May 16, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
Las tres manzanas en disputa están delimitadas por las calles Almirante Brown, Blanes, Palos y Espinoza.
La jueza Paola Cabezas Cescato, al frente del Juzgado Nº 11 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, declaró la nulidad absoluta de la licitación pública y, en consecuencia, de la adjudicación y venta de las tierras conocidas como “los campitos» de Casa Amarilla al Club Boca Juniors, al reconocer que la venta fue inconstitucional por no existir ninguna ley de la Legislatura de la Ciudad que la autorice.
La magistrada, que en febrero había frenado las obras del club en los terrenos de Casa Amarilla, ahora hizo lugar al amparo colectivo firmado por la agrupación barrial La Boca Resiste y Propone (LBRP), con patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Esa organización había denunciado que el Gobierno de la Ciudad, a través de la Corporación Buenos Aires Sur, vendió los terrenos públicos al club que preside Daniel Angelici por más de 180 millones de pesos sin la autorización de los dos tercios de los legisladores porteños, tal como lo establece el artículo 82 de la Constitución local.
Para las organizaciones del barrio el fallo representa una victoria. “Esta sentencia es la más importante porque las anteriores eran medidas cautelares, orientadas a resguardar la protección de estos predios hasta que se decida si nosotros teníamos razón, o si la tenía el Estado o Boca Juniors. La decisión que se dio a conocer ahora es definitiva, resuelve el conflicto y nos da la razón”, indicó Jonathan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Las tres manzanas en disputa están comprendidas entre las calles Almirante Brown, Blanes, Palos y Espinoza y habían sido adjudicadas en 2016 al club para construir un estadio-shopping. Sin embargo, la Ley N° 2.240, que declara la Emergencia Ambiental y Urbanística del Barrio de La Boca, definió que las tierras debían convertirse en un gran parque público para el barrio.
«Esta sentencia le da la razón a las organizaciones barriales», dice el abogado Jonathan Baldiviezo,
Natalia Quinto, referente de La Boca Resiste y Propone, expresó: “Hay un gran problema: la tierra pública que se vende ya no va a estar disponible para nada de lo que necesitemos los vecinos”. Además, Quinto dijo que espera que prontamente el club retire el alambrado que puso ya que los vecinos utilizan este espacio abierto para realizar campeonatos de fútbol, ensayos de murgas y festivales locales.
Por su parte, Emiliano Acosta, de la Agrupación Vecinos de La Boca que integra la asamblea por «los campitos» de Casa Amarilla, recordó que las tierras pertenecían al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y estaban destinadas a la construcción de viviendas sociales. “El planteo del IVC en los últimos gobiernos es que no hay espacio para hacer vivienda y acá el primer proyecto que hubo fue habitacional y un proyecto educativo que no se cumplió”, manifestó Acosta.
En 2005, el IVC había planificado en ese sector la construcción de 1.200 viviendas. Pero sólo construyó 438 casas en Casa Amarilla y en 2010 cedió el predio al Ejecutivo porteño que, mediante el Decreto 723 firmado por Mauricio Macri, aceptó esa cesión y transfirió la propiedad fiduciaria a la Corporación Buenos Aires Sur. Así, este organismo oficial se encargó de beneficiar, según la Justicia de forma ilegal, el negocio del club xeneize en perjuicio del barrio.
De todos modos, el Club Boca Juniors, al día siguiente de ser notificado del fallo de Cabezas Cescato, presentó el recurso de apelación y con posterioridad también lo hicieron la Corporación Buenos Aires Sur y el Gobierno de la Ciudad. “Vamos a seguir sosteniendo la ilegalidad de las ventas y denunciando públicamente como el Gobierno se atreve a violar la Constitución para favorecer negocios de privados”, aseguró Baldiviezo.
May 9, 2018 | Culturas, Novedades, Te puede interesar
La tercera edición de este espacio reúne doce editoriales.
Nuevo Barrio recibió gran aprobación por parte del público lector que concurre a la Feria, considerándolo uno de los espacios más diversos. En sus ediciones anteriores, al igual que en la de este año, la Fundación El Libro selecciona doce editoriales de la Argentina y el exterior que se postulan para obtener un stand asignado por la propia Feria, y que no solo les permite exponer sus títulos, sino también obtener cierto reconocimiento frente a las muchas editoriales ya instaladas. Se trata, además, de una oportunidad de exposición que, en la mayoría de los casos, las editoriales no podrían costear por su cuenta.
“Está buenísima la propuesta, porque permite exponer a muchos sellos que quizás no podrían costearse un espacio en la Feria. Permite mucha visibilidad y que la gente conozca los materiales, los autores, por ese lado es súper positivo. Y además compartir el espacio de Nuevo Barrio con otro montón de editoriales nacionales y de afuera, es muy interesante”, sostiene Gabriela Ballesi, asistente de la editorial La Luminosa, una de las seleccionadas este año.
Además de un gran reconocimiento, participar de esta exposición facilita el acceso al público masivo que asiste a la Feria del Libro. Así lo plantea Sebastián Albarracín, perteneciente a la editorial Madreselva, quien sostiene que “lo más importante es poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y exponer la cantidad de libros que tiene la editorial”. Madreselva se destaca por sus publicaciones relacionadas al feminismo, anarquismo, maternidades libertarias, infancias libres, identidades disidentes y la autogestión, entre otras.
Nuevo Barrio busca dar exposición a nuevos talentos y proyectos creativos.
Por otro lado, la importancia de que estas editoriales estén presentes radica en el hecho de que se siga fomentando la lectura. En este sentido, Hugo Montero, uno de los tres directores de la Editorial Sudestada, afirma: “Existe desde hace muchos años una crisis de lectura en nuestro país que podríamos sintetizar en que cada día se pierden más lectores, no hay ni siquiera un registro fiable de analfabetismo funcional, pero se trata de una pésima noticia que tiene que ver con otra crisis más estructural, relacionada con la educación y la cultura que consumimos. Para nosotros, como editorial, es imposible estar ajeno a estas crisis, que nos atraviesan y nos debilitan. Por eso mismo, cualquier chance de interpelar al potencial lector es siempre bienvenida, porque es un inicio para intentar dar esta batalla desigual y cotidiana”. Editorial Sudestada nació en 2001, en un panorama político, social y económico crítico. “Sudestada surge como revista independiente en medio de otra crisis económica tremenda, que afectó particularmente a los más jóvenes. Si bien no parecía un momento propicio para largarse con un proyecto editorial, encaramos el desafío con la expectativa de ver si, en el camino, nos encontrábamos con un público lector. Así sucedió, y por eso seguimos en la calle, 16 años después, ahora como sello editorial y con unos 40 libros periodísticos y 30 infantiles editados hasta el momento”, concluye Montero.
Hoy también las editoriales enfrentan una situación de crisis, sobre todo las pequeñas. “La única crisis editorial no tiene que ver con que no haya cosas para editar o que la gente no quiera comprar libros en papel. La crisis editorial tiene que ver con un plan económico de gobierno que se olvida de los pequeños productores de libros, como se olvida de los productores de cualquier cosa en este país. Suben los costos no sólo del papel y de la imprenta sino también los costos de la luz, las expensas, los alquileres. Entonces eso hace que se estrangule una producción que los grandes grupos editoriales perfectamente se pueda solventar, pero los pequeños grupos editoriales nos vemos asfixiados”, denuncia Celeste Dieguez, Editora de la Editorial Malisia y celebra: “Entonces, por supuesto, si no fuera por esta iniciativa del Nuevo Barrio en el que podemos estar acá de manera gratuita, no creo que pudiéramos llegar a la Feria”.
Editorial Sudestada, además de la revista mensual, publicó más de 70 libros.
Por otra parte, es importante destacar la oportunidad que la Feria brinda a aquellas editoriales del exterior que desean insertarse en el circuito editorial argentino y latinoamericano. Tal es el caso de la Editorial Funambulista, proveniente de España. “Seguramente, estos últimos años, las editoriales argentinas han tenido que reducir gastos, eso ha incluido la presencia en ferias internacionales, lo que hace que cada vez se nos vea menos y las ferias sean menos interesantes, porque hay menos oferta editorial”, sostiene Concepción Cuesta, administradora de la editorial. “Con esta iniciativa tenemos la oportunidad, reduciendo muchos costos, de tener mayor presencia, comprobar cómo funciona, arriesgando menos económicamente a la vez que se enriquece la Feria”, agrega. Para la administradora española, Nuevo Barrio es una gran iniciativa, ya que hace que los editores participen y la Feria siga siendo un gran escaparate del mundo del libro: “Y que cada vez tenga más interés para todos los que formamos parte de él y para el público que va a comprar”, concluye.
Otra de las editoriales internacionales seleccionada es Estruendomudo, proveniente de Lima, Perú. “La importancia de formar parte de este espacio es la misma que tiene la literatura, de llegar a otras personas con culturas diferentes y de comunicar algo, de hacer conexiones. Creo que es una muy buena iniciativa porque nos permite dar más alcance. Nos permite a nosotros hacernos conocer en otras partes del mundo, como en Argentina”, sostiene Paloma Temple, asistente de la editorial.
Las otras editoriales seleccionadas para formar parte de la Feria son, además de La Luminosa, Madreselva, Sudestada, Malisia, la española Funambulista y la peruana Estruendomudo; las argentinas de la Ciudad de Buenos Aires Del Dock, Dedalus Editores, Wu Wei y Absentha Libros y Gog & Magog; la santafesina La Fer, y la chilena Hueders.
«Esta iniciativa enriquece la Feria», dice la española Concepción Cuesta, de Funambulista.
May 1, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
Restaurante y Parrilla Don Battaglia es una cooperativa de trabajo gestada tras la quiebra del grupo OJA. La historia fue contada hace pocos días en este espacio: el 9 de febrero de 2013 los compañeros de Battaglia toman el local tras la quiebra, pasan varios días durmiendo allí hasta que consiguen la matrícula habilitante, y se constituyen como cooperativa. El año pasado decidieron otorgar a sus trabajadores la posibilidad de cursar un bachillerato allí mismo para poder terminar sus estudios.
La historia se remonta al vínculo territorial que tiene la Cooperativa Don Battaglia con otras organizaciones del barrio de Villa Crespo, reunidas en la Mesa Territorial de Cooperativas (METECO) de la Comuna 15, que reúne 14 cooperativas y organiza talleres y actividades, incluido un campeonato de fútbol que se disputa desde 2016.
Agostina Betes es referente de bachilleratos e integrante de la Comisión de Educación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Además milita en el Movimiento Popular La Dignidad, organización que cuenta con el Bachillerato Popular Villa Crespo que funciona de noche en el Club Atlanta. “Decidimos participar del torneo de fútbol, donde se cruzan laburantes de la cooperativa Battaglia con profesores y estudiantes de nuestro bachillerato -cuenta-. Allí, como producto de esas comuniones que genera el deporte, los laburantes comentan que no terminaron el secundario pero sus horarios laborales no les permiten estudiar.” Significaba todo un reto para la gente del bachillerato: “Lo planeamos durante un año, porque para nosotros significaba un gran esfuerzo armar un bachi de la nada”, agrega Agostina.
Hasta que, continúa ella, “una tarde de lluvia llegó acompañada por Esteban (otro compañero docente) a la primera reunión para ver como armábamos el bachillerato. Nos sentamos con algunos de los trabajadores, que en ese momento eran todos hombres”. A partir de ese momento comenzaron a ponerse de acuerdo y decidieron que la mejor opción era hacerlo de martes a jueves en el horario intermedio, entre los dos horarios de trabajo de los trabajadores del restaurante, de mañana de 11 a 15 y el de tarde de 20 a 24. Así fue que a principios de abril del año pasado arrancaron las clases de 16 a 19.
Pensaron en un módulo de tres años, aunque aquellos que tienen estudios previos pueden cursar uno o dos años. Agostina cuenta orgullosa que son “la única experiencia de La Dignidad que funciona dentro de una cooperativa con trabajadores. Es también el único bachi de La Dignidad que funciona en turno tarde, cuando todos funcionan por la noche. Es una experiencia totalmente diferente”.
Los seis bachilleratos de La Dignidad otorgan títulos oficiales.
El otro profe que se acaba de sumar al proyecto es Enzo Scargiali. Sostiene que los trabajadores “tienen la necesidad de estudiar y trabajar especificidades propias de su tarea cotidiana. Porque con realizar su labor no alcanza: hay que llevarles herramientas para poder trabajar, reflexionar y seguir construyendo la cooperativa.”
Las materias que se dictan son: Salud Social, Economía Popular, Historia, Matemática con Orientación Contable, Prácticas del Lenguaje y Teoría Política. Son alrededor de 12 estudiantes, la mayoría trabajadores de la cooperativa, pero hay algunos que vienen de afuera.
“Tenemos boletines, en los cuales no ponemos notas, lo que damos son devoluciones por escrito, donde analizamos el proceso educativo durante todo el cuatrimestre, y a su vez los alumnos nos dan su devolución sobre nuestro desempeño”, explica Enzo.
Experiencias
Joaquín entró porque vio un cartel en la entrada de Battaglia. Y Beatriz leyó en la calle un afiche del Bachillerato Villa Crespo, pero le resultaba muy tarde terminar de cursar en Atlanta a las 10 de la noche para recién entonces volver a Devoto. Por eso optó por estudiar en el restorán cooperativo.
María Salto, en tanto, trabaja en el turno noche en el Hospital Italiano, y quiso inscribirse en el Bachillerato de Villa Crespo con el ciclo lectivo ya iniciado: “Me dijeron que no había vacantes. Justo me crucé con un compañero del hospital. Me dijo que podía hablar con alguien que podría ubicarme. Eso me dio esperanzas, dejé todos mis datos y un día me llegó un mensaje de texto. Me avisaban que tenían un lugar y que me acercara a Battaglia”, recuerda. María ya está cursando el segundo año, y asegura que tiene “excelentes compañeros, el lugar es acogedor, estamos todo el tiempo a pesar del cansancio y las dificultades que todos acumulamos. Los profes lo hacen muy llevadero”.
Los chicos y chicas del bachillerato tienen ganas de hablar. Cuentan que tienen un compañero de más de 60 años, o que hay chicos que vienen a cursar en su día de franco. Las materias les hacen ver las cosas de otra manera: destacan la importancia de ponerse en el lugar del otro. En este sentido, María afirma: “Salgo de acá y me voy a trabajar, duermo muy poco. Estoy totalmente agradecida a los profesores, el año pasado llegaba a clases y por momentos me dormía. La voluntad, el empeño, el trabajo en conjunto te llevan a seguir por más”.
Los 12 estudiantes reciben sus clases en el restorán entre las 16 y las 19 horas.
¿Educar para qué?
Los bachilleratos de La Dignidad surgen en 2007, están reconocidos por el Estado, otorgan títulos oficiales pero los educadores y las educadoras no cobran salario docente. En la actualidad se dictan seis. “Queríamos conservar la autonomía de decisión y la posición respecto de nuestro propio espacio de construcción político-pedagógica. Nosotros hacemos los bachis porque entendemos que la transformación social se da en muchos aspectos, y uno de ellos es la educación”, remarca Agostina. Se trata de construir colectivamente espacios desde los cuales cuestionar la mirada hegemónica de la sociedad. Por eso se trata de formar “ya no individuos sino seres sociales emancipados. Estos espacios en el fondo tienen una razón política de ser”, cierra.
Tanto Enzo como Agostina coinciden en que no se trata de reemplazar al Estado; por el contrario aclaran que “el nuestro es un lugar inclusivo. Nosotros somos las clases populares organizadas para autogestionarse la educación. Entendemos que el Estado debería garantizar el derecho a la formación de todos y todas, pero la educación del sistema capitalista sólo forma individuos oprimidos: nuestra educación tiene otro objetivo que es liberarnos”.
May 1, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
Se reabre el debate en torno a las carreras de galgos. Desde diciembre del año pasado se encuentra en vigencia la Ley 27330 que prohíbe la carrera de galgos en todo el territorio argentino, sin embargo los galgueros han encontrado dónde desarrollar la actividad prohibida en el país: los canódromos de Uruguay. Hace un mes se llevó a cabo una audiencia pública en la que participaron exponentes argentinos y del país vecino para tratar esta problemática y discutir un proyecto de ley para prohibir las carreras de perros también del otro lado del Río de la Plata.
Andrea López, abogada integrante de Proyecto Galgo Argentina, considera que la ley 27330 es de vanguardia y de suma importancia en tanto que busca proteger la integridad física y psíquica del animal, como así también acabar con otros delitos asociados como el trabajo infantil, la ludopatía, las drogas y las apuestas clandestinas. Por este motivo propuso apelar a los convenios de cooperación jurídica internacional, frente a las migraciones de galgueros argentinos para continuar con el negocio en los países limítrofes.
La ley argentina establece que están prohibidos tanto el desarrollo de las carreras como las actividades previas, es decir su organización y la promoción de las mismas. “Esto se debe a que los perros no solamente son explotados en la carrera en sí”, agregó López. La abogada explicó que aquellos que van a correr al país vecino ya están incurriendo en un delito, porque todo el planeamiento y logística para viajar con sus galgos se está llevando a cabo en la Argentina, es decir la organización. “Esto es muy difícil de investigar, por eso los convenios de cooperación jurídica internacional deben buscar acuerdos para combatir estos delitos trasnacionales”. La penalista hizo un paralelismo con compra de marihuana, que en Uruguay es legal. “Pongamos el ejemplo de la legalización del cannabis en Uruguay para quienes son ciudadanos. Los argentinos que viajan a dicho país no tienen permitido comprar la droga. Esto se debe a que no se busca favorecer el turismo canábico, ya que en nuestro país está prohibido. Lo mismo debería ocurrir con las carreras de galgos. Aquellos galgueros que evaden la ley argentina compitiendo en Uruguay deberían ser sancionados”.
En contraposición, Leonardo Del Río, integrante de la Asociación Uruguaya de Galgueros y Organizadores Unidos, se manifestó a favor de la migración de los competidores. “Los galgueros argentinos que compiten en Uruguay van a desarrollar un deporte y a ejercer un derecho que les quitaron en su país”, dijo.
Por su parte, el diputado uruguayo por el Partido Nacional, Gastón Cossia, autor del Proyecto de Ley de Prohibición de Carreras de Perros en Uruguay, se manifestó solidario con el pedido de la abogada López y Proyecto Galgo Argentina. “Sabemos que costó mucho trabajo la sanción de la ley en Argentina. Por eso nosotros, como legisladores del país hermano, tenemos la enorme responsabilidad de evitar la violación de dicha ley en nuestro territorio. No podemos permitir que en nuestro país se desarrollen actividades por las cuales en su país están penados legalmente. Este aspecto es uno de los caminos que tenemos que explorar en tema de colaboración internacional”, dijo.
En concordancia con lo dicho por el diputado Cossia, la Senadora Magdalena Odarda, autora de la ley, contó que si bien en Argentina la norma fue aprobada en el Senado casi por unanimidad, tuvo mayores obstáculos en la Cámara de Diputados. Además, recordó que luego de la sanción tuvieron inconvenientes con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien cuando los galgueros fueron a pedirle explicaciones acerca de la prohibición de su negocio, Larreta los mandó a la casa de la senadora Odarda a buscarlas. Ellos siguieron su consejo: “Lamentablemente fueron, nos amenazaron con incendiar la casa y el auto”, agregó. Sin embargo, ella no se arrepiente de los esfuerzos hechos, junto con la ONG Proyecto Galgo Argentina, porque ha tenido la propia experiencia de haber rescatado a un galgo, una perrita llamada Ley Quimey, abandonada en una estación de servicio que según la senadora es la alegría de su casa. “Es muy importante dejar de considerar a los animales como objetos que podemos tener, torturar y matar. Ellos son seres sintientes. Y en ese sentido una ley que prohíbe las carreras de galgos en Argentina significó un gran hito en esta lucha”, agregó Odarda.
El acercamiento del diputado Cossia con el proyecto de ley surgió de un caso clínico, mientras trabajaba como médico veterinario. En 2008 conoció a un galgo hembra, “Negra”, que venía de un circuito de carrera. Presentaba muchos problemas crónicos por lo que Cossia junto a sus colegas decidieron estudiarla. En 2016, Cossia inició una serie de denuncias a la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (COTRYBA) en contra de la carrera de galgos y argumentó la prohibición de la actividad porque consideraba que violaba la normativa de Bienestar Animal sancionada en 2009, al no haber control sanitario de ningún tipo sobre los ejemplares que participaban y debido a que las competencias daban lugar a apuestas clandestinas.
Sin embargo, COTRYBA rechazó la propuesta de prohibición argumentando que esa Comisión regularía la actividad e impondría el control de bienestar animal. Cossia afirmó que esta regulación nunca se llevó a cabo y esto los motivó a elaborar el proyecto de ley para prohibirlas. «Nuestro país está muy hermanado culturalmente con Argentina y vimos, a través de los medios de comunicación, el trabajo que se hizo desde Proyecto Galgo Argentina. Al mismo tiempo observamos que en Uruguay, lo que empezó como una actividad amateur que se desarrollaba al interior del país de forma esporádica, se había convertido en la industria de la carrera de galgos. Entonces empezamos a conocer los aspectos no visibles de esa actividad, como la punta de un iceberg, porque uno lo que ve son los perritos corriendo, en un aparente buen estado y no advierte todo lo que hay detrás”.
En la misma dirección Evelyn Segredo, activista uruguaya de la Asociación Por el Trato Ético Hacia los Animales (Aptéha), denunció que en su país existe una ley de Bienestar Animal pero que en la práctica no se hace nada. “No tenemos registros documentales fácilmente accesibles de qué canódromos hay en Uruguay, dónde están, quiénes los llevan adelante, cómo son regulados, cómo se seleccionan los galgos ni quiénes son los galgueros de nuestro país”, dijo. Sin embargo, Del Río afirma que hay una nueva ley que obliga a los dueños de los animales de competencia a colocarles un chip de identificación. Por lo cual se podría conocer fácilmente quién es el responsable de cada galgo.
Abr 26, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
Con largas filas desde las primeras horas del día, la Plaza Congreso amaneció este miércoles con otro paisaje. El reclamo de los panaderos por los aumentos en insumos y tarifas que en las últimas semanas pusieron en jaque al sector fue multiplicado por las cientos de personas que se acercaron para apoyar la protesta y, además, llevarse una bolsa gratis. El “panazo” frente al Parlamento terminó ayer con la entrega de 7 mil kilos de pan.
Motorizada por los panaderos de la provincia de Buenos Aires, la acción se originó en el reciente aumento del bolsón de harina -los 50 kilos aumentaron un 50 por ciento entre enero y abril- que complicó la situación de un gremio que registra una caída de ventas cercana al 70 por ciento. El tarifazo en los servicios públicos dispuesto por el gobierno nacional hizo el resto: la luz sumó un aumento del 1.490 por ciento, el gas trepó un 1.297, y el agua el 996, según datos del Centro de Industriales Panaderos del Oeste.
“Queremos que, de una vez por todas, el Gobierno entienda que hay 40 mil panaderías a lo largo y ancho del país. Son 400 mil puestos de trabajo y, si empiezan a retroceder las ventas, no va a quedar otra que dejar gente en la calle”, argumentó Rodolfo Silva, presidente del organismo, en diálogo con ANCCOM.
La elección del lugar de la protesta no fue casual. Además de un llamado de atención al gobierno, los panaderos dirigieron el reclamo al Congreso donde oficialismo y oposición continúan con la pulseada por los alcances y regulación de los aumentos en las tarifas. “Vinimos al Congreso para que el Gobierno y el Estado nos escuchen. Necesitamos que nos brinden tarifas diferenciales para nuestras industrias. Esta situación también va a afectar a la gente. Si mañana aumentamos el kilo de pan a 80 pesos, muchas personas dejarán de consumirlo porque no lo van a poder pagar”, explicó Alejandro Ovando, de la Cámara de Panaderos de Almirante Brown.
En representación del Centro de Panaderos de San Fernando y Tigre, Máximo Zamorano advirtió que “si el aumento salvaje de las tarifas continúa, se deberán trasladar los costos a un precio irreal sobre el pan”. Y sentenció: “Tanto los ciudadanos como los empleados de las panaderías serán los principales afectados”.
Las panaderías generan 400 mil puestos de trabajo a lo largo del país.
Apoyo y reclamo ciudadano
El “panazo” quedó amplificado en el testimonio de los vecinos que se acercaron a respaldar el reclamo y llevarse un poco de pan. “No vine hacer la fila sólo para retirar el pan, más bien me acerqué hasta aquí para apoyar la protesta, para que vean que el pueblo está con la lucha de los panaderos”, comentó Rubén, del barrio de Villa Crespo.
Fueron muchos los que aprovecharon el contacto con la prensa para expresar su rechazo al tarifazo. “Yo voté a (Mauricio) Macri más que nada por la inseguridad y aún tengo esperanzas de que la situación del país mejore en los dos años de mandato que le quedan. De todas maneras, me siento engañada por el Gobierno, tengo cargo de conciencia por haberlo votado y estoy angustiada por cómo estamos viviendo”, explicó Claudia, del Bajo Flores. Luego de retirar su bolsa de pan, la mujer también se sumó por un rato a una protesta de los docentes de la Provincia que se realizaba en otro extremo de la Plaza: su hijo se recibirá de maestro el año próximo.
Llegado desde La Matanza, José, trabajador de una cooperativa en territorio bonaerense, advirtió que el Gobierno está “matando” a ese sector de la economía. “La guita que nosotros nos ganamos producto de nuestro trabajo, la estamos invirtiendo en los impuestos. Es una vergüenza, pretenden que los ciudadanos nos pongamos contentos con pagar los servicios en tres cuotas”, subrayó.
En la fila también se agruparon trabajadores desempleados. “Sinceramente, vine porque te dan una bolsa de pan gratis. Para los que estamos desocupados y tenemos una familia significa una gran ayuda”, dijo Lorena, de Valentín Alsina.
“En este momento estoy sin trabajo, desde las diez estoy haciendo la fila para retirar pan. Vine también a apoyar a los panaderos; cuantos más ciudadanos seamos más visible será la protesta y el Gobierno tendrá que tomar nota de lo mal que estamos viviendo”, explicó Guillermo, de Flores.
La protesta siguió los pasos de las acciones que en los últimos meses también realizaron productores de fruta y verdura en el centro de la Ciudad, también con una alta adhesión ciudadana.
