Jun 13, 2018 | DDHH, Novedades, Te puede interesar
Veintidós años de prisión por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar. Esa fue la condena que recibió en mayo pasado el ex gendarme por su responsabilidad en aquellos como director de la cárcel de Coronda, en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, goza del beneficio de cumplir la condena en su vivienda, en la localidad bonaerense de Moreno, donde fue escrachado el sábado pasado.
Pablo Contreras, integrante de H.I.J.O.S Zona Oeste, declaró que “lo que hacemos en la marcha es visibilizar la cara y el nombre de Adolfo Kushidonchi para que los vecinos de Moreno sepan que vive un genocida entre ellos. Ya que la prisión domiciliaria es violada y no hay forma de controlarla”. Aparte de H.I.J.O.S de Zona Oeste, participaron del escrache integrantes de Moreno por la Memoria y otras agrupaciones y organizaciones de derechos humanos. La concentración comenzó en el centro morenense y luego los manifestantes pasaron frente a la catedral Nuestra Señora del Rosario y a la Municipalidad de Moreno y terminaron el recorrido en la vereda de la casa Kushidonchi, sobre la Avenida Bartolomé Mitre.
Micaela Corzo, militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) expresó: “Estamos comunicando que a un genocida le dieron 22 años de condena y demostramos que tanto para los represores de ayer y hoy el Estado sigue garantizando impunidad dándoles la oportunidad de estar en prisión domiciliaria”.
La concentración comenzó en el centro morenense y luego los manifestantes pasaron frente a la catedral Nuestra Señora del Rosario y a la Municipalidad de Moreno.
Kushidonchi fue localizado en Moreno en el año 2006, en la catedral local. El represor de Coronda realizaba diferentes tipos de actividades en la recepción y además era el encargado de abrir y cerrar las puertas del templo. En una de las reuniones sociales del lugar fue reconocido por un grupo de militantes, entre los cuales se encontraban Luis Brunatti y Alfredo Moffatt, quienes comunicaron el hallazgo al Director de Derechos Humanos del Municipio, Miguel Fernández.
La información de la aparición del ex integrante de Gendarmería en Moreno llegó en consecuencia a H.I.J.O.S de Santa Fe, en donde aquel había actuado al servicio de la última dictadura. Los miembros de esta agrupación realizaron las denuncias correspondientes con sus abogados, reiniciando el proceso judicial contra Kushidonchi que había comenzado en el año 1984 y había quedado estancado tras perderse su rastro. La lucha de H.I.J.O.S de Santa Fe y Zona Oeste prosiguió durante varios años: 60 personas relacionadas con las denuncias contra la represión ejercida por Kushidonchi testimoniaron, junto con alrededor de 20 familiares, en audiencias sucesivas desde diciembre del 2017, logrando la condena del represor en mayo pasado.
Kushidonchi goza del beneficio de cumplir la condena en su vivienda, en la localidad bonaerense de Moreno.
Sin embargo, a pesar de que fue acusado y condenado por tormento agravado a 36 personas y una muerte, durante su mandato en Coronda, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, por problemas de salud. Rosa, una de las participantes del escrache, explica: “Nosotros como militantes que somos tenemos una postura activa frente a la lucha y frente al escrache en particular. Como ciudadanos necesitamos que todos los genocidas estén en la cárcel, es por ello que al no ser así, estamos decididos a escrachar a Kushidonchi y a seguir la lucha hasta que se realice justicia. Queremos cárcel común para todos los genocidas y como en esta situación no se ha tenido el accionar correcto frente al represor, hoy hay escrache”.
Augusto Saro, uno de los ex presos del penal de Coronda bajo la gestión de Kusidonchi, recuerda: “El régimen consistió en el aislamiento externo e interno, ellos trataban de evitar que tuviéramos contacto con nuestros familiares e hijos, además no nos permitían tener ningún tipo de relación entre nosotros. Sacaban a compañeros solo para ser llevados a los juzgados o a las cárceles y para ser torturados. Establecían 23 horas de encierro con una hora de recreo que por cualquier acción que lleváramos a cabo nos era sacada, lo cual implicaba prácticamente 24 horas de encierro”. Y agrega: “La celda en la que estaba no tenía nada más que un plato y el jarro para comer. También existían celdas de castigo donde éramos aislados sin ningún motivo”.
Por su parte Francisco Ravas, secretario del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N°21 Doctor Ricardo Rojas, también participante en el escrache, expresa su postura: “Creemos que tenemos que mantener viva la lucha por la memoria, verdad y justicia, por los 30.000 compañeros desaparecidos. Por eso como estudiantes y futuros profesores queremos sostener estas banderas para construir un país mejor”.
Ene 2, 2018 | DDHH, Novedades
“No hubo dos demonios, sino uno solo y hubo terrorismo de Estado con un plan sistemático de exterminio unido a uno económico”, reflexiona el sacerdote Domingo Bresci, ex Secretario histórico del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y ex asesor de la Secretaría de Culto durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El proyecto de reconciliación impulsado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) -dice- tiene que ver con una postura clara sobre lo que ha ocurrido durante la última dictadura cívico militar en ese sector de la Iglesia. “No se trata de que no supieran, sino que estaban política e ideológicamente convencidos de que eso que hacían estaba bien, era la manera de frenar la subversión”, asegura. Pero advierte que la memoria no sirve sólo para no repetir, sino para conocernos y entender qué pasó: “No solo la Iglesia estuvo de acuerdo con lo que se hizo, sino también los medios de comunicación, periodistas, empresarios y civiles”, reflexiona.
¿Cómo lee usted el proyecto de reconciliación de la CEA?
Lo que plantea el Episcopado no es algo que ocurre ahora, a raíz del fallo (de la Corte a favor del 2×1), sino que los miembros tienen un lineamiento acerca de la reconciliación que se confunde mucho con la impunidad. Si bien salieron a decir que no hay que entenderlo de esa manera, a través de las actitudes y de los gestos que tuvieron, la charla se presta para eso. No es que ellos no sepan cómo explicarlo, sino que tienen una postura clara. Están a favor de que se alivien, de la mayor manera posible, las penas a los que participaron del terrorismo de Estado. Esa es una intencionalidad que se les nota. Los militares que participaron del terrorismo de Estado lo hicieron convencidos de que eso era lo mejor para salvar a la patria y contaron con el apoyo de grandes sectores de la Iglesia. Entonces en nombre de Dios había que aniquilar a la subversión de cualquier manera, incluso muchos obispos avalaron eso.
¿Cómo es la lucha al interior de la CEA?
No sé si llamarla lucha, pero si hay una discrepancia dentro del Episcopado. Por ejemplo, tenemos a Santiago Olivera -obispo castrense- y a Víctor Fernández -obispo y rector de la UCA- en la misma línea planteando que el fallo de la Corte Suprema fue inoportuno e inconveniente y que tanto la ley como la pena deben ser cumplidas. Mientras que en el otro extremo tenemos a Héctor Aguer -titular del Arzobispado de La Plata- que sostuvo públicamente su acuerdo con el 2 x1 y dijo que los miembros de la Corte actuaron según el derecho. Hay una problemática interna que saltó, siempre estuvo pero nadie decía nada hasta ahora que todos salieron a opinar. Era una barbaridad lo que estaban haciendo algunos miembros de la CEA, parecía que estaban respaldando el 2×1. Y después dicen no, eso no lo quisimos hacer.
El obispo Santiago Olivera dijo en declaraciones a la prensa que la reconciliación no implicaba el olvido, sino que supone verdad, justicia, reconocimiento de los actos graves y la reparación. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Lo que dijo el obispo Olivera se acerca mucho a lo que planteo, no es una cuestión individual. Es una expresión de sacerdotes y laicos que hace tiempo estamos detrás de este tema, desde que hubo terrorismo de Estado siempre estuvimos defendiendo a las víctimas y proponiendo que los victimarios tenían que reconocer lo que habían hecho, declarar y pedir perdón. Esas son las características de una auténtica reconciliación, pero ellos nunca lo hicieron. Los militares no han reconocido nada, entonces que ahora vengan a presionar porque tienen un gobierno afín para que les reduzcan las penas me parece una gran injusticia.
¿Por qué en la carta que escribió y circuló hasta llegar a los medios describió a la Iglesia Argentina como un problema más que como una solución a la violación de los derechos humanos?
La iglesia como institución no. La Iglesia no son los obispos y la jerarquía, sino que somos todos los bautizados. El Episcopado no representa al conjunto de la Iglesia, tiene una opinión que pesa e importa, pero esto no quiere decir que todos tienen que estar de acuerdo con lo que propone. En Argentina, la Iglesia se presenta como que no tiene nada que ver con lo que pasa en la sociedad. Es buena gente que mira hacia todos lados y va por ahí tratando de arreglar las cosas que no funcionan. Es una estructura muy paternalista esa, creerse que está por encima de todos, y que puede decidir lo que hay que hacer. Mientras que, en realidad, es parte del problema, porque ellos intervinieron en la dictadura, participaron y fueron cómplices. Primero tienen que arreglar su situación, ellos son parte del problema de por qué no hay memoria, verdad y justicia hasta hoy. Ellos presionan para que se les disminuya la pena a los militares o bien el gobierno los consulta y ellos dicen: “Sí, es verdad, están viejitos, corresponde”. Pero nunca dijeron nada de los que torturaron y desaparecieron. Nunca sacaron la cara para decirle a los militares pónganlos presos y que cumplan sus condenas en las condiciones que correspondan. Ellos son co-responsables de lo que sucedió, no están al margen.
En el sitio Abuelas de Plaza de Mayo se publicó un comunicado que definió como restringido al protocolo para el acceso a los archivos relacionados con la dictadura presentado por la CEA. ¿Cuál es su postura?
Estoy totalmente en desacuerdo con el protocolo, porque después de tanto tiempo lo que corresponde es que se abran todos los archivos que se puedan. No sólo de los que se habla ahí, hay muchos otros archivos que no se mencionan, provenientes de distintos organismos de la Iglesia que ayudarían a entender y comprender lo que pasó y cómo pasó. Creo que la palabra que usaron las Madres está bien, puesto que es muy restringido el acceso. Estos papeles no van a decir prácticamente nada nuevo, porque en general son cartas y reclamos que mandaron los organismos al Vaticano. Eso ya lo saben los organismos. Lo que se trata de saber es lo que no se sabe. Hay mucha gente que intervino y eso no está en el Vaticano sino en otros lados: diócesis o nunciaturas. Hay muchas otras denuncias y documentos que quedan fuera del protocolo y que aclararían lo que pasó en tal cárcel, en tal centro clandestino y con esto que propone la CEA no se llega. Entonces están restringiendo y ocultando archivos. En eso estoy de acuerdo con las Abuelas de Plaza de Mayo.
“No hubo dos demonios, sino uno solo y hubo terrorismo de Estado con un plan sistemático de exterminio unido a uno económico”, reflexiona el sacerdote Domingo Bresci.
¿Qué postura cree que tiene el gobierno con respecto a los derechos humanos?
La posición es la de (Mauricio) Macri, que cuando todavía era candidato a la presidencia de la Nación, aseguró que de acceder al Gobierno con él se acabaría “el curro de los derechos humanos”, ahí está todo dicho. El gobierno quiere desmerecer, despreciar y banalizar todo lo que pasó y la lucha por la verdad, la memoria y la justicia. Quiere anular todo y de la mejor manera posible. Y estos tres de la Corte Suprema reforzaron esa posición aunque posteriormente se dio un debate en el Congreso y el PRO votó por la limitación al máximo del 2×1. Después del repudio de la sociedad y de que todos fuimos a Plaza de Mayo. La postura oficial frente a los derechos humanos es que es una mentira exagerada que no da cuenta de lo que pasó.
¿Cree que el Papa podría intervenir más en el asunto?
No creo que pueda hacer algo y tampoco creo que corresponda. Después de 40 años el Papa recibió a Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini y les prometió lo de los archivos. En medio de esta polémica hubo un intercambio de cartas entre el Papa y Hebe. Si bien, no dice intervengo, pero deja ver su opinión de esa manera. Siempre le dice a Hebe «a una madre que le mataron dos hijos no se les puede reclamar nada». Bueno ahí le está diciendo que él no le puede exigir a Hebe perdoná a los que mataron a tus hijos. Al enviar esas cartas no está diciendo que comparte todo lo que hicieron los hijos, ni todo lo que hizo ella. Sí comparte su preocupación, su dolor y su lucha. Para estos tiempos creo que es bastante y no hace falta que haga nada más. Estos del Episcopado son tan buenitos con los militares, pero nunca recibieron a las Madres que fueron a pedir y a rogar por sus hijos. Eso desde el punto de vista cristiano es muy embromado, porque significa no tener compasión ni misericordia. Los obispos no la tuvieron, no era darles la razón solo escucharlas. Recibir o no a alguien, contestar o no cartas o comunicados, son gestos. Así es como se manejan en El Vaticano; no sólo con Argentina, sino con todos los países. En ese sentido creo que ha tenido gestos positivos con los organismos y eso deja trascender que la Iglesia Argentina tiene que cambiar su actitud. El Papa tampoco le puede decir al Episcopado qué hacer o qué pensar, porque cada Episcopado tiene autonomía. No obstante, sí tiene cierta influencia, porque los que están en nuestro país lo consultan, pero no puede dar la voz oficial. Los que tienen que enfrentar la situación son los obispos que participaron del terrorismo de Estado, no el Papa.
La Nación publicó un editorial en el que denuncia una supuesta “asimetría entre el ´ni olvido ni perdón´ a quienes cometieron delitos con la fuerza del Estado y el olvido y el perdón de los guerrilleros que hoy no gozan del ´2×1´, sino de una infinita impunidad”. ¿Qué puede decir al respecto?
No es así como lo cuenta La Nación. Metieron preso a muchos y a los que no metieron preso fue porque los mataron y desaparecieron. ¿Qué más quieren que le hagan? Hay presos 800 y los que murieron, según ellos son 7.000. Aunque no crean en los 30.000, igualmente son un montón. Los que murieron no tuvieron un juicio, no se pudieron defender y tampoco los pusieron en cárceles. A estos -los genocidas- les respetaron todas las leyes que hay frente a un acusado. Así que han sido los privilegiados. En La Nación siempre vinieron sosteniendo lo mismo, es demasiado lo que hicieron con los militares y poco lo que hicieron con los subversivos.
¿Qué pueden hacer los movimientos como el de los Curas de Opción Por los Pobres (OPP) frente a los obispos que aún siguen promoviendo la Teoría de los Dos Demonios?
Pueden hacer lo que venimos haciendo hace un montón, decir lo contrario. Ahora yo escribí una carta interna, no la mandé a publicar. La hice sintetizando muchas cosas y se la envié a mis amigos y a los curas OPP. Un periodista de Página 12 se enteró y me llamó para preguntarme si podía publicarla, le contesté que sí. Los obispos ya la conocen mi opinión, ni me llamaron la atención. Con los curas pasa lo mismo,con movimientos ecuménicos y muchos organismos laicos que sacaron declaraciones. Todos venimos sosteniendo lo mismo hace 40 años, no hubo dos demonios, sino uno solo y hubo terrorismo de Estado con un plan sistemático de exterminio unido a uno económico. Nadie nos va a contradecir, porque saben que la nuestra es una postura coherente y seria. No buscamos convencer a nadie, puesto que es muy difícil. Se tienen que convencer ellos mismos ante la realidad. Si no quieren ver la cantidad de gente que fue a las distintas plazas de argentina a reclamar es imposible cualquier intento. El retroceso del 2×1 fue una batalla que perdieron frente a la movilización.
¿Cree que es posible el perdón a los genocidas?
Cuando hay una pelea entre dos personas se pide perdón a nivel personal. Como lo que sucedió, en este caso, afectó a toda la sociedad no basta el perdón de uno. No sirve que los que fueron a la reunión del Episcopado digan yo los perdoné. El conjunto de las víctimas no tiene ninguna obligación de perdonarlos. Desde el punto de vista cristiano tienen la obligación de no tener rencor, ni odio, ni sentimientos de venganza. Los militares hicieron algo que ofendió a las familias y a la gente que ellos secuestraron y desaparecieron. El perdón es un gesto personal, por eso nadie te puede obligar a que perdones a esa persona que te hizo daño.
¿Qué aspectos positivos puede destacar del debate que se abrió a raíz del pedido de reconciliación?
Hay que reconocer más que lo que dijeron algunos obispos, los logros de la sociedad y la organización que está teniendo para defender sus derechos. Dentro de la Iglesia ha habido cambios importantes. Actualmente hay distintas posiciones, antes había una sola postura y si no acatabas lo que decían los obispos estabas fuera de la Iglesia. Eso es un avance enorme para la institución y para los cristianos en general. El peso que tenía el obispado lo perdió porque se posicionó mal. En Campo de Mayo había una maternidad improvisada, había monjas y capellanes, no pueden decir que ellas y los obispos no sabían lo que hacían con las madres de los chicos después de que nacían sus hijos. En la E.S.M.A también había capellanes y no pueden decir que no sospechaban cuando veían entrar y salir camiones lo que allí sucedía. ¿No escuchaban los gritos que salían de los sótanos? No se trata de que no supieran, sino que estaban política e ideológicamente convencidos de que eso que hacían estaba bien, era la manera de frenar la subversión, y que los chicos debían ser criados por familias más honorables, lo cual es un aberración.
¿De qué sirve la memoria?
Algunos se escudan en que no hay que echar más leña al fuego para que la gente no se pelee y por eso hay que dejar de recordar el pasado. Recordar no es solo una forma de no repetir los errores. Dejar pasar lo que ocurrió es lo más grave que se puede hacer, porque es parte de nuestra historia. ¿Por qué los militares se pusieron en esa posición? ¿Qué nos pasó como sociedad? ¿Cómo fuimos capaces de hacer semejante barbaridad? Porque no solo la Iglesia estuvo de acuerdo con lo que se hizo, sino también los medios de comunicación, periodistas, empresarios y civiles. Para entendernos a nosotros mismos es necesario saber lo que fuimos, lo que somos y por qué actuamos de la forma en que lo hicimos. La verdad y la memoria siempre ayudan en este sentido. La justicia es fundamental, no podemos dejarlos si un castigo. Hay una ley que dice que tienen que pagar sus culpas, los militares nunca lo hicieron. Ahora que están detenidos y están pagando, de acuerdo a la ley que ellos no aplicaron para los subversivos, se quejan.
Actualizado 23/05/2017
Sep 20, 2017 | DDHH
El Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) dio a conocer, el viernes 15 de septiembre, el veredicto de la mega causa “Operativo Independencia”, abierta contra 17 represores acusados por delitos de lesa humanidad cometidos contra 271 víctimas, entre febrero de 1975 y marzo de 1976. En el histórico juicio que se llevó a cabo en esa provincia, declararon 455 testigos -entre sobrevivientes de Centros Clandestinos de Detención y familiares de víctimas- sobre los hechos ocurridos durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. El proceso que comenzó el 5 de mayo de 2016 finalizó, luego de que el Tribunal -integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga- leyera la sentencia que incluyó seis condenas a cadena perpetua, tres de prisión superiores a los diez años, una de apenas cuatro años y siete sorpresivas absoluciones. La sesión cerró con algunos fallos divididos y con la sensación de ausencia de justicia.
El pedido de los fiscales Pablo Camuña, Agustín Chit y Julia Vitar, que habían requerido la pena de prisión perpetua para diez de los imputados -Roberto Heriberto (El Tuerto) Albornoz, Luis Armando De Cándido, Ricardo Oscar Sánchez, Miguel Ángel Moreno, Jorge Omar Lazarte, Enrique José del Pino, Manuel Rubén Vila, Néstor Rubén Castelli, Jorge Gerónimo Capitán, y Omar Edgardo Parada- solo se dictaminó de manera parcial, ya que únicamente los seis primeros recibieron ese castigo. En cambio, tres de los cuatro restantes recibieron penas inferiores -Vila fue condenado a 10 años de cárcel, Castelli, a 18 años, y Capitán, a 16 años- mientras que Parada fue absuelto de todos los cargos pese a la gran cantidad de pruebas presentadas en su contra que adjudicaban su responsabilidad a decenas de casos de privación ilegítima de la libertad, torturas, vejaciones, delitos sexuales y homicidios, entre otros crímenes. Por su parte, el ex militar Pedro López, por el cual la fiscalía había solicitado 13 años, finalmente recibió cuatro –pena que fue conmutada por considerarse ya cumplida-, sirviéndole como atenuante su servicio en la Guerra de Malvinas en 1982. Por último, a pesar de los reclamos de las víctimas, los familiares de desaparecidos y de los organismos de los derechos humanos presentes en la audiencia, el tribunal dictó la absolución a José Ernesto Cuesta, Ramón César Jodar, Camilo Orce, José Luis del Valle Figueroa, Alberto Svendsen y José Roberto Abba.
En el histórico juicio declararon 455 testigos -entre sobrevivientes de Centros Clandestinos de Detención y familiares de víctimas-.
En diálogo con ANCCOM, Agustín Chit, fiscal de la causa, relató los hechos vividos durante el cierre del juicio. “De los 17 imputados, 10 fueron condenados, de los cuales sólo seis recibieron prisión perpetua. Y hubo siete absoluciones. Sobre los 10 primeros, se determinó que son culpables por crímenes de lesa humanidad, y por ende, se acreditó que hubo un plan sistemático de exterminio de personas opositoras. De este modo se tiró por tierra uno de los argumentos de la defensa, que decía que había habido una guerra durante el Operativo Independencia”, expuso Chit y, mostrando su disconformidad con el fallo del tribunal, agregó: “En relación con los imputados, advertimos una serie de inconsistencias en los veredictos. Porque algunas de las absoluciones fueron mencionadas con algunos criterios que a nosotros nos llaman la atención, porque no se condicen con las otras condenas que se dictaron. Entonces estamos expectantes para ver cómo el tribunal va a fundamentar la decisión de absolver a siete personas, no sólo por las pruebas que había en su contra y las penas que nosotros habíamos pedido -que eran muy elevadas- sino porque habiendo condenado a perpetua a otros imputados que quizás tuvieron el mismo rol o se desempeñaron en funciones similares, no entendemos por qué absolvió a unos y condenó a perpetua a otros”, desarrolló y advirtió: “Este va a ser un punto por el cual nosotros vamos a ir a Casación para impugnar este fallo. En el caso de las seis condenas a perpetua, no tenemos objeción acerca del fallo, porque eran las penas que nosotros habíamos pedido, pero algunos de los otros condenados obtuvieron penas inferiores a las que solicitamos. Este también va a ser un punto de impugnación en la Casación.”
Esteban Herrera es hijo de Abel Herrera, víctima del Operativo Independencia: “Es un fallo que deja un sabor muy amargo por la cantidad de absoluciones, sobre todo en casos muy emblemáticos, como el de Omar Edgardo Parada, que era el máximo responsable del Centro Clandestino de Detención Santa Lucía, cuya responsabilidad estaba suficientemente probada. Las absoluciones fueron tremendas porque, de alguna manera, están negando la condición de las víctimas de crímenes por los cuales no hay ningún condenado. Hay víctimas que han sido doblemente estigmatizadas, por las causas fraguadas en aquella época y ahora al negarles la condición de víctimas”, manifestó. Su madre, Georgina Simerman, fue secuestrada embarazada en 1977 y permanece desaparecida, Esteban busca a su hermano o hermana nacido en cautiverio. “Por otro lado hubo seis condenas a perpetua, en varios casos a represores que ya estaban condenados por otras causas, y algunas penas que superan los diez años. Mi padre -que militaba en el frente de propaganda del ERP- está entre las 271 víctimas y en el juicio declaré como testigo a partir de la reconstrucción que pude hacer acerca de la militancia de mi papá”, recordó y apuntó: “Por su caso hubo tres condenados. Se comprobó que fraguaron una persecución y dijeron que había sido abatido en un tiroteo. En realidad, lo secuestraron el 16 de septiembre (de 1975) en la vía pública y recién el 6 de octubre entregaron su cuerpo junto a los de otros cinco compañeros. Hicieron pasar sus ejecuciones por un enfrentamiento, a pesar de que eran evidentes los signos de tortura y los balazos a quemarropa con los cuales fueron ejecutados. Por el caso de ellos condenaron a perpetua a Albornoz, a Lazarte y a Del Pino por tormentos agravados y homicidio triplemente agravado.”
A pesar de los reclamos de las víctimas, los familiares de desaparecidos y de los organismos de los derechos humanos presentes en la audiencia, el tribunal dictó la absolución a siete de los imputados.
En la misma línea se expresó el militante de H.I.J.O.S Tucumán Iván Jeger, cuyo padre, el librero Maurice Jeger, fue secuestrado el 8 de julio de 1975 junto a su pareja Olga Cristina González, y permanece desaparecido. “Este fue el decimosegundo juicio por delitos de lesa humanidad en Tucumán, y es la primera vez que hay tantas absoluciones”, refirió Jeger. “De los que recibieron condenas a perpetua, la mayoría ya habían sido condenados, aunque también hubo algunos que recibieron perpetua por primera vez. Entre ellos está Enrique Del Pino, que estuvo implicado en la causa de mi papá. Pero también hubo muchos absueltos, como Camilo Orce, que integraba la patota del (ex comisario) Malevo Ferreyra en Tucumán. Fue bastante duro el fallo. Además, en esta causa se está juzgando un operativo que ocurrió durante un gobierno constitucional, con Isabel Perón en la presidencia. Hay muchos políticos responsables -entre ellos la misma Isabel Perón-, que no estuvieron en el banquillo de los acusados y que, si bien fueron propuestos como imputados, fueron separados por el tribunal”, reflexionó el hijo de Jeger, que como Esteban busca un hermano o hermana nacido en cautiverio. “Lo tremendo de las absoluciones es que la gente que testificó contra los imputados ahora está con justificado temor, porque los represores a los que acusaron quedaron libres. No queda la sensación de que se haya hecho justicia”, aseguró. Luego recordó que la pareja de su padre, Olga Cristina, estaba embarazada de cuatro meses al momento de su secuestro. Ella también continúa desaparecida e integra una lista de 15 mujeres embarazadas que fueron secuestradas en el Operativo y de cuyos destinos, al igual que el de sus hijos por nacer, jamás se supo nada.
“Para nosotros, como fiscales, este juicio fue un enorme desafío. Y sobre todo lo fue para las víctimas y los testigos, que apostaron nuevamente a la Justicia, luego de 42 años, para declarar y contar los horrores que vivieron. Se trata en su mayoría de personas de condición muy humilde, del interior de la provincia de Tucumán, que en muchos casos se acercaban por primera vez a un tribunal. Y creo que el tribunal no estuvo a la altura de sus circunstancias para mensurar y dimensionar las exposiciones de las víctimas”, expuso el fiscal Chit, describiendo la causa en estos términos: “Fue un juicio histórico por la cantidad de casos -por el momento, es el juicio más grande que hubo en Tucumán- y por la cantidad de imputados, muchos de los cuales fallecieron en el proceso y otros a quienes les garantizaron impunidad. Pero incluso con 17 imputados, fue un juicio de enorme relevancia para Tucumán, que de alguna manera intentó retratar una explicación, sin salirse del marco jurídico-penal, de lo que vivió la provincia desde la década del 60 en adelante”.
Una de las principales particularidades del denominado “Operativo Independencia” es que, a diferencia de muchos de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la década del 70 por el terrorismo de Estado, este se dio en el marco de una democracia, meses antes del golpe de Estado que derrocaría al gobierno constitucional de Isabel de Perón e instauraría en Argentina la dictadura autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”. Se estima que del total de desapariciones forzadas cometidas en la provincia de Tucumán, en el periodo comprendido entre 1975 y 1983, cerca del 30 por ciento tuvieron lugar en este operativo llevado a cabo por las Fuerzas Armadas bajo las órdenes de Acdel Vilas y de Domingo Antonio Bussi. Historiadores, políticos y expertos en el tema describen al “Operativo Independencia” como un ensayo del sistema represivo clandestino y la antesala del plan sistemático de desaparición forzada de personas y de exterminio que más tarde se extendería a todo el país y sería implementado por la dictadura de la Junta Militar a escala nacional.
Historiadores, políticos y expertos en el tema describen al “Operativo Independencia” como un ensayo del sistema represivo clandestino.
Sobre este punto, el fiscal Chit manifestó: “Sabemos que en las sentencias que se dictaron en las otras once causas por delitos de lesa humanidad en Tucumán, desde el tribunal se afirmó que el terrorismo de Estado había funcionado en Tucumán antes del golpe de Estado de 1976. A partir de esos antecedentes, se entiende que el tribunal consideró que Tucumán fue un tubo de ensayo en relación a la sistematicidad de la aplicación del terrorismo para lo que posteriormente sería el terrorismo de Estado ampliado sobre todo el territorio nacional. Si el tribunal es consecuente con sus propios antecedentes, y habiendo calificado los hechos en las condenas como crímenes de lesa humanidad, no creemos que se pueda apartar de este criterio, de que el Operativo Independencia efectivamente fue la prueba de lo que sería luego el terrorismo de Estado a nivel nacional durante la dictadura.”
Ante el desconsuelo de las víctimas por las absoluciones, todavía queda pendiente la instancia de Casación, que tendrá lugar en noviembre tras la lectura de los fundamentos de los magistrados respecto a sus leves sentencias. Allí, la fiscalía y los querellantes apelarán las decisiones del tribunal e intentarán revertir los resultados con sabor a injusticia con los que concluyó la Megacausa.
“El próximo paso es leer los fundamentos, el 8 de noviembre, y luego vamos a hacer una presentación ante la Cámara de Casación Federal para que revise aquellos puntos que nosotros consideramos que fueron tratados incorrectamente y que creemos que han sido una equivocación por parte del tribunal”, declaró Chit, y agregó: “También existe en el TOF otro juicio del Operativo Independencia con nuevos imputados por causas de lesa humanidad y que tendrá lugar el próximo año, con lo cual este juicio va a funcionar como un precedente. Por eso va a ser importante que la Casación revise con mucha celeridad estas sentencias”.
Por su parte, Jeger afirmó: “En noviembre van a leer los fundamentos de la sentencia y se va a hacer una apelación en Casación porque, tanto en las absoluciones como las condenas menores a las que se había pedido, uno de los jueces, Juan Carlos Reynaga, siempre votó en disidencia; por ejemplo en algunas absoluciones él había votado perpetua. Al ser un fallo dividido, nos habilita para apelar. Desde el punto de vista personal, teniendo en cuenta cómo está la situación del país y quienes nos gobiernan, yo no tengo muchas esperanzas de que se reviertan los fallos. Pero aun así vamos a utilizar todos los medios que están a nuestro alcance. Nosotros siempre sostenemos que estos tipos son juzgados por un tribunal pero son condenados por la sociedad.”
“Yo sigo repitiendo que, con el clima político que tenemos en la actualidad, no quiero que la familia de Santiago Maldonado tenga que esperar 40 años para obtener justicia. Durante la sentencia también pedimos por su aparición”, concluyó Herrera, haciendo referencia al reclamo que se hizo presente en la audiencia por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que lleva 50 días desaparecido.
Actualizada 20/09/2017.
Jun 14, 2017 | DDHH, inicio
La resolución del juez federal subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, Alejandro Daniel Esmoris, de aplicar el cómputo del 2×1 a dos represores, confirmó los temores de los organismos de Derechos Humanos: el “caso Muiña” ha sentado precedente en el Poder Judicial argentino. Se trata del mismo tribunal que la semana pasada aprobó la concesión de prisión domiciliaria al apropiador Carlos Hidalgo Garzón.
Este martes, en base al precedente instaurado por la resolución del máximo tribunal en la causa de Muiña, el juez Esmoris decidió aplicar el mismo criterio e hizo lugar al pedido de la defensa de los penitenciarios Abel Dupuy y Ramón Fernández, ambos con condenas firmes desde 2010 por crímenes cometidos en la Unidad N°9. Los represores Dupuy y Fernández, condenados a prisión perpetua y a 25 años de prisión respectivamente, fueron beneficiados por la ley 24390, también conocida como “Ley del 2×1” -vigente entre 1994 y 2001- cuyo Artículo 7 establece que “transcurrido el plazo de dos años previsto en el artículo 1, se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión”, con lo cual se reduce el tiempo de reclusión.
Pasó poco más de un mes del fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas durante la última dictadura y ya se presentan consecuencias. El pronunciamiento de los ministros Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dictado el pasado 3 de mayo, generó indignación en gran parte de la sociedad, especialmente en organizaciones de Derechos Humanos, quienes convocaron una multitudinaria marcha a Plaza de Mayo para repudiar el polémico fallo. En consecuencia del amplio rechazo popular que generó el veredicto, el 12 de mayo el gobierno promulgó la Ley Nº 27362, que establece que el cómputo del 2×1 no es aplicable a delitos de lesa humanidad. Pero a pesar de la ley y de las repercusiones de la masiva movilización, la historia vuelve a repetirse.
El “caso Muiña” ha sentado precedente en el Poder Judicial argentino. Se trata del mismo tribunal que la semana pasada aprobó la concesión de prisión domiciliaria al apropiador Carlos Hidalgo Garzón.
En diálogo con ANCCOM, Guadalupe Godoy, abogada y militante en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), declaró acerca de esta nueva sentencia judicial en favor de represores: “Es el primer fallo de un tribunal inferior que otorga el 2×1, luego del fallo de la Corte Suprema y del repudio popular que esa sentencia cosechó. El juez Esmoris ya se había pronunciado en ese sentido antes del fallo de la Corte, y posteriormente, en minoría, en casos donde tuvo que resolver junto a dos integrantes más del tribunal. Ya teníamos antecedentes de esta posibilidad. Tiene lógica, porque lamentablemente, más allá del repudio popular y de la nueva ley del Congreso, el fallo del “caso Muiña” está vigente hasta tanto la Corte no tenga un nuevo posicionamiento, que sería a fines de este mes o principios del próximo, cuando resuelva sobre 15 casos similares que tiene a la espera de sentencia en los que podría revertirse el fallo.” Sobre las repercusiones que podría tener el veredicto, añadió: “Este fallo en concreto va a ser apelado por los fiscales y va a ir a una cámara de casación. Le toca a la sala 2, que ya se expidió en contra del 2×1 la semana pasada en la causa Riveros. Pero lo que demuestra el fallo es que hay que seguir reclamando que la Corte tire abajo su propia doctrina creada a partir del fallo Muiña. Hasta tanto no haya un nuevo pronunciamiento de la Corte, existe el riesgo de que haya múltiples pronunciamientos de este tipo. Tanto el fallo de Esmoris como el de la Corte, tal como hemos dicho los organismos (de Derechos Humanos) en reiteradas ocasiones, violan los compromisos internacionales de nuestro país, que dicen que los delitos de lesa humanidad no son pasibles ni de indulto, ni de amnistía, ni de conmutación de pena. Y esto es una conmutación de pena encubierta.”
En la misma línea, el Juez Carlos Rozanski, ex presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y uno de los magistrados más activos en los juicios de Derechos Humanos -que en 2006 condenó a prisión perpetua al represor Miguel Etchecolatz- si bien no se pronunció acerca del fallo del juez Esmoris, en diálogo con ANCCOM expuso su opinión sobre la concesión del 2×1: “Del mismo modo que la inmensa mayoría de los jueces federales se expresaron en contra, incluida la Cámara Federal de Casación Penal, considero que esa ley conocida como 2×1 no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. Hay que recordar que cualquier ley o sentencia que implique impunidad en este tema, resulta inconstitucional.”
Por su parte, en representación de las entidades de Derechos Humanos que repudiaron el fallo, Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo en la filial de La Plata, manifestó: “En cierta manera no nos sorprendió el fallo porque esta vez tuvo que decidir un solo juez de los tres que integran el tribunal, por ser una ejecución de la sentencia. Al ser el juez Esmoris a quien le tocó intervenir, sabiendo que ya había tenido posiciones en favor de la aplicación del 2×1, no nos tomó por sorpresa. Lo cual no quiere decir que no estemos en contra de la decisión, por los mismos argumentos que expusimos ante la fallo de la Corte Suprema.”
Ante la posibilidad de considerar a la causa Muiña como el precedente sobre el cual se basó la decisión de Esmoris, Lovelli manifestó: “Este juez ya se había expresado en este sentido con anterioridad al fallo Muiña. Seguramente, al estar vigente en la Corte la doctrina de este fallo, se sintió más respaldado en su pronunciamiento. Es muy probable que la Corte vuelva a tratar el caso del 2×1 porque, con la sanción de la ley 27362, se pidió opinión a las querellas para ver si con ese nuevo instrumento legal, la Corte podía retrotraer su propia doctrina. Creemos que la Corte lo va a hacer, el hecho de que haya convocado a las partes puede tomarse como un síntoma. Quizás después, con otro fallo distinto se pueda revertir incluso la resolución que benefició a Dupuy y a Fernández.”
«Tanto el fallo de Esmoris como el de la Corte, tal como hemos dicho los organismos (de Derechos Humanos) en reiteradas ocasiones, violan los compromisos internacionales de nuestro país».
Una semana atrás, el mismo tribunal que ahora benefició a Dupuy y a Fernández, integrado por los jueces Alejandro Esmoris y Germán Andrés Castelli, otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Carlos Hidalgo Garzón, condenado en 2013 por la apropiación de la nieta restituida Catalina de Sanctis Ovando. Esta concesión, apoyada únicamente en el hecho de que el recluso supera los 70 años de edad, fue aprobada por el Tribunal Oral Nº 1 de La Plata sin tener en cuenta los informes oficiales de los peritos médicos que indicaban que Hidalgo Garzón podía continuar cumpliendo su detención en una unidad penitenciaria. “El juez Esmoris también votó en favor de otorgar la prisión domiciliaria a Hidalgo Garzón por el simple hecho de que es mayor de 70 años. Adopta un criterio que se rige solamente por la cuestión de la edad sin tener en consideración otras circunstancias, como el hecho de que tiempo atrás le revocaron la prisión domiciliaria por haberla violado”, afirmó Lovelli. “No sólo le concedió este beneficio a Hidalgo Garzón sino también a otros represores involucrados en distintas causas en La Plata.” Y agregó: “El fallo que favoreció a Hidalgo Garzón ya está apelado, pero la prisión domiciliaria aún no se hizo efectiva porque tiene pendiente otra causa donde está en prisión preventiva y en la que le fue denegada la domiciliaria.”
Respecto a la relación entre los dos fallos que favorecen a represores dentro del mismo tribunal, y en ambos casos con la actuación del mismo juez, Lovelli expresó: “Evidentemente, la composición del Tribunal Oral Nº 1 de La Plata es más permeable para concederle beneficios a los represores. Eso lo estamos viendo a diario, no tanto en las cuestiones de fondo de un juicio oral, donde es más difícil encontrar algún resquicio para no condenar, pero sí para las modalidades de ejecución de esa sentencia.”
Por el momento, tal como señalaron los especialistas consultados por ANCCOM, solo queda esperar a que en sus próximos pronunciamientos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decida aplicar la ley 27362 para garantizar que los genocidas cumplan la totalidad de sus condenas y evitar así que el “caso Muiña” se repita y termine convirtiéndose en la norma para las causas de lesa humanidad. Sin embargo, hasta entonces las organizaciones que defienden los Derechos Humanos en Argentina no van a quedarse de brazos cruzados. “Los organismos de Derechos Humanos en la ciudad de La Plata están preparando una manifestación que probablemente se haga la semana que viene, cuando haya audiencias en el juicio que se está llevando adelante por los crímenes que cometió la Concentración Nacional Universitaria en el cual el juez Esmoris es uno de los tres jueces a cargo”, aseguró Guadalupe Godoy. “Allí se realizaría una manifestación en repudio a su fallo y cualquier aplicación del 2×1 en causas de delitos lesa humanidad”, concluyó.
Actualizada 13/06/2017
Feb 16, 2017 | Entrevistas
En un pedazo de basural recuperado, al costado de las vías, dentro de un terreno que pertenece a Ferrocarriles Argentinos se encuentra la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Pablo Pimentel es el presidente de esta organización no gubernamental sin fines de lucro, independiente y autogestiva. Es hijo de Eduardo Pimentel, socio fundador de la APDH a nivel nacional, trabaja hace más de treinta años en la defensa de los Derechos Humanos y en entrevista con ANCCOM habló de la situación actual en la que se encuentra esa difícil tarea.
¿Cómo es trabajar en la defensa de los derechos humanos en este nuevo período, a partir del cambio de gobierno?
Y, se hace más cuesta arriba. O sea, los funcionarios del PRO, algunos, no todos, son insensibles. Por ejemplo, nos tocó defender el caso de un joven, Gabriel Blanco, que ocurrió en el 2007,en el barrio La Borgward. Él se drogaba y robaba. Lo que pasa es que la policía quiso que robe para ellos y éste pibe se negó. ¿Qué le dijo la policía? “De acá en más te vamos a hacer la vida imposible, o terminás dentro de una bolsa negra o te metemos preso y te inventamos una causa”.
La cuestión es que él logra salir de la droga con un grupo de jóvenes que ayudaban a los pibes del barrio y un día inventando un motivo, la policía lo detiene. A la madrugada siguiente llega un patrullero a la casa de Gabriel diciendo que se había ahorcado en el calabozo… cuando en realidad estaba todo golpeado. A los tres años del hecho logramos que fueran presos tres policías. Hasta el 10 de diciembre de 2015 los abogados defensores de la policía le pedían prisión domiciliaria al mismo tribunal que tiene la causa ahora, y en tribunales decían que no, “no se puede por la carátula”, que era tortura seguida de muerte.
Quien conduce el bufete de abogados que defiende a los policías, es el actual presidente del bloque del Pro, el señor Racanelli, si se le puede decir señor. Él hace lobby, habla con fulano, con mengano, con la Suprema Corte de la Provincia y la cuestión es que a los primeros días que asume Macri y Vidal le dan a los policías la prisión domiciliaria. En marzo llaman a debate oral. Empiezan los testigos y vemos como el tribunal ninguneaba a los que habíamos llevamos nosotros que eran los pibes presos, los familiares, la gente de los barrios. Al quinto día se termina el juicio y solo se toman dos horas para dictar sentencia, ¡una locura! El veredicto: “Absueltos todos de libre culpa y cargo. El joven se suicidó”. La misma justicia con dos signos políticos distintos actúa de una manera y de otra. Cuando estaba Néstor Kirchner y Cristina, que eran pro Derechos Humanos… bueno, los tipos se adecuaban y hacían respetar el código. Vino el hombre que dijo “Se va a acabar el curro de los Derechos Humanos” y cambió la práctica y la filosofía de administrar justicia.
Y en ese sentido… ¿Cómo ve la APDH los dichos del presidente sobre la cantidad de desaparecidos?
Para nosotros cuando el Presidente se lo dijo a una periodista extranjera fue muy canallesco. Pero ahora lo reafirma con una resolución del ministerio de Justicia donde dice “no señores, del ´76 al ´86 hubo 6.500 desaparecidos y 1.200 más del ´73 al ´76”. Y no son 30.000, son más. Porque si vas al interior más profundo de nuestro país te encontrás con que hay hermanos originarios, que tenían militancia política que los desaparecieron en esa época y que recién ahora los familiares se acercan con mucha timidez a pedir ayuda para saber qué pasó. O en el 2010 atendimos a un hombre y a una mujer mayor, dos hermanos, que recién en ese momento venían a denunciar la desaparición de un hermano en 1976 porque durante los años anteriores tuvieron miedo.
¿Y por qué creés que el actual gobierno decidió cuestionar el número de desaparecidos?
Porque quieren terminar con los procesos judiciales a los militares y quieren que todos los que estén presos vayan a prisión domiciliaria. Vas a ver que si Macri gana la primera elección que viene ahora, sale con el indulto. Entonces va a decir “acá en la Argentina hubo un problema grave pero chau, a otra cosa, damos vuelta la página”. Esto dice el Pro. De hecho, el gobierno le ha restado mucho presupuesto a los jueces para que tengan prácticamente full time para dedicarse a los juicios de lesa humanidad. Pero los organismos de Derechos Humanos no le vamos a permitir a ningún gobierno que ningunee ni con la cifra, ni que atrase los procesos judiciales. Los militares por más de que tengan entre 80 y 90 años son la referencia ideológica de un sector de la ciudadanía que todavía cree que está bien lo que hicieron. Que dicen “hubo una guerra”. No, no hubo una guerra. Hubo una violencia institucional y un genocidio de parte del Estado. Hubo una violación sistemática de Derechos Humanos de parte del Estado y por eso la figura es delito de lesa humanidad y no prescribe nunca.
«si vas al interior más profundo de nuestro país te encontrás con que hay hermanos originarios, que tenían militancia política que los desaparecieron en esa época y que recién ahora los familiares se acercan con mucha timidez a pedir ayuda para saber qué pasó», dice Pablo Pimentel.
Con respecto al continente, sobre todo ahora que ganó Donald Trump ¿Cómo ven los organismos de Derechos Humanos y sobre todo la APDH la defensa de los derechos humanos a nivel regional?
Bueno hubo un cambio evidentemente. En el comienzo del milenio es como que habían resurgido en América Latina los aires de los libertadores ¿no? Hubo un resurgimiento con Chávez, con Evo Morales, con Rafael Correa, con Lugo, con Lula. En chile con Bachelet. Todo este período, estos últimos 15 años del 2000 al 2015 hubo un resurgimiento de partidos nacionales y populares. Populistas en algunos casos. En la Argentina hubo gobiernos populistas, no populares, porque si realmente hubiesen sido populares se hacía un cambio de estructura y no ganaba este señor. Pero bueno, vivimos toda una situación que ahora vos fijate pasamos de una centro izquierda a una derecha muy derecha ¡Y en todo el mundo! Ahora con la frutilla enorme de la torta: el tío Sam, con Donald Trump, qué bueno, lo que va a traer es más discriminación, ya lo ha dicho este hombre “no se van a quedar los indocumentados, se van a tener que ir y le voy a hacer pagar al presidente mexicano el murallón”. Yo creo que se viene más derecha, se viene un mundo convulsionado, un mundo de guerras triviales. En áfrica, guerras triviales significa guerras entre etnias o por religión. En centroamérica se matan por la droga.
¿Por qué creés que se dio este giro tanto en Latinoamérica como en el mundo de una situación más progresista a una política de derecha?
Yo creo que la derrota de estos gobiernos populistas viene porque no hubo una ética, una coherencia y no hubo un diálogo permanente con el pueblo. Por ejemplo, en nuestro país los últimos dos períodos de Cristina estuvieron caracterizados por la soberbia, por no atender o no hablar con los que pensaban distinto. Nosotros lo vivimos con los Quom cuando los acompañamos que estuvieron acampando en la 9 de julio. Cristina nunca los recibió para darles una solución. Además por la corrupción. Vos no podés ser un tipo que propone justicia social y tener funcionarios altamente corruptos.
Por otro lado, porque no llegaron a aplicar métodos de transformación profunda. En el 2008, acá en Desarrollo Social, viene una asesora de Alicia Kirchner y nos reúnen a mí y a unos curas y dirigentes sociales y nos preguntan cómo veíamos los planes sociales. Y yo les dije “miren hasta acá está bien pero hay que pegar una vuelta de rosca. Tenemos a Moreno que defiende que no entre lo importado.Tenemos un potencial en un montón de pibes y pibas que están en Argentina Trabaja que hay que formarlos como torneros, auxiliares de farmacia, como obreros especializados en la industria metal mecánica o la del cuero. Hay que formarlos uno, dos años y seguirles pagando, que limpien, que pinten, pero que se formen. Y la Argentina, del presupuesto nacional que abra industrias para producir los insumos que las industrias actuales necesitan y traen de afuera. Entonces generamos puestos de trabajo, el puesto de trabajo genera plusvalía que es ganancia y la ganancia autofinancia el sostenimiento del trabajador. Eso va a ser más digno que estar dependiendo de punteros”. La piba dijo “muy bueno, lo elevo y te llamamos”. Pero a mí nadie me llamó, porque producir eso era hacer la revolución de verdad y liberar a nuestro pueblo del sometimiento y sostenimiento de la pobreza. Néstor y Cristina, que parece que intentaron hacer las cosas bien, integraron pero hasta la mitad. Aplicaron métodos populistas donde lo que hicieron fue de alguna manera subsidiar la pobreza,no hicieron cambios profundos.
El otro problema es la profunda crisis en los partidos políticos. Los grandes liderazgos no han dejado reemplazantes. No han preparado cuadros políticos.
¿Pero por qué creés que en Estado Unidos gana Tump?
Porque ante las crisis socioeconómicas, los individuos se encierran egoístamente en sus núcleos, en sus ombligos y les molesta todo lo que es de afuera. Porque nos olvidamos de nuestro pasado, somos egoístas. Yo creo que Donald Trump gana porque el mundo se va achicando cada vez más. Hay menos torta para repartir, se la reparten entre algunos. Entonces el inmigrante viene a joder al que vive ahí. El ciudadano norteamericano quiere vivir bien y que no le joda ni el Isis, ni los mexicanos, ni los venezolanos. Como acá, como los argentinos que dicen “no, los negros éstos que vienen de Bolivia, no, que se vayan”.
¿Y Cuáles son los nuevos desafíos ahora?
Ahora creo que los desafíos quedan en el pueblo. Pero ahora el pueblo latinoamericano se empoderó de Derechos entonces no se va a dejar joder así no más.Una de las cosas que tenemos que hacer quienes militamos en temas sociales y políticos es no irnos de esta tierra sin socializar en ustedes todo lo que sabemos. Y yo digo “jóvenes argentinos y latinoamericanos del mundo júntense” ya no a debatir un modelo de país sino hay que debatir un modelo de mundo. ¿Qué mundo queremos? ¿Un mundo contaminado o libre? ¿Un mundo inclusivo, con todos adentro, o un mundo que discrimina?
