Mar 24, 2019 | Entrevistas
La pregunta sobre en qué momento los derechos humanos y el reclamo por los desaparecidos y la represión empezaron a ser nodales en el discurso público y dominante, es la inquietud que guía a Marina Franco en El final del silencio. Dictadura, sociedad, y derechos humanos en la transición (Argentina 1979-1983), editado por el Fondo de Cultura Económica. Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y por la Université de Paris Denis Diderot, Franco realiza un trabajo de revisión y deconstrucción de la memoria argentina sobre uno de los períodos más traumáticos de la historia del país: “Nuestra cultura de los Derechos Humanos es importante y valiosa, pero hay que reconocer que es limitada y que queda mucho por hacer”, destaca.
Hablás de un «relato memorial» como una selección de hechos cristalizados. ¿Se puede distinguir entre historia y memoria?
Sí, se pueden distinguir. No hay historia sin memoria, pero parte de las tareas de la historia es la revisión crítica de muchas construcciones que son constitutivas de la memoria. No necesariamente corregir la memoria, pero sí entender que está hecha de figuras cristalizadas, cosas que se seleccionan para recordar y otras para olvidar. Traté de mostrar en el libro que nuestra memoria sobre la transición a la democracia está basada en tres cosas: la Guerra de Malvinas, las Madres de Plaza de Mayo junto a los organismos de Derechos Humanos y Alfonsín y que, por lo tanto, nuestra memoria, un poco épica de la transición, se construyó en torno a la idea de que fue casi natural que se llevaran adelante los juzgamientos y las investigaciones. A contrapelo de esa memoria selectiva, tranquilizante, pasaron muchas cosas y la tendencia general del proceso no era a investigar y juzgar los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, sino todo lo contrario. La idea es recuperar una memoria más compleja de ese proceso para entender mejor la relación de la sociedad argentina con el autoritarismo.
¿Podrías explicar la utilización de las comillas en distintas expresiones del libro como «terrorismo de Estado» o «combatir la subversión»?
Tomé varias decisiones importantes en términos metodológicos y una de ellas, que es transversal a lo que el libro cuenta, es mostrar cuánto de lo que nosotros decimos y entendemos hoy sobre lo que llamamos «terrorismo de Estado» fue una construcción a través de muchas décadas. Es decir, que el 10 de diciembre de 1983, prácticamente nadie hablaba de «terrorismo de Estado» y que se hable hoy de ello es el resultado de un proceso político, ideológico, social, de los juzgamientos y de construcciones intelectuales sobre lo que sucedió.
¿Cómo funcionó «el problema de la subversión» como mito fundador y socialmente compartido de la época?
Para mí eso es el tema central. Lo que más me interesa de la Dictadura no es entender al poder autoritario, sino cómo buena parte de la sociedad pudo acompañar, consensuar y apoyar ese poder. No hay terrorismo de Estado sin una sociedad que, de alguna manera, lo acompañe. Para una investigación anterior que hice de la represión durante el Peronismo, encontré que estaba completamente instalada la idea de que había un enemigo subversivo que debía ser eliminado. Eso estaba instalado no solo en las Fuerzas Armadas, sino también en el sector de la derecha peronista, en el propio Perón y en gran parte de la sociedad. Trabajé esto a partir de la legislación peronista, de la prensa de la época y de cartas enviadas por ciudadanos comunes al Ministerio del Interior. Mi gran pregunta es, si era tan fuerte la idea de que había un enemigo subversivo que había que eliminar y de que la lucha antisubversiva era legítima antes del golpe de Estado, ¿cómo se explica que en el momento de la transición hubiera desaparecido? La respuesta es que no había desaparecido. Por ejemplo, hasta el último día, gran parte del partido radical consideraba que la lucha antisubversiva era el punto en el cual las Fuerzas Armadas habían hecho bien su tarea. Y con ellos, el resto de los partidos políticos, excepto los sectores más de izquierda. El planteo era que las Fuerzas Armadas se habían excedido en la represión.
Hacés una comparación entre el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se publicaron en 1980. ¿Por qué ambos fueron recibidos de diferente manera?
Yo no pretendía hacer una comparación. Quería mostrar que esos dos informes fueron publicados en la prensa argentina a comienzos de 1980, en Clarín en primera plana, y decían absolutamente todo sobre la represión. Esto, primero pone en cuestión la idea de que la sociedad argentina no sabía nada y segundo, evidencia que de todos los poderes instituidos, nadie vio lo que no quería ver. Lo que agranda la responsabilidad de los sectores políticos de la época porque hacen un uso político de esa información, cuando la dictadura ya se estaba cayendo por su propio peso.
¿De qué manera los diarios La Prensa y el Buenos Aires Herald tenían una posición diferente a diarios masivos como Clarín y La Nación respecto de las denuncias?
Efectivamente, el Buenos Aires Herald y La Prensa se desmarcan de la media. Lo interesante es que lo hacen desde un lugar clásico liberal, no son diarios de oposición al régimen. El Buenos Aires Herald empieza a denunciar las violaciones a los derechos humanos porque es un diario inglés y liberal al que le parece intolerable semejante nivel de autoritarismo, de avasallamiento de las libertades individuales y de violencia de Estado, de la misma manera que aprueba las medidas económicas liberales del gobierno. Con La Prensa es distinto: considera que el poder militar no es suficientemente liberal en términos económicos, pero denuncia las violaciones a los derechos humanos como algo intolerable. La otra cosa a señalar es que, a diferencia de lo que se piensa, Clarín fue uno de los principales diarios que empezó a darle espacio a los organismos de Derechos Humanos no como sospechosos de subversión. En ningún caso, creo yo, significa que Clarín tenga un lugar épico. Todos los medios de prensa jugaron su propio juego político, al igual que el Poder Judicial y la Iglesia, y a partir de 1981, denunciar a la dictadura y sus delitos entraba en ese juego.
¿Podrías describir cómo fue el viraje de estos actores?
Lo que hay es un lento proceso de defección, es decir, que son todos actores que al comienzo del régimen lo a acompañaron, apoyaron y celebraron. Durante los primeros años, las sanciones del Poder Judicial iban en favor del régimen; en el caso de la Iglesia, acompañó al poder militar incluso ofreciendo consuelo moral a los represores. Sin embargo, hacia el final del proceso dictatorial, retiraron su apoyo porque el régimen se demostró incapaz en términos políticos, porque nunca logró generar su propia sucesión política; y económicos porque para 1982, la economía estaba en un estado catastrófico; y tampoco fue capaz de ocultar sus propios crímenes. El tema del fracaso económico es un dato muy importante que hemos omitido. La inflación en 1982 era del cien por ciento y luego se duplicó. Para el común de la gente, el problema no eran los desaparecidos, sino la supervivencia material. Estos actores no denunciaron la represión porque les parecía escandaloso, sino porque fue una manera de deslegitimar a quien había hecho el trabajo sucio pero que ahora incomodaba.
¿Cómo se construye la figura del desaparecido durante la transición hacia la democracia?
Clarín publica en una editorial que las Fuerzas Armadas tenían que hacerse cargo del problema de los desaparecidos y dar respuestas a las Madres de Plaza de Mayo «porque sino estas mujeres se van a enquistar en la vida política argentina». Es decir que era un problema del orden de lo personal, que afectaba a ciertas personas a las cuales había que dar una respuesta privada para poder cerrar el pasado. Es importante porque demuestra que no había una preocupación por la violación a los Derechos Humanos como problema.
Describís un paradigma de los derechos humanos. ¿Te referís a estas características que estuviste nombrando?
Sí y sería nuestra convicción como sociedad de que en la Argentina los derechos humanos y la denuncia ocupan un lugar importante desde que se descubrió la represión. La investigación demuestra que ahora es así, pero que en 1983, los desaparecidos le importaban a los organismos de derechos humanos, a las clases medias profesionales e intelectuales y a los grandes centros urbanos, como Buenos Aires, Córdoba o Rosario. Esa cultura existe y es mucho más fuerte que en otros países de la región, pero es una construcción de muy largo plazo, que se hizo en los años alfonsinistas, en las luchas contra la impunidad en los años noventa y durante los años kirchneristas. En esa construcción fue decisiva la política escolar y los juicios. Esto muestra lo importantes que son las políticas de Estado en la construcción de conciencia. Las manifestaciones contra el 2X1 del 2017 son un dato puntual de que las luchas no están saldadas. Agregaría otra cosa, que no está en el libro, y es que el sentido común omite que en la sociedad argentina funcionan los derechos humanos vinculados a la dictadura, pero no están vinculados a presos políticos o a menores víctimas de la violencia policial. Nuestra cultura de los derechos humanos es importante y valiosa, pero hay que reconocer que es limitada y que queda mucho por hacer.
¿Por qué la Guerra de Malvinas no fue un parteaguas?
La Guerra de Malvinas tuvo un impacto muy fuerte en la memoria social en tanto que fue la experiencia de una guerra y es indiscutible. Pero lo que cuestiono es que haya representado un momento bisagra en relación con la dictadura. Si uno mira todo el proceso político y social, las variables del derrumbe estaban en marcha desde 1980. La Guerra de Malvinas no modifica la negociación entre los partidos políticos y el Gobierno, pero sí genera un cambio de disponibilidad social donde hay mayor disposición para escuchar lo que había ocurrido.
Nov 16, 2017 | inicio, Trabajo
Encabezados por los trabajadores despedidos de
DyN -la agencia de noticias que acaba de ser
cerrada por sus accionistas, Clarín y La Nación- los trabajadores de prensa realizaron el pasado
martes un “camarazo” de protesta frente al Congreso de la Nación, donde presentaron un
proyecto para que se declare la emergencia laboral en el sector.
El proyecto elaborado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (
SiPreBA) y la
Asociación de
Reporteros Gráficos de la Argentina fue entregado a Remo Carlotto, titular de la Comisión de
Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, quien se comprometió a analizar cómo la
Legislatura puede colaborar en mejorar la situación de los trabajadores de prensa que, según las
entidades gremiales, perdieron 3.000 puestos de trabajo en los últimos dos años.
Mirá la cobertura de ANCCOM:
Actualizado 16/11/2017
Nov 8, 2017 | inicio, Trabajo
Clarín y La Nación decidieron el cierre definitivo de Agencia Diarios y Noticia (DYN), medio periodístico con 35 años de antigüedad y dejaron a casi 100 trabajadores en la calle. Así le confirmaron a sus trabajadores desde el directorio de la empresa, controlada por esos matutinos, en una reunión que mantuvieron el pasado lunes.
Tal como lo anticipó ANCCOM, la agencia privada de noticias más importante del país deja de existir debido a la decisión de sus accionistas, que esgrimen razones económicas. Además de Grupo Clarín y S.A. La Nación – los medios gráficos que actualmente reciben más pauta publicitaria oficial -, el medio pertenece al diario Río Negro, La Gaceta de Tucumán y otros periódicos más pequeños del interior del país.
“La supuesta crisis económica que afecta a los diarios del interior no alcanza para explicar esta decisión. Los accionistas principales han ampliado su gama de negocios millonarios dentro y fuera de los medios de comunicación”, explica Santiago Magrone, periodista y delegado de la comisión interna de trabajadores de DyN. Tanto él como el otro representante sindical, Fernando Cáceres, desconfían de las razones que da la empresa. “Creemos que hay problemas entre los socios inversores, son cuestiones políticas. Clarín, por ejemplo, achicó la planta con despidos encubiertos el año pasado y mientras invertía en su plataforma web, desinvertía en DyN.”, comenta Cáceres. Magrone agrega que esa desinversión se evidenciaba en el deterioro de las condiciones de trabajo que fueron reclamando sucesivamente a la empresa.
Los trabajadores se enteraron del cierre de la agencia el pasado viernes, cuando recibieron una confirmación extraoficial de lo que venían sospechando desde hace varios meses. “Los que estaban en la redacción fueron llamando a los demás, y así nos fuimos enterando todos”, relata Alejandra Fernández Guida, redactora del turno mañana. Y agrega: “Tuvimos un viernes fatal. Durante el fin de semana no supimos más nada, y el lunes vemos el edicto en el Boletín Oficial”. Ese documento confirma una asamblea extraordinaria de accionistas que se llevará a cabo el 23 de noviembre en la sede de ADEPA con el fin de tratar la disolución de la sociedad. “Hay una relación muy estrecha entre Clarín y el gobierno -dice Cáceres-. Los rumores de cierre que se vienen escuchando desde hace meses también provinieron de ámbitos oficiales”.
Al respecto, Magrone también sospecha que la relación entre los principales medios propietarios de la agencia y el gobierno nacional ha tenido algo que ver con este abrupto cierre: “Nos llamó la atención que, existiendo un vínculo tan cercano entre los dueños principales y la Casa Rosada, hubieran cesado los ingresos por organismos públicos, que hace dos años eran abonados de DyN. Le preguntamos esto a Rodolfo Vedoya, el presidente del directorio, y nos dijo que hicieron gestiones pero el actual gobierno respondió que le dejaron de interesar los servicios de la agencia”, cuenta. Y agrega: “El cambio de época da para que se animen a tomar decisiones que antes no se animaron. Entre otras cosas, por el abaratamiento de las indemnizaciones, que luego de la gran devaluación hizo que el despido les costara la mitad. Además, cuentan con el santo y seña de un Ministerio de Trabajo, inoperante en materia de derechos laborales. En estos días, el poder económico y el poder político parecen estar muy en sintonía, deben haber pensado qué sentido tiene mantener una agencia como DyN, que no va a estar dispuesta a hacer oficialismo, sino periodismo”.
Reporteros gráficos que trabajaron en distintas épocas de la agencia DYN se solidarizan con la asamblea de trabajadores.
Desde la reunión del lunes, si bien los periodistas y administrativos continúan en sus puestos de trabajo, el contexto es otro: “La asamblea de ayer fue un velorio masivo”, cuenta Fernández Guida. “La reunión terminó con todos llorando. Es más, hace dos minutos un compañero rompió en llanto acá en la redacción, de repente. Así estamos desde el viernes, entre lágrimas y anécdotas a cada paso. Que un medio histórico cierre así de golpe yo no me lo esperaba. Pero Agencia DyN se va con el prestigio intacto. Se creó en 1982 con un grupo de periodistas excelentes para tratar de dar un enfoque profesional a la Guerra de Malvinas y no perdió jamás ese prestigio”, dice entre orgullosa y emocionada.
En tanto, Fernando “Tato” Dondero, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), confirmó que la empresa prometió pagar el 100 por ciento de la indemnización, lo que en este contexto de precarización laboral y reformas a espaldas de los trabajadores, es un alivio muy relativo.
Actualizado 08/11/2017
Oct 4, 2017 | inicio, Trabajo
Los trabajadores de Agencia DyN viven una situación de incertidumbre debido a los rumores de reducción de personal e, incluso, de la posibilidad del cierre definitivo. El medio periodístico, que ya cumplió más de 35 años de vida, tiene entre sus principales accionistas a grandes empresas de prensa como Clarín, La Nación, el diario Río Negro y La Gaceta de Tucumán. Si bien aún no se produjeron despidos ni cesación de pagos, el consejo directivo de la empresa le comentó a un grupo de trabajadores que se estarán ofreciendo acuerdos de desvinculación y que los accionistas están decidiendo cómo seguir en un contexto de crisis económica. La situación se enmarca en una realidad durísima del mercado laboral periodístico, en donde durante 2016 se destruyeron más de 2.600 puestos, según los números que maneja el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
Santiago Magrone, periodista y delegado de la comisión interna de trabajadores, desconfía de los motivos esgrimidos: “No pueden hablar de crisis cuando las empresas dueñas de DyN, como por ejemplo Clarín y La Nación, están diversificando y ampliando sus inversiones”, denuncia. Y argumenta: “Nos dicen que el diario de papel no tiene futuro, pero uno sabe que invierten grandes sumas en la web y en otros proyectos”.
Magrone sospecha, además, que hay alguna relación entre esta situación y los abonados estatales y gubernamentales de la agencia, ya que se produjo una sensible reducción en la cantidad de medios oficiales que se valen de sus servicios para sus publicaciones.
Incertidumbre por los rumores de reducción de personal y cierre definitivo.
“Estamos muy preocupados por la cantidad terrible de rumores”, comenta Fernando ‘Tato’ Dondero, Secretario General del SiPreBA. Aclara, además, que al elegirse un nuevo directorio hace algunos meses, los empleados de la empresa pidieron certezas: “Los trabajadores hablaron con autoridades de la agencia, incluso con el nuevo presidente del directorio, y les dicen que están analizando todo pero no definen nada”. Y detalla: “Tuvieron varias reuniones: tanto con el gerente de Relaciones Laborales como con el director periodístico. Ellos reconocen que están discutiendo qué van a hacer, por eso los compañeros están en estado de alerta permanente”.
Por otra parte, si bien no hubo despidos, sí se habló de acuerdos laborales: “La empresa arrancó hablando de abrir retiros voluntarios muy a la baja”, relata Dondero. Y agrega: “Hay rumores de cierre que involucran al gobierno, ya que se cuestiona la utilidad de la Agencia DyN frente a una agencia estatal como Télam. Se preguntan si está de más, olvidando que tiene casi cien trabajadores que necesitan su fuente de trabajo”, sentencia.
Magrone, además, confirma las señales de achicamiento: “En estos últimos dos años, las personas que se fueron jubilando no fueron reemplazadas, eso es todo un signo” dice. Tanto él como Dondero coinciden en que los rumores que se lanzaron parecen ser interesados, ya que consideran altamente probable que los dueños de DyN estén pensando en qué hacer, cuánto achicar o de qué modo cerrar el medio.
Del otro lado del escritorio, ningún representante de la empresa atendió a ANCCOM, mientras que Ernesto Behrensen, director periodístico, reconoció la existencia de estos rumores pero prefirió no hacer declaraciones.
Actualizado 4/10/2017
Jul 6, 2017 | Trabajo
El viernes pasado, a última hora, la Comisión Nacional de Valores anunció la fusión entre las empresas de Telecom Argentina (Fintech Advisory) y Cablevisión Holdings (Grupo Clarín). Si bien el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aún no se expidió sobre el caso, fuentes cercanas al organismo dejaron trascender que la autoridad regulatoria no se opondría a la operación, con lo cual la responsabilidad podría quedar en manos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia luego de que las dos empresas formalicen la fusión por absorción. ANCCOM dialogó con los especialistas en materia de comunicaciones, Glenn Postolski, Fernando Krakowiak y Diego Rossi, para comprender el impacto social y político de esta fusión sin precedentes en la historia de los medios de comunicación en Argentina.
«La fusión con Telecom constituye la consumación definitiva del triunfo político del Grupo Clarín sobre quienes buscaron impulsar una regulación capaz de ponerle freno a la concentración del mercado audiovisual. Si bien el desmembramiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya había significado un punto de quiebre, esta compra posiblemente convertirá a la sociedad que surja de la fusión en la empresa argentina más grande del país”, explicó Krakowiak, periodista de Página/12 y docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. En la misma línea, Rossi, maestrando en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés, y profesor de la UBA, opinó que “desde el DNU 267 de 2015, el gobierno de Cambiemos fue tomando medidas que permitieron que esto sea posible. Invocando la libre competencia, han producido una concatenación de compromisos políticos que vienen desde la campaña presidencial. Puede ser un buen negocio para Clarín y David Martínez (empresario mexicano titular de Fintech), pero si lo vemos desde el lado de lo público existe un conflicto de intereses. Los que perdieron fueron todos los argentinos. El gobierno negoció su autonomía y su capacidad regulatoria en función de los intereses de estos medios”.
Por su parte Postolski, actual decano de la Facultad de Ciencias Sociales y titular de la materia Políticas y Planificación de la Comunicación, sostuvo: “que el principal grupo multimedios se posicione como una de las empresas dominantes, formando un conglomerado de comunicaciones que pasa a ser una de las principales empresas del mercado, -tanto en la producción de contenidos como en la distribución- distorsiona o genera condiciones para que las corporaciones tengan cada vez mayor peso”.
Socios desde 2005 por la compra de Cablevisión, la composición accionaria de la nueva firma tendrá como accionista mayoritario a Fintech, con un 41% de las participaciones, mientras que el Grupo Clarín obtendrá un 33% del capital accionario. El resto de las posesiones cotizarán en el mercado. La nueva unión entre las empresas apunta a una estrategia de complementariedad de servicios que le permite reforzar sus posiciones en el mercado. El Grupo Clarín, a través de Cablevisión Holdings, ingresará definitivamente al mercado de la telefonía móvil; en tanto que Telecom, podrá acceder al segmento de televisión por cable. “En realidad es la primera vez que va a suceder, porque regulatoriamente estaba prohibido que las telefónicas brinden televisión paga; con esa prohibición efectiva el cuádruple play no se podía brindar – apuntó Krakowiak -. Lo que estableció el ente regulador es que a partir de enero de 2018 las telefónicas puedan brindar televisión paga, entonces en este caso Telecom/ Clarín van a poder ofrecer un combo (eventualmente, no digo que lo vayan a ofrecer) en el cual incluyan televisión paga, telefonía móvil, telefonía fija y banda ancha. Ahí estaríamos frente a la oferta de lo que se conoce como cuádruple play”.
Monopolio en el interior del país:
Los tres especialistas coincidieron en que uno de los principales puntos de conflicto que traería la consolidación de esta nueva estrategia de negocios por parte de ambos conglomerados comunicacionales sería que, en muchas zonas del país, la empresa puede funcionar como la única prestadora del servicio de internet por banda ancha. “Hay muchas localidades del país donde Telecom y Cablevisión son las únicas dos empresas que ofrecen el servicio, y en esos casos va a quedar un solo operador –señaló Krakowiak-. Es probable que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, al momento de evaluar la aprobación de la operación de concentración económica resuelva fijar algunas exigencias para la aprobación y puede ser que desinviertan en algunas de estas localidades o ver la posibilidad de que ese mercado sea desafiable por otros operadores. Todo dependerá de la voluntad política del gobierno. Hasta ahora no ha demostrado ser muy exigente para con ese grupo”.
La situación del monopolio, según Postolski, traería como una de las consecuencias que “sólo ellos tendrían capacidad de llegada y capacidad de imponer los precios, lo cual es un condicionante para el acceso a la información de una buena parte de la sociedad, en particular de esas localidades”. En tanto, Rossi consideró que este escenario “es insostenible porque existen zonas donde no habría competencia”, de modo que “la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia debería anularlo y exigirles a los actores abrir el panorama, si no se produce una convergencia asimétrica”.
Espectro y convergencia, sus flexibilizaciones
La asignación de espectro dispensada por el Estado en los últimos meses, según indicó Krakowiak, “si bien se hizo en el marco de una negociación, fue de manera poco transparente la forma en que el gobierno la llevó a cabo tanto con Clarín como con las tres grandes telefónicas, una de las cuales ahora es de Clarín”. El problema es que el espectro fue asignado – aunque aún no adjudicado- por el Estado tanto a Clarín como a las telefónicas, a demanda y no mediante una licitación pública, en donde debe haber una puja por el precio, para que de esa forma el Estado pueda incrementar los ingresos del activo que vende. Krakowiak explicó que “con Clarín hubo una jugada polémica porque compró unas empresas que tenían un espectro destinado a un determinado uso y una vez que tenía asignado ese espectro y esas empresas, pidió el cambio de función de ese activo”. Es decir, el espectro que compró no era apto para brindar telefonía móvil, pero una vez adquirido pidió cambiar su función y utilizarlo para esos fines. “Cuando lo compró lo pagó a un precio mucho más bajo que lo que se tendría que haber pagado si se vendía para brindar telefonía móvil”, subrayó el especialista, y agregó: “No está mal, de por sí, otorgar el espectro a las empresas, el tema es qué contraprestaciones se fijan a cambio de ese espectro. No sólo en cuanto a lo que pagan esas empresas para hacerse de ese activo, sino también por los posteriores compromisos de inversión que asumen para mejorar el servicio a partir del uso de ese espectro”.
Si bien no hubo muchas declaraciones por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, expresó en el programa radial «Y ahora quién podrá ayudarnos», que estaba de acuerdo con que hay que tener cuidado con la concentración de medios pero que “hoy en el mundo tener servicios de Internet separados de los de la telefonía no tiene futuro, esto es la convergencia».
En referencia a esto Postolski explicó que “lo que aparece como parte de un discurso tecnológico, donde la convergencia es una panacea, en realidad se busca por detrás que exista una empresa con una posición cada vez más consolidada en los distintos sectores del mercado de las telecomunicaciones y la comunicación, lo cual termina siendo una barrera para la aparición de otros competidores”.
En relación a este tema, Krakowiak aclaró que “no necesariamente brindar servicios convergentes es sinónimo de brindar servicios de manera monopólica o dominante. Podrían brindar servicios convergentes varias empresas. Está claro que en el mundo no hay decenas de empresas en los mercados que se repartan en porciones iguales, siempre son dos, tres o cuatro y depende de la regulación y de los límites que se impongan a la concentración del mercado”. Para el caso argentino, explicó, “esos límites que ponía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se flexibilizaron, y entonces la responsabilidad de regulación que tiene el gobierno queda en manos de la Oficina Nacional de Defensa de la Competencia”.
En cuanto al rol del Estado como interventor, Postolski sostuvo que “tiene como objetivo mejorar el servicio y evitar posiciones monopólicas. Yo creo que en un mercado que concentra cada vez más la lógica de negocio, donde todo está pasando por la telefonía celular, bien vendría repensar cuál debería ser el rol de la intervención del Estado en ese sector. Regularlo y generar condiciones de servicio universal y de abaratamiento para mejorar el servicio para el conjunto de los ciudadanos”.
Actualizada 06/07/2017
