Ago 18, 2020 | DDHH, Novedades
El jueves 19 de marzo a la noche, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que se pondría en marcha a partir del día siguiente el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con el fin de evitar un colapso del sistema de salud a causa de la pandemia que el Covid-19 había provocado. A partir de entonces, los ciudadanos de todo el país solo podrían salir de sus casas para comprar alimentos, medicinas o alguna urgencia sanitaria. Las fuerzas policiales quedaban a cargo de asegurar que la cuarentena se cumpliera.
Lo que siguió a esa decisión fueron cuatro meses de abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad de diferentes distritos, dejando como resultado un estimado de 92 casos de muertes a casua de la violencia estatal, según el último conteo realizado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
“Sabemos, por la experiencia acumulada en casi tres décadas de militancia antirrepresiva, que estos datos son parciales y probablemente sean apenas una pequeña muestra de las cifras reales, que tardaremos mucho en conocer. Aún así, impacta el número, que no es simple estadística, sino que refleja en qué medida la decisión de ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad en esta etapa de excepción resulta en más muertes de hijos e hijas del pueblo a manos del aparato estatal”, reza uno de los últimos informes de esa organización.
Tres policías están detenidos por el asesinato del adolescente Valentino Blas Correas, en Córdoba.
Uno de los primeros casos en ganar notoriedad fue el de Florencia Magalí Morales, la mujer de 39 años que apareció colgada el 5 de abril en una de las celdas de la comisaría de la localidad de Santa Rosa del Conlara, en la provincia de San Luis. Morales se encontraba detenida por haber violado la cuarentena. La hipótesis inmediata que se manejó fue que había sido un suicidio pero esa conclusión no convenció a la familia de Morales ni a varias agrupaciones feministas. Tres meses después, la causa aún no ha podido avanzar.
Si bien el abuso de poder por parte de la policía en nuestro país tiene una larga tradición, el contexto del aislamiento social parece ser un elemento que potenció el problema. “Las fuerzas de seguridad salieron a hacer cumplir el aislamiento, en muchos casos lo hicieron correctamente, en otros abusaron de sus facultades. Algunos integrantes de las fuerzas de seguridad se consideraron empoderados para actuar violentamente. Y las víctimas, en general, fueron los sectores más vulnerables de la sociedad”, declara Guillermo Torremare, co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Otro caso que tuvo un impacto mediático aun mayor fue el de Luis Espinoza, un tucumano de 31 años que vivía en Rodeo Grande y que el viernes 15 de mayo salió de su casa y no se lo volvió a ver, hasta que su cuerpo fue encontrado una semana después en un barranco en la provincia de Catamarca, envuelto en una bolsa y con un tiro en el omóplato izquierdo. El disparo, según se determinó, provenía de un arma reglamentaria de la policía provincial. Diez fueron los uniformados encarcelados con prisión preventiva, de distintos rango: el subcomisario de la zona, dos sargentos, tres cabos, dos agentes, un auxiliar y el vigía de la comuna. El 6 de agosto, en tanto, policías cordobeses mataron al adolescente Valentino Blas Correas, cuando este se dirigía a un bar junto a un grupo de amigos. Tres efectivos están detenidos por el asesinato.
“En la provincia de Buenos Aires se registraron 40 casos, en Santa Fe 10, en San Luis 6, en Córdoba 5, en Tucumán 4, en Mendoza 3, además de algunas provincias con un promedio de un caso cada una. Las fuerzas federales estuvieron involucradas en ocho casos, las fuerzas provinciales en 68, la ciudad de Buenos Aires en 7”, comenta Ismael Jalil, integrante de la CORREPI, y agrega: “Este aumento de casos durante la cuarentena tiene que ver innegablemente con que, de algún modo, lo que se ha hecho es resolver una situación de crisis con un mayor poder para la policía, un mayor poder represivo por parte del Estado, y esto se ve graficado en los números”.
Cristina Castro, la madre de Facundo, espera los resultados de la autopsia del cuerpo hallado en la localidad de Villarino.
En estos días emergió el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años de Pedro Luro que salió de su casa el 30 de abril a hacer dedo en la Ruta 3, rompiendo la cuarentena y que, hasta el momento, más de 100 días después, continúa desaparecido. En el medio, testimonios que declaran haberlo visto siendo detenido por la policía bonaerense en la localidad de Mayor Buratovich, irregularidades y contradicciones de esa fuerza, la aparición de un objeto que podría ser de Facundo en una comisaria y denuncias de aprietes hacia familiares y la ex novia del joven. El sábado pasado por la noche se encontró un cuerpo en la localidad de Villarino y se aguardan los resultados de la autopsia para saber si efectivamente es el de Astudillo Castro y cómo se produjo su muerte.
“Las actividades de las fuerzas de seguridad, en gran medida, están fundadas en un ideario de control social autoritario y suponen la práctica de muchas acciones que implican violencia institucional. Una gran cantidad de policías tortura. Y la mayoría de los y las policías que no lo hacen, no censuran ni denuncian su realización. En Argentina rige un modelo policial militarizado, punitivista, arbitrariamente discriminador, que exalta la mano dura y los procedimientos violentos, que naturaliza los abusos de poder y encubre los delitos propios. Urge reorientar ese modelo policial”, advierte Torremare.
Dic 17, 2019 | DDHH, Novedades
Cambiemos es responsable del 26% de las muertes por represión estatal que acontecieron desde 1983.
Se cumple una semana del traspaso presidencial y los datos de la gestión de Mauricio Macri son desalentadores, no solo en el ámbito económico. El Informe Anual de la Situación Represiva 2019 presentado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional ( CORREPI) demuestra que el gobierno de la alianza Cambiemos tiene el triste récord de ser el más represor de la historia democrática, ya que en estos últimos cuatro años, el aparato represivo del Estado asesinó una persona cada 19 horas. Es el promedio que da 1.833 personas asesinadas en 1.435 días de gobierno, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 15 de noviembre de este año, que es la fecha en la que se cerró el informe.
Bajo la administración macrista, el número total de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad desde el regreso de la democracia en 1983 alcanzó los 7.093 casos. La política de seguridad a cargo de Patricia Bullrich y el aval oficial al gatillo fácil con la “doctrina Chocobar” determinó el gobierno con más muertes a manos de la represión estatal en 36 años de democracia ininterrumpida. En sus primeros 21 días de gobierno, año 2015, sumó 50 casos, en 2016 fueron 443, durante el año siguiente el número se elevó a 451 y en 2018 se registró el pico más alto, 489. Y en el último año de mandato, los casos contabilizados fueron 401, aunque pueden elevarse en el informe del año próximo, ya que el conteo finalizó antes de fin de año y faltan datos oficiales.
María del Carmen Verdú, abogada y titular de CORREPI, habla de un “legado criminal” que deja Macri. “Confirmamos aquello que decíamos hace cuatro años, íbamos a enfrentar una etapa signada por el ajuste y la represión, nunca imaginamos el nivel de profundización al que iban a llegar. Por eso, sin ninguna duda estamos felices que Macri se haya ido, con Bullrich y su banda”, aseguró, aunque se mantiene preocupada por el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad.
Desde 1983, murieron 7.093 personas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
El archivo que presentó CORREPI, que se actualiza cada año, se realizó por primera vez en 1996 como respuesta a las declaraciones del ex presidente Carlos Menem ante las denuncias por violencia policial, donde negaba el gatillo fácil y afirmaba que lo que había era “noticia fácil”. También su Ministro del Interior, Carlos Corach, negaba los casos y exigía listas con los nombres de las víctimas. Aquel primer listado que presentaron incluía 262 nombres desde 1983.
Las estadísticas confirman al gobierno macrista como el más represor ya que es el responsable del 26% de muertos en cuatro años, superando a la gestión de Cristina Fernández que alcanza un 37%, pero en ocho años. La cifra que deja la administración saliente, 1.833 asesinados por la represión estatal, da un promedio de 1,28 muertos por día.
Durante la gestión Cambiemos, la mayoría de las muertes ocurrieron en cárceles, patrulleros y comisarías, casi un 60%, seguido por el gatillo fácil con el 27% y en tercer lugar, las producidas en situaciones intrafuerza o intrafamiliar que registran casi un 10%. Más atrás quedan las ocurridas en otras circunstancias, donde no se sabe lo que pasó, como consecuencia de otros delitos o causas truchas y en movilizaciones, con 49, 17 y 4 casos respectivamente. Dentro de la última categoría, muertos en protestas sociales, aparecen los nombres de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Ismael Ramírez y Rodolfo Orellana, asesinados en Chubut, Río Negro, Chaco y Buenos Aires.
Las provincias con mayor represión son Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza.
Las provincias donde más se aplica la represión son Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza, con índices similares, de acuerdo a la cantidad de casos en relación a la población de cada provincia. Si solo se toman en cuenta los casos por provincias, Buenos Aires lidera ampliamente con un 52%. Aunque las policías provinciales y los servicios penitenciarios son responsables de más del 85% de los asesinatos, la Policía de la Ciudad también posee números preocupantes. En casi tres años de existencia, fueron responsables de 68 muertes, un promedio de dos personas por mes.
Ante este panorama desolador, desde CORREPI proponen al nuevo gobierno de Alberto Fernández una serie de medidas a implementar que, como sostiene Verdú, “se pueden hacer”. La derogación de la resolución 956/18 que habilita el uso del arma reglamentaria en cualquier circunstancia, terminar con los programas de reconocimiento facial, derogar la resolución 845/18 que masifica la intercepción y detención de personas en las estaciones de trenes, acabar con la provisión gratuita por parte del estado de defensa penal a miembros de fuerzas de seguridad y poner fin al Servicio Cívico Voluntario en Valores de Gendarmería. “La Negra”, como la llaman a la abogada en su organización, destacó del discurso presidencial el día de la asunción que es la primera vez que un presidente reconoce que existe el gatillo fácil, aunque el mérito le pertenece “a los compañeros y compañeras que pusieron el gatillo fácil en la agenda política”.
Ago 29, 2018 | Comunidad, Novedades
4ta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil.
Familiares y amigos de víctimas de violencia institucional y represión policial encabezaron la cuarta marcha nacional contra del gatillo fácil. Los rostros de jóvenes asesinados por las distintas fuerzas de seguridad se replicaban en cada esquina, remera, pancarta y bandera. Sus madres adelante, tomándose las manos, abrazadas, gritando y cantando al unísono por justicia para sus hijos. Detrás, una caravana las seguía de cerca durante las tres horas que duró la movilización hacia Plaza de Mayo.
“Venimos a reclamar por las vidas que el Estado nos arrebató. Para que ninguna madre más tenga que golpear puertas, llorar, suplicar y humillarse. Hoy más que nunca pedimos justicia por los más de 5.600 pibes. Porque todos son mis pibes, no sólo mi hijo Luciano. Así como por las 3.200 chicas desaparecidas por trata. Acá falta Johana Ramallo”, dice Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga, tras beber un poco de agua para recuperar la voz incansable de dar aliento a sus compañeras. A un costado, una joven ayuda a su hija de no más de tres años a enderezar su cartel con la cara de Diego Nuñez. “El mismo día que cumplía 19 años a Diego lo mató el agente de Interpol Pablo Alberto Carmona de cinco disparos, en un palier de un edificio en Caballito. La escena del crimen fue modificada, le plantaron un arma en la mano derecha, cuando él era zurdo. Todos los 19 de abril en mi barrio de La Boca hacemos un festival en su nombre para recordarlo y hoy estamos acá para que esto no pase más”, cuenta Camila Nuñez a más de seis años del crimen de su hermano.
La marcha se detiene en la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí frente a la placa recordatoria de Gastón Riva, asesinado por la represión policial del 20 de diciembre de 2001. Se canta en su nombre para luego reanudar camino hacia la plaza. “El gatillo fácil y la represión en los barrios humildes de la Argentina nunca cesó, pero en estos dos años y medio recrudeció. La mayor cantidad de policías la están poniendo no para prevención sino para represión. Hemos visto en los juicios por violencia institucional que hemos estado llevando a cabo muchas absoluciones a policías, cuando tenían todas las pruebas en su contra para ser condenados. La justicia mira para otro lado y responde a los intereses de este Gobierno que elogia a un personaje como Chocobar, un policía que mató a un chico por la espalda”, denuncia Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Los rostros de jóvenes asesinados por las distintas fuerzas de seguridad se replicaron en cada esquina, remera, pancarta y bandera.
Según el último archivo de casos 2017 de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), 5.462 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983, 725 bajo la gestión de Cambiemos en 721 días de gobierno, un muerto cada 23 horas. “Este nivel de liberalismo solo se sostiene con un alto grado de represión. Cuando se le da rienda suelta a la fuerza policial para actuar impunemente, se termina en casos de gatillo fácil. Es un aparato represivo que funciona con la complicidad de las distintas organizaciones afines a ese modus operandi”, sostiene la diputada Gabriela Cerruti, quien adhirió a la convocatoria, en diálogo con ANCCOM.
Según datos del CELS, en consonancia con el informe de CORREPI, el grupo poblacional más afectado por la violencia policial son los varones de entre 15 y 27 años, el 65% de los asesinados por funcionarios policiales. “German tenía 22 años. Trabajaba en un frigorífico de Merlo, después de dos años lo pusieron en blanco y ese día salió a celebrarlo en una fiesta en el barrio Parque Sol, donde lo mataron. El gendarme Felipe Villalba, vestido de civil, sacó su arma reglamentaria y sin mediar palabra le pegó un tiro en el pecho. German cayó inconsciente al piso y lo remató de un disparo en el pómulo izquierdo. A los dos meses a Villalba lo trasladaron a Tucumán y aún sigue libre”, relata Emilia, hermana de Germán, tras pedir a los presentes que acompañen a su familia en el juicio en la Fiscalía de Morón, el próximo 21 y 22 de noviembre.
Las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social, según CORREPI, son los fusilamientos de gatillo fácil (44%) y las muertes de personas detenidas (40%). Desde su creación, en enero de 2017, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires –fruto de la fusión de la Metropolitana y la Federal– mató a más de dos personas por mes. El próximo martes comenzará el juicio oral y público contra Adrián Otero, uno de sus efectivos, acusado de asesinar el 15 de julio de 2017 a Cristian Toledo, de 25 años, vecino de la Villa 21-24 de Barracas y conocido como “Paragüita”. De 24 casos de gatillo fácil de la policía porteña, Otero es el primero en ser llevado al banquillo imputado por homicidio calificado. “Se supone que ellos nos tienen que cuidar, no matar. No quiero que esto vuelva a pasar”, dice al tomar el micrófono Leónida Medina, mamá de Cristián, en tono apenas audible por la conmoción.
El comunicado elaborado por los familiares y organizaciones convocantes era contundente: no se trata de casos aislados sino de múltiples formas de represión ejercidas sistemáticamente y dirigidas fundamentalmente a los jóvenes de los barrios más humildes. Es el recrudecimiento de un sistema de políticas represivas de la mano de un gobierno que promueve el gatillo fácil como política pública.
Luego de casi cuatro horas entre movilización y concentración y de los testimonios de madres, hermanos, hijos y amigos de las víctimas, los manifestantes reunidos en Plaza de Mayo empiezan a dispersarse con el dolor a cuestas y una misma consigna: “Ni un pibe ni una piba menos, ni una bala más”.
Mirá la fotogalería de ANCCOM:
Jun 13, 2018 | DDHH, Novedades, Te puede interesar
Veintidós años de prisión por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar. Esa fue la condena que recibió en mayo pasado el ex gendarme por su responsabilidad en aquellos como director de la cárcel de Coronda, en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, goza del beneficio de cumplir la condena en su vivienda, en la localidad bonaerense de Moreno, donde fue escrachado el sábado pasado.
Pablo Contreras, integrante de H.I.J.O.S Zona Oeste, declaró que “lo que hacemos en la marcha es visibilizar la cara y el nombre de Adolfo Kushidonchi para que los vecinos de Moreno sepan que vive un genocida entre ellos. Ya que la prisión domiciliaria es violada y no hay forma de controlarla”. Aparte de H.I.J.O.S de Zona Oeste, participaron del escrache integrantes de Moreno por la Memoria y otras agrupaciones y organizaciones de derechos humanos. La concentración comenzó en el centro morenense y luego los manifestantes pasaron frente a la catedral Nuestra Señora del Rosario y a la Municipalidad de Moreno y terminaron el recorrido en la vereda de la casa Kushidonchi, sobre la Avenida Bartolomé Mitre.
Micaela Corzo, militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) expresó: “Estamos comunicando que a un genocida le dieron 22 años de condena y demostramos que tanto para los represores de ayer y hoy el Estado sigue garantizando impunidad dándoles la oportunidad de estar en prisión domiciliaria”.
La concentración comenzó en el centro morenense y luego los manifestantes pasaron frente a la catedral Nuestra Señora del Rosario y a la Municipalidad de Moreno.
Kushidonchi fue localizado en Moreno en el año 2006, en la catedral local. El represor de Coronda realizaba diferentes tipos de actividades en la recepción y además era el encargado de abrir y cerrar las puertas del templo. En una de las reuniones sociales del lugar fue reconocido por un grupo de militantes, entre los cuales se encontraban Luis Brunatti y Alfredo Moffatt, quienes comunicaron el hallazgo al Director de Derechos Humanos del Municipio, Miguel Fernández.
La información de la aparición del ex integrante de Gendarmería en Moreno llegó en consecuencia a H.I.J.O.S de Santa Fe, en donde aquel había actuado al servicio de la última dictadura. Los miembros de esta agrupación realizaron las denuncias correspondientes con sus abogados, reiniciando el proceso judicial contra Kushidonchi que había comenzado en el año 1984 y había quedado estancado tras perderse su rastro. La lucha de H.I.J.O.S de Santa Fe y Zona Oeste prosiguió durante varios años: 60 personas relacionadas con las denuncias contra la represión ejercida por Kushidonchi testimoniaron, junto con alrededor de 20 familiares, en audiencias sucesivas desde diciembre del 2017, logrando la condena del represor en mayo pasado.
Kushidonchi goza del beneficio de cumplir la condena en su vivienda, en la localidad bonaerense de Moreno.
Sin embargo, a pesar de que fue acusado y condenado por tormento agravado a 36 personas y una muerte, durante su mandato en Coronda, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, por problemas de salud. Rosa, una de las participantes del escrache, explica: “Nosotros como militantes que somos tenemos una postura activa frente a la lucha y frente al escrache en particular. Como ciudadanos necesitamos que todos los genocidas estén en la cárcel, es por ello que al no ser así, estamos decididos a escrachar a Kushidonchi y a seguir la lucha hasta que se realice justicia. Queremos cárcel común para todos los genocidas y como en esta situación no se ha tenido el accionar correcto frente al represor, hoy hay escrache”.
Augusto Saro, uno de los ex presos del penal de Coronda bajo la gestión de Kusidonchi, recuerda: “El régimen consistió en el aislamiento externo e interno, ellos trataban de evitar que tuviéramos contacto con nuestros familiares e hijos, además no nos permitían tener ningún tipo de relación entre nosotros. Sacaban a compañeros solo para ser llevados a los juzgados o a las cárceles y para ser torturados. Establecían 23 horas de encierro con una hora de recreo que por cualquier acción que lleváramos a cabo nos era sacada, lo cual implicaba prácticamente 24 horas de encierro”. Y agrega: “La celda en la que estaba no tenía nada más que un plato y el jarro para comer. También existían celdas de castigo donde éramos aislados sin ningún motivo”.
Por su parte Francisco Ravas, secretario del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N°21 Doctor Ricardo Rojas, también participante en el escrache, expresa su postura: “Creemos que tenemos que mantener viva la lucha por la memoria, verdad y justicia, por los 30.000 compañeros desaparecidos. Por eso como estudiantes y futuros profesores queremos sostener estas banderas para construir un país mejor”.
Nov 24, 2017 | Comunidad, inicio
Un pibe muere cada 25 horas por gatillo fácil, según un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). El dato hace referencia a los años 2016 y 2017, y expresa un incremento de la violencia policial si se tienen en cuenta los períodos precedentes: entre 2003 y 2015, un chico moría cada 28 horas, mientras que, entre 1983 y 2003, se producía una muerte cada 30 horas. Es decir, durante el gobierno de Cambiemos, iniciado en diciembre de 2015, la represión por parte de las fuerzas de seguridad ha ido en aumento.
Es este contexto, la Marcha de la Gorra se realizó por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires. La movilización, originada en 2007 en la provincia de Córdoba, y tomada como ejemplo en otras ciudades del país, ayer llegó al epicentro porteño como resultado de la escalada en la violencia y persecución policial hacia los sectores populares y, en especial, hacia los jóvenes. Bajo la consigna “Cuando la gorra crece, nuestros derechos desaparecen”, decenas de organizaciones sociales y políticas se nuclearon en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio con el objetivo de rechazar el aumento de la represión a la protesta social, el recrudecimiento de la criminalización de la pobreza y las políticas antipopulares del Gobierno Nacional. Una de las agrupaciones presentes fue la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y su presidente Adrián Lutvak dialogó con ANCCOM: “Esta marcha nació para criticar el avance represivo que vienen teniendo el Gobierno Nacional y las distintas fuerzas provinciales sobre la juventud, sobre la pobreza y sobre los distintos colectivos que protestan en nuestro país”.
En la concentración, pactada para las 16, participaron familiares de víctimas de violencia institucional. Un caso de gatillo fácil lo representa Jon Camafreita, el joven de 18 años asesinado por el cabo Martín Naredo, el 23 de enero de 2012, en el barrio de Balvanera. El hecho ocurrió cuando Jon y un amigo se alejaban de la plaza Boedo, minutos después del desarrollo de una trifulca entre adolescentes, de la que no formaban parte. Fue en ese momento cuando llegó la policía: los chicos comenzaron a correr al notar que un patrullero los perseguía, pero fueron alcanzados a las pocas cuadras. Una vez atrapados, el cabo Naredo le disparó en la nuca a Jon. La prima de Camafreita, Jesús Castro, formó parte de la Marcha de la Gorra y dio sus razones: “Cuando fuimos a reclamar, el cabo estaba libre. En el juicio, lo condenaron a cadena perpetua pero terminó, aparentemente, escapándose. Pienso que estaba todo arreglado. Ahora, le envié una carta a la ministra (de Seguridad Patricia) Bullrich pero todo sigue igual”. Consultada sobre la actual situación, sostuvo: “Si antes eran diez los que mataban, ahora son cien. Están todos liberados y, con abuso de poder, siguen matando a nuestros hijos, a nuestros pibes, por solamente usar una visera o, como dicen ellos, por tener cara de negro”.
Bajo la consigna “Cuando la gorra crece, nuestros derechos desaparecen”, decenas de organizaciones sociales y políticas se nuclearon en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio.
Alrededor de las 17, la marcha arrancó destino al Congreso de la Nación, vía Avenida de Mayo. Encabezada por la CORREPI, organismos de derechos humanos y algunas Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la movilización pisó fuerte por las calles de la Ciudad, pese al mal clima que se preveía desde temprano y que se confirmó tiempo después, cuando unos leves chaparrones dificultaron el cometido. “Es importante visibilizar esta situación: hay un retroceso de los derechos de las grandes mayorías en favor de las minorías del gobierno”, señaló Lutvak.
Mientras las agrupaciones -La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento Evita, Patria Grande, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras- alcanzaban lentamente el Congreso, un escenario se terminaba de armar para luego brindar un festival a cargo de algunas bandas como Militantes del clímax, Klan y Asterisco. Antes de que la marcha llegara a su fin, las grisáceas nubes y la llovizna habían concluido. El clima y el lugar de la concentración eran diferentes, pero el clamor de la protesta continuaba vigente. Al escenario subió Taty Almeida, representante de Madres de Plaza de Mayo, quien se expresó sobre la problemática que asedia a los jóvenes de los barrios más humildes del país: “Felicitamos a los que organizaron esta Marcha de la Gorra, que contrapone la gorra de los chicos y la gorra de los que son policías y todas aquellas fuerzas de seguridad. Recordemos a Santiago Maldonado y a todos los asesinados y desaparecidos por parte de las fuerzas de seguridad”. Al calor de aplausos y cantos, el reclamo persistió con el fin de hacerse escuchar en alguna parte del imponente Congreso. “Claramente, hay una política de las fuerzas de seguridad mucho más represiva en las protestas, en las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y en los barrios, por eso queremos visibilizar este problema. La violencia institucional no empezó ahora, pero sí hay un recrudecimiento muy importante que creemos que hay que denunciar”, indicó Lutvak, presidente de la FUBA.
Un pibe muere cada 25 horas por gatillo fácil, según un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
Otro de los familiares de víctimas de violencia institucional que protagonizó la movilización fue Nicanor, padre de Marcelo Bogado, quien fue asesinado por el sargento César Luis Díaz, el 26 de mayo de 2004, en el barrio de Villa Tesei. “Desde que murió mi hijo, pasaron tres años para que se iniciara el juicio. Sin embargo, el asesino se fue de la sala de audiencia con solo haberle prohibido, durante dos años, la portación de arma. Eso terminó de quebrar a la familia, sufrimos mucha impotencia y bronca”, dijo Nicanor a ANCCOM. Bogado tenía 20 años cuando sucedió el crimen. Había terminado de trabajar y se encontraba en un pool cuando cuatro personas ingresaron al lugar buscando a alguien. Al no lograr su cometido, se fueron pero regresaron a los veinte minutos, llevándose a Bogado en un Ford Escort, por un motivo que aún se desconoce y que las versiones policiales no hacen más que contradecirse. En el viaje, un patrullero seguía a los jóvenes y los obligaron a bajarse con las manos en la nuca. Pese a las declaraciones de la policía, Bogado fue esposado y luego, agredido de gravedad. Finalmente, mientras el adolescente explicaba, arrodillado, que no tenía nada que ver con la confusa situación, el sargento Díaz le pegó un tiro en la nuca y otro en la frente. “Si hay algo que aprendí de CORREPI es que no solamente un policía reprime, tampoco dos o tres, sino toda la institución es la culpable. Es importante que estemos organizados por nuestra condición de trabajadores y de vulnerabilidad, y por lo tanto, con la posibilidad de ser reprimidos”, señaló Nicanor.
Otro ejemplo de vulnerabilidad, frente los constantes ataques policiales, lo constituye la villa 1.11.14. Hace algunos meses, Mónica, la maestra secretaria de la Escuela Infantil N°6 del Bajo Flores, le contó a ANCCOM lo siguiente: “Es muy habitual la muerte de chicos por la zona. Si no mueren en un tiroteo que se da entre bandas, se da por intervención policial o por el juego perverso con las armas”. Mientras que Dolly Demonty, madre de Ezequiel, quien fue detenido ilegalmente y luego torturado y asesinado por la Policía Federal en 2002, dijo: “La violencia institucional, por parte de las fuerzas de seguridad, está muy complicada en el barrio. Acá la Policía mata a los pibes como si fueran pajaritos, no los detienen. Algunos justifican ese accionar pero hay que darles una oportunidad de vida a los pibes para que cambien”.
La Marcha de la Gorra no solo tiene como objetivo terminar de algún modo con la violencia y represión institucional, sino también enfrentar el discurso hegemónico que circula por los medios de comunicación. En tiempos donde se intenta reinstalar el debate sobre la “inseguridad”, con el consecuente pedido de mayor presencia policial y de reducción en la edad de punibilidad, la movilización intentó fijar otra mirada: desnudar a quienes abusan de su condición de poder para enfrentar y castigar la vulnerabilidad de los sectores populares. Al respecto, Nicanor, el papá de Marcelo, quien lleva una foto colgada de su cuello, expresó: “Prácticamente, desde el comienzo de la democracia, de 1983 a esta parte, hubo y hay personas con las que no contamos porque nos las arrebató el Estado terrorista, capitalista y represor. Hay algunos casos que se conocen, pero muchos más que no, porque los familiares no denuncian y no visibilizan el caso por temor a represalias”.
Actualizado 24/11/2017
