May 18, 2017 | Comunidad
La cantidad de personas que viven en la calle en la Ciudad de Buenos Aires al menos triplica las cifras y relevamientos oficiales del gobierno porteño que encabeza Horacio Rodriguez Larreta. La diferencia surge de los resultados preliminares del primer censo popular de personas en situación de calle que más de cincuenta organizaciones sociales y políticas realizaron en el distrito entre el 8 y el 15 de mayo con la movilización de más de 500 voluntarios.
Según el censo oficial que el Gobierno de la Ciudad realiza todos los años, en 2016 había 876 personas que no tenían dónde vivir. Las organizaciones que participaron del censo popular coinciden en que la cifra obtenida en el trabajo que concluyó esta semana es muy superior a la difundida por las autoridades porteñas.
Claudia Enrich, de la organización “Ciudad Sin Techo”, que se dedica a acompañar a las personas en situación de calle, precisó que los resultados finales del ¿contra-censo? se conocerán a fin de mes. “La idea es que ahora se hagan los números y sepamos finalmente qué cantidad de gente hay. Vamos a hacerlo de acá al 30 de mayo para tener una cifra respetuosa, que no sean un número sino que sean lo que son, personas que tienen un nombre, una vida”, puntualizó en diálogo con ANCCOM.
La organización “Ciudad Sin Techo”, se dedica a acompañar a las personas en situación de calle y se dispone a realizar un nuevo relevamiento con mayores precisiones.
Por su parte, la consejera del Consejo Económico y Social de la Ciudad (Cesba), Laura Velasco, subrayó que el trabajo de campo de las organizaciones “no fue meramente un conteo, se realizó una cantidad de preguntas en relación con la situación de las personas, de las familias, qué situación los llevo a la calle, hace cuánto, si son discriminados en distintos ámbitos, si acceden a la salud, si sufren violencia institucional, si fueron a los paradores del gobierno de la Ciudad”. Y advirtió: “Lo que sí podemos anticipar es que el número de personas que vive en la calle es por lo menos tres veces de lo que informa el Gobierno”.
De acuerdo a la ley 3706, sancionada el 13 de diciembre de 2010 en la Legislatura porteña, es un deber del Estado “la realización de un relevamiento anual de las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle”. Además, la ley señala que “se promoverá la elaboración del diagnóstico con la participación de expertos en la materia, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil integradas o no por personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle”.
Según Enrich, “el gobierno no la cumple”. Para graficar ese incumplimiento, la referente de “Ciudad Sin Techo” recordó que “el año pasado hicieron el censo en abril en un solo día”. Y agregó: “Salieron un miércoles lluvioso en dos camionetas para hacer 15 comunas con 48 barrios. En ese contexto no iban a ver mucha gente, obviamente. Lo que estamos haciendo es obligar a que se cumpla la ley y a que exista un número real para poder tener el presupuesto y políticas públicas como corresponde”.
Por el incumplimiento de esta norma, el Gobierno porteño tiene abierta una causa en el juzgado a cargo de Elena Liberatori. Según Velasco, “el gobierno reconoce en esa causa que no había contabilizado a la gente que está en un parador por la noche y a la mañana siguiente está en la calle, ni a la gente que está con sentencia firme de desalojo ni a la que está con subsidio parando en un hotel. Estas situaciones que plantea la ley no estaban contempladas en el censo del año pasado”.
De la iniciativa para dar con un número real sobre las personas en situación de calle participó un conjunto amplio de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales, junto a las que se dedican específicamente a esta problemática. Además, contaron con el apoyo de instituciones públicas como el Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la Auditoría General de la Ciudad, que aportaron el asesoramiento profesional necesario. Sobre este trabajo en conjunto, Velasco explicó: “Se armó una coordinadora en la que participamos una persona por organización y se armaron comisiones de trabajo, también se trabajará colectivamente en el procesamiento de los resultados”.
Además, las organizaciones denuncian que no les dan la participación en el relevamiento oficial y en la definición de políticas, según estipula la ley. “Lo que planteó Liberatori en la última audiencia es que tenían que incorporar al monitoreo a otros organismos y organizaciones del sector. Sin embargo, este año volvieron a hacer el censo en abril sin incorporarlas”, agregó la integrante del Cesba. En este sentido, para Enrich “luego del censo deben sentarse en una mesa de trabajo con las organizaciones para definir las políticas”. Y concluyó: “Lo que estamos haciendo es trabajar para que además de difundir la situación, se destinen los recursos necesarios”.
«Lo que estamos haciendo es obligar a que se cumpla la ley y a que exista un número real para poder tener el presupuesto y políticas públicas como corresponde”, señaló Claudia Enrich de la organización “Ciudad Sin Techo”.
Actualizada 18/05/2017
Mar 17, 2017 | Comunidad
Horacio tiene 54 años y todos los días está tras el mostrador de madera en el hall del hotel Bauen, recuperado y autogestionado por sus trabajadores. Es el encargado de la recepción y, además, socio fundador de la cooperativa nacida en 2003. “Antes que se empezara a formar la cooperativa, me acuerdo de lo peor. Vino la quiebra del hotel, tras el contexto del 2001, con la salida en helicóptero de De la Rúa y el país que estaba en llamas. Los dueños habían desaparecido dejando el hotel a la deriva. En principio fue muy duro. Estuvimos un año en la calle, todos los dias reclamando. No había trabajo, incluso se tuvo que instaurar el trueque en Buenos Aires. En el 2003, con un grupo de compañeros entramos en las instalaciones y a partir de ahí comenzamos a emprender un camino muy largo para poder poner el hotel en funcionamiento, la instalación estaba muy dañada. De a poco la fuimos poniendo en condiciones para que llegue a estar como hoy. Pero tenés que estar permanentemente reinvirtiendo, arreglando cosas, no lo podés dejar ni un minuto”, contó Horacio y agregó: “Historias como la del Bauen se repiten en muchos casos y en la actualidad empezó de nuevo. Un montón de gente se quedó sin trabajo, porque a los empresarios los números no les cierran, o les conviene otra cosa, como importar. Aprovechan esta circunstancia para dejar a compañeros y trabajadores en la calle. De a poco estamos volviendo al 2001”.
“Defender el hotel es lo último que hago, porque yo con 67 años, es el último trabajo que voy a tener”, sentenció Gladys mientras se sentaba en el escritorio de su lugar habitual de trabajo, el depósito del subsuelo. Ella es la encargada general del Despacho, pero ingresó como mucama. “Antes de que cerrara en 2001, ya había trabajado durante cuatro años en el hotel que estaba bajo la empresa Solari. El empresario que tuvimos nos estafó siempre. Cada dos años cambiaba la razón social para que los trabajadores no tengamos antigüedad”, explicó en tono indignada. “Estuvimos trabajando en el hotel nueve meses sin cobrar. Teníamos que hacer otros trabajitos por fuera, para poder mantenernos. Muchos vinimos a vivir acá, porque no teníamos cómo sustentar el viaje” y agregó: “Fue duro, recién a los nueve meses nos llevamos 200 pesos a casa, una sidra y el pan dulce. Así luchamos para tener nuestra fuente de trabajo que ahora nos quieren quitar. Tampoco ahora nos llevamos un buen sueldo, porque tenemos que invertir para seguir sosteniendo esto que es muy grande y costoso”.
“El Bauen es como mi casa. Hace 14 años que estamos acá y no nos vamos a ir”, cuenta Horacio y agrega “es una forma de vida y una historia de lucha que se hace con mucho sacrificio. Resistiremos la medida como venimos haciendo durante todos estos años y trabajaremos en el Congreso Nacional para pedir la nulidad del veto. Hay que evitar que el Presidente haga sus negociados, que es lo único que le interesa, ya que le importa un carajo los trabajadores”. Patricia trabaja en la Secretaría del hotel. Ingresó hace nueve años para formar parte del Bauen: “Cuando entré estaba pasando un mal momento personal y económico”, dijo. Si bien ella no tenía experiencia como mucama, puesto en el que comenzó, pudo aprender con sus compañeros del Bauen: “Acá te enseñan. El que tiene ganas de aprender, aprende. Paso más horas en el hotel que en mi casa, pero con gusto. Esto es también como una familia, más allá de que estemos trabajando”.
Horacio con su tono firme sentenció: “Hay que sacar el conflicto a la sociedad, sino se quedan con la versión que dicen dos mentirosos como Macri y Federico Pinedo, que esto es privilegiar un sector de 30 familias. Le erró por 100, porque somos 130 familias. Ellos ocultan el negocio inmobiliario que hay por detrás. Nosotros estamos firmes con la camiseta del trabajo”.
El hotel firmó un convenio con la Casa de Santa Cruz, que da servicios sociales a jubilados y estudiantes. A ellos, el Bauen les brinda alojamiento: “Cuando se hospedan, nos ocupamos de que se sientan bien. Vienen con sus problemas y no permitimos que sientan frialdad. Por lo que sea, estamos presente para tratar de subsanar lo que necesiten. Hay gente que llegó sola y estuvo dos meses acá porque fueron operados, o están haciendo tratamientos. Las mucamas, más allá de hacer la limpieza, les alcanzan lo que les piden. En lo que podemos ayudar, ayudamos”, señaló Patricia y agregó que “por cosas como estas, nos hacen pensar que el Bauen no solo nos favorece a unos pocos, a los que trabajamos, como dice el presidente. Detrás de esto tenemos a nuestras familias y a la gente con la que trabajamos”. Con respecto al veto de la ley de expropiación del Bauen, Patricia dijo: “Antes de la derogación estábamos contentisimos. Pensábamos que era el primer año que íbamos a poder trabajar tranquilos. Pero después de Navidad, el 26 de diciembre, cuando salió el comunicado de veto, volvimos al hotel y nos queríamos morir”. Pensativa y en tono irónico agregó: “Un lindo regalo de Navidad nos dió”.
Los trabajadores del Bauen resisten desde el pasado 26 de diciembre, cuando el Decreto 1302/2016, firmado por Mauricio Macri, vetó la Ley 27344 que establecía la expropiación del inmueble a favor de la cooperativa. A partir de ese momento organizaron distintas actividades solidarias y muchas otras están por venir: el próximo miércoles 22, a las 12, habrá una concentración frente al Congreso de la Nación en reclamo de una nueva ley de expropiación; el jueves 6 de abril, a las 20, se programó una cena solidaria en el hotel Bauen y el 18 y 19 de ese mismo mes se realizarán actos con vigilia frente a las puerta del hotel. “Por si nos mandan a la gorra, a partir del 15 de abril van a venir a dormir diputados, senadores y referentes de distintas organizaciones, por las dudas de que nos quieran desalojar. También van a venir maestros, gente de México, Venezuela y España. Incluso Dyango, el cantante melódico español, que siempre se hospedó acá, dijo que iba a mandar a uno de sus hijos. Se va a armar gran lío, porque si llegan a lastimar a alguien, se va a ver muy mal el gobierno a nivel internacional -pronosticó Gladys-. Están todos invitados a dormir acá. Yo pienso que es triste todo esto, que en la Argentina no nos dejan trabajar. Así que ahora a resistir”.
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Actualizada 17/03/2017
Feb 8, 2017 | Comunidad
Distintas organizaciones sociales de todo el país impulsan una nueva norma sobre alquileres, ante los abusos sistemáticos cometidos por inmobiliarias y propietarios. Este año pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento y eventual aprobación. La iniciativa, que lleva la firma de la senadora del Frente para la Victoria Silvina García Larraburu, propone modificaciones en el Código Civil y Comercial que beneficiarían a los inquilinos.
El proyecto extiende el plazo mínimo de los contratos de alquiler de dos a tres años, se elimina el plazo de seis meses para que el inquilino pueda rescindir el contrato sin causa, se contempla la devolución del depósito en garantía y las expensas extraordinarias las abonará el dueño del inmueble. Además, el proyecto establece que los aumentos sean anuales y que de ninguna manera superen al nivel inflacionario. Otra novedad es que las partes puedan renovar o no el contrato sesenta días antes del vencimiento y se dispone la regulación de las comisiones inmobiliarias por jurisdicción. En caso de no haber regulación específica en la zona, no debe superar nunca el mes de alquiler, como lo establece la Ley 2.340 que corresponde a Ciudad de Buenos Aires.
La problemática de los alquileres se agrava año a año, por las condiciones cada vez más extorsivas y leoninas a las que son sometidos los inquilinos. Luego de un amparo propiciado por Inquilinos Agrupados y la Asociación civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirmó un fallo de primera instancia que resolvió la ilegalidad de cobrar más de un mes de comisión, una anomalía muy frecuente en las operaciones inmobiliarias. Además, la sentencia obliga al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires a realizar un control integral sobre sus matriculados para evitar estos abusos.
El proyecto de ley y las acciones de las asociaciones civiles constituyen una respuesta esperada hace tiempo por parte de los inquilinos. Como parte de ese proceso, en febrero de 2016 se había creado un área de la Defensoría del Pueblo para proteger los derechos de los inquilinos, se trata de la Defensoría del Inquilino, a cargo del ex legislador Fernando Muñoz, que brinda asesoramiento legal, acceso al sistema de mediaciones y presenta políticas y propuestas acordes al sector.
El proyecto de ley y las acciones de las asociaciones civiles constituyen una respuesta esperada hace tiempo por parte de los inquilinos.
Respecto de los abusos, Lis Rodríguez, vecina de La Boca, dice a ANCCOM: “Cuando alquilé un PH con mi novio, además de exigirnos la garantía propietaria de una amiga, tuvimos que poner los recibos de sueldo de mi padre y mi novio como garantía. Además los arreglos los pagábamos nosotros y la dueña nos reconocía una parte, una vez abonados, ella nos descontaba una parte del alquiler, todo en forma arbitraria. En el momento de rescindir el contrato nos retuvo el anticipo”. Otra experiencia es la de Gabriela Szconadek, vecina de Parque Patricios, que cuenta: “Alquilábamos con la garantía propietaria de mi tío, una casa que necesitaba muchos arreglos y el dueño no se hace cargo, por lo cual decidimos buscar otra propiedad, pero al morir mi tío, quedamos presos de una casa en mal estado y con un valor muy alto de mercado, ya que no conseguimos un seguro de caución (que exige ingresos de 20000 pesos como mínimo) para poder mudarnos a un lugar mejor”. En comunicación con ANCCOM, Tomás Beceyro, secretario general y letrado de la Unión Argentina de Inquilinos, manifestó al respecto que “los seguros de caución son relativamente nuevos para las locaciones y de a poco son más aceptados por los propietarios, los bancos brindan garantías similares y los propietarios los incorporan paulatinamente, como ocurrió con las garantías propietarias de otras jurisdicciones”. Beceyro, en relación al proyecto, consideró que todo lo que ayude a equiparar la relación entre propietarios e inquilinos es muy importante, ya que últimamente parece un contrato de adhesión, en el que el inquilino no es escuchado. “Hay que tener en consideración que se trata de una modificación muy importante y que el derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución Nacional. En el hipotético caso que ocurra el veto desde el Poder Ejecutivo se estaría perjudicando a millones de inquilinos y a la vez fulminando una garantía constitucional”, agregó. Por otra parte, el proyecto también prevé deducir los alquileres del impuesto a las ganancias. Por supuesto, distintas inmobiliarias anticiparon su rechazo a lo cambios propuestos.
Actualizado 08/02/2017
Dic 6, 2016 | inicio
“Lanús se convertirá en el inodoro de la Ciudad de Buenos Aires”. Categórico, el presidente del Foro Hídrico del municipio del sur bonaerense, Sergio González, resume el rechazo vecinal a un proyecto que nace en la Ciudad de Buenos Aires pero genera preocupación en el Conurbano. Se trata del acuerdo entre el gobierno municipal -a cargo del macrista Néstor Grindetti- y de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) de permitirle a la Capital Federal descargar los desechos cloacales provenientes de la futura Villa Olímpica del distrito porteño.
El Foro Hídrico que encabeza la resistencia nuclea a especialistas, vecinos y a la Multisectorial de Lanús. Pedidos de informes a la administración municipal, amparos judiciales y un firme trabajo barrial con pintadas, murales y reuniones con habitantes de la zona no lograron, por ahora, cambiar el rumbo del proyecto.
La planta de tratamiento de efluentes cloacales se encuentra ubicada en la zona oeste del distrito, en el barrio de Villa Diamante, en un predio que perteneció a la curtiembre ACUBA y que posee la capacidad de procesar los residuos cloacales de 90 mil habitantes. Originalmente, esa instalación venía a cubrir la demanda de los barrios de Villa Caraza, Villa Diamante, Villa Jardín y parte de Valentín Alsina.
“Los equipos técnicos de las agrupaciones políticas estiman que se aumentará la descarga en 20 mil usuarios. Eso significa que 20 mil lanusenses no van a tener el servicio de cloaca”, explica González. El titular del Foro Hídrico advierte que esos vecinos se ven obligados a “tirar residuos en la calle porque el pozo ciego o el pozo séptico ya no tiene más capacidad, las napas están muy altas y hace que rebalse”. Y describe: “En cada lluvia, se desborda todo el barrio y se ven ve las aguas negras, como decían en la antigüedad, pero en la vía pública, donde los chicos pasan por ahí, gente grande, animales que conviven permanentemente, no hay un cuadro de situación más terrible”.
Planta de tratamiento de efluentes líquidos industriales y cloacales de AySA en el predio de ACUBA, Villa Diamante, Lanús.
ANCCOM intentó dialogar con el secretario de Desarrollo Urbano municipal, Carlos Silva, encargado de ejecutar la obra. Sin embargo, el municipio optó por dar su versión a través del responsable de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.
Fernández sostuvo que es “mentira” que los desechos cloacales de la Villa Olímpica vayan a ser tratados en Lanús, y subrayó que el proceso concluirá “en la planta de AySA de Berazategui” hasta que “se termine de hacer el conducto maestro de la Ciudad de Buenos Aires, que volcará hacia la mitad del Río de la Plata los residuos cloacales ya tratados”.
“Esto es una decisión nacional, no es una decisión de Lanús, no es que el intendente decide qué hacer con los efluentes cloacales de la Villa Olímpica, cuando se construya finalmente”, terció.
También asentó que “la planta de ACUBA tiene suficiente capacidad para poder albergar los efluentes cloacales que están comprometidos en la zona de Lanús oeste” y que le queda “un residual” para que pasen “los efluentes de la Villa Olímpica” y que en este caso, es de manera “provisoria”.
Entre otras cuestiones, afirmó que el intendente se comprometió con AySA a principios de este año, con un plan de cloacas para el 100% de su población en cuatro años para los habitantes de Lanús y que cuando ellos asumieron, encontraron que sólo “el 38% poseía acceso a la red de cloacas”.
Respecto a las críticas del Frente Renovador y el FpV, el responsable de la comunicación municipal advirtió que “hay claramente un aprovechamiento político”, y subrayó que esos sectores “tratan de inventarle a los vecinos” que “los desechos cloacales de la Ciudad se van a tratar en Lanús, cuando esto es falso, una mentira”.
El concejal por el FpV Héctor Montero sostuvo que “la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Lanús es para los lanusenses, fue creada, construida y financiada por AySA para responder a la necesidad de los vecinos de Lanús. AySA nos plantea que las obras no tienen límites geográficos, que están hechas sobre un concepto de cuencas”, indicó Montero. Y remarcó que el traslado de desechos “surgió a partir de la creación de la Villa Olímpica, ahí se tomó la decisión”.
A la preocupación que genera el proyecto de la Villa Olímpica, se le suma el futuro tratamiento de los residuos pertenecientes a la Villa 20 y la Comuna 8 que llegarían a la misma planta.
El concejal del FpV indicó que en una reunión que mantuvo con el presidente de AySA, José Luis Inglese, le mencionó que “los efluentes cloacales de la Comuna 8 van a utilizar sólo el 3,5% de la planta de tratamiento”, y detalló que “haciendo número” ese 3,5% “da alrededor de tres mil habitantes”.
No obstante, indicó que cuando le preguntó “qué iba a pasar en la Villa 20, en donde viven unos 60.000 habitantes” y por lo que “el ingreso de esos efluentes cloacales dificultarían enormemente a los vecinos de Lanús”, ya que utilizarían “la mayoría de esta planta”, remarcó que “no pudieron darle una respuesta”.
Con esos números, el FpV de Lanús pone en duda el carácter provisorio de la obra. “Muchas veces lo provisorio suele quedar definitivo”, diagnosticó Montero.
“Ellos dicen que cuando se haga el colector margen izquierdo los efluentes van a pasar para Capital Federal, pero esto es una obra que evidentemente puede demorarse en el tiempo, está calculada para el 2021”, sostuvo.
La construcción de la planta se inició en 2011 y fue puesta en funcionamiento en octubre del 2015, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y bajo la gestión local del actual senador provincial por el Frente para la Victoria (FpV), Darío Díaz Pérez.
Fue reinaugurada y puesta en marcha por segunda vez, el 14 de noviembre pasado, en un acto encabezado por el presidente Mauricio Macri; la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; y Grindetti.
El concejal del FpV, Héctor Montero, indicó que en una reunión que mantuvo con el presidente de AySA, José Luis Inglese, le mencionó que “los efluentes cloacales de la Comuna 8 van a utilizar sólo el 3,5% de la planta de tratamiento”, y detalló que “haciendo número” ese 3,5% “da alrededor de tres mil habitantes”.
El ex director de Proyectos del municipio en la gestión de Díaz Pérez y actual asesor ambiental en el Senado provincial, José Luis Corrochano, cuestiona la decisión del municipio. “La planta se instaló para que 60 mil vecinos no tuvieran que esperar a la ejecución del canal margen izquierdo, que desde la gestión actual, va a llegar en más de 10 años”, explica
El ex funcionario advierte que “posteriormente se hicieron las gestiones necesarias para que AySA ampliara la planta para que otros 30 mil vecinos se sumaran a la red cloacal”. Y se pregunta: “¿Por qué nosotros tenemos que relegar a estos 30.000 vecinos en primera instancia?”.
También indicó que recién en agosto de 2015, cuando habían concluido los trabajos para la actualización del plan director de obras que ejecuta la empresa estatal, el entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, “solicitó una revisión del plan para incorporar a la Villa Olímpica. En la última reunión insistieron en que nosotros modificáramos el plan por la Villa Olímpica, cuando ellos la tenían desde el 2013” argumentó.
Según Corrochano, la Ciudad de Buenos Aires tiene contemplado el vuelco de “7.500 personas del lado de la Villa Olímpica”, pero una vez concluidos los juegos “esas unidades van a salir a la venta y se van a duplicar edificios de viviendas”.
Y completó: “A ese cuadro hay que sumarle la Villa 20, cuya urbanización ya comenzó. Esas viviendas tienen que volcar acá, no tienen otra alternativa, porque la Comuna 8 está colapsada, no pueden volcar en los conductos existentes”.
“No estamos en desacuerdo con que los vecinos de Villa 20 tengan cloacas, ni con la construcción de la Villa olímpica. Lo que nos moviliza es una cuestión de sensibilidad ciudadana para que los vecinos de Lanús tengan un beneficio, cosa que el intendente actual no contempla”, aseveró.
La obra que conectaría la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires con la planta de tratamiento en Lanús Oeste ya posee el estudio de factibilidad de AySA. El proceso de licitación ya quedó abierto y seis empresas ofertan por un costo que oscila entre los 90 y 120 millones de pesos.
Las organizaciones sociales y políticas que resisten el proyecto analizan realizar en las próximas semanas un abrazo simbólico a la planta de ACUBA. “Grindetti es el que debe aprobar el trazo de los caños que conecten el Riachuelo con la planta de tratamiento. Si él no lo autoriza, la obra no se hace. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el Concejo Deliberante no apruebe esa traza”, concluyó Montero.
Sergio González, referente del Foro Hídrico de Lanús, junto a la planta de tratamiento de efluentes líquidos industriales y cloacales de AySA en Villa Diamante, Lanús.
Actualizado 06/12/2016
Dic 1, 2016 | destacadas
Bajo el lema “Desclausurate”, artistas callejeros independientes realizaron, la semana pasada, una intervención de protesta organizada por los espacios culturales Construyendo Cultura y Seamos Libres. Los manifestantes buscaron recrear una situación de clausura en la que se pudo ver cómo distintas expresiones artísticas (bailes de tango, shows de música, títeres y circo) eran interrumpidas en su despliegue por el accionar de funcionarios del Gobierno de la Ciudad, representados con caretas de Darío Lopérfido -ex ministro de Cultura porteño y director artístico del Teatro Colón-, Ángel Mahler -actual ministro de Cultura- y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larretalograban romper las fajas de seguridad en un acto simbólico de resistencia.
La teatralización dio lugar a un segundo momento, la lectura con reivindicaciones para el sector: “Estamos hoy acá afirmando que existimos. Aunque el Gobierno nos niegue presupuesto, aunque nos hostiguen con inspecciones ridículas, con clausuras ilegítimas, aunque usen al Ministerio como tapadera del negacionismo como si todo diera igual, aunque no apliquen la Ley que salió cuando salimos a la calle. Vamos a seguir existiendo y no van a lograr callarnos. Vinimos por lo que nos corresponde y vinimos porque estamos siempre, porque somos parte de esta ciudad, porque mantenemos viva la cultura. Merecemos respuesta inmediata, no merecemos esperar más”, declararon.
Julieta Hantouch, de la organización Construyendo Cultura, en diálogo con ANCCOM, recupera las demandas presentadas y sostiene: “Tratamos de que sean lo más amplias posible para que no engloben solamente a los centros culturales.” En este sentido, identifica cuatro puntos:
1- Las clausuras y habilitaciones: “Siguen clausurando los espacios cotidianamente y con una intención persecutoria. Por otro lado, no se termina de implementar la Ley de Centros Culturales lo que impide que éstos puedan habilitarse de manera definitiva bajo esta Ley.”
2- Las tarifas: “Se solicita desde hace mucho una tarifa diferenciada. Los tarifazos de luz, agua y gas, sumado a la crisis económica, hicieron que disminuya mucho la convocatoria. Hay espacios que están pagando sumas cada vez más elevadas por los servicios públicos.”
3- El presupuesto 2017 del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires: “Prácticamente no contempla los espacios culturales independientes y autogestionados. Existe una distribución inequitativa ya que más de la mitad del presupuesto se destina a los grandes espacios como el Teatro Colón, el Teatro San Martín, el Centro Cultural Recoleta; el resto va a lo que queda de la cultura de Buenos Aires.”
4- La renuncia de Darío Lopérfido a la Dirección del Teatro Colón: “No aceptamos, como Sociedad, a un funcionario negacionista”.
Intervención en contra del gobierno que no cumple con la ley de centros culturales, frente al centro cultural Recoleta. Los artistas realizaban sus actividades hasta que inspectores con la cara de funcionarios vinieron a ponerles cintas de prohibición.
Lucía Gerszonswit, de la organización Seamos Libres, asegura que las olas sistemáticas de clausura, sumadas a la necesidad de reconocimiento como Centros Culturales, fue lo que impulsó al Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA) -colectivo del que forma parte Seamos Libres- a presentar el proyecto de Ley de Centros Culturales. Esta normativa, que fue aprobada en forma definitiva en octubre de 2015, flexibiliza los requisitos de habilitación y funcionamiento para los pequeños centros autogestivos, evitando que sean tratados con los mismos requisitos que los grandes espacios comerciales. Define como Centro Cultural, en forma más flexible, al “espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que se realicen manifestaciones artísticas de cualquier tipología, que signifiquen espectáculos, funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras con participación directa o tácita de los intérpretes y/o asistentes”. La normativa les permite, así, evitar las clausuras por “desvirtuación de rubros” que es lo que ocurre bajo la figura de “teatros independientes”, en la que muchos se ubican y a la que no terminan de adecuarse. Sin embargo, en diálogo con ANCCOM, Gerszonswit señala que el trámite de habilitación definitiva es muy lento: “Lo que tenemos algunos espacios es la habilitación provisoria”. Por estas desinteligencias y trabas burocráticas este tipo de clausuras sigue teniendo lugar, así como también las clausuras por seguimiento del “Plan de Evacuación”: “El plan te pide una planta fija de ocho empleados -cinco titulares y tres suplentes a la hora de abrir el espacio-, si no, nunca vas a poder funcionar legalmente. Para los centros culturales independientes autogestivos eso es ridículo. Un centro cultural en el que participan hasta 70 personas, difícilmente pueda tener 8 trabajadores”.
Uno de los lugares que sufrió la clausura luego de aprobada la Ley fue Centro Cultural El Sótano, en el barrio de Paternal. Gaspar Badano, uno de sus miembros, afirma: “Contamos con visitas constantes de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que es el organismo que inspecciona que los espacios estén regularizados y cumplan las normas de seguridad. Pero hace un mes, en octubre, vinieron con la clara idea de cerrar, porque se supone que encontraron motivos de clausura, pero no nos dieron tiempo para subsanarlos. Dijeron que había gente bailando (que está prohibido en la Ley de Teatro Independiente), dijeron que había un matafuegos al que le faltaba una oblea, que el Plan de Evacuación (aunque provisorio) no era definitivo. Vinieron claramente con la idea de cancelar las actividades. Lo peor fue que estuvimos dos semanas cerrados y para un espacio como el nuestro, que es 100% autogestionado, en el que las actividades que hacemos son las que nos permiten pagar el alquiler, sueldos, comprar mercadería, la mitad del mes fue perdido. A un atropello, que ya se veía en el plano económico con el aumento de las tarifas y los impuestos, se suma este otro que ayuda poco a seguir fomentando la cultura en la ciudad de Buenos Aires”.
En una situación similar, el Centro Cultural El Surco -en el barrio de Boedo- se encuentra hace cuatro meses clausurado. Gonzalo Iñiguez, explica a ANCCOM: “Nosotros nunca nos acomodamos a la Ley de Teatros Independientes. Si bien varios centros estamos habilitados bajo esta figura, le estamos pidiendo una ley distinta. Por nuestra propia naturaleza caemos en la ilegalidad, ya que no nos contiene. Entonces nuestro reclamo es que cesen las clausuras hasta que se articule como corresponde la ley de centros culturales”. Y agrega: “Necesitamos poder hablar, además, de sobrefomento: ¿Por qué no hay presupuesto para la cultura en los territorios? ¿Por qué no están contempladas en el presupuesto del año que viene las asignaciones que tenían, por ejemplo, las escuelas del sur de la ciudad, si hay una suba del 27% en general para cultura? Todo queda para los megaeventos culturales, para la centralidad y para una élite artística que solamente pueden consumir unos pocos. Entonces, creo que está claro hacia dónde apunta la política cultural del Gobierno de la Ciudad. Nuestro reclamo, en ese sentido, es demostrar que somos un montón de centros culturales que venimos de distintas experiencias políticas, sociales y hasta comunicacionales. Demostrar que estamos unidos y que queremos una respuesta que pueda integrar lo que nos está pasando a todos juntos. No vamos a esperar a que sigan cerrando centros”.
Actualizada 01/12/2016
