Sep 6, 2017 | DDHH
Mercedes es fundamentalmente una ciudad judicial, clerical y militar. Este triángulo, inscripto en el marco de la ausencia de otras instituciones del Estado, permitió que entre 1960 y 1980 se generara un sistema donde manipular bebés para ser apropiados, anotados como biológicos y hasta vendidos, sea legitimado bajo el manto del mal menor. Hoy hay once casos judicializados entre madres e hijos que reclaman verdad. Sin embargo, la cifra se eleva a 60, ya que hay más personas que buscan conocer su verdadera identidad. También aparecen madres que quieren conocer a esos hijos que, en algunos casos, les fueron arrebatados.
Mirta Villa tenía 15 años cuando el 27 de febrero de 1968 dio a luz a su primer hijo en la casa Antonia Petrocelli, una partera mercedina que hoy ya no está con vida. Mirta fue forzada a entregar a su hijo, a quien nunca pudo conocer: “Se pierde la mitad de la vida”, confiesa. Su historia es fundamental para demostrar que algunas madres entregaron a sus hijos bajo amenaza y siendo víctimas de una red ilegal compuesta tanto por el Poder Judicial, el sistema de salud público y privado, el Registro Civil y la connivencia de una sociedad pequeña, pero con grandes intereses.
Silvia Dell Agnese hoy tiene 38 años y hace tres que su propia búsqueda de la identidad la llevó a abrir un camino que para muchos parecía imposible. Después de un examen necesario en Abuelas de Plaza de Mayo, un resultado negativo y un dato clave en su partida de nacimiento, llegó también a Mercedes, la ciudad que vio nacer al expresidente de facto Jorge Videla y en la que se crió Orlando Agosti, dos de los integrantes de la Junta militar que inició la última dictadura. A su vez, Mercedes fue el sitio en donde estuvo designado como vicario, Adolfo Tortolo, confesor de Videla y uno de los eclesiásticos denunciados por su connivencia con las Fuerzas Armadas en ese tiempo. “Mi partida de nacimiento dice que nací el 17 de enero de 1979 en la calle 37 N° 277, en la ciudad de Mercedes. Hija de Rodolfo Dell Agnese y Ángela Giglio Bilardo”. Silvia cuenta que esa dirección pertenece a la antigua casa de la partera Celia Lescano de Maggi, hoy internada en un geriátrico. A sus 8 años, su madre le explicó que otra panza la había tenido y que ella la cuidó desde ese momento. “Yo le dije: ‘Está bien, mamá’. Pero el tema es no ver un espejo tuyo en nadie. Empezás a ver cosas en las que no encajás del todo”, continúa Silvia, quien hoy tiene varios programas de radio con el fin de concientizar a la sociedad sobre estos casos.
Mercedes es una ciudad chica y el infierno se hace grande. Silvia no minimiza el temor que genera hablar del tema: “Existió y existe una protección. Una protección, también, por el tema de ‘escuchame, si lo hacían todos’”, y agrega que “mucha gente sigue callando. Inclusive los jueces, que no quieren meterse porque el día que se meta uno a indagar un poco más, caen políticos, cae el Poder Judicial, caen obispos, caen monjas, caen todos.” Su caso, junto a los otros diez que están judicializados, está parado. Le dicen que no pueden encontrar a la partera involucrada, cuando ella misma con sólo tocar una puerta, pudo hablar con ella. “El 20 de noviembre de 2014, después de hacerme el examen en Abuelas fui a Mercedes”, cuenta. Una vez allí, observó la dirección que decía su certificado de nacimiento y entonces se dirigió a la casa de la partera y la ubicó. “Mirá que no soy Einstein. ¿Y ellos que son la policía no la pueden encontrar?”, reclama.
Susana González nació, según su libreta, el 16 de julio de 1958 en el Hospital Blas Dubarry de Mercedes. Sin embargo, a sus 45 años se enteró que aquellos padres que figuran como biológicos no lo son. El mismo médico que realizó el parto la entregó a sus tíos quienes la fueron a buscar al establecimiento para llevarla a la casa donde sería criada. Hace sólo 12 años que su duda se confirmó: es hija apropiada, como se autodenomina. A sus 15 años se le había instalado la semilla de la duda, luego de que en el colegio sus compañeras le dijeran que era adoptada. Sin embargo, recuerda que desde siempre imaginó que tenía hermanos varones sin saber bien por qué y que sin querer buscaba parecidos. “Lo peor es la vergüenza de ser la última en enterarse”, dice en voz baja y pausada. Susana se define como una mujer independiente y en eso no se reconoce en absoluto con sus padres de crianza. A su vez, cree que parte de sus inseguridades tienen que ver con su historia y, además, confiesa que en algún momento se echó la culpa a ella misma: “Si yo le hubiera dado a mi mamá la seguridad de que no la dejaría por nada, quizá me hubiera contado. Todos tenemos historias y en realidad nuestra historia nace antes de que estemos en la panza de nuestra mamá. Porque normalmente hubo un imaginar, un deseo, algo. Y yo no sé, yo solamente sé que me fueron a buscar al hospital”, piensa. Aún hoy se pregunta qué hubiese sido si era criada por otra familia, si hubiese estudiado la misma carrera o si tal vez hubiese podido soportar la universidad en Buenos Aires. Susana, decidió judicializar su caso y es directora de un colegio. Tiene la voz ronca y cuando habla mira al suelo. Dice que no le tiene miedo a la búsqueda. “Imaginar me mató. Se te ocurre cualquier cosa y nada es más terrible que no saber la verdad. Cualquier verdad, por dolorosa que sea”.
J., nació el 1 de septiembre de 1979 en el hoy inexistente Sanatorio Mercedes, que estaba ubicado en la avenida 30 N° 530. Ella, en cambio, no judicializó su situación. “No lo necesité”, explica. Y elige no dar su nombre verdadero, porque a su madre todavía le preocupa el qué dirán. Además, cuando se hicieron públicos varios casos, el temor a una condena empezó a correr por su ser. Según le contaron, su padre recibió el llamado de su tía que era partera del hospital, diciéndole que había una beba para dar, porque otra familia había desistido. Y su padre aceptó. Cuando su madre de crianza llegó a su casa, J. estaba ahí, sobre la mesa. “Mi papá decidió pagar el sanatorio para que mi madre biológica estuviera en mejores condiciones”, detalla. También pagó el taxi de su verdadera mamá, que le salió más caro que lo normal. “Suponemos que había un arreglo previo”, dice. J. es una de las pocas hijas que, hasta ahora, luego de años de búsqueda, logró encontrar a su madre. Y con ella a cuatro hermanos, dos de los cuales también fueron vendidos y adoptados ilegalmente. J. se enteró a los 3 años que no era hija de quienes creía que eran sus padres. “Me dijeron que yo no había nacido de la panza de mi mamá, sino de la panza de otra señora, pero que era hija del corazón. Creo que ahí empecé a buscar”, cuenta. Desde ese momento iba preguntándole a las personas si habían nacido de la panza de sus madres. Para J. la búsqueda de la identidad se relaciona más con el conocimiento de un origen. Peleó y discutió, pero siempre con la certeza de que iba a encontrar. “Creo que con lo que uno pelea es con la sensación de no ser culpable. De por qué mi mamá no quiso quedarse conmigo, qué fue lo que pasó. Pero yo soy esta. Creo que la nena de 5 años que preguntaba por las panzas de embarazada es la misma que fue a golpear esa puerta.”
Ni hijos de desaparecidos ni hijos adoptados legalmente.
Estas historias, que se cuentan de a miles a nivel nacional, no cuentan con una organización y una sociedad que los busque, ampare, defienda y contenga, como sucede con los casos de bebés apropiados durante la dictadura cívico-militar. Estos hijos que buscan su identidad quedan a la deriva legal, ya que no cuentan con una denominación específica. El título más cercano sería ‘vulneración de identidad’, pero, sin embargo, Silvia expresa que ella y muchos otros, no son ni suprimidos, ni sustituidos, porque nunca les dieron una identidad. El único camino judicial que tienen los hijos dados ilegalmente a familias de crianza, con o sin dinero de por medio, sería el de inscribirse dentro de los delitos de Lesa Humanidad, pero tampoco sería del todo adecuado. “Si bien fue el Estado el que me vulneró la identidad, porque el Registro Civil es el que me hizo la partida falsa, en realidad no es Lesa porque no fue en el marco del terrorismo de Estado que me sacaron mi identidad biológica. Fue un pacto habitual entre personas que elegían el camino de la apropiación en vez de la adopción”, remarca Silvia.
Estas historias no cuentan con una organización y una sociedad que los busque, ampare, defienda y contenga.
Si bien cada historia es particular, existen varios casos que hablan de una red de intercambio de bebés como mercancía, ya sea por dinero, inmuebles o devolución de favores. En el recorrido de su búsqueda, J. pudo saber que su madre biológica había dado hijos voluntariamente a cambio de dinero. “Por mi hermana, pagaron $500 en ese momento (aproximadamente en 1977). Ella encontró un papel con el detalle”. A su hermano, criado en otra familia, su padre adoptivo lo recibió luego de que un médico se lo ofreciera al encontrárselo en el pasillo del hospital. “Te lo ofrecían así, como una docena de facturas”, dispara J. Y rememora el día en que, en una casa humilde y frente a su madre biológica, intentó junto a sus otros hermanos dilucidar fechas de cumpleaños. “Esa pobre mujer no sabía ni cuántos hijos había tenido”, dice y pone en suspenso el aire.
En el caso de Silvia, según le relató su tía que fue quien realizó el contacto, la partera pidió por sus servicios el costo de lo que saldría una semana de internación en un sanatorio, médico ginecólogo, pediatra, partera y enfermera. Gracias a otro de los partos atendidos y tramitados por Maggi, se sabe que por ese niño pagaron el valor de un inmueble mientras que su madre recibió sólo unas chapas para el techo de su casa. Cuando Silvia pudo recorrer la casa de la partera, en donde había nacido, los actuales dueños le mostraron “tres agujeros en la pared de metro cuadrado hacia adentro, donde se notaba que habían estado cajas fuertes empotradas.”
Mirta, quién fue obligada a entregar a su hijo y vivió en la casa de otra partera durante el embarazo, cuenta que jamás recibió nada. Más bien todo lo contrario: “Me hacían limpiar el piso, lavar los platos. Me decían que tenía que pagar los gastos por estar ahí.” Con la voz quebrada, mientras amasa un papel de cocina, cuenta que Antonia Petrocelli, la partera, le decía “¿Qué vas hacer? Mira que vos no tenés nada. Tu madre te echó, estás en la calle. ¿A dónde vas a ir a parar con esa criatura? Se te va morir”. Mirta tenía cinco hermanos más y vivían en la pobreza y pensaba, en aquel entonces, “Quizá tiene razón. No quería ser egoísta y que se me muriera el hijo que llevaba dentro de mí. Además, la partera me decía que cuando tuviera 18 años lo iba a poder ver.” Pero eso jamás pasó. Antonia la acusaba de haber entregado a su hijo y, las tres veces que Mirta le fue a reclamar verlo, la amenazó con ponerle abogados y mandar presa a su madre, que había querido que se practicara un aborto. “Cuando fui grande, pensé: ‘La hubiese mandado presa y hubiese sabido dónde estaba mi hijo. Ojalá hubiera tenido más valor”, se lamenta y llora. Y fue así que se tuvo que quedar a limpiar ahí, hasta parir al hijo que no le dejarían tener. Ser una adolescente humilde y tener una madre autoritaria y dominante, marcaron su destino.
Los casos de apropiación incluyen también a sectores sociales acomodados, ya que en esos contextos se aprovechaba su cercanía con el poder para comprar bebés y también para ‘solucionar’ problemas tales como un embarazo no deseado en familias muy conocidas de la elite de Mercedes.
Cuando Silvia logró hablar con su partera, ya vieja, pero con la omnipotencia intacta, contó que: “La ‘Sra. Lescano de Maggi’, como firmaba algunas de las partidas de nacimiento, relató que, una vez, una chica de familia adinerada a la que le ‘solucionó un problema’ le dijo que luego de que entrara vestida de blanco a su casamiento, la iba a llamar para agradecerle y lo hizo”. Silvia reflexiona: “Qué hipocresía… Para cierto sector de la sociedad era algo que se hacía seguido”. Y agrega: “La red en mi caso estuvo formada por el Poder Judicial, la Policía y el Registro Civil, mientras que en otros, también participó la Iglesia. El Estado completo tuvo que ver en todo esto. Y yo a veces digo: por acción o por omisión. A su vez, la sociedad sabía que eso sucedía. Inclusive hoy, lo sabe”. Abocada a la búsqueda propia y ajena, agrega: “Lo complicado que es obtener información por miedo a lo que puedan decir los otros”.
A alguien molesta que se hagan públicos estos casos. Hace dos meses Silvia, que se crió en San Miguel, fue amenazada por Facebook. Luego de hablar de un caso en su programa Inapropiadas, recibió mensajes que decían: “Nena, callate la boca, porque Mercedes es chico y nos conocemos todos. Mirá que la ruta es peligrosa”.
Por otro lado, J. mientras habla, reflexiona sobre su propia historia, mira al techo y se toca la pera. Comienza a contar, para y retoma. “Ser hijo de desaparecidos es otra cosa. Acá hay una cuestión de una mina que no me quiso tener como hija y eso te marca de una forma terrible. Una se queda colgada a eso. Y en lo de los hijos de desaparecidos no está eso. Al contrario, hay todo un apoyo atrás, hay historias de aquellos que fueron los padres y también de los otros, que estuvieron haciendo algo justamente para buscarte y encontrarte. En cambio, yo me encontré con una persona que me dijo: ¿vos qué querés, plata? ¿vos qué querías ver, mi cara?”
Silvia, luego de hablar en su programa, recibió mensajes que decían: “Nena, callate la boca, porque Mercedes es chico y nos conocemos todos. Mirá que la ruta es peligrosa”.
En todos los casos de hijos entregados, sus apropiadores recibieron todos los papeles legales para poder anotarlos. Tanto Antonia Petrocelli que atendió a Mirta, una madre que busca, como Celia Lescano de Maggi, la partera de Silvia, una hija que sigue indagando sobre su identidad, trabajaban en el hospital de Mercedes o en alguna dependencia de salud de donde obtenían la documentación necesaria para concretar el fraude. La misma modalidad se repitió en el caso de Susana, quien fue entregada en el mismo hospital, por quien sería luego su médico pediatra, es decir, que el vínculo originado en el delito continuó con el correr de los años, en medio de la impunidad.
El día que los apropiadores que criaron a Silvia la fueron a buscar, la partera Maggi les indicó que, con ese papel que les entregaba, tendrían que ir dentro de un mes al Registro Civil de Mercedes. “Es decir que -afirma Silvia- yo puedo inferir, solamente con mi historia, que si abrimos el Registro Civil de Mercedes y miramos todos los nacimientos anotados en la calle 37 entre la 12 y la 14 y firmados por esa partera, claramente somos todos hijos no biológicos de nuestros padres de crianza. Es así de sencillo”.
Cuando Mirta fue a parir al hospital, cinco años después de su primer embarazo que tuvo como final una apropiación, el médico obstetra se negó a firmar el papel que indicaba que ese era su primer parto: “Llamala a la vieja esa que venga a firmar el nacimiento de tu segunda hija como si fuera la primera, porque yo de esto no me hago cargo”, le dijo el médico. La partera Petrocelli, responsable de aquella primera vez, fue y firmó. Antes de irse le volvió a aclarar a Mirta que “no abriera la boca porque iban todos presos”. Mirta calló y se aferró a Karina, su segunda hija.
Todos coinciden en que lo que más duele es que la sociedad ignore, rechace, se suma en el silencio o no comprenda la búsqueda, bajo la excusa de que era un mal menor, que sus familias fueron buenas y que los criaron con amor. También duele “que te traten de ‘pobrecita’”, como dice Silvia, porque te abandonaron. “Pero, ¿cómo se está seguro de ese abandono?”, pregunta mientras desafía con la mirada. Mirta, llora y mientras mira un punto en el horizonte dice: “Yo lo di porque no lo pude criar”.
Lo importante y difícil, dice J., es replantearse una identidad en base a eso que pasó. La búsqueda de la identidad, explica, no tiene que ver tanto con el origen en sí sino con lo que te encuentres realmente del otro lado, encontrarse uno, con valor. Y coincide con Susana que afirma que cuando uno busca, se busca uno. “Pero es desestabilizante –agrega-. Vivís en una nebulosa. Siempre que no se sepa la verdad al cimiento le va a estar faltando algo”.
Tanto Antonia Petrocelli como Celia Lescano de Maggi trabajaban en el hospital de Mercedes o en alguna dependencia de salud de donde obtenían la documentación necesaria para concretar el fraude.
J., además de una búsqueda firme, contó con algo básico que no todos tienen: información. Sus padres fueron dándole los datos que creían necesarios en el momento que ella preguntaba, al igual que contó con amigas y conocidos que le acercaron datos precisos y fundamentales. Su intuición no le fallaba: “Antes de enterarme que tenía una hermana, tenía la sensación de saber que no estaba sola. Y cuando la conocí, me di cuenta que buscaba parecidos en las caras de las personas”.
Mirta, por otro lado, opina que “esas personas (que apropiaron bebés) tendrían que decirle de dónde vienen a esos niños que agarran”. Comenta entre lágrimas que su hijo hace poco se le acercó con una foto de un nene en Facebook muy parecido a su nieto, preguntándose si tal vez podía llegar a ser el niño de ese hijo que ella no pudo conocer. “Si lo viera le haría un té y le diría que me perdone. Que siempre lo amé y que siempre lo voy a amar”, dice una madre que recuperó las esperanzas gracias a la organización y trabajo junto a otras personas que buscan.
Luego de ese primer episodio en el colegio, en el cual le dijeron que era adoptada, la mamá de Susana le mostró la partida de nacimiento, otra documentación e infinidad de fotos de ella de bebé, pero ninguna del embarazo. “Yo veía en mi mamá el sufrimiento y el terror”, dice. Toda su familia le insistía con que se fijara lo parecida que era a ellos. “Pero en realidad te pareces porque copiás gestos”, dice. Todos sus familiares sabían de su adopción pero estaban amenazados por la propia madre de que si alguno hablaba, nunca más las verían porque se irían de la ciudad. Se había generado un pacto de silencio. Susana tuvo que esperar a que sus padres murieran para poder saber un poco más de su verdadero origen. El tiempo pasa y quizá es cada vez más difícil. “Yo quiero saber, soy la primera defensora de la verdad y me parece que me la debo. Que es mi derecho y que como mamá se lo debo a mis hijos y nietos. Pero si hay un derecho que tiene un período, estamos en problemas. Así como existió la CONADEP, deberíamos tener un lugar también para hacer un registro, realizarnos análisis y hacer un banco de datos”.
Silvia reconoce: “Si bien fue un delito lo que hizo mi vieja, lo hizo con amor. No podemos decir que me apropió con odio como hicieron muchos militares. Pero, además, principalmente vos tenés una persona que hizo guita con eso, que es una partera”. Entonces, concluye, “la Justicia no está siendo justa, está inclinándose para el lado que le conviene”
A pesar de todo, Silvia resalta que saber la verdad es más importante que la justicia. No le sirve que vaya presa la partera si no logra saber qué le pasó a su mamá biológica, por qué y cómo estuvo tres meses viviendo en su casa cuando, según le explicaron, tenía otros dos hijos. “La justicia real es esa –dice-: saber la verdad, aunque sea feísima como que me hayan querido abortar y no pudieron.” Para ella, el Estado debe hacerse cargo porque es responsable. Para facilitarlo, propone un período de amnistía para que la gente pueda hablar sin miedo a represalias. La gran mayoría de los niños apropiados fueron a parar a familias acomodadas de la ciudad o con llegada al poder. Entonces, explica Silvia, “esto es un problema social que abarca todas las esferas pero si vos sanás la parte social, ayudás a sacar un peso de encima, a encontrar la verdad”. Para ella, animarse a buscar es abrir la puerta de The Truman Show, lo que está afuera y es verdadero. “Yo busco un origen biológico, una historia. Mi vieja siempre va a ser mi vieja”, dice esperanzada. Saber la verdad le daría tranquilidad, una certeza de algo.
J. recuerda que el día que le contaron el nombre de su madre biológica, salió corriendo. “Llovía –dice-. Pero corrí, con la liberación de la culpa”. Corría, se mojaba y se preguntaba, “de qué puede ser culpable un bebé.
Actualizada 05/09/2017
Jun 7, 2017 | DDHH
El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo pionero en su especialidad, fue creado en 1987 a partir de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo como herramienta para la búsqueda de sus nietos apropiados durante la dictadura. “Su función es la de identificar a los nietos nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres en la última dictadura cívico militar y colaborar en la identificación de personas desaparecidas”, explicó la directora del organismo, Mariana Herrera Piñero, doctora en Ciencias Biológicas y especialista en Genética Forense.
El Banco se creó por la Ley 23511 y hasta 2009 funcionó dentro del Servicio de Inmunogenética del Hospital Durand, de la Ciudad de Buenos Aires. En ese año, y a partir de la sanción de la Ley 26528, pasó a depender del Ministerio de Ciencia y Tecnología y a ocupar las oficinas de Avenida Córdoba 831. “Lo que solucionó la última ley fue poner al Banco bajo la órbita de un único ente estatal, darle la autonomía y la autarquía necesarias para que no dependiera de los vaivenes de los gobiernos”, explicó Herrera Piñero.
Paula Miranda, Arqueóloga. Coordinadora del Área de Antropología Forense del BNDG.
Entre 1984 y 1987, las Abuelas de Plaza de Mayo consultaron a diferentes especialistas de todo el mundo con el afán de que su sangre pueda servir para identificar a sus nietos. Fue un argentino exiliado en Estados Unidos, Víctor Panchaszadeh, quién las contactó con la genetista Maire-Claire King, creadora del «índice de abuelidad», una fórmula estadística que establece el parentesco entre un abuelo y su nieto. Fue entonces cuando surgió la necesidad de crear un banco como espacio de obtención, almacenamiento y análisis de muestras genéticas.
El BNDG trabaja en conjunto con Abuelas y con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), quienes derivan entre 100 y 120 casos por mes, algunos de personas que tienen dudas acerca de su identidad y se presentan espontáneamente y otros contactados por alguna de estas dos instituciones o por orden de un juez. En la CONADI o Abuelas, primero se inicia un legajo de investigación en donde se consultan algunos datos de la persona como fecha y acta de nacimiento, y se pregunta acerca de las dudas que motivaron la consulta; pero si la documentación judicial no es suficiente, se pide una muestra de ADN al Banco.
“De la muestra que se le toma a la persona, una parte se archiva y otra entra al laboratorio donde se extrae el ADN. Ese ADN ingresa en distintos circuitos de perfiles genéticos, donde se hacen las comparaciones y se obtiene una valoración estadística de la prueba que puede dar que no es compatible con ninguna familia o que hay una inclusión con algún grupo familiar”, detalló Herrera Piñero.
De los 122 nietos restituidos, 75 fueron a través del trabajo que realiza el equipo de BNDG. “Las personas entran en contacto con nosotros directamente para tomarse la muestra. Muchas veces nos cuentan sus historias, por qué tienen dudas, y otras no, vienen tipo trámite”, contó Jessica Maggiore, licenciada en Hemoterapia e Inmunohematología y encargada de la “adnateca”, sección del Banco que organiza las muestras de ADN que se obtienen.
Cecilia Raìces Montero es arqueóloga: “Contribuimos con muestras óseas desde las que se obtiene el ADN para completar el grupo familiar”
Uno de esos 75 casos es el de Mariana Zaffaroni Islas, nieta de María Esther Gatti de Islas, quien recuperó su identidad en 1991 por una investigación de Abuelas y la confirmación por parte del BNDG. “El trabajo del Banco me parece fundamental, ya sea para la gente que tiene dudas y que por sus propios medios se acerca a consultar, como para los que como yo, que por una cuestión judicial tuvimos que hacerlo. La tarea es imprescindible porque brinda una información objetiva e indubitable”, afirmó Mariana, a quien aceptar su verdadera identidad le llevó 20 años.
Mariana nació en 1975 y un año y medio después fue secuestrada junto a su mamá María Emilia Islas y a su papá Jorge Zaffaroni, y apropiada por el agente de inteligencia Miguel Ángel Furci y su esposa. En 1993, dos años después de realizado el análisis en el Banco, la justicia le restituyó su verdadera identidad. Hasta hoy sus padres y su hermano o hermana -que debió nacer en cautiverio-, permanecen desaparecidos.
En estos treinta años de historia, el BNDG fue cambiando al ritmo de los avances científicos y tecnológicos. “En el año ’87 todavía no se trabajaba con las herramientas de biología molecular, es decir, no se trabajaba sobre el ADN, por eso esas técnicas eran más limitadas en su poder de discriminación”, explicó Herrera Piñero. Durante los años noventa comenzaron a trabajar con ADN mitocondrial y a partir del 2001 el proceso se automatizó. “Hoy el Banco cuenta con equipos de última generación que tienen muchísima sensibilidad en cuanto a la capacidad de obtener un perfil genético, incluso a partir de restos óseos o muestras en mal estado de conservación”, explicó la directora de la institución.
El BNDG funciona con un equipo científico multidisciplinario dentro del cual es fundamental el trabajo de la Unidad de Antropología Forense, que trabaja con la exhumación de restos de familiares o desaparecidos que no pudieron dar su muestra en vida. “Contribuimos con muestras óseas desde las que se obtiene el ADN para completar el grupo familiar”, explicó Cecilia Raices Montero, arqueóloga y miembro de esa sección. “Es importante completar el árbol familiar porque así aumentan las posibilidades de encontrar al nieto”, agregó Paula Miranda, que también es arqueóloga y coordinadora de la Unidad.
Alejandro Vázquez Reyna, trabaja como antropólogo en el BNDG.
Según datos de la CONADI, faltan restituir aproximadamente 500 nietos, pero para Herrera Piñero el trabajo del Banco no terminará cuando encuentren al último hijo de desaparecidos: “La institución cumple un rol social importante, cuenta con un acervo de conocimiento que no puede quedar sólo en esto. El Banco es un regalo de las abuelas para el mundo”.
Actualizada 07/06/2017
Ago 24, 2016 | Entrevistas
El viernes pasado el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata otorgó el beneficio de prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz por razones de salud. Sin embargo, no se hará efectiva porque actualmente está siendo juzgado en otras causas que están en etapa de instrucción. El represor, de 87 años, mano derecha del ex General Ramón Camps, fue Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en 1976 y 1977, responsable de “La noche de los Lápices”, y tuvo a su cargo 21 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Además, es el principal sospechoso de la desaparición de Jorge Julio López.
Esta semana, organismos de derechos humanos se reunieron en repudio de esta decisión. El argumento en el que se basó el Tribunal para otorgar la prisión domiciliaria al represor fue su estado de salud: hipertensión y riesgo de accidente cerebrovascular. Sin embargo, otras pericias médicas determinaron que estos síntomas son parte de una huelga de hambre que llevó a cabo y consideraron que sus dolencias pueden ser tratadas en un hospital.
En este marco ANCCOM conversó con Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal I de la Plata, y reconocido por su trayectoria y dedicación en los juicios por delitos de lesa humanidad. Con el permanente objetivo de velar por los derechos humanos, el magistrado fue el primero en condenar a Etchecolatz. En 2004 lo sentenció por apropiación de bebes y, en 2006 –luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final–, lo juzgó por su participación en el genocidio llevado a cabo durante la última dictadura argentina condenándolo a cadena perpetua. Como es parte de las causas en las que actualmente está siendo juzgado el ex policía, no dio su opinión sobre la prisión domiciliaria que fue otorgada al represor. Sin embargo, aclaró los alcances de la ley que la regula; reflexionó sobre el poder reparador de los juicios; denunció las presiones de medios de comunicación como Clarín y La Nación; y recordó la herida abierta y la falta de verdad y justicia en la desaparición de Jorge Julio López.
Si una persona estuvo en prisión domiciliaria y se la revocaron por haberle encontrado un arma de fuego, como a Miguel Osvaldo Etchecolatz, o por algún otro motivo que lo justifique ¿cuenta con un precedente para que no se la puedan volver a otorgar?
Sí, debería ser así. Habría que analizar cada caso. Sobre el caso de Etchecolatz no puedo opinar porque intervengo en la causa. Pero en abstracto, a quien incumple de alguna manera se le revoca y nunca más se le da, sobre todo en delitos comunes. Pero bueno, hay que analizar cada caso porque, ese tipo de decisiones, como cualquier otra de los seres humanos, pasa por el pensamiento, la ideología y el sistema de creencias de esa persona que está decidiendo.
Se cumplieron diez años del juicio a Miguel Etchecolatz en 2006, ¿cuál fue su importancia?
Ese juicio fue posterior a los que se hicieron a las Juntas, donde Etchecolatz y Camps –entre otros– ya habían sido juzgados, y luego beneficiados por los indultos que dejaron sin efectos las sentencias. Yo ya había condenado a Etchecolatz y a otros represores en el año 2004, porque aunque estaban vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, no se aplicaban a la apropiación de criaturas. Y el juicio que yo hice en aquel momento, en 2004, fue por la apropiación de un niño de padres uruguayos. En el 2006 se hizo el primer juicio después de la declaración de inconstitucionalidad de esas dos leyes. La importancia que tuvo fue ser el primero, y ser un desafío en todo sentido. Además, se produjo la tragedia de la desaparición de Jorge Julio López sobre el final del juicio. De modo que también tiene una importancia trágica.
Fue la primera sentencia en el país que incorporó la figura de genocidio, ¿en qué sentido la última dictadura argentina merece ese calificativo?
La utilización del concepto de genocidio para aplicarlo al proceso que vivió la Argentina deriva de la necesidad de llamar a las cosas por su nombre. Es decir, de poder aplicar el nombre adecuado a los fenómenos que se producen, y muy especialmente cuando se trata de crímenes masivos de lesa humanidad como es un genocidio. Utilicé esa noción en el sentido más amplio y abarcativo. Por un lado, está el concepto de la Convención sobre Genocidio, que yo considero aplicable porque las víctimas del proceso que se vivió en Argentina estarían incluidas en lo que la Convención llama “grupo nacional”. Más allá de eso, hay un antecedente histórico interesante: previo a la Convención había un proyecto, y previo al proyecto había una declaración de Naciones Unidas, y en los dos casos se incluía el concepto de “perseguidos políticos”. Que la Convención haya sacado esa categoría, en realidad tuvo que ver con una coyuntura: Stalin estaba matando millones de personas y, por lo tanto, fue uno de los que se impusieron para que se quitara ese ítem de “perseguidos políticos”. Pero se conservó el de “grupo nacional”. La caracterización de ese proceso como un genocidio venía siendo, también, un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos. Después, este punto de vista se fue enriqueciendo con el trabajo de Daniel Feierstein, que agregó el concepto de “genocidio reorganizacional”: la finalidad de la dictadura argentina era reorganizar la sociedad, pero en base a las categorías que ella misma establecía, fundamentalmente para poder aplicar un proyecto económico que fue el origen del terrorismo de Estado.
También se están por cumplir diez años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, ¿qué cree que pasó con él?
Desconozco qué es lo que sucedió puntualmente. Lo que sí sé es que desapareció, literalmente. De modo que entiendo que fue víctima de una desaparición forzada, que no se investigó hasta el día de hoy con la intensidad suficiente. O, por lo menos, no se observaron resultados de ninguna especie, no hay ningún tipo de información, lo cual es alarmante. Y, además, es la confirmación de la truculencia que tuvo esa desaparición, el mensaje mafioso que pudo implicar en aquel momento y el esfuerzo que hubo que hacer a partir de ahí para poder reanudar todo el proceso de juzgamiento.
¿Afectó el desarrollo de los juicios?
Sí, lo hizo. Lo que tuvimos que trabajar fue la medida de ese impacto, para que no se vieran perjudicados los procesos de verdad y justicia como el que se inició en aquel momento, después de 30 años de impunidad. El siguiente juicio en la Plata fue el del sacerdote Christian Von Wernich. Había que hacerlo después de la desaparición de López y lograr que los testigos asistieran, declararan y se sintieran contenidos. Por suerte, esto se pudo lograr porque establecí un sistema de convenio con dos organismos: el Centro de Protección a las Víctimas de la provincia de Buenos Aires y el Comité para la Defensa de Derechos Humanos. Ellos proveen, hasta el día de hoy, de psicólogos y psicólogas con los cuales se da contención a los testigos para que el trauma que significa volver a declarar sea el mínimo posible, para que se sientan en condiciones de hacerlo y que el que no esté condiciones, no lo haga. La protección material física se hace a través del programa nacional de Protección de Testigos y el programa Verdad y Justicia, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Son distintos ámbitos pero todos apuestan a lo mismo, es decir, a que se puedan hacer los juicios con la mayor normalidad posible y sobre todo con el respeto que a las víctimas y los testigos se les debe por la ley y por cuestiones éticas elementales.
¿Cómo cree que esta herida sigue afectando hoy?
Sigue afectando de una manera muy específica, que tiene que ver con lo que en su momento escribió en una obra de teatro Tato Pavlovsky –El señor Galindez–, en donde él le hizo decir al represor: «Por cada uno que tocamos, mil paralizados de miedo. Nosotros actuamos por irradiación». Si pensamos que hubo 30.000 desaparecidos, son 30 millones de personas las atravesadas por ese aparato de terror de los años 70. Esa irradiación a la que aludía Pavlovsky sigue hasta hoy, producto de la etapa de terrorismo de Estado y, luego de tres décadas, de la desaparición de un importante testigo, de un hombre que hizo un aporte muy fuerte en ese juicio, una figura especial, porque él fue testigo presencial de los hechos que relató. De modo que la desaparición, además de la tragedia personal que esto representa para su familia, significó una tragedia social. Pero como toda tragedia social, es un desafío para la comunidad: reponerse, no olvidar, seguir adelante en un proceso que busca investigar la verdad de lo que pasó, poder condenar como corresponde y cultivar la memoria para que no vuelva a pasar.
¿Considera que los juicios son una instancia reparadora para víctimas y familiares?
Sí, estoy completamente convencido. Cuando finalizó el juicio a Etchecolatz, al terminar de leer el veredicto se me acercó una señora, una madre de Plaza de Mayo, que había estado presente, aunque no se estaba juzgando el caso de su hijo desaparecido. Me dijo, tocándose el pecho, que había tenido durante 30 años una opresión que se le había ido. Y la verdad es que además de lo conmovedor de la frase, creo que es la prueba más elocuente de lo que significa la reparación. Difícilmente se puede explicar de una manera más gráfica que con esta señora, que se llamaba Edna (Coparón de Ricetti).
¿Actualmente existen presiones para limitar los juicios de lesa humanidad?
Presiones hubo siempre, y amenazas también. Las presiones son ilegales, pero son lógicas y entendibles si se tiene en cuenta que este proceso de juzgamiento afecta intereses muy concretos: económicos y de los otros. Eso ha existido desde el primer juicio. Por ahí lo que está sucediendo es un cambio de clima. A mi entender, desde el año 2003 el contexto fue distinto, ya que se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y, a partir de ahí, se pudieron iniciar los juicios. Ese contexto siguió siendo favorable durante toda esta década: el apoyo del Ministerio de Justicia y el programa de los testigos, sin ninguna duda, colaboraron con el avance de los juicios. Hoy se está percibiendo un cambio de clima en ese sentido. En lo personal, no recibí ningún tipo de presión de parte del gobierno. Sí noto la presión de algunos medios periodísticos importantes, que son los que vienen haciéndolo hace tiempo: La Nación y Clarín. Entiendo que tiene que ver con intereses económicos e ideológicos.
¿Qué tipo de presión ejercen estos medios?
En el caso de La Nación, por ejemplo, los editoriales que hace años vienen produciendo. Unos días antes de finalizar un juicio por delitos de lesa humanidad muy importante, publicaron editoriales a favor de uno de los imputados que luego fue condenado a prisión perpetua. Eso fue explícito, fue y es una presión concreta que después mantuvo a partir de otros editoriales, algunos más fuertes y otros menos, pero todos dirigidos a lo mismo: a desalentar el proceso y desacreditar a algunas personas –incluyéndome, por supuesto– en operaciones de prensa absurdas, pero no por absurdas menos graves.
¿La Teoría de los Dos Demonios sigue presente en el imaginario social?
La teoría de los dos demonios se fue abandonando con los primeros juicios. Comenzó hace 35 años. En el juicio a las Juntas se hablaba de los dos demonios. Pero, cuando en esta etapa se comenzaron los juicios de Etchecolatz y todos los que se vienen haciendo en el resto del país, claramente quedó descartada por completo. Primero, porque es una teoría interesada: no es neutra. Cuando se habla de dos demonios lo que se busca es confrontar, por un lado, la represión genocida y, por el otro, la actividad –o la supuesta actividad– de las víctimas. Si tenemos en cuenta que en todos los juicios ha quedado demostrado el secuestro y desaparición de bebés, de niños, la violación sexual, el homicidio, la tortura y desaparición de miles de personas, suena extraño que alguien pueda elaborar una teoría en la cual se confronten dos demonios. Sin embargo, está presente en algunas personas que tienen interés en mantenerlo circulando. Lo cual no significa que se ajuste a la realidad. En la Argentina de esa época no hubo dos demonios, sino que hubo un genocidio pensado, elaborado y puesto en marcha, de secuestro, tortura, desaparición y muerte. Y esto está probado, con sentencias firmes. Y si hay gente que todavía está elaborando esa teoría o la repite, es porque tiene intereses en hacerlo: económicos e ideológicos.
Mauricio Macri relativizó el número de los desaparecidos en la última dictadura y calificó como «guerra sucia» lo sucedido en esos años. En el mismo sentido, Lopérfido también cuestionó la cantidad de víctimas ¿Cómo afectan estos dichos a la búsqueda de la verdad y la reparación a las víctimas y sus familiares?
Depende de lo que cada juez haga cada día con las causas que lleva. No solo por la opinión que pudo haber dado el Presidente de la Nación, sino en general. También puede ser por las intimidaciones de los medios y sus presiones, que van a tener eco o no en jueces y fiscales y lo vamos a saber en cada actuación de ellos. Lo que pasa es que si tenemos en cuenta que estos juicios se están llevando a cabo porque durante treinta años los organismos de derechos humanos, las Madres, Abuelas e Hijos, resistieron y exigieron, vemos que eso es la prueba más elocuente de que cualquier persona puede decir lo que quiera, pero cuando dice cosas de esa envergadura, que descalifican un proceso genocida como el que hubo, la respuesta social es muy fuerte. Esa es la parte rescatable, la parte llena del vaso. Porque del mismo modo que treinta años de reclamar, sin descanso alguno, generó un proceso único en el mundo –que es el de juzgamiento de genocidas–, con el mismo criterio cualquiera puede decir lo que quiera, pero eso no significará ni que esté bien ni que no va a tener una respuesta social. Y nuestra sociedad va a ir eligiendo en cada caso qué respuesta elige. En el caso de los jueces, la respuesta es hacer los juicios que tienen que hacer y aplicar la ley como corresponde.
¿Qué establece la ley de Prisión Domiciliaria?
La 24.660 es una ley penitenciaria que luego fue modificada por la ley 26.472. Lo que establece es la posibilidad de prisión domiciliaria bajo determinadas condiciones: ser mayor de 70 años, tener enfermedades graves o incurables, etcétera. Pero todos esos requisitos que esa ley establece están encabezados por la palabra “Podrá”, “El juez podrá”. De modo que claramente lo que el legislador hizo fue otorgarles a los jueces la posibilidad de determinar o no, en cada caso, un beneficio de esa naturaleza, que de ningún modo es obligatorio ni automático.
Cuando la sociedad denuncia la injusticia de algún caso de prisión domiciliaria y exige rever esa decisión ¿quién es el responsable de intervenir en la discusión?
En el caso de la prisión domiciliaria solamente los fiscales pueden efectuar algún tipo de recurso. Y depende la interpretación podrán los querellantes o no. Pero la realidad es que los fiscales tienen la responsabilidad de decidir. Cuando se les da una vista a los fiscales antes de decidir, hay fiscales que aconsejan dar una prisión domiciliaria. No solo en casos de lesa humanidad, sino en delitos comunes también. Lo que pasa es que ahí cada uno interpreta, y eso es lo que la ley le otorga a los jueces: la posibilidad de interpretar si va a decidir o no una prisión domiciliaria. Y la va a otorgar o no el juez en función de su propia visión de los hechos, de la gravedad de los mismos, de la situación de la persona que fue condenada.
¿Qué tipo de custodia reciben los que tienen prisión domiciliaria?
Lo que pasa es que históricamente la prisión domiciliaria no preveía custodia física. Después existieron casos en los cuales se aconsejó eso. Imaginate que si hablamos de miles de personas que están en esa condición, sería imposible destinar decenas de miles de guardias para custodiarlos. Existen las pulseras electrónicas que se utilizan en casos de prisión domiciliaria, pero de delitos comunes. El caso de delitos de lesa humanidad es mucho más complicado, la mayoría no tiene custodia.
¿Y entonces cómo se garantiza que cumplan la prisión domiciliaria?
Por eso es complicado… la responsabilidad de los jueces que las otorgan es ver cómo se verifican. Puede ser a través de una visita del Patronato de Liberados, o de distintas maneras. Hace poco se dio un caso muy fuerte con un hombre de 87 años que estaba procesado por delito de lesa humanidad y estaba con prisión domiciliaria por razones de salud. Estaba arriba de un limonero podándolo y se cayó adentro de una pileta y se murió. Uno tiene que analizar esta escena, porque si lo que se argumenta es que es beneficioso para su salud estar en su casa, y se cae de un limonero y se mata en una pileta de natación, no puede ser beneficioso. En segundo lugar, si se mata en una pileta de natación es porque la tiene, lo cual demuestra un estándar de vida importante que tal vez a más de uno haga pensar que se dan condiciones inequitativas con respecto a otros detenidos de una situación económica menor que a lo mejor ni siquiera obtienen la prisión domiciliaria.
Actualizado 24/08/2016
Oct 14, 2015 | destacadas
La parte por el todo es la última película documental de Andrés Martínez Cantó, Santiago Nacif Cabrera y Roberto Persano, que narra la historia de los espacios que funcionaron como maternidades dentro de los Centros Clandestinos de Detención durante la dictadura cívico militar de 1976. Allí nacieron cientos de niños y niñas que luego fueron apropiados, 117 ya han sido restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo, pero muchos de ellos aún viven bajo una identidad falseada.
Con la presencia de uno de los nietos restituidos y protagonista de la película, Guillermo Pérez Roisinblit, y su abuela, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit de 96 años, entre otras importantes personalidades, la película se estrenó, el 8 de octubre último en el Cine Gaumont – Espacio INCAA, después de cuatro años de ardua labor.
El documental trata de reconstruir pedazos de la historia reciente, a través de distintos elementos que quedan en el presente: grietas, puertas oxidadas, moho, paredes que se deshacen en el tiempo. Las palabras de los nietos son acompañadas por animaciones en vivo, que tratan de completar los espacios en blanco de sus voces, representando a la dictadura con las garras afiladas de aves rapaces.
Santiago Nacif Cabrera, uno de los directores, contó a ANCCOM cómo nació la idea del documental que hace foco en el tema de las maternidades clandestinas, algo novedoso en películas que abordan la apropiación por parte del terrorismo de Estado: “Surge a partir de una investigación escrita que había hecho la filial de La Plata de Abuelas de Plaza de Mayo, sobre lo que se conoce como el ‘Circuito Camps’ de maternidades clandestinas dentro de la Provincia de Buenos Aires”. Ese trabajo de investigación escrito fue ampliado por los directores a otros Centros Clandestinos de Detención que habían funcionado como maternidades, como la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el Hospital Militar de Campo de Mayo y el Pozo de Banfield. “A partir del testimonio de nietos recuperados por Abuelas, que nacieron en esos centros clandestinos durante el cautiverio de sus madres, vamos construyendo el relato”, explicó Nacif.
Santiago Nacif Cabrera y Roberto Persano, presentaron el documental: «La parte por el todo».
Guillermo Pérez Roisinblit habla en el documental sobre el valor de los relatos formulados por los sobrevivientes, como el de la periodista Miriam Lewin: “Son retazos de memoria de los demás, con los que voy haciendo la propia historia de mis viejos”, sintetiza. Y es a través de esos pedazos que la película trata de reconstruir la historia dispersa del horror, acompañada con la música -compuesta especialmente para la ocasión- de la cantautora de folclore y ministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi.
“Me parece que el trabajo está muy bien realizado, les demandó cuatro años desde que arrancaron con las primeras entrevistas. No todos los documentales o no todas las investigaciones plasman específicamente lo que fueron las maternidades clandestinas y, además, sin caer en el simplismo y la morbosidad. Es un producto que está hecho con bastante cuidado, con mucho cariño y respeto”, apuntó Pérez Roisinblit en diálogo con ANCCOM. También subrayó el carácter movilizador de la película: “Me di cuenta que aparecemos conteniendo lágrimas o después de haber largado muchas; no me había detenido a observar que me emociono tanto en distintos pasajes de mi historia. Por eso decía lo cuidada que está la película, no cae en lugares comunes, no apela a que estemos llorando para filmar esa situación. Lo que más me queda es el testimonio de Belén (Altamiranda Taranto) del momento en que es arrancada de su madre y su mamá no tiene ni la posibilidad de saber si era varón o nena”.
Roberto Persano, Guillermo Perz Roisinblit y Santiago Nacif Cabrera en la Ex Esma.
Pérez Roisinblit resaltó, además, el trabajo realizado durante estos casi 38 años de lucha de las Abuelas, que llevó a juicio a los responsables del plan sistemático de apropiación de bebés: “La justicia argentina tardó dieciséis años desde que se presenta la denuncia hasta que salió la sentencia. La verdad es que estas ‘viejas’ aprendieron un montón de cosas siendo muy grandes y en la adversidad. Aprendieron de genética, de recursos jurídicos, de leyes, aprendieron a hablar en los organismos internacionales, se construyeron ellas solas y llegaron a todo el mundo”.
El nieto recuperado destacó también las partes del documental en las que se habla de la tercera generación, la de sus propios hijos.“Yo no pude terminar de disfrutar plenamente el nacimiento de mi hija -reconoce- porque estaba lamentando que mi papá no tuvo la oportunidad de disfrutar de mí”.
Los otros dos nietos que le dan vida al documental son Carlos D’Elía Casco, nacido en el Pozo de Banfield y restituido por Abuelas en 1998, y Belén Altamiranda Taranto, nacida en el Hospital Militar de Campo de Mayo y restituida en 2007, ambos ausentes con aviso en el estreno por no encontrarse en la ciudad. Belén desde Córdoba, su lugar de residencia, envió unas palabras que leyó Persano, antes de iniciar la función: “Gracias por hacer visible esta terrorífica etapa de nuestro pasado. Faltan muchos hermanos que buscar, y el apuro que tenemos es que el tiempo pasa y las Abuelas se van sin poder abrazar a sus nietos”, terminó de leer el director, entre aplausos.
Otro personaje central en la historia, también presente en la sala el día del estreno, es la jueza María del Carmen Roqueta, presidenta del tribunal que llevó adelante el proceso popularizado como juicio sobre el “Plan sistemático de apropiación de menores” que tuvo sentencia en 2012 y condenó a Jorge Rafael Videla y a otros genocidas a cincuenta años de prisión. La magistrada comentó a ANCCOM, luego del estreno: “Me gustó mucho porque me parece que es un tema bastante difícil, complejo y triste. Se pueden ver todos los distintos momentos, a las personas, a los nietos restituidos, ver que se hizo un juicio y cómo se llega al momento de memoria, verdad y justicia. La animación, además, le da otro vuelo a la película”.
La particularidad del documental es que está acompañado de animaciones realizadas en tiempo real, en el momento en que se daban los testimonios. Al respecto, el artista responsable de las ilustraciones, Maxi Bearzi contó a ANCCOM: “A medida que iba escuchando la historia de los entrevistados, automáticamente lo iba dibujando. Teníamos muchas ganas de que esto no sea postproducción, que no sea algo que se ponga después, sino de preparar las animaciones y fijar la luz en los lugares donde hubo esta parte de la historia tan oscura”.
Por su parte, Andrés Martínez Cantó, otro de los directores, dijo a ANCCOM: “Estamos muy contentos, porque a mucha gente le llegó la película. Si bien es una temática que fue abordada por diferentes discursos y por diferentes textos, hubo gente muy avezada en la temática de los derechos humanos, de la dictadura, del revisionismo sobre el pasado reciente, que descubrió cosas nuevas y eso es un poquitito lo que nosotros queríamos hacer. De alguna manera avanzar con una mirada más rigurosa sobre lo que fueron las maternidades clandestinas propiamente dichas”.
Con respecto al recorrido que hará la película luego de su estreno, su colega, Roberto Persano adelantó: “Esperamos que siga en cartel un tiempo, que se pueda divulgar en festivales argentinos y del extranjero y que sirva para trabajar la memoria, sobre todo con los pibes más jóvenes, de los secundarios, que quizás no tienen tan fresco el tema del plan sistemático. En nuestra anterior película (Nicaragua, el sueño de una generación) la verdad es que nos fue muy bien, estuvo en más de veinte festivales, así que ahora esperamos repetir. Dictaduras hubo en todo el continente, pero un plan sistemático de apropiación de menores no, está bueno quizás llevar este debate a Latinoamérica”.
Nacif Cabrera también concluyó con sus expectativas: “Esperamos que sea bien recibida por la gente, que mantenga esta lucha que emprende Abuelas de Plaza de Mayo desde hace más de 30 años y siempre con este concepto de memoria, verdad y justicia, hasta que aparezca el último nieto robado por la dictadura. Quedan todavía alrededor de cuatrocientos hombres y mujeres que todavía no conocen su verdadera identidad. Hasta que no aparezca el último seguiremos luchando”.
Actualización 14/10/2015
