Jun 6, 2017 | Comunidad
El Acuerdo Federal Minero que se firmará el martes próximo entre el gobierno y las provincias tiene como finalidad fomentar el desarrollo de esa actividad e incentivar el aumento de inversiones en el área, según el oficialismo. En sus puntos principales propone el uso compartido de recursos naturales entre el sector minero y el agroindustrial, promueve la incorporación de la temática minera en las currículas escolares y fija tope de regalías a las provincias. El pacto es fuertemente cuestionado por todo tipo de organizaciones sociales, que denuncian que, de implementarse, refuerza un modelo extractivista, sin participación social ni claridad en el respeto a cuestiones medioambientales. Además, el documento propone que se adapten los planes de estudio para que se dé una visión más “amigable” de la actividad.
Las entidades que rechazan el acuerdo elaboraron un comunicado en conjunto que hicieron circular en páginas web y redes sociales en busca de concientización y apoyo popular. Entre los firmantes se encuentran ONG ambientalistas como Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y asambleas comunitarias de diferentes provincias.
“El acuerdo propone la consolidación de un modelo minero de enclave y netamente extractivista. Un modelo ideado y gestado en la década de los noventa, sostenido en la primera década del siglo XXI y profundizado en esta gestión a costa de la naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales”, dice en una de sus partes el comunicado.
El nuevo Acuerdo Federal Minero, que fue redactado durante una serie de reuniones realizadas entre autoridades del Ministerio de Energía y Minería, representantes de las provincias mineras, cámaras empresariales y sindicatos, deberá ser firmado por los gobernadores provinciales para luego ser remitido al Congreso nacional y a las legislaturas provinciales. Con su firma, el gobierno busca potenciar el desarrollo de la actividad minera y atraer nuevas inversiones, fijando lineamientos –según dice- que rijan la actividad de forma homogénea en todas la provincias.
Pía Marchegiani, directora de participación de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), afirmó: “El Acuerdo toma los temas que están en la agenda del sector minero, incluye los temas centrales, pero los toma al revés de la demanda social”.
En tanto, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalitas (AAdeAA), destacó: “Es un acuerdo redactado por las propias transnacionales mineras”. Y agregó: “Nos oponemos porque consolida un modelo minero obsoleto instalado en la década del noventa, un modelo colonial y retrógrado.”
Las asambleas comunitarias de distintas provincias que se oponen al acuerdo expresaron su disconformidad ante un modelo de minería que –consideran- prioriza la cuestión económica por sobre la ambiental y la social. Domingo Jofre, integrante de la Asamblea Jachal No se Toca, de la provincia de San Juan, sostuvo: “El nuevo Acuerdo Federal Minero de Macri y los gobernadores es una aberración, es una burla institucional, es la entrega de los recursos estratégicos no renovables al poder de las multinacionales.”
Las entidades resaltan que el acuerdo ignora la ley de prohibición de la minería que rige en diversas provincias y que no tiene en consideración el derecho a participar y decidir de las poblaciones locales que se verían afectadas por la implementación de futuros proyectos mineros. “Provincias que tienen leyes locales que prohíben la actividad minera a cielo abierto se ven ante la firma de este acuerdo como obligadas a recibir inversiones mineras para explotar en sus territorios. Esto implica un retroceso ambiental grave en cuanto a legislación”. señaló Gonzalo Strano, coordinador de Campañas de Glaciares de Greenpeace. “El Acuerdo –añadió da muy poca relevancia a la consulta popular, a las audiencias públicas, a los plebiscitos, cuestión que para Greenpeace es fundamental. Creemos que cada pueblo tiene derecho a elegir que tipo de ambiente quiere y que tipo de actividades productivas quiere desarrollar en ese ambiente”.
Los organismos coinciden en destacar el carácter regresivo del acuerdo y los daños que produce la minería sobre las poblaciones locales. Enrique Viale recordó: “Nosotros venimos hace mucho tiempo hablando de cómo la gran minería no solo es sinónimo de degradación ambiental sino también de una gran degradación institucional y de un gran trastrocamiento económico, se desplazan economías regionales, se compite con los recursos,- Donde hay gran minería, hay pobreza y esa es un poco la historia de Argentina.”
Por su parte, Strano, de Greenpeace, subrayó: “Se viene a consolidar un modelo claramente extraccionista donde importa muy poco la opinión de los pueblos, donde se beneficia a la empresas mineras permitiendo que avancen sin ningún tipo de control principalmente en relación al cuidado del medio ambiente.”
Otro de los puntos más preocupantes y objetados por las organizaciones es la incorporación, promovida por el Acuerdo, de contenidos en la currícula escolar que fomenten los beneficios del desarrollo de actividades mineras. En el comunicado, las organizaciones remarcaron que “la intervención en la currícula escolar en las provincias con potencial minero, que pretende promocionar ‘las virtudes’ de este tipo de actividad, va en contra de los paradigmas educativos actuales que buscan fomentar en los niños y jóvenes visiones críticas e integrales de los problemas ambientales. Lo importante no es solamente conocer los recursos minerales existentes sino comprender los riesgos asociados a la forma de extraerlos, y discutir si son riesgos que se quiere asumir como sociedad”.
Sobre este tema, Pía Marchegiani de FARN, explicó: “El Acuerdo incita a que todos los programas de educación incorporen elementos geológicos, que se expliquen cuales son los recursos, cuál es su valor económico. El paradigma ambiental habla, en realidad, de desarrollar un pensamiento crítico. La gente tiene que saber el valor de la minería y tiene que saber también los impactos que genera”.
Las organizaciones expresaron su rechazo al Acuerdo y piden apoyo a la ciudadanía. “Acompañamos las luchas que hay y acompañamos a las distintas provincias. Creemos que no puede firmarse este acuerdo, que nosotros resistiremos”, afirmó Enrique Viale. “Desde Asamblea Jáchal No Se Toca pedimos que la sociedad toda rechace tajante e inapelablemente esta muestra de complicidad ante el saqueo, la contaminación y la corrupción que genera la megaminería”, concluyó Jofre.
Actualizada 07/06/2017
Oct 12, 2016 | inicio
Pachamamita Libros nació como un proyecto independiente del docente de historia Martín Crespi, en respuesta a la escasa creación de cuentos para niños que abordaran la temática ambiental y reflejaran los problemas que derivan del mal uso de los recursos naturales en el país. Para ampliar el acceso, su creador decidió traducir los cuentos a idiomas de pueblos originarios de Latinoamérica tales como el quechua y el guaraní, al lenguaje de señas a través de una producción audiovisual en su blog y transcribirlos también al braille.
“Este material es parte de una muestra plástica con temática ambiental, que estoy preparando. Tenía la inquietud de hacer accesible el material para chicos no videntes e hipoacúsicos. Una vez que tuve el material y los derechos de autor para hacerlo, surgió la idea de traducirlos al guaraní, al quechua, entre otras lenguas de pueblos originarios”, dijo Martín Crespi.
“Kóva ha´e tembiasakue soha akãhatã rehegua ndoikoséirupi ichugui peteĩ milanesa vyrorei ha oiporavo peteĩ arapy akãvai ha mba´e tie´ӯgui henӯhéva”. (“Esta es la historia de una sojita traviesa que no quiso ser una simple milanesa, y prefirió un mundo de aventuras, lleno de locuras y travesuras”, en guaraní). Así comienza La fabulosa historia de la sojita traviesa, uno de los 3 cuentos publicados por Pachamamita Libros, en el que se reflexiona sobre las consecuencias del sistema extractivista en el modelo de producción sojero.
«La fabulosa historia de la sojita traviesa», uno de los 3 cuentos publicados por Pachamamita Libros.
En referencia a este cuento, Martín Crespi explicó: “En este libro se desarrolla la manera en que el modelo productivo genera graves consecuencias en las poblaciones fumigadas. La fumigación causa estragos. Nosotros, en los centros urbanos, lo vemos en la alimentación. Es una problemática angustiante. En toda región hay conflictos ambientales y problemas sociales que derivan de ello, y está bueno que el chico que lo lea pueda darse una idea mínima de todo lo que involucra”.
La situación concreta a la que alude Crespi, es que desde hace 20 años en la Argentina está autorizada la producción y comercialización de la soja transgénica bajo el supuesto que que terminaría con el hambre en el mundo. Pero lejos de hacerlo, y gracias a las campañas llevadas a cabo por gobiernos y empresas, la agricultura se desarrolló sustituyendo cultivos autóctonos por variedades de alto rendimiento dependientes de productos químicos y fertilizantes.
Otro de los cuentos, La asombrosa historia de la Mega-Minería y las mini-regalías trata sobre las consecuencias de la explotación de la megaminería a cielo abierto. Esta actividad devastadora realizada en montañas y ríos por empresas de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Suiza, Sudáfrica y Japón, desde Jujuy hasta Santa Cruz, a lo largo de cinco mil kilómetros de cordillera, utiliza cantidades enormes de productos químicos tóxicos. En el proceso de extracción se vierten desechos contaminantes al ambiente -aire, suelo, agua- afectando flora y fauna de la región.
“Yma chawachani… ¿Whawachani? Jatun horegos clamchanan alto oxcho monanta latina. Chay mntañas oxipi ckanman yacupi rumispi otckuspa expoytaspa ckay mercado minera impresapi.” (“Veo, veo… ¿Qué ves? Una cordillerita, muy cordillerana, con muchas montañitas latinoamericanas. Esas montañitas tienen minerales, agüita de deshielo y rocas con metales. Para sacarlos y exportarlos, el famoso mercado internacional sugirió la mega minería empresarial”, en quechua).
Para traducir este cuento al quechua, Martín Crespi pensó en Felicidad Aranibar quien nació en Cochabamba, Bolivia y vive en Argentina hace 15 años. “La forestación y la minería son temas interesantes, así que me animé. El caso de la minería es grave, hay gente que trabaja por monedas y los de arriba se llevan todo. Los mineros terminan echando a perder su calidad de vida”, dijo Felicidad. Respecto de lo significó para ella este trabajo, recordó sus raíces y aseguró: “Yo vengo de una familia del campo, y el quechua nos representa. Mucha gente no lo reconoce como idioma, me interesa que se lo reconozca, que nuestros hijos lo aprendan”.
Martín también indicó la importancia de traducir el cuento a una lengua como el quechua:
“El quechua es una lengua ancestral, es el paso del tiempo en Latinoamérica. Es súper movilizante escuchar una lengua originaria. Hay dos cuestiones interesantes que nos motivaron: una es revalorizar el idioma y la otra es que al traducirlo, estamos preservándolo”.
«El caso de la minería es grave, hay gente que trabaja por monedas y los de arriba se llevan todo. Los mineros terminan echando a perder su calidad de vida”.
Una tercera publicación que integra la colección, La sorprendente historia de los tronquitos y los arbolitos, se refiere a la deforestación y a la producción de pasta de celulosa que perjudican las regiones de Santiago del Estero y Salta entre otras provincias del país. Cabe recordar que, en el Congreso Forestal Mundial realizado en Sudáfrica en 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación dio a conocer un ranking donde la Argentina figura novena entre los diez países que menos cuidan sus árboles nativos.
En una de las versiones de este cuento, en guaraní, se lee: “Heta yvyraí máta aĩva´ ekue yma oñeñotyvaekue sa´i sa´i oje japo haguã mba´e hu´û ijavevopáva kuatiarã. Kuri´ y´ i ha cukalipto moyve oĩva´ ekue ka´aguy ijyvoty ryakuãmbáva ha peteĩ ára ñembo jarurõguáicha ohasa pya´e pya´e jeityha imbaretéva”. (“Había una vez muchos arbolitos que fueron plantados de a poquito, para hacer pasta celulosa súper esponjosa. Antes de los pinos y eucaliptos, había bosques con flores y aromas. Y como si todo fuera una broma, pasaron rapidito demoledoras topadoras”).
El responsable de esta traducción, Damián Arce, fue docente de Lengua del nivel primario en la provincia de Buenos Aires durante 30 años. Hoy, ya jubilado, se dedica a la enseñanza del guaraní. “Mi lengua materna es el guaraní, mis padres eran paraguayos, vinieron a Formosa en 1947 cuando finalizó la Guerra del Chaco. Se instalaron en el campo para poder trabajar, tuvieron una familia muy numerosa. Mis padres y tíos hablaron siempre en guaraní y yo vengo de esa raíz”, recordó el traductor.
Con respecto al tratamiento de los problemas ambientales en la escuela, Damián Arce afirmó: “Un docente lo puede llegar a tomar, pero creo que desde ahí no trasciende. Los temas hay que bajarlos desde lo institucional, para trabajarlos y que se genere compromiso de todos los involucrados. No solamente en una escuela. Tendría que expandirse y trabajarse desde el municipio, desde la provincia, desde la Nación. Pero hay intereses políticos que no ayudan, entonces nos encontramos con la contaminación, el desarrollo de la megaminería a cielo abierto y la expansión de los cultivos transgénicos. Hay muchas permisividades porque sólo se evalúa la parte económica inmediata: los efectos en la tierra no se tienen en cuenta”.
Para la transcripción al braille, Crespi pensó en Emanuel Ludueña, un joven no vidente de 23 años. “Lo que yo hice fue transcribir los cuentos para que una persona con discapacidad visual tenga la posibilidad de leer el mismo cuento, sin tener que cambiar ninguna palabra”, comentó. “Últimamente, las personas no videntes utilizamos el celular y la computadora. Ya casi no leemos desde libros. El hecho de poder transcribir al braille estos cuentos, colabora para que la práctica no desaparezca. Uno puede involucrarse más con el braille e intentar armar lindos proyectos como este”, continuó el joven.
Los cuentos están acompañados por las traducciones, actividades didácticas y un glosario que los niños pueden consultar. En relación al lector, su creador afirmó: “El material está enfocado a una doble lectura, por un lado al público infantil, y por el otro al adulto que acompaña la lectura de los niños, ya sean los docentes o los mismos padres. Apuntamos a la lectura acompañada para una mejor comprensión. Igualmente hay algunos conceptos que están más explicados y desarrollados en el glosario y se juega a la vez con la rima y la gracia”.
Martín Crespi habló sobre los proyectos futuros de Pachamamita libros: “Para el año que viene tendré terminada una muestra plástica con temática ambiental y vamos a traducir al mapuche temas vinculados a la energía y el petróleo. No hay mucho material que se meta con temas puntuales y estructurales como estos, que afectan a mucha gente y a los recursos naturales. Por otro lado publicaremos un libro de alimentación que se llamará La historia de las perdices que comieron felices. El enfoque de esta próxima publicación se centrará en las consecuencias del consumo de los alimentos industrializados: antes la comida alimentaba, luego empezamos a comprar todo en supermercados, empezamos a ingerir alimentos con conservantes, colorantes y fertilizantes, por lo tanto esos alimentos ya no nos alimentan. Otro proyecto para el próximo año es trabajar a partir de los cuentos tradicionales, como Caperucita Roja, para atravesarlos con las distintas problemáticas: lo central es lo ambiental. Lo importante es tener un contenido y atravesarlo con distintas variables dentro de la comunicación, en el sentido de trabajar con las traducciones, la accesibilidad y las distintas tecnologías”.
Actualizado 12/10/2016
Sep 28, 2016 | destacadas
En el contexto de un nuevo derrame tóxico en la mina Veladero, que administra la empresa Barrick Gold en cercanías de la ciudad de Jáchal, San Juan, se estrenó Olvídalos y volverán por más, un documental que indaga sobre la explotación minera, su vínculo con el neoliberalismo, y sus consecuencias. En diálogo con ANCCOM, su realizador, Juan Pablo Lepore, comparte la motivación inicial detrás del filme y su posición respecto a la problemática. “La idea fue investigar cuáles son los males que nos aquejan, por qué se produce la contaminación a gran escala, con el consentimiento de quién, y qué es lo que está haciendo la gente para defenderse –plantea-. En ese sentido, en 2009 empezamos a hacer una serie de entrevistas. Viajamos por Bolivia, Chile, Brasil, Cuba, Canadá, reuniendo argumentos y conociendo experiencias de autogestión, de organización de la tierra, de ocupaciones, de latifundios, de vecinos en lucha contra la megaminería”.
“Para ellos, nosotros somos un basurero, somos motivo de extracción, de saqueo, de despojo”, dice en el filme el periodista y referente ambiental recientemente fallecido Javier Rodríguez Pardo, uno de los testimonios que recogió este trabajo estrenado el jueves pasado en el cine Gaumont, que busca aportar al debate sobre la actividad minera y a la promoción del cuidado de los recursos naturales. Con especial énfasis en la situación argentina, y a partir de entrevistas a especialistas y material de archivo, el documental recoge también casos paradigmáticos de otros países del continente americano, llevando la problemática a un plano internacional. Lepore logra articular una visión de denuncia que invita a reflexionar sobre los intereses que se esconden detrás del extractivismo multinacional y los impactos que produce en el medioambiente y en la sociedad.
“La idea fue investigar cuáles son los males que nos aquejan, por qué se produce la contaminación a gran escala, con el consentimiento de quién».
Los casos que incluiste en el documental remiten a países que son disímiles entre sí. ¿Qué diferencias y similitudes encontraste en cuanto al tratamiento de esta problemática y a las formas de lucha que adoptan?
Si analizamos la militancia concreta, la actitud frente a estos monstruos multinacionales y este activismo militante, vemos muchísimas similitudes. La megaminería tiene metodologías que se repiten en todos los países. Lo vivimos en Quebec con la avanzada del gobierno de Jean Charest en el 2012: el procedimiento de ir de pueblo a pueblo, de convencer a los pobladores de que el extractivismo es la única salida para poder hacerse rico, de que la minería es la única forma de trabajo que puede haber en estos lugares, es el mismo que encontramos acá. El neoliberalismo, en este sentido, se planta de maneras similares. Necesitamos organizarnos y eso me llevó a pensar que los problemas son los mismos y que es importante socializar las experiencias concretas, exitosas, para poder mostrarlas como síntesis. Con respecto a las diferencias, en Toronto, por ejemplo, estuve preso unos días por filmar; eso es una locura que acá es difícil que se dé (si bien pasan otras cosas). Creo que allá la seguridad, la policía, y todo el aparato estatal es bastante represivo y la gente, ante esto, es más tranquila, menos pasional. En los países latinoamericanos salimos mucho a las calles y si hay algo que nos molesta, nos organizamos y nos defendemos frente a eso. En el primer mundo es más difícil. Si bien hay resistencias, en la mayoría de los lugares están muy adormecidas. Quizás nosotros tenemos menos cosas, o menos que perder, y entonces nos arriesgamos y podemos enfrentar con más fuerza y ganas a todo este sistema.
¿Cuándo estuviste preso y por qué?
Fue en el 2010, para la cumbre del G20 que se hizo en Toronto, el 26 de junio. La presidenta viajó para reunirse con Peter Moon y otros empresarios de las mineras más importantes de Canadá (recordemos que el 60% de las mineras, más importantes del mundo, son de capitales canadienses). Se presentó junto con el secretario de Minería, Jorge Mayoral, y los gobernadores de las provincias mineras para cerrar el tema de la Ley de Glaciares que le exigía el proyecto Pascua-Lama. En ese momento, surgieron una serie de protestas en contra del encuentro de presidentes, y con la cámara salí a filmar los arrestos masivos (cerca de mil personas por día). Una locura, un presupuesto de más de un billón de dólares gastados tan sólo en seguridad. Me detuvieron por filmar y me armaron una causa. Estuve retenido diez horas. Dos meses más tarde me fueron a buscar a mi departamento para llevarme a un centro de detención en Toronto, en el que permanecí 22 días privado de mi libertad. Si bien es una experiencia que no se la deseo a nadie, me sirvió para fortalecerme en la lucha y para entender que las decisiones pueden tener consecuencias, pero que es necesario no bajar los brazos.
Ambientalistas de Jáchal (San Juan) y miembros de la Multisectorial Antiextractivista.
¿Con qué otras dificultades te encontraste durante el proceso de producción de la película?
El tema económico fue y sigue siendo una dificultad. Este es el tercer largometraje que hacemos sin el subsidio del INCAA. Sí tenemos el apoyo de los estrenos colectivos DOCA, organización a la que pertenezco y gracias a la cual podemos estrenar en el Gaumont y otros espacios INCAA del país. Seguramente en algún momento podremos acceder y aplicar el subsidio al documental. Soy consciente de que estamos estrenando esta película con una actualidad que es imposible lograr con los tiempos del INCAA. Eso es algo que asumimos y costeamos todos los voluntarios que formamos parte del Colectivo Documental Semillas. Creemos que es indispensable que todas estas producciones se sigan haciendo, con o sin presupuesto.
-¿Qué aspectos positivos rescatás del camino recorrido en la realización del filme?
El recibimiento de la gente, siempre contar con el apoyo de las asambleas, de todos los protagonistas que están poniendo el cuerpo en la lucha contra esta avanzada neoliberal, que en este largometraje lo vemos a través de la megaminería, pero estamos hablando del agronegocio, del fracking y de muchas otras cosas que van a aparecer.
En el documental haces referencia a casos exitosos que se manifestaron en contra de la megaminería, como son los de Famatina y Chilecito y Chubut, por ejemplo. ¿Cuál creés que es el camino en la lucha contra esta actividad?
Creo que el apoyo de las organizaciones es indispensable. Individualmente no somos fuertes, necesitamos organizarnos por una cuestión de supervivencia. El sistema lo hace, actúa desde el aparato estatal, desde los medios de comunicación, desde las empresas, todo coaccionado para que el capital rija en detrimento de los derechos humanos y de la naturaleza. Necesitamos cada vez multiplicar más la palabra para que se sepa lo que está pasando, para poder decidir, para frenar este sistema, y proponer al mismo tiempo otro alternativo, más equilibrado, que tenga que ver con el respeto por los derechos humanos y a la madre tierra.
-Jáchal fue noticia nuevamente por el derrame tóxico ocurrido en la mina Veladero, el pasado 8 de septiembre. Ahora, el Ministerio de Ambiente pidió la suspensión de las actividades de Barrick Gold hasta que haya un mayor control y monitoreo ¿Cuál es tu posición al respecto?
Es una trampa comunicacional. Necesitan hacer algo porque se les viene el pueblo encima. El gobierno es netamente neoliberal, manejado por los CEOs de las empresas. No hay posibilidad de diálogo. Lo único que quieren es que las empresas hagan la mayor extracción posible, que se lleven la mayor cantidad de recursos; ellos se quedan con su parte, y esto en detrimento de toda la población, como lo hemos visto en el documental. La maniobra del ministro de Ambiente, en este sentido, es hacer este juego de la democracia, pero es simplemente una careta. No van a ofrecer ninguna solución a las personas. Van a querer apagar el fuego cuando la gente salga a las calles y así hasta que todo estalle y haya una crisis donde la gente pueda elegir otra cosa. Ahí es donde la organización es fundamental para poder armar un proyecto alternativo a todo este sistema que se nos presenta como irrebatible, como la única posibilidad.
«Viajamos por Bolivia, Chile, Brasil, Cuba, Canadá, reuniendo argumentos y conociendo experiencias de autogestión, de organización de la tierra, de ocupaciones, de latifundios, de vecinos en lucha contra la megaminería”.
Actualizado 28/09/2016
Dic 16, 2015 | destacadas
Con una producción de casi un 20% centrada en Latinoamérica, según estadísticas de 2013, la empresa canadiense Barrick Gold opera libremente en la mina Veladero y otros yacimientos de la región, habiendo dejado a su paso la contaminación con cianuro de más de un millón de litros de agua en San Juan.
Acceder a la historia de Barrick Gold, mirá acá la crónica de un desastre
La Barrick Gold Corporation se autodefine como “una compañía canadiense que desarrolla actividades de exploración y explotación minera en distintas partes del mundo”. En palabras que pueden resultar inocuas a primera vista, la Barrick es una multinacional dedicada a la extracción de oro a cielo abierto que lleva a cabo operaciones en 19 minas y tiene presencia en 10 países, entre los que se encuentran Argentina y Chile. Y es en la frontera entre estos dos territorios en la que comenzó sus negociados desde los años ’90, específicamente con el proyecto conocido como “Pascua-Lama”.
Su sede central se encuentra ubicada en Toronto, Canadá, y desde 1993 extendió su estrategia de crecimiento −focalizada en Norteamérica− hacia el resto del continente. Primero se instaló en Perú; un año más tarde, se emplazó en Chile con la mina El Indio y desde allí se gestó el primer acuerdo minero binacional del mundo.
A partir del Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno firmado en 1997 por los presidentes Carlos Menem y Eduardo Frei, esta empresa pudo empezar a desarrollar la megaminería sin intervención ni fiscalización directa del Estado. El pacto posibilitó la explotación de los yacimientos y el uso indiscriminado de todos los recursos naturales a lo largo de los 5.000 kilómetros de la frontera andina con controles fronterizos ágiles, evitando la doble tributación, sin tener que pagar impuestos al gasoil ni a la importación de insumos, y permitiendo una estabilidad fiscal por 30 años. Además, estas disposiciones fueron respaldadas con el Protocolo Complementario firmado el 20 de agosto de 1999 −sin cláusula alguna que preserve la integridad de los parques y reservas, tanto provinciales como nacionales−, y ratificadas por las legislaturas de los dos países en el año 2000 mediante la Ley 25.243.
En San Juan, la Barrick realiza la extracción mediante métodos tradicionales de perforación y voladura. Luego de la trituración y clasificación, el material extraído se deposita en el valle de lixiviación. La lixiviación implica la utilización de cianuro junto a otros reactivos químicos para remover los minerales de las rocas. Pero también involucra el uso de millones de litros de agua; en este sentido, el periodista e investigador Miguel Bonasso explica en su libro El Mal que “mientras que una familia sanjuanina consume 15.000 litros por mes, en Veladero se consumen 288 millones”.
“El proceso de lixiviación permite recuperar el oro y la plata del material. Esta etapa se desarrolla en un circuito cerrado. Un sistema de geomembranas y un mecanismo de detección y control de fugas mantienen todas las soluciones dentro del sistema, sin descargas al medioambiente”, detalla la empresa en su sitio web. Pero lo cierto es que este ideal no se cumplió y en el mes de septiembre del corriente año los ríos cercanos a las localidades de Jáchal e Iglesia fueron contaminados como consecuencia de la rotura de una de las cañerías que participan en el proceso: se derramaron 1.072.000 de litros de líquido cianurado. Antes de la presentación de un informe elaborado por La Organización del Sistema de las Naciones Unidas para la gestión de proyectos (UNOPS), sobre la calidad del agua de esa área geográfica, varios ambientalistas ya hablaban de un “desastre ecológico”.
Con el terreno liberado por la falta de control de las instituciones del Estado en los ´90s, para la devaluación de 2001, la Barrick presentó un informe de impacto ambiental que legitimó su accionar ya que fue aprobado. A partir de la aprobación, la empresa se dedicó a levantar nuevas instalaciones en suelo argentino a 320 kilómetros al noroeste de la capital de la provincia de San Juan, a unos 4.850 metros sobre el nivel del mar: la Mina Veladero, que en octubre de 2005 finalmente inició la extracción de oro y plata. La inversión inicial fue de 540 millones de dólares y uno de los responsables de este acontecimiento es el actual gobernador de San Juan, José Luis Gioja, en ese entonces diputado, quien permitió el accionar sin el consenso de la sociedad.
Tres años más tarde, en agosto de 2004 tanto Argentina como Chile firmaron otro escrito que benefició una vez más a la megaminería. El Protocolo Adicional Específico al Tratado de Integración y Complementación Minera para el Proyecto Pascua-Lama definió el Área de Operaciones, estableciendo un control migratorio específico de las personas, un registro de los vehículos y bienes en sus ingresos y salidas; y, por último, una inspección Fito Zoosanitaria. Aquellas cuestiones binacionales particulares que están previstas en el tratado minero restringen por completo las leyes nacionales de cada zona.
Las actividades mineras están arrasando con los glaciares. Sin glaciares la región de Cuyo estaría con dificultades para la disponibilidad de agua potable. El 1 noviembre de 2010, el Juez Federal nº 1 de San Juan, Miguel Ángel Gálvez, avalado por el Gobierno Nacional, suspendió la aplicación de los artículos 2, 3, 5, 6, 7 y 15 de la Ley de Glaciares sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo tan solo unos días antes. De esta manera, los emprendimientos Pascua-Lama y Veladero pudieron continuar trabajando sin auditorías ambientales y el inventario de glaciares no pudo llegar a completarse. De acuerdo a un informe que Greenpeace presentó en 2005, la superficie del Toro 1, Toro 2 y Esperanza disminuyó entre un 56% y un 70% por las actividades de la Barrick del lado de Chile.
Actualmente, en plena crisis e investigación judicial por el derrame de solución cianurada en aguas de la provincia de San Juan, el director ejecutivo de la minera canadiense en Argentina, Guillermo Caló, decidió renunciar. Igualmente, desde la compañía aseguraron que su decisión fue tomada mucho tiempo antes del incidente.
Después de lo ocurrido, la Justicia inició una investigación y a fines del mes de septiembre por decisión del juez sanjuanino Pablo Oritja fueron imputados nueve empleados. Por su parte, el juez federal Sebastián Casanello dispuso una serie de operativos en Capital Federal y en San Juan para conseguir toda la documentación clave para la causa, como los permisos y proyectos de explotación de la empresa.
Finalmente, en octubre el magistrado Oritja acusó al jefe de Procesos de la mina, Leandro Poblete, por negligencia ya que fue quien firmó la apertura de la compuerta del canal por el cual se diseminó la solución tóxica; además, en su fallo confirmó que la Barrick Gold produjo un daño ambiental en la zona. El informe preliminar de Naciones Unidas publicado recientemente es el encargado de confirmar los signos de impacto ambiental: tanto en la zona 0, comprendida por el río Potrerillos, desde aguas abajo de la pileta de emergencia hasta la desembocadura del río Potrerillos al río de Las Taguas, como en la zona 1, que abarca el tramo del río de Las Taguas, desde aguas arriba de la confluencia del río Potrerillos hasta aguas arriba de su confluencia con el río Turbio.
Actualizado 16/12/2015
Sep 23, 2015 | inicio
El domingo 13 de septiembre sacudió a San Juan con una noticia alarmante: los trabajadores de la mina Veladero de la Barrick Gold avisaban sobre la rotura de una cañería de lixiviación, la cual había causado un derrame de cianuro en los ríos cercanos a las localidades de Jáchal e Iglesia.
La respuesta del pueblo resultó inmediata. Miles fueron las personas que salieron a las calles a exigir respuestas a funcionarios públicos, quienes si bien desde un principio negaron una posible contaminación, aconsejaron limitar el uso de agua de red. Un informe detallado de la multinacional confirmaba que en el incidente, que tardó casi dos horas en contenerse, se filtraron 225 mil litros de desechos, generando un peligro real en la potabilidad del agua.
En el día de ayer la Barrick Gold sacó un comunicado donde admite que la fuga «la investigación de Barrick permitió determinar que la fuga de la solución llegó a uno de los canales de desvío de aguas (denominado Canal Norte), que cuenta con una compuerta de derivación a una pileta de emergencia. Esta compuerta, que debió haber estado cerrada, se encontraba abierta por causas que aún se están investigando. Esto permitió el paso de la solución hacia el Río Potrerillos».
La mina fue instalada en 2005 y funciona desde entonces con enormes consecuencias ambientales. El derrame impacta pero lo sucedido no sorprende: “Años anteriores ha habido rumores de otras filtraciones pero no han tenido esta trascendencia. Esto ha sido gravísimo”, comenta Marisa Breit de la Asamblea Rural de Jáchal en exclusiva para ANCCOM. “En el momento en que se instala una minera de esta envergadura está latente todo el tiempo la idea de que algo puede pasar. Ninguno de este tipo de emprendimientos tiene la capacidad de generar algo que no sea contaminante. Los tamaños en que producen son monstruosos y los diques de cola que existen ahí son kilométricos. Es decir que hay kilómetros de desechos tóxicos que en algún momento se rompen o salen por algún lado. Por eso el miedo”, explica.
Fotos: La Vaca.org
La cronología suma hechos minuto a minuto. La magnitud del “accidente”, las constantes movilizaciones de los vecinos y las denuncias de abogados ambientalistas contra la empresa y funcionarios nacionales y provinciales llevaron a que la Justicia ordenara a Barrick Gold a abastecer con bidones de agua a las familias de las zonas afectadas. Luego llegó la inmediata suspensión de actividades en la mina, ubicada a 350 km de la capital provincial, por un periodo de cinco días, dictamen extendido por el juez Pablo Oritja hasta el próximo 22 de octubre. El magistrado busca determinar si se trató de un delito, así como identificar a los responsables del presunto atentado contra la salud pública.
Ante esto, la multinacional declaró que “ha iniciado un proceso de investigación interna para determinar las causas y los responsables, de existir, de este incidente, las que serán oportunamente comunicadas a la opinión pública”. Días después, separó a los gerentes de sus cargos. En breve deberán declarar ante la justicia sobre las fallas en el procedimiento.
Mientras tanto, desde la provincia se optó por realizar un monitoreo de los nueve ríos ubicados en el área de influencia, que –según informaron las autoridades locales- arrojó resultados negativos. Pero el informe no calmó a los habitantes, quienes se declararon en estado de Emergencia Ambiental y Social y denunciaron la existencia de complicidad entre el gobernador Gioja y la empresa, tal como manifiesta en su comunicado oficial la Asamblea Sanjuanina Contra la Contaminación y el Saqueo: “Hoy, a más de diez años del inicio del mayor proyecto megaminero en la provincia de San Juan, se está avizorando el desenlace de un trágico final anunciado, donde los casos de contaminación son tan evidentes que ni gobierno, ni empresa pueden ocultarlo”, expresan e identifican a “la figura del primer mandatario gobernador José Luis Gioja” como uno de los principales responsables políticos del acontecimiento “por ser el principal socio comercial de Barrick Gold, por ser durante los ‘90 el principal lobbista de las multinacionales dentro de la Cámara de Diputados para que se apruebe la ley de inversiones minerales y por permitir el inicio de los proyectos megamineros sin contar con la licencia social”, sentencian.
Los vecinos denuncian que ni las autoridades provinciales ni las municipales ofrecieron respuestas concretas. “Lo que nosotros decimos como colectivo organizado es que no queremos ningún tipo de minería, ni nacional ni extranjera. Ya hubo levantamientos en todo el pueblo, casi siete mil personas en las calles. No queremos vivir más con esta angustia”, implora Breit.
En el conflicto, además, ya intervino la ONU quien –a través de su Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente- realiza desde el sábado distintos controles de los ríos afectados. El organismo se comprometió a informar los resultados tanto al gobierno provincial como a la población. En su comunicado, el organismo advirtió que “si los resultados obtenidos fueran indicativos de riesgo conforme las normas técnicas, dicha información será reportada a las autoridades inmediatamente en aplicación del principio precautorio”.
Pero nadie aún está tranquilo. La información es acotada y el descreimiento crece: “Denunciamos la censura mediática y el rol de complicidad de los medios hegemónicos de comunicación para ocultar sistemáticamente información sobre el impacto ambiental que genera la megaminería a gran escala, a cielo abierto y con sustancias tóxicas”, escribe la Asamblea Sanjuanina. Y Breit agrega: “Los análisis pueden haber dado cero pero el problema es que el cianuro genera desprendimientos de los metales pesados y no tenemos ningún análisis de eso, de cuantos metales pesados tenemos en el agua y tal vez los tenemos hace rato”.
De conjunto, las organizaciones preparan su próximo paso: “Seguimos en asamblea permanente, nos juntamos todos los días en la plaza principal. El viernes que viene haremos una gran movilización a la ciudad de San Juan e invitamos a todos los que se quieran sumar. Hemos recibido apoyo de Mendoza, de Famatina, de La Rioja. Estamos en una lucha colectiva con mucha más gente. Queremos que la Barrick se vaya pero que nos garantice un saneamiento ambiental”, cierra.
Fotos: La Vaca.org
Actualización 24/09/2015
