El Gobierno despidió 110 trabajadores del Hospital Posadas

El Gobierno despidió 110 trabajadores del Hospital Posadas

A través de un comunicado difundido por redes sociales, el Ministerio de Salud echó a 110 trabajadores del Hospital Posadas. Sindicatos y profesionales denunciaron la sangría de la salud pública: “Están vaciando el sistema sanitario para privatizarlo”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

El Gobierno nacional despidió a 110 trabajadores del Hospital Posadas, el principal centro de salud pública de alta complejidad del país. La medida fue comunicada por el Ministerio de Salud a través de las redes sociales, bajo el argumento de “injustificadas inasistencias laborales”. La noticia generó un inmediato rechazo por parte de sindicatos, profesionales y agrupaciones, que denuncian un nuevo capítulo en el vaciamiento del sistema sanitario público. En respuesta, durante la mañana de este viernes realizó una asamblea en el hall central del hospital.

Desde el Ejecutivo, los despidos fueron presentados como parte de una política de “ordenamiento del Estado”. “No hay lugar para ñoquis ni acomodos”, afirmó el Ministerio de Salud en un comunicado, en el que también anunció el descuento salarial a quienes participaron de medidas de fuerza en apoyo al Hospital Garrahan.

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, cuestionó el comunicado del Ministerio de Salud que anuncia despidos en el Hospital Posadas y descuentos por los días de paro en el Hospital Garrahan: “Otra vez, el comunicado no tiene firma. Simplemente dice ‘Ministerio de Salud’ y responde al giro autoritario que vienen aplicando las autoridades del hospital, sin mostrar ninguna voluntad de resolver el conflicto”.

Además, señaló que el Gobierno desconoce un conflicto legítimo: “La asfixia salarial que están imponiendo a los trabajadores y trabajadoras afecta directamente el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes. Por eso estamos apelando a la justicia y preparando amparos, frente al abandono y la desatención del Estado en lo que es su obligación: garantizar el derecho a la salud de la población y un salario digno para quienes la sostienen. Son derechos constitucionales”.

Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, afirmó que los despidos son una represalia contra quienes exigen salarios dignos y mejores condiciones laborales: “Están vaciando el sistema sanitario para privatizarlo. Quienes dirigen Salud son dueños de clínicas privadas. La plata que dejan de poner en los hospitales se la llevan ellos”, advirtió en diálogo con este medio.

Desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires – Hospital Posadas, denunciaron que ya pasaron cuatro direcciones sin respuestas estructurales y que aún no se ha confirmado la designación de un nuevo director. En ese marco, llamaron a los pacientes y a la sociedad en su conjunto a respaldar el trabajo cotidiano del hospital: “Son testigos del trabajo que se lleva adelante día a día en un hospital donde se resuelven miles de consultas, estudios diagnósticos y cientos de internaciones los siete días de la semana”, señalaron en el comunicado.

Los 110 despidos en el Posadas se suman a los más de 120 ejecutados durante 2023 y a los 50 ocurridos en mayo de este año. La política de achicamiento del Estado no se detiene y genera rechazo en distintos sectores del sistema de salud.

Desde la Asamblea de Residentes también se expresaron en contra: “Cada trabajador y trabajadora cumple un rol esencial en el sostenimiento de la salud pública. Estos recortes profundizan el deterioro de las condiciones laborales y sobrecargan aún más al personal”.

Y cuestionaron el anuncio del bono por parte del Gobierno: “Representa un alivio transitorio, pero no resuelve el problema de fondo: el déficit presupuestario del sistema de salud. Reclamamos una recomposición salarial justa, sostenida y sin exclusiones, que no implique recortes en otras áreas ni fragmentación del equipo”.

Para los gremios, el caso del Posadas no es un hecho aislado. Denuncian una estrategia sistemática de ataque a la salud pública que también se manifestó en el reciente conflicto del Hospital Garrahan, donde —según advierten— se difundieron mentiras para desprestigiar la lucha de los trabajadores, y en el intento frustrado de cerrar el Hospital Bonaparte. Los despidos en el Posadas se conocieron inmediatamente después de la masiva jornada nacional de lucha en defensa del Garrahan y la salud pública.

Frente a esta avanzada, María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa), advirtió que el Gobierno “no debe confundirse”, y recordó que los derechos de huelga, asociación y acción sindical están protegidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales. “Ningún decreto de necesidad y urgencia puede estar por encima de esos derechos”, subrayó.

Una médica del Hospital Posadas, que prefirió no dar su nombre, expresó a ANCCOM: “Acá trabajamos con miedo. Sabemos que si hablamos o reclamamos, podemos estar en la próxima lista de despidos. Pero no podemos seguir en silencio mientras desarman la salud pública”.

“Está claro que no les interesa la salud de la gente. Solo se acuerdan cuando hay paro. El programa de gobierno de Milei en materia sanitaria era este: destruir la salud pública y que sólo se curen los que tienen plata. Los hospitales públicos funcionan hoy exclusivamente por el esfuerzo sobrehumano de sus trabajadores”, señaló Rodolfo Aguiar.

Mientras crece la conflictividad, las y los trabajadores de la salud aseguran que no dejarán las calles. El reclamo no es solo por salarios y condiciones laborales: es también por el futuro de un sistema que está siendo desmantelado en nombre del ajuste.

“En el hospital no sobra nadie”

“En el hospital no sobra nadie”

Los trabajadores del Posadas realizaron un paro para exigir la reincorporación de los 92 trabajadores de la salud despedidos por el gobierno de Javier Milei. Servicios críticos en el área de salud que dejan de prestarse.

Este jueves los dirigentes de la CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires) realizaron un paro de 24 horas y una ronda en la entrada de la institución para reclamar por la reincorporación inmediata del personal del Hospital Posadas que fue despedido hace una semana como parte de las masivas cesantías que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei en el empleo público.

Desde las 8:30, trabajadores y profesionales de la salud de esta institución sanitaria participaron de la protesta a raíz de los despidos recientes. Fueron acompañados por vecinos, asambleas barriales y organizaciones políticas y sociales como centros de estudiantes y sindicatos. Todos se manifestaron unidos con el objetivo de visibilizar su apoyo y defensa del derecho a la salud pública. La FeSProSa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina) había decidido convocar a una Jornada Nacional de Lucha donde los gremios afiliados, a través de distintas acciones en diferentes provincias mostraron su apoyo y visibilización del conflicto. 

Además de los gremios presentes, las personas que llegaron se fueron sumando a la ronda con carteles en mano, en los que se podían leer mensajes como “En el hospital no sobra nadie”, “No a los despidos en el Hospital Posadas, salud pública y educación pública de calidad” e incluso nombres del personal de salud que había sido despedido en el último tiempo. La caminata fue desarrollándose por medio de aplausos, como una muestra del apoyo de distintos sectores de la sociedad.

Acompañaron la protesta los diputados nacionales Nicolás del Caño, Vanina Biasi y la diputada de PBA Laura Cano (todos parte del PTS-FITU). En busca de una solución al conflicto, la izquierda presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para repudiar estos despidos y exigir su reincorporación. Fue durante las rondas que se anunció, por medio de la CICOP, que el jueves próximo se hará una audiencia en el Congreso Nacional junto a diputados, sindicatos y sectores solidarios para seguir difundiendo la problemática. También se anunció un nuevo paro para el viernes 12. 

Las fuerzas federales entraron con motos y armas al Posadas debido a la multitudinaria movilización. Sin embargo, esto no afectó la realización la jornada de protesta ni el compromiso a seguir reclamando que todos los presentes demostraron.

Luis Mariano Sucher, uno de los despedidos del Hospital Posadas. 

Casi cien menos

La noticia de los despidos había llegado al personal el pasado viernes 28 de junio, siendo en total 92 miembros del Posadas a los que se les notificó de ello y de las no renovaciones de contratos. La preocupación fue creciendo tanto por los drásticos despidos como por los servicios que se ven afectados en áreas como fisiatría, emergencias, neumonología, clínica, kinesiología, enfermería, biología molecular aplicada al tratamiento del cáncer, radiología, hemoterapia y administración. 

 Ubicado en la localidad del Palomar, el Hospital Posadas surgió como iniciativa de la Fundación Eva Perón y fue proyectado por el doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud que tuvo Argentina. Fue nacionalizado en 2007. Está cerca de la villa Carlos Cardel y el barrio Ejército de los Andes, conocido como “Fuerte Apache”. Por ende, dicha situación deja a una abundante comunidad de pacientes en una grave vulnerabilidad debido a sectores que están sin cubrir o servicios reducidos.

 Distintos gremios habían alertado previo a la realización de la jornada sobre las intenciones del Gobierno Nacional al realizar este tipo de ajustes, explicando cómo buscan desarticular la salud pública e implementar el sistema de «vouchers» que favorece a los privados. 

Despidos criminales

 Luis Sucher fue contratado hace 25 años en el hospital y es uno de los miembros del hospital que fueron despedidos. Es delegado de CICOP en el centro sanitario y en el último tiempo trabajaba en Posadas dentro del área de atención de los consultorios externos. En diálogo con Anccom, Sucher explicó la problemática evidente que se presenta en los intereses del gobierno frente a la salud pública. “En este gobierno si no se ven ganancias para el sector privado o a sus amigos dueños de las grandes prepagas consideran a la salud como un gasto”, dijo. Luego expresó que esto implica un ataque a la salud pública del país y a millones de personas que no tienen la posibilidad de tener una prepaga. “La salud pública es un derecho universal, y esto muestra un desprecio enorme por los sectores populares y por los trabajadores”, apuntó. 

 Por otra parte, Sucher enfatizó sobre la necesidad de movilizarse a través de la jornada y de visibilizar lo gravemente afectadas en que quedarían las condiciones del hospital. “Esto se va a resentir en un momento crítico, el conflicto se va a agudizar limitando muchísimo la atención de pacientes en el sistema sanitario. De por sí estamos entrando en un periodo de enfermedades respiratorias”, expresó. Y añadió que un hospital como el Posadas no puede soportar este tipo de recortes, explicando que “muchísimas personas de por sí se quedan sin trabajo o pierden la posibilidad de pagar una prepaga, por lo que terminan recurriendo al hospital público”. El contexto afecta a la salud preventiva, salitas y atención periférica que están diezmadas. “Es bastante crítico y criminal el despido de todos estos trabajadores. muchos de los cuales son médicos con responsabilidades y especialidades únicas no sólo en el hospital sino también en el país”, opinó el delegado. 

 Por último, Sucher contó que si no se realizan las respectivas reincorporaciones los problemas se agravarán y se sentirán en todo el hospital. “Muchos de los profesionales que echaron tenían pacientes citados en los próximos dos meses. También enfermeros que cumplen tareas en áreas críticas, y al faltar personal van a sobrecargar a otros compañeros. Todo eso se va a sentir y va a poner en peligro la calidad de atención que requieren pacientes complejos”, explicó.

Visibilidad 

Elizabeth Correa fue contratada hace 22 años en el hospital y también es parte del personal que fue despedido el pasado viernes 28. Empezó en servicios generales en la parte de la cocina y luego se formó para ser Técnica Radióloga dedicándose en ese área en los últimos 8 años. Al consultarle por los servicios que más considera que se verán afectados, la radióloga contestó que “el sector de laboratorio, por ejemplo, en el que fue despedida la bioquímica que se encargaba de realizar los diagnósticos de leucemia y linfoma es uno de los más perjudicados. En kinesiología lo mismo, echaron a tres kinesiólogas”. Y que también hay sectores como el de asistencia social que están vaciados. “La verdad es que en todos los sectores hay mucha crisis y demanda. Tiene que haber una solución y en vez de echar gente deberían dar otra cobertura para que la calidad de la salud mejore” expresó Correa en diálogo con Anccom.

 La médica dijo tener mucha expectativa para las rondas que se hicieron el jueves. “De por sí la Asamblea que hicimos el martes para tratar este tema fue bastante masiva. Muchos compañeros se solidarizaron, compañeros que vinieron de otros lugares: ferroviarios, aeroportuarios, vinieron de otros hospitales. También tenemos mucha expectativa de que esa solidaridad sea mayor, que no nos dejen solos en este momento”, manifestó. Y se mostró agradecida porque sus compañeros del hospital demostraron muchas muestras de solidaridad, indignación y miedo a la vez, “que es entendible”.

 Por último, añadió la importancia de resolver el conflicto y el ataque a la salud pública como se hizo con la educación. “Nosotros apoyamos la lucha por la educación pública. Nos movilizamos cuando fue la marcha por las universidades, estuvimos apoyando en todo momento porque también nos parece importante que la educación tenga un lugar preponderante para la sociedad y que tiene que ser visibilizada esa lucha. Pretendemos que en nuestro caso también tome tal visibilidad y que la sociedad y la opinión pública también nos apoye como fue con la educación”. Para ella y sus compañeros esa lucha fue una inspiración enorme a la que pretenden llegar con la defensa de la salud, “porque la salud pública es igual de necesaria y debemos luchar por nuestros puestos laborales”. 

El campamento de los despedidos

El campamento de los despedidos

Ubicada justo en frente al Congreso, la carpa montada por los trabajadores despedidos del Hospital Posadas, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) unifica la lucha por los despidos en el Estado. “Si viene alguien del Gobierno será bienvenido”, dice Pablo, Minero de Río Turbio.

Segundo día de la carpa en el Congreso con trabjadores del INTI, Posadas, Río Turbio.

La puesta en pie de la carpa simboliza la unión de todos los despedidos que hubo en el Estado este último tiempo. Los trabajadores sostienen que cada situación en particular es parte del mismo plan de recorte presupuestario y achique del Estado.

El Yacimiento Carbonífero de Río Turbio está ubicado en Santa Cruz, cuenta con tres mil trabajadores y dos pueblos viven exclusivamente de su producción.  Desde el gobierno sostienen que la mina no da ganancias, que es ineficiente. Desde enero hasta hoy son más de 500 mineros los que perdieron su trabajo. “Es muy duro mantenerse sin un ingreso, ahora vivo con ahorros y con eso me solvento los gastos de la comida. Además tengo que pagar un montón de cosas que pensaba a futuro”, cuenta Pablo, que se enteró por las noticias de su despido cuando disfrutaba de sus últimos días de vacaciones.

La carpa estará instalada hasta el viernes 13 de abril. “Sí al trabajo, no al ajuste” es el lema de lucha que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) trata de difundir. Se realizarán distintas charlas con diversos paneles sobre las diversas situaciones conflictivas que atraviesa el país. El jueves a las 17, además, se debatirá sobre la “reforma del Estado”, con distintos trabajadores que estén en conflicto laboral.

“A los 258 nos despidieron por tener algún nivel de participación sindical”, afirma Cecilia, trabajadora del INTI, quien trabajaba en el programa de Tecnología Industrial para la Agricultura Familiar: seis de las siete personas que lo integraban están despedidas. El séptimo tiene licencia por enfermedad prolongada, es decir, que el programa se extinguió.

Los pañuelos verdes, que representan la lucha por la legalización del aborto, se hicieron ver en el público.

“El presidente del INTI, Javier Ibáñez, puso como ejemplo a nuestro programa como uno de los que se superponía, según él, con otros organismos como Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) porque nuestro tema era la agricultura familiar”, expone Cecilia. Ella cuenta que el objetivo del programa era “desarrollar tecnológicamente la agricultura familiar, no es lo mismo que hace el INTA, ellos trabajan con la producción primaria, nosotros vamos más allá. Es un trabajo que se complementa, hay convenios firmados en conjunto”.

Los motivos que Ibáñez da por los despidos son la “conflictividad”, ausencias injustificadas y por ser familiares de otras personas del INTI. Sin embargo, “todos los telegramas son sin causa”, afirma Cecilia.

“Como un gesto de buena voluntad para negociar levantamos las medidas de fuerza, como nos habían pedido, y hace un mes nos vienen boludeando. Nos pidieron un montón de gestos, que se los dimos y no nos dieron ninguna respuesta seria”, concluye.

En el Hospital Posadas, los despidos alcanzan a más de 700 trabajadores. Si bien el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostiene que los despidos se deben a “modalidades contractuales irregulares” Cintia, una enfermera despedida en diciembre que trabajó 13 años en el hospital, sostiene: “Estuvimos trece años firmando contratos irregulares, el Estado es irregular”.

Cecilia, trabajadora del INTI.

En junio serán más los despedidos del Posadas. “En algunos casos se alargó la fecha del contrato hasta junio. Sin embargo, algunos trabajadores que firmaron por todo el 2018 también los van a despedir en junio: les robaron seis meses de contrato sin ningún tipo de justificación”, cuenta Cintia.

Sobre su cuello lleva el pañuelo verde que representa la lucha por la legalización del aborto que encabeza hace más de diez años la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Cualquier mujer que se realice un aborto tiene mucho miedo de recurrir a un hospital, porque no solo te vas a sentir agredida, sino por el riesgo de terminar encarcelada muchos años. Ninguna mujer que sufre un aborto va como primera medida al hospital, lo usa en última instancia y es por eso que terminan muriendo. Es terrible que no se tome como una cuestión pública”, enfatiza Cintia.

La carpa estará frente al Congreso hasta el viernes 13 de abril. Tiene como objetivo visibilizar y unificar los despidos que hay en el Estado. “Pasa bastante gente, es bueno. Algunos políticos también se acercaron”, aseguran los organizadores.

Despidos que enferman

Despidos que enferman

Una marcha desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia la cartera de Modernización expresó este martes la bronca y la desazón por los 121 trabajadores despedidos del Hospital Posadas, una institución con larga historia sanitaria y política de la Argentina. La movilización estuvo convocada por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud que, a la vez, estableció un paro de 24 horas en el histórico edificio del Oeste del Gran Buenos Aires.

“Después de trabajar 15 años me indigna que nos despidan de esta manera. Estuvimos al pie del cañón durante la Gripe A, el accidente ferroviario de Castelar y dimos respuesta a miles de contingencias sanitarias. No dieron ninguna explicación, el único director que nos recibió dijo que él no decidió nada y que nada podía resolver”, relató Karina Almirón, una de las 122 profesionales despedidas el mes pasado en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas quien se enteró del cese de su contrato por medio de un listado.

El Hospital Posadas, una institución con larga historia sanitaria y política de la Argentina.

El 12 de enero se firmó una resolución y se publicaron dos listas, una de los contratos que se renovarían hasta fin de año y otra de los que se renovarían hasta marzo. “De esto nos enteramos el 15 de enero. Aquellos que no figurábamos en ninguno de los dos listados teníamos que darnos por despedidos desde el 1 de enero. Nos despidieron por omisión y con retroactividad”.  A pesar de la sorpresa por la forma en que resolvieron llevar a cabo los despidos era una situación que los trabajadores se imaginaban. El año pasado los empleados fueron hostigados a firmar contratos que establecían que podrían ser separados de sus cargos sin motivos. “Presionaron todo el tiempo para firmar esos contratos pero más de 300 trabajadores nos negamos, a pesar de que significaba cobrar un 40% menos. Cuando hace poco más de un mes el Ministerio de Modernización dijo que todavía sobraban 600 trabajadores en el hospital supimos que iba haber despidos masivos, como en el 2016 que echaron a 640”, explicó Almirón.

Karina Almirón es técnica de anatomía patológica especializada en inmunohistoquímica. Entró a trabajar en el hospital Posadas en el año 2002, reemplazando a técnicas que se habían ido a vivir al extranjero por la crisis del 2001.  El estudio que ella hacía permitía determinar qué tratamiento le correspondía a cada paciente enfermo de cáncer. Karina tiene dos títulos terciarios, formación en bioseguridad, gestión de calidad y manejo de equipos. A pesar de su amplia capacitación, suficiente para conseguir un puesto en cualquier otro hospital o clínica, y de la necesidad que tiene de trabajar ella sigue luchando por un servicio de salud público. “Rechacé puestos de trabajo en el hospital Casa Cuna, en el Roffo y en el Sommer, porque no quería renunciar a mí hospital. A pesar de las condiciones de trabajo y el sueldo miserable, porque sabía que del otro lado había pacientes esperando un resultado. Yo misma me enferme de cáncer en el 2005, y supe en carne propia lo que es esperar el resultado para definir un tratamiento. Mi pareja es carpintero, a veces tiene trabajo y a veces no, por lo que el ingreso estable era el mío”, contó la técnica despedida en una entrevista con ANCCOM.

El martes 30/01 se convocó un paro de 24 horas por la reincorporación de los despidos.

Como Karina hay 122 profesionales, entre ellos enfermeros de Terapia Intensiva Pediátrica, de Unidad Coronaria y de Hematooncología Pediátrica, que están viviendo la misma situación de impotencia e incertidumbre por su futuro laboral, pero que no pierden las esperanzas ni la fuerza para pelear por lo que creen justo. “En estos años vi pacientes que fueron a cuatro hospitales diferentes antes de llegar al Posadas. También vi gente humilde romper la receta al salir porque no tenían plata para comprar los remedios. Otros que venían caminando desde muy lejos porque no tenían dinero para viajar. Personas en situación de calle buscando refugio y comida en nuestro hospital. Mujeres víctimas de violencia de género buscando ayuda. Compañeros que dieron literalmente su vida, como Emanuel García, tirado al vacío por un paciente psiquiátrico, o compañeros que murieron por enfermedades causadas por el estrés y la insalubridad de nuestro trabajo. Sigo apostando, defendiendo y sosteniendo la salud pública, porque es un derecho básico y universal que a ningún ser humano le puede ser negado”, escribió Almirón emn una conmovedora carta abierta que reprodujeron varios medios.

Los despidos no solo afectan a los trabajadores del hospital Posadas sino también a sus pacientes. “Van a morir pacientes en el hospital posadas si no reincorporan en sus puestos a los trabajadores despedidos», advirtieron los delegados gremiales de La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) y de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) en una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud. Plantearon que si no se reincorporan a los 122 trabajadores despedidos correrían peligro pacientes del hospital debido al desmantelamiento de áreas críticas de atención donde llegan enfermos con riesgo de vida que ya tuvieron que ser salvados por trabajadores cesanteados, que tienen una vasta experiencia. Según Almirón, los puestos de trabajo todavía no fueron ocupados, están entrevistando a recién recibidos y estudiantes para tomarlos como monotributistas. Actualmente las áreas de Neonatología, Unidad Coronaria y Terapia Intensiva no están en pleno funcionamiento.

Sumado a los despidos y el desmantelamiento de las áreas críticas están las pésimas condiciones edilicias en las que se encuentra el hospital Posadas: gabinetes para mangueras contra incendio vacías, vidrios rotos, paredes escritas y con agujeros, pasillos con iluminación casi nula, gente sentada en el piso porque faltan sillas, algunos se traten sus propias para esperar. “Hay lugares a los que se les lavó la cara, pero sigue habiendo problemas edilicios, sobre todo en internación. Y la provisión de insumos y recursos es desigual, se da prioridad a algunos lugares por sobre otros”, denunció Almirón.

Las desastrosas condiciones edilicias son evidentes por todos los rincones del hospital.

En la asamblea que convocó, el 25 de enero, la CICOP se resolvió un paro de 24 horas que se llevará a cabo el día martes 30 de enero con movilización a los ministerios de Salud y Modernización con una concentración en 9 de Julio y Belgrano, cortando 9 de Julio. Como así también se impulsó un fondo de lucha.

 “Están vaciando el hospital, privatizando sectores y luego vendrá el arancelamiento a los pacientes. En definitiva, las consecuencias del ajuste la paga el pobre porque con nosotros se atiende la población más vulnerable. El Posadas es una parte importante de mi vida y que lo destruyan me duele más que el despido. No tenemos que permitirlo por nosotros, por nuestros hijos, por los pacientes”, manifestó Almirón, quien planteó la necesidad de la movilización del 30 de enero para visibilizar las problemáticas entorno al hospital Posadas.

“Nuestro hospital –relató- está literalmente tomado por las fuerzas de seguridad. El día que entró infantería me recordó al 13 de agosto de 2001, que según me contaron los compañeros más viejos, se reprimió a pacientes y trabajadores dentro del hospital. El día de autopista fue impactante ver el batallón de gendarmes frente a nosotros, con camiones, carros hidrantes, perros. Y eso me recordó la dictadura”. Cuatro días después del golpe militar de 1976, el Posadas fue intervenido y parte de su predio convertido en centro clandestino de detención. Por lo menos, 33 trabajadores del hospital fueron desaparecidos. Hace poco más de un mes, los restos de uno de ellos, el médico Jorge Roitman, fueron hallados enterrados en medio del predio.

Actualizado 30/01/2018

“Van a pasar cosas terribles en la salud de los argentinos”

“Van a pasar cosas terribles en la salud de los argentinos”

“Están teniendo un estado de ineptitud y de inmovilización tremendo. No están haciendo nada. No están previendo cosas que van a pasar”, se alarma Donato Spaccavento, actual presidente de la Fundación del Hospital Argerich, ex secretario de Salud porteña durante la jefatura de Gobierno de Aníbal Ibarra y actual conductor del programa Chequeo General que se emite los domingos por la tarde por Radio Del Plata. “Va a aumentar la mortalidad infantil -continúa, refiriéndose a la política del actual gobierno-, también la desnutrición, el dengue y las enfermedades infectocontagiosas”.

Egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1980 –donde actualmente ejerce como docente de Farmacología–, Spaccavento es dueño de una extensa trayectoria en la gestión sanitaria. Entre otros cargos, fue Presidente del Consejo de Administración del Hospital Posadas, Gerente de Articulación de Sistemas de Salud de la Superintendencia de Servicio de Salud, Gerente de Prestaciones Médicas de la Administración de Programas Especiales y Director del Hospital Argerich. Además, estuvo a cargo del  Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la provincia de Santiago del Estero.

Con una mirada crítica sobre la fragmentación del sistema de salud público y la injerencia de las empresas privadas en el sector, manifiesta su preocupación por los padecimientos de los sectores más vulnerables: “Ya hay más enfermos y víctimas por enfermedades porque no pueden pagar el gas, el agua, la electricidad, que son derechos humanos. Ningún ser humano puede vivir sin agua segura, sin electricidad”, explicó.

¿Cómo se ocupa el Estado de la salud pública?

El gobierno nacional, al despedir gente, está debilitando algunos programas, como el del dengue: despidió a los conductores de los trailers que hacían la fumigación interepidémica. Las autoridades demuestran una ineptitud y una inmovilización tremenda. No están haciendo nada. No están previendo. Van a pasar cosas terribles, aumentarán la mortalidad infantil, la desnutrición, el dengue, las enfermedades infectocontagiosas. Vamos a dejar de ser un país de transición epidemiológica debido a las políticas económicas y sociales del gobierno nacional que no están acompañadas por una prevención de la salud. Las políticas sociales y económicas que está implementando este gobierno ya han producido casi dos millones de pobres –1.700.000 según las fuentes–. Y la pobreza se asocia a la insalubridad, a la enfermedad.

¿Todo es responsabilidad de este gobierno?

«El gobierno anterior, en doce años, hizo cosas muy buenas, pero no hizo cosas que había que hacer que eran estratégicas.»

El gobierno nacional anterior, en doce años, hizo cosas muy buenas, pero no hizo cosas que había que hacer que eran estratégicas. Las cosas muy buenas son directas e indirectas. Entre las directas, creó el Instituto Nacional del Cáncer, el Plan de Vacunación, el Instituto Nacional de Medicina Tropical, el programa Remediar, el Plan Nacer y el Programa Materno Infantil. De las indirectas, la más importante -sin dudas- es la Asignación Universal por Hijo, que incidió sobre la salud de los argentinos y de los sectores más excluidos y más vulnerables. Por lo tanto, profundizó el concepto de factores determinantes de la salud: no la idea de que la salud es un problema físico únicamente, sino que estamos atravesados por factores ambientales, sociales, climáticos, psicológicos, espirituales, materiales, de todo tipo.  Lo que no hizo ese gobierno fue profundizar una transformación en salud. No unificó, sino que fragmentó más. Les dio a los gobernadores el manejo presupuestario de la salud. Las provincias se fortalecieron en un pseudofederalismo sanitario que, en realidad, usaba la plata de la salud para pagar los sueldos. Así es como los hospitales provinciales son calamitosos en todas las regiones.  Estuve un año y medio como Ministro de Salud en la provincia de Santiago del Estero. Dábamos el presupuesto para construir un centro de salud y hacíamos un concurso ad hoc en ese mismo lugar para un médico y un enfermero de la zona. Instalamos un dispositivo sanitario para que la gente entrara en la red, en el sistema sanitario: vinieron cinco mil personas a atenderse que nunca lo habían hecho en ningún lado. Yo me quedaba dos días durmiendo en el tráiler con 50 profesionales. Pero este tipo de actividades que promueven la inclusión de los más vulnerables no se dan en todas las provincias, porque depende de cada gobernador. Nosotros fuimos parte de una intervención federal, a mí me mandó Néstor Kirchner  porque Santiago del Estero era un desastre. En la ciudad de Buenos Aires no se hace eso. Acá los centros de salud funcionan como hospitales periféricos, de mala atención, con pocos recursos. No hacen promoción de la salud.

¿Afecta la suba en la tarifa de los servicios a la salud de la población?

Ya hay más enfermos y víctimas por enfermedades porque no pueden pagar el gas, el agua, la electricidad, que son derechos humanos. Nadie puede vivir sin agua segura. La electricidad afecta por dos cosas: por la cadena de frío en los alimentos y por la temperatura ambiental. La hipotermia y el frío producen enfermedades de por sí, y en esta época del año, con un invierno que se adelantó, predisponen a enfermedades virales. Las bajas temperaturas permiten dos cosas: por un lado que los virus de la gripe y del resfrío funcionen mejor;  por otro lado, el sistema inmune funciona bien a 37 grados, y cuando hay frío, y uno no puede calentar el cuerpo, esa temperatura baja y afecta al sistema inmunológico. Por esos motivos uno tiene más tendencia a enfermarse en invierno. En las guardias, según los datos que tengo de observación y comentarios de colegas, hay mucha más demanda este año que otros. El frío también aumenta la incidencia de infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, artritis, dolores articulares, y cambia el estado de ánimo, entre otras cosas. Todo eso se va a incrementar en la medida que la gente no pueda calefaccionar sus lugares de vida. El aumento de tarifas, el incremento de precios, la situación económica y social, el aumento de pobres, produce también cambios emocionales. Se dice que hay muchas más consultas por depresión a causa de la situación económica. En Chequeo General hablamos con psicólogos que nos dijeron que aumentaron muchísimo, este año, las consultas. Se deben a la incertidumbre, la falta de trabajo y la necesidad de estar cuidándote en todo, cuando veníamos acostumbrados a vivir más dignamente.

¿Qué caracteriza el sistema público de salud de nuestro país?

Yo creo que tiene una base ideológica muy buena, que fue la del sistema nacional de salud de Ramón Carrillo, que era un sistema único, de cobertura universal, donde la salud a partir de la Constitución de 1949 se consideró un bien esencial y un derecho humano. Garantizó y generó los cimientos para que cualquier persona se pueda atender gratis, tenga la cobertura que tenga. Esto fue hasta 1955, ya que a partir de la Revolución Libertadora el sistema, poco a poco, se fue desmembrando, se lo fue destruyendo y saboteando en función de la transferencia del dinero al sector privado. Entonces fueron surgiendo las obras sociales, que se legalizaron a partir del año 60, a través de un acuerdo entre (Augusto Timoteo) Vandor y  (Juan Carlos) Onganía. Vandor era un traidor del movimiento obrero que negoció con Onganía su continuidad a cambio de crear una ley para las obras sociales. Esa es la ley 23.660  que institucionaliza las obras sociales sindicales y la 23.661 que institucionaliza el PAMI como una obra social.

¿Y eso es lo que se mantiene hasta hoy?

Lo que pasa desde los años setenta hasta ahora –con un pico en los años noventa– es la fragmentación del sistema de salud. En los setenta, en todo el mundo hacen crisis los Estados de bienestar, se empieza a justificar la privatización, la transferencia de fondos del sector público al  privado. Acá ya no hay un solo sistema de salud pública, sino que hay distintos subsistemas. Uno es el público, que se divide en nacional, provincial y municipal. Otro es el de la seguridad social: las obras sociales provinciales, las sindicales, y el PAMI. Y por último está el privado, que son las empresas de medicina privada y los distintos dispositivos sanitarios que son tercerizados por las obras sociales sindicales y provinciales. Hoy lo que tenemos es una fragmentación de los subsistemas donde hay un gasto desorbitante, desmadrado –que ocupa más del 10% del PBI–, y no poseemos los indicadores sanitarios que tendríamos que tener con ese nivel de inversión. Porque la gente gasta dinero teniendo una obra social pero va a un hospital público. O sea que hace doble gasto: pone plata en la obra social, pero no la usa. Si hubiera un solo sistema, donde se articularan las obras sociales y el sistema público -no solo en el financiamiento sino en la prestación de servicio-, esto no sucedería. La falta de unificación permite la tercerización al privado del subsector público. Hay áreas de la atención de salud del sector público que están privatizadas: resonancia magnética, algunos laboratorios, imágene, por ejemplo. El resonador magnético del Hospital Fernández y el del Hospital de Niños son privados. Así disminuye el poder de regulación del Estado, y el poder de accesibilidad de la gente a la salud, porque las reglas de juego las maneja el mercado, aun en un hospital.

«Las vacunas faltan porque calcularon mal. Hay muchos casos. El nivel de ineptitud que tiene Cambiemos es alto. Van a chocar la calesita, esta gente no sabe gobernar.»

¿Cuál es la importancia de la prevención y promoción de la salud?

La prevención primaria, que es la vacunación, es muy importante y está siendo sostenida por el gobierno actual, que por el momento mantiene lo muy bueno que hizo el anterior gobierno: el plan vacunatorio y las vacunas que incorporó gratis. Después está la prevención secundaria, que es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. La promoción de salud debe darse a partir de políticas que tienen que ver con hábitos saludables, con vida sana y con medidas higiénico dietéticas: el estilo de vida, los hábitos, evitar el sedentarismo y el tabaco, etcétera. Eso es promover la calidad de vida, porque el impacto que tiene no es en el momento, sino que es a mediano y largo plazo. La prevención de enfermedades se hace con vacunas y también se hace atacando los factores determinantes: económicos, culturales, educativos, laborales, ambientales. Pero para que eso se logre efectivamente, no se puede hacer de arriba para abajo, se tiene que hacer de abajo para arriba. O sea que un gobierno debe generar las condiciones necesarias de democracia en la sociedad civil para que se pueda organizar y exigir a los mandatarios sus necesidades: agua potable, alcantarilla, el sistema de cloacas, de luz, electricidad, gas.

¿Cuál es la política del gobierno actual respecto a esto?

Eso, este gobierno no lo hace. Están pensando es armar un seguro privado de salud, que la obra social  y el sistema público sean un solo paquete. Ese es el modelo que están fomentando. Los sanatorios privados como el Colegiales, el Franchín, el Finochietto, o están asociados a obras sociales o están asociados a empresas de medicina prepagas. Si se pretende articular el sistema público con el de la seguridad social, hay que ver de qué forma se limita la transferencia al privado. El Estado, en vez de pagarle a los hospitales públicos, le pagaría a la obra social y al privado y desfinanciaría a los hospitales. Cuando los sistemas liberales como este, como pasó en el 2001, se caen –porque se caen indefectiblemente–,  los hospitales desfinanciados  no pueden aceptar ni dar la cobertura  necesaria a toda la población que perdió el trabajo y que entonces no tiene más obra social, o que bajó su ingreso y por lo tanto no tiene más la prepaga, y tiene que ir al hospital. Esas personas se van a encontrar con un hospital desfinanciado, sin recursos humanos y físicos, sin tecnología… Por otro lado, ningún sector privado invierte en promoción de salud y en prevención de enfermedades, porque la prestación con la que más puede recaudar es con la enfermedad. Lucran con la enfermedad, no con la salud. Otro tema grave es que las obras sociales sindicales y las provinciales no tienen políticas de prevención, ni de promoción de salud. Es interesante ver de qué se enferman las personas con un trabajo en especial. Los taxistas son sedentarios, comen basura, tienen un nivel de contaminación acústica terrible, un alto nivel de estrés, muchos son tabaquistas. Tienen todos los factores de riesgo para el infarto. ¿La obra social hace algo? No. Las obras sociales tienen falencias muy graves, a pesar del avance que se logró a partir de la Ley de Regulación de Obras Sociales y Prepagas del anterior gobierno. Entre otras cosas, establecía que te podías afiliar a una obra social o una prepaga estando enfermo, a cualquier edad. Lo que no hacía la ley era evitar que la gente de las obras sociales con mejores sueldos rompiera el sistema solidario que las rige.

¿En qué se basa ese sistema?

Se basa en que todos ponen en un pozo y tanto el de mayor como el de menor sueldo de ese sindicato son atendidos de la misma forma. A partir de los noventa, con Domingo Cavallo, eso se rompió. Permitieron a las prepagas asociarse a las obras sociales y captaron a los tipos de más sueldo de las obras sociales que decían: “Bueno, en vez de atenderme en el mismo lugar que un morocho, me voy a Swiss Medical”. Entonces, pagando 200 pesos más de lo que paga por ley, tiene un plan en Swiss Medical. Eso hizo que las obras sociales perdieran el aporte de la gente de más sueldo, lo cual hace que el nivel de cobertura -al tener menos plata y menos recaudación- sea menor. Entonces cubren menos de lo que tendrían que cubrir. El PMO (Programa Médico Obligatorio) atiende a las enfermedades básicas y lo tienen que cumplir todas las prepagas y las obras sociales. Pero hay otras enfermedades que no están incluidas. Entonces ahí el Estado le reintegra lo que gasta la obra social o la prepaga en eso. Las empresas de salud privadas son cazadores en el zoológico. Ganan cuando la gente está sana y cuando la gente está enferma ponen todas las trabas para atenderla. Así cualquiera hace negocios.

¿Cuál es la mejor manera de prevenir el dengue?

La educación. El dengue es una enfermedad claramente social, por el hábitat del mosquito. Una cosa es el momento epidémico y otra son los estados o tiempos interepidémicos, donde lo importante es la educación. La fumigación tiene poco efecto, y en algunas zonas de Latinoamérica –acá no– se utilizan químicos que producen efectos teratogénicos. La fumigación hay que hacerla con mucha inteligencia, entre una epidemia y otra. Pero lo más importante es el nivel de conciencia. Lamento mucho que no haya campañas de educación. Una cosa es informar y otra es educar para cambiar una actitud física y de costumbre. Al informar todo el mundo sabe que hay dengue, pero nadie saca el agua de los cacharros. Para educar tiene que haber un proceso de  ida y vuelta entre el educador y el educando. Y acá no hay porque este gobierno no genera participación social. A los clubes de barrio, por ejemplo, en vez de cortarles la luz o el gas como están haciendo, se los podría aprovechar para convocar a la gente para que opine, debata, se comprometa. Pero eso no sucede.

Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes son las provincias que más casos tienen. Pero los huevos de mosquito resisten al frío mucho más de lo que antes se pensaba, o sea que puede existir hasta en la Patagonia. Puede haber dengue en invierno.

¿Cuál es la situación respecto a la gripe A? ¿Qué sectores se ven más afectados?

Los sectores más afectados son los pobres, sin lugar a dudas. Pueden ser todos los afectados, pero ellos son los que menos proteínas tienen. Hay una relación directa entre el estado nutricional y las enfermedades infectocontagiosas. El sistema inmune son proteínas, por lo tanto si una persona está mal alimentada, sin una buena dieta equilibrada de vitaminas y proteínas, es más susceptible a enfermedades. La situación actual respecto a la gripe A es grave, es mucho mayor que otros años. Hasta el 2009 había dos gripes: la gripe estacional, y la A que ingresó a la Argentina desde México. Ese año hubo una gran epidemia, con 27.000 infectados, lo cual produjo que en este momento la gripe A sea considerada la estacional: ya no es más una epidemia, una rareza. Las gripes son graves cuando hay factores de riesgo. De lo contrario, es una gripe común. Los que tienen factores de riesgo son los desnutridos, los que tienen enfermedades crónicas, los bebes entre 6 meses y 2 años, los mayores adultos y la gente que trabaja en el sistema público. Este año se dieron más casos que el anterior: el invierno se adelantó y no se vacunó a la gente lo suficiente. A esto se sumó el cambio de gobierno, y encima de otro partido. O sea que se tardó más en organizar todo. Además, el sistema inmunitario baja por razones de desnutrición y depresión, factores que se incrementaron en los últimos meses.

¿A qué se debe la escasez de vacunas para prevenirla?

Las vacunas faltan porque calcularon mal. Hay muchos casos. El nivel de ineptitud que tiene Cambiemos es alto. Van a chocar la calesita, esta gente no sabe gobernar. Creen que gobernar un ministerio es gestionar una empresa y están equivocados. No es que falten vacunas por falta de inversión, porque no quieran gastar en eso. Es porque son ineptos.
Actualización 28/06/2016