Jul 4, 2018 | DDHH, Novedades, Te puede interesar
Estomba y Echeverría, barrio de Villa Urquiza, en el límite con Belgrano. Allí, sobre la vereda de la parroquia de San Patricio se colocaron las baldosas por la memoria, con los nombres de las víctimas del quíntuple crimen cometido el 4 de julio de 1976. Del acto, organizado por los Jóvenes Palotinos de Argentina y Barrios por Memoria y Justicia, participaron referentes de distintas organizaciones de derechos humanos, dirigentes, militantes, religiosos, familiares de víctimas, integrantes de la comunidad palotina y simples vecinos. Entre otros oradores, estuvieron Estela de Carlotto, el rabino Daniel Goldman y Anìbal Ibarra, ex fiscal de la causa. Posteriormente se realizó un recorrido por distintos puntos del barrio, que representaban a cada una de las víctimas y luego se celebró una misa.
La jornada sirvió para recordar el salvaje asesinato de los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Dufau, y los seminaristas Emilio Barletti y Salvador Barbeito, en la madrugada del 4 de julio de 1976. Al interior de la parroquia, cercana al altar, una larga alfombra roja agujereada se había colocado como recuerdo del espanto: es la alfombra sobre la cual yacían los cinco cuerpos, y cuyos agujeros evidencian los balazos disparados a mansalva por el grupo de tareas que irrumpió en el lugar.
Los cuerpos fueron encontrados a la mañana siguiente por el joven organista de la parroquia, Rolando Savino. Los principales medios de comunicación atribuyeron falsamente los homicidios al “extremismo” y la Justicia nunca logró identificar a los autores materiales del quíntuple crimen.
Las placas conmemorativas con los nombres de los mártires palotinos están acompañadas por una frase pronunciada en la homilía de la misa celebrada el 4 de julio de 2001 por quien fuera en aquel momento arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Los organizadores recordaron entre otras cosas, la mano tendida por el arquitecto Norberto Cevasco, quien donó los materiales y colaboró con el procedimiento para colocarlas. La vecina Inés Ferrando, por su parte, permitió que las baldosas descansaran en su casa hasta el día de la inauguración. Historias mínimas que lo hicieron posible.
“Nunca nos arrodillamos”
El rabino Daniel Goldman, representante de la Comunidad Bet El y autor del libro Ser judío en los años setenta, afirmó que los tiempos democráticos deben sostener “la idea de memoria como bandera. Toda memoria se establece a partir del presente, porque desde ese presente nos queda el eco de la voz que fue silenciada y hoy reaparece. Por eso, a pesar de toda la tragedia ocurrida, nos queda un momento de alegría: hay un mensaje vigente y es el que nos reúne aquí hoy”. Ese mensaje no es ni más ni menos que: memoria, verdad y justicia.
Por su parte, el exjefe de Gobierno porteño y fiscal en la causa que investigó la masacre de los Palotinos, Aníbal Ibarra, recordó su experiencia como fiscal federal entre 1986 y 1990: “Me dieron esta causa antes de cerrarla diciéndome: ´Ya no hay nada que hacer. Es tremenda pero fijate si podés hacer algo para seguir adelante´. Desde el primer instante me conmovió. No dejamos que se cerrara, conseguí màs pruebas, recuerdo que vine hasta aquí y hablé con los sacerdotes de aquel entonces, conseguimos incluso el procesamiento del comisario de la 37, Rafael Fensore, como encubridor”, expresó. Sin embargo, al día de la fecha no hay un solo autor material detenido.
Para el cierre, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, reconoció que más allá de conocer perfectamente la historia, nunca había pisado el lugar. “Y es que estos genocidas han hecho tanto daño en todo el país, que no doy abasto para conocer todos los lugares. Por eso, a pesar de mis 87 años sigo caminando con el bastón. ¿Y por qué el bastón? Porque nunca nos arrodillamos”, expresó ante el aplauso de los presentes.
Estela no perdió ocasión para mencionar al actual gobierno y la coyuntura nacional: “Que sepan que no van a parar a este pueblo, que hay que salir a la calle en paz y sin violencia. No dejar de pensar que si se pierde un minuto, se pierde una vida. No dejarnos someter por aquellos que quieren que estemos contentos por ser pobres”, manifestó.
Luego de su encendido discurso, se procedió a descubrir las baldosas a escasos metros de la parroquia. Veredas que ya no serán las mismas. Acompañadas por la siguiente frase de Bergoglio, del 4 de julio de 2001, conservarán por siempre el recuerdo de los mártires palotinos: “Las baldosas de este solar están ungidas con la sangre de ellos”.
El acto contó con la presencia de Carlos Pisoni, exsubsecretario de Derechos Humanos de la Nación; Camilo Juárez Pais de HIJOS Capital; Julieta Martínez Molto, concejala de Vicente López por Unidad Ciudadana; Oscar Minteguía, secretario de Desarrollo Social en San Martín, la Asociación Seré por la Memoria y la Vida de Castelar; el exlegislador porteño y miembro de la comunidad palotina Claudio Ferreño; el padre Eleuterio Ruiz del Cristo Obrero de Lomas de Zamora; y la Comisión por la Memoria de Paternal y Villa Mitre; entre otros.
Se leyeron también las adhesiones de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el músico y cantante León Gieco; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; los diputados nacionales por Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau, Josefina González y Horacio Pietragalla; Lita Boitano y Claudio Morresi de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; la organización Memoria Palermo, los curas de Opción por los Pobres; el ex diputado nacional Remo Carlotto; el intendente de Mercedes Juan Ignacio Ustarroz; y el diputado Eduardo “Wado” de Pedro.
Jun 28, 2018 | DDHH, Novedades, Te puede interesar
El único instituto de derechos humanos de la región atraviesa un grave presente desde el funcionamiento de la nueva gestión interventora. Al vaciamiento del contenido pedagógico, la quita de recursos y las deudas con el equipo docente, se le suman 36 despidos: 29 docentes de Trabajo Social, dos por Derecho, tres por Historia y dos por Comunicación, las cuatro carreras que ofrece el IUNMA. La lucha gremial posibilitó la reincorporación de algunos profesores, pero aún quedan muchos conflictos abiertos.
La Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo nació en el año 2000 con la intención de apostar por la educación popular, latinoamericana y transformadora. En 2014, la Ley Nº 26995 formalizó su funcionamiento y se convirtió entonces en el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMa). Con la asunción del Gobierno de Cambiemos fue intervenido por la gestión del Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano
Florencia Greco es politóloga, doctora en Ciencias Sociales, y secretaria general de ADIUNMa, el gremio docente de la Universidad de las Madres. Así relata sus inicios: “Comencé mi actividad en abril de 2010 como docente de la Carrera de Historia. Desde el comienzo me sentí muy cómoda dando clases, pude combinar las dos cosas que más me apasionan: mi interés por la historia argentina y mi pasión por la política. Desde una perspectiva anclada en la educación popular, nuestra práctica educativa es desde siempre una práctica para la liberación”.
La Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo existe desde el año 2000.
Alejandro Estévez es padre de tres hijos y psicólogo recibido en la UBA hace más de 25 años. Como tantos otros, llegó seducido por la historia de lucha y compromiso de las Madres: “El proyecto de la universidad me parece interesante, es audaz. Trabajé y milité muchos años en distintos lugares, y a su vez tengo amigos que son nietos recuperados y están en HIJOS”, comenta.
Belén Sarubbi es la presidenta del Centro de Estudiantes desde noviembre de 2016 por la agrupación Colectivo de Estudiantes. Llegó al instituto en 2010, su padre estaba estudiando allí la Carrera de Historia y se la recomendó. “Fue entonces que vi el programa de Derecho y me pareció muy interesante, y entendí que podía anexarse tranquilamente a mi profesión de periodista, que era mi formación original”, explica.
Futuro por pasado
Las elecciones presidenciales de 2015 interrumpieron un proceso de construcción que, con altibajos, avanzaba. “Al cambiar radicalmente el proyecto de país en el que se enmarcaban la educación y la universidad pública en general, nuestra universidad padeció como pocas los efectos de las políticas regresivas que comenzaron a aplicarse, lo que implicó la reducción de nuestro presupuesto en casi un 80%”, enfatiza Greco.
Si bien la institución no fue cerrada (tampoco sería fácil hacerlo), se comenzó a gestar un verdadero proceso de vaciamiento producto de la quita de recursos, la inexistencia de un edificio apto para dar clases y el atraso con los pagos docentes. La situación culminó con el pedido de renuncia por parte del gobierno de Cambiemos del anterior rector organizador, Germán Ibáñez, designado en su momento por Hebe de Bonafini. En su lugar fue designado el actual rector, Javier Buján, ex interventor del INADI.
Greco sostiene que “si bien la comunidad educativa del IUNMA resistió la intervención desde el primer momento, lo que derivó en un largo mes de toma de las instalaciones ubicadas en 25 de Mayo 552 (ex Secretaría de Derechos Humanos), no nos quedó otro remedio que aceptar bajo protesta la designación de Buján debido a que como el proceso de institucionalización no fue finalizado por el anterior rector, es el Ejecutivo quien tiene la potestad de elección de la autoridad máxima de la institución”.
Juan Francisco Martinez Peria es abogado y doctor en Historia. Está vinculado con la universidad desde 2003, en principio fue estudiante y ahora es docente y delegado. Recuerda que “efectivamente se intentó resistir a esa intervención, pero fue en vano. En ese momento se realizó un acuerdo donde se prometieron muchas cosas, pero al poco tiempo se notó que todo era mentira. Así desgastaron a los directores de carrera que fueron renunciando, no pagaron las deudas que tenían en la mayoría de los casos, empezaron una persecución judicial contra el ex rector… lentamente empezaron a buscar también la forma de desgastar a docentes y estudiantes para que se fueran yendo”.
Durante este último verano, decidieron de manera abrupta expulsar a 36 docentes, entre ellos Martinez Peria. Estaba a cargo de 4 materias en IUNMa: Historia Argentina I, Historia Argentina General, Historia del Pensamiento Latinoamericano y Teoría de la Historia. “Fue una situación muy fea que tuve que vivir, injusta, en la cual no tuve reconocimiento de ningún tipo a pesar de estar allí durante varios años”, asegura con pesadumbre.
«Nuestra experiencia educativa es una práctica para la liberación», dice Florencia Greco, secretaria general de ADIUNMA.
El delito de pintar pañuelos
A excepción de la promesa del nuevo edificio (para este ciclo lectivo se consiguió agregar a la sede de 25 de Mayo 552, una nueva en Av. Pueyrredón 19, en el barrio de Balvanera), el resto de los puntos acordados con la gestión se incumplen de modo sistemático.
Un hecho grave sucedió luego de que los estudiantes pintaran pañuelos blancos, símbolo de su identidad como instituto, y las autoridades los amenazaran con un juicio y con dejar de darles clases, llamando “hechos vandálicos” a la acción artístico-política. Greco asegura que “en respuesta a esta clara persecución a nuestra identidad y a la memoria de nuestro pueblo, simbolizada en los pañuelos, colgamos por ambas sedes guirnaldas de pañuelos blancos, que obviamente también fueron quitadas”.
El contexto universitario, además, no es favorable. Las autoridades del Ministerio de Educación se niegan a cerrar un acuerdo paritario que vaya más allá del 15% y sin cláusula gatillo . “ADIUNMA no sólo pide que los salarios no se sigan degradando, sino que exige el inmediato pago de los sueldos adeudados y, por supuesto, poner fin a la precarización laboral que nos atraviesa, con el 100% del plantel docente en negro y con la amenaza de ser despedidos cuando el rector así lo desee”, afirma Greco.
Para el cierre, Sarubbi deja una reflexión: “Actualmente emprendemos una lucha continua por la reivindicación de la identidad como estudiantes de derechos humanos y que no nos transformemos en un profesional más que sale de la universidad pública al servicio de la burguesía”.
Jun 20, 2018 | DDHH, Novedades, Te puede interesar
El terrorismo de Estado ejecutado por la última dictadura se desplegó no solo en cuarteles y comisarías. Sus tentáculos también llegaron hasta los institutos de menores. Así, por el Instituto Mercedes de Lasala y Riglos pasaron hijos de detenidos desaparecidos luego del secuestro de sus padres. En ese mismo lugar, hoy funciona la Universidad Nacional de Moreno, y fue señalizado como sitio de memoria, en cumplimiento de las leyes que ordenan indicar aquellos lugares en donde se violaron los derechos humanos.
El hogar de menores funcionó dependiendo del Estado nacional, pero con autoridades eclesiásticas, desde 1944 hasta la década del 90. Durante ese período se ocupó de la asistencia de miles de chicos huérfanos. A partir del regreso de la democracia, por sus pasillos circulaba el rumor de que éste sitio había sido uno de los lugares donde se ocultaba a hijos de desaparecidos, que quedaban desamparados tras el accionar de la represión.
Héctor Brachi, interno del Instituto entre 1980 y 1982, recorre después de muchos años el lugar: “Por lo poco que más o menos recuerdo, el patio de juegos estaba apenas entrás. A veces venían los familiares y nos encontrábamos ahí. Después, los comedores estaban para el lado de la derecha. En el primer y segundo piso había dormitorios y la cocina estaba en el fondo de los pasillos largos”, cuenta. Y agrega que él no conocía la historia real detrás de esas paredes, pero el rumor estaba siempre presente: “En su momento, mi mamá (adoptiva) tenía miedo de que yo hubiera sido hijo de desaparecidos, no tenía bien mi legajo”, explica.
Héctor Brachi fue interno del Instituto entre 1980 y 1982.
Andrea Herrera, docente de la escuela N°35, junto a Martha Ibarra, representante de Moreno por la Memoria y algunos estudiantes, llevaron a cabo la investigación que derivó en la señalización como sitio de la memoria, realizada el año pasado. Martha cuenta cuáles fueron los primeros pasos: “Partimos de la hipótesis de que acá habían pasado hijos de desaparecidos, y lo comprobamos desde testimonios que hay en Internet sobre los juicios de la ex ESMA, estaban las declaraciones de Yamila Zavala Rodriguez, Nicolás Koncurat Urondo”. Andrea agrega: “Ellos tenían conocimiento de que después de que sus padres desaparecieran, habían pasado por acá.”
ANCCOM se contactó con Yamila, quien vive actualmente en Mar del Plata. Agradecida sobre la iniciativa de señalizar como sitio de memoria al ex Instituto Lasala de Riglos, dice: “Estos jóvenes, que hicieron un maravilloso trabajo de investigación, transformaron realidades, porque hicieron que yo, y tantos otros hijos de desaparecidos volviéramos ahí, a lo que fue el instituto Riglos de Moreno, que siempre fue una cosa pendiente.” Yamila recuerda su historia, aunque solo tenía 3 años: “Ese día, el 22 de diciembre de 1976, en Lambaré y Corrientes, nos quedamos con mi hermana, nos dejaron en la calle, llevándose a nuestra madre y asesinando a nuestro padre. A partir de ese día nos llevaron a una comisaría, y de ahí al instituto Riglos en la localidad de Moreno, estuvimos hasta mediados de marzo del 77, alrededor de 3 meses, detenidas desaparecidas, porque nadie sabía dónde estábamos. Finalmente nos encontraron por un dato que se dio en anonimato”.
Yamila agrega: “Por los legajos que después me entregaron de la Dirección de Niñez, ahí decía que estábamos a disposición del Ejército, que incluso no se podían recibir visitas”.
«Los hijos apropiados tenían conocimiento de que después del secuestro de sus padres, habían pasado por acá», dice Martha Ibarra, de Moreno por la Memoria.
La señalización oficial la realizó en septiembre pasado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y, antes, desde el proyecto “Jóvenes y memoria” llevaron a cabo una señalización artística. A ambas asistieron algunos de los hijos de desaparecidos que pasaron por el lugar, como Camilo Ríos, Nicolás Koncurat Urondo y, la misma Yamila. “Estuvimos, participamos y fue muy emocionante”, recuerda ella.
Gabriela Díaz, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Moreno se enteró de la historia del edificio al momento de la señalización: “Me dio mucha tristeza saber que estoy pisando un lugar donde ocurrió algo ilegal. Que este lugar se haya convertido en universidad, en un edificio histórico y reconocido, es fuerte”, afirma.
Marta Ibarra cree que la tarea de concientización no termina con señalizar la vieja sede del Riglos: “En realidad estas investigaciones deberían hacerse en todos los institutos de menores, este es el primero en el que se hace, pero en todos deben de haber pasado hijos de desaparecidos”, explica. En la misma línea, Víctor Caro, interno del Riglos en la década del 50, relata: “Estoy muy conforme con el hecho de que haya sido señalizado como un espacio de la Memoria, creo que habrá muchos colegios, institutos, internados para señalizar”. Y, por último, Yamila Zabala Rodríguez señala, que la señalización de estos espacios es “una batalla cultural que hemos ganado”.
Jun 13, 2018 | DDHH, Novedades, Te puede interesar
Veintidós años de prisión por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar. Esa fue la condena que recibió en mayo pasado el ex gendarme por su responsabilidad en aquellos como director de la cárcel de Coronda, en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, goza del beneficio de cumplir la condena en su vivienda, en la localidad bonaerense de Moreno, donde fue escrachado el sábado pasado.
Pablo Contreras, integrante de H.I.J.O.S Zona Oeste, declaró que “lo que hacemos en la marcha es visibilizar la cara y el nombre de Adolfo Kushidonchi para que los vecinos de Moreno sepan que vive un genocida entre ellos. Ya que la prisión domiciliaria es violada y no hay forma de controlarla”. Aparte de H.I.J.O.S de Zona Oeste, participaron del escrache integrantes de Moreno por la Memoria y otras agrupaciones y organizaciones de derechos humanos. La concentración comenzó en el centro morenense y luego los manifestantes pasaron frente a la catedral Nuestra Señora del Rosario y a la Municipalidad de Moreno y terminaron el recorrido en la vereda de la casa Kushidonchi, sobre la Avenida Bartolomé Mitre.
Micaela Corzo, militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) expresó: “Estamos comunicando que a un genocida le dieron 22 años de condena y demostramos que tanto para los represores de ayer y hoy el Estado sigue garantizando impunidad dándoles la oportunidad de estar en prisión domiciliaria”.
La concentración comenzó en el centro morenense y luego los manifestantes pasaron frente a la catedral Nuestra Señora del Rosario y a la Municipalidad de Moreno.
Kushidonchi fue localizado en Moreno en el año 2006, en la catedral local. El represor de Coronda realizaba diferentes tipos de actividades en la recepción y además era el encargado de abrir y cerrar las puertas del templo. En una de las reuniones sociales del lugar fue reconocido por un grupo de militantes, entre los cuales se encontraban Luis Brunatti y Alfredo Moffatt, quienes comunicaron el hallazgo al Director de Derechos Humanos del Municipio, Miguel Fernández.
La información de la aparición del ex integrante de Gendarmería en Moreno llegó en consecuencia a H.I.J.O.S de Santa Fe, en donde aquel había actuado al servicio de la última dictadura. Los miembros de esta agrupación realizaron las denuncias correspondientes con sus abogados, reiniciando el proceso judicial contra Kushidonchi que había comenzado en el año 1984 y había quedado estancado tras perderse su rastro. La lucha de H.I.J.O.S de Santa Fe y Zona Oeste prosiguió durante varios años: 60 personas relacionadas con las denuncias contra la represión ejercida por Kushidonchi testimoniaron, junto con alrededor de 20 familiares, en audiencias sucesivas desde diciembre del 2017, logrando la condena del represor en mayo pasado.
Kushidonchi goza del beneficio de cumplir la condena en su vivienda, en la localidad bonaerense de Moreno.
Sin embargo, a pesar de que fue acusado y condenado por tormento agravado a 36 personas y una muerte, durante su mandato en Coronda, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, por problemas de salud. Rosa, una de las participantes del escrache, explica: “Nosotros como militantes que somos tenemos una postura activa frente a la lucha y frente al escrache en particular. Como ciudadanos necesitamos que todos los genocidas estén en la cárcel, es por ello que al no ser así, estamos decididos a escrachar a Kushidonchi y a seguir la lucha hasta que se realice justicia. Queremos cárcel común para todos los genocidas y como en esta situación no se ha tenido el accionar correcto frente al represor, hoy hay escrache”.
Augusto Saro, uno de los ex presos del penal de Coronda bajo la gestión de Kusidonchi, recuerda: “El régimen consistió en el aislamiento externo e interno, ellos trataban de evitar que tuviéramos contacto con nuestros familiares e hijos, además no nos permitían tener ningún tipo de relación entre nosotros. Sacaban a compañeros solo para ser llevados a los juzgados o a las cárceles y para ser torturados. Establecían 23 horas de encierro con una hora de recreo que por cualquier acción que lleváramos a cabo nos era sacada, lo cual implicaba prácticamente 24 horas de encierro”. Y agrega: “La celda en la que estaba no tenía nada más que un plato y el jarro para comer. También existían celdas de castigo donde éramos aislados sin ningún motivo”.
Por su parte Francisco Ravas, secretario del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N°21 Doctor Ricardo Rojas, también participante en el escrache, expresa su postura: “Creemos que tenemos que mantener viva la lucha por la memoria, verdad y justicia, por los 30.000 compañeros desaparecidos. Por eso como estudiantes y futuros profesores queremos sostener estas banderas para construir un país mejor”.
May 16, 2018 | DDHH, Novedades, Te puede interesar
Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel.
Una pena de muerte sin juicio previo ejecutada por el propio querellante. Este es el accionar que avanza de la mano de las fuerzas policiales de seguridad de la Nación, según las organizaciones ocupadas y preocupadas por los Derechos Humanos de la Niñez que denunciaron ante el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU al Gobierno nacional por llevar a cabo un “brutal despliegue de represión estatal”. Así lo sostuvo Marcela Val, referente de la organización Che Pibe de Villa Fiorito, en una conferencia de prensa en el Anexo del Congreso de la Nación, el viernes último, que contó con la presencia del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Victoria Donda, diputada nacional y nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo.
Las organizaciones denuncian frente al Comité de las Naciones Unidas “el uso irracional de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violando regulaciones fundamentales del estado del Derecho y la seguridad democrática, tales como el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, denunció Gabriela Tosoroni, delegada general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF). El Código de Conducta que dictaminó la ONU sostiene: “El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños”.
Por su parte, Pérez Esquivel, en referencia a la denuncia dijo: “Esto que mandamos a Naciones Unidas es fundamental para poner en evidencia lo que está pasando con la infancia hoy, y por eso digo que si un gobierno no privilegia a los niños está dañando el presente y el futuro de nuestro pueblo”. Señaló al gobierno de Cambiemos como el hacedor de estas políticas de “exclusión” y agregó: “Esto no es un problema puntual, esto es un problema estructural y tenemos que apuntar a los cambios de estructura. Vemos un retroceso en la política de Derechos Humanos de la infancia muy preocupante frente a un gobierno que privilegia el capital financiero sobre la vida del pueblo, y lógicamente los más afectados y los más indefensos son los niños y niñas. Esto es preocupante porque una democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, y lamentablemente no es así”.
Durante el gobierno de Cambiemos, hubo más de un muerto por día debido al uso de las fuerzas del Estado, según datos de Gabriela Tosorini (SENNAF).
“Hay que insistir en que los Derechos Humanos son integrales, que Derechos Humanos y democracia son valores indivisibles. Si se pierden los Derechos Humanos, la democracia se debilita”, sentenció Pérez Esquivel, a lo que Victoria Donda agregó: “Tenemos que seguir peleando por una sociedad con más democracia y con más Derechos Humanos para todos, y eso también significa dejar de tener una Ministra de Seguridad que se pare ante las fuerzas de seguridad que tenemos en nuestro país y las incite a cometer delitos –en referencia a las declaraciones de Patricia Bullrich quien justificó el accionar de las Fuerzas-. Lo que hizo fue hacer apología del delito y todos estamos en riesgo, sobre todo aquellos niños y niñas que están en nuestros barrios, que están en la calle y a quienes deberíamos proteger”. Sobre este tema, Nora Cortiñas añadió: “La ministra de Seguridad convoca al delito, convoca a la violación de los Derechos Humanos en nuestro país”.
Uno de los casos que detalla la denuncia presentada por este colectivo es el de Facundo Ferreyra, el niño de 12 años asesinado el 8 de marzo en Tucumán. Mariana Paterlini, directora institucional de Abogados del Noroeste por los Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), que patrocina a la familia del niño, explicó sobre el asesinato de Facundo: “Se trató de una ejecución extrajudicial, una muerte como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando ese uso no obedece a los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad. De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, el Estado tenía con Facundo obligaciones reforzadas de protección. Las fuerzas de seguridad, como parte del sistema de protección integral de la niñez, debieron asumir con él un rol activo en la prevención de la violación de cualquiera de sus derechos, en particular con la protección de su vida”.
«Cuando la gorra crece, los derechos desaparecen», decía una de las pancartas que sostenía un grupo de jóvenes.
Pero el caso de Facundo lamentablemente no es el único, se han registrado más casos de asesinatos a menores por parte de la fuerza pública. Gabriela Tosorini (SENNAF) presentó los datos que dan cuenta de la situación de militarización de la vida ciudadana: “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante el 2017 dispuso 27.000 efectivos para un territorio de tres millones de habitantes, un policía cada 107 personas, sin contar a gendarmes y prefectos en tareas de custodia, triplicando la recomendación de las Naciones Unidas. En su primer año en las calles, la policía de la Ciudad mató a 24 personas en casos de gatillo fácil, dos por mes. Por su parte, otro informe producido en diciembre de 2017 reveló que en 721 días de gobierno de Cambiemos hubo 725 fallecidos como consecuencia del uso de las fuerzas del Estado”, alrededor de una muerte diaria y agregó: “Estudios sociales han relevado que en 2017 al menos 69 personas fueron muertas por policías fuera de servicio, es decir, de franco o retirados, un 66 por ciento del total de los casos en los que existe el dato de la condición del funcionario. La tendencia de los últimos cinco años es que los efectivos policiales matan más personas estando fuera de servicio que en servicio activo”.
En el cierre de la presentación Nora Cortiñas dijo: “El abuso hacia los menores está en donde el Estado mira para otro lado, donde no se presta atención, donde no se escucha a los niños”. Bajo un anhelo efusivo hacia los presentes, pidió: “Debemos exigir que los niños sean escuchados. Porque los niños no son el futuro, son el hoy”.
