Ene 31, 2019 | Culturas, Novedades
Las partidas públicas nacionales destinadas a Salud sufren desde 2016 mutilaciones permanentes. Mientras tanto, el brote de hantavirus originado en la ciudad chubutense de Epuyén, dejó un total de 28 casos y 10 personas fallecidas, según información de la Secretaría de Gobierno de Salud (ex Ministerio, reducido al actual rango en septiembre del año pasado). ¿Qué relación existe entre ambas noticias?
El recorte aplicado en el presupuesto destinado a la salud pública en 2019 llegó a las áreas relacionadas con la prevención y el control de epidemias, lo que afectó la eficacia de las herramientas para enfrentar el brote. Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria (FSS), desde 2016 el área de Salud de la Nación ha sido víctima de un recorte sistemático de recursos que en algunos programas ha llegado a una disminución de casi un 80% de sus fondos.
Si bien la emergencia del virus no está directamente relacionada con el desfinanciamiento de la salud pública, limitar los instrumentos para combatirlo podría haber provocado el aumento en la cantidad de casos. “Mientras exista el roedor y exista el virus, hay posibilidades de que aparezca un brote” explicó Federico Kaski, médico sanitarista y vicepresidente de la FSS. “Antes se hacía un seguimiento, que por el ajuste se dejó de hacer, donde se investigaban los roedores de las zonas que son endémicas, se analizaban las muestras para ver si son portadores del virus y de qué tipo. Si eso se hubiera hecho, hubiéramos podido saber que estaba aumentando la cantidad de roedores portadores y anticiparnos al brote. Hoy nos encontramos con menos herramientas para dar respuesta y para hacer que el impacto del brote sea el mínimo”, agregó.
En la misma línea, Fabián Martín, secretario general adjunto de la Comisión Interna de ATE en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Doctor Carlos. Malbrán” aclaró: “Un brote no se produce directamente porque se desfinnacie el área de Salud. Lo que ocurrió es que a fines de 2015 se desmanteló el área de control de vectores, es decir, de roedores, dependiente del entonces Ministerio de Salud en ese entonces. Si no hubiera ocurrido, tal vez se hubieran achicado las chances de que se produzca un brote. Además, en 2018 se despidió a un grupo de los biólogos dependientes del Ministerio de Ambiente que estudiaban la dinámica poblacional del ratón colilargo, que es el causante del virus, en la zona afectada y alrededores”.
La ANLIS Malbrán es un organismo dependiente de la actual Secretaría de Gobierno de Salud, encargado de desarrollar y coordinar acciones de prevención y consecuencias causadas por enfermedades infecciosas y con base genética o nutricional, y que también ha sido víctima del brutal ajuste presupuestario efectuado desde el ascenso del macrismo. “Tuvimos recortes en el presupuesto en el 2017, en el 2018 no hubo básicamente ingreso de insumos en el instituto y en 2019 recibimos un aumento nominal del 13% interanual sobre un 50% de inflación, con lo cual llevamos desde que asumió el nuevo gobierno un recorte de más del 50% del presupuesto para que el instituto funcione”, comentó Martín. “Si a esto se le suma el recorte real de salarios, ya que muchos trabajadores del Malbrán cobran algo más cercano a la canasta de indigencia que a la canasta de pobreza, y que se prohibió el ingreso de personal, esta situación se vuelve sumamente grave”, puntualizó.
Aunque no existe un tratamiento específico para el hantavirus, los casos fueron atendidos con internación y cuidados intensivos necesarios. Pero según lo informado por la FSS, debido a la escasa dimensión de las localidades afectadas, las instituciones sanitarias no cuentan con suficientes equipamientos de alta complejidad ni profesionales para cubrir una demanda exponencialmente creciente. “El Gobierno Nacional debería asistir con el equipamiento de alta complejidad y los equipos adecuados. Pero el Ministerio se retiró de la centralidad y delegó la responsabilidad a las provincias, se desentendió de la responsabilidad y esto trae siempre consecuencias, porque no todas las provincias tienen la misma capacidad para garantizar el acceso a la salud y se necesita de una articulación nacional”, argumentó Kaski. En este sentido, Martín sostuvo: “Lo que hizo el Gobierno es dejar la salud en manos de cada uno, dar instrucciones de prevención no es suficiente. Si se quiere enfrentar este virus, lo que se tiene que hacer es invertir en prevención”. No parece que eso sea posible en un contexto de amputación permanente de dinero público.
Ene 31, 2019 | Culturas, Novedades
La vigorosidad sobre la discusión en torno a la relación Iglesia con el Estado se vio incentivada por el impacto social que alcanzó el debate sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) el año pasado y la efervescencia del movimiento de mujeres a nivel nacional. Durante la primera sesión informativa del año pasado en Cámara Baja, el actual Jefe de Gabinete, Marcos Peña se vio sorprendido por una pregunta de Carla Carrizo, diputada del bloque Evolución Radical, quien sostuvo: “Quisiera plantear un poco la equidad de culto en la Argentina y garantizar la pluralidad de voces de todas las religiones en la escena pública democrática del país ¿Cuánto aporta el Estado en los sueldos de los funcionarios eclesiásticos?” El recinto se tornó silencioso. El Jefe de Gabinete afirmó que se destinan 130 millones 421 mil 300 pesos, percibiendo un obispo hasta 46 mil 800 pesos mensuales. La diputada levantó sus anteojos rápidamente y aseguró: “Cada uno de estos obispos gana lo que no gana ningún maestro argentino”. Desde el oficialismo resaltaron que el Estado está obligado por la Constitución Nacional a pagar esas sumas a la Iglesia, amparados en el artículo 2: “El Gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano” y aclararon que estas no representa ni un 7% del dinero de la Institución.
Con este planteo y, sobre todo, a partir del debate de la Ley IVE se desarrolló en Argentina la Campaña Federal por la Separación de la Iglesia y el Estado, que reclama un Estado laico y denuncia la influencia material y simbólica de la Iglesia católica en las decisiones de interés público.
En medio de la discusión, la 116 Asamblea Plenaria del Episcopado dio a conocer, en noviembre de 2018, la resolución por la cual la Iglesia renunciaría paulatinamente a este financiamiento estatal. Los obispos expresaron su voluntad de aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas que ponían lo suyo en común.
De las leyes que regulan el financiamiento de la Iglesia en la actualidad, tres fueron decretadas durante la última dictadura militar, sin modificarse ni derogarse durante los sucesivos gobiernos democráticos. La 21.950 establece que los miembros de la jerarquía eclesiástica reciban una asignación mensual equivalente al 80% de la que percibe un juez nacional de primera instancia. La ley 21.540 las define como vitalicias. La 22.162 le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de otorgar un sueldo a curas párrocos que vivan en zonas de frontera. La ley 22.950 crea un régimen de sostenimiento a la Iglesia Católica Apostólica Romana para promover la formación de sus ministros, que surjan de la población nativa. Por último, el Decreto Ley 22.430 instituye una asignación mensual vitalicia para sacerdotes seculares que hayan cumplido los 65 años o se hallaren incapacitados y que hubieran desarrollado su ministerio en el país por un lapso no menor a cinco años, recibiendo una asignación equivalente a una jubilación mínima.
Un estudio realizado recientemente por la Universidad de San Andrés reveló que un 74% de la población argentina conectada a Internet dijo estar «de acuerdo» acerca de la separación del Estado y la Iglesia, frente a un 18% que se mostró en desacuerdo. Considerando el nivel de religiosidad, el 86% de los no creyentes dijo estar de acuerdo con la campaña “Iglesia y estado, asunto separado”, al mismo tiempo que el 79% de los religiosos también estuvo de acuerdo.
Desde marzo de 2018 a la actualidad, varios fueron los proyectos de ley presentados por distintos partidos en torno a la temática. Las diferentes iniciativas coinciden en plantear la condición laica del Estado así como también de la educación pública, y buscan recortar el financiamiento a la Iglesia Católica. Para la diputada Carrizo se trata de que la Iglesia sea considerada “persona jurídica privada”, como el resto de las religiones. En cuanto a remuneraciones propuso asignarle el equivalente a la del profesor universitario concursado. A su vez, al igual que el proyecto presentado por el Frente para la Victoria (FPV), a cargo de la diputada Araceli Ferreyra, su propuesta busca prohibir la exhibición transitoria o permanente de imágenes, símbolos o cualquier objeto que remita a la práctica religiosa en todos los edificios y espacios públicos. Por otro lado, la dirigente del Partido Obrero, Romina del Plá, presentó otro proyecto orientado a derogar una ley de transferencia de tierras públicas al Obispado de San Justo. El diputado del PTS/FIT, Nicolás del Caño, junto a su compañera de banca Nathalia González Seligra, presentó una iniciativa para derogar los decretos de la dictadura y el Concordato entre la República Argentina y el Vaticano de 1966 (Ley 17032). Con el mismo objetivo lanzó su proyecto el diputado radical Alejandro Echegaray.
El mismo debate se desarrolla en la Legislatura porteña. En la audiencia pública desarrollada el 6 de septiembre de 2018, Gabriel Solano, legislador del Partido de Izquierda de los Trabajadores (FIT), presentó el proyecto de ley de mayor alcance, que busca poner fin a las exenciones impositivas establecidas en el Código Fiscal, anular las cesiones de tierras e inmuebles y eliminar los subsidios que reciben las entidades religiosas. En diálogo con este medio, el diputado explicó: “Presentamos esta iniciativa para colaborar con la lucha que están librando en las calles las mujeres y la juventud. La estrategia fue mostrar de qué modo se produce este entrelazamiento de intereses. Hicimos una investigación donde sacamos a la luz los impuestos que la Iglesia no paga, o la forma en la que se le entregaron decenas de propiedades. El accionar defensivo de la Institución Católica fue abrir una negociación con el Gobierno para cambiar la forma en la que el Estado paga los salarios de los obispos y curas de frontera”.
La Campaña Federal por la Separación de la Iglesia y el Estado
Ya se había levantado del asiento que ocupaba hacía cincuenta minutos en la línea 98. Colocada frente a las puertas de descenso, apretaba fuertemente con su mano derecha un papel impreso doblado al medio, mientras que con la otra se sostenía del caño del colectivo. Llevaba una remera blanca de mangas cortas con la frase «Abajo el patriarcado», unos jeans ajustados y zapatillas deportivas negras. Su cabello rubio caía sobre sus hombros. En su muñeca derecha tenía amarrado un pañuelo naranja y en su mochila, uno verde. Llevaba puestos unos auriculares conectados a un mp3. Se dirigía hacia la Asamblea Abierta, organizada por los referentes de la Campaña Federal por la Separación de la Iglesia y el Estado.
Taty Barranco, salteña, transfeminista, militante de género, diversidad sexual y derechos humanos, es la impulsora de la campaña. En diálogo con ANCCOM habló sobre su origen: “La campaña se inició antes de las elecciones legislativas por el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En ese momento, aún no se hablaba al cien por ciento sobre cómo la Iglesia y sus dogmas religiosos y morales influyen en las decisiones políticas. Entonces pensé que era necesario y urgente que se cree un movimiento que pueda reflejar este palo en la rueda de la evolución y adquisición de derechos, que solamente le competen al Estado y no a la institución Iglesia.”
Para Barranco, el pañuelo naranja, emblema de la Campaña, es mucho más que una prenda: “Significa que lo que necesitamos y queremos es la real separación del Estado y la Iglesia: que el Estado sea laico, que no sea sólo teoría y que en la práctica se demuestre este descontento. También, que se deje de transferir millones de pesos a la institución año a año y que se le quiten los privilegios que tiene sobre otras religiones. Pero lo que más significa y deseamos es que haya un cambio sociocultural donde la primacía del dogma moral y religioso caiga.”
La Campaña es apartidaria y funciona en todo el país. Presentan un documento de adhesión donde las agrupaciones pueden acceder a él. A su vez, la acción tiende a ser conjunta y horizontal. “Estamos las veinticuatro horas en comunicación, coordinando acciones federales o provinciales. Nos ayudamos, alentamos, complementamos y cada acción se consensua e informa”, describe Barranco. También presenta comisiones especializadas: legales, género, comunicación, arte, militancia y finanzas. “En cada comisión tenemos profesionales que asesoran y ponen su tiempo por convicción a la campaña y esperamos que se sumen más”, termina de explicar Tatiana. Unas de las acciones más trascendentes llevadas a cabo en este último período por la Campaña son las invitaciones masivas a apostatar: “darse de baja de la Iglesia Católica.” Esto implica realizar un trámite, explicado paso por paso en la página oficial, que permite desbautizarse.
La postura de la Iglesia Católica
El cura Jorge Bazán, miembro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, sostiene la legitimidad de la unión de la Iglesia con el Estado en la tradición y en el lugar hegemónico que la institución eclesiástica ha ocupado históricamente en la sociedad. “No hay dudas -asegura- de que las elites fundadoras del país asignaron a la Iglesia Romana un papel fundamental en la constitución del Estado Nación, sin embargo, el status jurídico que la diferencia del resto de los cultos suele pasar inadvertido. La Iglesia no sólo es reconocida por la Constitución Nacional como un Estado autónomo, sino que el Código Civil le asigna personería jurídica pública a diferencia de las demás religiones, reconocidas como personas jurídicas privadas”.
El funcionario eclesiástico niega la necesidad de equiparar la institucionalidad jurídica de la Iglesia Católica Apostólica Romana al del resto de las religiones ya que carecen del tamaño y la complejidad estructural que posee su credo. Según Bazán, “el problema es que otras Iglesias, como las Evangélicas, teórica y fácticamente no tienen la estructura de la Iglesia Católica. Por eso se dice que en Argentina hay diversidad religiosa pero no igualdad religiosa.”
Además, el culto católico se erige como la religión predominante, cuyo alcance real se observa fácilmente en la extensión de sus instituciones de carácter social. Con respecto al financiamiento estatal de la educación privada católica, Bazán argumenta que “el Estado debe subvencionar la educación, pero no necesariamente toda la educación tiene que ser del Estado. Este debe subvencionar la educación que los ciudadanos eligen para sus hijos”. Por otra parte, afirma que el Estado necesita de la guía moral de la Iglesia para obrar correctamente ya que sin su influencia en materia normativa, cualquier tipo de perversiones serían legalmente permitidas.
Sin embargo, esta no es la única postura del catolicismo frente al debate. Generalmente se tiende a construir una imagen simplista y homogénea de la Iglesia Católica que omite la existencia de contradicciones internas y diferentes corrientes de pensamiento al interior.
“Dentro del concepto ‘Iglesia Católica’ subsisten las Iglesias Ortodoxas, Nacionales y alta Iglesia Anglicana”, explicó el Monseñor Luis Bergonzi, representante de la Iglesia Católica Apostólica Argentina, una vertiente del catolicismo que se independizó de Roma en 1945. Esta corriente se ha posicionado históricamente a favor de la separación entre la Iglesia y el Estado ya que plantea que el reconocimiento de la igualdad jurídica de todas las religiones es fundamental para la construcción de una sociedad más justa.
Según Bergonzi, la mezcla entre política y religión se opone a la esencia misma de la Iglesia ya que “al recibir sueldos y prebendas por parte del Estado, en detrimento de las demás confesiones religiosas, la Iglesia Católica Romana cae en un acto de discriminación que en nuestro país está penado por la ley”. Por lo tanto, aseguró que “es necesaria una nueva ley de culto, democrática, consensuada y ecuánime, sin privilegio alguno para la Iglesia de Roma ni cualquier otra confesión.”
Un debate más complejo
La socióloga Verónica Giménez Béliveau plantea que no hay que perder de vista la complejidad del panorama al pensar la cuestión de la separación ya que “el catolicismo es un espacio complejo, plural y heterogéneo en el que conviven corrientes, instituciones, comunidades e individuos. Es decir, son objetos sociales diversos que tienen distintos niveles de institucionalidad y de relación con distintas esferas de actividad”. Estos espacios se articulan con una gama de instituciones sociales que incluyen desde escuelas parroquiales, hogares de ancianos y huérfanos hasta la distribución de alimentos en parroquias y capillas.
Por lo tanto, se distinguen dos funciones estatales que han sido históricamente delegadas a la Iglesia Católica: la educación y la acción social. “Al Estado le sale más barato subsidiar las escuelas privadas confesionales que crear unidades educativas nuevas”, explica Giménez Béliveau con respecto al ámbito educativo. Y agregó que sólo en la Ciudad de Buenos Aires el 47,3% de los niños asiste a escuelas privadas donde el 31,6% de la matrícula es confesional, de la que el 96% pertenece a instituciones católicas. Muchas de ellas son parroquiales y atienden a una población empobrecida o se establecen en zonas donde la educación estatal no llega.
Con respecto a la esfera de acción social, resaltó: “El Estado, tanto provincial como nacional, terceriza gran parte del trabajo de cuidados en institutos religiosos”. Por lo que se pregunta qué es lo que hay que separar y hasta dónde se debería plantear la separación.
La socióloga señala que el presupuesto estatal destinado a estas actividades es insignificante con respecto a su volumen real, tanto en términos de presupuesto estatal como en la forma en que las diócesis administran ese dinero. “La Secretaría de Culto destina 50 mil pesos por diócesis. Con esto no quiero decir que no sea necesaria la separación, sino que la cuestión de sostenimiento económico no puede ser un obstáculo para la separación”, agregó.
Por otro lado, el historiador Roberto Di Stefano explica que el desarrollo del debate en torno a la separación de la Iglesia del Estado en Argentina ha adquirido tintes pasionales que no han permitido sostener una discusión informada y racional acorde a la complejidad de la cuestión. Un eje clave que ha sido eliminado de todo debate es la pregunta por el tipo de laicidad que se desea instalar en el país. Di Stefano explicó que la laicidad está formada por dos elementos, por un lado la libertad de conciencia e igualdad de derechos que utiliza como herramienta la separación de la Iglesia y el Estado; y por otro lado la neutralidad del Estado con respecto a toda religión u otras filosofías de vida. Existen distintos tipos laicidad posibles: cerradas, abiertas, con Iglesia de Estado o con separación de la Iglesia y el Estado.
Di Stefano afirma que es posible la convivencia de la libertad de conciencia e igualdad de derechos con una Iglesia de Estado, pero que en Argentina la experiencia histórica exige una laicidad con un Estado autónomo. “Tenemos una historia en la que el catolicismo se ha propuesto, e incluso impuesto, como identidad religiosa vinculada a la identidad nacional de manera muy estrecha y eso ha servido para discriminar gente, para establecer desigualdades jurídicas, políticas o simbólicas”, explicó.
De todas formas, “no es un tema para tomar en términos de hinchadas de fútbol”, agregó en referencia a la tendencia a simplificar argumentos, “lo que me parece importante es sentarnos a debatir, informarnos y tener un debate público serio evitando ponernos camisetas y pensar críticamente.”
Ene 24, 2019 | Comunidad, Novedades
En medio de la feria judicial y las vacaciones escolares, la jueza Andrea Danas dictaminó que en la escuela Yrurtia hay espacio para otra institución más y rechazó la medida cautelar de la Unión de Trabajadores del Estado (UTE) para evitar el traslado de la Escuela de Cerámica, el tradicional establecimiento de educación media del barrio de Almagro.
El conflicto se inició el 26 de noviembre del año pasado, cuando estaban finalizando las clases y la comunidad educativa se enteró que el Ministerio de Educación porteño había decidido trasladar la Escuela de Cerámica Nº 1, ubicada en la calle Bulnes 45, al Polo de las Artes del barrio Vélez Sarsfield, a más de cinco kilómetros de distancia. Luego de más de 13.000 firmas de vecinos, referentes de la cultura y la educación y numerosos actos en contra de este traslado, el juez Francisco J. Ferrer había ordenado la suspensión de la mudanza, frenando la resolución de la ministra de Educación Soledad Acuña. Pero ahora, otra magistrada, levantó la feria judicial para revertir esa resolución.
El traslado de la Escuela de Cerámica se enmarca en lo que parece constituirse la política más visible del Ejecutivo porteño: su proyecto para reunir cinco hospitales en un solo predio, el desalojo de la Asamblea de Villa Urquiza, el traslado del CENARD y la venta del predio del Tiro Federal, entre otras iniciativas, solo parecen tener como objetivo aumentar la recaudación a través de la venta de terrenos públicos a grandes grupos constructores.
Acuña manifestó que padres y alumnos, en su mayoría, estaban de acuerdo con la medida del traslado. Vanina Espinoza, profesora de taller de la Escuela en dialogo con ANCCOM expresa: “Lo que dice esta lleno de falacias de principio a fin. Dice que toda la comunidad está de acuerdo y eso es mentira, en las pocas reuniones que han tenido, tanto con familias como con docentes, hemos manifestado nuestro rechazo rotundo” y agregó que “con les estudiantes nunca se reunieron y elles han manifestado siempre: no al traslado.”
En la misma línea, como defensa de su decisión, Danas advirtió que se inscribieron más chicos desde que comunicaron el traslado, lo cual Espinoza indica que es otra mentira. “No hubo más inscripción, o por lo menos no nos han informado. Se realizaron en septiembre y los exámenes de ingreso también, por ello nunca se pudo haber inscripto a nadie después de esa fecha. Que nos muestren las listas”, demanda Espinoza.
Luna, vicepresidenta del centro de estudiantes, cuenta la reacción que tuvo el estudiantado al enterarse del fallo en contra de la media cautelar que había dictado Ferrer a su favor, “nos sorprendimos, nos descolocamos, pero decidimos reunirnos con toda la comunidad educativa y revisamos la justificación de la jueza. Uno de los puntos es que la mayoría de las familias del Cerámica está a favor del traslado, cosa que es mentira, ni bien nos enteramos del traslado de forma unánime nos declaramos en contra porque a todos nos perjudica”, describe.
Para la estudiante, el traslado es algo injusto y van a seguir luchando y oponiéndose al mismo: “Para los alumnos esto es devastador, la escuela tiene un marco histórico impresionante, que también es parte de nuestra identidad”. Hace hincapié en que la medida les fue notificada una semana antes de terminar las clases, impidiéndoles anotarse en otra escuela porque las inscripciones y vacantes cerraron. Sumado a que el 80% del alumnado tendría que tomarse entre dos o tres medios de transporte para poder llegar a la nueva sede.
El edificio a donde pretenden trasladar el bachillerato no está terminado ni habilitado. “La justicia le pidió al Gobierno los planos de convivencia del Rogelio Yrurtia y de la Escuela de Cerámica y no tienen fecha de finalización de obras, ni información sobre las habilitaciones, que para nosotros es fundamental: saber en qué condiciones los chicos van a realizar sus actividades”, argumenta Cecilia Paul, madre de una alumna del Cerámica y docente de otra institución.
Paul remarca que los menores se ven afectados por esta medida por la pertenencia al barrio y a la escuela, y advierte que el traslado también es un atropello a la comunidad de la Escuela de Enseñanza Artística Rogelio Yrurtia que está esperando un edificio propio hace 15 años y por el que trabajaron los últimos cuatro para que esto sea posible.
Desde el Ministerio dijeron que el Cerámica no presentaba dificultades de espacio. “El recurso que interpuso el Gobierno de la Ciudad carece de documentación, por eso los abogados de UTE preparan la apelación con la información que le dieron las familias, por ejemplo con respecto al horario de los chicos donde no hay horas ociosas”, concluye Paul.
Para continuar con la lucha se va a realizar un abrazo a la escuela, semaforeadas, actos con banderas y la posibilidad de firmar el petitorio para frenar el traslado. Sumado a que los docentes de UTE apelarán la decisión judicial por considerar que el traslado es inconstitucional, Solo favorece al Gobierno y perjudica a la comunidad educativa de la Escuela de Cerámica. En su comunicado oficial indican que la decisión tomada carece de contenido jurídico y hace hincapié en que las escuelas están para garantizar el derecho social a la educación y no para hacer negocios inmobiliarios.
Ante estos avances, el próximo 4 de febrero, la comunidad educativa realizará un abrazo y sostendrá una guardia en la escuela para evitar cualquier tipo de acción que quiera iniciar el Gobierno de la Ciudad con respecto al traslado.
Ene 23, 2019 | Comunidad, Novedades
¿Amor por la píldora o problemas en la salud mental? Según estadísticas del INDEC, los psicofármacos son el tercer grupo de medicamentos con mayor facturación hasta el segundo trimestre de 2018, con un total de 3.386 millones de pesos, detrás de los inmunomoduladores -antibióticos, antiinflamatorios, entre otros- y aquellos especializados en aparato digestivo y el metabolismo. Mientras que a lo largo del último año unidades básicas de consumo como son los lácteos y productos congelados, sufrieron una caída del 7,8 y un 3,3 por ciento respectivamente, según un análisis de la empresa Kantar Worldpanel, estos medicamentos en 2017 aumentaron sus ventas en un millón de dosis.
Según un estudio del año 2017 de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR), la mayor parte de los consumidores actuales de psicofármacos confesaron utilizarlos ocasionalmente y otra importante proporción, varias veces por semana y a nivel mensual. La ingesta promedio fue de casi seis días al mes. Además, el estudio estima que 105.971 personas de entre 12 y 65 años comenzaron a consumir tranquilizantes o ansiolíticos ese año. Para concluir, el trabajo de investigación sostiene que el 15 por ciento de la población del país -unos tres millones de personas- consumió tranquilizantes o ansiolíticos alguna vez en la vida, incluyendo tanto a quienes consumieron por prescripción médica como a aquellos que no. Entre quienes tenían indicación médica (78 por ciento de los encuestados), en el 49 por ciento de los casos fue un médico generalista quien había recetado el tranquilizante y en un 37,2 por ciento un médico psiquiatra. El restante porcentaje habla de la cantidad de pacientes que consiguen los fármacos sin la prescripción correspondiente.
Los factores más recurrentes de consumo, según el neurólogo Edgardo Reich, Jefe de Servicio de Neurología del Hospital Ramos Mejía y del Sanatorio Julio Méndez, pueden hallarse en el insomnio y la ansiedad por las crisis económicas y la vorágine de la vida en sociedad. La mezcla de culturas, el bombardeo de noticias y el nivel de estrés propio de una crisis -según Reich- hacen elevar el número de consultas a profesionales de la salud mental y también su posterior medicación.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Manual para el tratamiento farmacológico de trastornos mentales primarios, sostiene que no todas las farmacoterapias eficaces son esenciales. Es decir, no siempre los desordenes mentales diarios tienen que ser necesariamente tratados con un medicamento. Además, la máxima institución mundial a nivel salud recomienda no solo una evaluación clínica detallada sino también analizar exhaustivamente la situación social, psicológica y geográfica del paciente. Dicho de otra manera, aquella persona que vive en el campo probablemente necesite, en caso de requerirla, una dosis menor a la que seguramente necesite alguien viviendo en una gran ciudad. En sintonía con lo que la OMS describe, Reich señala: “El psicofármaco es la salida fácil en tiempos de ansiedad y de una vida urbana alocada para calmar una situación particular. Ya sea para dormir o para estar más tranquilo”.
Martin López Vicchi, Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Municipal de la Ciudad de Boulogne, entiende que las consultas refieren necesariamente al uso de un medicamento: “Es complicado hacerles entender a los pacientes que existen tratamientos para patologías por fuera de los fármacos”. En el podio de las consultas, como señalaba Reich, se encuentra el insomnio, particularmente los problemas ligados al sueño parecen ser según López Vicchi, algo que puede ser solucionado por fuera de un medicamento: “La gran mayoría de los pacientes tiene una mala higiene de sueño. Y en lugar de corregir una serie de factores, como por ejemplo, mirar televisión acostado, eligen tomarse una diazepina”.
Según un estudio del Hospital de Clínicas, el insomnio es una afección que sufre el 20% de la sociedad argentina. Las consecuencias pueden estar en una merma en la capacidad de atención, lo que impacta en la calidad de vida del paciente. Otro de los síntomas recurrentes en las consultas acerca de la salud mental y aquel que incentiva la medicación es la ansiedad. “Vivimos tiempos de ansiedad y de locura urbana. Eso hace que alguien que tiene nervios o recibió una mala noticia se tome algo por las dudas o también porque sino no va a poder dormir”, explica Reich.
Tanto él como López Vicchi insisten en que el consumo de psicofármacos en muchos casos es autónomo y sin prescripción o consulta médica: “Hay gente que ni consulta. Es la vida alocada que tenemos en los grandes centros urbanos, con un estrés creciente, con menos horas de sueño, con más horas dedicadas al trabajo con exigencias y presiones. Entonces existe la creencia de que una pastillita mágica te va a solucionar todos los problemas”, detalla Reich. Bajo la misma línea de pensamiento López Vicchi agrega: “La verdad es que hay una banalización importante. Estos fármacos pueden ser indicados por gente que no está abocada a la salud mental o a la neurología”.
En números y según la SEDRONAR, casi tres millones de argentinos de entre 12 y 65 años recurren a medicamentos psicotrópicos para dormir, bajar la ansiedad o disimular una angustia. También el estudio encontró que la modalidad de uso es mayor en mujeres que en varones. Un 17,6 por ciento de los encuestados, que declararon haber consumido estos fármacos, eran mujeres, mientras que el 12.8 por ciento eran hombres. El estudio ahonda y coincide con las concepciones tanto de López Vicchi como de Reich: el 66 por ciento de los usuarios obtiene los medicamentos sin receta médica.
En contrapartida a la industria de los psicofármacos, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) determinó que ninguno de los sectores que aglutina la entidad evitó este año la caída del consumo. La merma anual se estima en el 1,1 por ciento y abarca a alimentos y bebidas, bijouterie”, materiales eléctricos, materiales para la construcción, electrodomésticos, electrónicos y computación.
Los más consumidos
Las drogas más recurrentes tanto en la prescripción como en el consumo son alprazolam, clonazepam y el diazepam. El primero es uno de los más utilizados para el tratamiento de estados de ansiedad, crisis de angustia, ataques de pánico y altos niveles de estrés. Alplax (Laboratorios Gador) y Tranquinal (Laboratorios Bagó) se encuentran dentro de las presentaciones más comercializadas según la consultora multinacional IQVIA (ex IMS) que se encarga de auditar el mercado de la industria farmacéutica argentina.
En segundo lugar, el clonazepam, si bien se especializa en ser el fármaco más efectivo en términos de evitar convulsiones, se ha encontrado útil en prevenir trastornos de ansiedad. Específicamente y según datos de IQVIA, Argentina es uno de los países con mayor consumo per cápita de clonazepam del mundo. En efecto y según la consultora, en 2014 se llegaron a vender más de un millón de unidades por día, un 143% más que en 2004. Sus nombres comerciales oscilan entre el Clonagin (Laboratorios Baliarda) y Rivotril (Laboratorios Roche).
Finalmente el Diazepam, también conocido bajo su nombre comercial como Valium, administrado oralmente logra calmar espasmos musculares o dolores intensos como la tortícolis, aunque también se indica en pacientes con vértigo, insomnio, ataques de pánico o disnea, es decir, dificultad para respirar.
Los tres fármacos pertenecen a la familia de las benzodiacepinas. Funcionan como depresores del sistema nervioso. Promueven la relajación física y mental y son muy utilizadas en el tratamiento de los trastornos por ansiedad y actividad autonómica intensa (trastorno de pánico). La dependencia a este tipo de fármacos puede llegar a ser un dilema. Sin embargo, el neurólogo Reich aclara: “No hay una dependencia física para los consumos estándares que tenemos. Se trata en definitiva de una dependencia emocional, no física”. Con respecto al Clonazepam y al Alprazolam detalla: “Si uno toma una dosis razonable y luego deja de tomarlos, no pasa nada. Pero se suele creer que es imprescindible para tratar problemas de la misma índole”.
Un problema puede ubicarse en la posibilidad de acceder a una receta. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), no estipula para los psicofármacos la dispensa con su receta archivada y otorgada por un solo tipo de especialista. Es decir, sea cual sea la especialidad del profesional de la salud, puede prescribir este tipo de medicamentos. Por otro lado, la receta archivada determina que las farmacias deben llevar control de la venta de estos medicamentos. Para ello hay libros que registran no solo su venta, sino también el médico que los recetó. Esta receta debe tener siempre la fecha, sello y firma del médico. Además la prescripción tiene que permanecer por lo menos dos años en el poder del farmacéutico responsable.
Sin embargo, López Vicchi insiste: “Cualquiera los puede prescribir. Por ahí parte el problema. Están al alcance de cualquier profesional que pueda elaborar una receta”. En sintonía, Reich agrega: “Uno puede comprar cualquier cosa y a cualquiera le venden cualquier cosa. La realidad es que estos medicamentos deberían ser solo bajo receta archivada y mediante la indicación de un tipo de especialidad en particular.”
Los psicofármacos en números
En la República Argentina se consumieron 3.720 millones de psicofármacos durante todo el 2017, un millón más en que los tres años anteriores. Según la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), basada en números de la consultora IQVIA (ex IMS), la industria de los medicamentos en el país ha facturado a nivel global la suma de $117.488.679.000 por la venta de 740.496.000 unidades. Por lo cual en porcentajes los psicofármacos representan el 11,9 por ciento del total del mercado de fármacos en el país. En sumas de dinero la comercialización de este tipo de medicamentos alcanza el total de 9.872.998 millones de pesos.
De acuerdo con lo que detalla la consultora multinacional y emparentado con cifras del INDEC, en el cuarto trimestre de 2017 la industria farmacéutica nacional registró una facturación de 25.859 millones de pesos, lo que implicó un incremento de 23,1 por ciento con respecto a mismo trimestre del año anterior.
Ene 22, 2019 | Comunidad, Novedades
El Partido de Moreno forma parte de la provincia de Buenos Aires, ubicado en la zona oeste del conurbano, con una superficie de 184,17 km cuadrados. Con la llegada del ferrocarril en el año 1.800, se inaugura la la última estación del Ferrocarril Sarmiento, y fue allí cuando nació este pueblo. Hoy, como en los años noventa, las estadísticas y testimonios indican cómo los problemas sociales impactan más en los estratos más vulnerables de la sociedad. Un caso testigo del daño social causado por el ajuste.
Salud para pocos
Moreno cuenta con seis localidades y un total de 144 barrios que albergan a los más de 500.000 habitantes. Para toda esta población existe solo un hospital Municipal y las salitas barriales no llegan a cubrir la demanda por falta de insumos y equipamiento. Gonzalo Fernández, trabajador social y voluntario en Cáritas, cuenta cómo se convive con las problemáticas básicas de salud en la región. “Se intenta articular la llegada de más de 200 familias a las salas más cercanas para que inicien un tratamiento básico (principalmente campañas de vacunación) y tengan acceso a un médico de cabecera que siga cada caso”, asegura Gonzalo.
“Las problemáticas sociales más comunes que se aprecian están ligadas a los jóvenes con adicciones, abuso sexual infantil y violencia de género. Tres problemáticas atravesadas por una situación de pobreza casi extrema, que implica precariedad en la vivienda y pésimas condiciones de salud”, dice, y agrega: “Existen, aunque no se nos crea, situaciones críticas que no se llegan a conocer como el caso del Barrio Atalaya, un territorio muy alejado del centro de Moreno al cual no llegan los colectivo. Ahí se tuvo que crear un consultorio pediátrico móvil, ya que las familias más carenciadas no tenían forma de acceder con rapidez al hospital y los niños no habían recibido atención por periodos muy largos”.
La educación prohibida
En el caso de la educación en el distrito, la tragedia ocurrida en la Escuela Nicolás Avellaneda N° 49 de la localidad de Trujui el pasado 2 de agosto, que se llevó la vida del auxiliar Rubén Rodríguez y de la vicedirectora Sandra Calamano, evidenció un estado de decadencia pronunciado y de largo arrastre.
Por este hecho, más los cientos de denuncias sobre la negligencia oficial y falta de inversión de los Estados nacional y provincial, se suspendieron las clases durante varios meses. En paralelo, en las escuelas de la localidad de Moreno se comenzó a generar un plan de lucha intentando visibilizar los reclamos, sin dejar de brindar un espacio de tareas y consultas a los alumnos para que no pierdan el año lectivo. Además, la contención se basó en realizar ollas populares para así solventar la demanda de las familias en los barrios más carentes.
“Uno de los principales problemas es que nos acostumbramos durante años a trabajar sin gas ni luz, en situaciones de riesgo, y ahora que decimos ‘basta’ muchos no entienden por qué no entramos a los edificios si antes lo hacíamos igual. A los docentes nos tildan de vagos cuando estamos trabajando más y en peores condiciones que nunca”, dijo Marisa Di Quattro, orientadora de la escuela N° 32 del barrio Villanueva de Trujui. Y sobre la deserción que el reclamo produjo agrega: “El problema de los alumnos es que sin la obligación de no quedar libre o reprobar no se acercan ni hacen las tareas”.
“En otras escuelas sólo se habilitaron algunos sectores, como el patio interno, el SUM y los comedores. Asimismo, los alumnos y alumnas estuvieron yendo en horarios rotativos y reducidos, en ambientes compartidos y en varios casos, con un solo baño para alumnos de 3 a 24 años. Otras escuelas optaron por iniciar las clases en iglesias o clubes”, sostiene Di Quattro.
Cooperativas en los barrios
¿Cómo se trabaja a nivel territorial por parte del municipio para generar estrategias a partir de una micro economía autosustentable? El Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), que depende de la municipalidad de Moreno, nuclea el trabajo de cooperativistas solventando sus necesidades básicas e impulsando talleres de huertas, carpintería, herrería y de construcción en los llamados polos productivos, destinados a micro emprendimientos. “En Moreno existen ocho polos productivos donde concurren 35 a 40 personas por turnos, son 500 cooperativas con un total de 7.000 cooperativistas. Además, se promueve el autoconsumo y la salida laboral mediante intercambios de producción”, cuenta Isabel Rivadeneira, coordinadora de polos productivos en el sector de cooperativas de IMDEL.
El objetivo de este órgano es la formulación, ejecución y supervisión de políticas, planes y proyectos que favorezcan el desarrollo económico y productivo del partido, aunque desde la llegada del actual gobierno, el Ministerio de Economía dejó de solventar los cursos y capacitaciones. “Es ahí donde ocupamos ese rol más humano, donde amortiguamos las necesidades de las familias, facilitando algunos recursos que, si bien son escasos, pueden solventarlas mediante el trabajo comunitario”, dice Rivadeneira.
“La demanda constante la sentimos, por ejemplo, con las huertas orgánicas. El recorte llegó también al INTA, o sea que nos afecta también en estos proyectos. Antes entregábamos semillas a una institución por semana, hoy en día son casi diez instituciones por semana, y no es por una cuestión de hobbie, existe la necesidad neta y pura de generar su propia mercadería”, sostiene Carola Hernández, coordinadora de IMDEL.
Subdesarrollo social
¿Qué carencias se profundizaron en este sector del Conurbano bonaerense? “El accionar del gobierno es ajeno a las necesidades del pueblo, no genera políticas sociales de contención y, además, elimina las ya conquistadas años anteriores. En el marco de la peor crisis de los últimos años, son los más vulnerables los que se ven perjudicados”, dice Paula Sánchez, trabajadora social, que desempeña en el área de Primera Escucha de Desarrollo Social de la Municipalidad local. En cuanto a las problemáticas concretas en los periféricos barrios de Moreno sostiene que “la población se duplicó y triplicó en los últimos años. La infraestructura es cada vez más deplorable, se puede observar más asentamientos y ocupaciones territoriales. Las situaciones de inundaciones y los hechos de violencia aumentaron”. Además, señala que “en esta localidad acuden cada vez más a las trabajadoras sociales por hechos de vulnerabilidad social, como la falta de trabajo, que a causa de la crisis del país, se multiplica”. Así, esta parte del oeste se agita entre la pobreza creciente y las promesas oficiales de que “lo peor ya pasó”.
Un modelo excluyente
El economista Alejandro Robba, vicedecano del Departamento de Economía en la Universidad Nacional de Moreno, cuenta cómo impactan las políticas neoliberales en los sectores populares: “Las políticas de este gobierno vinieron a cambiar el modelo de distribución del ingreso con la intención de restarle poder al sector popular. Se basó en vulnerar derechos, amedrentar sindicatos, bajar el empleo, todas características de un modelo que prioriza la renta empresarial como motor de crecimiento”, explica.
¿Por qué analizar Moreno y no otro lugar de la periferia? Robba expone: “Moreno, al igual que muchos distritos de la periferia, es una ciudad dormitorio. Esto quiere decir que la mayoría de los habitantes viaja hacia el Centro para trabajar. Significa además que su capacidad de empleo es menor y no se dan las condiciones para desarrollar un modelo de consumo-inversión. Entonces cuando los modelos neoliberales empiezan a crujir, se descubre fácilmente la verdadera cara del modelo económico. El ajuste de shock tiene ganadores y perdedores, las pymes y las clases populares se ven afectadas directamente, dejando como ganador al sistema financiero”.
Bajo el argumento de culpar al gobierno anterior de crear una “fiesta del consumo” donde se gasta más de lo que se genera, se crea la atmósfera perfecta para justificar el ajuste que desde 2015 se siente cada vez más y no parece detenerse en 2019. “Ese argumento valida un ajuste, para achicar el consumo y así generar un ahorro, que generará inversiones y finalmente hacer crecer la economía. La famosa “lluvia de inversiones” que nos prometieron viene de la mano de esta lógica que tienen los gobiernos neoliberales con los que no estamos para nada de acuerdo”, expone el economista y prosigue: “Nosotros pensamos que el crecimiento económico viene de la demanda efectiva. Esto quiere decir que la única forma de crecer, de generar la economía, es cuando mejora la distribución del ingreso, traducido en aumento del empleo, mejora en los salarios que empujan el consumo”.
