Lunes, martes, miércoles. Los días corren, y las familias que viven en la casona de la avenida Pavón al 4.127, en el barrio porteño de Boedo, los cuentan como si fueran los últimos. Jueves, viernes, sábado. Cualquiera de ellos puede ser el definitivo: el que los sorprenda durmiendo en la calle. Porque tras haber logrado una suspensión momentánea de su desalojo, los habitantes del lugar todavía aguardan una solución que no llega. Domingo, lunes, martes. El tiempo, mientras tanto, se agota, y el futuro de treinta y siete familias –unos 70 niños; más de 100 personas, muchas de las cuales viven allí hace 25 años- sigue siendo incierto, peligrosamente frágil. Ahora, una mesa de diálogo integrada por autoridades porteñas, representantes de las familias y de los propietarios del inmueble, buscará dar respuesta a un conflicto que, según legisladores porteños, forma parte del déficit habitacional de la Ciudad de Buenos Aires.
La casilla de Carolina y Diego está ubicada en el patio trasero de la casona, semi oculta tras dos hileras de ropa colgada en sogas. Desde hace días que el interior de su vivienda se encuentra alterado por la inminencia del desalojo. Hay bolsas de consorcio alineadas a un costado; cajas de cartón apiladas; los muebles corridos de su lugar habitual; las camas desarmadas. Carolina y Diego -32 años ella, 28 años él, ambos enfermeros- están prestos para el desalojo: “Si nos tenemos que ir, por lo menos estamos preparados. Se sabe que los desalojos vienen con violencia, te arrasan y te tiran todo”, dice Diego, mientras sus tres hijos –Ariel, de 10; Mateo, de 9; y Maira, de 6- miran los dibujitos animados en una tele rodeada de paquetes y bolsas y cajas. “Todos ellos nacieron acá, se criaron acá. Cuando viene el desalojo nadie piensa en los chicos. Pierden la escuela, pierden el barrio. Sacarnos sin ninguna solución es terrible. ¿Adónde vamos a ir? Nadie te recibe con chicos. Y para alquilar te piden garantía propietaria, depósito: es imposible”, dice Diego.
Luis Roldán, delegado de los habitantes, vive desde hace 25 años en la casona de Pavón, en Boedo.
Medio millón de personas padecen problemas habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires, sostiene en diálogo con ANCCOM, el legislador porteño, José Cruz Campagnoli: “De ese total, 250 mil personas viven en villas y otras 250 mil en casas tomadas o conventillos. Esto muestra que el Estado no garantiza el derecho a la vivienda en la Ciudad. Macri, de hecho, considera que el Estado no tiene que ser constructor sino promotor de las condiciones para que el mercado intervenga. Es decir, no hay que construir viviendas sociales, ni urbanizar las villas”. Según el legislador de Nuevo Encuentro, desde el 2007, cuando Mauricio Macri asumió como jefe de Gobierno porteño, hasta hoy, el presupuesto destinado a políticas de vivienda disminuyó en un cincuenta por ciento: pasó de 4 a menos del 2 por ciento. “Todo esto combinado con un fenomenal desarrollo del mercado inmobiliario, en donde hay 350 mil viviendas ociosas, construidas únicamente como reserva de valor”, agrega Campagnoli.
Ismael en la casa 73. Lleva 5 años en las viviendas tomadas de la calle Pavón en Boedo.
Muchas de las familias de la casona de Boedo viven allí hace un cuarto de siglo. “Pagamos siempre todos los impuestos. Sabemos que esto no es nuestro y no queremos que nos regalen nada. Lo que reclamamos es una vivienda digna, no un subsidio de 1.800 pesos como ofrece el PRO”, dice el delegado de los habitantes del inmueble, Luis Roldán. Por el vestíbulo de la casona –las paredes desconchadas, una claraboya enorme y ovalada por donde se filtra una luz gris, las habitaciones alrededor- corren tres nenes detrás de una pelota azul. “La postura del Gobierno de la Ciudad es recuperar el inmueble y nada más. Con el subsidio no llegamos ni a la esquina”, dice el delegado.
Gracias al apoyo de organizaciones sociales, legisladores porteños y a un recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, se frenó temporalmente el desalojo previsto para el pasado 18 de marzo. “Estábamos desamparados, se acercaba la fecha de la orden del desalojo y estábamos solos. Empezamos a golpear puertas, a llamar a conocidos, y por suerte nos dieron una mano para que esto salga a la luz y se parara”, dice el delegado. Luego de la suspensión del procedimiento judicial, se abrió una instancia de diálogo en la que participan autoridades del Instituto de la Vivienda porteño, representantes de la empresa propietaria del inmueble, Pavón Plaza, y delegados de los habitantes de la casona. Al reclamo de los vecinos también sumó el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se presentó como “Amicus Curiae” (amigo del tribunal) ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 46, en donde se tramita la causa.
Viviendas tomadas y pedido de desalojo en Boedo
Claudia Iriarte tiene 50 y desde hace 24 años que vive en la casona: “Vinimos, en ese entonces, con mi marido y mis dos hijas que eran chiquitas. Estábamos en la calle y no teníamos donde vivir”, recuerda Claudia. El inmueble, por esos años, estaba abandonado, luego de haber sido sede de un colegio de la comunidad judía. “Durante todo este tiempo pagamos la luz, el gas, todos los servicios. No es que estamos enganchados. Acá todos trabajamos. Algunos son albañiles, otros trabajan en seguridad, como mi marido, otros se la rebuscan”, dice Claudia y agrega que “yo ahora tengo nietos viviendo conmigo y si nos sacan de acá, no tenemos donde ir. Luchamos por una vivienda, por un lugar que sea nuestro”.