La resolución del juez federal subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, Alejandro Daniel Esmoris, de aplicar el cómputo del 2×1 a dos represores, confirmó los temores de los organismos de Derechos Humanos: el “caso Muiña” ha sentado precedente en el Poder Judicial argentino. Se trata del mismo tribunal que la semana pasada aprobó la concesión de prisión domiciliaria al apropiador Carlos Hidalgo Garzón.
Este martes, en base al precedente instaurado por la resolución del máximo tribunal en la causa de Muiña, el juez Esmoris decidió aplicar el mismo criterio e hizo lugar al pedido de la defensa de los penitenciarios Abel Dupuy y Ramón Fernández, ambos con condenas firmes desde 2010 por crímenes cometidos en la Unidad N°9. Los represores Dupuy y Fernández, condenados a prisión perpetua y a 25 años de prisión respectivamente, fueron beneficiados por la ley 24390, también conocida como “Ley del 2×1” -vigente entre 1994 y 2001- cuyo Artículo 7 establece que “transcurrido el plazo de dos años previsto en el artículo 1, se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión”, con lo cual se reduce el tiempo de reclusión.
Pasó poco más de un mes del fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas durante la última dictadura y ya se presentan consecuencias. El pronunciamiento de los ministros Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dictado el pasado 3 de mayo, generó indignación en gran parte de la sociedad, especialmente en organizaciones de Derechos Humanos, quienes convocaron una multitudinaria marcha a Plaza de Mayo para repudiar el polémico fallo. En consecuencia del amplio rechazo popular que generó el veredicto, el 12 de mayo el gobierno promulgó la Ley Nº 27362, que establece que el cómputo del 2×1 no es aplicable a delitos de lesa humanidad. Pero a pesar de la ley y de las repercusiones de la masiva movilización, la historia vuelve a repetirse.
El “caso Muiña” ha sentado precedente en el Poder Judicial argentino. Se trata del mismo tribunal que la semana pasada aprobó la concesión de prisión domiciliaria al apropiador Carlos Hidalgo Garzón.
En diálogo con ANCCOM, Guadalupe Godoy, abogada y militante en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), declaró acerca de esta nueva sentencia judicial en favor de represores: “Es el primer fallo de un tribunal inferior que otorga el 2×1, luego del fallo de la Corte Suprema y del repudio popular que esa sentencia cosechó. El juez Esmoris ya se había pronunciado en ese sentido antes del fallo de la Corte, y posteriormente, en minoría, en casos donde tuvo que resolver junto a dos integrantes más del tribunal. Ya teníamos antecedentes de esta posibilidad. Tiene lógica, porque lamentablemente, más allá del repudio popular y de la nueva ley del Congreso, el fallo del “caso Muiña” está vigente hasta tanto la Corte no tenga un nuevo posicionamiento, que sería a fines de este mes o principios del próximo, cuando resuelva sobre 15 casos similares que tiene a la espera de sentencia en los que podría revertirse el fallo.” Sobre las repercusiones que podría tener el veredicto, añadió: “Este fallo en concreto va a ser apelado por los fiscales y va a ir a una cámara de casación. Le toca a la sala 2, que ya se expidió en contra del 2×1 la semana pasada en la causa Riveros. Pero lo que demuestra el fallo es que hay que seguir reclamando que la Corte tire abajo su propia doctrina creada a partir del fallo Muiña. Hasta tanto no haya un nuevo pronunciamiento de la Corte, existe el riesgo de que haya múltiples pronunciamientos de este tipo. Tanto el fallo de Esmoris como el de la Corte, tal como hemos dicho los organismos (de Derechos Humanos) en reiteradas ocasiones, violan los compromisos internacionales de nuestro país, que dicen que los delitos de lesa humanidad no son pasibles ni de indulto, ni de amnistía, ni de conmutación de pena. Y esto es una conmutación de pena encubierta.”
En la misma línea, el Juez Carlos Rozanski, ex presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y uno de los magistrados más activos en los juicios de Derechos Humanos -que en 2006 condenó a prisión perpetua al represor Miguel Etchecolatz- si bien no se pronunció acerca del fallo del juez Esmoris, en diálogo con ANCCOM expuso su opinión sobre la concesión del 2×1: “Del mismo modo que la inmensa mayoría de los jueces federales se expresaron en contra, incluida la Cámara Federal de Casación Penal, considero que esa ley conocida como 2×1 no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. Hay que recordar que cualquier ley o sentencia que implique impunidad en este tema, resulta inconstitucional.”
Por su parte, en representación de las entidades de Derechos Humanos que repudiaron el fallo, Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo en la filial de La Plata, manifestó: “En cierta manera no nos sorprendió el fallo porque esta vez tuvo que decidir un solo juez de los tres que integran el tribunal, por ser una ejecución de la sentencia. Al ser el juez Esmoris a quien le tocó intervenir, sabiendo que ya había tenido posiciones en favor de la aplicación del 2×1, no nos tomó por sorpresa. Lo cual no quiere decir que no estemos en contra de la decisión, por los mismos argumentos que expusimos ante la fallo de la Corte Suprema.”
Ante la posibilidad de considerar a la causa Muiña como el precedente sobre el cual se basó la decisión de Esmoris, Lovelli manifestó: “Este juez ya se había expresado en este sentido con anterioridad al fallo Muiña. Seguramente, al estar vigente en la Corte la doctrina de este fallo, se sintió más respaldado en su pronunciamiento. Es muy probable que la Corte vuelva a tratar el caso del 2×1 porque, con la sanción de la ley 27362, se pidió opinión a las querellas para ver si con ese nuevo instrumento legal, la Corte podía retrotraer su propia doctrina. Creemos que la Corte lo va a hacer, el hecho de que haya convocado a las partes puede tomarse como un síntoma. Quizás después, con otro fallo distinto se pueda revertir incluso la resolución que benefició a Dupuy y a Fernández.”
«Tanto el fallo de Esmoris como el de la Corte, tal como hemos dicho los organismos (de Derechos Humanos) en reiteradas ocasiones, violan los compromisos internacionales de nuestro país».
Una semana atrás, el mismo tribunal que ahora benefició a Dupuy y a Fernández, integrado por los jueces Alejandro Esmoris y Germán Andrés Castelli, otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Carlos Hidalgo Garzón, condenado en 2013 por la apropiación de la nieta restituida Catalina de Sanctis Ovando. Esta concesión, apoyada únicamente en el hecho de que el recluso supera los 70 años de edad, fue aprobada por el Tribunal Oral Nº 1 de La Plata sin tener en cuenta los informes oficiales de los peritos médicos que indicaban que Hidalgo Garzón podía continuar cumpliendo su detención en una unidad penitenciaria. “El juez Esmoris también votó en favor de otorgar la prisión domiciliaria a Hidalgo Garzón por el simple hecho de que es mayor de 70 años. Adopta un criterio que se rige solamente por la cuestión de la edad sin tener en consideración otras circunstancias, como el hecho de que tiempo atrás le revocaron la prisión domiciliaria por haberla violado”, afirmó Lovelli. “No sólo le concedió este beneficio a Hidalgo Garzón sino también a otros represores involucrados en distintas causas en La Plata.” Y agregó: “El fallo que favoreció a Hidalgo Garzón ya está apelado, pero la prisión domiciliaria aún no se hizo efectiva porque tiene pendiente otra causa donde está en prisión preventiva y en la que le fue denegada la domiciliaria.”
Respecto a la relación entre los dos fallos que favorecen a represores dentro del mismo tribunal, y en ambos casos con la actuación del mismo juez, Lovelli expresó: “Evidentemente, la composición del Tribunal Oral Nº 1 de La Plata es más permeable para concederle beneficios a los represores. Eso lo estamos viendo a diario, no tanto en las cuestiones de fondo de un juicio oral, donde es más difícil encontrar algún resquicio para no condenar, pero sí para las modalidades de ejecución de esa sentencia.”
Por el momento, tal como señalaron los especialistas consultados por ANCCOM, solo queda esperar a que en sus próximos pronunciamientos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decida aplicar la ley 27362 para garantizar que los genocidas cumplan la totalidad de sus condenas y evitar así que el “caso Muiña” se repita y termine convirtiéndose en la norma para las causas de lesa humanidad. Sin embargo, hasta entonces las organizaciones que defienden los Derechos Humanos en Argentina no van a quedarse de brazos cruzados. “Los organismos de Derechos Humanos en la ciudad de La Plata están preparando una manifestación que probablemente se haga la semana que viene, cuando haya audiencias en el juicio que se está llevando adelante por los crímenes que cometió la Concentración Nacional Universitaria en el cual el juez Esmoris es uno de los tres jueces a cargo”, aseguró Guadalupe Godoy. “Allí se realizaría una manifestación en repudio a su fallo y cualquier aplicación del 2×1 en causas de delitos lesa humanidad”, concluyó.
Una vez más la Plaza de Mayo se llenó de consignas: “Juicio y Castigo” “Nunca Más” “Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación”. Frente al escenario, delante de las vallas, unas veinte llamas flamean alrededor de un pañuelo gigante. Algunas personas se acercan con una vela, la prenden, miran el símbolo unos minutos. De fondo, la multitud entona: “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”.
Con las avenidas todavía repletas de agrupaciones que esperan para entrar a la Plaza, los discursos terminan y estalla el tradicional grito de: “30.000 detenidos y desaparecidos: presentes. Ahora, y siempre. Ahora, y siempre”. Los pañuelos tiñen la Plaza de blanco. Como cada jueves a la tarde, como se pintó aquel día hace cuarenta años, pero esta vez multiplicado por cientos de miles desde la Casa de Gobierno hasta el Congreso. Algunos se van y otros llegan, la Plaza estará poblada hasta pasadas las 21.00. Los que no llegaron al acto -hubo desperfectos simultáneos en varias líneas de subte- quieren estar, pisar la Plaza, sumarse al repudio contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia que extendió el beneficio del 2×1 a condenados por delitos de lesa humanidad.
El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), La Brecha, el Frente Popular Darío Santillán, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el MST Frente de Izquierda avanzan por Diagonal Norte, mientras el Movimiento Evita y la Juventud Peronista llegan por Avenida de Mayo.
La adhesión a la movilización reúne a todo el arco opositor, la CGT, también a intendentes del Conurbano bonaerense.
San Martín, Bolívar y Defensa también alojan a cientos de personas, grupos de amigos, familias y parejas que intentan llegar a la Plaza. “Hace quince años que marcho todos los 24 de marzo, y hoy fue impresionante”, dice Tomás a ANCCOM. Lleva colgado un cartel con la fotografía de una mujer desaparecida durante la última dictadura. “Me gusta tomar la historia de algún compañero desaparecido y marchar con su nombre en el pecho”, explica.
Entre las agrupaciones que avanzan por la Avenida, se distingue una bandera más sutil pero no menos plantada: la Asociación Americana de Juristas (AAJ) que tiene entre sus objetivos principales “la defensa y promoción de los derechos humanos”. Esta vez, levanta su bandera contra el 2×1. Liliana Costante, integrante de la asociación, denuncia la decisión de los jueces. “Si tuvieran un poco de dignidad, renunciarían”, razona.
Además, advierte que la ley aprobada en el Congreso “es un acto político simbólico, pero necesario”. Y amplía: “Ya existe legislación internacional para comprobar la inconstitucionalidad del 2×1. Es como que acá diluvie y vos sacás una ley para explicar que está diluviando. Los juristas no estamos en un tupper ni en una palmera, sabemos bien que el conocimiento es una herramienta de lucha”.
En la esquina de Avenida de Mayo y Chacabuco, un grupo de hombres y mujeres tocan los tambores. Las calles están menos abultadas y los puestos de hamburguesas más concurridos. María García Medina es psicóloga y tiene cincuenta y cuatro años. Desde que llegó a la Capital, en el 82’, acompaña la ronda de las Madres. “Me encanta estar acá, me emociona”, explica María a ANCCOM. Y recuerda a sus amigos detenidos durante la dictadura. Lleva dos pañuelos blancos: uno en la cabeza y otro alrededor del cuello.
La luna llena encandila más que los faroles de las calles. Entre las últimas banderas que se acercan, está la infaltable wimphala, con el grupo de sikuris que suena alrededor. Hace una hora las Abuelas y Madres terminaron el discurso, pero las organizaciones siguen avanzando. Nadie se va sin llegar a la Plaza.
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León Gieco, quien no puedo llegar a la marcha, le dedicó esta canción a las Madres y Abuelas:
“El dolor y el reclamo de ustedes también es nuestro”, dijo a los familiares de las víctimas del incendio de la Comisaría 1ª de Pergamino el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien participó el lunes de una importante marcha para exigir justicia junto a Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y al cura Pedro “Pepe” Di Paola, los tres en representación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Previo a la movilización –que comenzó a las 19– se reunieron con los familiares, les expresaron su apoyo moral y les ofrecieron el patrocinio legal del organismo.
La convocatoria de ayer, la cuarta en un mes en memoria de los siete jóvenes, superó con amplitud a las anteriores. Se acercaron familiares, amigos y referentes de Capital Federal, La Plata y hasta de Salta. Entre ellos, miembros de la Red Contra la Violencia Institucional, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino.Fueron cientos de personas caminando lentamente y en silencio desde la Plaza 9 de Julio hacia el centro de la ciudad, cada familiar con una fotografía de su ser querido en la mano. Los rostros de los muertos se multiplicaron en remeras y carteles. Cada dos cuadras, la multitud rompía el silencio para nombrarlos: Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Mario Carlos, Juan Carlos Cabrera, Fernando Emanuel Latorre. “¡Presentes, ahora y siempre!”, gritaban.
Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y el cura Pedro “Pepe” Di Paola, los tres en representación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Diego Filiberto recordó haber visto a su hermano Sergio “durmiendo en un pasillo de la comisaría, un lugar inhabilitado”, y no sólo a él, “eran nueve chicos en un calabozo de tres por tres, con los colchones en el suelo y sin luz”. Su madre, Cristina Gramajo, con la poca voz que le quedaba, se preguntó: “¿Dónde está la gente que tenía que controlar?”. Y agrega: “Mi hijo estaba pagando su error, pero no en condiciones de seres humanos”.
Al llegar al centro de Pergamino, la marcha tomó por la peatonal en dirección a la Comisaría 1ª, donde sucedió el incendio. Comerciantes y clientes, en las puertas de los locales, miraban pasar a los manifestantes que empezaban a subir el volumen de su reclamo. En la calle Dorrego, donde se encuentra la seccional, un vallado y unos 50 policías armados, con cascos y escudos, les impedían seguir. Los familiares pegaron las siluetas de los siete jóvenes en el vallado y evocaron sus nombres, una y otra vez.
Nora Cortiñas pidió que nadie quede impune en este hecho y eso implica, según dijo, no olvidarse de los jueces que “son grandes responsables al abandonar a los jóvenes en las comisarías. Y en este caso, los siete eran personas que no tenían una condena y estaban ahí bajo un juez de Garantía”.
Los familiares pegaron las siluetas de los siete jóvenes en el vallado y evocaron sus nombres, una y otra vez.
La marcha continuó su recorrido dos cuadras más, hasta la Fiscalía de la ciudad. Allí, el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, mantuvo una reunión de media hora con la fiscal de la causa y los familiares. “Se libró la orden de detención de cinco policías (los oficiales Alexis Eva, Carolina Guevara y Ezequiel Giuglietti, el sargento César Carrizo y el teniente primero Juan Rodas), que ya están bajo custodia y del comisario (Alberto Donza) que está prófugo”, señaló García, quien apuntó a que “la información se filtró previamente, lo que provocó que hoy no esté detenido”. La Fiscalía se comprometió a “hacer todos los esfuerzos para encontrarlo”.
García pidió por “la protección de los testigos que están detenidos en Junín” y enfatizó en que se investigue a los funcionarios políticos que “permitieron que la comisaría estuviera en esas condiciones”, ya que “hay 80 informes de fiscales que señalaron que era un desastre”. Asimismo, la CPM solicitó al intendente Javier Martínez (del PRO) la creación de un espacio de memoria en la comisaría porque no sólo murieron “estos siete chicos sino que allí también funcionó un centro de detención clandestina durante la dictadura”.
En el final de la marcha, los familiares formaron una ronda, encendieron una vela cada uno y agradecieron la compañía. En palabras de Silvia, madre de Ernesto Latorre: “El apoyo de hoy fue muy importante para que la sociedad empiece a ver que no son siete lacras menos, eran siete pibes en una comisaría al cuidado del Estado”.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional –CORREPI- presentó el pasado 2 de diciembre en Plaza de Mayo el informe anual de casos de víctimas asesinadas por el aparato represivo del Estado. María del Carmen Verdú abogada y referente de la organización, en diálogo con ANCCOM, analizó los resultados de la documentación.
¿Qué resultados obtuvieron luego de un año de sistematización de casos de represión institucional?
Lo más significativo es el salto enorme que se ha producido, en todas las modalidades de aplicación de la política represiva del Estado –crímenes por gatillo fácil, asesinatos en cárceles, tortura, etc- en un lapso tan breve de tiempo. Un dato a tener en cuenta es que si se observa la evolución de los casos desde el año 1983 hasta ahora, se encuentran varios momentos en los que se producen “saltos” importantes que, no casualmente, coinciden con los procesos de profundización de la crisis económico-social. Lo que llama la atención este año es que en un período de diez meses y medio de gobierno macrista, se incrementó el promedio record del gobierno anterior registrado por día de gestión. Con el gobierno de Cristina Kirchner se producía un asesinato cada 28 horas, ahora con Macri se produce uno cada 25. Otra cuestión a tener en cuenta es que a los Kirchner les costó diez años pasar de tener una muerte cada 30 horas a una cada 28, a Macri sólo 10 meses y medio. Cuando presentamos el informe de 2015, llegamos con menos de 200 casos registrados, actualmente ese número está oscilando en 280 porque hay muchos casos que llegan después de la publicación del archivo por la repercusión que tiene. En lo que va de 2016 registramos 259 casos. Otro ejemplo que permite graficar este incremento, es que hasta el año pasado recibíamos un promedio de dos a tres consultas semanales vinculadas con detenciones arbitrarias, hoy estamos en un promedio de dos a tres consultas por día. Es siete veces más. Y más de la mitad de los muertos no son personas que están presas porque alguien los acusó de un delito, sino que son los pibes levantados en la calle, detenidos arbitrariamente.
¿A qué factores atribuís el aumento de la represión institucional por parte del gobierno nacional?
Nosotros sostenemos que las políticas represivas que administran los gobiernos de turno son una necesidad instrumental. La administración de la represión está directamente vinculada a dos factores: por un lado, la necesidad concreta en la etapa, es decir, la situación social, la coyuntura, etc. Por otro lado, las características propias, el perfil, que va a tener cada gobierno. ¿Por qué Macri necesita dar este salto? Por el salto que dio en materia de ajuste. El año pasado nosotros cerramos la presentación del archivo realizando un pronóstico en el cual decíamos que gane quien gane se venía una etapa de ajuste y represión. Que iba a ser más explícita si ganaba Macri, y que iba a tener características de disimulo si ganaba Scioli. La represión es una necesidad para sostener miles de despidos en el sector privado y estatal, una inflación que se come el salario, los tarifazos. Hubo un fallo histórico de enero en que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad anunció que ya no necesitaban saber el motivo de una detención, que si la policía quería parar a alguien que lo haga libremente. Hay otro dato significativo: el mismo Estado tuvo que contratar muchísimos abogados para aumentar el plantel de la División de Asuntos Penales del Ministerio de Seguridad de la Nación que son quienes defienden a los integrantes de la fuerza -prefectos, gendarmes- implicados en procesos penales motivados por “actos de servicio”, que no son actos cualquiera sino de gatillo fácil, muerte en cárceles, etc. A medida que aumenta el número de efectivos en las calles, aumentan también el número de causas. Es directamente proporcional. El archivo lo muestra: ha aumentado del año pasado a este la incidencia de gendarmes en los crímenes, y sucedió porque ahora los barrios están ocupados por éstos.
«¿Por qué Macri necesita dar este salto? Por el salto que dio en materia de ajuste», dice la abogada.
¿Cuáles son los delitos más comunes que lleva adelante el Estado en estas muertes que se cometen cada 25 horas?
En el 47% de los casos corresponde a fusilamientos en la vía pública, es decir, gatillo fácil. Por esto decimos que la principal causa de muerte a manos del Estado es caminar por el barrio con pinta de joven y pobre. La segunda causa es estar preso: el 39% son muertes en lugares de detención (cárcel, comisarías, institutos de menores, interior de patrulleros, etc). Finalmente, y con bastante diferencia en los porcentajes, vienen las otras modalidades como por ejemplo, las desapariciones forzadas. Lo que nunca habíamos hecho, hasta este año, era indagar qué implicancias tiene eso en el universo mujeres. En primer lugar porque, en relación al total, el 90% de los muertos en cárceles son hombres ya que la población femenina en el sistema penitenciario es mucho menor. Sucede lo mismo con el gatillo fácil: los que se juntan en las plazas son, generalmente, los pibes. La dinámica de las mujeres en los barrios es distinta. Al desagregar el total del 100% de casos de víctimas mujeres, el 66% es por femicidios en los que el homicida es a la vez miembro de las fuerzas de seguridad. Luego, aparece con un 19% el gatillo fácil y con un 10% la muerte bajo custodia. Es decir, que si sos mujer el mayor riesgo de que te mate un miembro de la fuerza, es que sea tu pareja, expareja, cuñado, padre, hermano, etc. Este dato es muy significativo porque a su vez confirma las estadísticas que obtiene la Casa del Encuentro, que dicen que uno de cada cinco casos corresponden a miembros de las fuerzas de seguridad, es decir el 20%. No hay ninguna otra ocupación laboral o profesional que tenga ese grado de incidencia.
¿Por qué la juventud es sujeto de la represión institucional?
En el 49% de los casos, los asesinados son jóvenes de entre 15 y 25 años. A su vez, hay que pensar ¿dónde está la esperanza de cambio? Por un lado, si hay un sector clave en la gestación de cualquier posibilidad de cambio social, está en los jóvenes: ellos son quienes tienen la potencialidad de la protesta, del reclamo, la necesidad de organización, etc. Por otra parte, para que el disciplinamiento sea eficaz, tiene que ser desde la cuna. Una compañera, Delia Garcilazo, mamá de un chico asesinado en 1992, siempre dijo: “A los pobres los tienen que adoctrinar desde la cuna”, porque si vos desde chiquitos les enseñás que cuando viene un policía caminando por la vereda en el barrio es mejor que agache la cabeza, que se mire la punta de los pies, que no sostenga la mirada, que se “haga invisible” le enseñas quién manda y así el disciplinamiento se hace efectivo.
¿Cómo trabajan ustedes en los barrios?
En realidad CORREPI nace ya vinculada con el trabajo en los barrios, porque desde la génesis siempre estuvo el contacto directo con la familia, con los hechos concretos. El núcleo fundante está integrado por vecinos y vecinas de los barrios a los cuáles habíamos llegado a través del fusilamiento de un chico en la calle, de otro asesinado en una comisaría. No es que fuimos a los barrios sino que siempre estuvimos, desde ya que por cuestiones de recursos, de brazos, uno no puede estar en todos lados, pero de a poco CORREPI fue creciendo. Este año tuvimos un crecimiento importante de jóvenes y también adultos que se fueron incorporando y por este crecimiento estamos en condiciones de planificar más ordenadamente la intervención territorial. Actualmente tenemos catorce equipos, de los cuales diez funcionan en provincia de Buenos Aires y los otros cuatro en Capital. Los equipos tienen la tarea fundamental de la intervención territorial. Esto lo desarrollamos por dos vías, la primera son nuestros propios compañeros, sobre todo quienes son familiares de víctimas, quienes se referencian naturalmente en el barrio porque las familias que no saben a quién recurrir, van a quienes ya transitaron por una situación similar. La segunda vía, igual de fundamental, es la coordinación con las organizaciones sociales que tienen desarrollo territorial en el barrio. Por medios de estas dos herramientas realizamos formaciones, actividades, campañas, asesoramiento. Estamos planificando para el año que viene comenzar a tener intervención nacional a través de algunos colabores que estarían interesados.
¿Cómo proceden las familias a la hora de denunciar crímenes de gatillo fácil?
Eso depende del caso. Nosotros tenemos registrados 4.960 casos, pero solo logramos intervenir en cien o doscientas causas en los últimos treinta años. No es nada. Hay muchos casos de los que no nos enteramos. Otros en los que no nos podemos contactar. Quienes se organizan en CORREPI no llegan a ser más de 50 ó 60 familiares. A veces, las familias no quieren realizar la denuncia o el proceso judicial, principalmente porque tanto los crímenes de gatillo fácil como las muertes en lugares de detención afectan a los sectores más vulnerables. Es allí donde se presenta una combinación de factores desmovilizantes: el primero es la situación material que dificulta muchísimo. A esto se suman las políticas represivas con contenido de control social (detenciones arbitrarias, gatillo, tortura, etc) que tienen dos características definitorias: por un lado, la invisibilidad hacia afuera de la clase que las padece y, por el otro, la naturalización hacia adentro. Nos ha pasado en actividades que hacemos en los barrios que se acercan familias y nos cuentan casos que sucedieron el año pasado, por ejemplo, y cuando les preguntamos qué hicieron, nos dicen “no, nada, si contra ellos no se puede”. Esto demuestra que funciona efectivamente el disciplinamiento. Ahora bien, los casos que nos llegan, la mayoría es mediante el contacto a un familiar referenciado en un barrio.
En otras entrevistas has declarado que la represión institucional es necesaria en democracia ¿A qué te referís?
En primer lugar es necesaria en cualquier sistema de gobierno que administre un Estado dividido en clases, aunque sea democracia o dictadura. Van a tener características diferentes porque la medida de la represión la determina la necesidad concreta que enfrenta en esa etapa ese gobierno específico. Si te encontrás en un escenario de lucha de clases muy avanzada, con organizaciones obreras clasistas, con una alianza obrera-estudiantil, incluso con organizaciones revolucionarias y algunas armadas, como pasó en los ´70, vas a necesitar el terrorismo de Estado para destruir todo eso, no te va a alcanzar con el control social. Una vez que ordenaste, aniquilaste, destruiste todas las redes de resistencia obrera y popular, ahí podes pensar en otros mecanismos. De hecho lo que le decían los milicos a Alfonsín es “te lo deje en orden, ahora mantenelo”.
En una de tus publicaciones indicás que la fórmula que utilizó el kirchnerismo para reprimir fue la de obtener el mayor consenso social para después reprimir cómodamente ¿Crees que el gobierno actual implementa un plan similar o no le es necesario?
Lo que nosotros veníamos identificando del kirchnerismo, que de hecho fue consigna en una movilización, fue la idea de “todo el consenso posible con toda la represión necesaria”, sigue siendo la misma fórmula hoy. La diferencia es que hay consenso para cosas distintas. Hubo un proceso de estigmatización de las luchas -que no es mérito exclusivo del macrismo- que es uno de los grandes legados que deja el kirchnerismo. Sin ir más lejos, cuando Néstor dijo “no voy a reprimir con esta policía de gatillo fácil” muchos interpretaron que no iba a reprimir la protesta social. Y nosotros lo que decíamos era que, efectivamente, iba a reprimir pero cuando ya le hubiese cambiado la imagen a la policía, cuando hubiese superado el nivel de deslegitimación de las instituciones que había a finales de 2002. Fue algo que logró: hoy hay jóvenes que dicen que van a ser policías. Hemos tenido que hacer campañas en los barrios que dicen “no cambies la visera por la gorra”.
¿Por qué crees que la sociedad civil no logró identificar esa política represiva?
En realidad el concepto de sociedad civil no me gusta porque habla de algo que no existe. Lo que existe es una sociedad con clases contrapuestas, con intereses antagónicos y que jamás en la vida van a compartir un mismo interés. Hubo un sector importante de la población a la que le convenía el modelo de gestión kirchnerista porque se llenó de plata. Hubo otro sector, donde entró en juego el tema del consenso.
En ocasiones anteriores has mencionado que CORREPI se constituye luego de muchos esfuerzos de instalar en la agenda de los organismos de derechos humanos el tema de la represión institucional ¿Creés que hasta el día de hoy sigue sin incorporarse en la agenda política?
Creo que hoy sí lo forma, pero en algunos organismos. La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que quizás son quienes más razones tienen para acotarse al genocidio ya que fueron víctimas directas, aunque sobrevivieron son, sin embargo, uno de nuestros aliados históricos. De hecho en el marco del encuentro “Memoria, verdad y justicia” estuvimos peleando codo a codo para que se incorpore en las marchas por el 24 de marzo la consigna “juicio y castigo a los represores de ayer y de hoy”, haciendo énfasis en que no podes pronunciarte por los represores de ayer sin pronunciarte por los represores de hoy. Esa pelea se dio a lo largo de los ´90 y la dimos también con la primera camada de H.I.J.O.S. Y lo seguimos haciendo hoy con quienes han quedado del lado del pueblo, que han quedado independientes de la mano del Estado, como las regionales del oeste y La Plata, con quienes tenemos espacios de coordinación y militancia cruzada. En los años ochenta, algunos organismos se indignaban cuando se hablaba de defender derechos de “negros”, de “chorros”. Nosotros éramos los feos, sucios y malos del movimiento de derechos humanos. De hecho, muchos no nos consideraban parte. Precisamente una de las peleas que dimos en esos años fue para poder participar de la organización de las marchas por el 24 de marzo: no nos dejaban. Recién pudimos hacerlo cuando surge H.I.J.O.S y Ex Detenidos-Desaparecidos. Allí conformamos entre las tres organizaciones un muro de tres patas que íbamos empujando juntos. Luego de eso nos empezaron a abrir las puertas. Pero, sin dudas, la pelea más fuerte que tuvimos que dar en esos años fue tener que convencer a la izquierda de qué estábamos hablando de un tema que tiene que ver con la lucha de clases. Y que la violencia institucional es una herramienta para la opresión y la explotación.
Nada se parece más a la injusticia que la justicia tardía. Pero para las víctimas de la tragedia del colegio Ecos, la justicia ni siquiera llegó. El pasado 23 de agosto prescribió la causa en la que se investigaba el siniestro ocurrido el 8 de octubre de 2006 en la localidad santafesina de Margarita, en el que murieron nueve alumnos y una docente. A pesar de las irregularidades en la investigación denunciada por los familiares de las víctimas, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se negó a reabrir el proceso judicial.
El expediente había sido cerrado en mayo de 2015 por la Cámara Penal de Rafaela. Una (in)justicia que, plagada de burocracia e intereses políticos y económicos, pareciera dejar más dudas que certezas, desilusión y angustia en los familiares de las víctimas. Pero el dolor nunca los paralizó y, desde un primer momento, lo transformaron en iniciativas y proyectos. Por eso, próximo 8 de octubre, en ocasión del décimo aniversario del siniestro vial, se realizará como todos los años un festival artístico y solidario, esta vez en el Centro Cultural Kirchner.
Aún queda un recurso para intentar que la causa no quede cerrada definitivamente: se presentó una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque los padres no conservan muchas esperanzas en el pedido del fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Civil y Comercial de la 5° Circunscripción de Santa Fe, Carlos Stegmayer. “La prescripción sucedió porque no se cumplieron los plazos procesales que se tendrían que haber cumplido, la veo muy difícil”, dijo Carlos Ecker, padre de Federico –una de las víctimas-, en diálogo con ANCCOM y agregó: “No creo que (el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo) Lorenzetti, que es del norte de Santa Fe, le quiera dar un tirón de orejas a la justicia santafecina, aunque se lo merecen porque la prescripción de la causa es por su inoperancia, desidia y falta de profesionalidad”. Ni siquiera la repercusión mediática del caso pudo lograr que la causa llegue a una sentencia firme.
Sentado en el living de su casa, Augusto Lasalvia, padre de otra de las víctimas, Justine, afirma: “Para mover un juez y probarle mal desempeño tenés que hacer todo un proceso en la magistratura provincial o nacional. Los jueces están eternamente apoltronados ahí, y tienen impunidad. Parece como un contrasentido que un juez tenga impunidad.” Ecker completa: “Los jueces son como señores feudales, sobre todo en el interior, pareciera que todo el poder del pueblo, del feudo, pasa por ellos.”
«Despertar conciencia vial», libro de seguridad vial realizada por la Asociación Conduciendo a Conciencia para alumnos de segundo y tercer año de nivel polimodal.
Todos Podemos Ser
Si el funcionamiento de la Justicia genera controversias, en las causas por siniestros viales parece ser peor. “Hay una jurisprudencia que tiende a no castigar el no respeto a las normas viales que pueden ocasionar muertes. Siempre decimos que si vos querés matar a alguien, la mejor forma es atropellarlo porque es muy difícil que vayas preso. Cuando vos matás con intención es más punible que cuando vos matás sin intención. Pero ahí tiene que haber un poco de interpretación: si vos tomás alcohol, salís a manejar borracho, ponés el auto a 150km/h y matas a alguien, tenés que tener alguna conciencia de que te estas convirtiendo en un alma mortal”, subraya Lasalvia.
En Argentina las muertes por accidentes de tránsito son alarmantes. Cuando sucedió el accidente en el 2006, los padres de las víctimas se encontraron con que el estado de la seguridad vial en el país era lamentable. Aunque las estadísticas estatales sigan siendo poco confiables, con la creación en 2008 de la Ley de Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pueden verse importantes avances. No obstante “las políticas estatales siguen estando en deuda”, según Augusto. “Las campañas se llevan a cabo por espasmos. Hay controles de alcoholemia, que aparecen y desaparecen. Hay vigilancia en algunas rutas, como pasa en la Ruta 2 en verano pero son en un punto fijo y ya se sabe dónde están. Y el que va a toda velocidad sabe que tiene que bajar un poco en determinado lugar y después sigue. Es ridículo, es como seguir fomentando la avivada criolla”. Las estadísticas, completa, avalan que ésta es la conducta, ya que la mayoría de los siniestros viales se originan por imprudencias de los conductores. “Es necesario un cambio cultural y cambiar una cultura lleva muchísimo tiempo de persistir con políticas, controles y sanciones, educación y prevención”, sostiene Sergio Levin, padre de Lucas –otra de las víctimas- y Director del Centro de Formación de la ANSV.
Con la aprobación de la ley se generó un marco legal íntegro que contenga a todas las provincias y municipios, aunque sigue sin cumplirse en su totalidad. Desde la puesta en marcha de estas iniciativas se puede notar un descenso en las muertes por accidentes viales, estableció Ecker, y agregó: “Los países que han podido reducir las muertes viales son aquellos donde la educación, la concientización y la prevención estuvieron siempre. Y si esto no da resultado, tenés que sancionar ejemplarmente. En nuestro país se tiende a perdonar las multas o a no pagarlas nunca. Lamentablemente para que saquemos un poco el pie del acelerador, te tienen que embocar con las multas”.
“La prescripción sucedió porque no se cumplieron los plazos procesales que se tendrían que haber cumplido, la veo muy difícil”, dijo Carlos Ecker.
Mañana es mejor
La Asociación Civil Conduciendo a Conciencia, conformada por los padres de las víctimas de la tragedia, tiene dos pilares principales: por un lado la concientización y por el otro la solidaridad. En cuanto a la concientización, el trabajo es intenso: charlas y capacitaciones en escuelas, universidades y empresas de todo el país, participación en foros internacionales de México, Colombia, Ecuador y España y trabajos en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. Además, la creación de una revista que sale dos veces por año y la realización de un dinámico y moderno manual para los alumnos de la secundaria, Despertar conciencia vial, que se puede descargar en la web para la utilización de los profesores. “Muchos profesores lo toman como referencia porque ellos no tienen ninguna capacitación para enseñar sobre seguridad vial”, señala Augusto Lasalvia.
Por el lado solidario, todos los años se llevan a cabo festivales para continuar con la tarea iniciada por los estudiantes, que murieron cuando viajaban a ayudar a escuelas rurales. En este aspecto, el mundo artístico y cultural siempre tuvo un rol muy activo, para Sergio Levin: “Desde el comienzo, artistas como El Flaco (Spinetta) fueron un hombro donde apoyarse. Fueron nuestros embajadores en todos lados donde actuaban o cantaban y orgullosamente podemos decir que luego de diez años muchos lo siguen haciendo”. El año pasado el evento se realizó en el Luna Park y se juntaron 80 toneladas de donaciones.
El próximo sábado 8 de octubre, decretado “Día del estudiante solidario”, se cumplirán 10 años de la tragedia y se realizará en el Centro Cultural Kirchner el festival que incluirá actividades artísticas y culturales para chicos y adultos. En La Ballena Azul, desde las 14, habrá shows musicales. El primero estará a cargo de Mariana Baggio y Los Raviolis. Luego, a partir de las 17, tocarán Los Tipitos y León Gieco y, desde las 20, será el turno de Los Pericos y Los Auténticos Decadentes. También habrá un espacio infantil con talleres, muestras de arte, shows musicales, murales y creación de instrumentos musicales para donar a escuelas.
La entrada será una donación y para los shows en La Ballena Azul además hay que reservar entrada a través de la página del CCK.
