Oct 5, 2018 | Comunidad, Novedades
Una resolución del Poder Ejecutivo dispone suspender beneficios a las personas que reciben pensiones por discapacidad que presenten “incompatibilidades” para percibirlas, basándose en un decreto 432/1997, firmado por Carlos Menem. La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 268/2018 emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la que se oficializa un nuevo “circuito administrativo de notificación” ante presuntas incompatibilidades en el cobro de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Este protocolo de información establece que una vez detectada la irregularidad será comunicada al beneficiario para la toma de conocimiento y lo obliga a formular su descargo ante la autoridad pertinente en un plazo de diez días hábiles. Distintas voces representativas del sector rechazan de plano la medida.
“Lo que desde el Gobierno están buscando con esto es dar debida notificación a las personas, ya que el Estado acaba de de perder un juicio porque no notificaron las bajas que se dieron el año pasado, que se hicieron sin notificar a los pensionados. Eso se llama ‘violación del debido proceso’ en Derecho”, explica Varina Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de Personas con Discapacidad (REDI). Esa organización impulsó las presentaciones judiciales ante la masiva cancelación de pensiones cometida el año pasado por el gobierno. El Ejecutivo daría este nuevo paso para subsanar su anterior “error” que consistió en eliminar las pensiones sin avisar a los perjudicados.
Es que la resolución de ANDIS se dio como respuesta al fallo del Juzgado Federal de la Seguridad Social N°8, a cargo de Adriana Cammarata, que el 18 de septiembre ordenó al Poder Ejecutivo restituir las 170 mil pensiones por invalidez que fueron suspendidas o interrumpidas desde enero de 2017. En el dictamen, la jueza Cammarata había considerado el recorte como un hecho “lesivo, con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas de los derechos y garantías contemplados tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales”. Sin embargo, el actual Ministerio de Salud y Desarrollo Social comandado por Carolina Stanley apeló la sentencia y en simultáneo se estableció un nuevo “circuito administrativo” con el objetivo de complejizar el reintegro de dichas pensiones.
Como se mencionaba, la resolución 268/2018 se dicta para aplicar un decreto firmado por el entonces presidente Carlos Menem en 1997 que establece que los beneficiarios de pensiones no deben percibir (el cónyuge tampoco) jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. Además, el solicitante debe acreditar una invalidez del 76 por ciento o más; no tiene que estar empleado bajo relación de dependencia ni tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia.
Este criterio para otorgar las pensiones es cuestionado por las agrupaciones de personas con discapacitadad: “Supongamos que una persona tiene un auto y está en silla de ruedas, el auto lo utiliza para trabajar porque no tiene forma de llegar (no hay colectivo de piso bajo o porque el tren en hora pico no entra una silla de ruedas); o que una persona tenga una casa que heredó, entonces es como que el Estado le está diciendo ‘bueno primero vende tu casa y después vení a pedirme una pensión”, ilustra Suleiman.
Según Matías Ferreyra, Secretario de DDHH y Asuntos Legales de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, esta misma situación se da en el caso de que se comprobara la convivencia en el mismo hogar de más de una persona que percibiera el beneficio: “En esa circunstancia, uno de los beneficiarios debería renunciar a la pensión. Esto es muy grave ya que existen muchas personas con discapacidad visual cuyas patologías son derivadas de enfermedades genéticas y hereditarias, por ejemplo la retinosis pigmentaria, amaurosis congénita de Leber, neuropatía óptica hereditaria de Leber, enfermedad de Stargardt, entre otras”. También, de acuerdo a Remigia Cáceres, Secretaria de Discapacidad de la CTA de los Trabajadores, si se emplea a rajatabla el Decreto que habla de pensiones por invalidez laboral, “solo es aplicable a las personas mayores de edad, y en ese sentido los menores ya no quedan en este cuadro, no van a percibir este beneficio con el supuesto de que esos niños no pueden trabajar».
En suma, “esos requisitos no tienen nada que ver con la posibilidad de sostener una vida independiente por parte de las personas con discapacidad. Existe un coste de vida mayor asociado al hecho de vivir con una discapacidad. En un estado ideal de las cosas, este costo extra debería ser sostenido por el Estado a través de garantizar derechos específicos. Pero esto no sucede”, indica Ferreyra y sostiene que la posibilidad de que una persona con discapacidad tenga una vida digna e independiente en Argentina es ínfima: “La desocupación entre las Personas con discapacidad alcanza el 80 por ciento, el Estado no garantiza derechos a los que él mismo se comprometió y ahora el Poder Ejecutivo quiere avanzar en revisar pensiones a través de una norma que tiene 21 años de antigüedad y que nada tiene que ver con el modelo social de la discapacidad”.
Asimismo, se plantea la inconstitucionalidad de esa normativa debido a que contradice los preceptos de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) a la que la Argentina suscribió en 2008 y con lo cual tomó carácter de Ley. La CDPD establece en su artículo primero que se considera personas con discapacidad a “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
“El decreto toma un concepto médico: tenés que tener un 76% de invalidez laboral y ese concepto médico es contrario a la CDPD que aplica un modelo social. Ese déficit que se puede detectar con estudios médicos no es suficiente para discapacitar sino que hay una barrera social, cultural y actitudinal”, dice Suleiman y ejemplifica: “Por ejemplo, en el caso de la silla de ruedas la discapacidad no es solo porque la persona, supongamos, tiene espina bífida sino porque hay una sociedad que construye todo en base a un binomio normal-anormal y entonces, hay universidades con escalinatas, ascensores pequeños donde no entra la silla de ruedas. Es decir, es una cuestión cultural la que crea la discapacidad y la CDPD llama a deconstruir las barreras culturales”, detalla Suleiman.
Conforme al INDEC, el 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad y de acuerdo a datos de REDI, el sistema de pensiones no contributivas contiene a más de un millón de personas en todo el país que reciben 6.045 pesos por mes. Para los consultados por ANCCOM, las medidas en torno al colectivo de personas con discapacidad son un reflejo de las políticas liberales impulsadas por el Ejecutivo. “Este Gobierno vino con un marketing bastante bueno: una vicepresidenta en silla de ruedas, pero engañaron a todos los votantes. Las personas con discapacidad votaron pensando que su situación iba a cambiar pero lo están haciendo desde que asumieron es eliminar a todas las personas con discapacidad con esta quita de derechos”, asegura Cáceres y agrega que “el Fondo Monetario Internacional vino con ciertas direcciones, como esto de quitar las pensiones a las personas con discapacidad, las prestaciones con respecto a la salud”. Por su parte, Ferreyra cree que el Poder Ejecutivo “en esta ocasión avanza sobre el colectivo de personas con discapacidad por ser este relativamente más débil a nivel organizacional que otros colectivos. Al Gobierno no le interesa avanzar sobre corporaciones, y grupos de interés claramente más poderosos que las personas con discapacidad y con el argumento de transparentar situaciones existentes, avanza sobre aquellos más vulnerables”. Como suele suceder últimamente, el hilo se corta por lo más delgado.
En la misma línea, Suleiman afirma que “el Gobierno está buscando recortar derechos porque los derechos tienen un costo y como tiene un modelo de liberalismo salvaje lo que hace es recortar derechos en los más vulnerables”. Además señala que estas políticas demuestran “una falta de criterio de justicia social de parte de los que tienen facultades para gobernar: el Gobierno, los diputados y senadores podrían dictar leyes que distribuyeran la crisis en los sectores que sí ganaron, porque en todo este empobrecimiento hay tres sectores que ganaron de acuerdo a los índices: el campo, el sector de actividades extractivas y el sector financiero. Esos sectores podrían hacer un esfuerzo. Estamos cansados de que siempre se le pida el esfuerzo a los que ya lo vienen haciendo”, concluye.
Sep 20, 2018 | Comunidad, Novedades, Vidas políticas
El Cottolengo Don Orione de Claypole enfrenta una situación crítica debido a la falta de pago de las prestaciones provenientes de las obras sociales de internos. Esto dificulta el pago a los proveedores de alimentos y de medicamentos necesarios para las más de 370 personas que residen en la institución.
Fernando Montero, psicopedagogo y coordinador técnico del Cottolengo sostiene que “el atraso es muy importante, con lo cual no podamos sostener adecuadamente lo que es el mantenimiento del servicio que prestamos. La situación es bastante angustiante, para el personal sobre todo. Para los residentes todavía no tanto, porque el personal viene a trabajar igual pese a estas dificultades, y se trabaja con la misma intensidad”. Montero reclama: “Necesitamos una solución de fondo, que es la sistematización de los pagos y la actualización de los aranceles. Tenemos una inflación tremenda, y no hay una actualización real de los aranceles. Necesitamos un 35 por ciento mínimo de actualización, lo cual no se está dando en este momento”. Además, la falta de insumos es otro de los golpes a la entidad, que han podido corregir recientemente, mediante una medida de amparo, la cual fue apelada en varias oportunidades.
Desde su fundación en 1935, el Pequeño Cottolengo Don Orione trabaja para mejorar la calidad de vida de sus residentes, quienes reciben atención constante por parte de empleados, voluntarios y religiosos. Actualmente 373 personas residen allí, con discapacidades muy heterogéneas y un amplio rango etario que abarca desde los 12 hasta los 90 años. La gran mayoría son pacientes denominados “de alta dependencia”, ya que debido a las dificultades físicas que presentan, requieren asistencia constante para realizar todo tipo de actividades, incluidas las más básicas.
“El problema del atraso de pagos se agrava a su vez en un contexto inflacionario. No es nada fácil”, comenta Miguel Rama, director médico del Cottolengo. “Lamentablemente, el golpe que esto produce es sobre las personas más vulnerables, y ese es el problema. Porque los ricos no sufren. Estos chicos justamente están acá porque son vulnerables”, agrega.
La mitad de los residentes son beneficiarios de Incluir Salud, un programa nacional de asistencia a personas con discapacidad, dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad, que desde hace siete meses no abona las prestaciones que el Cottolengo necesita para funcionar con normalidad. Pero por otra parte, y debido a que se trata de una institución caritativa, el Cottolengo recibe también a personas que no cuentan con una cobertura médica. En este sentido, el principal ingreso de la institución proviene de las obras sociales de los residentes, y en menor medida, de las donaciones brindadas por empresarios o vecinos de la zona. Además, la entidad lleva a cabo campañas mensuales para cubrir determinadas necesidades dentro de cada mes, a las que aportan quienes deseen ayudar.
“La situación es de mucha preocupación y tristeza. Al no poder cobrarse las prestaciones en tiempo y forma, esto hace que muchos proyectos o muchas planificaciones anuales que se tienen se vean truncadas por la falta de dinero. Esto repercute directamente en la calidad de los tratamientos que nosotros pretendemos ofrecer a las personas con discapacidad que viven en la institución”, expresa Jorgelina Leis, coordinadora del Área de Orientadores y de Terapia Ocupacional del Centro Educativo Terapéutico del Cottolengo. “Somos un poco la voz de ellos, nosotros junto con las familias, porque estamos todos los días trabajando con ellos. Hay mucha gente con discapacidad, y eso no está visualizado”, agrega Leis.
La institución expresó a través de un comunicado que “las autoridades del Programa Federal Incluir Salud han asumido el compromiso de cancelar las prestaciones con regularidad para asegurar la previsibilidad y el normal funcionamiento de nuestra organización”. Además, sostienen que si bien pudieron cumplir con sus obligaciones laborales correspondientes al mes de agosto, “los aranceles de las prestaciones brindadas se encuentran desactualizados”. El comunicado finaliza reclamando a las autoridades del Programa Federal Incluir Salud que se disponga a “solucionar todos los problemas planteados”.
Ago 23, 2018 | Comunidad, destacadas, Novedades, Te puede interesar
Luego de tres semanas, el silencio de las aulas vacías sigue resonando. El Gobierno, volvió a poner replay y continúa ofreciendo un magro 15 % de aumento salarial en tres cómodas cuotas. La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), al igual que otras 56 casas de altos estudios a lo largo del país, se sumó a la medida de fuerza convocada por los diferentes gremios docentes para esta semana y su caso es ilustrativo de los daños que la política de Cambiemos causa al sector universitario.
La UNDAV, fundada en junio del 2010, cuenta con mas de 17.500 alumnos regulares y nuclea 40 carreras, entre las cuales hay 14 de grado (13 presenciales y una a distancia), sumadas a otras tantas de posgrado y tecnicaturas con títulos intermedios. En diálogo con ANCCOM, Jorge Calzoni, rector de la institución, dejó en claro que la problemática afecta al ámbito académico en su completud, afirmando que “la cuestión salarial es uno de los ejes principales del conflicto”. No obstante, Calzoni entiende que la situación de las universidades más “jóvenes” es aún peor. “Nosotros cada año incorporamos nuevas cátedras, necesitamos por lo menos un 20 % adicional de presupuesto para acompañar el crecimiento”.
La máxima autoridad de la UNDAV ejemplifica la incidencia de la subejecución presupuestaria aclarando que “del presupuesto estipulado para los costos de funcionamiento, a esta altura del año se ejecutó menos del 30 %, esto sumado una escasísima ejecución del presupuesto para el desarrollo de infraestructura, provocan una demora permanente en las obras en construcción”. También hace hincapié en el aumento desmesurado de los servicios, lo que supone un obstáculo más para el desarrollo y la ampliación de las instalaciones. “Como tenemos algunas obras terminadas, pasamos de pagar “luz de obra”, que tiene descuento, a “luz de edificio”, lo que supuso un 1000 % de aumento en las tarifas. Si lo sumamos a los constantes cortes de luz y la falta de inversión de Edesur, la situación se vuelve cada vez peor”.
Paro universitario, 22 de agosto de 2018 / Universidad Nacional de Quilmes / Foto: Guadalupe Garcia / ANCCOM
Por otro lado, Calzoni relaciona la problemática de la suba del dólar con la imposibilidad de que ciertas disciplinas dentro de la universidad cuenten con los recursos imprescindibles para desarrollar sus actividades de forma óptima. Al respecto asegura que “tanto las carreras de Ciencias Ambientales, como las de Ingeniería e Informática, no pueden contar con todos los materiales necesarios ya que son productos importados y sus precios dependen directamente de la moneda extranjera”. A su vez, se muestra sorprendido de que el Gobierno le haya exigido la implementación de un expediente electrónico, ya que “requiere una gran inversión y en este momento hay otras prioridades”.
El pasado miércoles, en una asamblea interclaustro integrada por las principales autoridades y los gremios de la universidad, se decidió programar un cese de actividades por lo menos hasta este viernes. El rector dejó muy clara su postura al expresar que “siempre es mejor luchar con los chicos adentro, ya que algunos por una cuestión de distancia pueden dejar de venir y no sostener la cursada en el tiempo”. En la misma línea, dijo que “el conflicto viene de larga data, en 2016 con un ministro peor todavía (n. de r.: Esteban Bullrich) hubo una movilización interclaustro más cohesionada y efectiva”. De todas formas, aclaró que respeta la decisión de los gremios docentes y que la idea es, luego del paro, decidir en la asamblea de la semana que viene los pasos a seguir. “Ante una situación así, no hay que pensar de forma individual, sino como sistema”, reflexionó.
La UNDAV, ubicada en el sur del conurbano bonaerense, realizó el pasado martes un Foro de Debate en Defensa de la Educación Pública. Tanto docentes, como alumnos, gremialistas, y no docentes, expresaron allí su preocupación ante el ahogamiento financiero y las nulas políticas educativas efectuadas por la gestión de Mauricio Macri. En paralelo, remarcaron la importancia de organizarse como colectivo académico y garantizar el acceso universal a la educación superior.
Paro universitario, 22 de agosto de 2018 / Universidad Nacional de Quilmes / Foto: Guadalupe Garcia / ANCCOM
“Tenemos que comprometernos, movilizarnos, discutir y defender los derechos de los estudiantes. El derecho a estudiar en una universidad pública y gratuita tiene que darse en instalaciones óptimas y con los trabajadores bien pagos”, declaró Gianluca Garbarino Petrone, presidente de la Federación de Estudiantes de la UNDAV (FUNDAV), en el acto. En la misma línea, la doctora Ana Laura Ruggiero, secretaria general de la Asociación no Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda (ANDUNA), destacó que “la educación es un derecho universal, y sabemos que la única forma de que todos tengamos un futuro es precisamente garantizando el derecho a la educación superior”.
Paro universitario, 22 de agosto de 2018 / Universidad Nacional de Quilmes / Foto: Guadalupe Garcia / ANCCOM
Otra de las voces destacadas en el debate fue la de Gabriela Mariño, secretaria general de la Asociación Docente de la UNDAV (ADUNA). Mariño destacó que “es un buen modo de iniciar el cuatrimestre, de pensar entre todos y entre todas el alcance de un conflicto que las universidades públicas están viviendo, y también de proyectar qué modelo de universidad queremos”. A su vez, se refirió al conflicto salarial, explicando que “nosotros (los docentes) elegimos trabajar en la universidad pública, queremos, valoramos y defendemos el proyecto de una universidad como la nuestra, pero tenemos consciencia de que somos trabajadores y trabajadoras que deben ser retribuidos con el salario correspondiente para poder llevar a cabo nuestra tarea.”
Ago 1, 2018 | Comunidad, Novedades
Los estudiantes de séptimo año del Instituto Industrial Pablo Tavelli reparten estufas solidarias realizadas por ellos en uno de los talleres curriculares.
Detrás de un cálido tweet los estudiantes de séptimo año del Instituto Industrial Pablo Tavelli reparten estufas solidarias realizadas por ellos en uno de los talleres curriculares con el objetivo de acercar un manto de calor a la población del sur de Mar del Plata.
El colegio pertenece a la Obra Don Orione que desde sus comienzos está comprometida con las comunidades más vulnerables de la zona y hace de la solidaridad un valor de aprendizaje en acción. Esta vez propuso construir estufas solidarias para familias del barrio El Basural.
El proyecto surgió a partir de un problema eléctrico que necesitaba solucionar la población local con un horno de cerámica que usan en sus microemprendimientos.
“Cuando volvimos (del barrio) quedamos conmovidos por la forma en que están viviendo y sentimos la necesidad de hacer algo por ellos”, cuenta a ANCCOM el profesor Fabio Braghette.
Pocos días después, el docente y arquitecto Marcos Teijeiro propuso al cuerpo de profesores la idea de construir una estufa con masa térmica, que, en dialogo con los alumnos del séptimo año, se ejecutó a lo largo de las clases.
Los alumnos fabrican estufas sencillas, eficaces, económicas y de fácil replicación.
Los destinatarios de la iniciativa son familias puntuales de las comunidades de El Basural que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. El colegio, a través de la obra Don Orione, se hace presente en dichas comunidades con actividades que van desde la donación de alimentos o vestimenta hasta las instalaciones eléctricas en casas. “Esta vez propuso algo diferente para combatir este frio”, contó a ANCCOM un alumno del colegio.
El desafío de los alumnos constaba en encontrar una manera de hacer una estufa sencilla, eficaz y económica y de fácil replicación para que esos planos se solidaricen en las redes y puedan ser realizados por otras personas e incluso mejorados.
El alcance y visibilidad que alcanzó en las redes demuestra cómo el trabajo de todos puede ayudar a muchos. “Subimos planos e instructivos de armado para que cualquier persona que necesite hacer una copia pueda replicarla con un costo muy bajo y con pocos conocimientos”, comentó el profesor.
Además de permitir que los prototipos de las estufas fuera mejorando, esta propuesta interpela a los estudiantes a trabajar con la realidad del otro. Y en este caso en particular, llevando a muchos hogares un manto de calor entre tanta frialdad.
Jul 18, 2018 | Entrevistas
En La Cava, corazón de San Isidro, apenas un muro o una calle –según el tramo– separa mansiones con amplios jardines y piletas de miles de casas sin cloacas ni conexiones seguras de gas, luz y agua. Fernanda Miño, nacida en ese barrio precario, se convirtió en las últimas elecciones en la primera vecina en acceder a una banca en el Concejo Deliberante local.
En 22 hectáreas, La Cava alberga a más de diez mil personas. Sus primeros habitantes ocuparon las zonas más altas, pero luego fueron poblando los terrenos más bajos e inundables, con presencia inclusive de napas freáticas. “El Pozo” es una de ellas y allí se encuentra la canchita de fútbol, intocable para los vecinos. “Cuando yo era chica este sector parecía una laguna, llena de juncos y ramas –recuerda Fernanda–. Cazábamos ranas e inventábamos historias de terror con manijas de ataúdes y dientes postizos que encontrábamos por ahí, porque todo esto se rellenó con tierra del cementerio. Esa es mi infancia y la de muchos”.
Madre de cuatro hijas, Fernanda ejerce la docencia en el único colegio del barrio, el Santo Domingo Savio, y transita su primer mandato como concejala de Unidad Ciudadana en el Concejo Deliberante de San Isidro.
Miño es nuestra guía por los angostos pasillos. A cada costado, se ven zanjas abiertas donde desagotan los desechos de las casas. Ahí nomás, unas niñas juegan en el suelo. Subimos y bajamos escaleras laberínticas que Fernanda conoce de memoria. La cumbia se entremezcla con las risas de chicos que pasan corriendo a nuestro lado y de vecinas que charlan puerta a puerta. Hasta que llegamos a destino: el patio de la casa de Fernanda, convertido hace ocho años en el centro de contención Embarriarte.
Fernanda Miño, nacida en ese barrio precario, se convirtió en las últimas elecciones en la primera vecina en acceder a una banca en el Concejo Deliberante local.
¿Cómo funciona este espacio?
Brinda apoyo escolar tres veces por semana a los chicos de primario y viernes y sábados a los de secundario. Recibimos entre 40 y 70 pibes. Si bien servimos la merienda, cuando alguien me dice que Embarriarte es un merendero yo digo que me baja el precio, porque nuestro gran desafío acá es darles contención desde la educación, apoyándolos en la diversidad de problemáticas familiares o del barrio que también traen en sus mochilas.
¿Reciben apoyo estatal o de alguna entidad?
Siempre lo manejamos bastante a pulmón, con la ayuda de colaboradores que fueron dando una mano. Para construir el piso de arriba, donde se dictan talleres y se está por formar una cooperativa de peluquería con un grupo de chicas trans y en situación de vulnerabilidad, sí recibimos apoyo. Fuera de eso o de campañas como la del colegio Santa Teresa del Niño Jesús, que nos brinda leche y galletitas para unos seis meses, el resto lo sostengo con mi marido y vecinos.
¿Cómo impacta la crisis en La Cava?
Acá vienen menos chicos a apoyo y cada vez más a merendar. La plata no alcanza. Ya no ves a las familias haciendo pequeñas mejoras en sus casas, está todo parado. Hoy estamos todos corriendo detrás del plato de comida, esa es la principal preocupación, y te quita tiempo y energía para volcarlo en otras cosas
¿Cuáles son las problemáticas más acuciantes?
Los servicios y el acceso a viviendas dignas. Todo lo que ves en el barrio, los pasillos, las conexiones de luz y de agua, lo hicieron los vecinos. La gestión municipal está ausente. Lo único que hace son convenios con Edenor o AySA para que no se impidan las conexiones y mantenernos “tranquilos”: si nos tenemos que pelear porque nos quedamos sin luz en todo un sector, que nos peleemos entre nosotros. Tampoco tenemos recolección de basura, la hace la gente, pero los contenedores no dan abasto y la basura se acumula, toma olor, las ratas se reproducen…
En 22 hectáreas, La Cava alberga a más de diez mil personas.
¿Todas las conexiones las hacen los vecinos?
Exacto. Se juntan dos o tres familias para comprar en conjunto caños de agua y abaratar los costos. Lo mismo con la luz. El tema es que hay muchos que lo hacen sin saber y ahí aparecen los problemas. Hace pocas semanas explotó un poste de luz en Jorge Newbery y Neyer. Los chicos se quedan pegados, las casas se incendian, los pozos ya están al tope. Cuando preguntás a dónde fueron a parar los casi once millones de pesos que entregó la Provincia para obras de mejoramiento, como hice en el Concejo en una de las sesiones, no te responden. Es la impunidad que tienen por estar al frente del Gobierno municipal hace más de treinta años.
¿Qué repercusiones hubo en el barrio cuando te eligieron concejala?
Recibo mucho apoyo y respeto. Podría mudarme si quisiera pero elijo seguir viviendo acá. No sólo porque es mi lugar sino porque quiero transformarlo desde adentro. A veces una de mis hijas me pregunta si alguna vez nos vamos a mudar, para tener una calle. Es muy fuerte y me genera contradicciones, porque uno quiere lo mejor para sus hijos, pero, a la vez, trato de explicarles que es una cuestión de responsabilidad y compromiso por los que están y los que vienen. Acá los chicos se crían y crecen naturalizando una realidad muy injusta. Hay que empoderarlos y mostrarles que otra forma de vivir es posible.
¿Qué posibilidades se le abrieron al llegar al Concejo Deliberante?
Por un lado, me permitió generar contactos. Como integrante que soy del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) me ha tocado cruzarme y trabajar en conjunto con gente como Juan Grabois, una persona noble con la que siempre puedo contar. Desde mi espacio político, me acerqué a personas como [la senadora nacional] Teresa García, con quien consulto muchas de las iniciativas o decisiones a tomar. Creo que mi paso por la política es transitorio y quiero sacarle el máximo provecho para mi barrio. Para que se escuchen en el Concejo los reclamos de mis vecinos y para poder hacer algo al respecto.
En Embarriarte se brinda apoyo escolar tres veces por semana a los chicos de primario y viernes y sábados a los de secundario.
Formás parte de la oposición, ¿le ponen trabas?
Hace días pedimos cinco postes de luz. Le pedí al Municipio sólo el material, después los vecinos se encargan de colocarlos y hacer los tendidos eléctricos. Todavía no tuvimos respuesta. O como pasó la semana pasada, cambiaron al presidente del Concejo [desplazaron al edil vecinalista Carlos Castellano por Andrés Rolón de Cambiemos] y despidieron trabajadores por ser del vecinalismo o de Unidad Ciudadana, pero a los del oficialismo y del Frente Renovador no los tocaron. El entramado político no es sencillo. Hablar con alguien de Nación y que me diga que en mi barrio no va a pasar nada, que el proyecto del Organismo de Integración Urbana y Social (OPISU) es humo porque el intendente no quiere que se avance, es muy desalentador…
¿Cuál es el papel de las fuerzas de seguridad en el barrio?
La Gendarmería está parada en los puestos de entrada, no se mete. Te pueden estar robando o violando en el medio de la plaza que ellos no van a interceder porque “no tienen la orden”, están para hacer control vehicular o alguna recorrida. Si entran, lo hacen paseándose, como los de la policía local o “cascudos” –como les decimos acá–, con sus cascos y uniformes celestes, Ithaca en mano, ni siquiera enfundada.
¿Cómo es la situación con la droga?
Escuché hace unos días a la Gobernadora decir que más que un proyecto de integración, de lo que se trata es de una intervención de emergencia en los barrios populares porque “hay que atacar al narcotráfico desde donde nace”. Nos hiere profundamente, nos criminaliza. Si quieren hablar de narcotráfico, se olvidaron de pegarse una vuelta por Nordelta. Acá no hay cocinas de droga, y esto se evidencia porque no hay consumo de paco. El paco no existe en La Cava. Lo que sí entra es la droga y a veces a las familias les resulta imposible ingresar materiales, ladrillos para sus casas, pero misteriosamente la droga entra. Sabemos dónde se vende en el barrio, recién pasamos caminando frente a algunos de esos puntos de venta, pero no te podés meter. Yo tengo que seguir viviendo con mi familia acá.
¿Qué hay que hacer para dar batalla?
Un trabajo fuerte de prevención. Hoy cualquier clase de droga en los barrios es sinónimo de muerte. Porque matan para conseguirla. A mí no me vengan con el porrito creativo de San Telmo. Acá fuman para evadirse de los problemas, de la realidad que se vive en las casas como las que recorrimos, pero también para salir a conseguir plata como sea para seguir consumiendo. En aquella cuadra que acabamos de pasar, anoche mataron a un pibe que entró a comprar droga. Tenía 20 años. Hasta hace unos días estaba en una de esas esquinas con sus amigos “evadiendo la realidad” que, aunque no la quieran ver, los cruza de punta a punta.
***
Fernanda nos acompaña hasta la salida del barrio. Los vecinos la saludan, los más jóvenes la llaman “profe”, otros “Fer”, y le sonríen. Frenamos. Un joven la abraza, se hablan al oído con congoja. Seguimos. Fernanda tiene los ojos llenos de lágrimas: “Él es Esteban, un ex alumno, perdió a un amigo hace unos días. Tenía problemas con la droga, hicimos de todo para sacarlo. Esteban lo acompañaba para que no se mandara una macana. Pero lo perdió de vista y el otro día, en Benavidez, se suicidó. Estuve acompañando a la familia. Yo de La Cava no me voy, ¿entendés? Es mi barrio, son mis vecinos, a esto lo tenemos que poder transformar entre todos”.
Una resolución del Poder Ejecutivo dispone suspender beneficios a las personas que reciben pensiones por discapacidad que presenten “incompatibilidades” para percibirlas, basándose en un decreto 432/1997, firmado por Carlos Menem. La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 268/2018 emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la que se oficializa un nuevo “circuito administrativo de notificación” ante presuntas incompatibilidades en el cobro de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Este protocolo de información establece que una vez detectada la irregularidad será comunicada al beneficiario para la toma de conocimiento y lo obliga a formular su descargo ante la autoridad pertinente en un plazo de diez días hábiles. Distintas voces representativas del sector rechazan de plano la medida.
Como se mencionaba, la resolución 268/2018 se dicta para aplicar un decreto firmado por el entonces presidente Carlos Menem en 1997 que establece que los beneficiarios de pensiones no deben percibir (el cónyuge tampoco) jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. Además, el solicitante debe acreditar una invalidez del 76 por ciento o más; no tiene que estar empleado bajo relación de dependencia ni tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia.
Según Matías Ferreyra, Secretario de DDHH y Asuntos Legales de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, esta misma situación se da en el caso de que se comprobara la convivencia en el mismo hogar de más de una persona que percibiera el beneficio: “En esa circunstancia, uno de los beneficiarios debería renunciar a la pensión. Esto es muy grave ya que existen muchas personas con discapacidad visual cuyas patologías son derivadas de enfermedades genéticas y hereditarias, por ejemplo la retinosis pigmentaria, amaurosis congénita de Leber, neuropatía óptica hereditaria de Leber, enfermedad de Stargardt, entre otras”. También, de acuerdo a Remigia Cáceres, Secretaria de Discapacidad de la CTA de los Trabajadores, si se emplea a rajatabla el Decreto que habla de pensiones por invalidez laboral, “solo es aplicable a las personas mayores de edad, y en ese sentido los menores ya no quedan en este cuadro, no van a percibir este beneficio con el supuesto de que esos niños no pueden trabajar».
Asimismo, se plantea la inconstitucionalidad de esa normativa debido a que contradice los preceptos de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) a la que la Argentina suscribió en 2008 y con lo cual tomó carácter de Ley. La CDPD establece en su artículo primero que se considera personas con discapacidad a “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 
En la misma línea, Suleiman afirma que “el Gobierno está buscando recortar derechos porque los derechos tienen un costo y como tiene un modelo de liberalismo salvaje lo que hace es recortar derechos en los más vulnerables”. Además señala que estas políticas demuestran “una falta de criterio de justicia social de parte de los que tienen facultades para gobernar: el Gobierno, los diputados y senadores podrían dictar leyes que distribuyeran la crisis en los sectores que sí ganaron, porque en todo este empobrecimiento hay tres sectores que ganaron de acuerdo a los índices: el campo, el sector de actividades extractivas y el sector financiero. Esos sectores podrían hacer un esfuerzo. Estamos cansados de que siempre se le pida el esfuerzo a los que ya lo vienen haciendo”, concluye.