Ventas en picada

Ventas en picada

El cambio de gobierno en diciembre de 2015 y la consecuente modificación de la política económica han profundizado el proceso recesivo durante todo este año, según las estimaciones de la mayoría de las consultoras privadas, del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Este fenómeno influye directamente en los comercios minoristas, que sufren la crisis económica, los aumentos en las tarifas y la creciente inflación. En los distritos de Moreno y Merlo, ubicados en el segundo cordón del conurbano bonaerense, estas problemáticas impactan de lleno en los negocios de distintos rubros y se traducen principalmente en una fuerte caída de las ventas. ANCCOM relevó la zona y recogió testimonios de primera mano de los efectos del ajuste.

Una recesión es la categoría técnica que se traduce en la disminución de la actividad económica a través de la baja en el Producto Bruto Interno (PBI) de un país durante un periodo determinado. «Los datos de la realidad son muy contundentes, más allá de las posiciones ideológicas que uno tenga», señaló Esteban Sánchez, licenciado en Economía Política e integrante del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Moreno. En el mismo sentido, subrayó que, con las medidas económicas que tomó la gestión del presidente Mauricio Macri, la profundización de la recesión es una consecuencia lógica. Así también lo ven el FMI y la CEPAL, que estiman una caída del 1,8% del PBI para este año.

Pero, ¿cómo afecta este retroceso de la economía a los comercios minoristas de la zona oeste del conurbano? El economista Esteban Sánchez participó de la multisectorial de Moreno que pidió, mediante medida cautelar, la suspensión del tarifazo en los servicios de luz y gas. Allí tuvo la oportunidad de conocer la problemática de los comerciantes. «A partir del aumento de tarifas hay menos ingresos para la compra y los niveles de inflación hacen caer el poder adquisitivo, por lo que la demanda disminuye», explicó Sánchez.

«Las ventas bajaron un montón, un 60% o 70% comparado con el año pasado», afirmó Andrea Ayala, encargada de Play Maxikiosco, ubicado en la intersección de las calles Martínez Melo y Av. Piovano, frente a la estación de trenes de Moreno. Además, agregó que, si el año que viene no mejoraba la situación, el dueño podría cerrar el kiosco. Porcentajes más bajos, pero no menos preocupantes, se obtuvieron en otros rubros. «Este año las ventas bajaron un 40%”, señaló Guillermo Saavedra, dueño de la ferretería EbenEzer de Merlo Norte.

Yael Agüero, empleada de un local de Movistar que se encuentra sobre la Av. Libertador de la ciudad de Moreno, contó en qué medida las ventas disminuyeron: «Por ejemplo, en octubre del año pasado, se hicieron casi 600 ventas y ahora no llegamos a las 200». Así mismo, Franco Trangoni, empleado y yerno del dueño de Ciervo Sport, un local de indumentaria masculina con cuarenta años en Paso del Rey, explicó que el consumo de ropa bajó profundamente: «Ya casi la gente no compra ni carne, así que no pretendamos que compren una remera de primera marca que vale 700 pesos».

“Ha caído la venta un 30% a comparación del año pasado. Bajó la relojería y se venden más artículos de joyería y platería, que son más económicos”, explicó Damián Ezequiel Palazzo, dueño de la joyería y relojería Horeb, local ubicado sobre la avenida principal de Merlo. “Las ventas bajaron un poco, pero trabajamos más horas para compensar”, declaró Juan Carlos Arriaga, dueño de la pescadería “Santa Ana”, quien dijo acomodarse a la situación con ofertas aunque haya menos ganancias.

Los comerciantes aprovecharon las fechas festivas para remediar las pérdidas. Sin embargo, no consiguieron los resultados que se esperaban. «El peor mes de este año fue mayo y ahora octubre está igual o peor que mayo. El Día de la Madre pasó sin pena ni gloria por el local», lamentó Silvia Queiruga, dueña de la Óptica Paso del Rey. Según publicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas por el Día de la Madre no tuvieron su mejor año en 2016 y las cantidades vendidas por los negocios minoristas cayeron 4,8% frente a la misma fecha del 2015. Este año se eligieron obsequios discretos, lo que le dio más relevancia a rubros de menor magnitud como flores y plantas, bijouterie o regalerías.

«En el caso de municipios como Moreno o Merlo, que son Estados locales con una problemática social importante y bajos niveles de empleo, la recesión repercute aún más y las familias no tienen mucho margen para consumir más allá de sus necesidades básicas», explicó el economista Esteban Sánchez. «Las ventas durante este año bajaron un poco. Nosotros somos un supermercado que nos dedicamos básicamente a la comida, y la gente se volcó a la compra de alimentos y bebidas», relató Guillermo Fernández, gerente de El Tío de Paso del Rey, una cadena de supermercados que tiene también sucursales en Merlo y Moreno. Además, agregó que las ventas cayeron alrededor de un 7% con respecto al año pasado.

Frente a esta crisis, los comerciantes tienen que recurrir a distintas estrategias para poder aumentar sus ventas. «Estamos implementando doce pagos sin interés todos los días, además del plan de 12 cuotas del gobierno», comentó Alejandro Candellon, gerente de Casa del Audio de Merlo, tienda de electrodomésticos que cuenta con quince sucursales en diferentes partes de la zona oeste de la provincia y Capital Federal. «Tratamos de ajustar el margen de ganancia lo máximo posible, mucho no se puede porque los impuestos son altos», contó Manuel Nieva, dueño de un maxikiosco ubicado en el centro de Moreno, quien también agregó que cuidan que no falte ningún producto. «La idea es que si entran diez clientes, tenemos que venderle a once», enfatizó.

«Para aumentar las ventas bajamos los precios, pusimos promociones y colocamos en el local torres de ofertas», declaró Alejandra Roldán, encargada de Star Deportes, local de calzado e indumentaria deportiva, ubicado frente a la plaza de la estación de trenes de Paso del Rey. Las torres de ofertas son cajas apiladas ubicadas en el centro del salón que se utilizan para exponer zapatillas más baratas que el resto. Según las declaraciones de la encargada, le da otra imagen al local, ya que brinda un aspecto de zapatería común y no de calzado de primera marca.

«Si no se toman medidas para el consumo, esto va a seguir igual. Porque es como que a un árbol seco le quieras sacar frutos. Si al árbol no lo cuidás para que se recupere, no vas a tener frutos. No existen los milagros para lo que es el comercio», concluyó Fernando Cáceres, empleado en una zapatería femenina de Moreno, con respecto a sus expectativas para fin de año y el 2017. «No hay ningún futuro, si no cambia todo esto nos vamos a la lona. Cumplí 76 años y hace 50 años que tengo la pescadería. Nunca viví una crisis similar a ésta», declaró un tanto enojada Carmen Delso, dueña de la pescadería El Calamar ubicada en Merlo.

Si bien las estimaciones realizadas por el FMI para este año son más pesimistas que en el mes de abril (cuando había pronosticado una caída del 1% del PBI), el organismo internacional prevé un crecimiento del 2,7% para el año 2017. En su informe Perspectivas Económicas Mundiales, presentado a principios de octubre, el Fondo sostuvo que el crecimiento vendrá dado «gracias a la moderación de la inflación y la adopción de una postura monetaria y fiscal más propicia». La estimación es más cautelosa que la que tiene el Gobierno Nacional en el proyecto del presupuesto 2017, donde se prevé un crecimiento del 3,5%.

En contraposición a estas posturas, el economista Esteban Sánchez declaró que el crecimiento es un dato, no habla de la distribución de la riqueza ni de los niveles de empleo. «El proceso de endeudamiento externo que se está desarrollando actualmente crea veranitos económicos y ficciones de consumo, es decir, te da la posibilidad de patear para adelante los efectos de una política neoliberal», subrayó.

La situación económica afectó de distintas maneras a los argentinos. Desde los aumentos de tarifas, pasando por la incesante inflación y, en muchos casos, llegar a casa y contarle a la familia que se quedaron sin trabajo. En la zona oeste del conurbano, el proceso recesivo impactó directamente en las ventas de los comercios minoristas. El mes de diciembre y el comienzo de un nuevo año son las últimas esperanzas que tienen los pequeños negocios para remontar un año que se transformó para más de uno en un dolor de cabeza.

 

Actualizado 06/12/2016

Mujeres respetadas

Mujeres respetadas

 Parto respetado y aborto no punible son los dos rasgos distintivos que tiene la Maternidad Estela de Carlotto, ubicada en la localidad de Trujui, en el oeste del Conurbano bonaerense. La entidad se destaca por sus políticas de maternidad segura y centrada en la familia, por lo que solo un 11 por ciento de sus partos son a través  de cesáreas. La cifra equivale a un tercio de las que se realizan, en promedio, en los hospitales públicos y a un séptimo de las que se practican en las clínicas privadas. Las estadísticas semestrales de la institución, además, dicen que se han realizado cincuenta abortos no punibles y más del doble de consultas en las consejerías de reducción de riesgo y daño por embarazos no deseados. Estas dos características tienen como eje fundamental el respeto por los derechos de la mujer y todo lo que ello conlleva.

La Maternidad de Moreno Estela de Carlotto (así es su nombre completo) se inauguró en 2013 por iniciativa municipal, pero en articulación con los gobiernos nacional y provincial,  debido a una necesidad del distrito por cubrir la totalidad de 10.300 nacimientos anuales. Patricia Rosemberg, directora de la Maternidad, cuenta: “Hasta la llegada de la Maternidad, el único hospital en donde nacían los niños era el Mariano y Luciano de la Vega, pero solo cuenta con disponibilidad para 4.000 nacimientos anuales, por lo que había un déficit, a su vez Moreno necesitaba un lugar con otras características de acompañamiento en cuanto al nacimiento, en donde no se lo piense como una enfermedad sino como un proceso más de la vida”.

Parto respetado y aborto no punible son los dos rasgos distintivos que tiene la Maternidad Estela de Carlotto, ubicada en la localidad de Trujui, en el oeste del Conurbano bonaerense.

La institución trabaja con casos de baja complejidad, por lo que integra un corredor sanitario junto con el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, que se encarga de los casos de media complejidad, y el Hospital Posadas, ubicado en Ramos Mejía, que atiende a los de alta. A su vez, articula con cuarenta unidades sanitarias de la zona, en donde las madres llevan a cabo el seguimiento de su embarazo y en la semana 34 o 35 son derivadas a la maternidad Carlotto.  

Cuando la embarazada llega al período de gestación adecuado para ser derivada a la maternidad, pasa por una instancia denominada ‘de tamizaje’, para saber si está en condiciones de parir allí. Mónica Santillán, obstetra, dice a ANCCOM: “Las mamás ingresan a la mañana y le realizamos los estudios correspondientes: análisis de sangre, ecografía, electrocardiograma y la toma de todos los signos vitales. Por último, se realiza la consulta con la obstetra, en donde se miran los estudios realizados y se mide el riesgo de complicaciones; si está todo bien la mamá estaría en condiciones de tener el parto con nosotros”.

mujer dando de mamar a su bebe

La entidad se destaca por sus políticas de maternidad segura y centrada en la familia, por lo que solo un 11 por ciento de sus partos son a través de cesáreas.

Parirás con amor

El parto humanizado es establecido en la ley Nº 25.929,  que promueve que se respete a la familia y se la acompañe en la toma de decisiones seguras e informadas. La Maternidad se enorgullece por cumplir esta ley. La licenciada Santillán asegura: “Nosotros tenemos una modalidad distinta de la asistencia de parto que se realiza en otros centros de salud;  acompañamos el trabajo de parto, el parto y el puerperio fortaleciendo el vínculo del trinomio mamá, papá y bebé y brindándole la posibilidad a la madre de decidir desde la posición del parto hasta en qué momento está lista para que se lleven a su hijo”.

Esta ley también refiere a que “la persona recién nacida tiene derecho a su inequívoca identificación”. En ese sentido,  Santillán aclara: “El proceso de identificación del recién nacido está hecho en forma adecuada, en su tiempo y forma. El bebé sale de la maternidad con una constancia de nacimiento para después tener su correspondiente Documento Nacional de Identidad”. El nombre de la Maternidad está muy vinculado al derecho a la identidad: “Por un lado,  la elección del nombre de la institución fue un reconocimiento a Estela y a Abuelas de Plaza de Mayo y, por otro lado, también nos marca que hay que seguir trabajando por los derechos, por la identidad y porque no se repitan historias tan tremendas”, afirma Rosemberg.

Si bien la maternidad es de baja complejidad,  tiene todo el equipamiento necesario para asistir una emergencia y luego de controlada la situación, se deriva el caso al Hospital Posadas o al Mariano y Luciano de la Vega, según corresponda. “Cuando se dan situaciones de internaciones en neonatología, en la mayoría de los casos son solo por aumento de peso”, cuenta la licenciada Santillan.

madres esperando en el hospital

Si bien la maternidad es de baja complejidad, tiene todo el equipamiento necesario para asistir una emergencia

La Maternidad brinda, a las madres de esos bebés, la posibilidad de hospedarse en su ‘Residencia de madres’. Geraldine Enríquez, encargada de la higiene y atención de las mujeres que allí se alojan, explica: “Hay madres que viven cerca y se van a dormir a su casa y hay otras que vienen desde lejos y duermen aquí. La idea es que se queden para que tengan mayor contacto con su hijo mientras dura la internación”. Este espacio físico cuenta con doce camas, una cocina, dos baños y un lavadero. “Tienen todas las comodidades, desde la comida y la higiene hasta la posibilidad de lavar su ropa”, concluye Enríquez.

 El lugar cuenta con unos 300 empleados efectivos y un porcentaje de becados. Laureano Cequeira, delegado de Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), cuenta la situación laboral: “Los trabajadores nos dividimos en leyes, la ley N° 10.471 es la que engloba al personal médico y licenciados, en esta ley hay alrededor de 120 empleados. Luego está la ley N° 10.430 en la que se encuentran los administrativos, enfermería y mantenimiento, allí hay 180 empleados. Por último están los compañeros que son tercerizados del Estado, estos son los compañeros que son becados”.

La mujer y el derecho sobre su cuerpo

En referencia a la cuestión del aborto,  la maternidad tiene una política que es llevada a cabo a través de la ley N° 4.318 que establece que las interrupciones del proceso de gestación no son punibles en los casos de peligro para la vida o la salud causado por el embarazo y que no pueda ser evitado por otro medio, y en casos de violación. Además también se dictan las consejerías de reducción de riesgo y daño en situaciones de embarazos no planificados, las cuales están establecidas en la ley N°14.738, y están orientadas a la prevención de riesgos y daños por la práctica de abortos inseguros y al cuidado de la salud integral de la mujer.

Rosemberg cuenta: “Cuando una mujer llega con una situación de violación o el embarazo le trae riesgos a su salud, se accede a un equipo interdisciplinario formado por un médico, una trabajadora social, una psicóloga y una obstétrica que la evalúan y si la mujer necesita y acepta se le realiza la interrupción legal del embarazo”. También existen casos en los que las mujeres no padecen ninguna de estas situaciones pero, sin embargo, sus embarazos no son deseados y no quieren continuar con él;  ahí es donde se recurre a las llamadas consejerías de reducción de riesgo y daño, que se llevan a cabo en la Maternidad y tienen una concurrencia importante.

Las mamás ingresan a la mañana y le realizamos los estudios correspondientes: análisis de sangre, ecografía, electrocardiograma y la toma de todos los signos vitales. Por último, se realiza la consulta con la obstetra.

 “En nuestro país se mueren miles de mujeres por realizarse abortos de forma insegura o de forma clandestina. Hay muchas mujeres que por su condición social o por vergüenza llegan aquí con embarazos avanzados o habiéndose realizado prácticas inseguras para la provocación del aborto” afirma Rosemberg y continúa: “Aconsejamos cómo hacer para reducir daños y desaconsejamos formas inseguras de aborto. Además, nos encargamos de la vacunación, el control posterior y de contactarlas con otras asociaciones que también acompañen a estas mujeres”.

La estrategia de maternidad segura y centrada en la familia que tiene la institución es trabajada en conjunto con UNICEF. “Cuando la Maternidad Carlotto nació, UNICEF ya venía promoviendo esta estrategia y nosotros nos adaptamos rápidamente a ella”, cuenta Rosemberg. La Maternidad de Moreno y UNICEF ya están buscando replicar el modelo en cinco provincias del país (Misiones, Chaco, Corrientes, Salta y Jujuy), y que el parto respetado y el aborto no punible sean una realidad.

Actualizado 22/11/2016

Bibliotecas en peligro de extinción

Bibliotecas en peligro de extinción

Como pasó en la primera mitad del año, 480 bibliotecas populares de la Provincia vuelven a quedar en jaque porque el Gobierno bonaerense hace seis meses que no les paga el subsidio que les corresponde por ley. La deuda, que asciende en total a $ 22.690.899, las afecta seriamente ya que el 90 por ciento de ellas cuenta con ese dinero para abonar el salario del personal. “El atraso compromete la subsistencia de los bibliotecarios o genera demoras en el depósito de las cargas sociales”, explica el presidente de la Federación de Bibliotecas Populares de la Provincia de Buenos Aires, Luis Zurueta.

Pero el problema es aún mayor: a la vez que la Dirección de Bibliotecas Populares no les deposita el dinero, la AFIP y el Ministerio de Trabajo intiman y amenazan con embargos a sus directivos cuando contraen deudas o se atrasan con el sueldo del bibliotecario. “A la AFIP no le importa si la Provincia te pagó o no: te envían un inspector, te intiman y te demandan”, sostiene Zurueta. Además, aunque los miembros de la comisión directiva sean vecinos que colaboran ad honorem en una institución sin fines de lucro, “para el Estado legalmente son empleadores, entonces la situación no es fácil para ellos”.

“El atraso compromete la subsistencia de los bibliotecarios o genera demoras en el depósito de las cargas sociales”.

Además de los $ 7.887 mensuales del Estado provincial –que en noviembre debería actualizarse a $ 8.481–, los ingresos de una biblioteca popular se componen de la cuota de sus socios, entre 30 y 40 pesos, una partida de dinero a principio de año de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) cuyo monto se determina según la cantidad de socios, libros y préstamos de cada una, y en algún momento pueden recibir donaciones de ciudadanos o empresas. Los gastos corrientes incluyen salarios, compra de libros, mantenimiento y pago de servicios. Sobre este punto, Zurueta declara que todavía no pudieron acceder a las tarifas sociales, “igual que los clubes de barrio”.

La última vez que la Provincia pagó fue, justamente, porque descubrió que estaban queriendo embargar a las bibliotecas y ahí se dieron cuenta que la falta de pago desataba un caos”, señala María Virginia de Torres, presidenta de la Biblioteca Popular Alberdi de Remedios de Escalada, en referencia a julio, cuando les depositaron cinco meses adeudados de enero a mayo de este año. “Ahora pasa lo mismo –afirma–, nos deben de junio a noviembre ”.

Zurueta se remonta al origen de las históricas deudas: “Desde la segunda mitad de la década del 90, el recorte de subsidios fue brutal. En 2001, la crisis redujo en un 80 por ciento la cantidad de socios y nunca más pudimos recuperarlos. En parte, porque los avances tecnológicos reemplazaron a las bibliotecas en la búsqueda de información, y en parte, también, porque comenzamos una carrera por subsistir”.

En 2003, las bibliotecas pasaron de la órbita del Ministerio de Educación, que realizaba los depósitos en tiempo y forma, a la del Instituto Cultural bonaerense, cuyo presupuesto se distribuye entre teatros, museos, festivales artísticos y otros destinos. La ley provincial N° 13.056, que creó el Instituto y determinó el traspaso de las bibliotecas, hacía énfasis en la eficiencia y en la desburocratización. Sucedió todo lo contrario.

Leandro De Sagastizábal, presidente de la CONABIP

Leandro De Sagastizábal, presidente de la CONABIP

Patear la pelota

Rocío Giaccone es diputada provincial y desde 2012, todos los años, se encarga de impulsar leyes que prorroguen por doce meses la ejecución de sentencias sobre bienes de asociaciones civiles y así retrasar posibles embargos. “Debido a su funcionamiento burocrático –explica– la administración pública se toma entre tres o cuatro meses para que un expediente recorra su camino y los fondos lleguen a destino. Por lo cual, hasta noviembre de 2015, las bibliotecas recibían un ingreso mensual pero desfasado unos meses”.

 Al asumir la gobernadora María Eugenia Vidal, se congelaron los pagos. “No tendría que haber demora con un dinero que se venía dando y que es un derecho de las instituciones. El problema es que no tienen una política clara respecto a las bibliotecas populares”, opina Giaccone. “A principio del año, nos dijeron que estaban poniéndose al día con la actualización de firmas de los responsables. Pero los pagos se suspendieron. Luego, con muchas presiones y pedidos de informes en la Legislatura, logramos que en julio se pagaran cinco meses atrasados, hasta mayo”.

Ariel Guallar, presidente de la Biblioteca Popular de Haedo, denuncia que, por su cuenta y junto a otras instituciones, ha llamado “mil veces” a la Dirección Provincial de Bibliotecas para hablar del problema. “Pero te bicicletean o ni siquiera te atienden. No sabemos la causa real de por qué se siguen retrasando”. ANCCOM intentó comunicarse con la responsable del organismo, Natalia Hidalgo, pero sólo pudimos establecer contacto con dos de sus secretarias y con su jefe de prensa, Manuel Balut, que no brindaron respuestas.

Lo paradójico, remarca Zurueta, es que “las bibliotecas con mayor riesgo de cierre son aquellas que más se esforzaron por enmarcar en la ley a su personal, tener buenos bibliotecarios y brindar un servicio de calidad, y así ser reconocidas por el Estado provincial para acceder al subsidio”. Hoy cada una hace lo que puede con lo que tiene para autosustentarse, pero “muchas están tendiendo a reducir los horarios de atención, luego dejan de hacer asambleas y de a poco van cerrando”, se lamenta Zurueta.

Mirta Pérez Díaz, profesora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 35 de Monte Grande.

Mirta Pérez Díaz, profesora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 35 de Monte Grande.

Modos de supervivencia

En la fachada de la Biblioteca Popular de Haedo resalta un cartel amarillo: “Todos los problemas de nuestra patria son, en el fondo, problemas de educación. Sarmiento”. “Si querés espantar a cualquier posible lector, esa es la frase justa”, comenta Ariel Guallar, su presidente. “No podemos tenerla en la puerta, no conjuga con la energía de la biblioteca”, cuya patrona es, curiosamente, Rosario Vera Peñaloza, descendiente del caudillo “Chacho” Peñaloza, asesinado por orden de Sarmiento.

La idea es que artistas del barrio realicen un mural más colorido y atractivo: “Darle vida”, dice Guallar, quien además cree que los cargos directivos deben ser ocupados por gente joven y con equidad de género en su composición. Hoy, la institución realiza campañas a través de redes sociales para sumar socios. “Caímos en la cuenta de que muchos ni sabían que existía”, reconoce. Mientras, admite Guallar, tuvieron que “considerar una medida profundamente impopular que fue aumentar la cuota a 60 pesos para mantener la supervivencia de la biblioteca y el rango horario”.

La Biblioteca Pública y Complejo Cultural Mariano Moreno, de Bernal, una de las más grandes de la provincia, hace tiempo que ha decidido “alquilar todo lo que sea alquilable”, cuenta su coordinador Evaristo Rodríguez. Así, alquilan espacios al Municipio, a una biblioteca comercial y a una empresa teatral. “También extremamos la oferta de cursos arancelados y, si bien seguimos mal, no pensamos en cerrar”, dice Rodríguez.

“La Moreno” es un caso extraordinario: un golem cultural declarado de interés nacional con un edificio de cuatro pisos y dos subsuelos. En su interior funciona un teatro para 300 personas, una radio y un jardín de infantes. Además, dispone de un “bibliomóvil”, una camioneta con capacidad de llevar 700 libros a las escuelas de la zona que lo soliciten, una pequeña parte de los 80.000 que guarda la institución.

Rodríguez explica que desde sus inicios, en 1938, “este es un proyecto educativo con múltiples facetas, que nuclea la vida social tanto de Bernal como de los barrios aledaños”. Actualmente, ofrece más de cincuenta cursos para mil alumnos: animé y manga, historia del arte, astronomía, coro, nutrición, kung-fu, yoga, meditación y taller de búsqueda de vida inteligente extraterrestre, entre otros. Y si bien la biblioteca “ha sentido el efecto de Internet y los dispositivos móviles, sobre todo en los jóvenes, sigue prestando más de 15 mil libros al año.

A unos 15 kilómetros de allí, en Remedios de Escalada, se encuentra la Biblioteca Popular Alberdi. Virginia de Torres, su presidenta, puntualiza que el municipio de Lanús, al cual pertenece, es uno de los ocho de la Provincia que cuenta con una ordenanza que ayuda mensualmente a las bibliotecas. No obstante, se ven obligados a alquilar dos cocheras y un salón de usos múltiples para complementar sus ingresos.

La institución tiene 500 socios, aunque antes de la crisis de 2001 llegó a tener dos mil. Hoy alcanzar ese número resulta imposible, y Torres lo atribuye a que en las escuelas no se difunde su existencia. Pero también reconoce que es difícil que la biblioteca salga a la calle: “De los que estamos, ninguno se preparó para esto. Y muchos de los directivos son personas grandes, reticentes al cambio. Para ellos, las bibliotecas no tienen nada que ver, por ejemplo, con recitales de música. Pero hay que entender que si no te transformás, no sobrevivís”.

En la misma dirección, el presidente de la CONABIP, Leandro De Sagastizábal, afirma que “desde la sociedad se está reclamando un nuevo rol a la biblioteca, articulando su rico pasado con un futuro que, si bien es incierto, pareciera ser el de un paso de centro exclusivo de libros a centro cultural”.

 

Evento de "Bibliotecas Humanas",en el marco de los atrasos en la recepción de subsidios y del aumento de tarifas que sufren las 500 bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires.

Evento de «Bibliotecas Humanas»,en el marco de los atrasos en la recepción de subsidios y del aumento de tarifas que sufren las 500 bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires.

Bibliotecas humanas

Daniel Canosa, bibliotecólogo, docente e investigador, sostiene que “las bibliotecas populares históricamente se tuvieron que adaptar a los cambios” y que “es imposible saber en qué se van a transformar en unos años”. Pero alerta sobre el momento que atraviesa la carrera de Bibliotecología: “El foco está en lo técnico, en la digitalización de documentos, y está perfecto. Pero si se descuida el aspecto humanístico de la carrera, las bibliotecas populares pierden su sentido”.

Esta impronta es la que quiere recuperar la Biblioteca Florentino Ameghino de Luis Guillón, en Esteban Echeverría, donde al visitante, en la puerta, le preguntan: “¿Con qué libro querés conversar?” Los títulos que ofrecen son: “Familiar de niño autista”, “Adicto recuperado”, “Portador de HIV”, “Probador de videojuegos”, “Persona privada de la libertad”. Adentro, esperan para charlar “los libros humanos”, personas que viven o vivieron esas situaciones y se acercan para compartir sus experiencias con la comunidad.

El proyecto de las Bibliotecas Humanas, surgido hace 16 años en Dinamarca y retomado por estudiantes de bibliotecología del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 35 de Monte Grande, es un intento por derribar prejuicios sobre temas sensibles en la sociedad a través del diálogo directo con los protagonistas. La pregunta que se hace Mirta Pérez Díaz, profesora del instituto, es: “¿Qué nos está pasando que para conocer otras historias de vida y problemáticas hace falta planificar un encuentro y no surge espontáneamente?”

Según Daniel Canosa, “en nuestra rutina diaria no tenemos oportunidad de escuchar lo que piensan otras personas con experiencias diferentes. A lo que accedemos, muchas veces, es a estereotipos de los medios de comunicación. Y lo peor que nos puede pasar, ya lo decía el filósofo Walter Benjamin, es que se destruya la experiencia humana por medio del combo de la información más opinión”, reflexiona.

La iniciativa atrajo la atención de 300 vecinos de Luis Guillón que días antes habían votado los temas que querían conocer a través de encuestas hechas por alumnos del Instituto. A partir de los resultados, los estudiantes realizaron un trabajo documental para complementar los relatos de los protagonistas. “Lo interesante, entonces, es que hay dos colecciones que se enfrentan, generando una intertextualidad entre la colección humana y la bibliográfica”, explica Canosa, para quien “la riqueza de las bibliotecas populares está en que ofrecen documentos que no se encuentran en ningún otro lado, principalmente conocimientos sobre la historia local” que permiten fortalecer la identidad de la comunidad.

La docente Pérez Díaz argumenta que “tienen la oportunidad de ser un espacio de innovación” pero para ello deben romper con “un estereotipo conservador, custodio, cancerbero, residual del siglo XIX, que hace un culto al libro y a la propiedad que ya no encaja”. Para ella, el futuro está relacionado con “bibliotecas totalmente dinámicas y desestructuradas, que pasan del paradigma de la información al de la comunicación, y donde los contenidos, además de recibirse, se generan”.

Con la soga en el estante

Más allá de los debates, lo concreto es que las bibliotecas siguen regidas por el decreto-ley 9319, elaborado en 1979, durante la última dictadura militar, que  no reconoce el derecho a la lectura, tampoco su trayectoria histórica, al punto de llamarlas “bibliotecas públicas de instituciones privadas”, y que prevé la pérdida total de fondos en caso de “atentar contra los valores que hacen al sentimiento nacional y nuestra esencia occidental cristiana, o desarrollar actividades totalmente ajenas a la misión específica de la biblioteca” (sic).

La Ley N° 14777, que creó el Sistema Provincial de Bibliotecas, fue aprobada por unanimidad en la Legislatura bonaerense en octubre del 2015, pero nunca fue reglamentada por el Poder Ejecutivo. La diputada Rocío Giaccone afirma que la norma –de su autoría– venía a saldar una deuda con las bibliotecas en cuanto a su historia y función. “Cuando la trabajamos junto a bibliotecarios de toda la provincia teníamos como objetivo una actualización general desde el aspecto tecnológico, generar una mayor protección y reconocer su papel en la comunidad como ámbito de consulta permanente, intercambio de ideas y de comunicación”.

 La ley dispone un aumento del 33% del subsidio y que el dinero debe surgir del 0,5% de lo recaudado por los juegos de azar. “Esto ayudaría a la administración interna, ya que, cuando se dispone de  fondos especiales específicamente asignados, llegan más rápido, algo primordial para terminar con los atrasos”, sostiene Giaccone. Pero transcurrido más de un año de su aprobación, no sabe qué detiene su reglamentación. La nueva falta de pago del gobierno provincial la desanima: “Si la sociedad y los legisladores no nos seguimos moviendo, directamente van a dejar de financiar a las bibliotecas”.

 

Actualizado 15/11/2016

La deserción invisible

La deserción invisible

El debate público por el impacto del ajuste presupuestario y los tarifazos en los servicios en las Universidades eclipsó en las últimas semanas una consecuencia inmediata del ajuste en las unidades académicas del Conurbano bonaerense: la lenta pero sostenida deserción de jóvenes estudiantes que ya no pueden afrontar los gastos de traslados básicos para continuar con sus estudios.

Referentes educativos y estudiantiles de las Universidades Nacionales de La Matanza (Unlam), de Lanús (UnLa) y de Avellaneda (Undav) consultados por ANCCOM describieron el nuevo escenario y plantearon los desafíos de la comunidad académica para intentar retener a sus estudiantes. Aunque las casas de altos estudios todavía no manejan estadísticas definitivas sobre el abandono, la caída de la matrícula ya está instalada como una tendencia que preocupa a las autoridades universitarias.

“No nos alcanza la plata para cargar la sube”, afirmó Emiliano Grillo, estudiante de la carrera de Trabajo Social y vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Lanús.

En el Conurbano, describió Grillo, la mayoría  de los estudiantes “son hijos de laburantes, muchos son la primera generación de su familia  que puede ir a la Universidad por lo que  tienen recursos limitados”. Y subrayó: “Son laburantes, trabajan ocho horas y tienen que tomar dos o tres colectivos para ir a laburar. Y a eso se le suma el gasto del boleto para venir a la Universidad”.

Al fuerte aumento en el transporte, se le sumaron también las subas en materiales necesarios para poder estudiar como fotocopias y libros. “Muchos estudiantes se encontraron con una disyuntiva, en el análisis de ver qué hacen, si continúan o no estudiando, si cursan menos materias, si dan libres”, describió el referente estudiantil.

“Hay una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar, por eso tuvimos una marcha en La Plata por el boleto educativo en la provincia de Buenos Aires. Frente a todo este tarifazo, principalmente en el transporte, lo mínimo que puede hacer el gobierno es pensar un poco en los estudiantes”, manifestó Grillo.

El boleto educativo en la provincia de Buenos Aires fue sancionado el año pasado por amplia mayoría parlamentaria y publicado en el Boletín Oficial bonaerense por Daniel Scioli al final de su mandato.  La actual gobernadora provincial, María Eugenia Vidal, debía reglamentarlo para su ejecución en febrero pasado, pero decidió ponerle un freno con el viejo argumento de la escasez de recursos presupuestarios.

 Aunque las casas de altos estudios todavía no manejan estadísticas definitivas sobre el abandono, la caída de la matrícula ya está instalada como una tendencia que preocupa a las autoridades universitarias.

Aunque las casas de altos estudios todavía no manejan estadísticas definitivas sobre el abandono, la caída de la matrícula ya está instalada como una tendencia que preocupa a las autoridades universitarias.

“Algunos alumnos ya empezaron a abandonar”, manifestó a ANCCOM Ana Moreno, docente de la UnLa y licenciada en Trabajo Social de esa casa de estudios. “Ya hay varios docentes que comenzamos a dar clases virtuales”, describió.

Ante esta situación, se sigue “promoviendo el sistema de becas que tiene la Universidad, un sistema de fondo solidario, que fue creado con la idea de acompañar a los estudiantes, para que puedan terminar sus estudios”.

La socióloga y docente Gabriela Mariño, referente de la junta promotora de la gremial docente ADUNA de la Undav, trazó un diagnóstico similar. “Estamos teniendo deserción de estudiantes que no están pudiendo llegar a la Universidad para pagar su boleto”, puntualizó en diálogo con esta agencia.

Nicolás Lozza, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Matanza y referente de la agrupación estudiantil La Demo, sostuvo que el aumento del boleto “afectó más a los estudiantes que los propios cierres de cursos y que el propio presupuesto que pueda recibir la Universidad”.

“Hablé con estudiantes que me dijeron que directamente no podían estudiar o que tenían que dejar materias porque no les alcanzaba para pagar el boleto, hay estudiantes que tienen que viajar una hora, tomarse uno, dos, hasta tres colectivos en muchos casos y no pueden afrontar el gasto, entonces, obligatoriamente tienen que dejar de cursar alguna materia”, remarcó ante la consulta de ANCCOM.

Durante los últimos años, la implementación de  un conjunto de políticas inclusivas en Educación Superior como la creación de nuevas Universidades Nacionales o la ampliación del sistema de becas e incentivos económicos llevaron a un exponencial crecimiento de la matrícula universitaria.

En el último anuario publicado por la Secretaría de Políticas Universitaria, en el año 2013 las Universidades Nacionales de la región metropolitana poseían un total 540.485 alumnos, con una inscripción de 11.978 nuevos jóvenes y  un total de 27.942 egresados.

En la UnLa, la cantidad de estudiantes registrados pasó de 5.971 inscriptos en el 2002 a 12.825 en el año 2013, un crecimiento del 7,9% anual, según el anuario. Un proceso similar se registró en la Universidad nacional de La Matanza, en donde la población universitaria pasó de 20.515 en el 2002 a 36.338 en el 2013, un incremento del 5,8 %.

En el mismo informe, se indica que las becas destinadas a la educación superior, pasaron de 2.452 otorgadas en el 2002 a 45.513 durante el 2013, de las cuales 16.669 corresponden a las dadas directamente por las universidades y 28.664 formaron parte de las Becas del Bicentenario, entregadas por el gobierno nacional.

Los ajustes y aumentos definidos por el gobierno de Cambiemos basados en el  “sinceramiento” de la economía pusieron en jaque tanto el funcionamiento de las instituciones públicas como la posibilidad de ingresar, permanecer y finalizar los estudios superiores a sus estudiantes.

El recorte presupuestario fue negado tanto por voceros como por el propio ministro de Educación nacional Esteban Bullrich quien, en declaraciones recientes a la agencia estatal Télam, sostuvo que “no hubo recortes ni desvíos de fondos de las universidades”, al referirse al envió de recursos a las provincias por unos 800 millones de pesos, los cuales tenían como objetivo primario, la inversión en educación primaria, secundaria y superior.

“Estamos teniendo deserción de estudiantes que no están pudiendo llegar a la Universidad para pagar su boleto”, dijo Mariño.

A las dificultades presupuestarias como consecuencia de las subas en los costos de los servicios públicos se sumó también la decisión de la Secretaría de Políticas Universitarias de “congelar” las obras destinadas a ampliación o mejoras. Nuevas aulas en el campus de la UnLa, una sede descentralizada de la misma Universidad en la localidad de González Catán y un polideportivo que fue devengado del presupuesto pero cuya construcción, por la suba de los costos en materiales, está detenida, sólo son algunos ejemplos del cuadro actual.

“Al ser universidades jóvenes se caracterizan por estar todo el tiempo en obra, se están construyendo”, enunció Grillo.Y agregó: “Se están haciendo aulas pero las obras están frenados, porque no está el presupuesto destinado. Al aumentar todos los precios, varió el presupuesto para esa obra”.

Además, explicó, se detuvieron “por una decisión de la Secretaría de Políticas Universitarias del actual gobierno, que quiere hacer una revisión y saber para qué están destinados esos fondos”.

En este mismo sentido, Mariño expresó que las universidades nacionales del conurbano “recién nacen y necesitan de un empujón un poco más fuerte por parte del Estado. Tenemos cinco obras en las distintas sedes de la Universidad que están paradas”, graficó.

Nacidas con el objetivo de establecer un vínculo profundo con los lugares en donde fueron creadas, las universidades del conurbano pasaron de pensar e implementar políticas educativas a imaginar cómo subsistir, a como pagar los servicios y mantener su funcionamiento.

La Unla (1989) y la Unlam (1995) forman parte de las seis universidades que fueron inauguradas en el período 1989 y 1995, durante los gobiernos de Carlos Menem y bajo el paradigma neoliberal, que se plasmó en la ley de Educación Superior de 1995.

La Undav (2009) forma parte de segundo momento de ampliación de las Universidades Nacionales, constituidas por el nuevo vínculo  que se estableció entre el Estado y las universidades en las gestiones kirchneristas. A partir del 2009, se crearon también las Universidades de Moreno, del Oeste con cabecera en el partido de Merlo, la Universidad Arturo Jauretche en Florencio Varela, y la Universidad Nacional de José C. Paz.

La generación de recursos propios es una tarea en construcción.  “La mayoría de las universidades del conurbano no tiene un recurso propio, no es que tienen fotocopiadoras como la UBA, no es que manejan comedores, las universidades del conurbano no manejan nada, no manejan un solo peso”, sostuvo Grillo.

“Nuestra Universidad tiene apenas recién años de vida. No trabaja con recursos propios, durante estos años nos hemos preocupado por implementar políticas públicas que siguieron sosteniendo una matrícula universitaria, que en nuestro caso es un 80 % de primera generación de universitarios, no estábamos preocupados en generar recursos propios, de todos modos la Undav si tiene una cooperadora”, aseguró Mariño.

Actualización 08/06/2016