Cambiemos derecho por castigo

Cambiemos derecho por castigo

CarcelDiversas organizaciones sociales y especialistas en materia de Derechos del Niño de
Argentina y Latinoamérica formularon rotundos rechazos ante el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich de un proyecto de ley acerca de un Nuevo Régimen del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. La propuesta está alejada de las recomendaciones y normas internacionales e incluye, entre otras medidas, la baja de edad de punibilidad de 16 a 15 años.

Si bien hay acuerdo en la necesidad de cambiar el actual Régimen Penal Juvenil que  derogue el decreto ley N° 22278 que data de la época de la dictadura, esta reforma debe hacerse en consonancia con los principios internacionales vinculados a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia que respete los derechos y garantías de este sector etario vulnerable. El intento de bajar la edad de punibilidad de 16 a 15 años –dicen los especialistas- no sólo no es recomendable de acuerdo a las recomendaciones de los organismos internacionales, sino que es inconstitucional dado que viola el principio de no regresividad, en tanto se estaría retrocediendo en un derecho adquirido.

“Para abordar este tipo de situaciones se requiere de un Estado social y no un Estado  penal, que cree programas y dispositivos de prevención, integración y contención de los jóvenes ofreciéndoles alternativas de proyecto de vida y no de cárcel o punición. Para eso se requiere inversión de recursos y no desfinanciamiento ni reasignación de partidas. Todo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno en los últimos tres años de gestión. La opción para ellos es ofrecerle a los pibes la amenaza de la encarcelación como forma de disciplinamiento”, advierte José Machain, referente de la Red Argentina No Baja, quien fue consejero de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en representación por la Legislatura Porteña durante doce años.

Al referirse públicamente sobre los alcances de este proyecto de ley, Patricia Bullrich habló de que “contempla un régimen social y educativo para que el menor no siga delinquiendo e impedir que avance en la carrera delictual” haciendo alusión a “la gran cantidad de menores involucrados en situaciones delictivas graves”.  Esta argumentación causó gran repudio de organizaciones sociales dado que no existen datos públicos a nivel nacional que den cuenta de ello mientras que los números de las estadísticas disponibles dicen lo contrario. Por ejemplo, según la información del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, sólo el 3.6% del total de causas penales iniciadas son atribuidas a menores de edad, de los cuales tan sólo el 0.55% son delitos de sangre. “Es desacertado y falaz lo que dice Bullrich. Es ínfima la cantidad de menores de edad involucrados en delitos graves, de violaciones u homicidios. Entonces,  nada tiene que hacer la ministra de Seguridad hablando de medidas socioterapéuticas. No tiene incumbencia en esta temática, como sí la tienen el Ministerio de Educación o el de Desarrollo Social a los cuales este gobierno les ha
recortado presupuesto y reasignado partidas que han sido derivadas justamente a la
Policía Federal y la Gendarmería”, aclara Machain.

Maria del Carmen Verdu

“Así como hace veinte años decíamos que Carlos Menem ganó la reelección con el voto licuadora, ahora apuntan al voto bala», dijo Maria del Carmen Verdú.

En esta misma línea, María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), señala la falta de honestidad de Cambiemos cuando es a este mismo sector etario al que le cierran los secundarios nocturnos y se ve directamente afectado por los recortes que ha habido en Desarrollo Social, tanto de Nación como en Ciudad, concentrados en  dos ejes que este gobierno considera descartables: los programas de género, violencias y disidencias así como en los de niñez y adolescencia. “Hablan de reinserción y hasta de un nuevo régimen socioterapéutico pero andá a visitar cualquier instituto de menores donde hay chicos por razones asistenciales, no penales, y contame si alguien se puede reinsertar viviendo en un cubículo de dos por dos, de cemento, sin almohada, con un camastro de material que es lo único que tienen como mobiliario.

«Después se preguntan por qué suceden los suicidios en los institutos de menores”, denuncia Verdú. A su vez señala que el gobierno utiliza una lógica de demagogia punitiva visible en la sucesión de hechos del último mes y medio con medidas que siguen una misma línea disciplinadora y represiva como la habilitación de uso de armas de fuego contra personas desarmadas, la compra de pistolas Taser o el programa Restituir que reincorpora a agentes apartados de las fuerzas de seguridad por haber sido  investigados durante años por hechos represivos beneficiados por el sobreseimiento o la absolución fáciles. “Así como hace veinte años decíamos que Carlos Menem ganó la reelección con el voto licuadora, ahora apuntan al voto bala. La única forma de enfrentar a estos planes de ajuste y represión es con protagonismo popular en las calles, es el único lenguaje que entienden”, sostiene Verdú.

La relación del anuncio de este tipo de medidas de mano dura con el comienzo de un
año electoral es ineludible. En este sentido, Víctor Ramos, fundador del INADI y presidente de la asociación internacional SOS DISCRIMINACIÓN de Argentina, entiende que existe una especulación por parte del oficialismo  sobre un sector de la sociedad reaccionario que tiene una pulsión xenófoba y que siente que la crisis se resuelve con la represión, lo que los lleva a ir detrás de esos votos. “La respuesta que propone el gobierno de bajar la edad punible, es responsabilizar al otro. Buscan un enemigo, un responsable de lo que el estado no ha podido resolver. Es un discurso que lo van profundizando porque, al no tener propuestas ni soluciones a la crisis económica que el propio Macri generó, señala un responsable: el delincuente ¿Quiénes son los delincuentes? Los pibes, los paqueros, los que se drogan. Buscan el eslabón más débil para responsabilizarlo de la ausencia de políticas públicas y de
profundos problemas sociales que no logran resolver”, argumenta Ramos. Además, señala que este tipo de medidas contribuye a la criminalización y estigmatización de los jóvenes pobres al acusarlos a priori de delincuentes y dejando de lado que son justamente los niños y adolescentes  sobre los que mayor impacto tiene la pobreza, la violencia institucional policial y los recortes en políticas de salud y educación.

En el informe de UNICEF publicado a fines de 2018 sobre “Pobreza monetaria y privaciones no monetarias en Argentina”, se daba a conocer que el 48% de los niños, niñas y adolescentes del país son pobres, de los cuales el 20% se encuentra en condiciones de privaciones severas que implican vivir cerca de un basural, en áreas inundables o no haber asistido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años. En aquel entonces los medios hicieron gran eco de estas cifras alarmantes, pero al arrancar un nuevo año muchos toman a la ligera la baja de la punibilidad a pesar de que se trata del sector etario más afectado por la crisis económica y social que atraviesa el país.

Primera marcha de la gorra en la Ciudad de Buenos Aires.

«Este tipo de medidas contribuye a la criminalización y estigmatización de los jóvenes pobres al acusarlos a priori de delincuentes», reflexionó Victor Ramos.

“En lo que hay que ir a fondo es en que el estado realice políticas sociales adecuadas, con mano dura para los funcionarios que no ejecutan sus presupuestos. Llegamos a fin de año y no se ejecutó parte del presupuesto de Desarrollo Social y de Salud. No puede ser que hay dinero no ejecutado, inclusive haciendo recortes, en esos organismos. No lo gastan donde tienen justamente que invertir, en la prevención y en la integración de los jóvenes. Arrancan al final de la cadena cuando el delito ya se cometió”, sentencia Ramos.

En este sentido, la semana pasada UNICEF Argentina ha puesto en circulación un informe con “Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil”, cuatro carillas donde se desarrolla expresamente que bajar la edad de punibilidad no mejora la seguridad, basado en experiencias internacionales que así lo han demostrado. Más bien se recomienda un sistema de justicia especializado cuyo enfoque se centre en la prevención del conflicto con la ley penal en lugar de la represión y donde la estrategia esté direccionada en pos de la reinserción social a través de la oferta de oportunidades educativas, de recreación y laborales que oriente a los jóvenes  hacia un proyecto de vida alejado del delito.

La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), a su vez, ha emitido un comunicado  en el que deja sentada su postura de rechazo a la disminución de la edad punible ya que entiende que “la actividad estatal no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal que tenga como eje central la baja de edad de punibilidad, con la intención de dar una respuesta demagógica y punitiva al tema de la seguridad ciudadana. Y sin atender centralmente a los derechos sociales de la infancia, cuyo aseguramiento financiero estatal se ha visto recortado en educación, protección integral y salud -entre otros derechos- a la luz del presupuesto nacional aprobado para el ejercicio 2019”.

De debatirse este proyecto de ley en sesiones extraordinarias en el Congreso y de ser  aprobado sería la primera vez que un gobierno elegido democráticamente logre bajar la edad punible. En 1954, el segundo gobierno peronista la elevó de 14 a 16 años y sólo se vio disminuida nuevamente a 14 en 1976, durante la última dictadura cívico-militar. Recién en 1983, con el retorno de la democracia, se recuperaron derechos básicos de la población y se aumentó nuevamente la punibilidad a 16 años.

Historias restituidas

Historias restituidas

La última dictadura cívico-militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y llevada a cabo entre 1976 y 1983, se encargó de hacer desaparecer a 30.000 personas. Con secuestros, torturas y asesinatos, marcó un antes y un después en la historia de cada argentino. Dispuso también el robo sistemático de bebés que nacieron durante el cautiverio de sus madres o que habían sido secuestrados junto a ellas, sustituyéndoles la identidad, imponiéndoles una vida de ocultamiento y mentiras, en donde hay más preguntas que respuestas.

En plena dictadura y en absoluta soledad, un grupo de mujeres se instaló alrededor de la Pirámide de Mayo como una forma de presión para conocer el paradero de cada desaparecido. Fueron llamadas Madres de Plaza de Mayo, pero muchas de ellas también estaban buscando a los hijos de sus hijas y comenzaron a reunirse para esa otra búsqueda. Primero fueron doce y se nombraron Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos. Luego adoptaron el nombre con que la prensa internacional las empezaría a llamar: Abuelas de Plaza de Mayo.

Con un pañuelo blanco en la cabeza, hecho con tela de pañales, Madres y Abuelas se volvieron soberanas de la memoria, la verdad y la justicia. El 22 de octubre se conmemora el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, establecido en 2004, en homenaje a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por recuperar a sus nietas y nietos apropiados. A la fecha, ya lograron restituir la identidad a 128. Esos hombres y mujeres hoy pueden saber quiénes son y reconocerse en sus historias familiares. Ahora tienen la libertad y la verdad en sus manos.

A 41 años del inicio de esta lucha, ANCCOM se reunió con cinco nietos y nietas que repasan, a través de sus historias, la lucha y logros de una institución que creció a fuerza de amor, creatividad y trabajo colectivo. Cada restitución trajo un aprendizaje, y la experiencia construyó las herramientas para que la identidad sea considerada un derecho inalienable. Todavía son más de 300 los nietos y nietas que se siguen buscando.

Tatiana Sfiligoy Ruarte Britos, nieta N°4

Tatiana Sfiligoy Ruarte Britos, nieta recuperada.

El 31 de octubre de 1977, Mirta Britos fue secuestrada en una plaza de Villa Ballester. Sus dos hijas, con quienes se encontraba, quedaron abandonadas en el medio de esa plaza. Tatiana, de 3 años y Laura, de 3 meses, dos NN en la vía pública. “Mi hermana fue llevada al Hospital Pedro de Elizalde (Casa Cuna) y yo a un orfanato en Villa Elisa”, cuenta Tatiana.

A su vez, Carlos e Inés Sfiligoy habían presentado una solicitud de adopción en el Juzgado de San Martín. “Al tiempo les notifican que les habían adjudicado un bebé, que no era ni mi hermana, ni yo. Cuando van al juzgado, curiosamente ese mismo día yo estaba allí, y también mi hermana, luego de haber estado separadas por seis meses, para que nos realizaran exámenes”.

Inés estaba preparada para adoptar ese otro bebé, pero en el juzgado se topó con una enfermera que tenía en brazos a la hermana de Tatiana y le pidió a la secretaria del juzgado adoptarla. Se la niegan tres veces. “Mi mamá empezó a insistir hasta que consiguió el sí”. En ese momento, Tatiana estaba en una oficina, frente a la que estaban Inés y Laura. Ambas eran NN, un universo de desconexión las separaba, no había razones para pensar una relación entre ellas. “Me iban a dar en adopción a otra familia. Empiezo a llamar la atención, hago lío, cosas de una nena de tres años. Inés, al oír, pregunta por mí. Quien estaba con ella le comenta, pidiendo discreción, que se trataba de la hermana de la beba que había elegido adoptar”. La insistencia se duplicó, porque tanto Inés como Carlos también pidieron por Tatiana.

Tatiana Ruarte Britos nació el 11 de julio de 1973 y es fruto de la relación de María con Oscar Ruarte. La unión entre ellos se terminó poco tiempo después de haber nacido Tatiana. María Graciela conoció a Alberto Jotar, con quien tuvo a Laura Malena Jotar Britos, nacida el 13 de agosto de 1977. Hoy Laura es Mara Sfiligoy. Los Sfiligoy sospechaban sobre el origen de sus hijas a pesar del rotundo ‘son dos NN’ que les informaba el juzgado. “A Inés le hacía ruido que hayamos sido abandonadas juntas en una plaza, por lo que recurrió al juez para saber si teníamos familia, y recibió como respuesta un ‘No, señora. No pregunte más’ ”.

En 1980 llegaron las Abuelas, tras una investigación que surgió a partir de una foto con la que contaban como única herramienta. “No había ADN, no había nada“, dice Tatiana. Por la edad de Tatiana debía haber alguna información que fue dada por alguien que se compadeció. “Así detectaron que yo pasé por ese juzgado, que estaba en el período de guarda y camino a la adopción. Se empiezan a conocer mi familia biológica con la adoptiva y el juez dispone un ´arréglense las partes´. Nosotras teníamos tres abuelas (por parte de mi papá, del papá de Mara y nuestra mamá) -describe-. Mis padres adoptivos nunca se opusieron a nuestra familia biológica ni a saber nuestro origen. Se dispusieron regímenes de visita para que estén en contacto ambas partes. Se conformó una familia ensamblada. La adopción tardó en salir ocho años y fue para mí, un alivio. Nunca me ocultaron mi origen, mis padres adoptivos tenían las mismas incertidumbres. Las dos familias se entendieron”.

En años delicados de madurez, Tatiana comenzó a preguntarse por sus padres: “¿Estarán vivos? ¿Los encontraré en algún momento? Eran preguntas constantes, pero a los 12 años me dí cuenta de que no, que seguramente habían muerto”. A los 18 años se anotó en clases de teatro: “Le comenté a mi abuela. Se quedó boquiabierta. Luego me contó que mis padres hacían teatro a la misma edad. Hasta ese momento no sabía, y enterarme fue verme en un espejo”.  Tatiana reflexiona: “La identidad es una construcción. Si no, no se explica. Que la verdad haya salido a la luz implica repensarse todo el tiempo. Hay un antes y un después”.

Claudia Victoria Poblete Hlaczik, nieta N° 64

Claudia Victoria Poblete Hlaczik sosteniendo una foto de sus padres, Marta Gertrudis Hlaczik y José Liborio Poblete Roa, desaparecidos desde el 28/11/1978

El 28 de noviembre de 1978, José Liborio Poblete Roa y Marta Gertrudis Hlaczik fueron secuestrados y llevados al Centro Clandestino de Detención El Olimpo junto con su hija Claudia. La niña fue apropiada e inscripta como hija biológica por Ceferino Landa y su esposa, Mercedes Beatriz Moreira, con el nombre de Mercedes Beatriz Landa. La partida de nacimiento falsa fue firmada por el médico Julio César Cáceres Monié. En 1999, Mercedes fue citada por el juez Gabriel Cavallo para que se realizara los análisis inmunogenéticos que confirmaron su identidad.

“Restituí mi identidad en el 2001. Me llegó una notificación para hacerme el ADN, posiblemente fuera hija de desaparecidos. Si bien en la adolescencia tenía algunas dudas, más que nada por la edad de mis apropiadores que eran personas mayores, no sabía nada de Abuelas, ni que había niños apropiados. Me pasé toda la vida mirando para otro lado. Había indicios claros. Antes de presentarme en el juzgado, hablé con mis apropiadores del tema. Me dijeron que estaba todo armado, que era mentira, que lo hacían para perseguir a los militares. Lo negaron. Sostenían que era su hija biológica. Según ellos no tenían fotos de mi apropiadora embarazada, porque se las habían robado”.

Como sospechaban las Abuelas, el resultado fue positivo. Mercedes era Claudia. “En la carpeta que me dieron había una foto mía de bebé, la vi y me reconocí. Había fotos de mis padres. Eso me sacudió. Empecé a llorar, era mucho para procesar”. El día que recibió el resultado, conoció a su abuela Buscarita, su tía Erika y su tío Fernando. “Yo lloraba, me quería ir, pero me dijeron que hacía mucho me esperaban. Ahí empecé a construir un vínculo”.

Sus apropiadores sostuvieron una mentira durante 22 años. “Siempre muy cuidada, nunca viajaba sola, te llevo y te traigo; a tal casa no vas;  con éste no hablás. Ese cerco era por el miedo de que me llegara la noticia. Toda una vida con esa sensación de que había algo raro, con cosas que no encajaban”.

A pesar de conocer a su familia de origen, Claudia continuó el vínculo con sus apropiadores. “Había algo afectivo y de culpa. Un no querer abandonarlos. Cuando nació mi hija empecé a tomar distancia. Esa culpa prolongaba la apropiación. Entendí lo que ellos habían hecho. Todos los días sostenían una mentira, me miraban a los ojos y no me decían la verdad”. La relación llegó a su fin cuando le dijeron que no se arrepintieron de lo que hicieron. “Mi apropiador no estaba de acuerdo con desaparecer gente. Decía que había que hacer como Pinochet o Franco: paredón y fusilarlos. Ésa era su concepción del mundo. Decía que las Madres de Plaza de Mayo no habían cuidado a sus hijos, que la mayoría había viajado a Europa. Esa era verdad con la que yo crecí y la que defendía”.

Con el tiempo Claudia pudo dejar atrás a Mercedes. “Tenía miedo, estaba conflictuada, pero me cambió la forma de ver el mundo. Vivía en una burbuja, y de golpe andar sola por la calle, salir a cualquier hora o con quien quería fueron cosas que, simbólicamente, tuvieron que ver con la libertad”. Sobre la identidad dice: “Reencontrarte es una transición dolorosa, es no tener a tus padres, no saber qué pasó con ellos. Tenés heridas abiertas. Cuando mi abuela habla del tema se emociona. Nosotras tuvimos la posibilidad de reencontrarnos, encontrar vida para sanar algo”.

Laura Catalina de Sanctis Ovando, nieta N°94

“Cuando ví la propaganda de Abuelas le dije a la mujer que me crió: ‘Soy hija de desaparecidos’, dijo Laura Catalina de Sanctis Ovando

Miryam Ovando fue secuestrada el 1° de abril de 1977, cuando se encontraba embarazada de seis meses. Permaneció detenida en un centro clandestino dependiente de Campo de Mayo. Raúl René de Sanctis también fue secuestrado.

Por una carta que recibieron los padres de Miryam se supo que durante su cautiverio dio a luz una niña, a la cual llamó Laura Catalina.

“Fui restituida en el año 2008. Sabía que no era hija de quienes decían ser mis padres. En la televisión vi una propaganda de Abuelas. Me di cuenta que esa era mi realidad.” Catalina tenía dudas: “Hacía preguntas, pero siempre las respuestas eran esquivas. Ninguna cerraba, pero las tomaba como válidas. Decían que mi familia no me había querido y que ellos me rescataron. También que mis papás murieron en un enfrentamiento.”

Catalina pudo confirmar en primera persona que las mujeres de los oficiales iban a algunos Centros Clandestinos a mirar a las parturientas para ver con qué bebé se quedaban. “En mi casa no había fotos embarazada de la mujer que me crió. Me decía que nací con bajo peso y que estuve en incubadora. Mis papás no podían haber muerto en un enfrentamiento, porque si ella me fue a buscar cuando yo nací, mi mamá no estaba muerta. La tenían cautiva y dio a luz”.  

La trama de ocultamiento fue difícil de desenredar: “Cuando ví la propaganda de Abuelas le dije a la mujer que me crió:  ‘Soy hija de desaparecidos’. Ella lo reconoció. Como era muy comunicativa, los podía exponer. Me dijo que si yo hacía algo para conocer mi identidad, si me acercaba a Abuelas, ellos iban a ir presos. Con mi apropiador nunca hablé del tema. Era perverso. Ella seguro le contó, porque cuando fui creciendo en las discusiones políticas, me insultaba diciéndome «zurda de mierda”.

Catalina decidió continuar con su vida sin hablar del tema. “Lo traté con terapia, aunque después de eso deje de ir. Tenía el terror de que alguien lo supiera por ese fantasma de quiénes eran los montoneros y subversivos, y por pensar que era hija de plantabombas. Por otro lado, estaba la duda sobre si era hija de mi apropiador, que hubiera violado a una militante secuestrada. Decidía no pensar”.

Catalina mantuvo la cabeza ocupada hasta que una persona allegada hizo la denuncia. Ahí llegaron de Abuelas: “El nieto Manuel Gonçalves Granada fue quien se acercó por ellas. Tenían sospechas. Me propuso hacerme un análisis y me dio una carpeta. Ahí empezó mi delirio de escapatoria”. Como una prófuga, Catalina huyó con su marido para evitar que pudieran tomarle muestras de ADN. “Lo que quería era escapar del planeta, de mi vida. Me asustaba el juicio”. Luego llegó el allanamiento. “Mis apropiadores se descompensaron”. El resultado de ADN le confirmó lo que ella presentía: era hija de desaparecidos.

En el 2010 fue a Rosario para conocer a su familia. “Empecé a tener curiosidad sobre quiénes eran mis padres, así me fueron contando. El primo de mi papá me dijo que Abuelas había hecho un archivo para mí. Y del miedo de no querer saber nada con el juicio, pasé a pedir ser querellante en la causa”. Junto con las fotos de sus padres, Catalina recibió una carta. “Había sido presentada por mis abuelos en la causa de búsqueda. La habían recibido después que yo nací. Mi madre la escribió estando en cautiverio”. Ahí fue cuando comenzó a distanciarse de las personas que la criaron. “Me molestaba hablar de madre y padre cuando no lo eran. Mi apropiadora me decía que lo volvería hacer, que fue por amor. La extrañaba, la quería. Me dolió, pero después me hizo daño, reafirmé que viví en un engaño”.

Catalina pudo reconstruir su historia, recuperar su identidad y saberse libre. “La identidad tiene que ver con la elección. Tiene que ver con la construcción de uno mismo. Debe  conocerse la verdad y también la libertad. El que haya mentiras y ocultamiento no permite definir libremente qué quiere ser uno, cómo pararse frente al mundo”.

Guillermo Martín Amarilla Molfino, nieto N°99

Guillermo Martín Amarilla Molfino, hijo de Marcela Esther Molfino y Guillermo Amarilla, desaparecidos desde el 17/10/1979.

Guillermo Amarilla y Marcela Molfino fueron secuestrados el 17 de octubre de 1979, en la vía pública. A Marcela se la llevaron, con sus tres hijos, de su domicilio. Los menores fueron enviados a Chaco, y entregados a su abuela materna. El matrimonio, a Campo de Mayo. Pero nadie sabía que Marcela estaba embarazada de un mes, y que allí, en la maternidad clandestina de Campo de Mayo, nacería Guillermo Martín.

“Fue una infancia construida desde una apropiación. Una mentira. Recuerdo la soledad en la casa de mis padres. Jorge era de Inteligencia. Aída, farmacéutica. Había una ausencia física de ambos durante todo el día. Cuando llegaban de trabajar, todo se convertía en un ambiente bélico entre ellos. Mi rol era poner paños fríos. No podía respirar en ese ambiente. Disfrutaba de estar en el colegio, o jugando con mis amigos en la calle. La felicidad estaba afuera”.

Guillermo da cuenta de cómo el silencio permitió la mentira. “En casa no se hablaba de la dictadura, tampoco de Abuelas. Él, por su trabajo, hablaba poco. Cuando lo hacía, era en desmedro de los movimientos sociales. “Eran terroristas que había que hacerlos mierda”, decía. No había crítica, eran el enemigo. Yo llegaba con mis preguntas a casa, y eran sus silencios y lo que no se decía, lo que abría más dudas”. El apropiador de Guillermo falleció. “Fue un alivio su muerte, no más guerra. Tanto alivio que empezaron a haber miles de preguntas, pero no sabía hacia dónde dirigirlas. No me preguntaba si era un nieto, pero y sí si mis padres eran realmente mis padres. Había culpa en mí por dudar sobre mi origen.”

El proceso de búsqueda interior fue largo. “Seguí con mis dudas en una vida normal. Hasta que a mis veintisiete, en 2007, ví un capítulo de TV por la Identidad y decidí ir a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Allí tomaron la denuncia, hicieron la prueba de compatibilidad genética y dio negativo. No era hijo de desaparecidos. Se bajó la persiana, tuve una respuesta y abandoné la búsqueda”.

En agosto de 2009, un sobreviviente de Campo de Mayo denunció que el 27 de junio de 1979 Marcela dio a luz a un pequeño. Dio a luz a Guillermo. “A mí no me llegó nada sobre esa denuncia, ni tampoco la confirmación de la filiación que salió el 30 de octubre. Sí a mi familia biológica, quienes viajaron hacia Buenos Aires sin saber si yo quería recibirlos. Yo me entero el 2 de noviembre por parte de CONADI, Abuelas y mi familia. Y obvio que quería recibirlos, se cumplió mi sueño de tener hermanos, tenía tres. Me contaron mi historia, la de mis viejos. Pareció que nos conocíamos de toda la vida”.

A Guillermo le gustó, toda la vida, hacer música. Tal es así que formó una banda de tango (entre otras) y se encargó del acordeón, mismo instrumento que tocaba su madre en su Chaco natal. “La identidad es una construcción diaria. A nosotros, los nietos restituidos, Abuelas nos entregan la verdad. Un nombre, una historia, la de nuestros padres. Pero no se detiene ahí la identidad, porque uno de los ejes de ella es la memoria, y la memoria se va tejiendo, no se crea con un examen de ADN. La memoria es también social, es entender que la dictadura y las desapariciones pasaron y que nosotros somos parte y resultado de eso”.

Ezequiel Rochistein Tauro, nieto N°102

Ezequiel junto a las fotos de sus padres biológicos, María Graciela Tauro y Jorge Rochistein.

María Graciela Tauro y Jorge Rochistein fueron secuestrados el 15 de mayo de 1977 y luego llevados al Centro Clandestino de Detención Mansión Seré. Después, María Graciela fue trasladada a la ESMA. Allí, no se sabe cuándo, nació Ezequiel. “Realmente no sé cuándo nací, tampoco hay testimonios sobre alguna fecha exacta, sino que algo aproximado. Pudo ser entre septiembre y octubre, pero mi partida de nacimiento dice 1 de noviembre”.

Ezequiel reconstruye cómo era la vida con sus apropiadores: “Mi vieja de crianza contó que un día llegó de trabajar y se encontró conmigo en la cama matrimonial. Era un bebé con pocos días de vida”. La relación entre sus apropiadores era de discusiones constantes. “A mis 17 años, se separan y él se va de la casa. En cuanto a mí, cero sospechas. Ni por asomo pensé que era hijo de desaparecidos”.

Ezequiel diferencia entre su apropiadora y su apropiador. “Él sí conocía mi origen. Tuvo responsabilidades legales, de hecho está prófugo. No se hizo cargo de mi apropiación. No diferencio si me cuidaba a mí o se cuidaba él”, confiesa.

Vivió una vida normal hasta diciembre de 2001, cuando una denuncia de un ex represor sugirió que Ezequiel podría ser el hijo de Rochistein y Tauro. Por ello, la jueza María Servini de Cubría le envió una citación judicial. “Fue una paparruchada. Se sentó delante mío, me comentó que podía ser hijo de desaparecidos y preguntó si me quería realizar un ADN. Yo me rehusé, así que se levantó y se fue”. En mayo de 2002, la jueza citó a declarar a su expropiadora. “Me puse los guantes para defenderla. No quería que la molestaran”. Esa fue toda la intervención de Cubría. En 2006 la jueza se declaró incompetente y la causa quedó en manos de Rodolfo Canicoba Corral, quien ordena un ADN. “Me negué, incluso la Corte Suprema me respaldó”. En 2008 el juzgado dictó un allanamiento, para poder tomar muestras de ADN a través de objetos personales. “Ya estaba enterado y entonces dí ropa y un cepillo de dientes que no eran míos, por lo que el análisis dio negativo”.

Sin embargo, la verdad se le presentó: “Junio de 2010. Salgo de trabajar y siento que me llaman por mi nombre. Dos civiles de Interpol tenían una notificación para llevarme al juzgado de manera amable o no amable, daba igual. En el juzgado, el secretario del juez me pide ropa pero me niego. El juez me dice: ‘Ezequiel, de acá no salís sin la muestra’”. En septiembre de 2010 lo llamó Nilda Garré -ministra de Defensa en ese entonces- y le comunicó que era hijo de desaparecidos. “Me hizo hablar con gente de CONADI, y tiempo después conocí a mi abuela, tíos y primos biológicos. Me mostraron fotos de mi mamá biológica y era idéntica a mis hijas”.

Ezequiel estudió Economía en la Universidad del Salvador. Tiempo después se enteró que su padre biológico, Jorge, cursó la misma carrera en la Universidad Nacional del Sur. “Lo tenía en la sangre”, dice. Ezequiel reflexiona: “Mi identidad es algo que estoy construyendo. No me siento diferente con otro apellido, pero tengo otra conciencia. Es una reflexión constante sobre mi historia y mi familia biológica”.

 

“No a la militarización de Argentina”

“No a la militarización de Argentina”

Con un discurso de 15 minutos, los organismos de derechos humanos manifestaron, frente al Ministerio de Defensa, su rechazo al decreto firmado por Mauricio Macri que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en la seguridad interior. “Esta reforma no hace más que reforzar el modelo represivo de un gobierno que representa los intereses de pocos, mientras empobrece a las mayorías”, enfatizó la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano. Con una mano agarraba el micrófono, con la otra ponía los dedos en forma de V y agitaba el pañuelo verde que representa la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. 

“Este plan de ajuste solo puede imponerse con represión. Pretenden imponer el miedo como herramienta de disciplinamiento, con el falso objetivo de defender puntos estratégicos”, enfatizó Boitano desde un escenario chico, para la multitud que acompañó, en Alsina y Paseo Colón. Las agrupaciones políticas se acomodaron a lo largo y ancho de la avenida del bajo porteño. Esta vez, la lluvia acompañó a la movilización popular.

“Gritamos con convicción: Fuerzas Armadas represivas nunca más. No a la militarización de Argentina”, exigió Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que entre otras defensoras de los derechos humanos, estaba acompañada por Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, el artesano que murió el 1 de agosto del año pasado después de la represión de Gendarmería en la Pu Lof Resistencia Cushamen.

“Con el discurso del enemigo interno desaparecieron, violaron, encarcelaron y asesinaron a miles de compatriotas. No es casual que el gobierno use la misma terminología al referirse al accionar de los milicos en las calles”, leyó Taty Almeida mientras una nena de no más de 10 años le gritaba desde lejos “¡Fuerza Taty!”.

“En 1983 se volvió a la democracia, entre otras cosas, porque hubo un pacto democrático que se expresaba en la Ley de Seguridad Interior, Ley de Defensa Nacional y la Ley de Inteligencia. Una fue aprobada en el gobierno de Alfonsín, otra en el de Menem y otra en el de Kirchner”, explicó a ANCCOM el diputado de Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau.

El lunes el presidente Mauricio Macri dijo en Campo de Mayo que “es importante que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en la seguridad interior”. Lo hizo antes de que se cumpliera un año del asesinato de Rafael Nahuel por armas de Prefectura, de la desaparición de los 44 tripulantes del ARA San Juan y de la muerte de Santiago Maldonado tras un operativo represivo de Gendarmería.

En su discurso, el Presidente pidió “avanzar en un debate genuino y sincero sobre la reforma del sistema de defensa nacional”. Rápido se olvidó de sus palabras. Al día siguiente firmó el decreto, sin el “debate genuino y sincero” que había solicitado, que rompe con la política de Estado de mantener a las Fuerzas Armadas por fuera de la seguridad interior.  

“Está claro que si quiere modificar las funciones de las Fuerzas Armadas tiene que ir al Parlamento, sino es absolutamente ilegal. Este decreto es inconstitucional”, sostuvo el ex titular del AFSCA, Martín Sabbatella.

“Creo que lo que se está buscando es militarizar el espacio público, construir la cultura del miedo como disciplinador social porque la principal preocupación del gobierno es el saqueo a la patria y el ajuste”, opinó Sabbatella.

Vale aclarar que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, afirmó que las Fuerzas Armadas «no van a intervenir en conflictos sociales ni van a patrullar las calles. Ese es un problema de las fuerzas de seguridad”, en una entrevista en radio La Red.

Moreau le respondió: “A mí no me interesa lo que él diga, me interesa lo que dice la ley. Cualquiera puede decir cualquier cosa, pero lo que pone límites es lo que dice la ley”.

Distintos bloque de diputados opositores presentaron esta semana un proyecto para derogar el polémico decreto de Macri. El próximo 8 de agosto podría tener tratamiento parlamentario.

Mirá la fotogalería de ANCCOM:

 

Baldosas para recordar a los mártires palotinos

Baldosas para recordar a los mártires palotinos

Estomba y Echeverría, barrio de Villa Urquiza, en el límite con Belgrano. Allí, sobre la vereda de la parroquia de San Patricio se colocaron las baldosas por la memoria, con los nombres de las víctimas del quíntuple crimen cometido el 4 de julio de 1976.  Del acto, organizado por los Jóvenes Palotinos de Argentina y Barrios por Memoria y Justicia, participaron referentes de distintas organizaciones de derechos humanos, dirigentes, militantes, religiosos, familiares de víctimas, integrantes de la comunidad palotina y simples vecinos. Entre otros oradores, estuvieron Estela de Carlotto,  el rabino Daniel Goldman y Anìbal Ibarra, ex fiscal de la causa. Posteriormente se realizó un recorrido por distintos puntos del barrio, que representaban a cada una de las víctimas y luego se celebró una misa.

La jornada sirvió para recordar el salvaje asesinato de los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Dufau, y los seminaristas Emilio Barletti y Salvador Barbeito, en la madrugada del 4 de julio de 1976. Al interior de la parroquia, cercana al altar, una larga alfombra roja agujereada se había colocado como recuerdo del espanto: es la alfombra sobre la cual yacían los cinco cuerpos, y cuyos agujeros evidencian los balazos disparados a mansalva por el grupo de tareas que irrumpió en el lugar.

Los cuerpos fueron encontrados a la mañana siguiente por el joven organista de la parroquia, Rolando Savino. Los principales medios de comunicación atribuyeron falsamente los homicidios al “extremismo” y la Justicia nunca logró identificar a los autores materiales del quíntuple crimen.

Las placas conmemorativas con los nombres de los mártires palotinos están acompañadas por una frase pronunciada en la homilía de la misa celebrada el 4 de julio de 2001 por quien fuera en aquel momento arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Los organizadores recordaron entre otras cosas, la mano tendida por el arquitecto Norberto Cevasco, quien donó los materiales y colaboró con el procedimiento para colocarlas. La vecina Inés Ferrando, por su parte,  permitió que las baldosas descansaran en su casa hasta el día de la inauguración. Historias mínimas que lo hicieron posible.

“Nunca nos arrodillamos”

El rabino Daniel Goldman, representante de la Comunidad Bet El y autor del libro Ser judío en los años setenta, afirmó que los tiempos democráticos deben sostener “la idea de memoria como  bandera. Toda memoria se establece a partir del presente, porque desde ese presente nos queda el eco de la voz que fue silenciada y hoy reaparece. Por eso, a pesar de toda la tragedia ocurrida, nos queda un momento de alegría: hay un mensaje vigente y es el que nos reúne aquí hoy”. Ese mensaje no es ni más ni menos que: memoria, verdad y justicia.

Por su parte, el exjefe de Gobierno porteño y fiscal en la causa que investigó la masacre de los Palotinos, Aníbal Ibarra, recordó su experiencia como fiscal federal entre 1986 y 1990: “Me dieron esta causa antes de cerrarla diciéndome: ´Ya no hay nada que hacer. Es tremenda pero fijate si podés hacer algo para seguir adelante´. Desde el primer instante me conmovió. No dejamos que se cerrara, conseguí màs pruebas, recuerdo que vine hasta aquí y hablé con los sacerdotes de aquel entonces, conseguimos incluso el procesamiento del comisario de la 37, Rafael Fensore, como encubridor”, expresó. Sin embargo, al día de la fecha no hay un solo autor material detenido.

Para el cierre, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, reconoció que más allá de conocer perfectamente la historia, nunca había pisado el lugar. “Y es que estos genocidas han hecho tanto daño en todo el país, que no doy abasto para conocer todos los lugares. Por eso, a pesar de mis 87 años sigo caminando con el bastón. ¿Y por qué el bastón? Porque nunca nos arrodillamos”, expresó ante el aplauso de los presentes.

Estela no perdió ocasión para mencionar al actual gobierno y la coyuntura nacional: “Que sepan que no van a parar a este pueblo, que hay que salir a la calle en paz y sin violencia. No dejar de pensar que si se pierde un minuto, se pierde una vida. No dejarnos someter por aquellos que quieren que estemos contentos por ser pobres”, manifestó.

Luego de su encendido discurso, se procedió a descubrir las baldosas a escasos metros de la parroquia. Veredas que ya no serán las mismas. Acompañadas por la siguiente frase de Bergoglio, del 4 de julio de 2001, conservarán por siempre el recuerdo de los mártires palotinos: “Las baldosas de este solar están ungidas con la sangre de ellos”.

El acto contó con la presencia de Carlos Pisoni, exsubsecretario de Derechos Humanos de la Nación; Camilo Juárez Pais de HIJOS Capital; Julieta Martínez Molto, concejala de Vicente López por Unidad Ciudadana; Oscar Minteguía, secretario de Desarrollo Social en San Martín, la Asociación Seré por la Memoria y la Vida de Castelar; el exlegislador porteño y miembro de la comunidad palotina Claudio Ferreño; el padre Eleuterio Ruiz del Cristo Obrero de Lomas de Zamora; y la Comisión por la Memoria de Paternal y Villa Mitre; entre otros.

Se leyeron también las adhesiones de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el músico y cantante León Gieco; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; los diputados nacionales por Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau, Josefina González y Horacio Pietragalla; Lita Boitano y Claudio Morresi de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; la organización Memoria Palermo, los curas de Opción por los Pobres; el ex diputado nacional Remo Carlotto; el intendente de Mercedes Juan Ignacio Ustarroz; y el diputado Eduardo “Wado” de Pedro.

 

Conflictos al por mayor en la Universidad de las Madres

Conflictos al por mayor en la Universidad de las Madres

El único instituto de derechos humanos de la región atraviesa un grave presente desde el funcionamiento de la nueva gestión interventora. Al vaciamiento del contenido pedagógico, la quita de recursos y las deudas con el equipo docente, se le suman 36 despidos: 29 docentes de Trabajo Social, dos por Derecho, tres por Historia y dos por Comunicación, las cuatro carreras que ofrece el IUNMA. La lucha gremial posibilitó la reincorporación de algunos profesores, pero aún quedan muchos conflictos abiertos.

La Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo nació en el año 2000 con la intención de apostar por la educación popular, latinoamericana y transformadora. En 2014, la Ley Nº 26995 formalizó su funcionamiento y se convirtió entonces en el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMa). Con la asunción del Gobierno de Cambiemos fue intervenido por la gestión del Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano

Florencia Greco es politóloga, doctora en Ciencias Sociales, y  secretaria general de ADIUNMa, el gremio docente de la Universidad de las Madres. Así relata sus inicios: “Comencé mi actividad en abril de 2010 como docente de la Carrera de Historia. Desde el comienzo me sentí muy cómoda dando clases, pude combinar las dos cosas que más me apasionan: mi interés por la historia argentina y mi pasión por la política. Desde una perspectiva anclada en la educación popular, nuestra práctica educativa es desde siempre una práctica para la liberación”.

grupo de estudiantes y docente en un aula del IUNMA.

La Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo existe desde el año 2000.

Alejandro Estévez es padre de tres hijos y psicólogo recibido en la UBA hace más de 25 años. Como tantos otros, llegó seducido por la historia de lucha y compromiso de las Madres: “El proyecto de la universidad me parece interesante, es audaz. Trabajé y milité muchos años en distintos lugares, y a su vez tengo amigos que son nietos recuperados y están en HIJOS”, comenta.

Belén Sarubbi es la presidenta del Centro de Estudiantes desde noviembre de 2016 por la agrupación Colectivo de Estudiantes. Llegó al instituto en 2010, su padre estaba estudiando allí la Carrera de Historia y se la recomendó. “Fue entonces que vi el programa de Derecho y me pareció muy interesante, y entendí que podía anexarse tranquilamente a mi profesión de periodista, que era mi formación original”, explica.

Futuro por pasado

Las elecciones presidenciales de 2015 interrumpieron un proceso de construcción que, con altibajos, avanzaba. “Al cambiar radicalmente el proyecto de país en el que se enmarcaban la educación y la universidad pública en general, nuestra universidad padeció como pocas los efectos de las políticas regresivas que comenzaron a aplicarse, lo que implicó la reducción de nuestro presupuesto en casi un 80%”, enfatiza Greco.

Si bien la institución no fue cerrada (tampoco sería fácil hacerlo), se comenzó a gestar un verdadero proceso de vaciamiento producto de la quita de recursos, la inexistencia de un edificio apto para dar clases y el atraso con los pagos docentes. La situación culminó con el pedido de renuncia por parte del gobierno de Cambiemos del anterior rector organizador, Germán Ibáñez, designado en su momento por Hebe de Bonafini. En su lugar fue designado el actual rector, Javier Buján, ex interventor del INADI.

Greco sostiene que “si bien la comunidad educativa del IUNMA resistió la intervención desde el primer momento, lo que derivó en un largo mes de toma de las instalaciones ubicadas en 25 de Mayo 552 (ex Secretaría de Derechos Humanos), no nos quedó otro remedio que aceptar bajo protesta la designación de Buján debido a que como el proceso de institucionalización no fue finalizado por el anterior rector, es el Ejecutivo quien tiene la potestad de elección de la autoridad máxima de la institución”.

Juan Francisco Martinez Peria es abogado y doctor en Historia. Está vinculado con la universidad desde 2003, en principio fue estudiante y ahora es docente y delegado. Recuerda que “efectivamente se intentó resistir a esa intervención, pero fue en vano. En ese momento se realizó un acuerdo donde se prometieron muchas cosas, pero al poco tiempo se notó que todo era mentira. Así desgastaron a los directores de carrera que fueron renunciando, no pagaron las deudas que tenían en la mayoría de los casos, empezaron una persecución judicial contra el ex rector… lentamente empezaron a buscar también la forma de desgastar a docentes y estudiantes para que se fueran yendo”.

Durante este último verano, decidieron de manera abrupta expulsar a 36 docentes, entre ellos Martinez Peria. Estaba a cargo de 4 materias en IUNMa: Historia Argentina I, Historia Argentina General, Historia del Pensamiento Latinoamericano y Teoría de la Historia. “Fue una situación muy fea que tuve que vivir, injusta, en la cual no tuve reconocimiento de ningún tipo a pesar de estar allí durante varios años”, asegura con pesadumbre.

Florencia Greco revisa unos papeles en una de las salas de la Universidad de las Madres.

«Nuestra experiencia educativa es una práctica para la liberación», dice Florencia Greco, secretaria general de ADIUNMA.

El delito de pintar pañuelos

A excepción de la promesa del nuevo edificio (para este ciclo lectivo se consiguió agregar a la sede de 25 de Mayo 552, una nueva en Av. Pueyrredón 19, en el barrio de Balvanera), el resto de los puntos acordados con la gestión se incumplen de modo sistemático.

Un hecho grave sucedió luego de que los estudiantes pintaran pañuelos blancos, símbolo de su identidad como instituto, y las autoridades los amenazaran con un juicio y con dejar de darles clases, llamando “hechos vandálicos” a la acción artístico-política. Greco asegura que “en respuesta a esta clara persecución a nuestra identidad y a la memoria de nuestro pueblo, simbolizada en los pañuelos, colgamos por ambas sedes guirnaldas de pañuelos blancos, que obviamente también fueron quitadas”.

El contexto universitario, además, no es favorable. Las autoridades del Ministerio de Educación se niegan a cerrar un acuerdo paritario que vaya más allá del 15% y sin cláusula gatillo . “ADIUNMA no sólo pide que los salarios no se sigan degradando, sino que exige el inmediato pago de los sueldos adeudados y, por supuesto, poner fin a la precarización laboral que nos atraviesa, con el 100% del plantel docente en negro y con la amenaza de ser despedidos cuando el rector así lo desee”, afirma Greco.

Para el cierre, Sarubbi deja una reflexión: “Actualmente emprendemos una lucha continua por la reivindicación de la identidad como estudiantes de derechos humanos y que no nos transformemos en un profesional más que sale de la universidad pública al servicio de la burguesía”.