Mar 4, 2020 | Comunidad, Novedades
A los chicos sin vacantes hay que sumarles otros 12 mil que asisten a Centros de Infancia y de Desarrollo Infantil.
El problema de la falta de vacantes en el sistema público educativo de la Ciudad de Buenos Aires presenta larga data y se profundizó en los últimos años, en paralelo a la crisis económica y a la decisión de muchas familias de llevar a sus hijos e hijas a escuelas públicas por no poder sostener los costos de una educación privada. Aunque la Ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ha declarado a lo largo de los años que “no hay faltante de vacantes en la Ciudad porque el Gobierno está obligado a brindar vacantes a partir de los 4 años”, la Constitución de la Ciudad lo desmiente. En su artículo 24 reconoce que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”.
Hoy 16.364 chicos, chicas y adolescentes están en lista de espera para obtener una vacante, según datos que relevó Tiempo Argentino. La gran mayoría corresponde al Nivel Inicial (12.370), luego al Nivel Primario (3.355) y, por último, al Nivel Secundario, con 639. A esta cifra se suma la cantidad de chicos y chicas que están en los Centros de Primera Infancia (CPI) y Centros de Desarrollo Infantil (CeDI), unos 12 mil. En suma, el número de chicos sin vacante en el sistema educativo público alcanza los 28.364.
Los CPI de la Ciudad de Buenos Aires dependen del área de Desarrollo Social y no tienen un abordaje educativo en el cuidado de los niños y las niñas. Según el informe “Derechos vacantes” del Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA), “estas instituciones están en un escenario de desigualdad de recursos con respecto a las escuelas públicas, denegando de esta manera el ejercicio efectivo de un derecho universal”.
“Tengo un amparo judicial contra la Ciudad por negar la educación pública para mi hija», dice la mamá de Jazmín.
Patricia Pines, docente y voluntaria en Vacantes Para Todxs, una organización que ayuda dando herramientas y acompañamiento a familias perjudicadas por la falta de lugar en las escuelas dijo a ANCCOM que “los Centros de Primera Infancia surgieron en la provincia de Buenos Aires para suplir la ausencia estatal”. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires estas instituciones proliferaron en los últimos años. “Pasaron de ser alrededor de 20 en el primer gobierno de Mauricio Macri a más de 150 en el segundo gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Con lo cual no es que el Estado está ausente, el Estado tiene una política pública que es de precarización, de vaciamiento y de privatización de la primera infancia en las escuelas públicas y la derivación de esa matrícula a escuelas privadas”, sentenció Pines.
La zona sur de la Ciudad de Buenos Aires históricamente es la más afectada. El informe de OUBA informa que “el mapa de la distribución de los CPI marca la abrumadora presencia de estas instancias paliativas en la zona sur, donde se encuentra la mayor cantidad de familias que están atravesando una fuerte crisis económica. Esta imposibilidad de acceso del sistema educativo formal profundiza aún más su situación de exclusión social”. Sin embargo, Pines aclara que este año recibió quejas de muchos otros lugares de la ciudad. “Eso antes era algo casi exclusivo de zona sur, no pasaba en otros barrios. Pero ahora esta problemática se extendió”, dijo.
Otros problemas se suman al de la falta de vacantes. “Paralelamente no se construyen escuelas infantiles, se intenta el cierre de los institutos de formación docente y se cierran escuelas infantiles como la del Hospital Ramos Mejía. Es un combo que en realidad apunta a tercerizar la escuela pública”, afirmó Pines a este medio. Desde 2018, el Gobierno de la Ciudad buscó trasladar la Escuela Infantil Nº 6 del Hospital Ramos Mejía al establecimiento de la Manzana 66, creado para que funcione un nuevo jardín gracias a la lucha de los vecinos y las vecinas. De esta manera, las nuevas vacantes que se pensaban abrir quedaban en gran parte ocupadas por los chicos y chicas que iban a ser trasladados: se abría una escuela para cerrar otra y el problema de las vacantes queda sin solución aparente. Ayer, a partir del incansable esfuerzo de madres y padres y el amparo colectivo que presentaron contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Judicial dictaminó finalmente la nulidad absoluta del cierre, fusión y/o traslado de la escuela.
“Si se van a construir nuevas escuelas que no sean nuevos edificios para escuelas existentes sino para nuevas escuelas donde se construya y se habilite más matrícula”, dijo en diálogo con ANCCOM Micaela López Rodríguez, una de las fundadora de La Vacante es un Derecho, otra organización que acompaña y asesora a familias víctimas que no pueden inscribir a sus hijos en los establecimientos estatales. Además, sostiene que es necesario “hacer un seguimiento sobre lo que pasa con aquellos edificios donde funcionaban escuelas que se mudan a establecimientos nuevos, que deliberadamente el Gobierno de la Ciudad deja caer en pésimas condiciones para después derribar las construcciones y rematarlas a amigos del poder de turno”.
Los Centros de Primera Infancia pasaron de ser 20 en el primer gobierno de Mauricio Macri a más de 150 en el segundo gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Dentro del problema de la falta de vacante surge uno particular vinculado a la cuestión de género. Según Mónica Tarducci, directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, “en su enorme mayoría son las mujeres las que están a cargo (del cuidado de la infancia)”, y son ellas quienes se ocupan de lo relativo a los traslados y del “acompañamiento en los pedidos de las escuelas o la comunicación con las y los docentes”. Micaela López Rodríguez señala que “el problema de la falta de vacante lo terminamos resolviendo en la mayor parte de los casos las feminidades: el problema afecta directamente en el trabajo o las ocupaciones de la mujer”. A su vez agrega: “Poder conseguir vacantes a nuestros hijos no es solamente algo que viene a hacer respetar los derechos de los niños, sino también a dignificar las tareas de cuidado y a entender que todas las personas que ejercen estas tareas tienen la misma necesidad de trabajar, de desarrollarse profesionalmente o de descansar y tener tiempo de ocio”.
Este es el caso de Jazmín, madre que se encuentra en la lista de espera para conseguir vacante para su hija de un año en el jardín maternal del Hospital Tornú: “En este momento me encuentro con un amparo judicial contra el Gobierno de la Ciudad porque niega la educación pública para mi hija y me obliga a tener que caer en la educación privada, lamentablemente”. Un proceso similar vive Carolina, madre de una hija de dos años y medio, que quiso buscar este año vacante para ella pero por segundo año consecutivo le fue negada. Su situación, como la de muchas madres y familias es complicada. “Actualmente soy madre soltera, y desempleada –cuenta-, lo que me dificulta horrores conseguir un trabajo. No tengo familiares disponibles que la puedan cuidar, todos trabajan, y pagar una niñera o un jardín privado menos, porque no cuento con los recursos económicos para hacerlo y poder salir a conseguir trabajo”.
La solución, sostiene Micaela López Rodríguez, no tiene que ver únicamente con construir nuevas escuelas. “También es necesario frenar la política de construcción de Centros de Primera Infancia en detrimento de la de escuelas públicas, no construir edificios para escuelas existentes sino para nuevas escuelas que habiliten más matrícula y poner el ojo sobre el presupuesto educativo y la cantidad enorme de partida presupuestaria que sustenta a la educación de gestión privada a través de subsidios”, dijo a este medio.
Nov 20, 2019 | Comunidad, Novedades
“De piba no tenía noción de lo que era estudiar después de la escuela secundaira, porque no tenía nadie en mi familia ni en mi sector cercano que lo hubiera hecho», dice Fabiana Servín.
Este viernes se cumplen 70 años de aquel 22 de noviembre de 1949 en el que el presidente Juan Domingo Perón firmó el Decreto N° 29337 de Supresión de Aranceles Universitarios, a partir del cual las universidades nacionales pasaron a ser gratuitas. Esta decisión política permitió el acceso popular y masivo a la educación superior, constituyéndolo así en un derecho universal y dejando de ser el privilegio de unos pocos. En conmemoración a este decreto, en el año 2007 se instituyó que hoy sea el “Día Nacional de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria”.
El decreto de 1949 abrió las puertas de la universidad pública a un sector de la sociedad históricamente marginado y aislado, provocó así un acceso masivo e irrestricto y un indudable ascenso social. Muchos estudiantes y graduados afirman que el paso por la universidad impacta en su forma de pensar y de ver el mundo, transforma sus vidas.
Así le sucedió a Fabiana Servín, reciente Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Moreno (UNM). Una joven de 30 años de nacionalidad paraguaya, quien llegó a la Argentina a los cuatro años con su familia en busca de mejores oportunidades para vivir dignamente. “De piba no tenía noción de lo que era estudiar después de la escuela secundaria, porque no tenía nadie en mi familia ni en mi sector cercano que estudie, de hecho mi papá y mi mamá no pudieron terminar la primaria siquiera”, relata Fabiana. Su primer contacto con la universidad fue de grande, viendo a su hermana mayor esmerarse en su formación superior y quien siempre le insistió para que estudie.
“Cuando se abrió la UNM, no dudé en anotarme. Fue una decisión muy importante, implicaba un gran esfuerzo no solo para mi sino para toda mi familia porque ya tenía a mi nena de un año”, continúa la licenciada Servín. “Para mí estudiar significó un logro colectivo, que hoy haya podido recibirme también es gracias a toda la gente que me apoyó y las decisiones políticas que me permitieron estudiar, y esta es una lectura que pude hacer transitando la universidad”, concluye.
“Estudiar significó para mi abrir la cabeza, me dio otras oportunidades y otras opciones”, subraya Javier Iturralde.
Los logros conquistados por el movimiento juvenil-obrero que impulsó la Reforma Universitaria del año 1918 fueron significativos en la historia del sistema universitario argentino, tal como el co-gobierno y la perspectiva latinoamericana. Aún con la relevancia de esta lucha, había un obstáculo para que las clases populares pudieran acceder a la educación superior: el arancel universitario. Ese camino de democratización se completó cuando las universidades pasaron a ser gratuitas con el decreto de 1949.
Javier Iturralde es uno de los primeros egresados de Universidad Nacional de Tierra Del Fuego (UNTDF); vivió dos años en Buenos Aires pero pasó varias complicaciones y volvió a su provincia natal. Para ese momento comenzó a funcionar la UNTDF, donde estudió Ingeniería Industrial y recientemente recibió su diploma. “La UNTDF está muy ligada al territorio, hay varias prácticas, es uno de los lineamientos que tiene la universidad. También está muy ligada al medioambiente, mi proyecto final fue sobre reciclado de vidrios en la provincia, y en la misma línea hay un montón de proyectos”, expresa Iturralde. Hoy trabaja en una empresa electrónica de consumo donde realizó sus prácticas preprofesionales. El ingeniero enfatiza que “estudiar significó para mi abrir la cabeza, me dio otras oportunidades y otras opciones”.
El decreto que cambió radicalmente el camino del sistema universitario argentino establecía que “como medida de buen Gobierno, el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legítima vocación”. En el mismo sentido, explicaba que “una forma racional de propender al alcance de los fines expresados es el establecimiento de la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país”.
“Cuando dicen que el país lo sacamos adelante trabajando, yo disiento mucho con eso: al país lo sacamos adelante estudiando, es la clave», sostiene Karina Hador.
Los hijos de trabajadores y obreros pudieron elegir por primera vez la posibilidad de cursar estudios universitarios. Como lo hizo en la actualidad Karina Hador, enfermera universitaria profesional de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR). “Desde hace muchos años trabajo como enfermera. El estudio impactó en mi manera de trabajar porque empecé a tener una herramienta muy importante que era el conocimiento profesional. No solo las técnicas y los procedimientos sino también de las leyes que hablan no solo de vos, también del paciente, como lo tenés que tratar, cosas que antes no sabía”, cuenta Karina. Tiene 45 años, tres hijos varones y en 2016 comenzó la Carrera. “Cuando escucho que dicen que el país lo sacamos adelante trabajando yo disiento mucho con eso, yo digo ¡no!, al país lo sacamos adelante estudiando, es la clave. El estudio, la información, la formación de la persona, así tiene herramientas básicas para salir y ayudar a la sociedad.”
Hador sigue trabajando como enfermera y cursando la Licenciatura. Recalca que “estudiar fue todo para mí y voy a seguir, porque me gusta, es lo quiero hacer, es algo que me contagiaron en la UNAHUR. Hay gente que tengo como referente, como profesores que son ejemplos para mí. Yo los escucho y digo: ‘Sí, está bien, no me equivoqué, es lo que yo quiero, este es el camino correcto’”.
En las universidad nacionales los “nadies” que describió Eduardo Galeano no son un número, tienen nombre y apellido: como Gonzalo Garrido Oromí, un joven de 25 años reciente graduado en Administración en la Universidad Nacional del Oeste (UNO). Gonzalo conoció la institución gracias a un profesor de la escuela secundaria que les acercó folletos que anunciaban su inauguración y se entusiasmó enseguida. “Estudiar fue una de las cosas más importantes que pude hacer. Te hace ver cosas que quizás nunca ibas a ver, o al menos no de esa forma. Te hace entender, y también te motiva a aportar lo que uno tenga desde su lugar para poder ayudar a mejorar distintas situaciones” , expresa el flamante licenciado Garrido Oromí.
«Fue fundamental la cercanía y también las políticas de becas, que me permitieron comprar los apuntes, pagarme el tren, el colectivo y comer algo en la universidad para poder seguir cursando», reconoce Gonzalo Garrido Oromí.
Otro hito que continuó con la democratización del derecho a la educación superior fue el incremento del presupuesto universitario que posibilitó la creación de quince universidades en todo el territorio nacional, instaladas en aquellos sectores donde la distancia y el viaje eran un impedimento para estudiar.
Como la mayoría de estudiantes de las universidades del bicentenario -aquellas creadas durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner- Gonzalo es el primero en su familia en acceder a un estudio universitario. Dice: “Sin la UNO no hubiese podido estudiar, por la distancia, por los costos. Fue fundamental la cercanía y también las políticas de becas que me permitieron comprar los apuntes, pagarme el tren, el colectivo y comer algo en la universidad para poder seguir cursando. Me saco el sombrero con respecto a los compañeros y a los docentes. Hay un acompañamiento enorme y la reman día a día para que la universidad siga creciendo. No hay más que palabras de agradecimiento.” Hoy preside el centro de egresados y cuenta que el mayor logro fue la primera bolsa de trabajo de la institución, a través de la cual más de quince compañeros consiguieron empleo en este momento tan complicado en el país.
La educación superior es una herramienta de transformación para la emancipación del pueblo y es una llave para el ascenso social. Es, sobre todo, un bien social y un derecho universal con múltiples beneficios para toda la sociedad, ya que desde las universidades se aporta a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico del país.
Sin dudas aquel decreto de 1949 fue una decisión trascendente que dotó de sentido a la educación superior: pública, popular, masiva, democrática, donde el conocimiento está al alcance de una mayoría. La norma convirtió a nuestra universidad en un referente tanto en el país como en la región y el en el mundo. Hoy, a 70 años, el desafío es generar y profundizar las condiciones políticas y económicas hasta que todos y todas puedan traspasar las puertas de la universidad pública.
Oct 23, 2019 | Comunidad, Novedades
Veinte salones de la escuela permanecen cerrados.
Pese a la fría lluvia del 17 de octubre, madres, padres, docentes e integrantes del Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Enseñanza Artística en Artes Visuales (ESEAAV) “Rogelio Yrurtia” se reunieron en la puerta del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para acompañar a las familias de los chicos y chicas que aprobaron el examen de ingreso pero aún así no consiguieron vacante para el ciclo lectivo 2020. Asimismo, presentaron un reclamo formal a la titular de la cartera, Soledad Acuña, en relación a las principales complicaciones que sufrió el colegio en el último tiempo.
El 2019 no comenzó bien. Las clases continuaban en el antiguo edificio de avenida Alberdi y Homero, en Parque Avellaneda, demasiado pequeño y no apto para albergar la cursada. Recién en mayo se concretó la ansiada mudanza a la nueva sede de Alberdi 4139, a unas cuadras de la anterior. Hace años que venían peleando para conseguir un espacio que se adecuara a sus necesidades y, a primera vista, parecía un objetivo cumplido. Pero, al ingresar, se encontraron con que había 20 salones, entre aulas y secretarías, cerrados con una faja donde se leía: “Espacio reservado para el Ministerio de Educación”. A fin de octubre, la situación no cambió.
Aquí aparece la cuestión del Polo de las Artes. A fines del 2018 se oficializó este proyecto que implicaba trasladar la Escuela de Cerámica N° 1, ubicada en Almagro, al edificio destinado al Yrurtia, y que ambas instituciones lo compartieran. La profesora de pintura del Yrurtia y delegada de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Mariana Fernández Bonet, explica que el inmueble en cuestión está compuesto por dos alas: la que queda sobre la avenida Alberdi, destinada a materias teóricas; y la de la calle Cajaravilla, compuesta de talleres artísticos. “No es que cada escuela usaría un ala, las dos necesitan de ambos espacios áulicos. No puede funcionar ni absolutamente de materias teóricas ni absolutamente de talleres, esta es la especificidad de las escuelas artísticas”, subraya Fernández Bonet. En concreto, cada establecimiento tiene necesidades distintas y el nuevo edificio no está preparado para satisfacer las del Cerámica 1.
Unos 120 jóvenes que aprobaron el ingreso al Yrurtia se quedaron sin vacante.
Para establecer el publicitado Polo de las Artes en el barrio Vélez Sársfield –que según denuncia la comunidad educativa se trata de un negocio inmobiliario más del Ejecutivo porteño– la intención oficial es ahora trasladar sólo parte del Cerámica 1 y que los talleres continúen en el edificio originario, pero esto obligaría a estudiantes y docentes a recorrer siete kilómetros de una sede a otra. Absurdo.
La titular del juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Elena Liberatori, hizo lugar en julio al planteo efectuado por la comunidad del Yrurtia a través de la Asesoría Tutelar y ordenó al Gobierno de la Ciudad que habilite en forma inmediata e integral el edificio. Esto no ha sido cumplido y afecta directamente la capacidad de recibir a nuevas y nuevos estudiantes.
En la escuela Yrurtia funciona un secundario bachiller con orientación en Educación y un terciario con certificación de Realizador en Artes Visuales (RAV). Para el próximo ciclo lectivo sólo fueron otorgadas 130 plazas para el secundario y 40 para RAV. Estas cantidades, según Fernández Bonet, son las mismas que tenían en el antiguo edificio, mucho más reducido en comparación. Además, unos 120 jóvenes que aprobaron el ingreso se quedaron sin vacante. Esto se debe, por un lado, a la falta de espacio por la negativa del Gobierno de la Ciudad a habilitar las aulas y, por el otro, a que el Ministerio de Educación no ha cumplido con el pedido de crear cargos docentes para formar nuevos cursos y responder a la falta de vacantes.
A cinco meses de comenzadas las clases en la nueva sede, el certificado de fin de obra nunca fue firmado.
El otro problema es la condición en la que fue entregado el nuevo edificio. En el ala de talleres no hay gas. Esto representa una gran dificultad sobre todo en invierno, porque los talleres se encuentran en el subsuelo y no hay manera de calentar las aulas. Otro inconveniente es que en sendas alas se utiliza luz de obra que no es adecuada para dar clases y se corta con facilidad. Y a esto se suma que el sistema de desagües está mal construido, lo que impide su correcto mantenimiento y ocasiona que, cada vez que llueve con intensidad, se inundan varios sectores y se producen fallas eléctricas.
“A les alumnes nos tienen estudiando en situaciones precarias porque al Estado no le importa, porque somos un gasto más”, denunció Ara, integrante del Centro de Estudiantes en la radio abierta que se desarrolló en la puerta del Ministerio de Educación.
A cinco meses de comenzadas las clases en la nueva sede, el certificado de fin de obra nunca fue firmado y la comunidad educativa del Yrurtia coincide en que este esfuerzo del Gobierno porteño por presentar prematuramente una edificación con claras falencias estructurales, se relaciona con el año electoral y la necesidad de mostrar resultados de gestión durante la campaña.
La Escuela Rogelio Yrurtia figura dentro del plan de 54 nuevas escuelas del Gobierno de Larreta como una de las que ya han sido terminadas. Pero esto no es tan así. Mariano Fernández, miembro del Foro por la Educación Pública de la Comuna 10, ex alumno y padre de una estudiante de quinto año, opina: “A diferencia de lo que dicen, esta no es una escuela nueva, porque medio edificio está clausurado y las vacantes son las mismas que había antes: los pibes, las pibas, los docentes, conducción, administración y demás, el 98% son los mismos que habían antes. Entonces el Yrurtia no es una nueva escuela, es un nuevo edificio”. Un nuevo edificio sin gas, con una instalación eléctrica provisoria y con desagües que no funcionan.
Jul 12, 2019 | Comunidad, Novedades
El helado viento golpea con intensidad a un grupo de chicos que caminan apurados por la Avenida Paseo Colón y Cochabamba. A su lado, se erige la escuela Isauro Arancibia, con su nuevo y flamante edificio, que fue inaugurado a principio de año por el Gobierno de la Ciudad. Al ingresar llaman el ascensor y se distraen mirando las grietas de la pared. Alguien les avisa que no funciona, por lo que aceleran el paso por las escaleras hasta llegar a la sala de maestros. Se escuchan personas tosiendo y manos que se frotan para generar calor. Son los docentes que trabajan con sus pesados e incómodos abrigos a cuestas, porque no poseen calefacción. La intensa lluvia del sábado 15 de junio terminó inundando esta sala y la misma suerte corrieron el jardín, el comedor, la biblioteca, la sala de computación, el SUM y el resto de las aulas, muchas de las que ahora no tienen luz. Luego de numerosos reclamos en los medios de comunicación por parte de las autoridades del colegio, la Defensoría del Pueblo y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires emitieron pedidos de informes para que se detallen las condiciones del edificio.
Luis Pacheco, 24 años, hizo la primaria en el Isauro Arancibia, está finalizando la secundaria en una escuela de Barracas y quiere estudiar Profesorado en Historia. A pesar de que egresó hace 7 años del Isauro, continúa yendo porque está en situación de calle y allí, además de comer, participa en el Centro de Actividades Infantiles (CAI) para chicos de hasta 12 años. “Ese día llegamos y no pudimos hacer ninguna actividad del CAI en el SUM porque estaba todo inundado. Fue algo muy feo porque los chicos querían jugar a la pelota y tampoco podíamos ir al patio porque le falta un pedazo de techo. Estuvimos todo el día en el comedor, que era el único lugar en el que se podía estar. Llegamos el lunes temprano para desayunar y la escuela estaba cerrada porque todo el jardín estaba inundado. Fue un bajón: a esta escuela vienen chicos de la calle a estar secos, calentitos y sin humedad. En vez de secarnos la ropa tuvimos que agarrar un secador y empezar a ayudar a sacar el agua porque era caótico”, cuenta Luis.
Durante muchos años la comunidad del Isauro realizó movilizaciones para que la escuela no fuera demolida por el Gobierno de la Ciudad con el objetivo de construir el Metrobus. Finalmente se acordó que la obra se iba a realizar quitándole diez metros de frente al viejo edificio y construyendo uno nuevo a su lado, en donde había una fábrica. Sin embargo, el primer día que los maestros encendieron la calefacción, un caño del jardín explotó y cayeron chorros de agua caliente sobre las cunas. “Por suerte fue a las cuatro de la tarde y los niños no estaban, pero podría haber sido una tragedia absoluta”, manifiesta Susana Reyes, directora de la escuela. A estos problemas se le agregan que no hay acceso para las personas con discapacidad, tampoco teléfonos para la comunicación interna y externa ni canillas para la limpieza. La cocina, además, sólo posee cuatro hornallas y un termotanque demasiado chico. “Los chicos vienen a pedirnos agua caliente y no hay abasto”, denuncia Marcelo, personal de cocina.
La escuela Isauro Arancibia se inició como un centro educativo en 1998 con Susana Reyes y veinte alumnos. Hoy brinda educación primaria y secundaria para jóvenes y adultos con 130 trabajadores y 394 estudiantes. A pesar de esto, en los papeles continúa figurando sólo como un centro educativo, lo que significa un obstáculo a la hora de hacer reclamos. Además de brindar educación primaria y secundaria para jóvenes y adultos, la escuela posee diversos talleres de oficio, como el de periodismo con la revista La Realidad Sin Chamuyo; reparación de bicicletas y una panadería que no funciona, debido a que los hornos no cuentan con gas desde hace tres meses. “Tuvieron que cambiar los caños porque el caudal de gas que necesita la panadería y la calefacción tiene que ser más gruesa que la que ellos pusieron. Ellos tenían un plano y sabían que iba a haber una panadería, ¿Por qué pusieron un caño chiquito si sabían que tenían que poner uno más grande?”, se pregunta Cristina Aguilar, secretaria de la escuela desde hace tres años y estudiante de Trabajo Social en la ex Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Actualmente no está cursando y se está replanteando su carrera debido a la intervención que sufrió la universidad a mediados de 2017, por parte de los ministerios de Justicia y de Educación, que reformularon en el plan de estudios y se despidieron a la mayoría de los profesores.
Si bien se suele concebir al Isauro como una escuela destinada a personas en situación de calle, el formato es el que la hace inclusiva. Su enfoque educativo pone al sujeto pedagógico, y no a la normativa, como factor central. Sus docentes creen que este sistema debería implementarse en todas las escuelas. “Cualquier persona en cualquier situación tendría que poder ser recibido en cualquier escuela pública. Nosotros trabajamos con los pibes estigmatizados y que todo el mundo tilda de chorros. Son lo que no hay que ver, lo que quieren ocultar y silenciar. Acá tienen voz, se vizibilizan y aparte son seres adorables. Muchos de ellos han terminado el secundario y están pensando en ir a la universidad. Los pibes son un ejemplo de resistencia porque a pesar del desprecio, el maltrato y la violencia institucional siguen viniendo a la escuela”, finaliza Reyes.
Mar 13, 2019 | Comunidad, Novedades
ANCCOM recorrió escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires y obtuvo imágenes que muestran la delicada situación edilicia y de infraestructura de las escuelas. Un trabajo fotográfico que visibiliza el contexto crítico en el que se encuentra la educación pública, un derecho fundamental que debe ser defendido.
En 2018 se registraron 134 colegios en la Ciudad y 800 escuelas en la provincia de Buenos
Aires que presentan problemas edilicios con un presupuesto nacional educativo aprobado para este año que, en términos reales, es un 17 por ciento menor que el de 2016 y una reducción real del 71,7 por ciento para infraestructura y equipamiento escolar, un 25 por ciento para becas escolares y 23 por ciento para salarios docentes.
