Las manos sobre la ciudad

Las manos sobre la ciudad

En la Ciudad de Buenos Aires, el patrimonio histórico se vende al mejor postor. Edificios coloniales, neocoloniales y neoclásicos, art decó y art nouveau, con figuras ornamentales, monumentos y farolas, empedrados y árboles añosos que favorecen la absorción de agua, todo el eclecticismo arquitectónico que combina elementos de épocas diversas e identifica a los distintos barrios porteños, son intervenidos, mutilados y destruidos. Para “la inmobiliaria de Larreta”, el negocio es prioridad.

«La calidad del aire está empeorando», afirma María Neira, directora del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según la especialista, «los niveles de contaminación del aire suelen ser bajos en las ciudades bien planificadas que cuentan con buenos sistemas de transporte, calles transitables por peatones y amplios espacios verdes que lo purifican». El hormigón y el asfalto no ayudan.

Recursos no renovables y un patrimonio irrecuperable pasan del deterioro a la destrucción bajo el impulso de una gestión centrada en el desarrollo inmobiliario, un mercado multimillonario que confirma, negocio tras negocio, el vínculo entre el oficialismo porteño y los grupos de inversión. Prueba de ello es el proyecto de privatización de Costanera Norte para la construcción de inmuebles de lujo, por ahora frenado por un fallo judicial luego del rechazo unánime y las movilizaciones de la ciudadanía y las organizaciones sociales.

Basta de Demoler, asociación que defiende el patrimonio arquitectónico, solicitó a la Jefatura de Gabinete y a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el listado de inmuebles resguardados en el marco de la Ley N° 3056 así como los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo porteño y su vigencia, para la efectiva protección patrimonial de 18.195 edificios históricos. Los pedidos de información fueron dirigidos al vicepresidente primero de la Legislatura, Agustín Forchieri, a Victoria Roldán Méndez, María Cecilia Ferrero y Roy Cortina, que encabezan las comisiones de Planeamiento Urbano, de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico y de Cultura respectivamente. El principal responsable de garantizar la normativa es el bloque oficialista de Vamos Juntos, que cuenta con mayoría y aprueba los proyectos pro mercado inmobiliario que presenta Rodríguez Larreta. Por caso, la construcción de hasta 11 torres en el pulmón verde conocido como La Isla de La Paternal, votado en 2019 y resistido desde entonces por la comunidad vecinal.

Carlos Gardel 3157. Ciudad de Buenos Aires

Frente a la petición, la Comisión de Planeamiento giró datos sobre los expedientes ingresados entre 2009 y 2017 para la catalogación de inmuebles. De 30 legajos, 12 de ellos han caducado y 17 sí fueron sancionados para catalogar como inmuebles pasibles de protección cautelar y estructural, pero también para descatalogar otros de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano vigente. Su última reforma, realizada en 2020, habilita diversos grados de intervención en los edificios según el tipo de protección y establece que no se podrán catalogar los ubicados en vías sujetas a ensanche o apertura.

Cuando se demuele y se planifica una nueva construcción, ¿se contempla la infraestructura disponible, las necesidades del lugar de emplazamiento, los espacios verdes de los que dispone la población? Los y las legisladoras no dan respuestas. Roldán Méndez en un principio aceptó contestar las preguntas de ANCCOM, pero más tarde se desdijo. La comisión que preside dictamina sobre todo asunto o proyecto vinculado con el Código de Planeamiento, la zonificación urbana, la preservación del patrimonio, el planeamiento participativo, la fiscalización de obras particulares, el catastro, el Código de Edificación y el Plan Urbano Ambiental.

La Comisión de Patrimonio respondió a Basta de Demoler que sólo se han catalogado de forma definitiva los inmuebles de las Comunas 1 y 2, en tanto que de la 3 a la 15 únicamente el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales ha realizado una evaluación. La Jefatura de Gabinete detalló los proyectos aprobados entre 2008 y 2014, empero, de los casos elevados catalogaron menos inmuebles. Por ejemplo, de un proyecto que incluía 507 edificios, la Ciudad catalogó sólo 395 con la justificación de que algunos ya lo estaban, aunque admiten que otros se desestimaron.

De los más de 140 mil inmuebles relevados por un convenio entre la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA y el Ministerio de Desarrollo Urbano, de los cuales la DGIUR seleccionó 18.195, sólo catalogaron por ley los de las Comunas 1 y 2, tal como informó la comisión que preside la legisladora Ferrero. Sobre el resto, aducen que fueron incorporados al catálogo “mediante varias resoluciones”, pero aclaran: “El estado de tramitación administrativa de dichos inmuebles es variable y dinámico, ya que pueden estar catalogados ‘en firme’ mediante la sanción de una ley, o bien, encontrarse en alguna de las distintas instancias administrativas previas, en cuyo caso aún la protección patrimonial está en trámite”.

Desde la Jefatura de Gabinete afirmaron que en su base de datos ya no cuentan con la cifra original a ser protegida. Hoy tienen registrados 16.831 inmuebles tanto de Áreas de Protección Histórica como singulares. Es decir que 1.364 edificios de valor patrimonial anteriores a 1941 ya no figuran siquiera para ser conservados.

Como consecuencia de la defensa activa que vecinos y vecinas hacen de su entorno, la Comisión de Patrimonio produjo un resumen del universo de inmuebles protegidos a partir del análisis del sitio web “Base Área de Protección Histórica”. Allí aparecen 151.512 edificaciones, desde parroquias hasta estaciones de tren, de las cuales 134.175 categorizan su protección como desestimada. Es decir que casi el 90 por ciento no cuentan con ninguna protección y de las 17.337 restantes que sí tienen, 4.171 figuran en el Catálogo Preventivo. Sobre esos edificios quedan permitidas las obras e intervenciones y si el proyecto de ley pierde estado parlamentario, la catalogación queda sin efecto.

 

Millones de dólares

Pero, ¿cuánto valen estos inmuebles vendidos como lotes vacíos? ¿Cuánto se gana demoliendo? Recientemente, la diputada nacional Paula Penacca, la legisladora porteña Lorena Pokoik, el miembro de la Junta Comunal 15 Leonardo Lucchese y la Asociación Civil Abogados para el Desarrollo Comunitario (ADEC), denunciaron judicialmente el remate de un edificio público en Villa Crespo, que fue frenado por una medida cautelar. Construido antes de 1941, formó parte del inventario patrimonial pero fue desestimado y hoy cualquiera puede observar cómo arrasaron con su estructura. Declarado ocioso, aunque allí funciona una base operativa del Ministerio de Seguridad porteño, el Gobierno de la Ciudad pretendía rematarlo, pese a que la comunidad del barrio había propuesto la construcción en ese espacio de un jardín maternal. Ignorando este reclamo que viene de 2012 e incluyó la presentación de proyectos de ley al respecto, el Ejecutivo de Rodríguez Larreta insiste en subastarlo a un precio base de 2,8 millones de dólares, una cifra que para un emprendimiento inmobiliario podría ascender a 29 millones como resultado de la inversión, según afirmaron en la denuncia.

El destino de la Casa Pantano ilustra la deriva del patrimonio porteño. A metros del histórico Mercado de Abasto, desde los 90 un centro comercial, figura en la base de datos del GCBA con “Protección Cautelar en Catálogo Preventivo”. En una foto del registro oficial tomada en 2005 se lo ve con su fachada aparentemente original, pero en estado de deterioro y con unos puntales improvisados sobre los balcones a punto de caerse. Una captura de imágenes posterior de Google Maps, de febrero de 2019, muestra algunas transformaciones que parecieron recuperarlo, pero ya aparece el cartel del desarrollo que se avecinaba. Hoy el emprendimiento está publicado en ZonaProp bajo el nombre Palacio Carlos Gardel, en etapa de construcción, con altura en siete pisos, igualando la de los edificios vecinos. Se trata de 22 unidades que pueden llegar a costar desde 80 mil hasta 165 mil dólares.

En una reunión con legisladoras de la oposición, el colaborador de Basta de Demoler Mauro Sbarbati remarcó la necesidad de revisar y auditar los documentos en respuesta al pedido de información por las incongruencias que presentan. En 2014, el GCBA demandó a la organización por 24 millones de pesos luego de que presentara un amparo que detuvo las obras de la Plaza Alvear relacionadas con el trazado de una nueva estación del subte. Con este antecedente, Basta de Demoler busca hacerse oír sin amedrentamientos y apoya una campaña para expropiar dos lotes del centro para hacer plazas. “En ambos casos la justicia nos dio la razón. Como el ‘Plan Ciudad Verde’ que firman para comprometerse a luchar contra el cambio climático tiene contemplada la construcción de 78 nuevas plazas para enfrentar el déficit de espacios verdes, pedimos que esos dos lotes, el de al lado de Santa Catalina de Siena y el de la Casa Benoit, sean protegidos”, afirma Sbarbati.

La Casa Benoit comprendía dos edificios, uno de ellos demolido en 1978 y el otro ilegalmente en 2008, ya que tenía protección cautelar, situación que dejó ese lote privado inhabilitado por diez años y donde, junto a otro lindero de uso público, ha funcionado un estacionamiento. En 2018, vecinos y vecinas de San Telmo y Monserrat integrantes de Casco Histórico Protege presentaron el proyecto de ley para que sea una realidad la plaza Benoit en la esquina de Avenida Independencia y Bolívar. Aunque perdió estado parlamentario en 2020, volvió a presentarse con la solicitud de declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los lotes y con la propuesta de conformar una mesa de trabajo para el diseño y gestión del futuro espacio. El objetivo es restaurar simbólicamente el patrimonio tangible irrecuperable que significó la Casa de los arquitectos Benoit y convertirlo en un sitio de esparcimiento público en una zona con uno de los peores índices de la ciudad en cobertura vegetal y arbolado, según sostienen desde Basta de Demoler.

En el barrio de Retiro, con una arquitectura de la época colonial, se encuentra el Monasterio de Santa Catalina de Siena, fundado en 1745, cuya manzana fue declarada Área de Protección Histórica al mismo tiempo que el GCBA autorizaba la construcción de una torre de 18 pisos en el terreno lindante, lo cual ponía en riesgo el conjunto y su entorno. Basta de Demoler presentó un amparo y, en 2016, luego de cinco años de disputa legal, el Poder Judicial declaró nulo el permiso de edificación por considerar que se omitieron las instancias de consulta previstas y destacando el daño irreversible que la obra produciría en el Monasterio, proclamado Monumento Histórico Nacional a mediados del siglo pasado. En ese lote, Basta de Demoler propone crear una plaza forestada que brinde un pulmón verde en los alrededores del corredor histórico, donde el porcentaje de espacios verdes es muy bajo.

 

“No se recupera más”

En la intersección de Defensa y Avenida Brasil, el adoquinado característico y las vías del tranvía fueron extraídos y reemplazados por asfalto en 2018. Esta práctica se observa año tras año. A fines de abril, miembros de la Junta Comunal N° 6 denunciaron la extracción del granito original en zonas aledañas a instituciones educativas y hogares de adultos mayores. Solicitaron al secretario general de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural, Ricardo Pinal Villanueva, y al director del Ente de Mantenimiento Urbano, Gastón Celerier, cuidar el patrimonio de la ciudad y participar como Comuna en la definición del catálogo de calles con adoquinado granítico, consideradas Patrimonio Cultural de los espacios públicos, de acuerdo a la Ley 4806.

Casco Histórico Protege denuncia la reciente nivelación de la calle Defensa entre Plaza de Mayo y Moreno, con la consecuente pérdida del adoquinado característico en un Área de Protección Histórica. Paradójicamente, esta obra de 39 millones de pesos se realiza en el marco del Plan Integral de Puesta en Valor del Casco Histórico y del Plan 50 Destinos que tiene a cargo la renovación del Museo de la Ciudad con fondos de Nación. Integrantes de la organización de vecinos comentan que la última obra en la zona fue en 2008, donde se levantaron los adoquinados y se hizo a nuevo la losa de hormigón y el sistema de drenaje. ¿Cómo se explica la poca duración del readoquinado? Según ellos, no hay criterios de sustentabilidad y se impermeabiliza por completo la superficie, así como tampoco se respetan los lineamientos del Plan de Manejo del Casco Histórico.

Esta asociación, que trabajan desde hace tiempo, se consolidó en 2018 con el reclamo por la construcción del edificio Astor San Telmo que violaba la normativa vigente del Casco Histórico con respecto a las alturas. Luego del amparo que presentó, junto con Basta de Demoler y el Observatorio del Derecho a la Ciudad para detener la obra, obtuvieron un fallo positivo que les dio la razón, dispuso la paralización y ordenó reformular el proyecto edilicio. “Continuamente hay una flexibilización de los controles y un cambio en la normativa que va favoreciendo las construcciones, demoliendo o quitándole el carácter patrimonial a los edificios”, explican desde el colectivo. Y sobre los adoquines, señalan: “La problemática en los barrios y en el Casco Histórico es diferente, la lucha en los barrios es para que no los tapen con asfalto. Acá están haciendo un proceso de readoquinado o, en el caso de la nivelación, el reemplazo de adoquinado por granitullo. Lo que sucede es que todos los trabajos son defectuosos y al poco tiempo se terminan rompiendo. Hay adoquinados centenarios que, si bien gastados, están perfectos”.

Para Casco Histórico Protege, el desconocimiento de lo que implica el patrimonio y las decisiones arbitrarias que niegan la historia de los barrios sólo se explican por la especulación inmobiliaria y resultan en hechos irreversibles. El Plan de Manejo del Casco Histórico, cuyo propósito es revalorizar el patrimonio construido, tiene una actualización de 2015 –que sigue vigente– en la que se explican con claridad estas cuestiones. Sin embargo, desde la agrupación denuncian que ese documento ha sido borrado de todo registro oficial. “Llegan funcionarios nuevos y a criterio de cada uno van modificando, haciendo y deshaciendo. Ellos pasan, pero el Casco Histórico queda. El patrimonio que se pierde no se recupera más. Le damos la bienvenida a los cambios, porque todo es dinámico, no queremos que el barrio quede como un museo congelado, hay muchas cosas por hacer, pero que vayan con su carácter y su esencia”, reclaman.

“El Código Urbanístico está cada vez más a favor de la especulación inmobiliaria”

“El Código Urbanístico está cada vez más a favor de la especulación inmobiliaria”

La histórica esquina porteña de Córdoba y Dorrego, a punto de ser demolida.

Basta de Demoler es una organización no gubernamental que se formó en el año 2007 como iniciativa de vecinos y vecinas que vieron cambiar sus barrios, con el objetivo de defender la conservación del patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires, recurso no renovable en peligro de extinción. Frente a la ausencia de políticas públicas y al deterioro o demolición del patrimonio tangible e intangible, surge la asociación que busca crear un nexo entre la sociedad y ocupar ese lugar donde el Estado está ausente, ya que no sólo no resuelve la problemática sino que empeora la vida de la población en pos de defender otros intereses. Para organizar los reclamos a fin de que sean puestos en agenda, la ONG difunde los casos de edificaciones que están en riesgo de demolición –o que ya se han perdido- y promueve acciones de amparo para evitar la destrucción.

Mientras la definición de Código Urbanístico explica que “permite diseñar una ciudad a escala humana, donde el vecino sea el principal beneficiario de todas las transformaciones de Buenos Aires” y que busca cuidar el patrimonio histórico, en la práctica esta regulación se ajusta, en verdad, a la medida del mercado inmobiliario.

En el barrio de Palermo Chico, por ejemplo, un proyecto inmobiliario amenaza tres casonas del Área de Protección Histórica, donde se otorgó un permiso de manera irregular para construir una altura que casi duplica la permitida, de volúmenes no habilitados, con la unificación de lotes y superficies a construir que superan lo autorizado por la normativa e incluso no se informó a la comunidad vecinal de esta situación. 

La Ley 3056 que establece el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP) sobrevive como una prórroga hecha por vía judicial ya que se sancionó con fecha de caducidad. Los reclamos públicos y las acciones de amparo de las asociaciones vecinales hicieron posible mantener la vigencia de esta ley que protege de la demolición los inmuebles de propiedad pública o privada que estén inventariados como “Edificios Representativos”, y registrados o construidos antes del 31 de diciembre de 1941.

La Ciudad de Buenos Aires solo tiene 18.195 edificios protegidos, construidos antes de 1941.

En el año 2011, la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires suscribieron a un convenio con el fin de definir un inventario de edificios de valor patrimonial anteriores a 1941. De los 140.527 inmuebles relevados sólo 18.195 fueron incorporados como inmuebles protegidos por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), organismo que actúa como filtro y elige que edificio van a proteger y cual no. Mauro Sbarbati, arquitecto y miembro de Basta de Demoler, explica que además del bajo porcentaje que se propone proteger, la situación es más compleja ya que nunca enviaron al Poder Llegislativo estos proyectos de ley para que sean tratados. Es la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña la encargada de trabajar sobre ese registro de edificios para sancionar una ley que establezca el Catálogo de Edificios Protegidos de la Ciudad.

Para Sbarbati se trata más de una estrategia de greenwashing que de una verdadera política por la preservación del patrimonio. En comparación con otras ciudades, el porcentaje elegido por el Consejo Asesor es muy bajo y la demolición está a la vista en cada barrio de la ciudad, seguida de la construcción de edificios altos que cambian la escala de la ciudad, impactan sobre la habitabilidad y no la hacen más sostenible, ni social ni ecológicamente. La construcción ilimitada de edificaciones de siete pisos en calles comunes y de doce en las avenidas, afecta la calidad de vida. “La luz y el sol parecen una cuestión abstracta pero después de la pandemia te das cuenta que vivimos como en un zoológico”, afirma Sbarbati.

El Código Urbanístico privilegia la mayor capacidad constructiva. “Lo que más estamos discutiendo es que en realidad cada vez que modifican el Código, el tema del patrimonio va perdiendo potencia y se va flexibilizando la defensa sobre los edificios y las áreas de protección histórica. Antes, a los edificios catalogados no se le podían construir edificaciones arriba, lo empezaron a hacer y finalmente modificaron el Código para ir blanqueándolo. La Dirección General de Interpretación Urbanística toma las decisiones y hacen el enrase –la igualación de las obras del entorno construido en altura- que está bien pero intentan compensar la altura de un vecino con la altura del otro siempre a la mayor cantidad de metros cuadrados posibles, nunca a la más baja. El Código está cada vez más a favor de la especulación inmobiliaria y menos a favor de la habitabilidad”, afirma.

Basta de Demoler nació en 2007 para resistir la destrucción del patrimonio arquitectónico de Buenos Aires.

Sbarbati explica que es muy difícil el acercamiento con el Estado y que siempre es más llamativo inaugurar más metros cuadrados que la restauración y el cuidado. “Lo que sucede es que nadie tiene poder de decisión sobre su entorno inmediato y sobre su espacio, siempre lo decide otro”. Esta práctica extendida en muchas ciudades del país tiene un impacto ambiental, además de la pérdida del patrimonio que se podría poner en valor culturalmente. “Se están demoliendo un montón de residuos sólidos que en otros países se cobrarían impuestos por ejemplo, están tirando abajo un montón de edificios que a veces tienen materiales nobles que no se reemplazan más”, afirma el integrante de Basta de Demoler. La autorización constante de demoliciones tiene efectos sobre los barrios, el entorno y sus habitantes. “La arquitectura es el ordenamiento de las relaciones sociales entre las personas porque te dice dónde te reunís, circulás, dormís, dónde se ejerce el poder. Eso queda plasmado en las formas que tienen las casas y los edificios, y desaparecerlos provoca que esas explicaciones que son parte de la historia se vayan perdiendo”, concluye.

Lorena Marina Sánchez es Doctora en Arquitectura, Magister en Intervención del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la Universidad Nacional de Mar del Plata e Investigadora Adjunta del Conicet. Explica que la preservación de las viviendas está bastante poco resuelta en muchos lugares del mundo porque en los centros urbanos o en los lugares más codiciados, que tienen todos los servicios y todas las bondades de las ciudades, es donde se trata de densificar. Lo que significa más viviendas y menos lugar. “En general, es un problema histórico –tanto pasado como presente- que no es nuevo sino que ahora está más visible, de conciliar lo antiguo con lo nuevo. Por ejemplo, construir una vivienda en un casco histórico plantea varios dilemas para lo cual la disciplina patrimonial ofrece ciertas soluciones pero con cada caso es un mundo en sí mismo y las resoluciones no son siempre fáciles de tomar”, señala.

La vivienda tiene una particularidad que quizás no tengan otros tipos de arquitecturas, expresa Sánchez, y el mayor problema está en las que tienen una escala intermedia por su condición privada, que forman contexto y caracterizan a las ciudades. “Normar sobre ellas y hacer que un área siga teniendo vida cotidiana, que la ciudad pueda seguir evolucionando y generando nuevos patrimonios -porque es necesaria la arquitectura contemporánea- no es un dilema que tenga una única solución. Tampoco está solucionado en los centros históricos declarados como tales, que tienen un desarrollo importante en normativas y en turismo. Especialmente en Europa aparece la tugurización y la gentrificación. Los centros se vacían de los pobladores originales, las viviendas empiezan a ser temporarias, se empiezan a precarizar y a ser ocupadas o bien, a convertirse en focos de las diferentes élites. Mantener las viviendas con un grupo de personas que le den sentido al lugar en la misma línea histórica en que venían siendo utilizadas como una residencia, es algo complejo. Además, incorporar la arquitectura nueva y responder a planificaciones que a veces piden densificación, no siempre es fácil de solucionar. En esa tensión entre lo nuevo y lo viejo, la especulación inmobiliaria encuentra un intersticio de lujo para operar, entre vacíos normativos, necesidades económicas de nuestras ciudades y ciertas lecturas extrañas de las normas”.

Sánchez, autora del libro ¡Viva el patrimonio!: un paseo por el legado arquitectónico y urbano publicado en el 2020, cuenta que en Mar del Plata el código de preservación patrimonial solamente protege y ampara en determinada circunstancia los bienes principalmente individuales, y no hay una norma que proteja el contexto. “Donde se construye una torre se alteran los dos linderos y si se construye una torre por intermedio, el que queda en el medio lo vende y se produce un efecto dominó negativo que va cambiando la fisonomía de la zona. No se está equilibrando el pasado con el presente”.

Para Sánchez la noción de patrimonio, recuperada de la reconocida arquitecta Marina Waisman, es lo que le permite a los habitantes encontrarse con su propia cultura, lo que de alguna manera los identifica y que puede ser tangible o intangible. Es decir que además de su materialidad y estética concreta, narra historias únicas. Considera que la vivienda -ámbito de su interés, en el que trabaja y observa muchos cambios- es una de las áreas del patrimonio más complejas. Las viviendas suelen tener valores contextuales-ambientales e histórico-sociales, no solo individuales o artísticos puntuales. “Definitivamente el impacto de una torre que cohabita con una vivienda de dos plantas es negativo. Eso en Mar del Plata se ve. Los recursos naturales como los recursos construidos patrimoniales, son escasos, no son renovables. En ese sentido, la preservación del ambiente entendida como algo integral, implica un equilibrio”.

Para comprender la importancia de la preservación, la Doctora en Arquitectura cuenta que el patrimonio residencial, por ejemplo, expresa la evolución de una sociedad. “Una casa puede revelar lo que pasó no solo una familia sino lo que pasó en esa ciudad e incluso en un país. Si una sabe leer especialmente los conjuntos de viviendas, podrá observar que son muy ricos porque tienen una biografía que es la que hay que explorar para saber qué preservar y descubrir sus valores, que son testimonios de una época y de una sociedad. Las viviendas hablan de lo doméstico, de lo micro y también de lo macro. Se conjugan varios factores que son muy interesantes y en eso reside la complejidad de qué se preserva, qué no y cómo”.

Sánchez explica que la clave de lo residencial, en términos de viviendas que tienen valores contextuales, está en proteger áreas, una vivienda suma por ser parte de un conjunto. “Por ejemplo, en Buenos Aires lo interesante es ver esa cuadra donde esas casas “chorizo” en conjunto alineadas conforman una fachada sobre la línea municipal. Esa cuadra hace a su vez de eslabón del barrio que probablemente sea similar en muchos de sus trayectos o tramos, y en su conjunto identifican un lugar. Tienen valor de conjunto. Observarlas, ver cuándo fueron construidas, por qué tienen ese tipo de zaguán, qué tipos de tecnologías se utilizaron, las alturas que tienen, es como leer un libro”.

En Mar del Plata no hay ningún tipo de regulación de contexto. Para Sánchez, desde la organización interna local, la ciudad debería trabajar con sus áreas porque cada una es particular y requiere un análisis dentro del marco territorial y social. “Un área es mucho más que el conjunto de viviendas pero éstas son importantes porque le dan sentido. El patrimonio es muy dinámico y son muchos los esfuerzos para protegerlos. A medida que va avanzando el conocimiento también se va modificando la forma en que se preserva mejor”.

En su ciudad existen iniciativas locales llevadas adelante por vecinos y vecinas alarmadas por las torres que se están construyendo en el sector costero. “En ese perímetro está siendo demasiado visible la ruptura de cohabitación entre torre y vivienda de uno o dos pisos. Las asociaciones vecinales aparecen como un factor importante que trabajan con abogados y expertos por la defensa, para que no demuelan un chalet para hacer una torre o para que no pongan una torre que anule los chalet contiguos”, cuenta la investigadora. La Asociación Marplatense Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano colabora e incluso impulsa una especie de monitoreo de bienes que están en venta, reúne firmas en petitorios, envía cartas al municipio, realiza abrazos simbólicos y safaris fotográficos, para organizar la defensa del patrimonio, frente a la falta de respuestas del Estado.

Sánchez también destaca la importancia de concientizar a los usuarios ya que son ellos los que definen vender o no vender, en cuanto a la salvaguarda de bienes residenciales. En la facultad estos temas también son de interés y se tratan desde líneas de investigación, quizás más académicas pero en diálogo con la ciudadanía.

Las casas narran y entender lo que nos dicen es parte muchas veces de una investigación, y en eso está la riqueza de cada lugar, expresa Sánchez. Desde lo monumental hasta lo modesto, desde lo material hasta lo inmaterial, desde lo ambiental hasta lo tecnológico, el patrimonio es aquello que forma parte de la cultura y de la historia, que condensa estilos arquitectónicos diversos, formas de habitar el espacio, la historia de una cuadra, la identidad de una construcción, de un barrio y de sus habitantes.