Mar 14, 2018 | Novedades, Trabajo
La semana pasada el Grupo Octubre anunció el cierre de los suplementos Sátira 12, Turismo 12 y M2, del diario Página 12, el achicamiento de Radar, Las 12 y Soy y que el suplemento No saldrá solo en la web. Los trabajadores difundieron su rechazo a la medida en un comunicado: “Exigimos la continuidad de los suplementos en formato web y reclamamos a Víctor Santa María (CEO del Grupo Octubre) que se garanticen no sólo los puestos de trabajo sino también los ingresos de todos/as los/as afectados/as”.
Más allá del reclamo de los periodistas, la empresa ratificó el cierre de los suplementos. Desde el Grupo Octubre plantean que “es una medida tomada en un marco de decisión editorial”. ANCCOM habló con Francisco Meritello, CEO de Página/12, quien prometió que “no se perderá ningún puesto de trabajo con esta medida”. “No vemos viable que todos sigan laburando”, dijo, sin embargo, el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Fernando “Tato” Dondero. “Seguiremos viendo y discutiendo cada caso en particular, cada suplemento es distinto”, anunció.
Los trabajadores rechazan la medida tomada por el Grupo Octubre de cerrar los suplementos Sátira 12, Turismo 12 y M2.
El comunicado que publicaron los trabajadores del diario afirma que la decisión “es un golpe directo al eslabón más débil de la cadena de producción”, en referencia a los “mal llamados colaboradores”, que perderían su trabajo. “La decisión implica demandar menos trabajo a quienes cobran por nota, que por ende verán disminuidos sus ingresos”, aclara el comunicado.
Según las primeras comunicaciones de la empresa, los suplementos Soy y Las12 serían fusionados. Rápidamente los trabajadores reaccionaron: “Rechazamos en particular el achicamiento de Las 12 y Soy, imprescindibles herramientas de lucha en tiempos cruciales para el movimiento feminista y la comunidad lgbtiq”. Ante la reacción de diferentes colectivos que militan por la diversidad, las autoridades del diario se comunicaron este martes con los delegados y les aseguraron que, por ahora, ambos suplementos continuarán apareciendo como hasta ahora. “Cualquier cambio se consensuará con las editoras”, prometieron. Cuando se lo consultó sobre este tema Meritello sostuvo, en tono desafiante: “Esperemos a que salga, yo creo que va quedar muy bien”.
Los trabajadores exigen la continuidad de los suplementos en formato web y que se garanticen los ingresos y puestos de trabajo.
Los periodistas y fotógrafos que se encargan del suplemento Turismo12 publicaron su rechazo al cierre. “Si solo fuera por los costos industriales y no laborales, como argumentan los responsables del diario, el suplemento bien podría sostenerse en web, manteniendo nuestros puestos de trabajo”, explican. Dondero anunció que “sacaremos el suplemento Turismo12 con notas presentadas antes del cierre, será por fuera del diario”. El suplemento saldría el domingo.
El conflicto entre el Grupo Octubre y los trabajadores de Página 12 viene desde hace tiempo. En septiembre pasado expresaron su “rechazo y legítima preocupación frente a la decisión de la empresa de abrir una lista de retiros voluntarios”; en octubre reclamaron que se les pague el sueldo que les debían desde mayo, en agosto difundieron que sus salarios quedaron 15 puntos por debajo de la inflación, entre otros conflictos.
El Grupo Octubre plantea el cierre de los suplementos como una medida tomada en un marco de decisión editorial.
En algo sí están de acuerdo los trabajadores y los empresarios: ambas partes coinciden en que están sufriendo una persecución de parte del gobierno de Mauricio Macri. Según los trabajadores esto se da por la línea editorial del diario y sus contenidos. El año pasado el periodista emblema de Página 12, Horacio Verbitsky, decidió dejar de publicar sus columnas dominicales luego de recibir amenazas por haber publicado algunos de los blanqueos de capitales de socios, amigos y familiares del presidente Mauricio Macri
A principios de este año, se dio a conocer cuánto dinero le daba el gobierno actual, en forma de pauta publicitaria, a cada grupo de medios y se destacan los cambios que hubo para el Grupo Octubre. En el período de julio-diciembre de 2016 recibieron 12.5 millones de pesos, mientras que en enero-julio recibieron 4.3 millones, una tercera parte. En ese mismo período, el Grupo Clarín cobró 350 millones. “Denunciamos y repudiamos las presiones del gobierno de Mauricio Macri contra el diario”, expresaron los trabajadores el año pasado en otro comunicado.
Pese a los conflictos entre los trabajadores de Página 12 y el Grupo Octubre, ambos coinciden en que están sufriendo una persecución por parte del gobierno.
Mar 13, 2018 | Novedades, Trabajo
Son tiempos difíciles para los trabajadores de prensa en todo el país. A la ola de despidos iniciada a principios de 2016 y que continúa en la actualidad, se les suman conflictos laborales semana a semana. Ahora, 120 trabajadores de Radio Rivadavia se encuentran a la deriva hace meses y no saben cuándo volverán a cobrar la totalidad de sus haberes. Tampoco tienen certeza si continuarán en sus puestos laborales.
Esta historia de abandono y desidia arranca mucho tiempo atrás. Así lo describe Julián Amado, delegado sindical de la radio por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA): “Venimos hace más de 20 años cobrando en cuotas y viendo vulnerados todos nuestros derechos. La justicia falló en una deuda impositiva a favor del ex dueño de la radio, Luis Cetrá. Habíamos hecho las denuncias correspondientes ante AFIP porque durante todo este tiempo no pagó un solo aporte patronal; increíblemente la justicia lo indultó y quedó todo en la nada”.
120 trabajadores de Radio Rivadavia no saben cuándo volverán a cobrar la totalidad de sus haberes.
El año pasado, el juez en lo comercial Horacio Francisco Robledo decretó la quiebra de Radio Emisora Cultural SA (ex titular de la licencia de Radio Rivadavia) por una deuda con SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) de más de 1.700.000 pesos. Se había establecido un plan de pago en cuotas de 270.000 pesos pero todo indica que no cumplió. La radio pasó a ser manejada por los hermanos Whpei, un grupo empresario rosarino que a través de DIFA S.A. operaba y comercializaba la licencia.
“Los trabajadores tuvimos que pasar obligados por este grupo, tras un acuerdo que hicieron frente una promesa de traspaso futuro de licencia. Después DIFA se fugó cuando les confirmaron que la licencia no iba a salir, tenían el dato de que se iba a dar la quiebra. Finalmente la quiebra se decretó, DIFA se fue y quedamos a la deriva”, sostiene Amado.
Además de decretar la quiebra, el juez Robledo designó un síndico, es el contador Héctor Spagnuolo, quien junto a su equipo llegó a la radio y en lugar de bajar la persiana, decidió darle continuidad. La intención era mantener la radio en condiciones para luego poder venderla en su totalidad: es decir, no desprenderse de la licencia por un lado, y del edificio y la planta transmisora por el otro, sino venderla como un “paquete” que incluyera al personal; todo ello hasta que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) determine qué hacer con la licencia.
La intención era mantener la radio en condiciones para luego poder venderla como un “paquete” que incluyera al personal.
Ahora, el síndico objeta que no puede sostener la radio de esta manera. Para Osvaldo Bergali, delegado de la radio por el Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos (SUTEP), “es imposible que la radio no sea viable; con el capital que tiene está valuada en unos 22 millones de dólares. El síndico no sabe cómo se maneja una radio, no puede dejar a 120 trabajadores en la calle».
El trasfondo político es innegable, asiente Nadia Vilela, también delegada de SUTEP: “Tanto la resolución del juez como la del ENACOM es puramente política. Lo que sabemos es que ante cualquier resolución que se tome y perjudique a uno solo de los trabajadores, vamos a estar los gremios de pie, peleando para que los laburantes continúen en sus puestos de trabajo. Esperamos angustiados la resolución”.
¿Pero, cuánto se les adeuda entonces a los trabajadores? “No estamos cobrando desde noviembre, ese mes ahora lo estamos cobrando a prorrateo, esto es, lo que se junta por publicidades y otros espacios y se va pagando por puchitos. Imaginate que recién llegamos a cobrar el 20 o 30% del salario de noviembre. La gente está aguantando la situación como puede, tratando de mantener la radio al aire”, describe Amado.
Pablo Baque, trabajador al que no dejan ingresar a la radio.
Sin dudas, la situación de Rivadavia dista de sus mejores épocas. Es que por sus estudios han pasado glorias de la radiofonía nacional como Héctor Larrea o Antonio Carrizo. La radio siempre fue un faro para futuros trabajadores de prensa. Sin embargo, Vilela explica con resignación que actualmente “algunos compañeros no tienen para viajar, faltan uno o dos días por semana, y la sindicatura los presiona para que continúen cumpliendo su horario. Lo que está pasando acá es totalmente ridículo”.
María Sol Durán es coordinadora de producción en la radio, y al hablar del clima que se respira en los estudios, sostiene que “influye de manera pésima. Sentís que ni siquiera es un trabajo porque no nos pagan. Además, ellos les cobran el espacio a los periodistas importantes de la radio. Es decir, ellos van y pagan el espacio, entonces tienen derecho a exigir a su producción o a la radio. La persona para la cual vos trabajás está poniendo plata como si la radio funcionara al 100%. Y la verdad que se trabaja a desgano y con una profunda desilusión”.
Una reflexión de Bergali sirve para comprimir el momento de angustia que están viviendo a diario: “Hoy nos quieren callar. No pueden seguir cerrando radios y tapando la boca a la gente. Somos gente de radio, vivimos de la radio y queremos trabajar en la radio”.
Los trabajadores aún no cobran la totalidad del sueldo de Noviembre.
Mar 1, 2018 | Novedades, Trabajo
El comienzo de 2018 fue más que negativo para muchos trabajadores de organismos públicos en Argentina, y no solamente para aquellos que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. De los 258 despidos en INTI, 50 corresponden a unidades de extensión en las provincias. En SENASA, en tanto, hay 130 despedidos a lo largo del país. A su vez, el cierre de Ferrobaires deja en estado de incertidumbre a 1.500 trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Tres casos que grafican la destrucción de puestos laborales a nivel estatal.
Desde hace 60 años, el Instituto Nacional de Tecnología y Ciencia (INTI) promueve el crecimiento industrial de diferentes ramas a lo largo del país. Los despidos afectan estructuralmente su trabajo. Juan Nicastro trabajaba en INTI desde 2008. Comenzó a cargo del Área de Comunicación en la región de Patagonia para luego ocuparse de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, hasta que a comienzos de año lo dejaron sin trabajo. En territorio cordobés, los despidos afectan principalmente las unidades de extensión de Cruz del Eje, Bell Ville y el Centro Aeronáutico Espacial.
Con respecto a la causa de los despidos, Nicastro cree que “esta es tan sólo la primera parte de una reforma del INTI”. La segunda parte de la reforma consistiría en la venta de activos para transferir los servicios del instituto: “Esto sería que las actividades de los laboratorios o controles de calidad del INTI pasen a ser llevado a cabo por empresas privadas, pero ¿quién garantiza que estos controles sean hechos con la misma rigurosidad?”, se pregunta.
Manifestación por los más de 250 despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Mientras esta cuestión permanece sin respuesta, los despidos debilitan las tareas que deben hacer otros organismos estatales. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Mercedes García está cargo del Área de Prensa del organismo y trabaja en las plantas del Centro Regional Metropolitano desde hace 15 años. Su convivencia con el cuerpo técnico le permite vislumbrar el riesgo que los 130 despidos y la privatización de los servicios frigoríficos implican para el país: “Nosotros llevamos a cabo el control fitozoosanitario de todos los productos orgánicos que se mueven por el país y se exportan”, afirma. Según García, “el personal de SENASA es de justo a pobre, porque los programas que se ejecutan para que no entren enfermedades sostienen el status sanitario del país. Si se exportan productos que transmiten una enfermedad, se cierran los mercados de exportación. Hoy en día el país exporta a más de 100 compradores, y costó mucho llegar a esta situación”.
Los despidos abarcan los centros regionales de Entre Ríos, Misiones, Santa Fe (principalmente el norte de la región y la ciudad de Rosario), Chaco, Corrientes, Formosa, Salta, Tucumán, Río Negro y el área metropolitana de Buenos Aires. García señala: “Se trata de personas que brindan servicios hace más de 20 años al Estado, calificadas de manera positiva por sus superiores y con conductas excelentes”.
Aún continúan las tratativas con las autoridades para revisar los despidos. Diferente es lo que ocurre en el caso de Ferrobaires, que parece tener la suerte echada. El 22 de enero de 2018, el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer el Decreto 1100 que establece que a partir del 15 de marzo el Estado provincial transferirá los servicios a la empresa nacional SOFSE.
Este pasaje de los dominios de la provincia a la Nación implica 1500 nuevos desempleados, de los cuales al menos 175 corresponden a las líneas de Bahía Blanca, Saldungaray, Pringles, Sierra de la Ventana, Necochea, Madariaga, Tandil y Mar del Plata.
Si bien desde la Unión Ferroviaria se lucha por transferir esos puestos a la Nación, el panorama es engorroso: la empresa apela a la posibilidad de retiros voluntarios a cambio de indemnizaciones que, según sostienen los empleados, no alcanzan para sostener una economía familiar.
Esta situación es crítica para José García, que lleva 29 años como ferroviario en Junín (donde habría más de 75 despidos) y 5 como Secretario General de la Unión Ferroviaria. “Es una forma de arriar a la gente y que se vaya por sus medios. No se quieren hacer cargo de la cantidad de gente que se queda sin trabajo. Nosotros solo queremos seguir trabajando”, se lamenta el trabajador. Lejos del centro político del país, la destrucción de puestos de trabajo en el Estado no se detiene.
Ene 30, 2018 | Trabajo
Una marcha desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia la cartera de Modernización expresó este martes la bronca y la desazón por los 121 trabajadores despedidos del Hospital Posadas, una institución con larga historia sanitaria y política de la Argentina. La movilización estuvo convocada por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud que, a la vez, estableció un paro de 24 horas en el histórico edificio del Oeste del Gran Buenos Aires.
“Después de trabajar 15 años me indigna que nos despidan de esta manera. Estuvimos al pie del cañón durante la Gripe A, el accidente ferroviario de Castelar y dimos respuesta a miles de contingencias sanitarias. No dieron ninguna explicación, el único director que nos recibió dijo que él no decidió nada y que nada podía resolver”, relató Karina Almirón, una de las 122 profesionales despedidas el mes pasado en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas quien se enteró del cese de su contrato por medio de un listado.
El Hospital Posadas, una institución con larga historia sanitaria y política de la Argentina.
El 12 de enero se firmó una resolución y se publicaron dos listas, una de los contratos que se renovarían hasta fin de año y otra de los que se renovarían hasta marzo. “De esto nos enteramos el 15 de enero. Aquellos que no figurábamos en ninguno de los dos listados teníamos que darnos por despedidos desde el 1 de enero. Nos despidieron por omisión y con retroactividad”. A pesar de la sorpresa por la forma en que resolvieron llevar a cabo los despidos era una situación que los trabajadores se imaginaban. El año pasado los empleados fueron hostigados a firmar contratos que establecían que podrían ser separados de sus cargos sin motivos. “Presionaron todo el tiempo para firmar esos contratos pero más de 300 trabajadores nos negamos, a pesar de que significaba cobrar un 40% menos. Cuando hace poco más de un mes el Ministerio de Modernización dijo que todavía sobraban 600 trabajadores en el hospital supimos que iba haber despidos masivos, como en el 2016 que echaron a 640”, explicó Almirón.
Karina Almirón es técnica de anatomía patológica especializada en inmunohistoquímica. Entró a trabajar en el hospital Posadas en el año 2002, reemplazando a técnicas que se habían ido a vivir al extranjero por la crisis del 2001. El estudio que ella hacía permitía determinar qué tratamiento le correspondía a cada paciente enfermo de cáncer. Karina tiene dos títulos terciarios, formación en bioseguridad, gestión de calidad y manejo de equipos. A pesar de su amplia capacitación, suficiente para conseguir un puesto en cualquier otro hospital o clínica, y de la necesidad que tiene de trabajar ella sigue luchando por un servicio de salud público. “Rechacé puestos de trabajo en el hospital Casa Cuna, en el Roffo y en el Sommer, porque no quería renunciar a mí hospital. A pesar de las condiciones de trabajo y el sueldo miserable, porque sabía que del otro lado había pacientes esperando un resultado. Yo misma me enferme de cáncer en el 2005, y supe en carne propia lo que es esperar el resultado para definir un tratamiento. Mi pareja es carpintero, a veces tiene trabajo y a veces no, por lo que el ingreso estable era el mío”, contó la técnica despedida en una entrevista con ANCCOM.
El martes 30/01 se convocó un paro de 24 horas por la reincorporación de los despidos.
Como Karina hay 122 profesionales, entre ellos enfermeros de Terapia Intensiva Pediátrica, de Unidad Coronaria y de Hematooncología Pediátrica, que están viviendo la misma situación de impotencia e incertidumbre por su futuro laboral, pero que no pierden las esperanzas ni la fuerza para pelear por lo que creen justo. “En estos años vi pacientes que fueron a cuatro hospitales diferentes antes de llegar al Posadas. También vi gente humilde romper la receta al salir porque no tenían plata para comprar los remedios. Otros que venían caminando desde muy lejos porque no tenían dinero para viajar. Personas en situación de calle buscando refugio y comida en nuestro hospital. Mujeres víctimas de violencia de género buscando ayuda. Compañeros que dieron literalmente su vida, como Emanuel García, tirado al vacío por un paciente psiquiátrico, o compañeros que murieron por enfermedades causadas por el estrés y la insalubridad de nuestro trabajo. Sigo apostando, defendiendo y sosteniendo la salud pública, porque es un derecho básico y universal que a ningún ser humano le puede ser negado”, escribió Almirón emn una conmovedora carta abierta que reprodujeron varios medios.
Los despidos no solo afectan a los trabajadores del hospital Posadas sino también a sus pacientes. “Van a morir pacientes en el hospital posadas si no reincorporan en sus puestos a los trabajadores despedidos», advirtieron los delegados gremiales de La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) y de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) en una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud. Plantearon que si no se reincorporan a los 122 trabajadores despedidos correrían peligro pacientes del hospital debido al desmantelamiento de áreas críticas de atención donde llegan enfermos con riesgo de vida que ya tuvieron que ser salvados por trabajadores cesanteados, que tienen una vasta experiencia. Según Almirón, los puestos de trabajo todavía no fueron ocupados, están entrevistando a recién recibidos y estudiantes para tomarlos como monotributistas. Actualmente las áreas de Neonatología, Unidad Coronaria y Terapia Intensiva no están en pleno funcionamiento.
Sumado a los despidos y el desmantelamiento de las áreas críticas están las pésimas condiciones edilicias en las que se encuentra el hospital Posadas: gabinetes para mangueras contra incendio vacías, vidrios rotos, paredes escritas y con agujeros, pasillos con iluminación casi nula, gente sentada en el piso porque faltan sillas, algunos se traten sus propias para esperar. “Hay lugares a los que se les lavó la cara, pero sigue habiendo problemas edilicios, sobre todo en internación. Y la provisión de insumos y recursos es desigual, se da prioridad a algunos lugares por sobre otros”, denunció Almirón.
Las desastrosas condiciones edilicias son evidentes por todos los rincones del hospital.
En la asamblea que convocó, el 25 de enero, la CICOP se resolvió un paro de 24 horas que se llevará a cabo el día martes 30 de enero con movilización a los ministerios de Salud y Modernización con una concentración en 9 de Julio y Belgrano, cortando 9 de Julio. Como así también se impulsó un fondo de lucha.
“Están vaciando el hospital, privatizando sectores y luego vendrá el arancelamiento a los pacientes. En definitiva, las consecuencias del ajuste la paga el pobre porque con nosotros se atiende la población más vulnerable. El Posadas es una parte importante de mi vida y que lo destruyan me duele más que el despido. No tenemos que permitirlo por nosotros, por nuestros hijos, por los pacientes”, manifestó Almirón, quien planteó la necesidad de la movilización del 30 de enero para visibilizar las problemáticas entorno al hospital Posadas.
“Nuestro hospital –relató- está literalmente tomado por las fuerzas de seguridad. El día que entró infantería me recordó al 13 de agosto de 2001, que según me contaron los compañeros más viejos, se reprimió a pacientes y trabajadores dentro del hospital. El día de autopista fue impactante ver el batallón de gendarmes frente a nosotros, con camiones, carros hidrantes, perros. Y eso me recordó la dictadura”. Cuatro días después del golpe militar de 1976, el Posadas fue intervenido y parte de su predio convertido en centro clandestino de detención. Por lo menos, 33 trabajadores del hospital fueron desaparecidos. Hace poco más de un mes, los restos de uno de ellos, el médico Jorge Roitman, fueron hallados enterrados en medio del predio.
Actualizado 30/01/2018
Ene 11, 2018 | Comunidad, Trabajo
Peligran 900 puestos de trabajo por el cierre del Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela que permite que docentes de todo el país accedan a posgrados de formación gratuitos. El destino de los educadores es incierto, todavía no saben si retomarán sus funciones en febrero, marzo o si deberán emprender la búsqueda de un nuevo empleo. “Hay algo despiadado en todo esto porque suponiendo que ya sabemos que estamos despedidos, podríamos ir viendo otros trabajos. Es muy angustiante sobre todo para aquellos compañeros que dependen de éste como su único ingreso. Exigimos una palabra pública de las autoridades”, reclamó Diego Carames, responsable de contenido del módulo Ciencias Sociales para secundaria.
En el 2007 se creó el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) que tenía como finalidad centralizar los cursos docentes dispersos y levantar un reclamo histórico que era el acceso a una formación permanente gratuita y de calidad. El Programa Nuestra Escuela surgió en el marco del INFOD y es un proyecto que inició la gestión del gobierno anterior durante 2014. Fue aprobado por unanimidad por el Consejo Federal de Educación, organismo que reúne a todos los ministros de Educación del país. Consiste en una capacitación y especialización universal para los docentes con una duración de dos años, con modalidad presencial y virtual, financiada por el Estado. “El Programa Nuestra Escuela fue quizás el más ambicioso de todos porque pretendió llegar al millón de docentes. Esto garantizaba el derecho de los maestros al mismo tiempo que recuperaba la idea de un Ministerio nacional federal que invertía en términos de educación, en buscar cierta igualdad en las distintas regiones de Argentina. Lo que observé a lo largo de estos últimos dos años es que las políticas de educación que está llevando a cabo el Gobierno actual son un retorno a la línea de intervención de los años 90; que consistió en descentralizar, es decir que cada provincia se responsabilizara de su educación, profundizando la desigualdad”, reflexionó Carames. Aquellas provincias más ricas, que tuvieran más recursos podrían invertir en formación docente, mientras que las provincias más pobres tendrían otras prioridades. “Hay una profunda contrariedad en lo que declaman desde el gobierno, una educación de calidad, y lo que están haciendo con el ministerio de Educación. Lo están desguazando”, denunció el docente.
Al mismo tiempo que el actual ministro de Educación Alejandro Finocchiaro afirma que hay jerarquizar a los docentes, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, y que la gobernadora María Eugenia Vidal propone dar de baja a los docentes que no posean un título, un programa dedicado a la formación docente permanente está en jaque. “El discurso que dan y lo que hacen es muy contradictorio. Plantean la necesidad de jerarquizar a los docentes para obtener una enseñanza de calidad. Pero quieren cerrar Nuestra Escuela. Acá hay casi mil docentes que dedicaron tiempo para su propia formación y desde el Ministerio de Educación deciden, sin dar ninguna explicación razonable, que no terminen con esa capacitación”, juzgó Diego Carames.
“Quisieron cerrarlo en el 2016 y como no pudieron lo que hicieron fue esperar un año para que las sucesivas cohortes fueran cayendo y, apenas pudieran, cerrarlo. Esto no es un mero descuido sino una política sistemática de desresposabilizarse por la educación pública”, sentenció Carames. A fines de 2016 el ex ministro de la cartera Esteban Bullrich firmó una resolución para restringir el régimen de cursada de los postítulos y dispuso el cierre definitivo, para fines de 2017, de las especializaciones en Derechos Humanos, Ciencias Sociales y Nuevas Tecnologías en las que trabajan 110 docentes. Un recurso de amparo presentado por los docentes impidió el cierre. “A partir del conflicto de diciembre del 2016 formamos el Colectivo de Trabajadores Virtuales Nuestra Escuela para dar pelea por nuestros derechos y el de los cursantes. En enero del 2017 resolvieron dar de baja las resoluciones porque eran ilegales, violaban el contrato académico con los docentes que se habían inscrito al Programa”, dijo Carames. En estos tres postítulos hay alrededor de 950 cursantes que le faltan entre una y dos materias para recibirse. “Esto depende de una firma del ministro, de la buena voluntad y de la responsabilidad de las autoridades. No es necesario siquiera que abran una nueva cohorte, sino sólo un bimestre para que estos docentes puedan finalizar su formación. En términos económicos el costo resulta mínimo”, explicó el responsable de Ciencias Sociales.
Mientras que el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional prescribe que el ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación deben garantizar el derecho a la formación continua a todos los docentes del país, en todos los niveles y modalidades, así como la gratuidad de la oferta estatal de capacitación, las autoridades están obstaculizando este derecho a la formación al impedir que los cursantes finalicen sus estudios.
Si bien el Colectivo de Trabajadores logró que el programa continuara en funcionamiento durante el 2017, hoy se encuentran inmersos en la incertidumbre por la ausencia de noticias sobre el futuro del proyecto. “Desde la gestión lo que dicen es que la mayoría de los docentes va a continuar. Sin embargo, mientras que los contratos se renuevan semestralmente aún no hay nada firmado. Si bien no hubo confirmación de que los 900 docentes estamos despedidos, lo que sí sabemos es que los contratos cayeron y desde entonces no tenemos ninguna noticia. Al no tener un contrato oficial nos damos por despedidos”, agregó.
El argumento que sostienen desde el ministerio de Educación para el cierre de los postítulos en Derechos Humanos, Ciencias Sociales y Nuevas Tecnologías sería puramente burocrático. Como en el 2016 se abrieron cohortes nuevas para los otros once postítulos pero no para estas tres áreas, ya no habría cursantes para ellas en 2017. ¿Por qué no se abrieron nuevas cohortes en 2016 para estas tres áreas? “Uno podría decir que esa decisión tiene que ver con las líneas pedagógicas prioritarias que el gobierno actual sostiene. En la cual los derechos humanos y el postítulo en Ciencias Sociales, que trata de pensar problemáticas como las transformaciones del mundo contemporáneo, no son áreas en las que las autoridades estén interesadas en que sean enseñadas en las escuelas. Sino que están más comprometidos con orientar la educación hacia los parámetros medidos por las evaluaciones internacionales, como PISA. Por otra parte, pareciera que la idea es fomentar el crecimiento de los cursos y especializaciones privadas y que los docentes tengan que volver a pagar para obtener su propia formación. Porque no sólo se cierran cursos y programas como Nuestra Escuela y líneas de intervención territorial socioeducativas como el proyecto coros y orquestas, sino que tampoco ofrecen un proyecto educativo propio que venga a reemplazar los postítulos de Ciencias Sociales, Derechos Humanos y TICs. Lo único que hacen es cerrar cursos bajo la idea economicista de ahorrar recursos”, opinó Carames.
Según el responsable de contenido del módulo Ciencias Sociales para secundaria hay dos posibles soluciones para que los docentes no pierdan su fuente de trabajo, una es que se abran nuevas inscripciones y los postítulos sigan. La otra posibilidad es que los docentes sean reabsorbidos por los cursos nacionales virtuales que ofrece el ministerio sobre distintas temáticas. “El año pasado abrieron algunos proyectos nuevos en la virtualidad, el problema con el que se encontraron es que contrataron mucha gente nueva, sin experiencia en plataformas virtuales, teniendo recurso ya formado. Hay poca gente en el país que tenga tanta experiencia como nosotros en la formación docente virtual. Esta modalidad de educación no es como cualquier trabajo de docencia, tiene cierta especificidad, no trabajamos con la palabra oral sino con la palabra escrita. Supone otro tipo de vínculo con los cursantes”, planteó.
Sonia Alesso, Secretaria General y Guillermo Parodi Secretario de Prensa de CTERA, en nombre del gremio, se sumaron al reclamo de los docentes del Programa Nuestra Escuela con un comunicado en el que repudiaron el desguace del Programa y afirmaron que el Ministerio estaría incumpliendo con un Acuerdo Paritario que habían firmado en 2015 los cinco sindicatos nacionales con el Ministerio de Educación, de Trabajo y el Consejo Federal de Educación para garantizar la formación permanente, gratuita y en servicio de más de un millón de docentes. “Este es un nuevo ajuste a la educación pública, con la pérdida de fuentes de trabajo para 900 familias. CTERA repudia y rechaza este nuevo atropello a la educación pública y exige al Ministerio de Educación que revea esta medida arbitraria, unilateral y de ajuste”, expresó el comunicado.
Por su parte, el Colectivo de Trabajadores Virtuales se apoya en el gremio ATE para elevar a las autoridades sus reclamos en espera de la apertura de un diálogo para solucionar la problemática o, al menos, tener una certeza sobre los planes que tiene el ministerio para el programa y sus trabajadores. “El apoyo de CTERA es muy importante porque permite de alguna forma que nuestro reclamo no quede invisibilizado como el de un grupo de trabajadores de un programita del Estado. Nos interesa que aparezca en particular nuestro reclamo por los puestos de trabajo, pero también es importante que se ponga este conflicto en un contexto más amplio que es la avanzada furiosa del gobierno contra el universo educativo en general y contra los trabajadores docentes en particular. Ya lo vimos el año pasado como los docentes fueron estigmatizados y aún más aquellos que estaban afiliados a algún gremio”, concluyó Diego Carames.
