Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de Rodrigo Curaqueo.
“Lo matamos por pobre”, le gritó uno de los policías de Caleta Olivia, Santa Cruz, a la familia de Rodrigo Curaqueo durante una protesta por la muerte de ese joven de 19 años que falleció el pasado 7 de abril en extrañas circunstancias. Hoy, el caso judicial está estancado. Lo que sí continúa es el hostigamiento de las fuerzas de seguridad hacia la familia y los sectores más humildes de la ciudad.
La mañana de aquel martes, Curaqueo llegó alcoholizado a su casa. Tras manifestar actitudes violentas, su familia decidió llamar a la policía con la esperanza de que apaciguaran la situación. “Se hizo todo mal desde un principio: se lo llevaron a la comisaria Seccional Quinta, que está a una cuadra y media de su hogar. De ahí, no lo volvieron a ver más”, relata su hermana Brenda.
“Tendría que haber estado suelto a las 15”, cuenta su madre, Andrea Muñoz. Pero alrededor de las 16:50, 16 presos declararon haber escuchado alboroto en el calabozo que destinan para los contraventores, donde se encontraba Curaqueo. “Los gritos de Rodrigo los escucharon hasta no escucharlo más. A las 17 les dieron permiso a los internos: los hicieron salir y los oficiales, como nunca, tenían guantes de látex puestos”, sigue.
No fue hasta la medianoche que los uniformados tocaron la puerta de la casa a la que pocas horas antes había llegado por última vez Rodrigo. Se le informó a la familia de su deceso recién el 8 de abril, 7 horas después de que se escuchara su último grito. ¿Por qué, si la casa queda a una cuadra y media?, se pregunta su hermana. De ahí en adelante, las piedras en el camino fueron cada vez más. Les dijeron que la causa de muerte habría sido suicidio por ahorcamiento y covid-19. Aunque esto implicaba que la familia debería esperar tres días para ver su cuerpo, la agonía se extendió por al menos siete.
El 9 de abril, Andrea se enteró por allegados que llevaban sin autorización el cuerpo de su hijo a Puerto Deseado, otra ciudad santacruceña. El motivo, según le dijeron, era para realizar una autopsia ya que en Caleta Olivia no había médicos forenses disponibles. Falso: la familia pagó de su propio bolsillo 50.000 pesos para contratar a Néstor Sosa, un médico de la ciudad que nunca pudo terminar su trabajo debido al entorpecimiento de la investigación.
Aunque hubiesen querido examinar el cuerpo de Rodrigo en Puerto Deseado, eso tampoco iba a ser posible: no había sido conservado en la morgue como se requería. “De todas las maneras intentaron tapar lo que había hecho la policía, pero son cosas muy evidentes”, afirma Brenda. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la comisaria de aquel 7 de abril nunca fueron entregadas, y la escena del hecho fue cambiada radicalmente.
Una historia que se repite
Rodrigo no es el primero en fallecer en una comisaria de Caleta Olivia. El 18 de septiembre de 2016 le tocó la misma suerte a Gustavo Gerez, un taxista de 28 años que murió en la Seccional Primera, adonde había sido llevado por estado de ebriedad y disturbios en la vía pública. Alberto Luciani, abogado de los Curaqueo y los Gerez, señala que hay más de una similitud entre ambas causas. El patrón es el mismo: maltrato a los contraventores, impunidad y, por sobre todo, quienes mueren en dudosas circunstancias son siempre personas provenientes de los sectores más marginales de la ciudad, que suelen tener problemas con el consumo de sustancias.
“El sistema, en vez de cuidarlos y bridarles una salida a la problemática los penaliza, los criminaliza. No solo eso: no se les garantiza el derecho a la vida y terminan muriendo en extrañas circunstancias”, asegura el letrado. Tanto en 2006, como en 2009 y 2020: en cada año se pueden identificar nombres de “suicidios” en comisarías, como los de Omar Alvarado y Federico Courbuol.
“Quedó demostrada, además, la pésima capacitación que tiene la policía en derechos humanos. No tienen esa preparación, y tampoco en cómo tratar a una persona que está con algún problema de haber ingerido sustancias que le provoquen alteraciones físicas o psíquicas”. El caso recuerda al de Santiago “Chano” Moreno Charpentier, el cantante de Tan Biónica. Con una diferencia: los pobres no tienen el beneficio de la duda, ni de la recuperación.
Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de Rodrigo Curaqueo.
En ambos casos, también, la administración pública brilla por su ausencia. “A Rodrigo no lo cuidaron, fue un abandono por parte del Estado”, expresa con dolor su hermana. Para Luciani, la falla es clara: no garantiza el derecho a la vida para los detenidos, ni el deber de seguridad, ya que se encuentran bajo su custodia. “No es que pasó una vez y ha sido un accidente, es una cosa repetida”, sentencia. Lo que le resulta llamativo es la protección de la que gozan los responsables para que las causas no avancen. “La misma Justicia le brinda cobertura legal a la policía porque de alguna manera trabajan juntos, es el mismo sistema. Si no hay sanciones y no se condenan casos así, se vuelve a repetir”, agrega.
Para Andrea, los gobernantes la dejaron sola. Ella ya está acostumbrada a estar así: desde hace tiempo que cumple el rol de madre y padre a la vez. Bronca e impotencia se juntan con el dolor y la desesperación por la falta de respuestas. El pueblo la acompañó solo al principio. Después, el enojo colectivo se diluyó en el tiempo.
“A la gente le falta un poquito de empatía, hasta que a uno no le pasa, no se da cuenta”, se lamenta Brenda Curaqueo. “El apoyo del pueblo solo estuvo cuando ocurrió, que es cuando recibís la noticia y te impactás y te enojás, pero a las marchas mucha gente ya no va”, continúa. Pero la familia no está sola: los casos de brutalidad policial son muchos a lo largo y ancho del país. El apoyo llega de los lugares más impensados: organizaciones como La Garganta Poderosa y el Colectivo Gatillo Fácil, de La Plata, son algunas de las que se contactaron para brindarles ayuda y asesoramiento que, según la joven, hace mucha falta en estos casos. Lo que sí saben es lo que exigen Brenda y Andrea: “El cambio de juez y que el que está trabaje, que deje de acumular casos, muertos y que se haga justicia por Rodrigo”.
Este lunes 26 de abril se cumplen 30 años de la muerte del joven Walter Bulacio en ocasión de la privación ilegal de la libertad que sufrió por parte de fuerzas policiales al asistir, por primera vez, a un show de Los Redonditos de Ricota en el Estadio Obras.
El concierto había tenido lugar el viernes 19 de abril de 1991; antes y durante el recital fueron detenidas por la Policía Federal 73 personas en las cercanías al estadio en el marco de una razzia. El brutal operativo policial fue desplegado por agentes de la Comisaria 35 de Núñez, al mando del comisario Miguel Ángel Espósito, alias “el Aguilucho”.
En el expediente judicial figura que la intervención policial fue por los desmanes que venían suscitándose en los últimos conciertos. Sin embrago, la presencia de las fuerzas de seguridad resultó desproporcionalmente numerosa. Al margen de varios móviles policiales y carros de asalto, también, hubo un colectivo de la línea 151 estacionado en la puerta del estadio. El objetivo era claro: trasladar la mayor cantidad posible de detenidos.
Como explica María del Carmen Verdú, abogada de la familia Bulacio:
“En la causa penal está perfectamente acreditado que la Policía Federal organizó –dentro del sistema de servicios adicionales- un operativo para el recital que tenía como objetivo que nadie ingresara a Obras sin entrada. En ese marco la Policía aprovechó para realizar además un plan B: tumbar un par de boliches de la zona que venían parándose de manos al comisario y no le pagaban la cuota mensual de ‘protección’ policial. Si revisás la lista de los 73 detenidos y detenidas ingresados a la comisaria, más de la mitad de los mayores de edad que fueron detenidos lo fueron dentro de esos boliches”.
Como más tarde se probó, ninguna de esas personas fue detenida por un delito específico. En el caso de los mayores de edad, el motivo de la detención fue registrado como averiguación de antecedentes o por contravención en el marco de los entonces vigentes edictos policiales de la Ciudad de Buenos Aires.
La detención de los menores de edad fue justificada por su presencia en la calle de noche. El procedimiento aplicado, “Memo 40”, consiste en una disposición interna a la fuerza que permitía al comisario decidir qué hacer con los “sospechosos” en franca colisión con las normas entonces vigentes que requerían para dichas acciones la consulta a un juez de Menores.
Semejante atropello, tal vez, hubiera quedado en la nada de no ser que entre esos detenidos estaba Walter Bulacio, un pibe de Aldo Bonzi de 17 años que, luego de medio día de estar detenido en la comisaría, salió con un grave cuadro neurológico de origen traumático, y murió, tras una semana de estar en coma.
“En la primera autopsia no se estableció la causa de la muerte. No obstante, hubo una segunda en la que quedó claro que Walter había sufrido un accidente cerebrovascular que le había reventado un vaso sanguíneo en la cabeza. Eso se llama aneurisma y, en una persona de 17 años, en general, la causa es traumática. Sumado a esto, las historias clínicas, los estudios médicos, y demás; permitieron determinar que la causa de la muerte fue el padecimiento de un traumatismo encéfalo-craneano”, relata Verdú.
Walter era alumno del quinto año del Colegio Bernardino Rivadavia de Capital Federal y trabajaba de caddie en el Campo Municipal de golf para juntar el dinero con el que pensaba financiar su viaje de egresados a Bariloche.
María del Carmen Verdú.
Su compañero de banco, Miguel Ángel Vilche, cuenta que el apodo de “el Largui” obedecía a que era un pibe alto y flaco. También, recuerda Vilche, “manejaba el humor con mucho sarcasmo. Era muy divertido cuando metía humoradas pero en sí bastante callado y tímido. Le gustaba mucho el rock. Iba a la cancha, era fanático de San Lorenzo. Yo soy de River y nos cargábamos mutuamente. Era muy familiero. Los dos entramos en cuarto año porque yo venía de un industrial. Como éramos los nuevos, nos sentábamos juntos y nos hicimos muy amigos”.
Vilche nos habla de ese día: “En esa época, los Redondos tocaban un fin de semana por mes, siempre en Obras. A nosotros nos gustaba mucho ir los viernes. Los chicos del secundario parábamos en Castro y De las Casas con algunos amigos de Boedo. Nos juntábamos ahí, nos tomábamos unas birras y nos íbamos caminando hasta la parada del 15 para ir al estadio. Ese día Walter nos había dicho que quizás venía a juntarse con nosotros para ir al concierto pero si no llegaba se iba con la gente de Bonzi en el micro. Así que, como no llegó, dijimos ‘Se fue con los pibes de Bonzi’. Efectivamente, se había ido en el micro pero nunca entró al show. Transcurrimos todo el recital cuando vimos que estaban los chicos de Bonzi pero nos enteramos recién el lunes a la mañana lo que había pasado y que estaba internado”.
Durante una semana la mayoría de los compañeros de división fueron a visitar a Walter al hospital: “Estuvimos toda la semana casi durmiendo ahí. Una semana exacta después, el viernes 26, me levanté para ir al hospital como todos los días y por la radio me enteré que había fallecido. Pudimos verlo, y todos fuimos testigos de que tenía el cuerpo golpeado y moretones en las costillas. Obviamente, la conmoción fue tremenda, teníamos todos 16, 17 años y en esa edad vos pensás que la muerte es cosa de viejos. Esto fue un golpazo”, cuenta Vilche.
La muerte de Walter provocó la reacción solidaria de muchas personas, entre ellas la abogada María del Carmen Verdú que comenzó a organizar marchas y festivales junto a la familia del joven para visibilizar el caso. Ese fue el germen de la CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Miguel Ángel recuerda especialmente el suceso: “Fue muy conmocionante para chicos tan jóvenes como nosotros que, hasta ese momento, no teníamos actividad política. Empezamos a ir a los diarios, a las radios que nos hacían entrevistas todo el tiempo. Fue un año intenso que, obviamente, nos cambió la vida a todos”.
El ex comisario Miguel Angel Espósito fue condenado con una pena menor en 2013.
Como recuerda Verdú: “Lo más importante fue el saldo organizativo, en un momento en el que estábamos en un escenario de completa desmovilización, a fines de los 80 principios de los 90. La irrupción del caso Bulacio generó todo un movimiento juvenil de organizaciones estudiantiles con mucha presencia en la calle. La movilización permitió visibilizar la militancia que veníamos perdiendo contra el gatillo fácil, contra las torturas en lugares de detención, contra las muertes en lugares de detención, contra las detenciones arbitrarias en la Ciudad de Buenos Aires, en muchísimos barrios del Conurbano, y en el ámbito nacional. Este caso le puso cara a una pelea que sigue hasta el día de hoy”.
Así nació un grito colectivo: “Yo sabía/yo sabía/que a Bulacio/lo mató la policía”. Grito que perdura en las marchas contra la represión pero, también y sobre todo, en los barrios, las canchas, los recitales y en la garganta de jóvenes que no habían nacido entonces, pero hoy levantan la misma bandera porque siguen siendo víctimas de la misma violencia estatal.
“A pesar de todo eso, de que en 2003 la causa generó una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado argentino derogar todo el sistema de detenciones arbitrarias. A pesar del tardío e incompleto juicio oral al comisario Miguel Ángel Espósito que recién llegó en 2013, de su ridícula condena (fue condenado a la pena de tres años y medio de prisión en suspenso, por lo que no fue detenido). A pesar de que no hay juez, fiscal o cámara que de vez en cuando no cite el Caso Bulacio y que se estudie en las facultades, lo cierto es que hoy, en 2021, no sólo estamos igual en materia de detenciones arbitrarias en Argentina si no que estamos peor”, plantea el comunicado en la página web de la CORREPI en ocasión del aniversario del caso este año.
A pesar de la sentencia internacional, en nuestro país, siguen vigentes códigos contravencionales y regulaciones policiales que desconocen las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que se hace necesario continuar con el trabajo de concientización iniciado. En este sentido, Verdú explica: “Estamos lanzando la nueva campaña en contra de las detenciones arbitrarias exigiendo el cumplimiento de la sentencia que no solamente serviría para garantizar la libertad de tantas personas en la República Argentina sino que, además, sería una garantía para la integridad física de las personas. Porque el 50% de las personas muertas en comisarías en los últimos 35 años, de acuerdo a nuestro archivo de casos, no fueron detenidas por un delito sino por algunas de esas herramientas arbitrarias: averiguación de antecedentes, identificación, contravenciones, razzias. Para cumplir con la Corte Interamericana, el Estado argentino debería haber derogado esto hace más de 17 años y acá estamos, con un sistema incluso más amplio de lo que era en 1941”.
Y mientras tanto, la imagen de Walter nos sigue sonriendo en carteles, remeras y pantallas. “Walter es la cara de la lucha organizada de la juventud contra la represión estatal”, asegura Verdú. Y sus amigos, bien lo saben: “Veo todo el tiempo la imagen de él. He visto esténcil, la figura del Che hecha con la cara de Walter. Aparte fue el primer muerto en las barbas del rock en época de la democracia. Después de la muerte de Walter, en los recitales de los Redondos a los que asistimos, vimos chicos que tenían remeras con su cara, algo que no era tan común en esa época. También, gente cantando, y su imagen en las banderas”, reflexiona Vilche. Por su parte, otro amigo, Cristian Ottaviano, sentencia: “Walter se convirtió en el mártir, en la imagen del gatillo fácil, la gente no se olvidó que no hayan pagado los responsables”
Pero la memoria trasciende lo visual, Vilche cuenta: “Estoy en un proyecto, escribiendo sobre Walter. Es un libro de no ficción, más intimista que periodístico, y trato de contar nuestra historia con él que incluye todo lo que tiene que ver con el caso. La idea principal es que no se olvide”.
Sin embargo, más allá del loable proyecto personal de Vilche y sus compañeros de división, Walter Bulacio nunca será olvidado porque siempre será una página importante en la historia argentina de las luchas por el derecho a la integridad personal y a la libertad.
El jueves 19 de marzo a la noche, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que se pondría en marcha a partir del día siguiente el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con el fin de evitar un colapso del sistema de salud a causa de la pandemia que el Covid-19 había provocado. A partir de entonces, los ciudadanos de todo el país solo podrían salir de sus casas para comprar alimentos, medicinas o alguna urgencia sanitaria. Las fuerzas policiales quedaban a cargo de asegurar que la cuarentena se cumpliera.
Lo que siguió a esa decisión fueron cuatro meses de abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad de diferentes distritos, dejando como resultado un estimado de 92 casos de muertes a casua de la violencia estatal, según el último conteo realizado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
“Sabemos, por la experiencia acumulada en casi tres décadas de militancia antirrepresiva, que estos datos son parciales y probablemente sean apenas una pequeña muestra de las cifras reales, que tardaremos mucho en conocer. Aún así, impacta el número, que no es simple estadística, sino que refleja en qué medida la decisión de ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad en esta etapa de excepción resulta en más muertes de hijos e hijas del pueblo a manos del aparato estatal”, reza uno de los últimos informes de esa organización.
Tres policías están detenidos por el asesinato del adolescente Valentino Blas Correas, en Córdoba.
Uno de los primeros casos en ganar notoriedad fue el de Florencia Magalí Morales, la mujer de 39 años que apareció colgada el 5 de abril en una de las celdas de la comisaría de la localidad de Santa Rosa del Conlara, en la provincia de San Luis. Morales se encontraba detenida por haber violado la cuarentena. La hipótesis inmediata que se manejó fue que había sido un suicidio pero esa conclusión no convenció a la familia de Morales ni a varias agrupaciones feministas. Tres meses después, la causa aún no ha podido avanzar.
Si bien el abuso de poder por parte de la policía en nuestro país tiene una larga tradición, el contexto del aislamiento social parece ser un elemento que potenció el problema. “Las fuerzas de seguridad salieron a hacer cumplir el aislamiento, en muchos casos lo hicieron correctamente, en otros abusaron de sus facultades. Algunos integrantes de las fuerzas de seguridad se consideraron empoderados para actuar violentamente. Y las víctimas, en general, fueron los sectores más vulnerables de la sociedad”, declara Guillermo Torremare, co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Otro caso que tuvo un impacto mediático aun mayor fue el de Luis Espinoza, un tucumano de 31 años que vivía en Rodeo Grande y que el viernes 15 de mayo salió de su casa y no se lo volvió a ver, hasta que su cuerpo fue encontrado una semana después en un barranco en la provincia de Catamarca, envuelto en una bolsa y con un tiro en el omóplato izquierdo. El disparo, según se determinó, provenía de un arma reglamentaria de la policía provincial. Diez fueron los uniformados encarcelados con prisión preventiva, de distintos rango: el subcomisario de la zona, dos sargentos, tres cabos, dos agentes, un auxiliar y el vigía de la comuna. El 6 de agosto, en tanto, policías cordobeses mataron al adolescente Valentino Blas Correas, cuando este se dirigía a un bar junto a un grupo de amigos. Tres efectivos están detenidos por el asesinato.
“En la provincia de Buenos Aires se registraron 40 casos, en Santa Fe 10, en San Luis 6, en Córdoba 5, en Tucumán 4, en Mendoza 3, además de algunas provincias con un promedio de un caso cada una. Las fuerzas federales estuvieron involucradas en ocho casos, las fuerzas provinciales en 68, la ciudad de Buenos Aires en 7”, comenta Ismael Jalil, integrante de la CORREPI, y agrega: “Este aumento de casos durante la cuarentena tiene que ver innegablemente con que, de algún modo, lo que se ha hecho es resolver una situación de crisis con un mayor poder para la policía, un mayor poder represivo por parte del Estado, y esto se ve graficado en los números”.
Cristina Castro, la madre de Facundo, espera los resultados de la autopsia del cuerpo hallado en la localidad de Villarino.
En estos días emergió el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años de Pedro Luro que salió de su casa el 30 de abril a hacer dedo en la Ruta 3, rompiendo la cuarentena y que, hasta el momento, más de 100 días después, continúa desaparecido. En el medio, testimonios que declaran haberlo visto siendo detenido por la policía bonaerense en la localidad de Mayor Buratovich, irregularidades y contradicciones de esa fuerza, la aparición de un objeto que podría ser de Facundo en una comisaria y denuncias de aprietes hacia familiares y la ex novia del joven. El sábado pasado por la noche se encontró un cuerpo en la localidad de Villarino y se aguardan los resultados de la autopsia para saber si efectivamente es el de Astudillo Castro y cómo se produjo su muerte.
“Las actividades de las fuerzas de seguridad, en gran medida, están fundadas en un ideario de control social autoritario y suponen la práctica de muchas acciones que implican violencia institucional. Una gran cantidad de policías tortura. Y la mayoría de los y las policías que no lo hacen, no censuran ni denuncian su realización. En Argentina rige un modelo policial militarizado, punitivista, arbitrariamente discriminador, que exalta la mano dura y los procedimientos violentos, que naturaliza los abusos de poder y encubre los delitos propios. Urge reorientar ese modelo policial”, advierte Torremare.
«Tengo esperanza y confianza en la justicia. Dentro de todo el dolor, eso me está dando tranquilidad», cuenta Ríos.
La vida de Susana Ríos cambió por completo la madrugada del 21 de mayo. A través de Facebook le llegaron rumores de disparos en las adyacencias del pueblo. A las 4 confirmó lo peor: su hijo Gonzalo Domínguez, de 14 años, era uno de los pasajeros del Fiat 147 que se estrelló contra un camión sobre la colectora de la Ruta 3, luego de una persecución policial.
Gonzalo viajaba junto a sus amigos Danilo Sansone (13), Camila López (13), Aníbal Suárez (22) y Rocío Quagliarello (13). Rocío fue la única sobreviviente. “Todavía no pude hablar con ella. Me cuesta salir. Cuando pueda, y si su mamá me lo permite, la voy a ir a visitar. Por lo que me contaron, está recuperándose muy bien”, cuenta Susana, quien hoy, a sus 56 años –y tras la muerte de Gonzalo– quedó viviendo sola en su casa de San Miguel del Monte. Sus otros dos hijos, Marina de 30 y Juan Ignacio de 27, ya no viven con ella.
Susana fue de las primeras en sospechar de la primera versión que hablaba de un choque, que se descartó cuando la autopsia confirmó que el cuerpo de Gonzalo había sido impactado por una bala. Con esta información, empezó a revelarse el encubrimiento policial. Horas más tarde, cuando se publicaron las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a los agentes tiroteando ferozmente al Fiat 147, no quedaron dudas. El resultado inmediato fue el descabezamiento de la cúpula local de la Bonaerense.
“Los medios fueron muy importantes. Nos ayudaron a demostrar que esto no había sido un simple accidente. Por ahora no vi ninguno que no haya tratado con respeto el asunto. Fueron muy cálidos todos”, destaca Ríos y afirma: “Esto repercutió en la sociedad y se pudo conocer lo que realmente fue: una masacre de niños inocentes”.
«El cariño que recibí del pueblo ha sido tremendo», revela Ríos.
¿Cómo está progresando la causa?
Estamos esperando que baje de la Cámara para seguir con otras denuncias que tienen que elevarse. Siempre estoy informada. Junto con mi abogada trabajamos permanentemente. Faltan responsables. Por el momento tenemos trece personas detenidas. Tengo esperanza y confianza en la justicia, y sé que se están trabajando bien. Dentro de todo el dolor, eso me está dando tranquilidad. Espero que se determine qué grado de culpabilidad tuvieron las autoridades implicadas.
¿Cuándo empezó a sospechar de un encubrimiento policial?
Aquella noche, desde las 2, en las redes sociales ya se comentaba de disparos en el pueblo y a partir de ese momento supe que algo estaba pasando. A las 4, cuando fui a reconocer el cuerpo de mi hijo, lo confirmé. Mientras tanto, me mintieron. Rubén Martínez, el secretario de Seguridad municipal, me negó en la cara que lo de los disparos fuera cierto. Pero la mentira duró pocas horas porque lo que ellos presentaban era una farsa. Martínez fue vital para el encubrimiento: por suerte ahora está detenido con prisión preventiva. Esto destapó muchas ollas. Antes no lo sabía pero lo empecé a notar con las denuncias que fueron apareciendo. Me enteré que desde antes maltrataban mucho a los chicos. Esta policía estaba actuando de una manera enviciada y atroz.
Desde entonces Monte dejó de ser un pueblo tranquilo…
Sí, ahora es un pueblo triste y que quiere justicia. También está muy enojado por todo lo que pasó. El tema de la seguridad hay que tenerlo en cuenta y trabajar sobre eso. Hay que devolver la tranquilidad a los habitantes que quedan y sobre todo a los niños. Luego de la masacre tuvimos una reunión con el Gobierno provincial en donde les elevamos requerimientos específicos para la policía. Más que nada, para que esto no vuelva a repetirse. Esto no puede pasar de nuevo. Jamás.
«Estoy asistida por una psicóloga del CELS porque me di cuenta que no puedo sola», confiesa Ríos.
En el pueblo se hicieron numerosas marchas en repudio al accionar policial y en reclamo de justicia, ¿qué significan para usted?
Me emocionan mucho porque me siento acompañada. El cariño que recibí del pueblo ha sido tremendo. Me cuesta salir a la calle pero las veces que salgo, la gente me abraza y llora. El dolor es muy fuerte y juntos debemos buscar que se haga justicia y que el recuerdo de los nenes esté vivo para siempre.
¿Cómo era su relación con Gonzalo?
Yo crié un hijo sano. En mi casa había besos y abrazos. Mis otros hijos ya son grandes y no viven conmigo. Así que Gonzalo, con 14 años, era mi chiquito mimado. Con él teníamos mucho diálogo y conversábamos sobre todo: los peligros, las cosas buenas y las malas. Me hace muy bien recordarlo por cómo era él. Solía ir a la plaza Alsina y a la pista de skate, donde hacían rap. Tenía muchos amigos, con quienes hacían juntadas en la costanera o venían a tomar mates a casa. Después hacía futbol. Hacía las mismas actividades que la mayoría de los chicos de su edad en un pueblo tranquilo como es éste. Bah, que lo era.
¿Usted cómo está?
Pasándolo. Mi día a día es estar en mi casa. El momento en que estoy sola es muy duro. Estoy asistida por una psicóloga del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) porque me di cuenta que no puedo sola. Ya pasaron dos meses y este suceso me cambió la vida. En el resto de la familia también están todos muy tristes. Gonzalo tenía cinco hermanos, dos por mi parte. Mi esposo Omar está internado en La Plata, está en rehabilitación hace un año por un ACV isquémico y todo esto es muy duro para él.
¿Y le quedan fuerzas para seguir atendiendo a la prensa?
Yo voy a seguir dando notas para que el tema siga presente y no quede en el olvido. Quiero que este hecho se recuerde para siempre. Tengo que tener la fuerza y la valentía para seguir hablando porque necesito justicia para que mi hijo descanse en paz. Esta madre no va a bajar los brazos, vos quedate tranquilo.
