Oct 17, 2017 | DDHH, inicio
El juicio a los represores de la dictadura Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader inició ayer su segunda audiencia con el testimonio de Juana, la hija del diputado nacional, Diego Muniz Barreto. El legislador fue víctima de un operativo de la última dictadura cívico-militar, comandado por Fader, ex Capitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares. Luego del secuestro, el 16 de febrero de 1977, el diputado y su secretario Juan José Fernández fueron arrojados al río, simulando un accidente automovilístico, en marzo del mismo año. Juana comenzó su declaración con lo más íntimo de su historia, en la que lleva 40 años pidiendo justicia. «Cuando tenía 8 años entré a la Escuela de Ballet del Teatro Colón. Mi papá me decía que iba a bailar como Margot Fonteyn, ya me veía como primera bailarina del ballet de Londres. Él hacía planes para que yo viajara y pudiera hacer mi carrera allá. Cuando tuve mi primera función, a los 10 años, entró un señor al camarín, que compartía con mis compañeras, con un ramo enorme de claveles rojos con una tarjetita que decía: ´Lo más maravilloso que tengo en este mundo, papá´. Así era mi papá y así fue los 15 años que lo tuve conmigo y tal vez esto explique porque yo estoy acá», contó conmovida.
Como era una figura pública, la desaparición de Diego Muniz Barreto no pasó inadvertida. «El Parlamento europeo, la prensa internacional pero también el diario Buenos Aires Herald y la Agencia de Noticias Clandestina de Rodolfo Walsh pedían por mi papá, además de mi familia. Por lo tanto, mi papá era una carga para ellos porque tenían que devolver su cuerpo, no lo podían dejar desaparecido. Por eso se tomaron ese trabajo, no es tarea sencilla devolver un cuerpo sin marcas después de haber estado semanas en un centro de concentración, después de no haberle dado de comer tantos días que se le caían los pantalones. Se tomaron el trabajo, lo hicieron con mucha precisión y una planificación rigurosa y detallada. Sin embargo, les falló porque a Fernández, el compañero y amigo de papá, no le hizo efecto la inyección (n. de r.: para sedarlo) y logró escapar», resumió Juana.
Después de que Fernández fuera liberado tras ser apresado como sospechoso del homicidio de Diego Muniz Barreto, fue a pedir auxilio y refugio a su amigo Salvador Viale, un escribano que vivía en Cuba. «A mí me emociona mucho pensar que hubo gente que tuvo el coraje de recibir y dar auxilio a un amigo. Salvador le dio de comer y cuando Fernández se recuperó le contó el horror que había vivido y cómo había vuelto de la muerte», relató Juana.
Según lo que recuerda la hija de Muniz Barreto sobre el testimonio de Fernández –quien falleció años después, exiliado en España-, Salvador le aconsejó que escribiera lo que había sucedido porque lo iban a estar buscando y si le llegase a pasar algo nunca se sabría la verdad. «Escribió a muy pocos días de los hechos un testimonio que tiene un valor extraordinario por lo preciso y detallado, con la memoria completamente fresca. Cuando en los 90 se conoció ese testimonio fue desgarrador, pero al mismo tiempo se transformó en la guía de la investigación», explicó Juana.
El juicio a los represores de la dictadura Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader inició su segunda audiencia con el testimonio de Juana, la hija del diputado nacional, Diego Muniz Barreto. Foto registrada el pasado martes.
Luego, la hija del diputado asesinado rememoró el testimonio del ex sargento Víctor Ibáñez, también clave en el juicio: «Yo estuve presente cuando Ibañez declaró que López Fader pidió por mi papá, por el diputado, para que se lo llevaran al Comando de Institutos Militares el 5 de julio a las 3 de la mañana, allí Fader los recibió. Días después de la transferencia, Ibáñez comprobó que mi padre era el diputado que mencionaron porque pegaron en la cartelera, próxima a la sala de torturas, recortes de diarios que daban cuenta del fraguado accidente de mi padre». Para Juana, el testimonio de Ibáñez coincide con el de Fernández, quien también escuchó voces que dijeron que la hora del traslado era las 3 de la mañana. Según señaló de Fernández, el día del traslado, a las 11 de la noche, mandaron a buscar a Muniz Barreto y a Fernández y les hicieron cortar la barba igual que como la tenían al llegar al «Campito» (el Centro Clandestino donde los tuvieron cautivos hasta el 6 de marzo de 1977, cuando fueron arrojados al río). Además, llevaron los documentos de ambos hasta Entre Ríos y antes de tirarlos al agua se los colocaron en los bolsillos. «El objetivo era que cuando encontraran el auto, la policía pudiera identificar fácilmente los cuerpos y así poder devolvérselos a la familia», conjeturó Juana. Otros dos datos que dan cuenta de la planificación de los hechos son, por un lado, que taparan la patente del auto del padre de Juana y, por el otro, que les vendaron las muñecas y tobillos para que las cadenas no los lastimaran y así no dejaran marcas. «El que los vendo sabía lo que hacía. Según Fernández, esa persona vendaba caballos. Y López Fader era de caballería», agregó Juana.
El tono de Juana evidenciaba el dolor, la voz se le quebró en cada frase pronunciada, pero aun así continuó con su relato: «Fernández escuchó la voz de mi papá preguntando: ´¿Nos van a matar?´A lo que alguien le respondió que no. Por un lado se ilusionaban con que los iban a liberar y, por el otro, los amenazaban con que los iban a matar. ´No me cuesta nada pegarte un tiro, no te hagas el loco, no te hagas el héroe´, les decían. Al momento de meter a Fernández en el baúl le dijeron lo mismo: ´Te vamos a encadenar, a meter en un baúl de un auto, no quiero héroes, no te hagas el loco, porque no me cuesta nada pegarte un tiro y tirarte en una zanja´”. No me voy a meter en el horroroso calvario que le hicieron sufrir a mi papá y a Fernández, con el calor insoportable en un baúl tantas horas sin recibir siquiera agua». Cuando llegaron a Entre Ríos, Fernández identificó tres autos estacionados de culata en un semicírculo, dos Falcón, uno color ladrillo y el otro blanco, y un Fiat. Además vio a los tres sujetos responsables debido a que les sacaron las capuchas, porque los iban a matar y ya no importaba si los reconocían. Uno de ellos era Domínguez, alias «Escorpio», que ya ha sido condenado. Los otros dos eran un señor de remera amarilla y el otro era López Fader, que llevaba el torso desnudo y a quién describió como un hombre de unos 33 años, cabello rubio oscuro, estatura mediana, ojos claros, cutis blanco, contextura normal. El de remera amarilla le sacó las vendas con una hoja de afeitar y luego se las pasó a López Fader, quién las quemó. Ese de torso desnudo es quién los había vendado a la mañana y quién luego Fernández señala como el jefe por la forma de hablar que tenía. «Mi papá le pidió por favor que le dieran agua y López Fader le respondió que se quedara tranquilo que ya iba a tener todo el agua que quisiera. Después mi papá les preguntó què hacían ahí, qué estaban esperando y este mismo sujeto le dijo que estaban esperando el camión que los iba a trasladar a la Penitenciaria y mi papá le preguntó si ahí iba a poder recibir la visita de sus hijos. Y eso es lo más precioso que me llevo de toda la investigación, que él en sus últimos minutos pensaba en sus hijos», dijo Juana sollozando. Inmediatamente después lo vuelven a encerrar en el baúl, el auto se alejó, pusieron la radio a todo volumen y procedieron con el asesinato de Barreto. «A mi papá lo mataron, no le dieron una inyección, murió desnucado. Fernández se dio cuenta que lo estaban matando por eso la música fuerte para que no oyera sus gritos», dijo Juana. Después lo inyectaron a Fernández y lo acomodaron en el asiento del acompañante, mientras que a Barreto, quién ya estaba muerto según la autopsia, lo tiraron en el asiento de atrás. A Fernández no le hizo efecto la inyección y se escapó por el agujero del parabrisas.
Cuando Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo y querellante contra Eduardo Alfonso, le preguntó a Juana por las fuentes que consultó además de Fernández e Ibáñez ella respondió que leyó una infinidad de libros y artículos e hizo mención a uno en particular: «Operación bananas» publicado en la revista El Porteño, escrito por Juan José Salinas en el que se describía un encuentro entre López Fader y el Capitán José Luis D’Andrea Mohr en el regimiento de Neuquén en el año 1978. Allí tuvieron una conversación en la que López Fader se jactaba de tirar muchos subversivos al río y para evitar que los cadáveres flotaran los destripaba para que así se fuesen al fondo.
Foto de la audiencia por el juicio a los represores de la dictadura Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader, del martes 10 de octubre.
Juana dijo que hay una coincidencia en todo lo que relató Ibáñez y lo que escribió Fernández. Para ella, queda clara la responsabilidad de López Fader, no sólo en el Comando de Institutos Militares, sino en el lugar del hecho como jefe. Además tuvo una activa participación en los actos de represión, en los años de terrorismo de Estado. «En nombre de salvar la civilización occidental y cristiana y a la familias argentinas, destrozaron miles de familias, humillaron a sus Fuerzas. Ellos hablaban de civilización y cometieron el hecho más bárbaro, que es matar a dos personas indefensas. Mi padre fue el más maravilloso que podría haber tenido y que tengo, por eso espero, ni más ni menos, una sentencia justa. Sé que el jurado se guía por pruebas pero no me puedo quitar de la cabeza a esos otros que siguen desaparecidos, que no tienen causa ni querella porque no flotaron, porque los destripó. Espero que puedan hacer justicia también por ellos», dijo Juana entre lágrimas.
Después de la declaración de Juana Barreto se prosiguió con los testimonios que aportan pruebas al juicio contra el ex General de Brigada Eduardo Alfonso, por su participación en el asesinato de Antonio Domingo García y la desaparición de Beatriz Recchia, embarazada de 5 meses, en el marco de un operativo que se llevó a cabo, el 12 de enero de 1977, en la casa del matrimonio, en Villa Adelina. Con ellos estaba su pequeña hija Juliana, quien -ya adulta- declaró la audiencia anterior. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín, lleva adelante en este juicio unificado dos causas –que han sido acumuladas, pero no tienen conexión entre sí, salvo la impunidad de ambos imputados durante 40 años.
Eva Gloria García, vivía en frente del departamento de Villa Adelina en donde se llevó a cabo el operativo contra la familia García Recchia. Ella observó por entre medio de las persianas de su casa lo sucedido. «Hubo dos operativos en frente de mi casa en 1976, con seis meses de distancia. En el segundo episodio mataron al padre de Juliana y se llevaron a la mamá, que estaba embarazada. Había personas con uniformes militares, policías y gente particular. No pude ver como fue el enfrentamiento porque era a la madrugada y ellos estaban dentro del departamento, y hay un portón delante. Yo vi que alguien había sido herido porque lo atendieron en la casa que está al lado de la mía, creo que fue en el abdomen. Pascual Florencio lo atendió, un médico vecino. Hubo otro herido, según me enteré después era policía. Recuerdo que había un Falcón fuera de la casa, también. A la mamá de la nena -Juliana- la taparon con una frazada, la envolvieron con una soga como un matambre, la metieron en el Falcón y se la llevaron. Eso lo vi porque dejaron el portón abierto. En el barrio se comentaba que los militares decían que se los llevaron porque eran subversivos», contó Eva Gloria.
Durante el cuarto intermedio, Alfonso que asistió sonriente a la audiencia, charlaba animadamente con sus familiares y amigos, con las manos en los bolsillos. Las personas que presencian el juicio destacan el bronceado del imputado y comentan: “Claro, si están en Campo de Mayo jugando tenis y golf todo el día”, en referencia a la cárcel de privilegio que aloja a genocidas.
Luego fue el turno de tres peritos que examinaron las heridas de Alfonso que lo incriminan en la participación del operativo de Villa Adelina. El primero, Luis Horacio Márquez, perito oficial y médico forense, habló de su participación en el peritaje efectuado en el 2009. Hizo mención a que se encargó de verificar si Alfonso tenía heridas, describió las características de las mismas y estableció el posible orificio de entrada y salida de bala. Luego se limitó a repetir las conclusiones de sus compañeros. El segundo, Walter Jorge García, perito especialista en balística, fue quién realizó las pericias en el 2009, por pedido de la defensa de Eduardo Alfonso. Dijo que se hizo un análisis descriptivo de Alfonso –a quien curiosamente se refirió como la víctima-, donde se reunió junto a otros tres peritos. En ese análisis evaluaron la cicatriz que tenía Alfonso en la parte superior del glúteo izquierdo. «La cicatriz que presentaba era indicativa de un orificio de entrada circular, es decir, que la trayectoria fue perpendicular al piso. Por lo cual la herida podría haber sido hecha desde una butaca de motocicleta, porque generaría una impronta horizontal. Si una persona hubiera estado acostada no hubiera dado tal impronta y si una persona hubiera estado parada la única posibilidad de que ese orificio fuera circular sería que el disparo se hubiese efectuado desde la cadera lo cual reduce la certeza del tiro». Todo eso para abonar a la teoría de Alfonso, quien dice que en el mismo momento del operativo de Villa Adelina, él estaba en otro contra un motociclista, que le disparó. Curiosamente, el único episodio que registra la prensa de la época, es el de la casa del matrimonio García Recchia.
Juliana Inés García Recchia en la audiencia del 10 de octubre por el juicio a los represores de la dictadura Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader.
Cuando la querella cuestionó al perito y preguntó si la bala que recibió Alfonso no podría haber provenido de una persona en posición “arrodillada a tierra”, el perito se negó a responder porque no podía precisarlo por falta de datos. Tampoco quiso responder cuando plantearon si Alfonso podría haber sido herido, mientras se descolgaba de una pared, saliendo del patio de la casa en que habría asesinado a Antonio Domingo. Sin embargo, sí aseguró que el disparo efectuado desde una butaca de una motocicleta era factible, aún sin tener los datos de la altura del vehículo ni del tirador. Por último, la perito Silvia Bufalini aseguró que el informe se contestó desde la generalidad de los casos en balística y de los datos que se tenían en ese momento –orificio de bala y distancia al suelo-, porque había datos que no tenían como la altura del tirador y de la moto, si el vehículo estaba en movimiento o estático.
La última en declarar fue Stella Segado ex integrante del Equipo de Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, quien reafirmó lo que ya había declarado en la etapa de instrucción: el legajo de Alfonso contiene una condecoración por su participación en el operativo de Villa Adelina, la madrugada del 12 de enero de 1977. La noche que él dice haber perseguido una moto, sus superiores lo premiaron por su desempeño en la tarea «antisubversiva».
Las audiencias de este juicio por ambas causas acumuladas continuarán el próximo martes a las 9.30 de la mañana en el Tribunal de San Martín. Alfonso pidió que para esa audiencia no se lo trasladase, ya que el juicio girará más en torno al caso López Fader y sus testigos.
Actualizado 18/10/2017
Oct 11, 2017 | DDHH, inicio
Comenzó ayer el juicio contra el ex Secretario General del Ejército, Eduardo Alfonso, acusado por el asesinato de Antonio Domingo García y la desaparición de Beatriz Recchia, embarazada, en 1977, en la localidad bonaerense de Villa Adelina. La pareja militaba en la organización Montoneros. Su hija mayor, Juliana -que tenía tres años en el momento del secuestro- luego del operativo fue privada de su libertad por algunas horas. Al momento de los hechos, Alfonso se desempeñaba como teniente primero de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, ubicada en Campo de Mayo. Este es el primer juicio que enfrenta el ex militar, luego de 40 años de impunidad y cuatro como prófugo. Pudo ser acusado recién en 2008, luego de una lectura minuciosa de su legajo, en el que se lo condecoraba por aquel allanamiento clandestino.
En el mismo juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín –integrado por los magistrados Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Marcela Mónica Rodríguez– juzga a Rafael Félix López Fader, ex capitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, por su participación en la privación ilegal de la libertad y tormentos, homicidio y tentativa de homicidio del ex diputado Diego Muniz Barreto y Juan José Fernández.
Fader está imputado por haber llevado adelante el secuestro de estos jóvenes, el 16 de febrero de 1977, en el marco de un plan sistemático. El personal policial habría obligado a ambos a salir de la carnicería en la que se encontraban y subir al automóvil de Fernández, marca Fiat 128. Las víctimas permanecieron detenidas en la comisaria cercana hasta el 18 de febrero de 1977, fueron trasladados a otra dependencia, arrojados en un calabozo esposados y desvestidos. Posteriormente fueron encapuchados e introducidos en dos automóviles Ford Falcon, donde se encontraban cinco hombres más. Después se inició la marcha hacia la localidad de Pacheco y los encapucharon hasta llegar al Centro Clandestino de Detención el “Campito”, en Campo de Mayo. Allí fueron golpeados, sometidos a simulacro de fusilamiento y a Barreto le aplicaron corriente eléctrica. El 6 de marzo de 1977, en horas de la madrugada, un militar que se apellida Roldan, apodado “Trapito” y un gendarme conocido como “Puma” trasladaron a los detenidos hasta el Comando del Instituto militar de la guarnición militar de Campo de Mayo, donde fueron recibidos por Fader apodado “Raúl” y Mario Rubén Rodríguez alias “Escorpio”. Fader integraba una comisión especial encargada de trasladar a los detenidos desde allí hasta a provincia de Entre Ríos. Las víctimas fueron encadenadas, encapuchadas e introducidas en el baúl de dos automóviles para dejarlos a orillas del rio Paraná, en donde permanecieron hasta el anochecer. Luego le suministraron inyecciones para adormecerlos y colocarlos en el Fiat 128 de Fernández y finalmente lanzarlos al agua. Muniz Barreto falleció, pero Juan José Fernández sobrevivió y pudo escapar del automóvil que había sido sumergido. Los represores intentaron ocultar los homicidios bajo la forma de un accidente automovilístico. Ante la lectura de las acusaciones, Fader decidió hacer uso de la palabra y dijo: “En primer lugar, quiero decirle al tribunal que soy totalmente inocente de los cargos que me han imputado. Yo no participé en el secuestro de Barreto como tampoco en la privación ilegal de su libertad y mucho menos en su deceso, jamás lo he visto. No he participado en la lucha contra la subversión y según me ha manifestado mi abogado defensor lo único que me imputa en esta prueba de la causa Campo de Mayo, ha sido prueba que ha traído el testigo protegido Víctor Ibáñez, al cual no conozco. Y yo le pido, excelentísimo Tribunal, tener un careo con esa persona. Esto es todo lo que voy a declarar por hoy, porque salí muy temprano de Campo de Mayo -a las 3 de la mañana- y olvidé una serie de documentos que sería muy importante mostrar”, dijo Fader, sin que le temblara la voz. Por último manifestó que quiere participar de todas las audiencias del caso.
Eduardo Alfonso, ex Secretario General del Ejército, acusado por el asesinato de Antonio Domingo García y la desaparición de Beatriz Recchia.
Eduardo Alfonso en cambio, prefirió no declarar, por asesoramiento de su letrado y se remitió a su declaración indagatoria, que hizo en sede judicial el 11 de diciembre del 2008. Pidió que se la leyera en voz alta, públicamente, y que luego se incorpore a las actas correspondientes con el croquis de puño y letra que él hizo en esa oportunidad relatando los hechos “tal cual sucedieron”, según su versión. Además expresó que él también quiere presenciar de todas las audiencias. Alfonso niega haber participado en tiempo y lugar del operativo en Villa Adelina, en la calle Independencia al 1940, la noche del 12 de enero de 1977. En aquel escrito, Alfonso dice no conocer el lugar de los hechos que se le imputan, los que “afectan a su persona en lo familiar, personal y profesional”.
Finalmente, tras los inverosímiles relatos de los acusados, fue citada a declarar Juliana Inés García Recchia quien comenzó hablando de sus padres para “bajar a la realidad el caso”, aclaró. “Mi mamá, Beatriz Recchia, se recibió de maestra, ejerció como jardinera y estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Mi papá, Antonio Domingo García, había hecho la primaria como pupilo en el colegio Lasalle de González Catán y fue maestro de grado en el Colegio Pío XII. Los unió la pasión por la historia y la militancia, por el lado de la Iglesia. Se encontraron en un taller de historia en los 70. Convergieron en Montoneros, donde militaron hasta el último momento de sus vidas. Desde jóvenes tuvieron inquietudes sociales y políticas. En 1972 se casaron y cuando mi mamá estaba por rendir uno de sus últimos finales rompió bolsa y nací yo”, relató Juliana. Luego aclaró que a pesar de la corta edad que tenía cuando se produjeron los hechos, tiene recuerdos propios de esa noche porque la marcaron. Con respecto a la memoria de sus padres dijo: “La historia mía con ellos la fui armando con el tiempo. Trato de reconstruirla a través de lo que me contaron y otras que viví. Se han acercado muchas personas que conocían a mis padres, amigos y familia. Los recuerdos que tengo de ellos tengo que cultivarlos día a día. Trato de no perder sus caras, solo viví con ellos tres años y trece días. Los hechos traumáticos no se olvidan y éstos los tengo grabados a fuego junto con sus abrazos que me acompañan, porque es lo que me queda de ellos. Sé que me quisieron mucho y eso fue la base para ser lo que puedo ser hoy”.
“Los familiares necesitamos darle un cierre a esto. Hace más de 40 años que esperamos justicia», dijo Juliana Inés García Recchia.
Antes de la noche de horror que vivió la familia de Juliana, ellos ya sufrían la persecución a manos de la Junta Militar. La situación se había complicado aún más por las caídas de compañeros de sus padres motivo por el cual se mudaron varias veces hasta llegar al PH de Villa Adelina, ubicado en la calle Independencia al 1940, en diciembre de 1976. “Tengo recuerdos de adrenalina y terror que a veces vuelve en sueños”, contó Juliana.
El año pasado, Juliana volvió al barrio y habló con los vecinos y pudo saber qué pasó durante el operativo: “Muchos de mis recuerdos eran reales. Porque lo que me contaban era tal cual como lo tenía presente”. El operativo, según reconstruyó, fue alrededor de las 4 de la madrugada del 12 de enero de 1977. Lo primero que recuerda son los ruidos estruendosos. Después, que se encontraba con su madre agachada detrás de algo, como una cómoda, su madre la protegía y le hablaba. Beatriz le dijo a su pequeña de tan solo tres años que afuera había hombres malos explotando globos. Cuando los sonidos cesaron, aparecieron en la habitación unas personas que las sacaron a ambas de la casa. En el patio yacía su padre, Antonio Domingo García. “Nos hicieron pasar por el patio y ahí estaba el cuerpo de mi papá. El patio era tan chico que tuvimos que pasar por encima de mi papá”, dijo Juliana con la voz quebrada. Luego procedieron a subir a su madre a un camión que, según rememora Juliana, tenía lonas. Después de eso, solo recuerda que la subieron a la parte de atrás de un auto que tenía los “asientos largos”, típicos de los Falcón. Horas más tarde fue entregada a sus abuelos maternos por el personal de la comisaría de Villa Adelina. García fue inhumado como NN en el cementerio de Boulogne, mientras que Recchia -quien permanece desaparecida- fue confinada en la Guarnición Militar de Campo de Mayo, en el Centro Clandestino de Detención conocido como «El Campito». Allí fue vista con vida al menos por dos sobrevivientes. En ese lugar, dio a luz a una niña que permaneció desaparecida apropiada por Luis José Ricchiuti hasta 2009, cuando recuperó su identidad y se convirtió en la nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo número 97. Además, después de aquel operativo habían saqueado la casa. “Se llevaron todo, hasta mis dos cotorritas. Lo único que quedó fue un rollo de papel higiénico. Es lo único que me quedó como recuerdo de esa casa y de mis viejos”, repuso Juliana conmocionada.
“Lo más difícil era entender lo que pasaba con mi mamá, no estaba la figura del desaparecido en ese entonces. La gente desaparecía pero no se sabía qué iba a pasar con ellos. Hubo un tiempo que se decía que los desaparecidos estaban en España. Y yo quería creerlo, me quería ir a Europa a buscar a mi mamá. Mi tío Tito era el encargado de bajarme a la realidad, de pincharme los globos”, contó. A Juliana no solo le arrebataron a sus padres, sino también la posibilidad de tener un lugar en donde elaborar su duelo, una tumba para visitarlos y llorarlos. Al referirse al plan sistemático que llevó a cabo el Grupo de Tareas durante la última dictadura militar Juliana dijo -mientras sacaba un pañuelo y se secaba las lágrimas de dolor: “El plan era este: me quedo con todo, con tus bienes, tus hijos, tu cuerpo. Ni siquiera vas a tener una tumba”.
Juliana pidió que Alfonso tenga la valentía de contar la verdad y diga qué hicieron con su madre.
“Los familiares necesitamos darle un cierre a esto. Hace más de 40 años que esperamos justicia. El daño y el dolor son permanentes. Yo me despierto y todos los días me siento huérfana y mis hijas se perdieron de tener a sus abuelos”, manifestó Juliana. Además, pidió que Alfonso tenga la valentía de contar la verdad y diga qué hicieron con su madre y lamentó que por retardos en la justicia muchos represores quedarán impunes. “Sentimos que esto no se acaba nunca”, dijo Juliana para concluir su testimonio. Inmediatamente finalizada la declaración los aplausos no se hicieron esperar para acompañar a la hija de la pareja víctima del genocida Alfonso a quién no sólo no se le movió un solo musculo mientras Juliana relataba lo que le había sucedido a sus padres, sino que provocó a la audiencia al sonreírle a una fotógrafa que lo estaba retratando. Las que sí se mostraron emocionadas por el relato, fueron quienes vienen acompañando cada uno de los juicios de lesa humanidad. En la sala del martes pudo verse a integrantes de la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo –querellante en esta causa en representación de Juliana-, miembros de la Comisión Campo de Mayo y de Comisión Memoria de San Martín, entre otros. Alfonso y Fader también estuvieron acompañados. Paradójicamente, las hijas de Alfonso no pudieron ocultar la emoción al escuchar el relato de Juliana.
La segunda audiencia se llevará a cabo el próximo martes a las 9.30 de la mañana. López Fader y Alfonso continuarán detenidos en la Unidad Penitenciaria 34 de Campo de Mayo hasta que se dictamine una sentencia. Está previsto que declare Juana Muñiz Barreto, hija del ex diputado Diego Muñiz Barreto, secuestrado y asesinado el 6 de marzo de 1977.
Actualizado 11/10/2017
Sep 20, 2017 | DDHH
El Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) dio a conocer, el viernes 15 de septiembre, el veredicto de la mega causa “Operativo Independencia”, abierta contra 17 represores acusados por delitos de lesa humanidad cometidos contra 271 víctimas, entre febrero de 1975 y marzo de 1976. En el histórico juicio que se llevó a cabo en esa provincia, declararon 455 testigos -entre sobrevivientes de Centros Clandestinos de Detención y familiares de víctimas- sobre los hechos ocurridos durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. El proceso que comenzó el 5 de mayo de 2016 finalizó, luego de que el Tribunal -integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga- leyera la sentencia que incluyó seis condenas a cadena perpetua, tres de prisión superiores a los diez años, una de apenas cuatro años y siete sorpresivas absoluciones. La sesión cerró con algunos fallos divididos y con la sensación de ausencia de justicia.
El pedido de los fiscales Pablo Camuña, Agustín Chit y Julia Vitar, que habían requerido la pena de prisión perpetua para diez de los imputados -Roberto Heriberto (El Tuerto) Albornoz, Luis Armando De Cándido, Ricardo Oscar Sánchez, Miguel Ángel Moreno, Jorge Omar Lazarte, Enrique José del Pino, Manuel Rubén Vila, Néstor Rubén Castelli, Jorge Gerónimo Capitán, y Omar Edgardo Parada- solo se dictaminó de manera parcial, ya que únicamente los seis primeros recibieron ese castigo. En cambio, tres de los cuatro restantes recibieron penas inferiores -Vila fue condenado a 10 años de cárcel, Castelli, a 18 años, y Capitán, a 16 años- mientras que Parada fue absuelto de todos los cargos pese a la gran cantidad de pruebas presentadas en su contra que adjudicaban su responsabilidad a decenas de casos de privación ilegítima de la libertad, torturas, vejaciones, delitos sexuales y homicidios, entre otros crímenes. Por su parte, el ex militar Pedro López, por el cual la fiscalía había solicitado 13 años, finalmente recibió cuatro –pena que fue conmutada por considerarse ya cumplida-, sirviéndole como atenuante su servicio en la Guerra de Malvinas en 1982. Por último, a pesar de los reclamos de las víctimas, los familiares de desaparecidos y de los organismos de los derechos humanos presentes en la audiencia, el tribunal dictó la absolución a José Ernesto Cuesta, Ramón César Jodar, Camilo Orce, José Luis del Valle Figueroa, Alberto Svendsen y José Roberto Abba.
En el histórico juicio declararon 455 testigos -entre sobrevivientes de Centros Clandestinos de Detención y familiares de víctimas-.
En diálogo con ANCCOM, Agustín Chit, fiscal de la causa, relató los hechos vividos durante el cierre del juicio. “De los 17 imputados, 10 fueron condenados, de los cuales sólo seis recibieron prisión perpetua. Y hubo siete absoluciones. Sobre los 10 primeros, se determinó que son culpables por crímenes de lesa humanidad, y por ende, se acreditó que hubo un plan sistemático de exterminio de personas opositoras. De este modo se tiró por tierra uno de los argumentos de la defensa, que decía que había habido una guerra durante el Operativo Independencia”, expuso Chit y, mostrando su disconformidad con el fallo del tribunal, agregó: “En relación con los imputados, advertimos una serie de inconsistencias en los veredictos. Porque algunas de las absoluciones fueron mencionadas con algunos criterios que a nosotros nos llaman la atención, porque no se condicen con las otras condenas que se dictaron. Entonces estamos expectantes para ver cómo el tribunal va a fundamentar la decisión de absolver a siete personas, no sólo por las pruebas que había en su contra y las penas que nosotros habíamos pedido -que eran muy elevadas- sino porque habiendo condenado a perpetua a otros imputados que quizás tuvieron el mismo rol o se desempeñaron en funciones similares, no entendemos por qué absolvió a unos y condenó a perpetua a otros”, desarrolló y advirtió: “Este va a ser un punto por el cual nosotros vamos a ir a Casación para impugnar este fallo. En el caso de las seis condenas a perpetua, no tenemos objeción acerca del fallo, porque eran las penas que nosotros habíamos pedido, pero algunos de los otros condenados obtuvieron penas inferiores a las que solicitamos. Este también va a ser un punto de impugnación en la Casación.”
Esteban Herrera es hijo de Abel Herrera, víctima del Operativo Independencia: “Es un fallo que deja un sabor muy amargo por la cantidad de absoluciones, sobre todo en casos muy emblemáticos, como el de Omar Edgardo Parada, que era el máximo responsable del Centro Clandestino de Detención Santa Lucía, cuya responsabilidad estaba suficientemente probada. Las absoluciones fueron tremendas porque, de alguna manera, están negando la condición de las víctimas de crímenes por los cuales no hay ningún condenado. Hay víctimas que han sido doblemente estigmatizadas, por las causas fraguadas en aquella época y ahora al negarles la condición de víctimas”, manifestó. Su madre, Georgina Simerman, fue secuestrada embarazada en 1977 y permanece desaparecida, Esteban busca a su hermano o hermana nacido en cautiverio. “Por otro lado hubo seis condenas a perpetua, en varios casos a represores que ya estaban condenados por otras causas, y algunas penas que superan los diez años. Mi padre -que militaba en el frente de propaganda del ERP- está entre las 271 víctimas y en el juicio declaré como testigo a partir de la reconstrucción que pude hacer acerca de la militancia de mi papá”, recordó y apuntó: “Por su caso hubo tres condenados. Se comprobó que fraguaron una persecución y dijeron que había sido abatido en un tiroteo. En realidad, lo secuestraron el 16 de septiembre (de 1975) en la vía pública y recién el 6 de octubre entregaron su cuerpo junto a los de otros cinco compañeros. Hicieron pasar sus ejecuciones por un enfrentamiento, a pesar de que eran evidentes los signos de tortura y los balazos a quemarropa con los cuales fueron ejecutados. Por el caso de ellos condenaron a perpetua a Albornoz, a Lazarte y a Del Pino por tormentos agravados y homicidio triplemente agravado.”
A pesar de los reclamos de las víctimas, los familiares de desaparecidos y de los organismos de los derechos humanos presentes en la audiencia, el tribunal dictó la absolución a siete de los imputados.
En la misma línea se expresó el militante de H.I.J.O.S Tucumán Iván Jeger, cuyo padre, el librero Maurice Jeger, fue secuestrado el 8 de julio de 1975 junto a su pareja Olga Cristina González, y permanece desaparecido. “Este fue el decimosegundo juicio por delitos de lesa humanidad en Tucumán, y es la primera vez que hay tantas absoluciones”, refirió Jeger. “De los que recibieron condenas a perpetua, la mayoría ya habían sido condenados, aunque también hubo algunos que recibieron perpetua por primera vez. Entre ellos está Enrique Del Pino, que estuvo implicado en la causa de mi papá. Pero también hubo muchos absueltos, como Camilo Orce, que integraba la patota del (ex comisario) Malevo Ferreyra en Tucumán. Fue bastante duro el fallo. Además, en esta causa se está juzgando un operativo que ocurrió durante un gobierno constitucional, con Isabel Perón en la presidencia. Hay muchos políticos responsables -entre ellos la misma Isabel Perón-, que no estuvieron en el banquillo de los acusados y que, si bien fueron propuestos como imputados, fueron separados por el tribunal”, reflexionó el hijo de Jeger, que como Esteban busca un hermano o hermana nacido en cautiverio. “Lo tremendo de las absoluciones es que la gente que testificó contra los imputados ahora está con justificado temor, porque los represores a los que acusaron quedaron libres. No queda la sensación de que se haya hecho justicia”, aseguró. Luego recordó que la pareja de su padre, Olga Cristina, estaba embarazada de cuatro meses al momento de su secuestro. Ella también continúa desaparecida e integra una lista de 15 mujeres embarazadas que fueron secuestradas en el Operativo y de cuyos destinos, al igual que el de sus hijos por nacer, jamás se supo nada.
“Para nosotros, como fiscales, este juicio fue un enorme desafío. Y sobre todo lo fue para las víctimas y los testigos, que apostaron nuevamente a la Justicia, luego de 42 años, para declarar y contar los horrores que vivieron. Se trata en su mayoría de personas de condición muy humilde, del interior de la provincia de Tucumán, que en muchos casos se acercaban por primera vez a un tribunal. Y creo que el tribunal no estuvo a la altura de sus circunstancias para mensurar y dimensionar las exposiciones de las víctimas”, expuso el fiscal Chit, describiendo la causa en estos términos: “Fue un juicio histórico por la cantidad de casos -por el momento, es el juicio más grande que hubo en Tucumán- y por la cantidad de imputados, muchos de los cuales fallecieron en el proceso y otros a quienes les garantizaron impunidad. Pero incluso con 17 imputados, fue un juicio de enorme relevancia para Tucumán, que de alguna manera intentó retratar una explicación, sin salirse del marco jurídico-penal, de lo que vivió la provincia desde la década del 60 en adelante”.
Una de las principales particularidades del denominado “Operativo Independencia” es que, a diferencia de muchos de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la década del 70 por el terrorismo de Estado, este se dio en el marco de una democracia, meses antes del golpe de Estado que derrocaría al gobierno constitucional de Isabel de Perón e instauraría en Argentina la dictadura autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”. Se estima que del total de desapariciones forzadas cometidas en la provincia de Tucumán, en el periodo comprendido entre 1975 y 1983, cerca del 30 por ciento tuvieron lugar en este operativo llevado a cabo por las Fuerzas Armadas bajo las órdenes de Acdel Vilas y de Domingo Antonio Bussi. Historiadores, políticos y expertos en el tema describen al “Operativo Independencia” como un ensayo del sistema represivo clandestino y la antesala del plan sistemático de desaparición forzada de personas y de exterminio que más tarde se extendería a todo el país y sería implementado por la dictadura de la Junta Militar a escala nacional.
Historiadores, políticos y expertos en el tema describen al “Operativo Independencia” como un ensayo del sistema represivo clandestino.
Sobre este punto, el fiscal Chit manifestó: “Sabemos que en las sentencias que se dictaron en las otras once causas por delitos de lesa humanidad en Tucumán, desde el tribunal se afirmó que el terrorismo de Estado había funcionado en Tucumán antes del golpe de Estado de 1976. A partir de esos antecedentes, se entiende que el tribunal consideró que Tucumán fue un tubo de ensayo en relación a la sistematicidad de la aplicación del terrorismo para lo que posteriormente sería el terrorismo de Estado ampliado sobre todo el territorio nacional. Si el tribunal es consecuente con sus propios antecedentes, y habiendo calificado los hechos en las condenas como crímenes de lesa humanidad, no creemos que se pueda apartar de este criterio, de que el Operativo Independencia efectivamente fue la prueba de lo que sería luego el terrorismo de Estado a nivel nacional durante la dictadura.”
Ante el desconsuelo de las víctimas por las absoluciones, todavía queda pendiente la instancia de Casación, que tendrá lugar en noviembre tras la lectura de los fundamentos de los magistrados respecto a sus leves sentencias. Allí, la fiscalía y los querellantes apelarán las decisiones del tribunal e intentarán revertir los resultados con sabor a injusticia con los que concluyó la Megacausa.
“El próximo paso es leer los fundamentos, el 8 de noviembre, y luego vamos a hacer una presentación ante la Cámara de Casación Federal para que revise aquellos puntos que nosotros consideramos que fueron tratados incorrectamente y que creemos que han sido una equivocación por parte del tribunal”, declaró Chit, y agregó: “También existe en el TOF otro juicio del Operativo Independencia con nuevos imputados por causas de lesa humanidad y que tendrá lugar el próximo año, con lo cual este juicio va a funcionar como un precedente. Por eso va a ser importante que la Casación revise con mucha celeridad estas sentencias”.
Por su parte, Jeger afirmó: “En noviembre van a leer los fundamentos de la sentencia y se va a hacer una apelación en Casación porque, tanto en las absoluciones como las condenas menores a las que se había pedido, uno de los jueces, Juan Carlos Reynaga, siempre votó en disidencia; por ejemplo en algunas absoluciones él había votado perpetua. Al ser un fallo dividido, nos habilita para apelar. Desde el punto de vista personal, teniendo en cuenta cómo está la situación del país y quienes nos gobiernan, yo no tengo muchas esperanzas de que se reviertan los fallos. Pero aun así vamos a utilizar todos los medios que están a nuestro alcance. Nosotros siempre sostenemos que estos tipos son juzgados por un tribunal pero son condenados por la sociedad.”
“Yo sigo repitiendo que, con el clima político que tenemos en la actualidad, no quiero que la familia de Santiago Maldonado tenga que esperar 40 años para obtener justicia. Durante la sentencia también pedimos por su aparición”, concluyó Herrera, haciendo referencia al reclamo que se hizo presente en la audiencia por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que lleva 50 días desaparecido.
Actualizada 20/09/2017.
Sep 19, 2017 | inicio, Noticias en imágenes
A once años de la desaparición de Julio López, testigo clave en el juicio que condenó a cadena perpetua al genocida Miguel Etchecolatz, y a 48 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en el Pu Lof Cushamen, una multitud se reunió en La Plata y Plaza de Mayo para exigir, una vez más, “aparición con vida” de ambos y la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Organismos de Derechos Humanos, sociales y políticos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia organizaron la jornada y responsabilizaron a la Policía bonaerense por la desaparición de López y a la Gendarmería por la de Maldonado. Como sucedió en las últimas marchas, en la desconcentración hubo un pequeño grupo de personas que intentó generar un clima violento, pero los manifestantes lograron aislarlos y desactivarlos.
Actualizada 19/09/2017
Sep 19, 2017 | DDHH
En Avellaneda, en el sur del Gran Buenos Aires, vive Alberto Szewczuk. Igual que su padre Nicolás -fallecido el pasado 29 de agosto- tiene una particularidad más allá de la consanguinidad: es apátrida.
Según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR ), un apátrida es aquella persona que no es por ningún Estado como un connacional. En esa situación se encuentran cerca de diez millones de habitantes en el mundo. Una de las razones de ser apátrida es haber nacido en un país que ya no existe.
Con la disolución de la URSS en 1991 y la conformación de la Confederación de Estados Independientes (CEI), Nicolás y Alberto Szewczuk se convirtieron en apátridas, su status jurídico se modificó: son ciudadanos de un país que ya no existe. Tras la ruptura de la unión de países, su nacionalidad se mantuvo y no recayó en ninguna de las viejas o nuevas naciones. Ninguno de los dos ha realizado los trámites para nacionalizarse como argentino. Su único documento de identidad en el país es un pasaporte argentino para extranjeros con el cual a cada nación que deseen visitar deben pedir una visa.
Gabriela Liguori, coordinadora general de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) afirma que “debido a la falta de normativa con respecto a la problemática, no existen datos oficiales de cuántos apátridas hay en el país, tampoco se conocen las razones por las que obtuvieron esta condición”.
«No existen datos oficiales de cuántos apátridas hay en el país, tampoco se conocen las razones por las que obtuvieron esta condición”, dijo Gabriela Liguori, coordinadora general de la CAREF.
En el 2015 se presentó un proyecto de ley para la protección de los apátridas que tuvo poco avance y que finalmente caducó a principio de este año. Desde la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) se está trabajando un nuevo proyecto legislativo pero por el momento hay poca información.
Nicolás Szewczuk había nacido en 1933 en lo que actualmente se conoce como Ucrania, pero que en su momento era un territorio polaco dentro de la ya desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Su familia vivía en el campo y las condiciones de vida no eran las óptimas, así que la publicitada posibilidad de migrar a otros países como Canadá, Australia y Argentina era la opción más viable. Con su padre y su madre emigraron a la Argentina en 1937, luego de que Canadá limitara las migraciones y de que Australia no fuera una opción tan atractiva como el sur de América.
A los 12 años falleció su madre durante una operación de apéndice y a los 13 su padre, debido a una infección. Él fue acogido por una familia que vivía y que ya tenía un chico de su edad. Empezó a trabajar desde muy pequeño y a los 15 años ingresó a una escuela privada especializada en electricidad. No podía realizar el servicio militar por ser extranjero, lo recordaba como un dato relevante porque era lo que hacían los hombres de cierta edad, casi como un ritual de la sociedad militarizada.
Conoció a quien sería, más adelante, su esposa -que es cordobesa- y la idea de volver a la tierra en la que se nació recobró importancia en los migrantes que habían escapado de la Segunda Guerra Mundial. Europa era una tierra reconstruida, se había originado una nueva cultura, era un lugar distinto al que habían dejado más de una década atrás. Stalin había muerto en 1953 y por esos años, Nicolás veía el resurgimiento del comunismo en el mundo como proyecto político alcanzable.
Las protecciones internacionales sobre la nacionalidad son múltiples, pero al no tener un organismo en donde acudir a solicitar el reconocimiento de su condición, esta población no logra acceder a fácilmente a sus derechos.
El bombardeo a la Plaza de Mayo, el intento de derrocamiento a Perón y el golpe de estado por parte del general Lonardi en 1955 fueron acontecimientos que hicieron de la posibilidad de volver a Europa una realidad. Poco antes de morir, Nicolás le comentó a ANCCOM que “cuando ya estaba la Junta Militar, trabajaba en un frigorífico y en la entrada habían tanquetas, yo vi personas con las manos apoyadas en la pared y la ametralladora de pie en la vereda. Lo pasamos. Se dieron una serie de acontecimientos en los que supimos que estábamos en un país convulsionado”.
Viajó en el barco Santa Fe hasta la URSS, junto a su esposa y su suegra. Analizaron las posibilidades que les brindaban las tres ciudades más desarrolladas: Moscú, Leningrado y Kiev, en la que finalmente decidieron vivir. Al entrar en territorio soviético, ya se era ciudadano con los derechos y deberes que eso implicaba. Su primer hijo, Alberto Szewczuk nació en Kiev, actualmente capital de Ucrania, ex-URSS, en 1960.
Nicolás se dedicaba a realizar traducciones técnicas del ruso al español de material soviético con la integración de Cuba al bloque comunista, además de trabajar en una fábrica que hacía hilo de nylon y rayón.
El Estado organizaba el tema habitacional a través de las fábricas y sus sindicatos: las plantas industriales más grandes tenían mayor cupo. Los Szewczuk compartieron un departamento con una familia, hasta que el gobierno les asignó uno de dos ambientes solo para ellos.
Así como los que volvieron a su tierra natal lo hicieron por sus recuerdos de infancia y adolescencia, Nicolás y su familia decidieron volver a Argentina en Marzo de 1966. Al volver encontraron un país congelado en el tiempo, que en 10 años no había logrado desarrollarse en ningún aspecto, “llegamos a Ezeiza y la verdad es que se nos cayeron las medias -recordaba Nicolás-. Estaba como la había hecho Perón en su momento”.
Para Alberto su transición fue prácticamente inconsciente: de chico nunca quiso hablar español y cuando llegó al país lo empezó hablar y nunca volvió a utilizar el ucraniano. Con certeza afirma que “no me interesa volver, seguramente como un sistema de autodefensa, de decirme que eso es una etapa que ya pasó. Yo lo asigno a la edad, me fui a los 5 años”. A pesar de su desvinculación con su país de nacimiento, recuerda vívidamente algunos detalles de su primera infancia: “Me acuerdo cuando íbamos al río Dniéper, tengo flashes de cuando hacíamos unos hongos salteados que los juntaba mi tío, él sabía cuáles eran los buenos. Me acuerdo que una vez me asomé al balcón y miré un cortejo fúnebre; allá era característico que arriba del féretro que iba por la calle pusieran una hogaza de pan negro redondo y un puñado de sal arriba. Yo en ese momento no sabía que la sal era lo más preciado que se da a un visitante por su escasez”.
Nicolás se dedicó mayoritariamente al trabajo con electricidad en diferentes proyectos a lo largo del país. Se jubiló en 1990. Lucía Gallopo, abogada en el CAREF explica que “nuestras leyes de nacionalidad impiden que se produzca la apatridia, por lo que las situaciones que tenemos son de migrantes apátridas o en situación de apatridia. Principalmente se trata de ciudadanos de la ex URSS cuyos documentos perdieron vigencia y al no haber tramitado oportunamente su actualización ni haber retornado a país de origen, se les dificulta obtener la renovación. En ocasiones, incluso, el tiempo transcurrido sin renovar implica que los Estados que sucedieron a la URSS no reconozcan ni tengan registro de su ciudadanía”.
Según la ley 19510 del año 1972, el país se adhirió a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, promulgada por la Conferencia de las Naciones Unidas en 1954. Sin embargo, Gallopo afirma que “no hay un reconocimiento real de la apatridia en el país, no hay un procedimiento determinado ni órgano destinado a tal fin.”
Las protecciones internacionales sobre la nacionalidad son múltiples, pero al no tener un organismo en donde acudir a solicitar el reconocimiento de su condición, esta población no logra acceder a fácilmente a sus derechos. Tampoco existen procedimientos simplificados para el acceso a la naturalización como una solución definitiva a esta problemática.
Un jarrón que Alberto y Nicolás Szewczuk trajeron de su país natal, adornado con el estilo étnico ucraniano.
Actualizada 19/09/2017
