Dic 5, 2017 | Comunidad, Novedades
El pasado 1º de diciembre se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra el SIDA y en Argentina, uno de los países más avanzados de Latinoamérica en cuanto al diagnóstico, análisis y tratamiento del virus del VIH, las cifras médicas indican que hay aproximadamente 120.000 personas que lo poseen, pero se calcula que un tercio de esa cantidad desconoce esa situación. ANCCOM dialogó con especialistas en la temática, a 35 años del primer caso detectado en el país y con un proyecto de ley congelado en el Congreso.
Lorena del Valle, miembro de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP) afirma que “El VIH no es una enfermedad. Tienen que pasar muchas cosas antes de que uno llegue a la etapa de SIDA, por desconocimiento o por propia voluntad de no llevar adelante el tratamiento”. Esta situación favorece el desarrollo de enfermedades “oportunistas” (infecciones o tumores) que aparecen aprovechando la caída de las defensas. Del Valle agrega: “Las enfermedades oportunistas siempre atacan de forma muy fuerte y muy violenta”. Según la edición 2016 del Boletín Epidemiológico de VIH-SIDA difundido por el Ministerio de Salud, 17 personas por día se infectan el virus y en el 90% de los casos, la vía de transmisión son las relaciones sexuales sin preservativo.
Dicho Ministerio, a través de la Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), promueve el acceso universal a la prueba de VIH en forma gratuita, voluntaria y confidencial. Se recomienda hacerse el test de VIH a las personas que tuvieron relaciones sexuales (orales, vaginales o anales) sin preservativo; a las que compartieron agujas, jeringas o máquinas de afeitar con otras personas o a aquellas que desean tener un hijo de manera de evitar posibles transmisiones del virus al bebé. Por otro lado, a partir de la Ley Nacional de SIDA, sancionada en 1990, se garantiza el acceso al diagnóstico y tratamiento gratuito de VIH y otras enfermedades asociadas. El Estado brinda, además, todos los estudios de seguimiento a quienes se atiendan en el sistema público de salud.
“Argentina tiene uno de los índices más altos de personas que acceden al tratamiento antirretroviral. Por la ley vigente, el tratamiento se entrega gratuitamente al 100% de los pacientes, ya sea a través del sistema público como los de las obras sociales y de las prepagas”, sostiene José María Di Bello, secretario de la Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo) y miembro del secretariado de RedAr (Red Argentina de Personas Viviendo con VIH-SIDA).
Desde el año 2007 y como medida de prevención, el Estado pone a disposición de la población puestos de distribución de preservativos, ubicados en espacios públicos de gran circulación. Soledad Sequeira, abogada y miembro del Área de Derechos humanos de la Dirección de SIDA, ETS y HEP virales resalta que “además hay que tener acciones de prevención precisas y estratégicas que lleguen a esos lugares donde son necesarias. La prevención tiene que llegar a todo tipo de lugar y de cultura. La información tiene que estar adecuada a cada autonomía y cada identidad”. Otra de las políticas públicas que se lleva a cabo es la se entrega de leche maternizada para bebés recién nacidos de mujeres con VIH en hospitales de todo el país.
Gracias a los tratamientos actuales, cada vez son más las personas que tienen VIH sin desarrollar SIDA. Más allá de las políticas de salud adoptadas por el Estado, las personas con VIH-SIDA sufren estigmatizaciones y discriminación. Lorena del Valle resalta que “existe algo que nosotros llamamos ‘la enfermedad social’ que tiene que ver con la segregación que sufrimos. Todavía se tiene un concepto muy antiguo de lo que es vivir con VIH. Se lo asocia con la muerte, con drogadicciones o con promiscuidad y hoy ya no es tan así”. Y agrega: “En caso de que lo fuera, nadie tiene autoridad como para cuestionar la manera de vivir del otro”.
José María Di Bello considera, justamente, que “el obstáculo más grande para frenar el VIH-SIDA sigue siendo el estigma y la discriminación. Es una realidad contundente en nuestro país como en otros. Sobre esto no había mucha materia de legislación y, a decir verdad, la ley de los años 90 es buena pero se encarga exclusivamente de los aspectos biomédicos”. Por eso, desde el año 2014, se viene gestando un proyecto de actualización de la normativa que contempla los determinantes sociales y cuestiones ligadas a los derechos humanos. En esa propuesta trabajan ONGs, la comunidad científica y la Dirección Nacional de SIDA.
En el proyecto se planea crear el Observatorio contra el Estigma y la Discriminación Asociados al VIH-SIDA y las Hepatitis Virales. La propuesta legislativa tiene artículos que sancionan específicamente situaciones del ámbito laboral, educacional y sanitario, como poder multar a aquellas empresas privadas u organismos públicos que pidan el test como condición para acceder a un trabajo. Además, el proyecto incluye a las infecciones de transmisión sexual (ITS) como la sífilis, gonorrea, clamidiasis, herpes, hepatitis B y C, VIH y VPH.
El proyecto de ley fue presentado en el Congreso en el año 2016. “El 13 de junio de 2017 se logró un dictamen favorable en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Desde esa fecha, debía pasar por la Comisión de Legislación General y la de Presupuesto y Hacienda, pero lo cierto es que no ha pasado nada” expresa José María Di Bello. Los días y meses pasaron acompañados de movilizaciones pero la propuesta no recibió el tratamiento necesario y con el cierre del año legislativo perdió estado parlamentario. Por lo que, como el Juego de la Oca, el tratamiento legislativo deberá volver a empezar.
Actualizado 05/12/2017
Sep 5, 2017 | Comunidad
Las deportistas paralímpicas Mariana Gallo y Ana Bernasconi fueron obligadas a bajar del avión que las llevaba a Río de Janeiro, el 18 de julio pasado, bajo el argumento de que no podían viajar sin un familiar que las acompañe. A pesar de que los pasajeros del mismo vuelo se ofrecieron a asistirlas como acompañantes, la negativa de la empresa fue tajante y las dos mujeres tuvieron que esperar hasta el día siguiente para concretar su vuelo. A partir de ese caso, la ONG Acceso Ya trabaja en un proyecto de ley que regule el transporte aéreo de personas con discapacidad motriz.
Tanto Mariana, que es remera, como Ana, nadadora, habían comprado el pasaje en abril y habían llenado un formulario donde informaban su dificultad y solicitaban asistencia para subir a la aeronave. El embarque transcurrió de manera normal en el aeropuerto de Ezeiza: “A la puerta te llevan en una silla que es muy angostita, que es la que pasa por el pasillo del avión, te suben con eso y vos te sentás en el asiento”, explicó Mariana. Sin embargo, una vez en sus lugares, el personal de la compañía les comunicó que debían descender del vehículo.
La principal razón a la que recurrían los empleados de Aerolíneas Argentinas era que las mujeres se encontraban solas, sin compañía de un familiar que pudiera asistirlas. “Muchos de los pasajeros que estaban cerca nuestro dijeron: ‘Nos hacemos cargo nosotros’”. No obstante, la decisión parecía ya estar tomada por la jefa de cabina, quien se acercó e insistió en que las muchachas se bajaran del avión. “Fue una conversación muy áspera, muy tensa”, recordó Mariana y agregó: “”No hubo lugar para la conversación y como consecuencia, tuvimos que bajarnos del avión”.
Mariana Gallo, remera paralímpica que fue bajada de un avión de Aerolíneas Argentinas por no poder viajar con un familiar a cargo.
El vuelo fue reprogramado para el día siguiente en Aeroparque pero no sin menos inconvenientes.”Necesitan un acompañante”, insistieron desde la empresa, a lo que las dos amigas respondieron: “Nos vamos de vacaciones, no tenemos a nadie que nos acompañe ni queremos ir con nadie”. Después de varias idas y vueltas, la compañía puso a disposición de las chicas un médico que constatase su adaptabilidad para viajar a través de una hoja de información médica. Esta última, conocida como MEDIF, es exigida a aquellas personas consideradas por la empresa como “casos médicos”, es decir, aquellos pasajeros que al momento de realizar el vuelo padecen o han padecido algunas enfermedades agudas, que han sufrido internaciones o han atravesado cirugías recientes, maniobras invasivas, que presentan descompensaciones o reagudizaciones de afecciones crónicas, según informa el sitio web de la compañía.
La abogada Mariela Tesler, miembro de Acceso Ya, ONG a la que recurrieron las damnificadas, explicó: “Si las personas con discapacidad son autónomas, entonces califican como “casos no médicos”, y tienen derecho a viajar por sí mismas sin necesidad de hacerlo con un acompañante”.
Ambas pasajeras ya iniciaron medidas legales contra la compañía a fin de defender sus derechos. La denuncia se realizó ante el INADI, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). También tramitan un reclamo judicial. Tesler planteó: “La decisión de la empresa de hacerlas descender del avión y no haberles permitido viajar por la sola condición de tener una discapacidad motriz, resulta a todas luces arbitraria y constituye un trato discriminatorio en los términos del art. 1º de la Ley 23.592 de Penalización de Actos Discriminatorios”.
Lo que puede resultar curioso es que tanto Ana como Mariana ya habían viajado por Aerolíneas Argentinas en otras oportunidades y nunca se les había exigido hacerlo en compañía. “Hice un vuelo a EEUU, que son varias horas, y la jefa de cabina me preguntó si podía movilizarme por mi cuenta y que en todo caso había una silla angosta para que lo pudiera hacer”, afirmó Mariana. El viaje de estas deportistas paralímpicas no finalizó sin menos contradicciones: “A la vuelta viajamos bien pero nos cambiaron de compañía sin avisarnos”, detalló.
Actualmente, el equipo de legales de Acceso Ya, junto al Área de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, trabaja en un proyecto de ley que regule el transporte aéreo de personas con discapacidad motriz. En una primera instancia será evaluado ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados: “La idea es presentarlo entre el mes de noviembre y diciembre, después de las elecciones”, aseguró Tesler. Entre otras cosas, la iniciativa se encargará de definir ciertos conceptos que hoy se presentan ambiguos, basándose en los tratados internacionales de derecho, y tendrá como propósito aclarar “cuáles son los casos en los que es necesario viajar con un acompañante y cuáles no”, se explayó la abogada.
Si bien el caso de Mariana Gallo y Ana Bernasconi fue un disparador de esta iniciativa, no es el único de negación al acceso de transporte aéreo en la Argentina. Acceso Ya nació en 2001 a raíz de que la aerolínea Southern Winds había impedido que pasajeros usuarios de silla de ruedas tomaran un vuelo por considerarlos incapacitados para viajar sin acompañante. Como no existe una ley que regule el transporte aéreo de personas con discapacidad, “las empresas se rigen discrecionalmente por normas internas como son los Manuales Comerciales de Pasajeros viajando con asistencia especial y protocolos internos de actuación para estos casos”, explicó Tesler. Por eso, además de exigir el correcto funcionamiento de estas regulaciones, Acceso Ya se encarga de la “defensa del derecho a la accesibilidad, investigando y denunciando barreras arquitectónicas, promoviendo la total integración de las personas con discapacidad motriz o movilidad reducida”. La presentación del proyecto de ley sobre el tema será un paso más en ese sentido.
Actualizado 5/9/2017
Jun 14, 2017 | Culturas
El mes pasado, durante un acto en el Centro Cultural Néstor Kirchner, el presidente Mauricio Macri lanzó, junto a Gabriela Michetti, el Plan Nacional de Discapacidad y dio a conocer sus principios rectores sin profundizar en el contenido concreto. Un mes después, distintas organizaciones del sector de discapacidad desconocen el alcance real del proyecto y mantienen distintas posturas, que van desde la expectativa hasta la incertidumbre. La desconfianza aumentó esta semana cuando salió a luz que, en lo que va del año, el Gobierno eliminó sin aviso pensiones no remunerativas para más de 80.000 personas discapacitadas. La mayoría de ellos se enteró cuando fue a retirar dinero al cajero automático.La cifra trepa a 170.000 damnificados si se considera a quienes perdieron el beneficio a lo largo de 2016. La oposición planea presentar un proyecto legislativo para frenar la medida y las organizaciones que nuclean a las personas con capacidades diferentes interpusieron un amparo ante el Poder Judicial. “Los Down pueden trabajar si lo desean”, argumentó para defender la medida oficial el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino
Los lineamientos generales que se expusieron y conforman el proyecto que presentó Macri hace un mes hacen hincapié en tres ejes principales: la inclusión, la heterogeneidad y el compromiso comunitario. En ese sentido, Carlos Ferreres, Secretario de Discapacidad de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA-Autónoma) señala: “Si se llevaran a cabo, realmente no harían más que cumplir con la legislación vigente, esto se viene planteando en organismos internacionales hace 20 o 30 años”.
“El Plan se lanzó pero es como si fuera un envase sin contenido aún”, analiza, por su parte, Carla Campos, coordinadora de Servicios Legales de la Asociación Argentina de Padres de Autistas –APAdeA. Ferreres opina al respecto: “Es el eterno anuncionismo, da que pensar que el Plan no es más que eso. Probablemente se hagan algunas cuestiones pero nada que sea lo suficientemente profundo como para impactar en la calidad de vida de las personas con discapacidad.”
“No vemos más que una intención pero en concreto no hubo nada”, reconoce también Alejandro Cytrybaum, miembro de la Comisión Directiva de Asociación Síndrome de Down de la República Argentina –ASDRA-. Desde esta institución le enviaron una carta a la vicepresidenta solicitando que se amplíen los contenidos y bases del Plan. “Queremos saber de qué se trata y quedamos a su disposición para colaborar con todo nuestro conocimiento y trayectoria”, comentó Cytrybaum.
Campos de APAdeA también da lugar a la expectativa: “Lo que esperamos es estar cerca para ver si se quiere trabajar seriamente y si es así, colaboraremos”. Por su parte, Mercedes Molinuevo, subdirectora médica de la Asociación Cívil ALPI que se dedica a la rehabilitación neuromotriz de pacientes, estuvo presente el día del lanzamiento y dio su percepción sobre el anuncio: “Tiene que ver con tratar de corregir algunos aspectos y poner el acento en otros como la inclusión y la accesibilidad. Después discriminar qué tipo de discapacidad posee una persona para ver qué le corresponde otorgar y qué no.”
Laura Lemura, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), aseguró que debieron hacer un pedido de acceso a la información pública ya que salvo por el discurso de los funcionarios de Cambiemos y por un comunicado que se difundió a través de la página de la Casa Rosada, no circuló más información al respecto. También el diputado nacional Alberto Ciampini (FPV), que preside la Comisión de Discapacidad en el Congreso, solicitó otro pedido de informe. En ese sentido, el legislador señaló: “Hemos tenido que realizarlo en razón que el Poder Ejecutivo no tuvo contacto alguno con las comisión que presido, ni publicó en el Boletín Oficial especificaciones sobre el plan”.
El objetivo principal del que se habla en el proyecto es que las personas con discapacidad logren un proyecto de vida independiente y que se garantice su derecho a la salud, educación, empleo y accesibilidad. Sin embargo, hoy en día, el monto de la pensión por discapacidad se encuentra estancado en $4.350. “Se habla de que las personas con discapacidad logren su independencia pero no se llega a subsistir con las pensiones que se otorgan”, alerta Lourdes Simán de la Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser donde se dictan talleres de audiolectura para personas con discapacidad.
Cuando Simán realizaba estas declaraciones aún no sabía que el gobierno decidió dar de baja las pensiones de los discapacitados cuyos conyuges o padres tuvieran, por ejemplo, trabajo. Según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sólo durante este último año se dieron de baja o se suspendieron 71.706 pensiones por invalidez. Ferreres, de CTA Autónoma enfatiza: “Lo que estamos viviendo en discapacidad en los últimos tiempos es que se están bajando pensiones y lo mismo pasa con la obra social de los pensionados no contributivos donde prácticamente no hay cobertura”.
ANCCOM también intentó dialogar con la Comisión Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad –CONADIS– pero al cierre de esta nota ningún funcionario de la misma había respondido.
“De concretarse el Plan, los criterios van a ser los mismos que tienen para otras cosas, que es el ajuste”, asegura Laura Lemura integrante de REDI. Simán concluye: “Creo que es una cruel maniobra porque cuando se trata de colectivos que están al límite de la autoestima, estas mentiras o ficciones hacen mucho daño”.
Actualizada 14/06/2017
Abr 18, 2017 | Comunidad
“Soy blanquito, gracias a Dios no tengo sangre mapuche ni tehuelche”. La definición es de Ricardo Parisi, concejal por Cambiemos en la ciudad de Esquel, quien insultó y discriminó a la presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, Graciela Avilés, y a manifestantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel (SOEME), a quienes les dijo “negros de mierda”. El martes a la mañana, en una entrevista con una radio local, el concejal ratificó sus dichos y aseguró que no se arrepiente de nada. “Qué sé yo si es discriminatorio: yo nací y me crié en este pueblo, me crié con la mayoría de la raza de ella”, dijo Parisi en referencia a Avilés.
El conflicto comenzó el miércoles pasado, mientras en el Concejo Deliberante local se trataba una ordenanza municipal con la que el SOEME no estaba de acuerdo. En diálogo con ANCCOM, el concejal por el Frente para la Victoria Oscar Cheuque, presente en ese momento en el recinto, explicó que esa ordenanza “pretendía dar un plus a un sector de los empleados municipales por fuera del ámbito paritario. La gente del sindicato consideró que esta actitud trataba de desprestigiar y desconocer al gremio, por eso se encontraban manifestando fuera del recinto”, agregó.
“Nosotros habíamos presentado una propuesta de modificación de la ordenanza –dijo en conversación con este medio Avilés, que también estaba en el recinto-. En un momento el concejal Parisi, que estaba sentado al lado mío en la última fila, se dio vuelta y a través del vidrio les gritó ‘negros de mierda’ a la gente que se estaba manifestando”. Cuenta Avilés que cuando le pidió silencio a Parisi, para poder escuchar a los demás concejales, éste reaccionó: “Se enojó y me dijo: ‘Cállese usted, que también es una negra. Yo soy blanquito, gracias a Dios no tengo sangre mapuche ni tehuelche’”.
En virtud de estos insultos, la presidenta del Consejo Municipal de la Mujer denunció al concejal de Cambiemos ante la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos Humanos de Chubut y el Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI), por «discriminación, racismo y xenofobia». Cuando ayer, en la entrevista radial citada, le preguntaron por la denuncia, dijo: “No he escuchado nada. Lo único, como te dije, que me sacó una foto con el celular, porque son tan pobres que tienen celulares de mucha plata». Cuando le preguntaron por qué había insultado a los manifestantes, Parisi expresó: «De afuera uno gritaba que (Jorge) Junyent -presidente del Concejo Deliberante- era un coimero, un chorro. Entonces yo golpeé el vidrio y le dije: ‘Mirá, pará, que vos sos un negro de mierda’. Me salió de adentro». Durante la misma entrevista el conductor del programa le preguntó si iba a disculparse: “Yo disculpas le pido a una persona que es educada», respondió
“Me pone muy triste lo que ocurrió, no puedo creer que todavía existan personas que tengan esta mentalidad –dijo a ANCCOM el concejal Cheuque-. Yo tengo sangre Mapuche y estoy orgulloso de la sangre que corre por mis venas, como así también lo deben estar seguramente otras personas, vecinos de Esquel, habitantes de nuestro país o Latinoamérica, de tener la sangre que tienen».
Los dichos polémicos de dirigentes de Cambiemos de Esquel no son novedad. El el último acto por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Jorge Junyent, el presidente del Concejo Deliberante de Esquel y del Bloque Cambiemos, durante su discurso expresó que «la madurez debería permitirnos rendir homenaje también a las víctimas del proceder de las organizaciones subversivas, que asolaron el país en aquellos años». En cuanto a este discurso, opinó Graciela Avilés: “Avala la Teoría de los Dos Demonios y en ningún momento se retractó, por lo tanto sabemos que es el pensamiento de ellos». Cheuque, por su parte, también se manifestó en contra de las declaraciones del presidente del Concejo: “En nombre del gobierno municipal, Junyent dio un discurso, el 24 de marzo pasado, en el que no reconoce que en el país hubo un terrorismo de Estado –dijo-. A eso se suman ahora los dichos racistas del concejal Parisi. El ejecutivo local, por otra parte, desconoce totalmente la representación de los trabajadores municipales. Lo único que generan es preocupación entre nosotros y división entre los ciudadanos”.
Actualizado 19/04/2017
Nov 29, 2016 | inicio
Cuando el agua cae con mayor intensidad sobre Plaza de Mayo, Tía Marilú le retruca a la tormenta con No me arrepiento de este amor. «¡Arriba las lesbianas, trans, gays, queers, intersexuales, todos, todas y todes!», arenga sobre el primer compás melódico en la previa de la XXV Marcha del Orgullo, desde el escenario que da la espalda a la Casa Rosada. Es sábado 26 y en el centro de la plaza, la figura de una trans crucificada evoca el corazón de la marcha de este año: «Basta de violencia institucional y asesinatos contra las personas trans. ¡Ley antidiscriminatoria ya!». En lo alto de la cruz, un cartel rememora los nombres de Nadia Echazú, Lohana Berkins, Diana Sacayán, Vanesa Ledesma y Rafaele Onorio. En lugar de espinas, la corona de la Jesús trans tiene flores blancas y rojas; el maquillaje desvanecido por la lluvia se le desliza por la cara y la remera empapada, pegada al cuerpo, reza el lema “NiUnaMenos”.
Mientras las carrozas esperan el inicio de la marcha estacionadas en el perímetro de la plaza, sobre el escenario Mariana Spagnuolo, de la Federación Argentina LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans), dispara las consignas: ley antidiscriminatoria ya; cupo laboral trans en todo el país; basta de violencia machista y patriarcal; ley por el derecho al aborto; separación de la Iglesia y del Estado; basta de subsidios a la Iglesia católica; basta de racismo, xenofobia y sexismo; por un ámbito deportivo sin discriminación ni violencia; legalización del autocultivo y consumo de marihuana; basta de persecución política a los luchadores y luchadoras y libertad a Milagro Sala. Los aplausos que se amontonan entre consigna y consigna toman especial vigor con el último reclamo.
«Si al patriarcado no lo para la lluvia, a nosotrxs tampoco»; «Nuestra lucha no obedece a la norma»; «Dejen circular libre al deseo»; «Macri queremos trabajar». El entramado de mensajes sobre carteles empañados, con las letras desteñidas por el agua, se condensan en la bandera que encabeza la marcha: “Amor Libre”. La columna avanza por Avenida de Mayo con paraguas multicolores después de pasar bajo un enorme arcoíris inflable que cruza de vereda a vereda. «Señor, Señora / no sea indiferente / se matan a travestis en la cara de la gente» es el canto que marca el ritmo del inicio de la marcha. Atrás, las carrozas llevan cada una su fiesta con flashes, luces de colores y música. Se baila bajo la lluvia, como en un videoclip de los ochenta, música electrónica, cumbia, glam rock, pop. Da igual. Reclamo y fiesta hoy son la misma cosa.
Los cuerpos desafían la calle. Disfrazados, maquillados, pintados y con brillos, semi desnudos, con o sin implantes, musculosos y tatuados, con piercings, besándose, todos mojados y bailando. En la trama cuadriculada y gris de la ciudad, los cuerpos son subversivos en sí mismos. Por la forma en la que avanzan no parece tanto una marcha, sino una expresión en movimiento, tan diversa como coherente. Los baños químicos de la plaza se dividen en dos con los usuales dibujos de hombre y mujer. Quedaron desbordados.
Unos metros detrás del frente de la columna, un colectivo se destaca por su rosa punzante. «Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA)», los presenta la bandera horizontal que sostienen entre varias. Detrás, su propia carroza contribuye a la fiesta con otro tema de Gilda: Corazón valiente. Nadir Fernanda Cardozo se presenta como Promotora de Salud y Derechos Humanos de la agrupación. Su remera fucsia recuerda con una foto a María Pía Burdacco. «Si bien la Ley de Identidad de Género vino a solucionarnos un problema, realmente solucionó solo el 30 por ciento de nuestra problemática. Seguimos exigiendo políticas de educación, salud, vivienda, trabajo, nos falta un montón», asegura Nadir en diálogo con ANCCOM. La activista trans abandona el clima festivo por un momento para la breve entrevista: «Para nosotras la palabra ´travesti´ significa hombre disfrazado de mujer. En los años ochenta y noventa usaron esa palabra de forma peyorativa para meternos presas, y hubo cientos de compañeras asesinadas. Nosotras no podemos empoderarnos con esa palabra sino con la palabra ´trans´. «Vemos que hay un recrudecimiento de la violencia hacia las trans, pero no solamente en Argentina, sino en toda América Latina», advierte con angustia. «Con este gobierno las cosas se han complicado, una cosa es tener gobiernos afines a las políticas populares. Con una gestión como la de Macri tenemos más limitaciones para que nos escuchen. Pero en la lucha se vuelve a tomar más fuerza», continúa, y agrega: «Más allá de nuestra organización, se hace difícil porque la diversidad sigue creciendo, es más amplia, y al haber habido un período de libertad fueron mayores las expresiones».
Fuertes ráfagas reemplazan a la lluvia cuando la marcha avanza cruzando la calle Suipacha. En cada esquina se suman agrupaciones de género y organizaciones políticas que relegan momentáneamente sus tonos usuales para adoptar los siete colores del arcoíris. «Se va a acabar / se va a acabar / esa costumbre de matar», cantan ahora. Con Its my life de Bon Jovi y una imagen de Carlos Jáuregui, la carroza de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) se encolumna detrás de la cabeza de la marcha. Entre los escoltas que bailan en la calle se encuentra una versión del Freddy Mercury del video Want to break free, con un top rosa y pollera de cuero. Lo acompañan un grupo de monjas trans y un diablo pintado de cuerpo entero, cuya pintura parece indeleble. Por el balcón de la caravana asoman los osos, con casco de obra, sacudiendo las panzas y atados con cinta de «peligro». Por momentos, las luces que disparan los flashes se confunden con los rayos de la tormenta.
Una vez que pasa la carroza de la CHA, otro canto se hace nítido: «Diversidad de los trabajadores / y al que no le gusta / se jode, se jode». Son un grupo de CTERA, todos de guardapolvo blanco, con la bandera de la integración y el retrato de Milagro Sala colgado del cuello. «Este año bajo la lluvia, marchamos con nuestros guardapolvos para decir que CTERA tiene la mirada puesta en la diversidad sexual, en la igualdad de derechos», los presenta Estefanía Aguirre, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la Confederación de Trabajadores de la Educación. «Nos encontramos en pie de lucha por Milagro. Se dan muchas situaciones con ella: es mujer, es originaria, tiene una gran capacidad de organizar al pueblo jujeño, y el patriarcado no se lo perdona. Todo lo que nosotros hablamos de género y de diversidad nos tiene que poner la mira en la libertad de Milagro Sala», denuncia mientras sostiene, firme, el cartel con la cara de de la dirigente de la Tupac Amaru detenida por razones políticas. Casi no termina de hablar cuando su compañera Silvana Franco, del Área de Diversidad de Conadu, la interrumpe: «Lamentamos tener que recordar una consigna muy vieja: una navidad sin presos políticos. Una consigna de los 60 que vuelve este año. Hay seis presos además de Milagro. De los cuatro que soltaron solo una es mujer, o sea que hay un ensañamiento particular por ser mujeres».
Cerca de las 19 la columna desemboca en la Plaza del Congreso. El cielo no se despejó, pero las nubes se mimetizan con la marcha al tornarse de un naranja liviano que de a poco va mutando a rosa, hasta caer atrás de la cúpula del Congreso en un violáceo brillante. Sobre alguna carroza suena How deep is your love; en la siguiente cantan a gritos A quién le importa. Antes del cierre, la secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad y de la Federación Argentina LGBT, María Rachid, dialoga con ANCCOM. «La marcha expresa claramente ‘Basta de violencia institucional y asesinatos de personas trans’, porque nos preocupa el recrudecimiento de la violencia institucional en este último año, y reclamamos por la Ley Antidiscriminatoria por la que trabajamos durante todo este año y el oficialismo viene prometiendo que la va a poner en temario en Diputados, pero hace varias semanas que no lo logramos. Esperamos que esta marcha sirva como mensaje para que la ponga en el temario y se apruebe la semana que viene, que es la última sesión ordinaria», comenta la ex legisladora porteña del Frente para la Victoria, apurada porque la llaman a subir al escenario. Levanta la mano a modo de pausa y continúa: «Las organizaciones sociales propusieron incluir el reclamo por la libertad de Milagro Sala y estuvimos todos y todas de acuerdo en la comisión organizadora. Nos parece que es un tema ineludible en cualquier movilización o manifestación de Derechos Humanos, no puede faltar el reclamo por su libertad que lo ha expresado hasta la ONU que siempre es bastante imparcial en todos los temas. La violación de Derechos Humanos de la detención de Milagro y mucha gente de la Tupac tiene mucho de misógino y machista. No toleran que sea mujer, kolla y luchadora».
«La igualdad por la que luchaban en el bar Stonewall de Nueva York, en el que se forjó aquella primera Marcha del Orgullo en el mundo. La igualdad por la que aquí lucharon compañeros y compañeras desde hace tantos años. La igualdad real por la que luchamos hoy, con muchas más herramientas, pero con el mismo dolor que nos genera la falta de justicia y acceso a todos los derechos para todas las personas LGBTIQ de nuestro país y del mundo».
El documento leído al cierre de la marcha deja claro -como si fuera necesario- que la Marcha del Orgullo es política desde que se gestó a fines de la década del 70. La particularidad de este año pasa por aglutinar la fuerza de las decenas de miles que se movilizaron hacia los reclamos más urgentes: «¡Basta de violencia institucional y asesinatos de personas trans!», se repitió, una vez más, con indignación, frente al Congreso. «No queremos ni una muerte más. La violencia institucional y social ha generado ya varios asesinatos a personas trans este año en nuestro país. El promedio de vida de travestis, transexuales y transgéneros en la región sigue siendo de unos cuarenta años. En sociedades democráticas, no podemos seguir tolerando estos datos que dan cuenta de una realidad tan injusta y violenta. ¡Esto se tiene que terminar! ¡Y se termina con políticas públicas concretas, acciones afirmativas para el colectivo trans y con la aprobación de la Ley Antidiscriminatoria ya!».
«Los derechos civiles e individuales pueden conquistarse solo en el marco de un país que respeta los derechos humanos», continúa el documento. «Ningún país avanza en el reconocimiento de derechos, si encarcela y hostiga a los y las que luchan. ¡Basta de persecución política a los luchadores y luchadoras! ¡Libertad a los 12 choferes en Salta detenidos por un conflicto gremial! ¡Libertad a Milagro Sala!».
Actualizado 29/11/2016
