Abr 9, 2021 | Géneros, Novedades
Florencia Magalí Morales tenía 39 años, había nacido en Mendoza y vivía con dos de sus hijos y una nieta. La mañana del 5 de abril de 2020, durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), salió de su casa para comprar alimentos. Horas después, apareció sin vida en una comisaría de Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis. A un año de su muerte, ANCCOM dialogó con Celeste Morales -hermana de la víctima- y Federico Putelli -uno de los abogados de la familia-, quienes dieron detalles del caso.
El lugar de la detención
La primera versión policial aseguró que Magalí fue detenida mientras a iba a contramano en bicicleta en la vía pública, por violar la prohibición de circular en un contexto de pandemia. Según estos dichos, por la terminación de su DNI, ese día no le correspondía salir a la calle. Mientras que otros agentes declararon que, en realidad, la detención se produjo en la comisaría.
Sin embargo, esa primera versión oficial no se pudo sostener. La cámara de seguridad de un banco captó el momento exacto en que Morales entraba a la dependencia policial de manera voluntaria. “El día 5 de abril de 2020, entre las 8:50 y las 9:00, Florencia Magalí Morales se retiró de su domicilio y se dirigió a la Comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara para pedirle la tarjeta de débito a un amigo que trabajaba allí”, afirma Federico Putelli.
Morales no fue detenida en la calle por violar la cuarentena, sino en la comisaría. Hoy, se desconoce el motivo de dicha detención. Putelli continúa: “Una vez dentro, los oficiales la arrestaron y, luego, la llevaron al Hospital Santa Rosa para un examen médico. Daniela Fogel -doctora que revisó a Morales- declaró que no presentaba lesiones en el cuerpo ni indicios de haber consumido sustancias y que se encontraba psicológicamente estable”.
Todos los presentes
No hubo coincidencia entre los policías y el perito que llegó al lugar, respecto a la cantidad de agentes que estuvieron de turno durante la detención de Morales. “El número que figura en el libro de guardia -cuatro hombres y tres mujeres-, es menor que el declarado por un criminalista que se presentó a ver el cuerpo de mi hermana. Según él, al llegar a la comisaría, había más de diez oficiales”, relata Celeste Morales.
Magalí Morales no era la única detenida en la Comisaría 25, lo que permitió que otras personas pudieran escucharla. Putelli asevera: “El hombre que estuvo en la celda contigua manifestó que ella pidió auxilio. Más aún, cuando éste solicitó ir al baño, los agentes lo obligaron a orinar en el calabozo de Morales. Hubo otro aprehendido que llegó horas después pero que, hasta el momento, no fue llamado a declarar”.
Finalmente, los policías decidieron retirar de las celdas a los otros detenidos y cambiarlos de sector. A partir de ese momento, Morales quedó sola en la zona donde están ubicados los calabozos. “Entre las 17:30 y las 18, los agentes se llevaron a los hombres y los encerraron en otra área de la comisaría, obligándolos a permanecer allí hasta las 23. Luego, fueron trasladados a otra dependencia”, asegura el letrado.
Detenida e incomunicada
Magalí Morales no tuvo acceso rápido a un llamado telefónico. Cuando le permitieron hacerlo, se comunicó con una amiga y ésta le llevó una mochila con ropa. Putelli sostiene: “La grabación muestra que las prendas con las que salió de su casa, no eran las mismas que tenía cuando la encontraron muerta. Más aún, éstas tampoco eran las que su amiga le acercó a la comisaría. La ropa y la mochila nunca aparecieron”.
Tampoco hubo voluntad expresa de la policía para notificar la situación a la familia. Más aún, fue la amiga de Magalí quien los llamó. Así lo detalla Celeste Morales: «Nos enteramos horas después y no fue un comunicado oficial de la dependencia. A las 20 sonó el teléfono, era la amiga de mi hermana para avisarnos que Magalí estuvo en la comisaría desde las 9. Los oficiales jamás nos informaron de la detención».
Desde ese momento, la familia de Magalí intentó comunicarse con ella, pero los oficiales no atendieron y, cuando lo hicieron, evitaron dar sus nombres. “En uno de los últimos llamados, logré que una persona se identificara. Le insistí para hablar con mi hermana y me dijo que no era posible porque ella, en ese instante, se encontraba declarando. Pero Magalí llevaba seis horas muerta”, cuenta Celeste Morales.
Hipótesis del suicidio
Pasada la medianoche, la policía llamó a la familia para anunciarles que Magalí Morales se suicidó en su celda, aparentemente, utilizando los cordones de sus zapatillas. No obstante, hubo horas de diferencia entre su muerte y la notificación oficial a sus allegados. Al respecto, Putelli señala: “Entre las 0 horas y las 2 dieron aviso a sus parientes y el deceso de Morales se produjo entre las 17:30 y las 19: 30, es decir, horas antes”.
El primer informe de la autopsia, a cargo de Gustavo Lafourcade, no advirtió la presencia de moretones en el cuerpo de Morales. Por pedido de los abogados, el forense presentó un segundo reporte. “Allí describió múltiples lesiones en los miembros superiores e inferiores y en la zona pélvica, compatibles con la autodefensa. Si bien ella falleció por asfixia, no se pudo determinar si fue ahorcamiento o asfixia mecánica”, añade Putelli.
Frente a estas irregularidades, los abogados de la familia Morales solicitaron a Jorge Pinto -juez de la causa-, una segunda autopsia. Este pedido, que llegó siete meses después, reveló más detalles sobre la muerte de Magalí Morales. Putelli precisa: “Finalmente, el día 4 de noviembre de 2020 se pudo realizar la necropsia y ésta constató la presencia de los moretones y arrojó que el cuello presentaba un faltante de dos músculos y de una arteria”.
«Todas las pruebas demostraron que la muerte de mi hermana se trató de un femicidio”, expresa Celeste Morales.
Sin avances en la causa
La carátula cambió de “suicidio” a “averiguación de muerte” pero, desde entonces, la causa ha tenido escasos avances. La familia de la víctima expresa que la investigación se paralizó, debido a la dilatación o la negativa del juez Pinto ante los pedidos de los abogados. “Magalí Morales no se suicidó. Todas las pruebas demostraron que la muerte de mi hermana se trató de un femicidio”, expresa Celeste Morales.
Uno de los principales obstáculos para la familia Morales fue la falta de recursos económicos para seguir el curso de la investigación. En palabras de Putelli: “El juez de la causa ordenó que ellos debían correr con los gastos de la necropsia, circunstancia que estaba fuera de su alcance. En este sentido, no se aplicó la Ley 27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y, por tanto, tuvimos que apelar”.
Aún no hay indagados, ni imputados, ni procesados. “Si bien se requirió la introducción de sumario policial y el llamado a indagatoria, los policías que estuvieron el día que Magalí Morales murió, todavía no fueron llamados a declarar. Recientemente, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó ser querellante, mientras que la defensa pública pidió que se archive la causa, alegando falta de pruebas.”, cierra el abogado.
Perspectiva de género
Magalí Morales era una madre comprometida con la crianza de sus hijos. Así la recuerda Celeste Morales: “Mi hermana adoraba a sus hijos, amaba hacerles la comida y salir con ellos a la plaza. Era optimista en todas las situaciones, siempre apoyaba y daba ánimos a los demás. Nosotros la conocemos bien, lo que pasó en la comisaría fue un femicidio. Magalí no se suicidó y exigimos que su muerte no quede impune”.
Las leyes existen, falta su implementación efectiva. A saber: Ley 26485 que protege a las mujeres víctimas de todas las formas de violencia, entre ellas, la institucional, Ley 26791 que modificó el artículo 80 del Código Penal, incorporando el femicidio como un tipo de homicidio motivado por el género y Ley 27499 que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles de los tres poderes del Estado.
Abr 8, 2021 | Géneros, Novedades
La pandemia ocasionada por el covid-19 puso en evidencia un sinfín de asuntos sin resolver en la agenda pública, entre ellos la dificultad que atraviesa una gran parte de los cuerpos con útero en acceder a los productos de gestión menstrual. Según estimaciones de la organización Economía Femini(s)ta, en el año 2020 se necesitaron entre 2.900 y 3.800 pesos para gestionar la menstruación a través de la compra de toallitas y tampones. Evidentemente, quienes no contaron con ese dinero no pudieron acceder a ellos.
Se estima que hay alrededor de 300 millones de personas que menstrúan en el mundo; en Argentina, llegan a ser unas 10 millones. Pese a tratarse de un proceso fisiológico, la menstruación no deja de ser un hecho político y la falta de acceso a productos para utilizar esos días resulta un factor de desigualdad. ¿Por qué? En un contexto mundial donde las mujeres son quienes más sufren las consecuencias económicas -según la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, las mujeres ganan un 29% menos que sus pares varones- el período acarrea también otras complicaciones: el estigma social que carga la menstruación aún existe y genera falta de información, ausentismo escolar y laboral y una gran exposición a enfermedades e infecciones si no se higienizan correctamente los elementos utilizados o se extiende el uso de las toallitas, por ejemplo.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) el sector de mujeres de 14 a 29 años es el que más padece la desocupación y, por ende, la falta de acceso a los productos de higiene menstrual. Esta realidad es consecuencia, en parte, de la falta de legislación en la materia y una notable ausencia estatal en el tema.
La pobreza tiene rostro de mujer
Lucía Espiñeira, co-coordinadora de la Campaña Organización Civil Economía Femini(s)ta #MenstruAcción, señala que a partir de un informe elaborado con los datos económicos del tercer trimestre del 2020, provistos por el INDEC, se observa que las mujeres enfrentan una situación desfavorable en el área laboral provocada por la baja tasa de actividad, la imposibilidad de conseguir empleo -en conjunto con los sueldos con montos inferiores en relación a los hombres-, y una fuerte precarización laboral. Los datos indican que la tasa de actividad para las mujeres de 14 a 29 años empleadas o que buscan estarlo es de un 45,4%, en contra de un 64,5% de los varones, lo que supone una diferencia de casi 20 puntos. Sobre los datos de las personas que efectivamente están empleadas se observa la misma desigualdad: 57,7% de los varones en relación al 39.4% de las mujeres. En síntesis: solo cuatro de cada diez de ellas tienen trabajo. Además, se calcula que cada diez pobres, siete de ellos son mujeres, constituyendo así el sector con más desigualdad de condiciones laborales y salariales.
En 2020, se necesitaron entre 2.900 y 3.800 pesos anuales para gestionar la menstruación .
Generar conciencia
Espiñeira sostiene que el eje fundamental de la campaña #MenstruAcción es el acceso a la información con el fin de terminar con la desigualdad en términos de menstruación y llegar a la justicia de género, señalando que “la campaña tiene como eje dar a conocer todos los métodos de gestión menstrual, empezando por los sectores más vulnerados”.
De esta manera apuntan a la implementación de estrategias educativas a través de la Educación Sexual Integral (ESI). La importancia de abordar el tema como parte de una pedagogía menstrual es la base para erradicar los estereotipos que dañan y forman parte de un tabú instalado en la sociedad. Espiñeira señala que desde #MenstruAcción elaboraron «un material de descarga gratuita para docentes: ‘Es importante hablar de menstruación. Lo presentamos en 2019 y está hecho por nosotras a pulmón». Realizado por un equipo especializado, busca llevar el debate, la ciencia y la perspectiva de género a todo el país.
La escasa información que rodea al tema, sobre todo en los sectores más vulnerados, no solo impacta en su constante ocultamiento: la falta de conocimiento sobre las opciones de productos de contención, así como de formas de higiene, tratamientos para el dolor, amenorreas y excesos de menstruación, puede derivar en enfermedades e infecciones. Por este motivo la necesidad de generar conciencia e incluir mayores niveles de diversidad en el tema es grande, incluyendo también a los varones y a las disidencias en la concepción de la menstruación, con el propósito de entenderla como un derecho que debe consolidarse en conjunto con políticas públicas de salud, y no como algo que debe esconderse y sobrellevarse en privado.
Hay que legislar
Al ser consultada por la falta de información oficial en relación a la gestión menstrual, Espiñeira señala que faltan datos cualitativos para entender la situación actual de las personas menstruantes: «No sabemos cuántas toallitas efectivamente se demandan. Para calcular, usamos un promedio de 22 por persona por ciclo, en un promedio de 13 ciclos por año, pero no sabemos cuántas personas en argentina menstrúan, cuánto menstrúan, qué métodos eligen… para eso hay que hacer encuestas enormes que el Estado debería llevar a cabo, así que siempre hacemos hincapié en que hacen falta más datos y mediciones, esto es un reclamo que también llevamos a cabo en la campaña y en los proyectos de ley que hemos presentado».
Actualmente, han sido enviados más de dieciséis proyectos al poder legislativo en busca de un marco legal para defender los derechos de las personas menstruantes. Durante el año 2020 la senadora nacional por el Frente de Todos, Norma Durango, propuso dos proyectos de ley de alcance nacional en los que se contempla, por un lado, la quita del Impuesto del Valor Agregado (IVA) a los productos de gestión menstrual, entre los que se encuentran no solo las toallas y los tampones desechables, sino también las copas y toallas reutilizables. Por otro lado, el “Proyecto de Ley Nacional de Acceso Universal y Gratuito a los Productos de Higiene Menstrual” busca garantizar la distribución de elementos de contención en diversos espacios comunitarios y establecimientos, entre ellos: escuelas, centros de salud y hospitales, instituciones de alojamiento diurno y/o nocturno para personas en situación de calle, establecimientos penitenciarios e instituciones de internación de salud mental.
Este proyecto de ley también hace hincapié en la (re)construcción social de la información en torno a las implicancias de la menstruación, la cual debe revisarse y afianzarse, en pos de disminuir las desigualdades. Es fundamental el abordaje crítico de ciertas cuestiones repetidas a lo largo del tiempo, por ejemplo la concepción de la menarca como el momento en que una niña “se convierte en mujer”, idea que posiciona a las niñas y adolescentes en el horizonte heteronormativo del deseo de la maternidad.
«Usamos un promedio de 22 por persona por ciclo, en un promedio de 13 ciclos por año», dice Espiñeira.
Al respecto, Carolina Zotta, la creador y difusora del concepto de “Viva la copita”, considera que es importante aprovechar que la gestión menstrual entró en la agenda pública para pensar en políticas concretas. Hay espacios con privilegios, lo que significa más información y, por ende, mayor accesibilidad también. “Hay un mapa enorme por recorrer y con un montón de políticas que es necesario que se empiecen a abordar, y la base de todo esto es la falta de educación”, enfatizó la entrevistada. Por su parte, trabaja comercializando productos de gestión menstrual reutilizables. A medida que su proyecto creció, se fue encontrando con muchísimas preguntas de mujeres que se referían más al uso del producto que a la higiene del mismo. Y eso reflejaba un gran desconocimiento del propio cuerpo: “Como en algún punto esas eran dudas propias que había solucionado a partir de mi propia experiencia, intente ocupar ese espacio para bajar información y que sea más accesible, facilitar medios para experimentar y probar y acercarnos un poco al cuerpo y al ciclo que fue tratado siempre con mucha lejanía”, contó.
Su cuenta de Instagram «Viva la copita” reúne más de 180 mil seguidores y representa un espacio de aprendizaje sobre el cuerpo, un lugar al cual ir a buscar información cuando aparecen esas dudas. Hoy en día colabora con Matriar, una organización civil que acaba de lanzar -en pos de profundizar el conocimiento y las necesidades de los cuerpos menstruantes- el primer relevamiento sobre la experiencia anticonceptiva en Argentina.
Entre las jurisdicciones que ya implementaron la distribución gratuita de elementos de higiene menstrual se encuentra el Municipio de Morón, Provincia de Buenos Aires, pionero en el país, seguido por la Ciudad de Santa Fe, y más tarde la Municipalidad de San Rafael, en Mendoza. A nivel provincial, Tucumán fue el primer distrito en proveer de elementos de contención menstrual a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad económica, social y cultural. El pasado 25 de marzo, el gobierno de La Rioja llevó a cabo el lanzamiento del “Programa Productos de Gestión Menstrual” que tiene por finalidad la provisión gratuita de elementos de gestión menstrual a través de centros y establecimientos públicos y comunitarios.
Quedó demostrado en 2020 que elegir atravesar los días de sangrado con productos reutilizables o de una forma higiénica puede resultar un privilegio para una minoría: la escasez de recursos económicos, la falta de agua potable y la poca o nula información sobre las opciones de gestión menstrual representan obstáculos que el Estado debe superar para que la justicia menstrual se convierta, finalmente, en un derecho para todos los cuerpos.
Abr 7, 2021 | Entrevistas
“¿Qué me importa más, que se declare culpable o que vaya preso? Yo soy la única que pone el cuerpo. Pero, ¿qué se supone que es reparación? ¿Olvidar, soltar, dejar atrás? ¿Se puede reparar un cuerpo como se repara una taza rota? ¿Se verán las fisuras? Los surcos que deja el pegamento seco, por fuera y por dentro, las marcas en la mente”, se pregunta la autora en Donde no hago pie, su nuevo libro de no ficción.
Periodista, escritora, licenciada en Ciencias de la Comunicación e integrante del colectivo Ni una menos, Belén López Peiró se cuestiona sobre los alcances de la reparación, que encuentra más en la literatura que en el Poder Judicial. Luego de siete años de la denuncia contra su tío, tras interrogatorios, audiencias y declaraciones, todavía no hay veredicto y el abusador sigue en libertad. Pero através de su escritura, la autora logra hacer de la causa un problema político y social y exponer que los tiempos del Poder Judicial no contemplan los de la víctima.
Si en su primer libro, Por qué volvías cada verano, publicado en 2018, sacó a la luz el abuso sexual que sufrió en la adolescencia a manos de su tío, en esta nueva obra vuelve sobre el tema, pero ella misma ya no es la “buena víctima” de antes. “Muchas veces pasa que después de muchos años la víctima se presenta empoderada y eso no sirve. El jurado te tiene que ver como la nena inocente de 13 años”, dice en un pasaje de Donde no hago pie.
¿Qué querías contar en este segundo libro?
Es una crónica judicial y sucede a partir de la elevación a juicio de la causa penal. Quería narrar todos los procedimientos y las audiencias, plasmar mi investigación sobre qué es un juicio por jurados en casos de abuso sexual, puntualmente en la provincia de Buenos Aires, también contar qué pasa en un juicio abreviado, cuando el acusado se considera culpable y la pena es menor. Consideraba que debemos empezar a preguntarnos: ¿qué buscamos al denunciar? ¿Por qué denunciamos? ¿Qué es la reparación? Me di cuenta que había muchas cosas que no sabía y probablemente muchas otras personas tampoco cuando se embarcan en una causa judicial.
¿Qué sucede cuando se denuncia?
Eso es lo que cuento en mi libro, muchas veces se habla de la justicia argentina con eufemismos o se dice “bueno, viviste una situación y denunciá”. Que está bien, pero es importante que tengamos información sobre lo que va a suceder después. Y eso no tiene que ver con que no denuncies, sino con contar lo que va a pasar, en donde no hay una única salida, sino que hay muchas opciones. No considerar que la única reparación es el veredicto de un juez. Empezar a preguntar qué justicia queremos. Si queremos una que repare, pero también pensar qué es reparación para nosotras, esto puede ser acompañamiento, escucha, liberación, es decir, encontrar la manera en que nos sentiríamos mejor.
¿Encontraste en la literatura una forma de reparación?
Sí, la escritura es una forma de registro, una manera de contar parte de nuestra historia y me sirvió en ese momento para recordar, enumerar y darme cuenta la gravedad de los hechos. Sin dudas, la memoria y la experiencia son la materia central de mi escritura y es ahí, en la palabra, donde encontré un lugar donde apoyarme, y sentir que eran mis tiempos, que eran mis formas y era mi voz.
¿Por qué hay prejuicios hacia la víctima que denuncia?
Cuando denunciamos tenemos cierta esperanza, y creo que, en mi caso, después de tantos años ya no soy la misma, pude encontrar la reparación en la escritura y en mis afectos. La persona que se encuentra en un juicio después de tantos años no es la misma que cuando denunció. Sumado a que la cifra de que en la mayoría de los juicios por jurado en donde hubo una condena, las víctimas eran menores de edad o estaban muertas, entonces cuando somos mayores de edad aparecen los descréditos, pensar que se denuncia por venganza. Hay toda una serie de prejuicios que también están asociados a los estereotipos que es necesario romper.
«Sentí vergüenza, miedo, y después entendí que lo que importaba no era yo, no era mi historia, sino todo lo demás», dice.
Tu historia es personal pero también colectiva…
Sí, totalmente. Tanto en Donde no hago pie como en Por qué volvías cada verano, pongo de manifiesto que mi causa es una más de todas las que atravesamos, y que no tiene que ver con una familia, con un vínculo, sino que son estructuras de poder que se repiten y tienen en común que hay un victimario con cierto poder, cierta confianza, que se abusó de esa confianza, esa es la estructura que hay que desnaturalizar.
¿Pensaste que la publicación de tu primer libro podía influir en el juicio?
No. De hecho, tenía miedo a las cosas negativas, tenía temor, pero no el pensamiento de saber que me podía traer algo bueno. Al contrario, sentí que me estaba exponiendo, que me daba vergüenza, sentí miedo, y después entendí que lo que importaba no era yo, no era mi historia, sino todo lo demás.
¿Qué desafíos enfrentaste a la hora de escribir tu propia historia?
Uno de los principales desafíos que tuve como escritora fue ser investigadora y a la vez objeto de investigación. Lo que me pasó en Donde no hago pie fue investigar y crecer en cuanto al conocimiento a la par de los lectores, ir de a poco, también incluir infografías, búsquedas en Google, anotaciones en un cuaderno, pensando colectivamente. Todas las preguntas que me hacía en ese momento, las trataba en todas las reuniones de la comisión. En nuestra formación como periodistas y como comunicadores está ese requisito de objetividad, de poder distanciarnos de alguna manera, eso fue lo más difícil, por eso utilicé palabras del ámbito judicial –juez, acusado, denunciante y defensa–, para de alguna manera entender que la causa era mía, pero a la vez no, era una causa más del sistema penal que tenía que investigar, correrme y hacer a un lado las emociones para poder trabajar, editar y publicar.
¿Te imaginabas que Por qué volvías cada verano iba ayudar a muchas mujeres a romper el silencio?
Me parece que abrió paso a esta nueva literatura, donde las mujeres podemos poner temas que nos interpelan, que nos duelen, que son nuestras realidades cotidianas. Además, el género “no ficción” en Argentina está muy asociado a la denuncia, a la identidad, una larga tradición que también estoy formando parte. A su vez fue algo recíproco, porque hubo una red de mujeres que me ayudó a llevar adelante esta causa judicial. Desde la abogada a la Comisión de Abogadas Penalistas, las periodistas, comunicadoras, se unieron de alguna manera para acompañarme y pensar una causa judicial.
¿Qué importancia tiene la ESI en relación a los abusos?
Con mis libros me ocupo del durante y del después. En Por qué volvías cada verano cuento lo que fue para mí denunciar, contarlo en la familia y todo lo que sucede con romper el silencio, pero sí es importante que empecemos a ocuparnos de los temas antes. La única manera de ocuparnos es con la Ley de Educación Sexual Integral, porque se necesita información y la palabra de les niñes, poder darles voz. Fue muy importante para mí presentar el libro en las escuelas, donde les adolescentes puedan preguntarme las dudas que tengan, que puedan entender que ellos también pueden escribir, acercarlos a la palabra y además informarlos. Me parece que es una de las cosas más valiosas que podemos hacer por elles.
«Todavía sigo a la espera de una fecha de juicio oral», advierte.
¿A qué hace referencia el título del libro Donde no hago pie?
Por un lado, priorizo que sea un título literario, y que, aunque sea una historia real y un asunto fuerte que interpela, no deja de ser literatura donde hay todo un trabajo literario detrás. Por otro lado, Donde no hago pie hace alusión a todos esos espacios, laberintos judiciales y profundidades donde nos sentimos ahogadas y sin aire.
¿Cómo está hoy la causa judicial?
La pandemia entorpeció la causa como también entorpeció todas las causas del país. Todavía sigo a la espera de una fecha de juicio oral. El libro termina con el inicio de la pandemia porque me pareció que estaba bueno hacer un recorte, poder hablar de un período de tiempo y no tenía ni por qué terminar con la pandemia ni con un veredicto.
¿Qué otros trabajos estás haciendo?
Dicto talleres de no ficción con perspectiva de género, también estoy haciendo talleres de lectura y escritura en el centro cultural de España en Buenos Aires, es un lugar donde elijo autoras contemporáneas, que estén dando sus primeros pasos en la literatura, donde se narre Latinoamérica desde estas voces de mujeres con temas que nos interpelan de forma regional. Además, voy a dar un taller en junio para les alumnes de todas las carreras de Sociales de la UBA.
Mar 30, 2021 | Géneros, Novedades
Cada 31 de marzo se celebra el Día de la Visibilidad Trans. En los últimos años, la comunidad LGTBIQ+ argentina conquistó un significativo número de derechos; sin embargo, no ocurrió lo mismo en todo el mundo. España, por ejemplo, hoy se encuentra en lucha por la actualización de su Ley de Identidad de Género.
Hace unas semanas, en el país europeo se hizo público un borrador de la nueva Ley Trans, impulsado por Irene Montero, ministra de Igualdad y miembro de Unidas Podemos. El proyecto despertó debate dentro del movimiento feminista español y en el interior de la coalición de gobierno que pusieron en duda su aprobación. El retraso motivó a un conjunto de activistas a iniciar una huelga de hambre exigiendo la aprobación del borrador.
Latinoamérica y Argentina
En Argentina, las personas trans tienen garantizada una serie de derechos en base a convenciones internacionales, normativas nacionales (como la Ley de Identidad de Género y la de Matrimonio Igualitario), legislaciones provinciales y decretos del Poder Ejecutivo relacionados con, por ejemplo, acceso al cambio de nombre en el DNI y partida de nacimiento en la adultez o en la infancia, derecho al respeto de la identidad de género en espacios educativos y, en el sistema de salud, acceso a hormonas y cirugías de modificación corporal entre otros. El año pasado, el decreto 721/2020 garantizó un cupo laboral travesti-trans del 1% para el Sector Público Nacional.
¿Por qué es necesario echar luces sobre la legislación existente en la materia? Según reconoce el Estado argentino, la expectativa de vida de una persona trans oscila entre 35 y 40 años. La legislación argentina, aún con sus falencias en la práctica, lejos está de la realidad que se vive en otros países del mundo. Por ejemplo, en Paraguay y Brasil, no cuentan con leyes de identidad de género.
Europa y España
En Europa, España tiene una legislación de 2007 que, si bien permite el cambio de nombre en el documento, lo avala mediante la patologización de sus solicitantes.
Según explica Rosa María García, activista española transfeminista y doctoranda en Filosofía y Género, la normativa que está en vigencia surgió en respuesta a una problemática urgente: hacia las décadas de 1970 y 1980, las mujeres trans que iban a los juzgados a solicitar el cambio registral se encontraban con jueces que no tenían jurisprudencia sobre la que hacer un fallo claro.
En este contexto, los magistrados exigían un marco legal para saber cómo actuar ante estos reclamos. Así surgió la Ley 3/2007, una regulación que nació con 15 de años de retraso respecto a las demandas de los movimientos sociales, de los Principios de Yogyakarta –que se publicaron en 2006– y de varias de las legislaciones que ya existían en Europa.
A diferencia de la ley argentina, la normativa española impone dos condiciones fundamentales para responder a la solicitud: por un lado, tener un informe diagnóstico de disforia de género. Esta primera cláusula supone la patologización de las personas trans, ya que entiende que para acceder al pedido se debe estar bajo el diagnóstico de “transexualidad”. En 2012, la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) eliminó de su manual este concepto ya que dejó de considerarlo como una patología. Hacia 2018, también se expidió la Organización Mundial de la Salud (OMS): la disconformidad de género se definió como una condición correspondiente a la salud sexual.
La segunda cláusula exige acreditar al menos dos años bajo tratamiento médico con hormonas. En 2018, una instrucción de la Dirección General del Registro Civil habilitó el cambio de nombre simplemente presentando documento, sin la exigencia de acreditar un informe psicológico. De cualquier manera, la legislación actual no prevé la existencia de personas no binarias ni establece las mismas garantías para todo el territorio: existen normativas específicas de cada comunidad autónoma, pero son muy limitadas porque están acotadas a sus competencias. Según García: “Es problemático, porque quizás a 20km de distancia de donde estás tus derechos son otros”.
El proyecto de ley de Montero busca armonizar estas legislaciones y ajustarse a los estándares internacionales. Sin embargo, no trataría problemas de fondo. Un ejemplo son las personas migrantes que no estarían afectadas por esta legislación que contempla solo a españoles: “Muchas mujeres trans migrantes encuentran la prostitución como única salida frente a la falta de derechos”, según indica la doctoranda en Filosofía y Género.
Desde un punto de vista más optimista, la actualización de la ley permitiría ampliar garantías legales de forma integral: ¿Qué pasa con los derechos reproductivos de los varones trans, por ejemplo? En Argentina, gracias a la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012, la lucha por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito –y la posterior sanción de la ley Nº27.610– incluyó como sujeto de derechos a las personas gestantes. De esta forma, no solamente se contemplan los derechos reproductivos de mujeres cisgénero (cuya identidad de género coincide con la asignada al nacer), sino que también se prevé el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para varones trans y personas no binarias.
Mar 25, 2021 | Géneros, Novedades
Considerado uno de los especialistas en religión más destacados en América latina, Hugo Córdova Quero ha logrado tender un puente entre los preceptos teológicos y la diversidad sexo-genérica, temas que podrían parecer irreconciliables, aunque para él no lo son.
Es argentino, pero reside desde hace varios años en Estados Unidos donde se desempeña como profesor y director en la facultad Starr King School de California. Además de ser un reconocido teólogo queer, es muy cauteloso con su imagen, tanto es así que no se encuentra ninguna foto ni video suyo en Internet. Ha preferido mantener un perfil bajo para no dar lugar a ningún tipo de represalias de grupos religiosos o LGBTIQ.
A partir de la ampliación de derechos en los últimos años en Argentina para la comunidad LGBTI y las mujeres, cobraron visibilidad las instituciones católicas y evangélicas más conservadoras, ambas férreas opositoras a la legalización del matrimonio igualitario y a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, en medio de los álgidos debates, han quedado afuera las voces de las comunidades religiosas que están a favor de la diversidad y clasifican sus creencias como “teologías queer”.
“Queer” es un término anglosajón que traducido al castellano significa “raro” y que era utilizado de manera peyorativa en contra de las personas que no se autodenominaban heterosexuales. Posteriormente, asumió un sentido contracultural que se contrapone a las clasificaciones heteronormativas y patrilineales.
“En América latina hay mucha gente haciendo teologías queer de todos los tonos y hay cada vez más adhesión de personas que profesan una religión a analizar su fe desde las perspectivas de las teologías queer”, afirma Córdova Quero, doctor en Estudios Interdisciplinarios en Migración, Etnicidad y Religión y Magíster en Teología Sistemática y Teorías Críticas (Feminista, Poscolonial y Queer).
Al contrario de lo que comúnmente se cree, existen otras religiones como el islam, el budismo, el hinduismo y el judaísmo que también basan sus teologías desde una perspectiva de la diversidad sexo-genérica. Por eso, Córdova Quero señala que no se debe hablar de “teología queer” en singular, sino en plural, debido a que abarca las distintas religiones, creencias y culturas. Existen teologías queer en todos los continentes, con especial fuerza en América latina.
“El poder del heteropatriarcado, en la fe, es transmitido en lecturas sesgadas de textos sagrados», dice Córdova Quero.
“Las teologías queer buscan desestabilizar el poder del heteropatriarcado, que en el caso de la fe se transmite en la lectura sesgada de los textos sagrados y también en la práctica cúltica e institucional con el no acceso a los sacramentos, a los ministerios, a la participación integral en las comunidades de fe”, asegura Córdova Quero.
Este movimiento nace con el objetivo de reinterpretar los textos bíblicos y las creencias que ciertas instituciones religiosas a lo largo de los años han interpretado en concordancia con una perspectiva patrilineal y heteronormativa, en donde el rol de la mujer dentro de la sociedad y la familia se limita a labores de crianza en una relación de dominación y los homosexuales son acusados de pecadores por ir en contra de lo establecido naturalmente.
Las teologías queer están a disposición de todos y no son propiedad exclusiva de la comunidad LGBTIQ “porque lo queer pasa por la desestabilización del cisheterepatriarcado y no por lo que yo hago con mi genitalidad en mi intimidad –agrega Córdova Quero–. También hay heterosexuales queer porque están en el movimiento que pretende socavar los cimientos de ese edificio colonial hegemónico”.
Córdova Quero es enfático en afirmar que “hay muchas iglesias en Argentina y América latina que no son antiderechos” y que existe un prejuicio en contra de la religión: “Al meter en la misma bolsa a todo el mundo desde el sector cristiano conservador como si eso encarnara la voz de todo el cristianismo, de todo lo religioso que también es múltiple, nos perdemos alianzas”.
Según Córdova Quero, sin alianzas no hay posibilidad de cambios sustanciales en cuanto a la apertura de derechos, por esa razón considera importante la participación y la visibilidad de los diversos sectores religiosos progresistas en la discusión sobre los derechos humanos. Para él, el discurso fundamentalista religioso de derecha no puede ser combatido a través de un discurso político partidario sino desde un discurso progresista religioso. Además, opina que esto no ha sido posible, en parte, por la proliferación de discursos totalitarios y totalizantes que vinculan a lo religioso con sistemas dictatoriales y discursos antiderechos, lo que ha provocado una invisibilización y silenciamiento de todas las personas adeptas a una fe que también están comprometidas con los derechos humanos y la sociedad.
«Nos atacan los conservadores religiosos y, a la vez, los dogmáticos de los derechos LGBT», subraya Córdova Quero.
El investigador argentino expresa su preocupación por la poca aceptación que han tenido las teologías queer dentro de los sectores de la diversidad sexo-genérica, como la comunidad LGBTI, que en su mayoría rechaza cualquier postulado religioso y considera como “traidores” a quienes profesan una religión y defienden la diversidad sexo-genérica. Por tal motivo, la teología queer funciona para él como un espacio intermedio en el cual puede profesar su fe y al mismo tiempo vivir su sexualidad sin impedimentos: “Somos la intersección de ambas cosas”, señala.
“El problema es que aquellas personas de la diversidad sexo genérica que profesamos una fe quedamos entrampados en el medio de una guerra que no nos pertenece, porque adentro de nosotros ni lo sexual, ni lo religioso es más importante, ambas cosas hacen que seamos quienes somos. Somos atacados por los sectores conservadores religiosos y a la vez por los sectores dogmáticos de los derechos LGBT y esa es una posición abyecta muy difícil de navegar”, concluye.
