Un cambio que nadie reclama

Un cambio que nadie reclama

La Ley Ómnibus propuesta por el presidente Javier Milei derogaría, entre otras, la Ley del Libro. Un día después de enviada al Congreso, las diversas Cámaras libreras comenzaron a organizarse para explicar los efectos negativos de la medida y resistir su aplicación. Las pequeñas librerías y la bibliodiversidad, en peligro.

La Ley 25.542 del Libro corre riesgo de ser derogada si se aprueba la Ley Ómnibus en las sesiones extraordinarias que la tratarán hasta el 31 de enero. Esta norma, con 22 años de vigencia, dicta que “los editores, importadores o representantes de libros deberán fijar un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe”. Es decir que establece un precio único tanto para la pequeña librería como la gran cadena editorial, e incluyendo los canales de venta online.

La Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), fundada el 19 de diciembre de este año, se pronunció al respecto y su vocero, Juan Pablo Armenio, de Tiempo Libro, confiesa: “No sabemos el por qué de este proyecto: es insólito, nos agarra de sorpresa. El sector está de acuerdo con que la Ley del Libro sirve” y señala: “En sí ha mejorado la competencia y permitido que otros actores ingresen al mercado, como pequeñas editoriales y librerías que puedan poner acento en diferentes lugares del mundo del libro”. Actualmente, las diversas instituciones como CAL, CALEDIN, Fundación El Libro y la propia CALI, entre otras, se encuentran organizadas para unificar criterios y “tener un plan de acción común” según Armenio.

Mónica Dinerstein, presidenta de la Cámara, al ser consultada sobre el impacto de esta medida, explica que la derogación “atenta contra la competencia porque las grandes empresas pueden rebajar el precio”. Esto es: actores económicos -no necesariamente del mundo editorial- compran gran cantidad de ejemplares para comenzar vendiéndolos hasta un 30% menos, corriendo a las pequeñas y medianas librerías de la escena, para luego terminar aumentando el producto sin preocupación ya que no tendrán contra quién competir.

“Mucha gente cree que va a poder comprar más libros. Hay un grave error en esto: el precio no va a bajar. A lo sumo bajará en algunos lados, pero lo más grave es que se va a perder la bibliodiversidad”, advierte Dinerstein y en este punto complementa: “Hay libros de los que se venden pocos ejemplares al año. De eso nos nutrimos las librerías independientes. Logramos tener clientela que busca eso y nos diferenciamos. La idea es tener una gama de títulos que probablemente las grandes cadenas no tengan”.

Según Cecilia Fanti, de Céspedes Libros y vicepresidenta de la CALI, los casos de países con una ley de precios en el mundo literario, como Italia, Argentina o España, son “los que tienen el entramado más fuerte de librerías y editoriales independientes” y, sobre la importancia de la diversidad editorial, recalca: “No solamente han surgido infinidad de editoriales y librerías, sino que han sido declaradas Patrimonio Cultural. Hemos visto el crecimiento exponencial de las ferias de editores como la FED. No es una ley que va en detrimento del mercado, sino que como el precio es uniforme, la competencia no se traslada al descuento. El libro es un bien cultural, no solamente regulado por la economía”.

En paralelo, Fanti afirma: “Los editores pueden volcarse a pensar catálogos distintos, las librerías competimos desde la calidad de nuestro servicio. Hay un consenso absoluto dentro del sector de que la ley en argentina se cumple. Editores, libreros y distribuidores estamos de acuerdo en que hay que defenderla y que la derogación puede ser una tragedia para la industria y para los lectores”.

Antes de la implementación del “precio único”, existía el “precio sugerido” por las editoriales y en ese sentido Armenio recuerda: “En el 2001, se sanciona esta ley justamente porque estaban desapareciendo librerías independientes a manos de las grandes superficies. El que quiera vender cualquier libro en la Argentina lo tiene que tener al mismo precio entonces las oportunidades en ese caso son iguales absolutamente para todos: para mí, para Jenny, para un supermercado y para la editorial que lo quiera vender en la página. Por eso la competencia es beneficiada por una ley de precio único”.

Por esta derogación, las Bibliotecas Populares también puede verse en su sistema de compras centralizado dependiente de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP). Braian Urban, presidente de la Biblioteca Popular Sarmiento de Villa Italia, Tandil, señala el apoyo del sector a la industria editorial “sobre todo con el tema de la diversidad” ya que las editoriales independientes “pueden acercar producciones que las grandes editoriales no realizan o están condicionadas”. Urban sintetiza: “Nos afecta como compradores de libros. De parte nuestra está la necesidad de tener diversidad de miradas y autores”.

La Ley Ómnibus también atenta contra las Bibliotecas con su propuesta de derogar dos puntos de su Ley N° 23.351 de 1986. Se tratan de sus títulos IV de la Junta Representativa y el V del Fondo Especial para las bibliotecas populares. Sobre el punto de la Junta Representativa, Urban señala que se eliminaría “un espacio de participación colectiva federal” con diálogo entre representantes de los gobiernos provinciales y de las federaciones de bibliotecas: “Un espacio central de intercambio, pensando cómo se discuten las políticas públicas de la CONABIP”, concluye.

Sobre la quita del Fondo, Urban advierte: “Nos afecta en términos materiales de financiamiento. Es un componente muy importante para las bibliotecas populares y la implementación de políticas públicas en torno a la promoción del libro, lectura, de acceso a la información, la conectividad”. Este Fondo está desde el año 86 y, al verse reformado, impactaría en gastos corrientes de las bibliotecas, como el internet con el Programa de Inclusión Digital, además de la promoción de lectura, servicios de información ciudadana y el Programa Libro%. Este último punto asegura la “posibilidad de que las bibliotecas viajemos a conocer a la Feria del Libro y compremos libros al 50% de su valor con recursos que transfiere la CONABIP, por lo tanto sería un desfinanciamiento que calaría muy hondo”.
La Ley Ómnibus atenta contra la diversidad de oferta y de miradas del mundo de los libros, limitando la posibilidad de elección de los lectores y, sobre todo, del acceso a consumos por fuera de las leyes de grandes mercados. De prosperar la derogación los libros se quemarán en el altar del libre mercado.

Bibliotecas en peligro de extinción

Bibliotecas en peligro de extinción

Como pasó en la primera mitad del año, 480 bibliotecas populares de la Provincia vuelven a quedar en jaque porque el Gobierno bonaerense hace seis meses que no les paga el subsidio que les corresponde por ley. La deuda, que asciende en total a $ 22.690.899, las afecta seriamente ya que el 90 por ciento de ellas cuenta con ese dinero para abonar el salario del personal. “El atraso compromete la subsistencia de los bibliotecarios o genera demoras en el depósito de las cargas sociales”, explica el presidente de la Federación de Bibliotecas Populares de la Provincia de Buenos Aires, Luis Zurueta.

Pero el problema es aún mayor: a la vez que la Dirección de Bibliotecas Populares no les deposita el dinero, la AFIP y el Ministerio de Trabajo intiman y amenazan con embargos a sus directivos cuando contraen deudas o se atrasan con el sueldo del bibliotecario. “A la AFIP no le importa si la Provincia te pagó o no: te envían un inspector, te intiman y te demandan”, sostiene Zurueta. Además, aunque los miembros de la comisión directiva sean vecinos que colaboran ad honorem en una institución sin fines de lucro, “para el Estado legalmente son empleadores, entonces la situación no es fácil para ellos”.

“El atraso compromete la subsistencia de los bibliotecarios o genera demoras en el depósito de las cargas sociales”.

Además de los $ 7.887 mensuales del Estado provincial –que en noviembre debería actualizarse a $ 8.481–, los ingresos de una biblioteca popular se componen de la cuota de sus socios, entre 30 y 40 pesos, una partida de dinero a principio de año de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) cuyo monto se determina según la cantidad de socios, libros y préstamos de cada una, y en algún momento pueden recibir donaciones de ciudadanos o empresas. Los gastos corrientes incluyen salarios, compra de libros, mantenimiento y pago de servicios. Sobre este punto, Zurueta declara que todavía no pudieron acceder a las tarifas sociales, “igual que los clubes de barrio”.

La última vez que la Provincia pagó fue, justamente, porque descubrió que estaban queriendo embargar a las bibliotecas y ahí se dieron cuenta que la falta de pago desataba un caos”, señala María Virginia de Torres, presidenta de la Biblioteca Popular Alberdi de Remedios de Escalada, en referencia a julio, cuando les depositaron cinco meses adeudados de enero a mayo de este año. “Ahora pasa lo mismo –afirma–, nos deben de junio a noviembre ”.

Zurueta se remonta al origen de las históricas deudas: “Desde la segunda mitad de la década del 90, el recorte de subsidios fue brutal. En 2001, la crisis redujo en un 80 por ciento la cantidad de socios y nunca más pudimos recuperarlos. En parte, porque los avances tecnológicos reemplazaron a las bibliotecas en la búsqueda de información, y en parte, también, porque comenzamos una carrera por subsistir”.

En 2003, las bibliotecas pasaron de la órbita del Ministerio de Educación, que realizaba los depósitos en tiempo y forma, a la del Instituto Cultural bonaerense, cuyo presupuesto se distribuye entre teatros, museos, festivales artísticos y otros destinos. La ley provincial N° 13.056, que creó el Instituto y determinó el traspaso de las bibliotecas, hacía énfasis en la eficiencia y en la desburocratización. Sucedió todo lo contrario.

Leandro De Sagastizábal, presidente de la CONABIP

Leandro De Sagastizábal, presidente de la CONABIP

Patear la pelota

Rocío Giaccone es diputada provincial y desde 2012, todos los años, se encarga de impulsar leyes que prorroguen por doce meses la ejecución de sentencias sobre bienes de asociaciones civiles y así retrasar posibles embargos. “Debido a su funcionamiento burocrático –explica– la administración pública se toma entre tres o cuatro meses para que un expediente recorra su camino y los fondos lleguen a destino. Por lo cual, hasta noviembre de 2015, las bibliotecas recibían un ingreso mensual pero desfasado unos meses”.

 Al asumir la gobernadora María Eugenia Vidal, se congelaron los pagos. “No tendría que haber demora con un dinero que se venía dando y que es un derecho de las instituciones. El problema es que no tienen una política clara respecto a las bibliotecas populares”, opina Giaccone. “A principio del año, nos dijeron que estaban poniéndose al día con la actualización de firmas de los responsables. Pero los pagos se suspendieron. Luego, con muchas presiones y pedidos de informes en la Legislatura, logramos que en julio se pagaran cinco meses atrasados, hasta mayo”.

Ariel Guallar, presidente de la Biblioteca Popular de Haedo, denuncia que, por su cuenta y junto a otras instituciones, ha llamado “mil veces” a la Dirección Provincial de Bibliotecas para hablar del problema. “Pero te bicicletean o ni siquiera te atienden. No sabemos la causa real de por qué se siguen retrasando”. ANCCOM intentó comunicarse con la responsable del organismo, Natalia Hidalgo, pero sólo pudimos establecer contacto con dos de sus secretarias y con su jefe de prensa, Manuel Balut, que no brindaron respuestas.

Lo paradójico, remarca Zurueta, es que “las bibliotecas con mayor riesgo de cierre son aquellas que más se esforzaron por enmarcar en la ley a su personal, tener buenos bibliotecarios y brindar un servicio de calidad, y así ser reconocidas por el Estado provincial para acceder al subsidio”. Hoy cada una hace lo que puede con lo que tiene para autosustentarse, pero “muchas están tendiendo a reducir los horarios de atención, luego dejan de hacer asambleas y de a poco van cerrando”, se lamenta Zurueta.

Mirta Pérez Díaz, profesora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 35 de Monte Grande.

Mirta Pérez Díaz, profesora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 35 de Monte Grande.

Modos de supervivencia

En la fachada de la Biblioteca Popular de Haedo resalta un cartel amarillo: “Todos los problemas de nuestra patria son, en el fondo, problemas de educación. Sarmiento”. “Si querés espantar a cualquier posible lector, esa es la frase justa”, comenta Ariel Guallar, su presidente. “No podemos tenerla en la puerta, no conjuga con la energía de la biblioteca”, cuya patrona es, curiosamente, Rosario Vera Peñaloza, descendiente del caudillo “Chacho” Peñaloza, asesinado por orden de Sarmiento.

La idea es que artistas del barrio realicen un mural más colorido y atractivo: “Darle vida”, dice Guallar, quien además cree que los cargos directivos deben ser ocupados por gente joven y con equidad de género en su composición. Hoy, la institución realiza campañas a través de redes sociales para sumar socios. “Caímos en la cuenta de que muchos ni sabían que existía”, reconoce. Mientras, admite Guallar, tuvieron que “considerar una medida profundamente impopular que fue aumentar la cuota a 60 pesos para mantener la supervivencia de la biblioteca y el rango horario”.

La Biblioteca Pública y Complejo Cultural Mariano Moreno, de Bernal, una de las más grandes de la provincia, hace tiempo que ha decidido “alquilar todo lo que sea alquilable”, cuenta su coordinador Evaristo Rodríguez. Así, alquilan espacios al Municipio, a una biblioteca comercial y a una empresa teatral. “También extremamos la oferta de cursos arancelados y, si bien seguimos mal, no pensamos en cerrar”, dice Rodríguez.

“La Moreno” es un caso extraordinario: un golem cultural declarado de interés nacional con un edificio de cuatro pisos y dos subsuelos. En su interior funciona un teatro para 300 personas, una radio y un jardín de infantes. Además, dispone de un “bibliomóvil”, una camioneta con capacidad de llevar 700 libros a las escuelas de la zona que lo soliciten, una pequeña parte de los 80.000 que guarda la institución.

Rodríguez explica que desde sus inicios, en 1938, “este es un proyecto educativo con múltiples facetas, que nuclea la vida social tanto de Bernal como de los barrios aledaños”. Actualmente, ofrece más de cincuenta cursos para mil alumnos: animé y manga, historia del arte, astronomía, coro, nutrición, kung-fu, yoga, meditación y taller de búsqueda de vida inteligente extraterrestre, entre otros. Y si bien la biblioteca “ha sentido el efecto de Internet y los dispositivos móviles, sobre todo en los jóvenes, sigue prestando más de 15 mil libros al año.

A unos 15 kilómetros de allí, en Remedios de Escalada, se encuentra la Biblioteca Popular Alberdi. Virginia de Torres, su presidenta, puntualiza que el municipio de Lanús, al cual pertenece, es uno de los ocho de la Provincia que cuenta con una ordenanza que ayuda mensualmente a las bibliotecas. No obstante, se ven obligados a alquilar dos cocheras y un salón de usos múltiples para complementar sus ingresos.

La institución tiene 500 socios, aunque antes de la crisis de 2001 llegó a tener dos mil. Hoy alcanzar ese número resulta imposible, y Torres lo atribuye a que en las escuelas no se difunde su existencia. Pero también reconoce que es difícil que la biblioteca salga a la calle: “De los que estamos, ninguno se preparó para esto. Y muchos de los directivos son personas grandes, reticentes al cambio. Para ellos, las bibliotecas no tienen nada que ver, por ejemplo, con recitales de música. Pero hay que entender que si no te transformás, no sobrevivís”.

En la misma dirección, el presidente de la CONABIP, Leandro De Sagastizábal, afirma que “desde la sociedad se está reclamando un nuevo rol a la biblioteca, articulando su rico pasado con un futuro que, si bien es incierto, pareciera ser el de un paso de centro exclusivo de libros a centro cultural”.

 

Evento de "Bibliotecas Humanas",en el marco de los atrasos en la recepción de subsidios y del aumento de tarifas que sufren las 500 bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires.

Evento de «Bibliotecas Humanas»,en el marco de los atrasos en la recepción de subsidios y del aumento de tarifas que sufren las 500 bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires.

Bibliotecas humanas

Daniel Canosa, bibliotecólogo, docente e investigador, sostiene que “las bibliotecas populares históricamente se tuvieron que adaptar a los cambios” y que “es imposible saber en qué se van a transformar en unos años”. Pero alerta sobre el momento que atraviesa la carrera de Bibliotecología: “El foco está en lo técnico, en la digitalización de documentos, y está perfecto. Pero si se descuida el aspecto humanístico de la carrera, las bibliotecas populares pierden su sentido”.

Esta impronta es la que quiere recuperar la Biblioteca Florentino Ameghino de Luis Guillón, en Esteban Echeverría, donde al visitante, en la puerta, le preguntan: “¿Con qué libro querés conversar?” Los títulos que ofrecen son: “Familiar de niño autista”, “Adicto recuperado”, “Portador de HIV”, “Probador de videojuegos”, “Persona privada de la libertad”. Adentro, esperan para charlar “los libros humanos”, personas que viven o vivieron esas situaciones y se acercan para compartir sus experiencias con la comunidad.

El proyecto de las Bibliotecas Humanas, surgido hace 16 años en Dinamarca y retomado por estudiantes de bibliotecología del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 35 de Monte Grande, es un intento por derribar prejuicios sobre temas sensibles en la sociedad a través del diálogo directo con los protagonistas. La pregunta que se hace Mirta Pérez Díaz, profesora del instituto, es: “¿Qué nos está pasando que para conocer otras historias de vida y problemáticas hace falta planificar un encuentro y no surge espontáneamente?”

Según Daniel Canosa, “en nuestra rutina diaria no tenemos oportunidad de escuchar lo que piensan otras personas con experiencias diferentes. A lo que accedemos, muchas veces, es a estereotipos de los medios de comunicación. Y lo peor que nos puede pasar, ya lo decía el filósofo Walter Benjamin, es que se destruya la experiencia humana por medio del combo de la información más opinión”, reflexiona.

La iniciativa atrajo la atención de 300 vecinos de Luis Guillón que días antes habían votado los temas que querían conocer a través de encuestas hechas por alumnos del Instituto. A partir de los resultados, los estudiantes realizaron un trabajo documental para complementar los relatos de los protagonistas. “Lo interesante, entonces, es que hay dos colecciones que se enfrentan, generando una intertextualidad entre la colección humana y la bibliográfica”, explica Canosa, para quien “la riqueza de las bibliotecas populares está en que ofrecen documentos que no se encuentran en ningún otro lado, principalmente conocimientos sobre la historia local” que permiten fortalecer la identidad de la comunidad.

La docente Pérez Díaz argumenta que “tienen la oportunidad de ser un espacio de innovación” pero para ello deben romper con “un estereotipo conservador, custodio, cancerbero, residual del siglo XIX, que hace un culto al libro y a la propiedad que ya no encaja”. Para ella, el futuro está relacionado con “bibliotecas totalmente dinámicas y desestructuradas, que pasan del paradigma de la información al de la comunicación, y donde los contenidos, además de recibirse, se generan”.

Con la soga en el estante

Más allá de los debates, lo concreto es que las bibliotecas siguen regidas por el decreto-ley 9319, elaborado en 1979, durante la última dictadura militar, que  no reconoce el derecho a la lectura, tampoco su trayectoria histórica, al punto de llamarlas “bibliotecas públicas de instituciones privadas”, y que prevé la pérdida total de fondos en caso de “atentar contra los valores que hacen al sentimiento nacional y nuestra esencia occidental cristiana, o desarrollar actividades totalmente ajenas a la misión específica de la biblioteca” (sic).

La Ley N° 14777, que creó el Sistema Provincial de Bibliotecas, fue aprobada por unanimidad en la Legislatura bonaerense en octubre del 2015, pero nunca fue reglamentada por el Poder Ejecutivo. La diputada Rocío Giaccone afirma que la norma –de su autoría– venía a saldar una deuda con las bibliotecas en cuanto a su historia y función. “Cuando la trabajamos junto a bibliotecarios de toda la provincia teníamos como objetivo una actualización general desde el aspecto tecnológico, generar una mayor protección y reconocer su papel en la comunidad como ámbito de consulta permanente, intercambio de ideas y de comunicación”.

 La ley dispone un aumento del 33% del subsidio y que el dinero debe surgir del 0,5% de lo recaudado por los juegos de azar. “Esto ayudaría a la administración interna, ya que, cuando se dispone de  fondos especiales específicamente asignados, llegan más rápido, algo primordial para terminar con los atrasos”, sostiene Giaccone. Pero transcurrido más de un año de su aprobación, no sabe qué detiene su reglamentación. La nueva falta de pago del gobierno provincial la desanima: “Si la sociedad y los legisladores no nos seguimos moviendo, directamente van a dejar de financiar a las bibliotecas”.

 

Actualizado 15/11/2016