Jun 21, 2019 | DDHH, Novedades
En la audiencia, se indagó sobre el secuestro de Héctor Ratto, empleado de la fábrica y sobreviviente de Campo de Mayo.
“Acá se juzgan genocidas”, dice una pintada sobre el pavimento en la entrada del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín donde se realiza el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. En la última jornada del tramo Mercedes Benz –la próxima semana comenzará a indagarse en otra parte de la causa– prestaron testimonio Ramón Germán Segovia, José Alberto Anta, Héctor José Leiss y Aldo René Segault, todos antiguos trabajadores de la automotriz alemana.
Fiscalía y querellas buscaron reconstruir puntualmente las circunstancias del secuestro de Héctor Aníbal Ratto, empleado de la fábrica y sobreviviente de Campo de Mayo, quien estaba citado para declarar en la audiencia pero avisó que, por razones de salud, recién podrá hacerlo a partir de julio.
De acuerdo al relato de sus compañeros, el 12 de agosto de 1977, alrededor de las 16, Ratto fue convocado a las oficinas del gerente de Producción, Juan Ronaldo Tasselkraut. “Le dijeron que lo llamaba la esposa por teléfono, algo un poco difícil porque en esa época comunicarse con Mercedes-Benz era imposible. Así que otro compañero se acercó a la portería para ver qué ocurría. A metros de la vigilancia se encontró con unos vehículos militares y patrulleros de la Policía. Entonces volvió y contó lo que pasaba para que no saliera, porque lo iban a llevar detenido”, precisó Segault.
La noticia circuló rápido en la planta de González Catán y todos los compañeros –que sabían que lo podían desaparecer– intentaron resistir. Frente a esto, la empresa intervino y se realizó una negociación en el despacho de Tasselkraut. “Lo que informaban los delegados [de SMATA] que salían de allí era que Tasselkraut le pedía a Ratto que se entregara y los compañeros que estaban con él pedían garantías. No sé con qué promesa o negociación, pero a Héctor Ratto se lo llevaron”, narró Segovia. “En esa oficina se firmó un acta donde se aclaraba cuál era el motivo de detención”, subrayó Segault. El documento, aseguró, fue ocultado por la compañía hasta 1985, cuando apareció publicado en el diario Clarín un día antes de que él declarara en el Juicio a las Juntas. “Averiguación de antecedentes”, era el motivo de detención.
Ratto fue liberado luego de 19 días en cautiverio. Contó a algunos de sus compañeros que lo habían llevado a Campo de Mayo. Su deterioro físico por los tormentos padecidos era evidente. “Me dijo que había quedado sordo de un oído por la picana o algo de eso que le habían hecho”, recordó José Anta. “Tenía una pierna y un brazo que no podía mover correctamente”, añadió a su turno Segault.
«Hasta el golpe militar no había la presencia de policías y de militares en la caseta de la entrada», declararon los testigos.
Las partes acusadoras también apuntaron sus preguntas para que los testigos puedan describir el ambiente de trabajo en la fábrica. “Compañeros con más antigüedad decían que hasta después del golpe militar no había la presencia de policías y de personal del Ejército en la caseta de la entrada. Nos bajaban del colectivo algunas veces y nos revisaban, nos pedían las credenciales. Intimidaban a los trabajadores, era continuo eso”, rememoró Héctor Leiss. “Yo nunca me topé con un infiltrado de las fuerzas –declaró Ramón Segovia–, pero nos cuidábamos. Era vox populi que había algunos entre los operarios. Una sola vez hubo un episodio de alguien que ingresaba en el turno noche, un hombre de treinta años, nuevo, no lo conocía nadie, pero trabajaba. Y se le cayó una pistola, aparentemente militar. Se puso muy nervioso. El comentario de esa noche era cómo había podido pasar la vigilancia. No vino más”.
Si bien al único que sacaron detenido de la fábrica fue a Ratto, hubo más empleados desaparecidos y sobre varios de ellos –Alberto Gigena y Fernando Del Conte, entre otros– indagó la Fiscalía. Mercedes Benz cooperó con los represores facilitándoles los legajos de los trabajadores que serían secuestrados, con sus domicilios incluidos. “Ellos tenían todos nuestros datos”, afirmó Segovia, quien al igual que los restantes testigos aseguró que no conocía la dirección de sus compañeros secuestrados.
Con casi nulas intervenciones de la Defensa de los 22 imputados –todos ex militares y policías y ningún directivo de la empresa–, la audiencia concluyó cerca del mediodía y con ella el tramo conocido como Mercedes Benz. En la próxima comenzarán las declaraciones testimoniales correspondientes a la causa N° 468, que abarca a víctimas de la zona Zárate-Campana que estuvieron detenidas-desaparecidas en Campo de Mayo.
Las audiencias se realizan todos los miércoles a las 9.30 en Pueyrredón 3728, San Martín, provincia de Buenos Aires. Los mayores de 18 años pueden presenciar el juicio presentando el DNI.
Jun 12, 2019 | DDHH, Novedades
El Campito fue el centro clandestino más letal de la última dictadura.
La bandera argentina flamea en lo alto del mástil. Los plátanos, con sus hojas anaranjadas por el otoño, flanquean la larguísima Avenida Ideoate, poblada a uno y otro lado de edificios castrenses. Ubicado en el partido de San Miguel, a 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Campo de Mayo abarca cinco mil hectáreas de terreno abierto. Aquí funcionaron, entre 1975 y 1983, cuatro centros clandestinos de detención, tortura y exterminio: El Campito, La Casita, la Cárcel y el Hospital Militar, en cuya maternidad clandestina dieron a luz unas 30 desaparecidas y sus hijos fueron robados. Algunos han recuperado su identidad pero la mayoría –hoy mujeres y hombres de cerca de 40 años– continúan siendo buscados por sus familias biológicas a través de Abuelas de Plaza de Mayo.
El Campito fue el centro clandestino más letal de la última dictadura. Sus estructuras lindaban con un pequeño aeropuerto de donde despegaban los “vuelos de la muerte”. Entre las miles de víctimas que pasaron por allí se cuentan sindicalistas ferroviarios, miembros de las comisiones internas de Ford y Mercedes Benz, dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) como Mario Santucho, de Montoneros como Miguel Lizaso y el escritor Héctor Oesterheld. Varios de estos casos forman parte del juicio oral y público por la megacausa Campo de Mayo. Sólo sobrevivieron 43 personas.
No es un día común en la base. La rutina de los militares se ve interrumpida por un grupito de civiles se agrupa bajo la luz de un radiante mediodía en las puertas del Polígono de Tiro, a unos 500 metros de lo que fue El Campito. Dos soldados, parados como estacas, miran de reojo a la gente reunida: sobrevivientes y familiares de las víctimas que quieren homenajear a sus seres queridos y un contingente de chicos de la Escuela Técnica Nº 2 de José C. Paz que se sumó a la visita.
Oscar Comba, sobreviviente del Campito. recordó sus días en el lugar ante la atenta mirada de un grupo de estudiantes secundarios.
Griselda Fernández es sobreviviente de El Campito. Vive en Uruguay. Nunca había vuelto a entrar a Campo de Mayo, donde también perdió a José, su compañero de vida. “Estoy movilizada y no puedo evitar pensar: ¿Por qué puerta habré entrado? O, ¿dónde me habrán hecho dormir?”, dice. A unos metros, Iris Pereyra de Avellaneda contempla el sitio donde estuvo desaparecida 15 días. La secuestraron junto a su hijo, Floreal “El Negrito” Avellaneda, de 14 años, que fue torturado y asesinado. “El lugar es tétrico, frío y horrible pero sirve para rememorar y homenajear a quienes ya no están. Son muchos años de lucha, nos costaron lágrimas de sangre llegar a donde estamos ahora”, reflexiona Iris. “Queremos que acá haya un espacio de memoria intangible”, afirma Alfredo Castro, detenido en El Campito entre abril y mayo de 1977.
Sin embargo, la preocupación principal de familiares y sobrevivientes es que no se pierdan las pruebas contra los represores. El 60 por ciento del predio todavía no ha sido explorado, un detalle que al Gobierno nacional le importa poco. El 16 de noviembre de 2018 el presidente Macri firmó el decreto que convierte el terreno en una “Reserva Natural”, la máscara para un meganegocio inmobiliario, ganándose el rechazo de los organismos de derechos humanos. El Ejecutivo volvió a la carga el 22 de mayo de este año con un nuevo decreto que facilita “la aprobación de construcciones en Parques Nacionales”. “Me genera mucha indignación e impotencia”, sostiene Griselda Fernández, “es increíble que quieran construir un parque en un lugar donde no se han permitido excavaciones. No sabemos si nuestros compañeros están enterrados acá. Me parece un acto de inhumanidad impresionante”.
Seis días después del último decreto, en una audiencia del juicio “Contraofensiva Montonera”, el ex cabo primero Nelson González, citado como testigo, relató pormenorizadamente el fusilamiento y la cremación de cuatro detenidos en Campo de Mayo. Dos de ellos fueron identificados, Marcos “Pato” Zuker y Federico Frías. González aseguró que “cuatro mil personas fueron arrojadas al mar”. “Quedamos conmovidos por esta declaración. Es la puerta a que se abran nuevos testimonios”, expresa Iris Pereyra de Avellaneda mientras mira a la distancia.
Floreal «El Negrito» Avellaneda fue uno de los asesinados en El Campito. Tenía solo 15 años.
Miembros de la Comisión de Sobrevivientes y Familiares de Campo de Mayo dan inicio formal a la caminata hacia al centro de detención y exterminio y guían al resto bajo la sombra de casuarinas y eucaliptos. El terreno es blando y cruje a cada paso. A los costados del camino un par de uniformados con ametralladoras custodian la visita. La única construcción visible del Campito es un abandonado edificio de mampostería donde funcionaban oficinas administrativas, salas de tortura y la recepción de los detenidos. Antiguamente había otras estructuras en pie: en el Pabellón 3, las caballerizas, donde hubo secuestrados en condiciones muy precarias; y en el Pabellón 1, una edificación donde permanecían cautivos los enfermos, ancianos y embarazadas, quienes estaban obligados a realizar el trabajo de mantenimiento del centro clandestino. El lugar tenía capacidad para 200 detenidos al mismo tiempo.
Con el propósito de borrar los terribles actos cometidos, el Ejército destruyó en 1982 el grueso de las instalaciones. Pero gracias a la memoria del militante montonero Juan Carlos “Cacho” Scarpati, quien estuvo detenido allí seis meses en 1977 y logró escapar, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudo hallar los cimientos, luego de múltiples excavaciones.
Durante la visita, el sobreviviente Oscar Vladimir Comba señala las fosas hechas por el EAAF y cuenta su experiencia ante la atenta escucha de los estudiantes de secundaria. El diputado y nieto restituido Horacio Pietragalla Corti, también presente, subraya: “Vamos a realizar distintas acciones judiciales para que permanezca intacto. Hay que recuperarlo como sitio de memoria y lograr que el EAAF haga un rastrillaje en toda la zona para reafirmar las pruebas bajo tierra de los cimientos y que se descarte que aquí están nuestros seres queridos”. Y agrega: “Acá tienen que venir los ingresantes del Ejército y las fuerzas de seguridad. El Campito no debe ser un lugar solo de las víctimas. Toda la sociedad debe conocer esta historia. Porque al desconocer lo sucedido, podríamos cometer el mismo error”.
Los familiares de las víctimas se oponen al emprendimiento inmobiliario que el gobierno quiere desarrollar en el lugar.
Hacia el final del recorrido, frente al único edificio del Campito, toman la palabra los sobrevivientes Alfredo Castro, Roberto Landaburu y Julio D’Alessandro. Landaburu, inspirándose en “Vidala de un nombrador” de Jaime Dávalos, dice: “Con la humildad de este entorno quiero nombrar a mis compañeros. Porque sé que si los nombro, los traigo. Y si los traigo, es algo que me hace bien”. Y recita los nombres de sus amigos desaparecidos, y ante cada uno se grita bien fuerte “¡Presente!” y sus ojos ceden a las lágrimas. “En el momento que los estoy nombrando, los estoy viendo acá, conmigo”, manifiesta conmovido. Los aplausos llenan el silencio y se arma un improvisado show musical con canciones de Mercedes Sosa y Carlos Puebla, mientras los asistentes se dispersan. Cada pisada queda marcada en las hojas como una huella de tristeza.
Jun 6, 2019 | DDHH, Novedades
Desde la primera audiencia del juicio, los familiares de las víctimas llenan la sala a la espera de justicia.
“Estaba haciendo el servicio militar a los dieciocho años cuando me secuestraron y me llevaron a Campo de Mayo”, relató Jorge Omar Sosa, el primer testigo de la sexta audiencia de la megacausa que investiga los crímenes cometidos en ese Centro Clandestino de Detención y Exterminio, que se encuentra tramitando los casos de los obreros secuestrados y desaparecidos de Mercedes Benz. “Me pusieron una venda y me metieron en un calabozo. Me di cuenta de que estábamos ahí porque tenía una novia en Don Torcuato y conocía el sonido del tren. Se escuchaba cerca”, recordó.
La historia parece repetirse en un sin fin de casos similares: su hermano había sido detenido y nadie sabía nada de él. Una tarde golpearon la puerta y la tiraron a abajo. Era gente de civil y del Ejército. Los insultaron mientras preguntaban por su hermano. “Nos pusieron revólveres en la cabeza y me decían que se iban a llevar a mi mamá y a mí, que iba a estar desaparecido, así de una”, contó. Su mamá estuvo secuestrada y escuchaba la voz de su hijo mayor, al lado, diciéndole que tenía miedo. “Ella decía que era como si se escuchara una grabación, no como si fuera él. La torturaban psicológicamente”, rememoró.
Uno de los días de su detención, vio bajar de un camión a varias personas. Entre golpes y gritos los escuchó decir que eran delegados y secretarios de Mercedes Benz. “Uno se quiso escapar y le tiraron un perro para que lo mordiera. Nunca supe si falleció o si lo llevaron al hospital de Campo de Mayo”, declaró conmocionado. Además de confirmar la presencia de obreros de la fábrica automotriz, también aseguró que varios “vuelos de la muerte” salieron del predio. “Cuando me hacían limpiar los calabozos, veía unos tubitos con un líquido rojo. Eran para dormir a los que llevaban a los aviones”, sostuvo mirando al juez. “Sabía eso porque escuchaba las hélices y vi muchos tambores azules, los que se usaban en la construcción y con los que tiraban a la gente”, añadió.
En la sexta audiencia del juicio, los testigos revelaron la complicidad de la empresa Mercedez Benz con la última dictadura.
La segunda en declarar fue Hilda Fernández que se desempeñó como secretaria del ex director de Asuntos Jurídicos de Mercedes Benz, Rubén Pablo Cuevas, durante la dictadura militar. “La empresa siempre tuvo contacto con el Ejército”, explicó, mencionando que tenían acuerdos comerciales tanto con las Fuerzas Armadas argentinas como con los de otros países. “No veía usualmente militares en la fábrica. Una mañana vi a un general que estaba al frente del Regimiento 602. Se llamaba Balín y había ido a ver a Cuevas”, agregó haciendo referencia a su jefe.
Las preguntas de la querella, compuesta por Pablo Llonto, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Abuelas de Plaza de Mayo y las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia, buscaban reconstruir los secuestros a los obreros de la fábrica y las tensiones que se crearon entre los trabajadores y los altos mandos de la empresa. “Más tarde me enteré que habían desaparecido a los de la comisión interna”, agregó Hilda Fernández. En la misma línea, Rubén Aguilar, ex delegado negociador del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), declaró que varios años después otros compañeros le contaron sobre la desaparición de trabajadores. “Secuestraron a los de la comisión interna; a los delegados. Descabezaron a toda la actividad sindical”, cerró.
El último testigo fue Hugo Corsatto, trabajador de Mercedes Benz desde 1971 a 1976. “Había un clima de malestar al interior de la fábrica por el tema de los salarios”, describió. Las tensiones entre los obreros y los empresarios iban en aumento durante los años previos de la dictadura. “En el 74 ya estaban haciendo listas de trabajadores que querían sacarse de encima. Yo pude rescatar una de la oficina de mi jefe de sector”, mencionó y entregó como evidencia una fotocopia con nombres escritos a mano. “Las empresas ya estaban preparando el golpe desde mucho antes. Yo me salvé porque visibilicé la lista al interior de la fábrica”, agregó.
Mientras los conflictos iban en aumento, la participación de los cargos jerárquicos aportando nombres a los militares para la desaparición de personas se hacía más evidente. “En abril del 76 se llevaron a un compañero. Entraron, preguntaron por él y lo fueron a buscar”, dijo Corsatto, remarcando su desconcierto ante la situación porque no había manera de que los militares supieran en qué sección estaban. “Recuperó su libertad. Y lo curioso es que cuando llegó a la casa, tenía un telegrama de la empresa del día anterior donde le decían que por lo que le había pasado, le daban quince días de licencia”, remató con ironía.
Entre las declaraciones de los diferentes testigos, las preguntas de la querella y las objeciones de la defensa, hubo un cuarto intermedio para debatir una oposición de Juan Carlos Tripaldi, abogado de varios acusados en la causa. La estrategia de la defensa se entretejió con el entorpecimiento a las preguntas de la querella. Sin embargo, el debate abrió nuevas aristas para seguir investigando las causas y la participación de la empresa Mercedes Benz con el terrorismo de Estado. “Fue importante porque los testigos confirman la participación de los cargos jerárquicos en la desaparición de trabajadores al apuntar nombres de los militantes más sindicalizados y con conciencia de clase que los molestaban”, remarcó Pablo Llonto, abogado especialista en derechos humanos. “Aunque acá sólo se juzga la responsabilidad de los militares, es necesario entender lo previo para explicar el odio y la voluntad represiva contra el sector de la clase trabajadora que luchaba con dignidad y honestidad por los derechos de los laburantes”, cierra.
¨Para la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Carolina Villella, “fue muy ilustrativo en cuanto a la conflictividad que había en la empresa por la participación que tenían los trabajadores en la actividad sindical”.
May 16, 2019 | DDHH, Novedades
Los acusados apelaron a su edad y sus enfermedades, para tratar de conmover al Tribunal.
“Sólo me resta pedirle al Señor que preside esta asamblea desde lo alto, que ilumine con la luz de su verdad a sus señorías para que puedan aplicar la justicia verdadera con mayúscula”, exclamó Luís Del Valle Arce, imputado por 23 crímenes de lesa humanidad vinculados al centro de detención clandestino Campo de Mayo. El debate oral y público, celebrado en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín, abrió con la declaración del acusado, leída como una proclama. Caminó con su bastón hasta el estrado y rechazó responder preguntas. Su defensa se sostuvo en la imposibilidad de haber cometido los delitos porque tenía licencia y vacacionaba en Santiago del Estero: “Difícilmente podría haber estado en Campo de Mayo al mismo tiempo», declaró.
La megacausa se inició con el caso Mercedez Benz que agrupa diferentes secuestros a obreros de la fábrica entre 1976 y 1978. La querella está compuesta por Pablo Llonto, abogado y periodista especializado en juicios de lesa humanidad y el Centro de Estudios Legales y Sociales. También querellan Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia, involucrados también con las causas denominadas Colegio Militar, Ferroviarios y Área 400.
Las estrategias discursivas estuvieron a la orden del día, pero la apelación a la emotividad latía debajo de cada palabra. “Hoy, con noventa años y a más de cuarenta de los supuestos hechos, con enfermedades crónicas y propias de la edad, soy privado de la libertad sin juicio previo”, sostuvo Arce, con la voz quebrada y una mano aferrada a su bastón. Carlos Villanova, acusado de 70 casos de secuestro, tortura y homicidio, se comunicó con el tribunal por videoconferencia desde Córdoba donde está en prisión domiciliaria. “Tengo dos caminos: o me defiendo y demuestro que todo esto es falso, y en eso se me puede ir la vida; o me apego a ella y resguardo la poca salud que tengo”, comentó.
En la próxima audiencia comenzarán las declaraciones testimoniales.
Ramón Vito Cabrera, imputado por tres hechos ocurridos en 1976, aceptó responder preguntas solamente de la defensa y fue su abogado, Juan Carlos Tripaldi, el que guió su declaración. “Tenía encargada la seguridad exterior e interior y el control interno del personal de la fábrica militar de Tolueno, Campana”, dijo y aseguró que no tenía tiempo para salir del predio e ir al Mercedes Benz. “Patrullábamos para que no ocurrieran incidentes o actos delictivos”, respondió cuando Tripaldi le pidió que aclarara cuáles eran las tareas que hacía en Tolueno, y agregó: “Nunca se detuvo a nadie en los doce días que estuve y gracias a Dios, no tuvimos problemas con el enemigo subversivo”.
La victimización, las enfermedades y la edad se entretejían con el discurso de la “guerra interna” que justificaba cualquier acción. “Una de las formas de realizar una operación ofensiva es aniquilar las fuerzas enemigas y privarlas de los recursos necesarios”, explicó Cabrera con sus libros de estrategia militar en la mano y mirando siempre a su abogado. “Éste aspecto era el que yo cumplía: les prohibía que accedieran a las instalaciones de la fábrica, donde estaba el combustible y los explosivos, porque podrían dañar a la ciudad y al país”, cerró.
En el público estaban familiares de víctimas desaparecidas, miembros de organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo y un colegio secundario de la zona que fue a presenciar la audiencia bajo el programa “la escuela va a los juicios”. Durante la larga espera hasta que iniciara el debate, los chicos conversaron con diferentes personas ligadas a la causa, llenos de preguntas e ilusiones. Algunos querían ser abogados, otros se interesaban por lo social. Cuchicheaban sentados frente al tribunal y se explicaban mutuamente el funcionamiento del sistema judicial. “Las palabras de los testigos y sobrevivientes construyen un relato que muchas veces nos guió a encontrar nietos e hijos expropiados o reconstruir historias”, les explicó Gabriel Abinet, tío de la nieta restituida Elena Gallinari Abinet. Ante el voto de silencio de los militares, la memoria, la verdad y la justicia se alzan con mayúsculas.
Abr 30, 2019 | DDHH, Novedades
Más de 750 testigos declararán en el juicio oral y público que investiga los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Campo de Mayo.
“Desde que se empezaron a desarrollar estos juicios sentimos una reparación. Más allá de las condenas, desnudan las verdades, y clarificar lo que pasó, Permite dejarle a las futuras generaciones nuestra verdadera historia”, afirmó conmovida María del Carmen Pérez, quien estuvo secuestrada en Campo de Mayo en 1977, tras la finalización de la primera audiencia. Ella, como todo el público que llenó la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín, permaneció en completo silencio escuchando los requerimientos de elevación a la instancia oral que relataban situaciones aterradoras y escalofriantes.
El tribunal, que deberá presenciar la declaración de unos 750 testigos, está conformado por Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nadia Flores Vega. En la causa se investiga lo acontecido con 323 víctimas de múltiples violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado Nacional entre 1976 y 1978. Se indagará en las desapariciones de trabajadores ferroviarios de las líneas Mitre y Belgrano; de miembros de las comisiones internas de la automotriz Mercedes Benz; de víctimas provenientes del Colegio Militar, y de agrupaciones como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Todas pasaron la Zona de Defensa IV, ubicada dentro del centro de detención y exterminio más grande del país, Campo de Mayo.
De los 22 imputados, 13 hasta ahora no fueron condenados por su participación en la última dictadura cívico-militar.
Son 22 imputados, todos ex integrantes del Ejército, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, y 13 de ellos no tienen condenas previas por delitos de lesa humanidad. Para que esto sea posible resultaron clave los testimonios de sobrevivientes de Campo de Mayo que recordaban los apodos de sus secuestradores, y luego de un largo trabajo de investigación se pudo identificar a cada uno de ellos.
Un ejemplo es Carlos Villanova, policía retirado que fue detenido en 2014. El alias de Villanova era “Gordo 1”. El de otro acusado, Julio Fusco, detenido en 2015, era “Pajarito”. Benito Omaecheverría, ex jefe del Departamento Personal del Comando de Institutos Militares, Miguel Ángel Conde, Francisco Agostino, Luis Del Valle Arce y Mario Domínguez completan la lista de quienes por primera vez deben comparecer ante la justicia.
Lorena Battistiol, hija de Juana Colayago y el ferroviario Egidio Battistiol, ambos desaparecidos, y que aún busca a un hermano o hermana nacido en cautiverio, sostuvo: “Les vamos a reclamar [a los imputados] que nos digan dónde están y qué hicieron con nuestros familiares para poder seguir con el camino de memoria, verdad y justicia que iniciaron las Madres y las Abuelas”. “Era impensado esperar tantos años para llegar a este juicio”, agregó, en referencia a las sucesivas postergaciones, la última hace seis meses.
Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo –una de las partes querellantes junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia y el abogado Pablo Llonto–, argumentó que esta demora se debió a cuestiones de la burocracia judicial: “Este tribunal tuvo dificultades para conformarse porque pasó mucho tiempo sin tener la cantidad de jueces necesarios para un juicio de estas características. Otro factor fue la complejidad de la etapa de investigación. A lo largo de la causa se iban haciendo elevaciones parciales que quedaban en lista de espera, a la expectativa de acumular información hasta que sea factible la celebración de un juicio único”.
En el juicio se investigarán los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 323 víctimas.
En Campo de Mayo funcionaron, entre 1976 y 1983, cuatro centros clandestinos por donde pasaron más de cinco mil detenidos: El Campito, La Casita, el Hospital Militar y la Cárcel. Además, la maternidad clandestina fue central dentro del predio, donde aproximadamente treinta mujeres secuestradas dieron a luz a niños que posteriormente fueron apropiados y que hoy, la mayoría, siguen siendo buscados por sus familias biológicas. Y desde la base frecuentemente despegaban los “vuelos de la muerte”, una de las formas de exterminio practicadas por el terrorismo de Estado.
El 15 de noviembre del 2018, por un decreto presidencial firmado por Mauricio Macri, Campo de Mayo fue declarado “Reserva Natural”. Al respecto, Battistiol opinó: “El Estado Nacional hizo las cosas al revés, sin contemplar que tal vez, debajo de lo que quieren convertir en reserva, puedan estar los cuerpos de nuestros familiares. Varios testimonios hablan que allí hubo enterramientos. Por eso primero queremos que se resuelvan las investigaciones y después pensar qué se puede hacer con este espacio”.
Según Villella, la conversión de Campo de Mayo en un parque ecológico no cambia las investigaciones ya que rige una medida cautelar para la preservación de los sitios de memoria dentro del predio. No obstante, afirmó que hay que estar alerta “para que no haya ninguna modificación que perjudique la búsqueda de la verdad”.
Las audiencias se realizan todos los miércoles a las 9.30 en Pueyrredón 3728, San Martín, provincia de Buenos Aires. Los mayores de 18 años pueden presenciar el juicio presentando el DNI.
