Otra peligrosa puesta en escena frente a las cámaras

Otra peligrosa puesta en escena frente a las cámaras

 

«Digan sus nombres si no quieren ser los próximos Santiago Maldonado”. Uno a uno, los detenidos tras la represión policial en las inmediaciones de la Plaza de Mayo tras la masiva marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado escucharon la amenaza que les heló la sangre. El operativo reveló innumerables irregularidades que obligaron a la liberación de treinta detenidos después de un fin de semana encarcelados. “La sumatoria de todas las situaciones que tuvieron que padecer desde que los detiene la Policía convierte a esta represión en una de las más graves de los últimos meses”, evaluó María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en diálogo con ANCCOM.

La mayoría experimentó las 55 peores horas de su vida. Detenidos en cuatro comisarías diferentes fueron víctimas del mismo procedimiento: incomunicados, despojados de sus pertenencias -algunas de ellas aún no han sido devueltas-, sin contacto con familiares o abogados, sin comer. Y una de las mujeres fue obligada a desnudarse para ser fotografiada.

El operativo reveló innumerables irregularidades que obligaron a la liberación de treinta detenidos después de un fin de semana encarcelados.

“Hubo una operación del macrismo junto a la Policía para correr de eje la foto de la marcha y poner en su lugar la de unos violentos que rompen cosas y la Policía heroica que detiene a esos violentos y los tienen un fin de semana presos“, subraya Ezequiel, de Antena Negra TV y uno de los trabajadores de prensa detenidos.

Su reconstrucción coincide con la mayoría de los testimonios. “Según la Policía, a mí me detienen 20:30 por tirar una valla, mientras que lo hicieron alrededor de las 22:00. Creo que a nadie lo detuvieron a la hora o en el lugar que decía el informe”, puntualizó.

Esas incongruencias fueron advertidas por la Justicia. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi terminó por ordenar la liberación.

Santiago, compañero de Ezequiel, estaba haciendo la transmisión en vivo desde la base de Antena Negra y confirmó que, a las 20:40, sus compañeros estaban haciendo su tarea en vivo con sus celulares.

 

Detenidos en cuatro comisarías diferentes fueron víctimas del mismo procedimiento: incomunicados, despojados de sus pertenencias -algunas de ellas aún no han sido devueltas-, sin contacto con familiares o abogados, sin comer.

En diálogo con ANCCOM señaló que “muchos medios como América, TN, Canal 13, hablaron de ‘los detenidos por los incidentes’, ‘los que provocaron los incidentes’, incluso cuando ya se había demostrado que fue bastante armado”. Y advirtió: “Hasta el día de hoy no escuchamos a nadie que se haya retractado”.

Otra detenida fue Paola, estudiante de fotografía. “Había unas cinco personas que golpearon el vallado que separa la Casa Rosada de la Plaza y empezaron a incentivar a más personas a que continúen con los disturbios. En el momento que me detienen se escuchaban balazos por mi espalda. Recibí patadas por parte oficiales de sexo masculino”, reconstruyó consultada por ANCCOM. Con la caída, se rompió la cámara. La llevaron a la parte de atrás del vallado, justo el mismo lugar donde minutos antes unas personas la tiraron. “Esas personas eran oficiales civiles. No nos decían porque estábamos detenidos, ni a dónde nos iban a llevar. Me sentí perseguida por las fuerzas del Estado”, agregó.

El traslado hasta la comisaría fue otra película de terror. «Nos llevaron con dos dos testigos. Esos testigos eran oficiales civiles. En el trayecto, un chico pide ir al baño. Ninguno de los oficiales quiso soltarle los precintos ni escoltarlo. Él terminó orinándose encima. Uno de los ‘testigos’ acotó ‘ojala que vuelvan la época de los vuelos’», recordó.

Paola advirtió también que en la comisaría el trato fue «pésimo». «Desde pedir hielo y calmantes para el codo y que no te lo den, hasta preguntar la hora y que los oficiales te contesten con una risa. Pasamos tanto tiempo encerradas, sin ver el sol ni escuchar los ruidos de la calle que no sabíamos qué hora era”, subrayó. Y recordó: «Cada cuatro horas pasaban por las celdas. Nos pedían nuestros datos personales y familiares (por más de que ya se los habíamos brindado), anotaban nuestro color de piel, de ojos, tipo y color de pelo, si lo teníamos con tintura o no. Nos preguntaron nuestra orientación sexual. Querían generar terror en los detenidos”.

 

Uno a uno, los detenidos tras la represión policial en las inmediaciones de la Plaza de Mayo tras la masiva marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado escucharon la amenaza que les heló la sangre.

Verdú continúa trabajando en el caso sobre dos ejes. Por un lado la recopilación de material audiovisual para reconstruir los hechos y poner a disposición del Juzgado. “Por otro, estamos reuniendo todas las evidencias necesarias para demostrar que todos los jóvenes a los que estamos defendiendo ( y no tan jóvenes, como el docente que estaba comiendo una pizza en la calle Bernardo de Irigoyen y pagó $320 pesos a las 22:13 pero su expediente dice que lo hallaron 20:18) para demostrar y acreditar las falsedades y la arbitrariedad de esas detenciones, con el fin de imputabilizar a la Policía. Si primero no mostramos esa situación no es posible avanzar”, le explicó a esta agencia.

Según la abogada de la CORREPI, en las indagatorias se armaron cuatro grupos a los que se les imputa la misma conducta y eso coincide con quienes fueron trasladados en los mismos camiones”. “Acá hubo fue una decisión política de ir directamente hacia la gente con cámaras o con cualquier elemento que permitiera registrar lo que la Policía hacía. No hubiera habido un cuarto de millones de personas en la Plaza de Mayo, sino hubieran desaparecido a Santiago Maldonado”, reflexionó.

Ezequiel contó que en las largas horas de hostigamiento, hubo dos momentos que lo llenaron de esperanza. El primero fue cuando logró ver lo que pasaba afuera de la comisaría 15 de Chacarita donde  estaba detenido porque uno de los policías estaba mirando TN. “Yo no sabía si a nuestra detención se le había dado trascendencia o no, qué había pasado. Una vez que me detienen quedé totalmente incomunicado”, recordó. Familia, amigos y compañeros trataron de hacerles llegar el mensaje de que los estaban acompañando. Frente a la comisaría, nunca dejaron de hacer sonar bombos de percusión. “Escuchaba la música y sabía que era para nosotros”, subrayó.
El segundo momento fue cuando les dijeron que la declaración se adelantaba un día. “Yo no veía la hora de salir”, destacó. “Quiero agradecer al SiPreBa (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, a AnRed (Agencia de Noticias en Red), a RNMA (Red Nacional de Medios Alternativos) porque nos acompañaron en todo momento”, completó.

Actualizada 06/07/2017

 

 

“¡Ni un pibe ni una piba menos!”

“¡Ni un pibe ni una piba menos!”

Organizaciones sociales, barriales y partidos políticos participaron de la 3ª Marcha contra el Gatillo Fácil que se realizó el lunes pasado en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata y Tucumán. En Capital Federal, encabezada por la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, la columna se movilizó desde el Congreso hasta la Casa Rosada, donde hablaron familiares de las víctimas. Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), hubo más de cinco mil muertes en manos de la Policía desde 1983, cuando regresó la democracia, hasta hoy. Denunció que el Estado mata a una persona cada 25 horas. En la mitad de los casos, las víctimas son menores de 25 años y el 45 por ciento de estas muertes ocurrió en la Provincia de Buenos Aires.

Mirá la Fotogalería de ANCCOM:

 

Actualizada 29/08/2017

“Hay un mensaje para intimidar”

“Hay un mensaje para intimidar”

Primero fue la represión a organizaciones sociales en la Avenida 9 de Julio, a metros del Ministerio de Desarrollo Social. Luego la violenta detención de manifestantes que reclamaban por la libertad de un referente mapuche frente a Tribunales.

En menos de dos semanas, ambos episodios conformaron una preocupante secuencia de disciplinamiento de la protesta social. Organizaciones políticas y sociales advirtieron sobre una “escalada”  del accionar represivo de las fuerzas de seguridad. “Se dieron dos hechos muy claros de represión. Hay que preguntarse de dónde viene esta aparición fuerte de la Policía. Todo indica que hay un mensaje muy claro para que la gente se sienta intimidada y deje de marchar”, resumió Federico Efrón, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Los hechos

El miércoles 28 de junio varias organizaciones sociales fueron reprimidas por la Policía cuando se manifestaban frente al Ministerio de Desarrollo Social para exigir un plan de obra pública cooperativa, la declaración de la emergencia alimentaria, tarifas sociales en fábricas recuperadas, clubes de barrio y comedores, y la plena restauración de las pensiones por discapacidad, entre otros puntos. Gases lacrimógenos, balas de goma y hasta dos camiones hidrantes fueron las respuestas que recibieron Quebracho, la Agrupación Villera Piquetera y el Frente por la Dignidad Milagro Sala. Hubo varios heridos y la Policía detuvo por casi 12 horas a ocho personas, entre ellas dos menores. La fuerte presencia y el accionar de efectivos de civil fue la marca distintiva del amplio operativo de seguridad.

“Fue una cacería. Tenían el objetivo de reprimir”, subrayó a esta agencia Sabrina Roth, vocera del colectivo Frente por la Dignidad Milagro Sala. Y amplió: “Este modelo no sirve, no cierra, sin represión. No tiene otra respuesta para los sectores populares”.

Días más tarde, la Policía detuvo a siete manifestantes por reclamar la liberación del jefe mapuche de Chubut, Facundo Jones Huala. La manifestación frente a Tribunales estaba integrada por no más de 40 personas que, para visibilizar el reclamo, quemaron algunas llantas de goma. El justificativo de aquella represión fue que hubo “lesiones, intimidación pública y resistencia a la autoridad” por parte de este colectivo.

Manifestación frente a la Casa de Misiones en pedido de justicia por Victoria Aguirre y Selene Aguirre.

Argumentos

La referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María Carmen Verdú, puntualizó que estos hechos de violencia fueron “simplemente la continuidad de una avanzada que empezó hace un año y medio”. Además, resaltó que “la represión siempre se profundiza en épocas de crisis. No hay semana en la que no estemos denunciando tres cuatro hechos represivos”, puntualizó.

Verdú advirtió que los mecanismos represivos “no variaron tanto, sino que se profundizaron”. Y completó: “Se aplicaron de lleno y por completo herramientas que ya existían.”

Desde el CELS, Efrón mencionó que las represiones policiales van de la mano con los temas políticos y que pueden ir en aumento. Sin embargo, enfatizó en que “la Policía acciona de esta manera no sólo porque hay una decisión política, sino porque hay un Poder Judicial que lo permite.”

Para el abogado, “el problema no es de legislación, (que podría ser mejor, sin ninguna duda), sino de cómo se aplica la ley penal y cómo el poder político responde ante una protesta.”

Efrón subrayó que “protestar nunca puede ser un delito”. Y concluyó: “Quien corta una calle lo hace porque el Estado no lo escucha hace mucho tiempo y es un problema muy grave”.

Como contracara, el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, afirmó que no había ningún tipo de negociación posible o vía de diálogo» en ambos casos por lo que «se intervino con la Policía».

Las declaraciones de Ocampo fueron replicadas por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien avaló la represión. Para él “no había un reclamo claro”. El argumento también fue refrendado por la Casa Rosada. “Nunca nos quedó claro qué estaban pidiendo, por eso también nos dimos cuenta que no había una voluntad concreta de resolver la situación”, dijo la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, sobre el reclamo por la situación de 40 mil cooperativistas bonaerenses que quedaron desempleados en el último año y medio.

Marcha del día del periodista, desde el Obelisco al Congreso de la Nación.

 

Los y las docentes estaban armando una carpa itinerante para visibilizar su reclamo dando clases ahí y fueron reprimidos por la policía a la noche del domingo 9 de abril.

Actualizada 12/07/2017

Justicia por los siete

Justicia por los siete

“El dolor y el reclamo de ustedes también es nuestro”, dijo a los familiares de las víctimas del incendio de la Comisaría 1ª de Pergamino el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien participó el lunes de una importante marcha para exigir justicia junto a Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y al cura Pedro “Pepe” Di Paola, los tres en representación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Previo a la movilización –que comenzó a las 19– se reunieron con los familiares, les expresaron su apoyo moral y les ofrecieron el patrocinio legal del organismo.

La convocatoria de ayer, la cuarta en un mes en memoria de los siete jóvenes, superó con amplitud a las anteriores. Se acercaron familiares, amigos y referentes de Capital Federal, La Plata y hasta de Salta. Entre ellos, miembros de la Red Contra la Violencia Institucional, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino.Fueron cientos de personas caminando lentamente y en silencio desde la Plaza 9 de Julio hacia el centro de la ciudad, cada familiar con una fotografía de su ser querido en la mano. Los rostros de los muertos se multiplicaron en remeras y carteles. Cada dos cuadras, la multitud rompía el silencio para nombrarlos: Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Mario Carlos, Juan Carlos Cabrera, Fernando Emanuel Latorre. “¡Presentes, ahora y siempre!”, gritaban.

Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y el cura Pedro “Pepe” Di Paola, los tres en representación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y el cura Pedro “Pepe” Di Paola, los tres en representación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Diego Filiberto recordó haber visto a su hermano Sergio “durmiendo en un pasillo de la comisaría, un lugar inhabilitado”, y no sólo a él, “eran nueve chicos en un calabozo de tres por tres, con los colchones en el suelo y sin luz”. Su madre, Cristina Gramajo, con la poca voz que le quedaba, se preguntó: “¿Dónde está la gente que tenía que controlar?”. Y agrega: “Mi hijo estaba pagando su error, pero no en condiciones de seres humanos”.

Al llegar al centro de Pergamino, la marcha tomó por la peatonal en dirección a la Comisaría 1ª, donde sucedió el incendio. Comerciantes y clientes, en las puertas de los locales, miraban pasar a los manifestantes que empezaban a subir el volumen de su reclamo. En la calle Dorrego, donde se encuentra la seccional, un vallado y unos 50 policías armados, con cascos y escudos, les impedían seguir. Los familiares pegaron las siluetas de los siete jóvenes en el vallado y evocaron sus nombres, una y otra vez.

Nora Cortiñas pidió que nadie quede impune en este hecho y eso implica, según dijo, no olvidarse de los jueces que “son grandes responsables al abandonar a los jóvenes en las comisarías. Y en este caso, los siete eran personas que no tenían una condena y estaban ahí bajo un juez de Garantía”.

Los familiares pegaron las siluetas de los siete jóvenes en el vallado y evocaron sus nombres, una y otra vez.

Los familiares pegaron las siluetas de los siete jóvenes en el vallado y evocaron sus nombres, una y otra vez.

La marcha continuó su recorrido dos cuadras más, hasta la Fiscalía de la ciudad. Allí, el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, mantuvo una reunión de media hora con la fiscal de la causa y los familiares. “Se libró la orden de detención de cinco policías (los oficiales Alexis Eva, Carolina Guevara y Ezequiel Giuglietti, el sargento César Carrizo y el teniente primero Juan Rodas), que ya están bajo custodia y del comisario (Alberto Donza) que está prófugo”, señaló García, quien apuntó a que “la información se filtró previamente, lo que provocó que hoy no esté detenido”. La Fiscalía se comprometió a “hacer todos los esfuerzos para encontrarlo”.

García pidió por “la protección de los testigos que están detenidos en Junín” y enfatizó en que se investigue a los funcionarios políticos que “permitieron que la comisaría estuviera en esas condiciones”, ya que “hay 80 informes de fiscales que señalaron que era un desastre”. Asimismo, la CPM solicitó al intendente Javier Martínez (del PRO) la creación de un espacio de memoria en la comisaría porque no sólo murieron “estos siete chicos sino que allí también funcionó un centro de detención clandestina durante la dictadura”.

En el final de la marcha, los familiares formaron una ronda, encendieron una vela cada uno y agradecieron la compañía. En palabras de Silvia, madre de Ernesto Latorre: “El apoyo de hoy fue muy importante para que la sociedad empiece a ver que no son siete lacras menos, eran siete pibes en una comisaría al cuidado del Estado”.

Actualizado 04/04/2017

El Estado asesina una persona cada 25 horas

El Estado asesina una persona cada 25 horas

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional –CORREPI- presentó el pasado 2 de diciembre en Plaza de Mayo el informe anual de casos de víctimas asesinadas por el aparato represivo del Estado. María del Carmen Verdú abogada y referente de la organización, en diálogo con ANCCOM, analizó los resultados de la documentación.

¿Qué resultados obtuvieron luego de un año de sistematización de casos de represión institucional?

Lo más significativo es el salto enorme que se ha producido, en todas las modalidades de aplicación de la política represiva del Estado –crímenes por gatillo fácil, asesinatos en cárceles, tortura, etc- en un lapso tan breve de tiempo. Un dato a tener en cuenta es que si se observa la evolución de los casos desde el año 1983 hasta ahora, se encuentran varios momentos en los que se producen “saltos” importantes que, no casualmente, coinciden con los procesos de profundización de la crisis económico-social. Lo que llama la atención este año es que en un período de diez meses y medio de gobierno macrista, se incrementó el promedio record del gobierno anterior registrado por día de gestión. Con el gobierno de Cristina Kirchner se producía un asesinato cada 28 horas, ahora con Macri se produce uno cada 25. Otra cuestión a tener en cuenta es que a los Kirchner les costó diez años pasar de tener una muerte cada 30 horas a una cada 28, a Macri sólo 10 meses y medio. Cuando presentamos el informe de 2015, llegamos con menos de 200 casos registrados, actualmente ese número está oscilando en 280 porque hay muchos casos que llegan después de la publicación del archivo por la repercusión que tiene. En lo que va de 2016 registramos 259 casos. Otro ejemplo que permite graficar este incremento, es que hasta el año pasado recibíamos un promedio de dos a tres consultas semanales vinculadas con detenciones arbitrarias, hoy estamos en un promedio de dos a tres consultas por día. Es siete veces más. Y más de la mitad de los muertos no son personas que están presas porque alguien los acusó de un delito, sino que son los pibes levantados en la calle,  detenidos arbitrariamente.

¿A qué factores atribuís el aumento de la represión institucional por parte del gobierno nacional?

Nosotros sostenemos que las políticas represivas que administran los gobiernos de turno son una necesidad instrumental. La administración de la represión está directamente vinculada a dos factores: por un lado, la necesidad concreta en la etapa, es decir, la situación social, la coyuntura, etc. Por otro lado, las características propias, el perfil, que va a tener cada gobierno. ¿Por qué Macri necesita dar este salto? Por el salto que dio en materia de ajuste. El año pasado nosotros cerramos la presentación del archivo realizando un pronóstico en el cual decíamos que gane quien gane se venía una etapa de ajuste y represión. Que iba a ser más explícita si ganaba Macri, y que iba a tener características de disimulo si ganaba Scioli. La represión es una necesidad para sostener miles de despidos en el sector privado y estatal, una inflación que se come el salario, los tarifazos. Hubo un fallo histórico de enero en que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad anunció que ya no necesitaban saber el motivo de una detención, que si la policía quería parar a alguien que lo haga libremente. Hay otro dato significativo: el mismo Estado tuvo que contratar muchísimos abogados para aumentar el plantel de la División de Asuntos Penales del Ministerio de Seguridad de la Nación que son quienes defienden a los integrantes de la fuerza -prefectos, gendarmes- implicados en procesos penales motivados por “actos de servicio”, que no son actos cualquiera sino de gatillo fácil, muerte en cárceles, etc. A medida que aumenta el número de efectivos en las calles, aumentan también el número de causas. Es directamente proporcional. El archivo lo muestra: ha aumentado del año pasado a este la incidencia de gendarmes en los crímenes, y sucedió porque ahora los barrios están ocupados por éstos.

«¿Por qué Macri necesita dar este salto? Por el salto que dio en materia de ajuste», dice la abogada.

¿Cuáles son los delitos más comunes que lleva adelante el Estado en estas muertes que se cometen cada 25 horas?

En el 47% de los casos corresponde a fusilamientos en la vía pública, es decir, gatillo fácil. Por esto decimos que la principal causa de muerte a manos del Estado es caminar por el barrio con pinta de joven y pobre. La segunda causa es estar preso: el 39% son muertes en lugares de detención (cárcel, comisarías, institutos de menores, interior de patrulleros, etc). Finalmente, y con bastante diferencia en los porcentajes, vienen las otras modalidades como por ejemplo, las desapariciones forzadas. Lo que nunca habíamos hecho, hasta este año, era indagar qué implicancias tiene eso en el universo mujeres. En primer lugar porque, en relación al total, el 90% de los muertos en cárceles son hombres ya que la población femenina en el sistema penitenciario es mucho menor. Sucede lo mismo con el gatillo fácil: los que se juntan en las plazas son, generalmente, los pibes. La dinámica de las mujeres en los barrios es distinta. Al desagregar el total del 100% de casos de víctimas mujeres, el 66% es por femicidios en los que el homicida es a la vez miembro de las fuerzas de seguridad. Luego, aparece con un 19% el gatillo fácil y con un 10% la muerte bajo custodia. Es decir, que si sos mujer el mayor riesgo de que te mate un miembro de la fuerza, es que sea tu pareja, expareja, cuñado, padre, hermano, etc. Este dato es muy significativo porque a su vez confirma las estadísticas que obtiene la Casa del Encuentro, que dicen que uno de cada cinco casos corresponden a miembros de las fuerzas de seguridad, es decir el 20%. No hay ninguna otra ocupación laboral o profesional que tenga ese grado de incidencia.

¿Por qué la juventud es sujeto de la represión institucional?

En el 49% de los casos, los asesinados son jóvenes de entre 15 y 25 años. A su vez, hay que pensar ¿dónde está la esperanza de cambio? Por un lado, si hay un sector clave en la gestación de cualquier posibilidad de cambio social, está en los jóvenes: ellos son quienes tienen la potencialidad de la protesta, del reclamo, la necesidad de organización, etc. Por otra parte, para que el disciplinamiento sea eficaz, tiene que ser desde la cuna. Una compañera, Delia Garcilazo, mamá de un chico asesinado en 1992, siempre dijo: “A los pobres los tienen que adoctrinar desde la cuna”, porque si vos desde chiquitos les enseñás que cuando viene un policía caminando por la vereda en el barrio es mejor que agache la cabeza, que se mire la punta de los pies, que no sostenga la mirada, que se “haga invisible” le enseñas quién manda y así el disciplinamiento se hace efectivo.

¿Cómo trabajan ustedes en los barrios?

En realidad CORREPI nace ya vinculada con el trabajo en los barrios, porque desde la génesis siempre estuvo el contacto directo con la familia, con los hechos concretos. El núcleo fundante está integrado por vecinos y vecinas de los barrios a los cuáles habíamos llegado a través del fusilamiento de un chico en la calle, de otro asesinado en una comisaría. No es que fuimos a los barrios sino que siempre estuvimos, desde ya que por cuestiones de recursos, de brazos, uno no puede estar en todos lados, pero de a poco CORREPI fue creciendo. Este año tuvimos un crecimiento importante de jóvenes y también adultos que se fueron incorporando y por este crecimiento estamos en condiciones de planificar más ordenadamente la intervención territorial. Actualmente tenemos catorce equipos, de los cuales diez funcionan en provincia de Buenos Aires y los otros cuatro en Capital. Los equipos tienen la tarea fundamental de la intervención territorial. Esto lo desarrollamos por dos vías, la primera son nuestros propios compañeros, sobre todo quienes son familiares de víctimas, quienes se referencian naturalmente en el barrio porque las familias que no saben a quién recurrir, van a quienes ya transitaron por una situación similar. La segunda vía, igual de fundamental, es la coordinación con las organizaciones sociales que tienen desarrollo territorial en el barrio. Por medios de estas dos herramientas realizamos formaciones, actividades, campañas, asesoramiento. Estamos planificando para el año que viene comenzar a tener intervención nacional a través de algunos colabores que estarían interesados.

¿Cómo proceden las familias a la hora de denunciar crímenes de gatillo fácil?

Eso depende del caso. Nosotros tenemos registrados 4.960 casos, pero solo logramos intervenir en cien o doscientas causas en los últimos treinta años. No es nada. Hay muchos casos de los que no nos enteramos. Otros en los que no nos podemos contactar. Quienes se organizan en CORREPI no llegan a ser más de 50 ó 60 familiares. A veces, las familias no quieren realizar la denuncia o el proceso judicial, principalmente porque tanto los crímenes de gatillo fácil como las muertes en lugares de detención afectan a los sectores más vulnerables. Es allí donde se presenta una combinación de factores desmovilizantes: el primero es la situación material que dificulta muchísimo. A esto se suman las políticas represivas con contenido de control social (detenciones arbitrarias, gatillo, tortura, etc) que tienen dos características definitorias: por un lado, la invisibilidad hacia afuera de la clase que las padece y, por el otro, la naturalización hacia adentro. Nos ha pasado en actividades que hacemos en los barrios que se acercan familias y nos cuentan casos que sucedieron el año pasado, por ejemplo, y cuando les preguntamos qué hicieron, nos dicen “no, nada, si contra ellos no se puede”. Esto demuestra que funciona efectivamente el disciplinamiento. Ahora bien, los casos que nos llegan, la mayoría es mediante el contacto a un familiar referenciado en un barrio.

En otras entrevistas has declarado que la represión institucional es necesaria en democracia ¿A qué te referís?

En primer lugar es necesaria en cualquier sistema de gobierno que administre un Estado dividido en clases, aunque sea democracia o dictadura. Van a tener características diferentes porque la medida de la represión la determina la necesidad concreta que enfrenta en esa etapa ese gobierno específico. Si te encontrás en un escenario de lucha de clases muy avanzada, con organizaciones obreras clasistas, con una alianza obrera-estudiantil, incluso con organizaciones revolucionarias y algunas armadas, como pasó en los ´70, vas a necesitar el terrorismo de Estado para destruir todo eso, no te va a alcanzar con el control social. Una vez que ordenaste, aniquilaste, destruiste todas las redes de resistencia obrera y popular, ahí podes pensar en otros mecanismos. De hecho lo que le decían los milicos a Alfonsín es “te lo deje en orden, ahora mantenelo”.

En una de tus publicaciones indicás que la fórmula que utilizó el kirchnerismo para reprimir fue la de obtener el mayor consenso social para después reprimir cómodamente ¿Crees que el gobierno actual implementa un plan similar o no le es necesario?

Lo que nosotros veníamos identificando del kirchnerismo, que de hecho fue consigna en una movilización, fue la idea de “todo el consenso posible con toda la represión necesaria”, sigue siendo la misma fórmula hoy. La diferencia es que hay consenso para cosas distintas. Hubo un proceso de estigmatización de las luchas -que no es mérito exclusivo del macrismo- que es uno de los grandes legados que deja el kirchnerismo. Sin ir más lejos, cuando Néstor dijo “no voy a reprimir con esta policía de gatillo fácil” muchos interpretaron que no iba a reprimir la protesta social. Y nosotros lo que decíamos era que, efectivamente, iba a reprimir pero cuando ya le hubiese cambiado la imagen a la policía, cuando hubiese superado el nivel de deslegitimación de las instituciones que había a finales de 2002. Fue algo que logró: hoy hay jóvenes que dicen que van a ser policías. Hemos tenido que hacer campañas en los barrios que dicen “no cambies la visera por la gorra”.

¿Por qué crees que la sociedad civil no logró identificar esa política represiva?

En realidad el concepto de sociedad civil no me gusta porque habla de algo que no existe. Lo que existe es una sociedad con clases contrapuestas, con intereses antagónicos y que jamás en la vida van a compartir un mismo interés. Hubo un sector importante de la población a la que le convenía el modelo de gestión kirchnerista porque se llenó de plata. Hubo otro sector, donde entró en juego el tema del consenso.

En ocasiones anteriores has mencionado que CORREPI se constituye luego de muchos esfuerzos de instalar en la agenda de los organismos de derechos humanos el tema de la represión institucional ¿Creés que hasta el día de hoy sigue sin incorporarse en la agenda política?

 Creo que hoy sí lo forma, pero en algunos organismos. La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que quizás son quienes más razones tienen para acotarse al genocidio  ya que fueron víctimas directas, aunque sobrevivieron son, sin embargo, uno de nuestros aliados históricos. De hecho en el marco del encuentro “Memoria, verdad y justicia” estuvimos peleando codo a codo para que se incorpore en las marchas por el 24 de marzo la consigna “juicio y castigo a los represores de ayer y de hoy”, haciendo énfasis en que no podes pronunciarte por los represores de ayer sin pronunciarte por los represores de hoy. Esa pelea se dio a lo largo de los ´90 y la dimos  también con la primera camada de H.I.J.O.S. Y lo seguimos haciendo hoy con quienes han quedado del lado del pueblo, que han quedado independientes de la mano del Estado, como las regionales del oeste y La Plata, con quienes tenemos espacios de coordinación y militancia cruzada. En los años ochenta, algunos organismos se indignaban cuando se hablaba de defender derechos de “negros”, de “chorros”. Nosotros éramos los feos, sucios y malos del movimiento de derechos humanos. De hecho, muchos no nos consideraban parte. Precisamente una de las peleas que dimos en esos años fue para poder participar de la organización de las marchas por el 24 de marzo: no nos dejaban. Recién pudimos hacerlo cuando surge H.I.J.O.S y Ex Detenidos-Desaparecidos. Allí conformamos entre las tres organizaciones un muro de tres patas que íbamos empujando juntos. Luego de eso nos empezaron a abrir las puertas. Pero, sin dudas, la pelea más fuerte que tuvimos que dar en esos años fue tener que convencer a la izquierda de qué estábamos hablando de un tema que tiene que ver con la lucha de clases. Y que la violencia institucional es una herramienta para la opresión y la explotación.

Actualizada 22/12/2016