Jul 7, 2021 | Comunidad, Novedades
El gobierno nacional anunció la distribución de computadoras a alumnos secundarios dentro del Plan Federal Juana Manso a partir de julio. Las máquinas tendrán Huayra 5.0, un sistema operativo libre que no requiere pago de licencias y permite adaptar el software a las necesidades de la comunidad educativa. El plan federal educativo desarrollado por el Ministerio de Educación de la Nación, lanzado en agosto de 2020, se complementa con los ministerios de educación de las provincias y Educ.ar, sociedad del Estado.
El desarrollo de este plan estará bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Nación y tendrá como meta distribuir dispositivos tanto a alumnos secundarios como a docentes. El Plan Federal Juana Manso también incluye recursos y herramientas educativas, desde videos a bibliografía, así como aulas virtuales de Moodle (también de software libre) donde se podrán encontrar virtualmente docentes y estudiantes.
“Nos parece importante instalar la idea de soberanía tecnológica y educativa, donde es el Ministerio de Educación, quien decide qué es lo mejor para las y los estudiantes”, explica Laura Mares Serra, responsable del portal Educ.ar. Fuentes del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires explicaron a ANCCOM que aún no saben cuántos dispositivos serán entregados a esta sección y de momento continúan distribuyendo elementos tecnológicos que estaban almacenados y que fueron puestos a disposición para alumnos, alumnas y docentes.
Las empresas que resultaron adjudicatarias en la producción de estos dispositivos fueron EXO, BGH, Pc Arts, Coradir, Air Computers, Grupo Núcleo y Newsan. Según fuentes del Ministerio de Educación, el plan logra así un tercer objetivo: generar nuevas fuentes de trabajo en los polos en donde se producirán y se desarrollarán estas máquinas. Según informó la cartera de Educación, se distribuirán 600 mil computadoras, que serán entregadas a lo largo y ancho del país.
Desde el Ministerio de Educación destacan la importancia del uso de software libre en el marco de los usos educativos ya que “la tecnología no es un espacio neutral”, como explica Serra. “Usar software libre en educación tiene múltiples aristas, entre ellas soberanía tecnológica y pedagógica. En este marco, es importante que sea el Estado quien decida qué herramientas usas y no las corporaciones”, indicó Javier Castrillo, coordinador del equipo que desarrolla Huayra: “Permite que el Estado, junto a otras políticas de desarrollo, oriente la capacitación y participación de la comunidad educativa”.
Con Huayra 5.0 el usuario puede compartir, editar y compartir sin la necesidad de pagar y sin restricciones. Para el desarrollo de este sistema operativo trabajan en complemento programadores, artistas gráficos, sociólogos, pedagogos y comunicadores de distintas partes del país. “El software se actualizó luego de cuatro años de abandono y se adoptó de acuerdo a los nuevos dispositivos”, destacó Castrillo. En este plan, los dispositivos contarán con más de cien programas y mil recursos educativos abiertos desarrollados por el Ministerio de Educación para docentes y estudiantes. El programador indicó que fue el ministerio y sus especialistas los que hicieron la selección de los elementos de software se iban a encontrar y señaló que la aparición de aplicaciones de diseño multimedial o programación, son cosas que se están fomentando desde el gobierno. Mientras que la titular de Educar Laura Mares Serra agrega: “En lugar de estar sujetos a pago de licencia a un proveedor, se invierte ese presupuesto en investigación y desarrollo propio”.
El plan Juana Manso dispone además un repositorio federal de recursos educativos abiertos en donde se hallan materiales audiovisuales y bibliográficos abiertos y gratuitos para que docentes y estudiantes puedan trabajar y consultar. “Los libros son libres de derechos. Además contamos con juegos, simuladores y secuencias didácticas”, señala Mares Serra. El contenido se renovará quincenalmente y se actualizará en la nube, mientras el contenido digital multimedia y bibliográfico son descargables y no consumen datos de los usuarios.
Tanto Castrillo como Serra relacionan el uso de software libre con la soberanía tecnológica y sus usos en el marco de lo educativo. “El software libre permite aprender como está programado, podes hacerle reformas, localizaciones, traducirlos y hacer duplicaciones de la duplicación”, explicó Castrillo.
May 11, 2021 | Comunidad, Novedades
Centro Nacional de Datos de ARSAT
El 10 de marzo de 2021 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 19/2021 donde se plantea la necesidad de planificar una estrategia para la migración de los organismos y entidades públicas a los servicios de cómputo en la nube localizada en servidores propios. Es parte del Plan Conectar 2020-2023 que sintetiza los objetivos del gobierno nacional en materia de telecomunicaciones. Entre algunas de las metas por cumplir se encuentra la federalización de las tecnologías de la información y la comunicación y el fortalecimiento del Centro Nacional de Datos operativo en Arsat.
En la resolución 19/2021 se destaca la propuesta de crear y desarrollar una Nube Híbrida de Gobierno y la realización de una consulta pública para analizar sus características. ¿Qué es una nube híbrida? Si bien no hay una definición precisa y clara de qué es “la nube”, puede describirse como una red mundial de servidores interconectados para funcionar como un ecosistema. Algunas de las funcionalidades de los servidores son almacenar y administrar datos, ejecutar aplicaciones o entregar contenido. La nube puede implementarse en entornos privados, públicos o híbridos, una combinación de ambos entornos.
Actualmente todos los niveles de gestión estatal están tecnológicamente condicionados por no poseer una nube pública. Los servicios de cómputo en la nube, requeridos para almacenar los datos de los argentinos, se compran a empresas multinacionales que monopolizan el mercado de las TIC’s y terminan convirtiéndose en dólares que migran hacia afuera generando desajustes en nuestra balanza comercial externa.
¿Por qué deberíamos estar interesados en los debates sobre soberanía tecnológica? “No se puede dejar solamente en manos del mercado o de los grupos de expertos informáticos la dirección que toma la sociedad en cuestiones de tecnología, porque afectan cada vez más nuestras vidas, nuestras democracias y nuestros derechos”, explica a ANCCOM Susana Morales, licenciada en Comunicación y organizadora del panel de conversaciones “Soberanía tecnológica. ¿Que implica y cómo alcanzarla?”, auspiciado por la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba y realizada a fines de marzo.
En el ciclo de charlas estuvieron presentes diversos especialistas en comunicación: ingenieros, físicos, el diputado Pablo Carro y Martín Olmos, Subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Un grupo de los participantes elaboró un documento de análisis y propuestas para acercar como parte de la consulta pública.
La soberanía tecnológica no solo depende de contar con servidores propios. También resulta fundamental tener control sobre el software, algo que no ocurre cuando se lo compra a empresas que lo cierran como forma de proteger su desarrollo. Por eso no se lo puede modificar ni auditar para ver qué hacen realmente con la información que se carga. “Hoy para diseñar cualquier política pública es necesaria una herramienta informática. El Estado debe poder tener acceso a la propiedad intelectual. Para que las leyes de propiedad intelectual no se le impongan al Estado es necesario una herramienta de soberanía. Ahí es donde aparece el software libre”, propone Leandro Monk, síndico de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC) y fundador de GCOOP, empresa cooperativa que desarrolla software libre en el país.
“Hablamos de nube estatal porque el que tiene control de la nube es el Estado. Es el jugador que abre el juego para que jueguen todos. ¿Qué es lo que necesita el Estado? Soberanía tecnológica: los datos de los argentinos en manos de los argentinos”, concluye Monk.
Producción de netbooks en la provincia de Buenos Aires en el marco del Plan Federal Juana Manso.
Las empresas de mayor valor bursátil, conocidas como GAFA (por Google, Amazon, Facebook y Apple), en la actualidad producen, distribuyen y comercializan tecnología. El modelo de negocio exitoso de estas empresas se basa en la creciente capacidad técnica de producir grandes cantidades de datos que, apoyadas en la inteligencia artificial y, por intermedio de innumerables ensayos de prueba y error, permiten recopilar información sobre estímulos y respuestas de los usuarios de las plataformas. Con estos datos se crean perfiles detallados de cada uno de los usuarios que quedan en manos de las empresas privadas para su uso a discreción.
¿Cómo equilibrar la balanza frente a corporaciones con tantos recursos y datos? “La herramienta de soberanía e independencia es colaborativa. El software libre abre una ventana de posibilidades para que la herramienta sea colaborativa en un ámbito donde muchos más actores tienen este mismo problema”, opina Monk. Contar con una nube propia capaz de realizar las tareas sin enviar datos a otros países no solo permite protección de los ciudadanos, si no trabajo y desarrollo de conocimiento local.
La Municipalidad de Rosario y la Administración Nacional de Ingresos Públicos son ejemplos de utilización del software libre por parte de organismos o entidades públicas. Además, las notebooks que distribuirá el gobierno nacional en el marco del Plan Federal Juana Manso anunciado por el presidente Alberto Fernández el pasado 4 de mayo, funcionarán con el sistema operativo Huayra, liberado bajo licencia pública general o GNU, la misma licencia que utiliza el software libre. Es otro paso hacia una siempre difícil soberanía tecnológica que, en este caso, reduce el seguimiento de las actividades de los alumnos, sino que también les permite “abrir” la tecnología para ver qué hace.
La soberanía tecnológica es la capacidad que tiene un Estado de tomar decisiones en relación a la tecnología que usa. Debe ser el Estado quien responda a las preguntas sobre cómo, cuándo y por qué modificar ciertas tecnologías.
