadas (49,3%) recibió una remuneración por debajo de la línea de pobreza. Por otra parte, entre los salarios más altos la mayoría de los trabajadores son hombres.
Para Molina, estamos ante una feminización de la precariedad que tiene su raíz en la ausencia de mujeres y disidencias en los puestos de mayor jerarquía: “El periodismo es una profesión feminizada porque en la mayor parte de las escuelas de comunicación y las redacciones hay mayoría de mujeres. El problema es cuántas son las que ocupan cargos de decisión, quiénes firman las notas, quiénes tienen programas en horario central de la radio y la televisión, o quiénes dirigen medios autogestivos”. Molina señala que “salvo excepciones, tanto en medios cooperativos, estatales, privados y públicos, la mayoría de esos cargos son ocupados por hombres”.
La reciente conformación del Directorio de Télam, íntegramente a cargo de mujeres, permite advertir el signo de los tiempos. Según Molina, este fenómeno es parte de un proceso que está en marcha, pero al que aún le falta camino por recorrer para una paridad real: “Estamos transitando los cambios. Con la existencia de movimientos a nivel mundial como Ni una menos, el #MeToo, o el Paro Internacional de Mujeres, estamos demostrando que la sociedad debe respetar los derechos de la mitad del mundo, que somos nosotras. Y eso aplica también dentro del periodismo. Es una transformación que está en marcha sin necesidad de una mayor explicación”.
La desproporción en las secciones de los medios refleja construcciones arraigadas en la sociedad. “Todavía llama la atención que haya una periodista haciendo la cobertura desde el campo en un partido de fútbol, a pesar del enorme esfuerzo que han hecho muchas colegas y deportistas por visibilizar esta problemática. En general, somos muchas más las comunicadoras en aéreas que tienen que ver con Salud, Sociedad, en fin, con temas relacionados con los cuidados. Y es mucho más complicado encontrarlas en Política, Economía, Deportes, en áreas que se han considerado un terreno exclusivamente masculino. Como periodistas, tenemos que reflejar la realidad, y eso implica, por ejemplo, contemplar paridad de fuentes masculinas y femeninas al momento de elaborar una nota. Cuando hablamos de un periodismo inclusivo, nos referimos simplemente a hacer buen periodismo”.
Sobre el proyecto presentado en el Senado de la Nación, que propone un cupo equitativo en los medios públicos, Molina considera “que es muy positivo como impulso inicial, para ayudar a cambiar las estructuras que todavía persisten y las resistencias que hay en los medios”. Pero agrega: “También me parece que los medios tienen que tomar la responsabilidad de revisar sus prácticas internas, es una conjunción de factores”.
Las trabajadoras de prensa organizadas en la última marcha del Paro internacional Feminista.
Periodismo en cuarentena
En la semana en que se cumplen cinco años de la primera marcha de Ni una menos, es importante evaluar el rol del periodismo en el tratamiento de problemáticas como violencia contra las mujeres, reconocimiento de las disidencias o derecho al aborto. Un cambio visible en los últimos años fue la incorporación, en algunas redacciones, de una editora de género. Incluso ciertos medios tradicionales han comenzado a construir sus noticias con un enfoque que cruza transversalmente a todas las secciones.
“El periodismo de género ha sido esencial en este contexto de cuarentena para mostrar algunos ejes de la agenda del feminismo. Ahora queda muy claro que las mujeres hacemos doble o triple tarea. Trabajamos fuera y dentro de la casa. Y la mayoría de los cuidados de los niños, niñas, niñes, adolescentes y de las personas adultas mayores, recae fundamentalmente en las mujeres. Eso es un tema de agenda feminista del que veníamos hablando y que queda totalmente patente en la pandemia”, afirma Molina.
El aislamiento preventivo ha incidido notoriamente en el aumento de casos de violencia de género. La editora de Télam sostiene que, cuando se anunció la medida, “la preocupación del periodismo feminista por la convivencia de las mujeres con sus maltratadores fue inmediata. Esto hizo que se tomaran distintas decisiones a nivel de políticas públicas para adecuar la medida y acompañar ese proceso especial de mujeres que están en situación de violencia”, precisa.
Molina, quien además es la coordinadora argentina de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. considera que el rol del periodismo es fundamental en este momento, pero advierte sobre la falta de lugar para profesionales especializados en los medios: “Hay periodistas que hacen una excelente cobertura, y creo que hay una reivindicación del periodismo científico, con muy buenos profesionales en el país. Pero también hay un sector que no toma dimensión de la gravedad de la situación, porque para hablar de salud en general y sobre todo de coronavirus y una enfermedad como la Covid-19, es necesario informarse, prepararse, capacitarse”.
En efecto, existe un periodismo especializado en ciencia que es demandado en el escenario de pandemia. La exclusión de periodistas idóneos para tratar temas específicos es otra forma de precarización del oficio. En menos de seis meses, los grandes medios han reestructurado y abocado toda su agenda en función del coronavirus. Y este continuo provoca que la pantalla, el éter, la red y las páginas de los diarios sean ocupados por comunicadores que no siempre están capacitados.
Ricardo Goldberger, miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico, opina que el tratamiento actual no es el adecuado, ya que la comunicación especializada “ocupa un rol bastante secundario y lateral, porque la mayor parte de los medios están dejándole la cobertura de la pandemia a periodistas generales, o de Economía o Política”. Y destaca: “Los fundamentos por los cuales se están tomando decisiones políticas y económicas son predominantemente científicos, por lo tanto, el periodista científico es el que está en mejores condiciones de explicarle al público el sentido que tienen estas decisiones”.
Según Goldberger, quien también dirige el medio online Tecnozona, “el aporte que realiza el periodista científico es a partir del conocimiento y el entendimiento de lo que sucede en el ámbito, que es más amplio y concreto. Sabe cómo funciona la ciencia en la Argentina, la ciencia en general, los recursos que utiliza, qué significa trabajar en un laboratorio, en un consultorio, en una industria tecnológica, conoce cuáles son las tendencias, quiénes son los principales protagonistas, conoce quiénes son las fuentes más confiables y creíbles, o cómo funciona el método científico”.
La exclusión de los periodistas especializados en ciencia tiene sus inicios, de acuerdo a Goldberger, en la década del 90: “Todos los grandes diarios y los canales tenían programas dedicados a la ciencia y la tecnología. No solo desde el punto de vista educativo, sino desde la divulgación. En 1992, Clarín rediseñó el suplemento Ciencia y Nación, y progresivamente lo convirtió en un suplemento de tecnología y finalmente de informática. En última instancia, se convirtió en un catalogo de productos”. Las secciones de Tecnología, junto a las de Salud, fueron las únicas que subsistieron, mientras que el resto pasó a formar parte del cuerpo central del diario sólo de las versiones online. La posibilidad de conseguir anunciantes fue determinante para la continuidad de estas secciones, ya que “la industria de la tecnología y la farmacéutica son dos que todavía están en condiciones de poner publicidad”. Y los especialistas en ciencia fueron desplazados hacia aéreas tan disímiles como Sociedad o Policiales.
La agenda de los medios parece tener un correlato con la voluntad política de cada época. Al respecto, Goldberger subraya: “Durante el último gobierno (de Macri), no solo el Ministerio de Ciencia y Tecnología disminuyó abruptamente su importancia, sino que se hicieron campañas específicamente para denostar a la ciencia. Y eso tiene un componente ideológico importante. La ciencia y la tecnología obligan a la gente a pensar, a averiguar, a investigar, a generar pensamiento crítico. En la medida en que el pensamiento crítico se vuelve peligroso para una ideología, más se va a rebajar la importancia de la CyT. Hay una incidencia bastante clara en el sistema público imperante en el momento”.
Ante la advertencia de la OMS acerca de la “infodemia” –la epidemia informativa que da lugar a la propagación de noticias falsas–, Goldberger expresa: “En la medida en que la población no tenga desarrollado el pensamiento crítico, no va a ser capaz de dudar si lo que está leyendo es verificable o no. En la medida en que no haya comunicadores que lo estimulen, el campo va a estar disponible para la presencia de fake news, campañas de desinformación que obedecen a intereses económicos, corporativos, de la industria farmacéutica, que ven en los límites a la circulación de personas, a la capacidad de compra y consumo, a la capacidad de trabajo, una situación adversa”. Estos intereses, agrega, son los que promueven las movilizaciones anticuarentena.
Mirada federal
Desde Tucumán, Claudia Nicolini, periodista especializada en ciencia del diario La Gaceta, comparte su impresión sobre la cobertura de estos acontecimientos: “Negar la realidad no es una posibilidad. Debemos contar nuestra versión de lo que pasa y entender que no hay un abordaje objetivo. Aunque se junten cinco personas en la plaza, no podemos no decir qué está pasando. Ya sabemos lo que pasa cuando los medios silencian cosas. Ahora, es claro que hay quienes los están conduciendo, el 85 por ciento de la gente reconoce que la cuarentena está bien, pero este grupo pequeño se lleva la atención mediática”.
Nicolini manifiesta que, “si bien hay maneras de contar, hay una diferencia entre cubrir el acontecimiento y hacer una transmisión de seis horas”, por lo que los periodistas científicos son claves para preguntarse qué es lo que no está llegando del mensaje que pueda compensar la mala intención de los grupos beneficiados. “Quizás tendríamos que preguntarnos si no deberíamos bajar los niveles de alarma y elevar los de conciencia”, reflexiona.
La periodista, quien también es miembro de la RADPC, enfatiza la importancia de la capacitación a través de compañeros pertenecientes a la Red. Psicóloga de formación, ingresó al medio como correctora, para luego tomar el puesto vacante de periodista de ciencia. “El camino no fue fácil, porque hay que traducir cuestiones que son muy complejas. En la primera nota que hice tuve que entrevistar a especialistas en física cuántica. En esos casos, la tarea es procesar definiciones muy abstractas para que el público pueda saber qué hace un científico y por qué”, cuenta. Y asegura que en los medios hay personas que “no están preparadas para preguntar, entender la respuesta recibida, ni repreguntar en caso de ser necesario”.
Para ella, la creciente necesidad de comunicadores especializados puede generar espacios de reflexión en la sociedad: “Recién ahora, a partir de la difusión de que encontramos soluciones biotecnológicas en tiempo récord en un país de la periferia, la gente se está enterando de qué es lo que está haciendo un científico. Si no, el lugar que tienen estas noticias es en un pedazo del diario que leen pocas personas. A lo mejor, a partir de esto sí podamos contarles a los chicos de la escuela lo que hacen los científicos, a lo mejor los medios podamos acercar la ciencia a todos y así dejen de decir que son ñoquis que se llevan nuestros impuestos. Espero que sirva para modificar esa creencia de que la ciencia es para unos pocos”. Nicolini sugiere que “las redacciones de todos los medios deberían tener un especialista en ciencia”.
En el clima de incertidumbre que la pandemia produce en los trabajadores, el periodismo se ve interpelado particularmente. La reivindicación del trabajo especializado y la lucha por la equidad al interior de los medios son solo algunos de los desafíos de la profesión, pero que reflejan el estado de situación de la sociedad en su conjunto. Como dice Molina, “el periodismo tiene que ser de las audiencias y de quien lo ejerce, ya que estamos trabajando en base al derecho a la comunicación”.
Jun 4, 2020 | Comunidad, Novedades
Paraguay es uno de los pocos países que ha logrado contener al covid-19. Los contagios registrados hasta ahora son solo 1.013, dentro de los cuales 700 son personas repatriadas provenientes principalmente de España y Brasil. Los casos de fallecidos se mantuvieron en 11 en las últimas dos semanas: es el menor número registrado en Latinoamérica hasta hoy. Estos resultados se le atribuyen al rápido accionar del gobierno, que fue uno de los primeros en la región en decretar el cierre de fronteras y de escuelas, en suspender las actividades de concurrencia masiva, y en imponer la cuarentena obligatoria desde el 11 de marzo.
Pero las severas restricciones que resguardan la salud de la población afectaron a nivel económico. El presidente Mario Abdo Benítez comprende que el panorama financiero no es favorable. Su gabinete admitió que la situación se agravaría; por lo pronto, se propuso solicitar un préstamo de 1.600 millones de dólares al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), al Banco Mundial y a Banco Interamericano de Desarrollo.
El país fronterizo está llevando a cabo una gradual salida del aislamiento con una “cuarentena inteligente” que consistirá en retomar algunas actividades de acuerdo a cuatro fases. En cada una de ellas se liberará a sectores seleccionados y se suprimirán determinadas pautas de restricción de circulación. Actualmente se encuentra en la fase 2, y se asegura que más de 800 mil personas retomarán sus labores. Para la comunicadora social Adelaida Galeano, esta será la oportunidad de “saber con certeza si hay una mayor incidencia de la circulación comunitaria del virus. Las pruebas ahora se realizarán de forma aleatoria, ya no solo a gente con síntomas”.
Según informó el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Daniel Mazzoleni, esta nueva etapa permitirá la reapertura de locales comerciales, eventos religiosos con un público menor a 10 personas, y extensión de horario para realizar actividad física al aire libre. Las fronteras seguirán cerradas, las clases serán de manera no presencial, las oficinas no esenciales continuarán ejerciendo el trabajo a distancia, y los eventos masivos públicos seguirán suspendidos.
Secuelas económicas y precarización laboral
El sector turístico será uno de los últimos en reintegrarse al mercado debido al refuerzo de controles fronterizos por el aumento de casos en Argentina y Brasil. La agente de viajes corporativos Mónica Costas argumenta que, a estas alturas, son excepcionales las posibilidades de mantener a flote esta clase de negocios. El Estado le otorgó la mitad de un sueldo mínimo durante dos meses, junto con la posibilidad de suspender los contratos de trabajo por noventa días. Asimismo, señala que otras áreas que enfrentan dificultades económicas, como la industria hotelera y gastronómica, consideran reabrirse en los próximos días, pese a no estar formalmente autorizados para ello. “Todos estos negocios que tenían previsto abrir recién en la etapa 4, hoy se revelaron y dijeron ‘basta, debemos trabajar para seguir viviendo’”, dice Costas.
La industria exportadora es un sector de gran peso a nivel monetario y, aunque deba enfrentarse a una limitación crucial por el cierre de fronteras, resiste a las limitaciones. Yanice Figueredo Quintana trabaja en una naviera multinacional y asegura que la empresa ha sufrido un considerable cambio. “El presupuesto general de la empresa tuvo que bajar un porcentaje alto, destinado a compras de insumos para la oficina, presentes para los funcionarios, entre otros, ya que muchos clientes no pueden cumplir con los pagos. De todas maneras, es un negocio que no para, ya que la importación y exportación de alimentos es siempre necesaria”.
“La gente necesita trabajar para subsistir. Si no mata el coronavirus, el hambre matará a la gente”, se enoja Yanice para justificar la urgencia de mayor flexibilización. “Es un riesgo levantar la cuarentena, pero se debe aprender a vivir y retomar las labores respetando las medidas de higiene. No podemos continuar encerrados. La gente necesita salir a trabajar. No todos tienen el privilegio de poder hacer home office”.
Galeano explica que la prensa también se vio afectada ante las medidas implementadas y sus consecuentes dificultades financieras. Ya son más de 300 despedidos en esta área, y otros tantos trabajadores independientes pierden espacios en radio y televisión ante una notable reducción de auspiciantes. La precarización laboral, moneda corriente en el ámbito mediático, creció también. “Existen constantes denuncias del trabajo en los medios por esta situación. Muchos deben desempeñar dos o tres roles en simultáneo, trabajando en horarios indeterminados y sufriendo la falta del cumplimiento de los derechos laborales, que soportan todo esto ante el temor de quedar sin empleos”, expone la comunicadora.
Corrupción y renuncias
La incertidumbre también se expresa a nivel político y social. En el marco de la emergencia sanitaria, fueron numerosas las denuncias por corrupción de diferentes instituciones y funcionarios públicos. Desde el ámbito mediático, Galeano explica que “la difusión y monitoreo de las compras y los informes elaborados por instituciones como la Contraloría General de la República llevaron a muchos medios a la difusión de casos de corrupción generados por los fondos de emergencia, que derivaron en renuncias de varias altas autoridades y una serie de cuestionamientos al propio Ministerio de Salud”.
Uno de los casos más difundidos fue el despido y posterior arresto domiciliario del presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), Édgar Melgarejo, por sobrefacturación en la compra de mascarillas por 120 millones de guaraníes. La ex titular de Petropar, Patricia Samudio, también hizo eco alrededor del mundo tras su compra de cinco mil botellas de agua tónica para “combatir la pandemia”. La directora general de Vigilancia Sanitaria, Lourdes Rivaldi, renunció al ser cuestionada por la falta de respuestas a empresas que solicitaron permisos para producir y comercializar desinfectantes.
“En otras circunstancias, no hubiésemos podido desarticular esta red de corrupción. La gente misma iba encontrando pruebas y denunciando a los funcionarios”, asegura Costas ante la notable participación de la prensa y de los ciudadanos para investigar aquellos casos por sus propios medios y deshilar el subregistro de información. “El paraguayo va a despertar con una consciencia diferente de esta pandemia, con ánimos de involucrarse”.
