Mar 1, 2018 | Novedades, Trabajo
El comienzo de 2018 fue más que negativo para muchos trabajadores de organismos públicos en Argentina, y no solamente para aquellos que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. De los 258 despidos en INTI, 50 corresponden a unidades de extensión en las provincias. En SENASA, en tanto, hay 130 despedidos a lo largo del país. A su vez, el cierre de Ferrobaires deja en estado de incertidumbre a 1.500 trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Tres casos que grafican la destrucción de puestos laborales a nivel estatal.
Desde hace 60 años, el Instituto Nacional de Tecnología y Ciencia (INTI) promueve el crecimiento industrial de diferentes ramas a lo largo del país. Los despidos afectan estructuralmente su trabajo. Juan Nicastro trabajaba en INTI desde 2008. Comenzó a cargo del Área de Comunicación en la región de Patagonia para luego ocuparse de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, hasta que a comienzos de año lo dejaron sin trabajo. En territorio cordobés, los despidos afectan principalmente las unidades de extensión de Cruz del Eje, Bell Ville y el Centro Aeronáutico Espacial.
Con respecto a la causa de los despidos, Nicastro cree que “esta es tan sólo la primera parte de una reforma del INTI”. La segunda parte de la reforma consistiría en la venta de activos para transferir los servicios del instituto: “Esto sería que las actividades de los laboratorios o controles de calidad del INTI pasen a ser llevado a cabo por empresas privadas, pero ¿quién garantiza que estos controles sean hechos con la misma rigurosidad?”, se pregunta.
Manifestación por los más de 250 despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Mientras esta cuestión permanece sin respuesta, los despidos debilitan las tareas que deben hacer otros organismos estatales. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Mercedes García está cargo del Área de Prensa del organismo y trabaja en las plantas del Centro Regional Metropolitano desde hace 15 años. Su convivencia con el cuerpo técnico le permite vislumbrar el riesgo que los 130 despidos y la privatización de los servicios frigoríficos implican para el país: “Nosotros llevamos a cabo el control fitozoosanitario de todos los productos orgánicos que se mueven por el país y se exportan”, afirma. Según García, “el personal de SENASA es de justo a pobre, porque los programas que se ejecutan para que no entren enfermedades sostienen el status sanitario del país. Si se exportan productos que transmiten una enfermedad, se cierran los mercados de exportación. Hoy en día el país exporta a más de 100 compradores, y costó mucho llegar a esta situación”.
Los despidos abarcan los centros regionales de Entre Ríos, Misiones, Santa Fe (principalmente el norte de la región y la ciudad de Rosario), Chaco, Corrientes, Formosa, Salta, Tucumán, Río Negro y el área metropolitana de Buenos Aires. García señala: “Se trata de personas que brindan servicios hace más de 20 años al Estado, calificadas de manera positiva por sus superiores y con conductas excelentes”.
Aún continúan las tratativas con las autoridades para revisar los despidos. Diferente es lo que ocurre en el caso de Ferrobaires, que parece tener la suerte echada. El 22 de enero de 2018, el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer el Decreto 1100 que establece que a partir del 15 de marzo el Estado provincial transferirá los servicios a la empresa nacional SOFSE.
Este pasaje de los dominios de la provincia a la Nación implica 1500 nuevos desempleados, de los cuales al menos 175 corresponden a las líneas de Bahía Blanca, Saldungaray, Pringles, Sierra de la Ventana, Necochea, Madariaga, Tandil y Mar del Plata.
Si bien desde la Unión Ferroviaria se lucha por transferir esos puestos a la Nación, el panorama es engorroso: la empresa apela a la posibilidad de retiros voluntarios a cambio de indemnizaciones que, según sostienen los empleados, no alcanzan para sostener una economía familiar.
Esta situación es crítica para José García, que lleva 29 años como ferroviario en Junín (donde habría más de 75 despidos) y 5 como Secretario General de la Unión Ferroviaria. “Es una forma de arriar a la gente y que se vaya por sus medios. No se quieren hacer cargo de la cantidad de gente que se queda sin trabajo. Nosotros solo queremos seguir trabajando”, se lamenta el trabajador. Lejos del centro político del país, la destrucción de puestos de trabajo en el Estado no se detiene.
Ene 30, 2018 | Trabajo
Una marcha desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia la cartera de Modernización expresó este martes la bronca y la desazón por los 121 trabajadores despedidos del Hospital Posadas, una institución con larga historia sanitaria y política de la Argentina. La movilización estuvo convocada por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud que, a la vez, estableció un paro de 24 horas en el histórico edificio del Oeste del Gran Buenos Aires.
“Después de trabajar 15 años me indigna que nos despidan de esta manera. Estuvimos al pie del cañón durante la Gripe A, el accidente ferroviario de Castelar y dimos respuesta a miles de contingencias sanitarias. No dieron ninguna explicación, el único director que nos recibió dijo que él no decidió nada y que nada podía resolver”, relató Karina Almirón, una de las 122 profesionales despedidas el mes pasado en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas quien se enteró del cese de su contrato por medio de un listado.
El Hospital Posadas, una institución con larga historia sanitaria y política de la Argentina.
El 12 de enero se firmó una resolución y se publicaron dos listas, una de los contratos que se renovarían hasta fin de año y otra de los que se renovarían hasta marzo. “De esto nos enteramos el 15 de enero. Aquellos que no figurábamos en ninguno de los dos listados teníamos que darnos por despedidos desde el 1 de enero. Nos despidieron por omisión y con retroactividad”. A pesar de la sorpresa por la forma en que resolvieron llevar a cabo los despidos era una situación que los trabajadores se imaginaban. El año pasado los empleados fueron hostigados a firmar contratos que establecían que podrían ser separados de sus cargos sin motivos. “Presionaron todo el tiempo para firmar esos contratos pero más de 300 trabajadores nos negamos, a pesar de que significaba cobrar un 40% menos. Cuando hace poco más de un mes el Ministerio de Modernización dijo que todavía sobraban 600 trabajadores en el hospital supimos que iba haber despidos masivos, como en el 2016 que echaron a 640”, explicó Almirón.
Karina Almirón es técnica de anatomía patológica especializada en inmunohistoquímica. Entró a trabajar en el hospital Posadas en el año 2002, reemplazando a técnicas que se habían ido a vivir al extranjero por la crisis del 2001. El estudio que ella hacía permitía determinar qué tratamiento le correspondía a cada paciente enfermo de cáncer. Karina tiene dos títulos terciarios, formación en bioseguridad, gestión de calidad y manejo de equipos. A pesar de su amplia capacitación, suficiente para conseguir un puesto en cualquier otro hospital o clínica, y de la necesidad que tiene de trabajar ella sigue luchando por un servicio de salud público. “Rechacé puestos de trabajo en el hospital Casa Cuna, en el Roffo y en el Sommer, porque no quería renunciar a mí hospital. A pesar de las condiciones de trabajo y el sueldo miserable, porque sabía que del otro lado había pacientes esperando un resultado. Yo misma me enferme de cáncer en el 2005, y supe en carne propia lo que es esperar el resultado para definir un tratamiento. Mi pareja es carpintero, a veces tiene trabajo y a veces no, por lo que el ingreso estable era el mío”, contó la técnica despedida en una entrevista con ANCCOM.
El martes 30/01 se convocó un paro de 24 horas por la reincorporación de los despidos.
Como Karina hay 122 profesionales, entre ellos enfermeros de Terapia Intensiva Pediátrica, de Unidad Coronaria y de Hematooncología Pediátrica, que están viviendo la misma situación de impotencia e incertidumbre por su futuro laboral, pero que no pierden las esperanzas ni la fuerza para pelear por lo que creen justo. “En estos años vi pacientes que fueron a cuatro hospitales diferentes antes de llegar al Posadas. También vi gente humilde romper la receta al salir porque no tenían plata para comprar los remedios. Otros que venían caminando desde muy lejos porque no tenían dinero para viajar. Personas en situación de calle buscando refugio y comida en nuestro hospital. Mujeres víctimas de violencia de género buscando ayuda. Compañeros que dieron literalmente su vida, como Emanuel García, tirado al vacío por un paciente psiquiátrico, o compañeros que murieron por enfermedades causadas por el estrés y la insalubridad de nuestro trabajo. Sigo apostando, defendiendo y sosteniendo la salud pública, porque es un derecho básico y universal que a ningún ser humano le puede ser negado”, escribió Almirón emn una conmovedora carta abierta que reprodujeron varios medios.
Los despidos no solo afectan a los trabajadores del hospital Posadas sino también a sus pacientes. “Van a morir pacientes en el hospital posadas si no reincorporan en sus puestos a los trabajadores despedidos», advirtieron los delegados gremiales de La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) y de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) en una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud. Plantearon que si no se reincorporan a los 122 trabajadores despedidos correrían peligro pacientes del hospital debido al desmantelamiento de áreas críticas de atención donde llegan enfermos con riesgo de vida que ya tuvieron que ser salvados por trabajadores cesanteados, que tienen una vasta experiencia. Según Almirón, los puestos de trabajo todavía no fueron ocupados, están entrevistando a recién recibidos y estudiantes para tomarlos como monotributistas. Actualmente las áreas de Neonatología, Unidad Coronaria y Terapia Intensiva no están en pleno funcionamiento.
Sumado a los despidos y el desmantelamiento de las áreas críticas están las pésimas condiciones edilicias en las que se encuentra el hospital Posadas: gabinetes para mangueras contra incendio vacías, vidrios rotos, paredes escritas y con agujeros, pasillos con iluminación casi nula, gente sentada en el piso porque faltan sillas, algunos se traten sus propias para esperar. “Hay lugares a los que se les lavó la cara, pero sigue habiendo problemas edilicios, sobre todo en internación. Y la provisión de insumos y recursos es desigual, se da prioridad a algunos lugares por sobre otros”, denunció Almirón.
Las desastrosas condiciones edilicias son evidentes por todos los rincones del hospital.
En la asamblea que convocó, el 25 de enero, la CICOP se resolvió un paro de 24 horas que se llevará a cabo el día martes 30 de enero con movilización a los ministerios de Salud y Modernización con una concentración en 9 de Julio y Belgrano, cortando 9 de Julio. Como así también se impulsó un fondo de lucha.
“Están vaciando el hospital, privatizando sectores y luego vendrá el arancelamiento a los pacientes. En definitiva, las consecuencias del ajuste la paga el pobre porque con nosotros se atiende la población más vulnerable. El Posadas es una parte importante de mi vida y que lo destruyan me duele más que el despido. No tenemos que permitirlo por nosotros, por nuestros hijos, por los pacientes”, manifestó Almirón, quien planteó la necesidad de la movilización del 30 de enero para visibilizar las problemáticas entorno al hospital Posadas.
“Nuestro hospital –relató- está literalmente tomado por las fuerzas de seguridad. El día que entró infantería me recordó al 13 de agosto de 2001, que según me contaron los compañeros más viejos, se reprimió a pacientes y trabajadores dentro del hospital. El día de autopista fue impactante ver el batallón de gendarmes frente a nosotros, con camiones, carros hidrantes, perros. Y eso me recordó la dictadura”. Cuatro días después del golpe militar de 1976, el Posadas fue intervenido y parte de su predio convertido en centro clandestino de detención. Por lo menos, 33 trabajadores del hospital fueron desaparecidos. Hace poco más de un mes, los restos de uno de ellos, el médico Jorge Roitman, fueron hallados enterrados en medio del predio.
Actualizado 30/01/2018
Ene 11, 2018 | Comunidad, Trabajo
Peligran 900 puestos de trabajo por el cierre del Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela que permite que docentes de todo el país accedan a posgrados de formación gratuitos. El destino de los educadores es incierto, todavía no saben si retomarán sus funciones en febrero, marzo o si deberán emprender la búsqueda de un nuevo empleo. “Hay algo despiadado en todo esto porque suponiendo que ya sabemos que estamos despedidos, podríamos ir viendo otros trabajos. Es muy angustiante sobre todo para aquellos compañeros que dependen de éste como su único ingreso. Exigimos una palabra pública de las autoridades”, reclamó Diego Carames, responsable de contenido del módulo Ciencias Sociales para secundaria.
En el 2007 se creó el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) que tenía como finalidad centralizar los cursos docentes dispersos y levantar un reclamo histórico que era el acceso a una formación permanente gratuita y de calidad. El Programa Nuestra Escuela surgió en el marco del INFOD y es un proyecto que inició la gestión del gobierno anterior durante 2014. Fue aprobado por unanimidad por el Consejo Federal de Educación, organismo que reúne a todos los ministros de Educación del país. Consiste en una capacitación y especialización universal para los docentes con una duración de dos años, con modalidad presencial y virtual, financiada por el Estado. “El Programa Nuestra Escuela fue quizás el más ambicioso de todos porque pretendió llegar al millón de docentes. Esto garantizaba el derecho de los maestros al mismo tiempo que recuperaba la idea de un Ministerio nacional federal que invertía en términos de educación, en buscar cierta igualdad en las distintas regiones de Argentina. Lo que observé a lo largo de estos últimos dos años es que las políticas de educación que está llevando a cabo el Gobierno actual son un retorno a la línea de intervención de los años 90; que consistió en descentralizar, es decir que cada provincia se responsabilizara de su educación, profundizando la desigualdad”, reflexionó Carames. Aquellas provincias más ricas, que tuvieran más recursos podrían invertir en formación docente, mientras que las provincias más pobres tendrían otras prioridades. “Hay una profunda contrariedad en lo que declaman desde el gobierno, una educación de calidad, y lo que están haciendo con el ministerio de Educación. Lo están desguazando”, denunció el docente.
Al mismo tiempo que el actual ministro de Educación Alejandro Finocchiaro afirma que hay jerarquizar a los docentes, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, y que la gobernadora María Eugenia Vidal propone dar de baja a los docentes que no posean un título, un programa dedicado a la formación docente permanente está en jaque. “El discurso que dan y lo que hacen es muy contradictorio. Plantean la necesidad de jerarquizar a los docentes para obtener una enseñanza de calidad. Pero quieren cerrar Nuestra Escuela. Acá hay casi mil docentes que dedicaron tiempo para su propia formación y desde el Ministerio de Educación deciden, sin dar ninguna explicación razonable, que no terminen con esa capacitación”, juzgó Diego Carames.
“Quisieron cerrarlo en el 2016 y como no pudieron lo que hicieron fue esperar un año para que las sucesivas cohortes fueran cayendo y, apenas pudieran, cerrarlo. Esto no es un mero descuido sino una política sistemática de desresposabilizarse por la educación pública”, sentenció Carames. A fines de 2016 el ex ministro de la cartera Esteban Bullrich firmó una resolución para restringir el régimen de cursada de los postítulos y dispuso el cierre definitivo, para fines de 2017, de las especializaciones en Derechos Humanos, Ciencias Sociales y Nuevas Tecnologías en las que trabajan 110 docentes. Un recurso de amparo presentado por los docentes impidió el cierre. “A partir del conflicto de diciembre del 2016 formamos el Colectivo de Trabajadores Virtuales Nuestra Escuela para dar pelea por nuestros derechos y el de los cursantes. En enero del 2017 resolvieron dar de baja las resoluciones porque eran ilegales, violaban el contrato académico con los docentes que se habían inscrito al Programa”, dijo Carames. En estos tres postítulos hay alrededor de 950 cursantes que le faltan entre una y dos materias para recibirse. “Esto depende de una firma del ministro, de la buena voluntad y de la responsabilidad de las autoridades. No es necesario siquiera que abran una nueva cohorte, sino sólo un bimestre para que estos docentes puedan finalizar su formación. En términos económicos el costo resulta mínimo”, explicó el responsable de Ciencias Sociales.
Mientras que el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional prescribe que el ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación deben garantizar el derecho a la formación continua a todos los docentes del país, en todos los niveles y modalidades, así como la gratuidad de la oferta estatal de capacitación, las autoridades están obstaculizando este derecho a la formación al impedir que los cursantes finalicen sus estudios.
Si bien el Colectivo de Trabajadores logró que el programa continuara en funcionamiento durante el 2017, hoy se encuentran inmersos en la incertidumbre por la ausencia de noticias sobre el futuro del proyecto. “Desde la gestión lo que dicen es que la mayoría de los docentes va a continuar. Sin embargo, mientras que los contratos se renuevan semestralmente aún no hay nada firmado. Si bien no hubo confirmación de que los 900 docentes estamos despedidos, lo que sí sabemos es que los contratos cayeron y desde entonces no tenemos ninguna noticia. Al no tener un contrato oficial nos damos por despedidos”, agregó.
El argumento que sostienen desde el ministerio de Educación para el cierre de los postítulos en Derechos Humanos, Ciencias Sociales y Nuevas Tecnologías sería puramente burocrático. Como en el 2016 se abrieron cohortes nuevas para los otros once postítulos pero no para estas tres áreas, ya no habría cursantes para ellas en 2017. ¿Por qué no se abrieron nuevas cohortes en 2016 para estas tres áreas? “Uno podría decir que esa decisión tiene que ver con las líneas pedagógicas prioritarias que el gobierno actual sostiene. En la cual los derechos humanos y el postítulo en Ciencias Sociales, que trata de pensar problemáticas como las transformaciones del mundo contemporáneo, no son áreas en las que las autoridades estén interesadas en que sean enseñadas en las escuelas. Sino que están más comprometidos con orientar la educación hacia los parámetros medidos por las evaluaciones internacionales, como PISA. Por otra parte, pareciera que la idea es fomentar el crecimiento de los cursos y especializaciones privadas y que los docentes tengan que volver a pagar para obtener su propia formación. Porque no sólo se cierran cursos y programas como Nuestra Escuela y líneas de intervención territorial socioeducativas como el proyecto coros y orquestas, sino que tampoco ofrecen un proyecto educativo propio que venga a reemplazar los postítulos de Ciencias Sociales, Derechos Humanos y TICs. Lo único que hacen es cerrar cursos bajo la idea economicista de ahorrar recursos”, opinó Carames.
Según el responsable de contenido del módulo Ciencias Sociales para secundaria hay dos posibles soluciones para que los docentes no pierdan su fuente de trabajo, una es que se abran nuevas inscripciones y los postítulos sigan. La otra posibilidad es que los docentes sean reabsorbidos por los cursos nacionales virtuales que ofrece el ministerio sobre distintas temáticas. “El año pasado abrieron algunos proyectos nuevos en la virtualidad, el problema con el que se encontraron es que contrataron mucha gente nueva, sin experiencia en plataformas virtuales, teniendo recurso ya formado. Hay poca gente en el país que tenga tanta experiencia como nosotros en la formación docente virtual. Esta modalidad de educación no es como cualquier trabajo de docencia, tiene cierta especificidad, no trabajamos con la palabra oral sino con la palabra escrita. Supone otro tipo de vínculo con los cursantes”, planteó.
Sonia Alesso, Secretaria General y Guillermo Parodi Secretario de Prensa de CTERA, en nombre del gremio, se sumaron al reclamo de los docentes del Programa Nuestra Escuela con un comunicado en el que repudiaron el desguace del Programa y afirmaron que el Ministerio estaría incumpliendo con un Acuerdo Paritario que habían firmado en 2015 los cinco sindicatos nacionales con el Ministerio de Educación, de Trabajo y el Consejo Federal de Educación para garantizar la formación permanente, gratuita y en servicio de más de un millón de docentes. “Este es un nuevo ajuste a la educación pública, con la pérdida de fuentes de trabajo para 900 familias. CTERA repudia y rechaza este nuevo atropello a la educación pública y exige al Ministerio de Educación que revea esta medida arbitraria, unilateral y de ajuste”, expresó el comunicado.
Por su parte, el Colectivo de Trabajadores Virtuales se apoya en el gremio ATE para elevar a las autoridades sus reclamos en espera de la apertura de un diálogo para solucionar la problemática o, al menos, tener una certeza sobre los planes que tiene el ministerio para el programa y sus trabajadores. “El apoyo de CTERA es muy importante porque permite de alguna forma que nuestro reclamo no quede invisibilizado como el de un grupo de trabajadores de un programita del Estado. Nos interesa que aparezca en particular nuestro reclamo por los puestos de trabajo, pero también es importante que se ponga este conflicto en un contexto más amplio que es la avanzada furiosa del gobierno contra el universo educativo en general y contra los trabajadores docentes en particular. Ya lo vimos el año pasado como los docentes fueron estigmatizados y aún más aquellos que estaban afiliados a algún gremio”, concluyó Diego Carames.
Ene 4, 2018 | Novedades, Trabajo
Las fiestas de fin de año llegaron con malas noticias para los trabajadores de los medios de comunicación públicos. Reunidos en una histórica asamblea conjunta de Radio Nacional, Televisión Pública y agencia Télam, este miércoles denunciaron la puesta en marcha de un “drástico programa de ajuste en los medios bajo gestión estatal”. El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SDMCP), Hernán Lombardi, prefirió denominarlo “proceso de modernización”. A los 180 despidos en el área de la Televisión Digital (TDA), virtualmente desmantelada, se le sumaron “retiros voluntarios” y jubilaciones anticipadas, y, en el primer día hábil del año, una nueva ola de despidos en Radio Nacional que puede ampliarse en los próximos días.
Ayer, la asamblea conjunta reunió a más de 350 trabajadores de los tres medios en el hall de ingreso del histórico edificio de Nacional, ubicado en Maipú 550. Allí, se resolvió continuar con el plan de lucha, exigir la reincorporación de los despedidos y participar de la marcha de ATE al Ministerio de Modernización para rechazar los despidos en diferentes dependencias del Estado que el gobierno de Cambiemos anunció entre el final de 2017 y la primera semana de 2018. La posibilidad de un paro simultáneo en los tres medios sobrevoló el debate.
Gentileza SIPREBA
“Las tres empresas estamos bajo el mismo convenio de ajuste. El gobierno anunció retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, y si no les alcanza para las bajas que proyectan, habrá más despidos en los medios públicos. En Radio Nacional y en la TV Pública, ya comenzaron las llamadas jubilaciones anticipadas, en Telám se calcula que estarán comenzando dentro de diez días”, resumió Mariano Suárez, delegado de la agencia de noticias estatal, en diálogo con ANCCOM.
Por su parte Agustín Lecchi, delegado de la TV Pública, advirtió que se puso en marcha “un intento de ajuste y vaciamiento por parte de la gestión”. Y afirmó: “La asamblea que realizamos fue histórica. Se da como continuidad de un paro que comenzó el lunes en Radio Nacional, contra los 16 despidos de compañeros que estaban en una relación de fraude laboral desde hace años”.
“Nos enteramos de los despidos de la forma más perversa posible en la que se puede enterar un trabajador que viene a su lugar de trabajo”, dijo Cecilia Bari, secretaria general de la Asociación de trabajadores de Radio Nacional (ATRANA) a esta agencia. Y precisó: “El reloj digital que te toma tu huella en la entrada no te la tomaba y la gente de seguridad te decía que si pasaba eso ya no eras más trabajador de la radio”.
En TDA ya se había vivido un panorama muy similar. Después de Navidad, el subsuelo del edificio de Fabricaciones Militares, ubicado en Cabildo 65, cerró sus puertas y la totalidad de los trabajadores del área de Contenidos Audiovisuales de la Televisión Digital Abierta perdieron sus puestos de trabajo.
“La situación es que se bajan las persianas del lugar físico donde funcionaba la base operativa, entonces no hay un espacio para la reincorporación. Se baja la política pública y se entrega el edificio, no estamos hablando de un porcentaje de trabajadores estamos hablando de la totalidad y sin posibilidades de reincorporación”, explicó uno de los delegados sindicales del SATSAID a ANCCOM.
Anahí Molina, una de las trabajadoras despedidas de TDA, advirtió que el gobierno “habla de reestructuración pero en realidad está desmantelando. Aducen que éramos muy costosos y no es verdad: éramos muy baratos porque estábamos en negro”, detalló. El argumento oficial es que la “relación contractual” finalizó el 29 de diciembre. “Hay gente que trabaja desde hace siete años de una forma permanente, con un modo de empleador-empleado. Es una relación de trabajo encubierta y fraudulenta que no reconocen”, contrastó otro de los referentes del sindicato de televisión consultado por ANCCOM.
En el caso de Nacional, el futuro de las filiales del interior parece en la mira del plan oficial. “Se trata de un vaciamiento que aspira a que Radio Nacional deje de existir en el interior del país. ¡No hay ninguna causa para los despidos! Esto se trata de un plan de achique que nosotros denunciamos a partir de los ofrecimientos de jubilación anticipada que seguirá en enero con retiros voluntarios y con el cese de contratos de personal. Pablo Ciarliero, vicepresidente de la emisora, nos dijo que la radio se va a hacer con la gente que quede”, puntualizó Bari.
La delegada de ATRANA explicó que el plan del gobierno apunta a que “el plantel quede diezmado y se transformen todas las emisoras en meras repetidoras de Radio Nacional Buenos Aires, desconociendo el carácter que tienen las radios públicas que son principalmente un servicio”. Y completó: “A pesar de la era de las comunicaciones, en muchos lugares del interior la única forma que tienen de comunicarse los habitantes es a través del servicio social que brinda Radio Nacional”.
Gentileza SIPREBA
Actualizado 04/01/2017
Dic 20, 2017 | Trabajo
El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, fue uno de los dueños de Freddo hasta diciembre de 2015, cuando anunció que abandonaba el fondo de inversión Pegasus para pasar a ser funcionario del entonces flamante gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, más allá de la publicitada desvinculación, la empresa desarrolla una política salarial de precarización en sintonía con las intenciones oficiales.
A comienzos de mayo, los empleados de la compañía padecieron una serie de despidos masivos que iniciaron un conflicto que llevaría todo el año en resolverse. Marcelo Gasso, delegado hace más de 20 años, comentó: “La empresa en mayo despidió 30 trabajadores. Desde la crisis de 2001 que en la empresa no había despidos masivos.”
El suceso se agravó el 1 de agosto, cuando la empresa postergó el aumento de los trabajadores y postuló una serie de condicionantes para otorgarlo. Mientras que los trabajadores esperaban el 25% de incremento -el índice convenido con la Cámara de Heladeros- , la empresa solo buscaba ofrecerles el 10%.
Viviana Godoy, delegada en su primer mandato, comentó además la intención de Freddo de eliminar una de las categorías de los empleados. “Hay distintas categorías: inicial, especializado y calificado. Hay un 30% de la empresa que tiene esa última categoría. Argumentan que para hablar de un aumento, a esa categoría la tienen que eliminar”. La intención de la empresa era indemnizar a los empleados y bajarlos de categoría, a lo que se negaron. Por último, Godoy dijo: “No se puede bajarle el sueldo a alguien. Todos tienen un derecho adquirido”.
Una empleada, que trabaja hace 13 años y que prefirió no identificarse, comentó: “Al comienzo era o bajarnos la categoría o chau, irnos de la empresa. Muchos, por miedo, quieren aceptar eso”. En ese sentido, el delegado Gasso señala: “Había algo que era totalmente premeditado, de modificar el convenio, de reducir el plantel, de reducir los salarios de los trabajadores. Creo que todo eso viene en concordancia con la reforma laboral”.
La misma empleada que trabaja en uno de los locales comentó que como la empresa no contrató nuevos trabajadores luego de los despidos de mayo, muchos trabajadores se vieron forzados a realizar más tareas de las que realizaban habitualmente. “Yo soy empleada de atención al cliente y sin embargo también estoy en la caja. Pero a mí no me pagan como cajera. O sea tengo que hacer las dos tareas, con todo lo que implican las dos cosas.”
Al negarse a la oferta de Freddo, los empleados tuvieron una audiencia en el Ministerio de Trabajo, en la que no pudieron ponerse de acuerdo con la empresa. La firma no solo ofrecía el 10%, sino que además ese aumento le correspondía al 70% del personal, el que estaba en la categoría de especializado e inicial. Al negarse a estas condiciones, los trabajadores empezaron a convocar a asambleas en los diferentes locales de la empresa.
Al mes siguiente, los empleados descubrieron que en tres locales donde trabajaban los delegados, les habían descontado el presentismo a todos por haber presenciado las asambleas argumentando que habían hecho un cese de actividades. Fue ahí cuando comenzó la escalada del conflicto. Los trabajadores pidieron una segunda audiencia en el Ministerio para pedir explicaciones y el reintegro del dinero. En relación con esta situación, Godoy comentó: “La asamblea es un derecho. Pero fueron puntuales, en esos locales donde trabajan los delegados. Les descontaron al final a todos los empleados, incluso a los que estaban de franco”. La cadena de heladerías se negó a realizar el reintegro y los empleados realizaron un cese de actividades por 24 horas.
Godoy señala que hace diez días rubricaron un acuerdo: la empresa otorgará solo un 15% de aumento y una suma no remunerativa para compensar el diez por ciento restante. “Pan para hoy y hambre para mañana”, concluye en la heladería.
Actualizado 19/12/2017
