Veintidós años, 1,94 de altura, pelo largo y algo que muy pocos logran: ser futbolista de primera división. Auto nuevo, plata en el bolsillo, fama, autógrafos, ¿qué podía salir mal? “Me sentía inmortal”, afirma Hugo Lamadrid en su libro Lamadrí, el renacido, editado por Ediciones Al Arco.
“Llegar a primera es coronar la parte inicial de la carrera, es el proceso de muchos años en divisiones inferiores”, cuenta el ex jugador, quien busca retratar en su libro la vida de la mayoría de los futbolistas. Entrenar desde los 8 años todos los días, debutar a los 20 en primera, el fin de la corta vida útil a los 35 y el retiro. “Bajo a la tierra la imagen del jugador de fútbol estrella, multimillonario. La mayoría de los jugadores somos iguales al que se toma el 31 que va hasta Avellaneda”, recalca.
¿Quién hubiera dicho que, en el mejor momento de su carrera, un partido le jugaría una mala pasada? 19 de febrero de 1989, segundo tiempo, 2-0 arriba frente a Instituto en Córdoba, un golpe en el pie derecho y el ruido de un hueso roto determinarían un giro inesperado en la vida del Flaco. “Vi a mis compañeros, pero no al rival. No lo veo. No llego a amortiguar el golpe. Siento el ruido a hueso roto. Después, oigo el silencio”.
Racing ganó aquel partido, pero Lamadrid salió derrotado. Al día siguiente, su padre lo llevó al médico: base de la tibia astillada, en la articulación con la zona del pie que recibe todo el peso del cuerpo. Con el yeso puesto, a puro calmante, esperaba la primera operación. Pero llegó el pedido del Coco Basile, técnico de la Academia, y Lamadrid se sacó la protección, se inyectó antiinflamatorios, jugó un segundo y un tercer partido lesionado con el coraje del gigante capaz de comerse el mundo. “Después de más de veinte años, Racing clasificó para la Copa Libertadores. En el arco, el Pato Fillol, a la izquierda Rubén Paz y atrás Néstor Fabbri. Y yo pensé, ‘con este equipo, ¿cómo no me la voy a jugar?’”, rememora Lamadrid en diálogo con ANCCOM.
En ese momento había dos caminos: ser campeón de América con Racing después de 21 años o poner en riesgo la carrera. “Me tocó perder”, dice el Flaco. Para entender sus decisiones hay que contextualizar el fútbol de ese momento. No existía conciencia sobre la importancia de la alimentación, no había casi representantes y aún estaba en proceso de profesionalización. El corazón del fútbol estaba en la pasión por la camiseta, la tribuna y no en el negocio. Hoy un futbolista está rodeado de contadores, psicólogos, abogados y todos quieren participar de su parte. Incluso los representantes se profesionalizaron.
El club fue eliminado de la Libertadores en 1989, y tras tres operaciones, a Lamadrid le siguió una rehabilitación de un año y medio. El presidente del club, Juan Destéfano, quien especulaba con su recuperación para renovarle el contrato y venderlo a Europa, comenzó a presionarlo para un retorno rápido a las canchas. El temperamento y los dolores del ídolo desencadenaron insultos y peleas. “En mi época no existía el representante. En mi casa no se sabía demasiado de fútbol, no tenía con quién hablarlo ni preguntar. Fui a prueba y error y así terminé jugando una Libertadores con el pie roto”, explica Lamadrid, hoy de 54 años.
A partir de entonces, sus malas decisiones, el destrato y las negligencias de la dirigencia de Racing, junto con una campaña en su contra, dieron por finalizada su carrera. “Jodo con que soy víctima de la primera fake news”, bromea el ex volante devenido en standapero y tuitero. La recuperación se demoraba y un posible pase a Europa se cayó. Otros clubes lo querían, pero Destéfano se negó a renovarle el contrato o firmar una transferencia, e incluso hizo circular el rumor entre los presidentes de otras entidades que querían ficharlo, entre ellas Boca Juniors, de que estaba roto y no iba a poder volver.
“La discusión con Destéfano era de plata, pero el problema era ir a discutir. En ese momento me enojaba muy fácil y el error fue haber ido y no tener un representante que peleara por la plata. No porque no tuviera la capacidad, sino porque enfrente tenía una persona que manejaba el club como el patio de su casa”, recuerda. Al Flaco no le interesaba la plata, sino el reconocimiento. “Yo necesitaba que el tipo me diga: ‘Te agradezco lo que hiciste, pero tenés dos mangos’. Por ahí lo firmaba, pero la discusión dialéctica de ver quién era más guapo me salió mal. Él tenía las de ganar porque era presidente del club y el error no fue la discusión sino haber ido yo”, enfatiza. Después de eso fue un año a Universidad de Chile, para deambular luego por varias ligas hasta 1999. Pero hoy no guarda rencores.
Gentileza Leo Patti
Te arrepentís de cómo manejaste las cosas?
Las decisiones son límites que condicionan lo que viene. En un momento de la vida me paré. Cuando miro para atrás, veo qué es lo que estuvo mal hecho. El 80 por ciento fueron decisiones mías, mal tomadas. Borré de un plumazo y me hice cargo de mis culpas para, a partir de ahí, construir otras cosas.
Pero no te quedaste viviendo del recuerdo futbolero…
Les pasa a muchos jugadores que recorren los recuerdos de canchas e hinchas desde la nostalgia y no pueden salir de ese recuerdo. Quedan ahí, a un paso de la melancolía. Yo no lo recuerdo sufriendo, lo recuerdo bien.
¿Cómo llegaste al stand up?
Empecé a escribir y un día me encontré con un montón de material, de anécdotas que bajaba al papel. No me resultó difícil empezar a escribir porque casi todos los jugadores de fútbol tenemos la capacidad de contar anécdotas.
¿Cómo se te ocurrió escribir un libro?
En una entrevista que me hizo Alejandro Wall, le dije una frase que uso mucho. “Yo nunca salí en una foto festejando un gol. Yo no era una figura, era el que corría y en el gol no llegaba”. Ahí él me dijo “Flaco, tenés que escribir un libro”. Ya me lo habían sugerido antes.
¿Cómo fue la experiencia?
Con la ayuda de Julio Boccalatte, de Ediciones al Arco, para ordenar el material, y el ojo de Hernán Casciari, junté anécdotas, páginas y capítulos. En febrero estaba para salir, pero empezamos a escuchar lo de China, un murciélago y dije: «Lo único que falta es que yo saque un libro y se pare el mundo». Soy un tipo con suerte…
¿Te gustó escribir?
No me resultó difícil. Cada vez que salía de la radio en Puerto Madero y me sentaba en un bar de Wilde con la notebook a escribir o veía los comentarios de quienes me leyeron, lo disfruté mucho.
¿Y cómo llegaste a Twitter?
Me enseñó mi hija. Yo venía de los posteos de Facebook, de pelearme por política partidaria de Racing a las tres de la mañana y pensaba “qué vida de mierda”. Cuando aparece Twitter fue como llegar a un cumpleaños donde no conocés a nadie, no sabés la dinámica ni qué poner ni qué escribir. Aprendí a usar Twitter a prueba y error, diciendo cosas que hoy son impensadas. Cuando fue la polémica Wanda, Icardi y Maxi tuiteé: «Yo volvería al fútbol, pero para romperle las piernas a Icardi”, algo que hoy no pondría ni loco. Apagué el celu y cuando lo volví a encender me caían notificaciones de todos lados. Me puteaban hinchas de Icardi, los fans de Wanda y todo el mundo. Ahí pensé qué había hecho. Me di cuenta que me había dado retweet Juan Pablo Varsky, que tenía muchos seguidores, y también de lo poderoso que es Twitter.
¿De dónde sacás ideas para tus guiones?
En el tren tenés comedia todo el tiempo, con cosas, comidas, con lo que pase, hay miradas, hay cosas que se dicen graciosas o comparaciones que encuentro por ahí con algo que me pasó. El desafío de hacer reír es más difícil cuando te conocen por el fútbol. Hay dos caminos: o sos muy bueno o sos un boludo. Esto se potencia cuando sos conocido. La vara es más alta.
Seguir renaciendo
Simultáneamente a la comedia, el ex futbolista de la Academia no pierde el tiempo y busca otro título: el de periodista. Hace poco arrancó la carrera en la Universidad Nacional de Avellaneda y, si bien cuenta con la ventaja de hacer programas de radio, sigue capacitándose para conocer las herramientas de los medios. El Flaco aclara que no está en sus planes hacer periodismo deportivo debido a la gran pelea que existe entre los periodistas deportivos y los ex futbolistas: «Muchos echan en cara que por haber sido jugador de fútbol no podés hablar de ello en los medios porque no sos periodista. Entonces, yo quiero ser un jugador, pero con un título”.
A pesar de todo, los motivos de su elección van más allá de estas controversias: “Cuando uno tiene 20 años se cree inmortal, pero cuando ya tenés 50 empezás a pensar la vida desde otro lado. Hoy tengo 54, me duele la espalda, estoy frío con algunas situaciones y sé que la salud me puede jugar una mala pasada, entonces pienso, ¿cómo puedo seguir ganándome la vida? Escribiendo”, concluye.
A principios de julio, intendentes del sur del conurbano junto con la Defensoría del Pueblo bonaerense, presentaron una queja ante el responsable del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo, debido a los reiterados cortes del suministro de Edesur en plena pandemia, producto de años de desinversión, y pidieron revisar los aumentos tarifarios autorizados por el gobierno de Mauricio Macri. La Defensoría solicitó incluso quitar la concesión a la empresa.
Desde la oficina de prensa de Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, aseguran que el servicio de Edesur “es pésimo” y las tarifas “impagables”. “Se corta todo el tiempo la luz, nos dejan sin agua en el distrito y han cerrado las oficinas comerciales para no atender a los usuarios”, afirman.
En enero de 2015, el municipio firmó un contrato con Edesur para empezar las obras de una nueva subestación, que debería ejecutarse en el lapso de cinco años. A finales de julio de este año, el jefe comunal denunció a la empresa por incumplimiento del acuerdo. Frente a éste y otros reclamos, en representación de un grupo de intendentes del conurbano, el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires pidió la revocación de la concesión.
La empresa, de capitales italianos, respondió que “todos los ingresos se destinan a obras para mejorar el servicio” y que los municipios le adeudan 3.000 millones de pesos, fruto del traspaso que autorizó la ex gobernadora María Eugenia Vidal en 2017 que los obligó a pagar el consumo de electricidad en los barrios populares, sin ayuda adicional.
Edesur tiene la concesión hasta el año 2087 y, entre sus accionistas, se encuentra el Fondo Black Rock.
El actual contexto de emergencia sanitaria ha puesto en evidencia la precariedad del servicio eléctrico que brinda Edesur. Los reiterados cortes de luz en barrios no sólo populares sino además de clase media y alta del sur del Gran Buenos Aires, reavivaron el debate acerca de la concesión.
“Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”, fue el fallido del ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, a principios de los 90, en pleno proceso de privatización de las empresas públicas, entre ellas Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires).
En 1992, una parte de la estatal Segba se convirtió en Edesur, cuyo historial de ganancias extraordinarias, desinversión e incumplimiento en el servicio, es de larga data. En 1999, cientos de miles de usuarios se vieron afectados por falta de energía eléctrica durante varias semanas.
En 2003, el gobierno de Néstor Kirchner aplicó una política subsidiaria de tarifas que permitió un mayor acceso al servicio, lógica que se mantuvo hasta finalizar la gestión de Cristina Kirchner, en 2015. Pero con la llegada al poder de Macri, y con el argumento de la “emergencia energética”, en enero de 2016 se quitaron los subsidios y los usuarios sufrieron un incremento de hasta diez veces del valor que venían pagando.
Las empresas energéticas fueron de las grandes ganadoras durante la gestión de Cambiemos. Sólo en tres años aumentaron sus tarifas hasta un 3.000 por ciento, suba que no se vio reflejada en los niveles de inversión. La posterior dolarización de las tarifas tampoco se tradujo en mejoras, sólo en mayores ganancias.
Edesur obtuvo ganancias por más 12.600 millones de pesos en 2019, un 168% más que el año anterior.
Edesur, que tiene la concesión hasta el año 2087 y cuya propiedad es del holding italiano Enel –del que también es accionista BlackRock, uno de los fondos acreedores de la deuda argentina–, obtuvo un beneficio de más 12.600 millones de pesos en 2019, un 168% más que el año anterior, según informó la propia compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
En vista del desbalance entre ganancias, falta de inversión, tarifazos y mala prestación del servicio, los municipios debieron ponerse a la cabeza del reclamo de los usuarios. Desde 2017, cuando Vidal les traspasó a las comunas el costo del consumo eléctrico de los barrios precarios, el ENRE ha detectado irregularidades tanto de Edesur como de Edenor y estima que mantienen una deuda con el Estado de 26.400 millones de pesos. En un comunicado, el organismo de control señaló que «presenta elementos de convicción que pueden colaborar en el esclarecimiento de la causa, permitiendo que se dejen sin efecto los acuerdos realizados», aludiendo a una posible anulación de aquel traspaso.
Tras los reclamos de los usuarios, los intendentes y la Defensoría, el ENRE sancionó a Edesur con una multa de 167.812.000 de pesos por incumplimientos en materia de seguridad pública correspondientes a 2018 y 2019. Los apercibimientos contemplan una denuncia del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, por inobservancia a las normas de seguridad en la vía pública en ese municipio, y otra de septiembre de 2018 por un incendio ocurrido en una vivienda en el partido de Ezeiza, debido a una anomalía en una instalación eléctrica en la vía pública.
No sólo los usuarios del Gran Buenos Aires padecen la negligencia de la empresa, también los de la Capital Federal. Hace pocos días, las organizaciones sociales, sindicales y vecinales integrantes del Comité de Crisis de las Villas 21-24 y Zavaleta volvieron a reclamar a las autoridades del Gobierno porteño la realización de «obras de fondo para garantizar el suministro eléctrico y de agua potable para todos los vecinos».
«En nuestros barrios seguimos esperando las respuestas que nunca llegan y que en contexto de pandemia se vuelven más urgentes que nunca: la energía eléctrica y el agua», afirmaron. A su vez, insistieron en la conformación de una mesa de trabajo con representantes del Estado y las empresas Edesur y Aysa «para que se solucionen definitivamente nuestros dramas que llevan años en la Ciudad».
Los trabajadores de Edesur también sufren las consecuencias del servicio ineficiente, la precarización laboral y la tercerización de las tareas. Julio Acosta, secretario adjunto de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, explica que la empresa cuenta con 2.500 trabajadores contratados por convenio de trabajo de la actividad, pero también con 2.500 empleados precarizados. “Al ser tercerizado el servicio, se han disminuido los costos laborales con bajos salarios”, remarca. La falta de medidas de seguridad para los empleados causó, a mediados de julio, la muerte de dos trabajadores en la localidad de Burzaco.
“La solución, para nosotros, es el fin de la concesión, porque acá no se cumplió con el contrato que firmaron. Creemos necesario que el Estado se haga cargo del servicio porque es un derecho humano”, sostiene Acosta.
La ausencia de personal sanitario en las residencias, junto con la falta de insumos de protección y pruebas diagnósticas para residentes y trabajadores han provocado un aumento significativo de contagios en diversos hogares de adultos mayores de la Ciudad de Buenos Aires. Al cierre de esta nota, son 1947 los infectados y 201 los fallecidos que residían en esas instituciones.
Una oleada de casos en AMBA a principios de la pandemia, impuso a los gobiernos de Ciudad y Provincia de Buenos Aires la elaboración de protocolos específicos para residencias de adultos mayores. El del Ejecutivo porteño fue lanzado a mediados de abril, pero la persistente propagación al interior de los geriátricos exigió una actualización a fines de junio.
Uno de los establecimientos afectados fue la Residencia Del Arce, ubicada en Roosevelt 5570, en el barrio de Villa Urquiza. Durante mayo, se registraron 45 casos de coronavirus, de los cuales 30 eran residentes y 15 trabajadores, según informó el Ministerio de Salud de la Ciudad.
En diálogo con ANCCOM, el titular del establecimiento, Flavio Asch, explica: “En un primer momento, el Gobierno de la Ciudad no sabía cuál era la mejor manera de trabajar junto con los geriátricos. El protocolo no era claro y en muchos casos no se cumplía, más allá de las restricciones de ingreso que se establecieron inicialmente. Hoy, a la residencia viene una médica que revisa los lugares comunes y controla el protocolo de ingreso del personal permanentemente. Se ha mejorado el trabajo gracias a que los protocolos se han ido adecuando”.
Con el aumento de casos, los geriátricos se ven obligados a adquirir recursos sanitarios, lo cual no estaba previsto: “Cuando surge un problema, tenemos teléfonos para llamar, mails con consultas e información, pero le hemos pedido al Gobierno ayuda para la compra de insumos”, afirma Asch.
“Mandamos mucho personal a hisopar. Al principio funcionó, pero hay mucha demora en la atención de las ART», dice Asch.
El protocolo actualizado al 24 de junio establece que se deberá efectuar un control de temperatura y síntomas sugestivos de infección por covid‐19 a cada persona que ingrese al establecimiento. A su vez, la institución debe disponer de un área de vestuario para el personal, donde se realizará el cambio de ropa y calzado de calle por la de trabajo. Además, está previsto que frente a un caso sospechoso se proceda a su aislamiento, para luego dar aviso a la cobertura de salud a la que pertenezca el residente o al SAME si depende del sistema público.
En relación al hogar de Villa Urquiza, Asch asegura que se notificó al Gobierno porteño y se siguió el protocolo correspondiente. La situación mostró, también, la saturación de las aseguradoras de riesgo laboral: “Mandamos mucho a hisopar al personal. En un primer momento funcionó bien, pero hay mucha demora en la atención de las ART, y también en los tiempos que requieren las altas médicas. Incluso hay muchos a quienes todavía no les hicieron el hisopado”. Para el titular de la residencia, esto implicó contratar personal nuevo y capacitarlo, ya que, a pesar de que los empleados no prestan servicio en otros hogares, se han contagiado en sus casas y en el transporte.
De todas formas, las medidas de prevención en el establecimiento se han intensificado. “Todas las personas que tienen contacto con los residentes tienen que usar barbijos, máscaras, y, en algunos casos, guantes y camisolín”, subraya Asch. Los exámenes médicos ahora implican dos controles diarios de temperatura y saturación en sangre, dado que “muestran los síntomas más claros de existencia de covid-19”. Si aparecen, se activa el protocolo y se llama a la obra social del residente, para la derivación al centro de salud y la realización del hisopado.
Las preocupaciones exceden lo referente a gastos económicos y de organización. Durante este tiempo, los mayores solo han podido ver a sus familias por videollamadas. El efecto del aislamiento social o tener que mantenerse alejados de sus familias, sin ninguna actividad, también ha impactado en su calidad de vida.
“La pandemia modificó todo –señala Asch–. Primero, el ingreso de los familiares. Desde el 19 de marzo está prohibido, lo cual afecta emocionalmente a todos los residentes. Intentamos reemplazar esto con zoom y colocamos un intercomunicador en la puerta de vidrio para que puedan verse y conversar. Ese fue el primer cambio fuerte que tuvimos”.
“Tenemos muchos recuperados de covid que vuelven en una situación clínica crítica. En los hospitales están aislados, no tienen contacto con familiares, solo con médicos, quienes tampoco tienen tiempo para acompañarlos. En cambio, en la residencia se los incita a comer y a levantarse. Sabemos que el hospital no tiene los suficientes recursos, pero cuando regresan, algunos que caminaban ya no caminan, por lo tanto, tenemos que empezar de cero con ellos”.
En mayo, en la Residencia del Arce se registraron 45 casos de Covid 19, de los cuales 30 eran residentes y 15 trabajadores.
Hogares porteños
El Gobierno porteño cuenta con un servicio para adultos mayores que funciona bajo la supervisión del funcionario Mauricio Damiano, director General de Dependencias y Atención Primaria. “Nuestros hogares son de puertas abiertas y sus residentes son autoválidos. Es decir que no necesitan asistencia para alimentarse, asearse, o moverse. Hay atención geriátrica, pero principalmente ofrecemos respuesta a la vulnerabilidad de aquellas personas que tienen problemas habitacionales. Estos hogares, además, son gratuitos y poseen todas las prestaciones de recreación, alimentación y atención de la salud”. Del cien por ciento de las personas que viven en estos lugares, el 78 es autoválido y el 22 restante es dependiente y necesita una asistencia o más.
Junto al programa de hogares permanentes, Damiano también es el encargado de la Asistencia Gerontológica y los Centros de Día. La importancia del primero, asegura, radica en ser “la mano del Estado asistiendo en el domicilio”. Este programa constituye una de las instancias previas de atención, para que el adulto mayor no necesite acudir a una institución geriátrica. El funcionario también remarcó el apoyo económico a estas personas: “Se les otorga una ayuda a través del programa ‘Vivir en casa’, mientras cumplan con ciertos requisitos, que en algunos casos sirve para que puedan pagar el alquiler, servicios e impuestos”.
Los Centros de Día son lugares donde los adultos mayores pueden concurrir durante el día, y se les brinda alimentación, recreación, talleres y actividades culturales y de cuidado de la salud. No obstante, a causa de la pandemia están cerrados: “La primera acción que tomamos, una semana antes de que se decrete el aislamiento social, preventivo y obligatorio, fue cerrar estos centros, porque son lugares vinculantes, es decir, adonde los adultos mayores concurren y comparten actividades en un mismo espacio. Mantuvimos esos centros para otorgar otras prestaciones de emergencia, como el retiro de viandas. Además, realizamos un seguimiento telefónico a los participantes del programa”, asegura Damiano.
Alrededor de 1.800 adultos mayores viven en los cinco hogares de que dispone el Gobierno de la Ciudad.
Al igual que en las instituciones privadas, en los hogares de residencia permanente se establecieron protocolos sanitarios, en base a disposiciones del Ministerio de Salud, para que el adulto mayor pudiese salir a cobrar y concurrir al médico. “Implementamos áreas de aislamiento para llevar a cabo las salidas y el sistema de cobro; y tuvimos que establecer un sistema de compras para que algún encargado del hogar vaya y compre. Además, como muchos residentes se valen por sí mismos, algunos salían a trabajar antes del aislamiento”, afirma Damiano. La restricción absoluta de visitas también se aplica desde el primer día, aunque para el director del programa “la pandemia nos obliga a un aprendizaje constante, por lo que estamos en un proceso de mejora continua”. Alrededor de 1.800 adultos mayores viven en los cinco hogares de que dispone el Gobierno.
En los programas también trabajan personas mayores de 60 años o con alguna enfermedad preexistente. Damiano asegura: “A quienes les correspondía tramitar la licencia lo hicieron y están prestando servicio desde su casa. El trabajo que se realiza en todos los programas de asistencia a la tercera edad es de máxima esencialidad, y es una de las actividades contempladas dentro de las excepciones al aislamiento, pero se logró llegar a ese consenso”. En cuanto al vector económico, el funcionario aclara que “debemos remarcar la gestión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que otorgó un bono de 5.000 pesos a quienes están en los hogares de residencia permanente”.
En los hogares del Gobierno porteño, cada área de enfermería toma la fiebre regularmente al ingresar al edificio y lleva un registro de historias clínicas. En caso de detectar síntomas, se llama al sistema de salud y este determina los pasos a seguir. Todos los elementos de protección personal son exigidos y proporcionados por el Gobierno. “Fomentamos un uso racional de los insumos y que se usen adecuadamente”, aclara Damiano.
Los positivos de covid-19 en estas residencias han incluido a trabajadores y residentes. “Hace dos semanas estamos testeando al personal con tests rápidos en hogares –informa Damiano–. Esto nos permite seguir semana a semana la situación. Son tests serológicos, es decir, permiten determinar si la persona testeada tiene anticuerpos, en caso de haber tenido la enfermedad. Si da positivo para esta prueba, se hace el PCR y Salud se hace cargo de allí en adelante, como en los casos sintomáticos”.
El testeo periódico es una diferencia fundamental entre los hogares públicos y las
instituciones privadas. Sólo las instituciones estatales están obligadas a realizar las pruebas PCR ante la existencia de síntomas compatibles con Covid 19.
El caso sueco
A principios de mayo, cuando Alberto Fernández anunció la flexibilización de la cuarentena en casi todo el territorio argentino (con excepción del AMBA), describió dos ejemplos de países que adoptaron medidas contrapuestas frente a las crisis sanitaria y económica. En Noruega, la cuarentena se aplicó de forma rígida desde el principio de la pandemia. El gobierno sueco, en cambio, optó por un confinamiento voluntario, apuntó a la cooperación de los ciudadanos y mantuvo bares, gimnasios y centros comerciales abiertos.
Muchos “anticuarentena” se apuraron en exaltar la estrategia de Suecia, con el argumento de que era posible atravesar la pandemia sin una caída significativa de la actividad económica. Semanas más tarde, sin embargo, Anders Tegnell, el epidemiólogo que dirige la estrategia sanitaria del país, reconoció haber equivocado el enfoque. La elevada tasa de mortalidad, especialmente en la población de tercera edad, llevó al especialista a esta conclusión. La mitad de las muertes por covid-19 se han producido allí en residencias de adultos mayores, y un 25 por ciento entre ancianos que reciben atención domiciliaria, según datos de la Agencia EFE. Annika Linde, quien antecedió a Tegnell en el puesto hasta 2013, criticó duramente la medida oficial y señaló que la idea del gobierno sueco de proteger a los ancianos en las residencias se trataba de “un sueño con poca base de realidad”. Esto se debió, según la infectóloga, a que se dejó en manos de empresas privadas la regulación de esos establecimientos.
A pesar de las deficiencias previas en el sistema de salud y en la atención de la tercera edad, Argentina fue uno de los países que afrontó con mayor celeridad el problema en la región. No obstante, alrededor del 80 por ciento de los fallecimientos fueron de ancianos. En Brasil, el segundo país en cantidad de muertes a nivel mundial, se estima que más de un 70 por ciento. Chile, el país con más muertos cada cien mil habitantes de América (37 cada 100.000), reporta un 80 por ciento. Lo concreto es que la salud de los adultos mayores depende de la protección que pueda brindar el Estado, aún la de aquellos que viven en establecimientos privados.
La cuarentena registrada por el foco de las egresadas del Centro Educativo PAEBYT El Galpón, Barrio Carlos Mujica, Villa 31.
“Si contás con dispositivos, tenés suerte de entrar a las clases virtuales. No hay señal ni conectividad en el barrio. Para las Olimpiadas (de la Juventud) habían instalado wifi pero lo sacaron todo. Esperemos que el Gobierno porteño actúe cuanto antes, no podemos seguir así”, se queja Julia, vecina de Villa Lugano y alumna del Programa de Alfabetización Básica Educación Y Trabajo (PAEByT).
La pandemia revela, una tras otras, las fragilidades preexistentes que padecen los sectores vulnerables. En 2016, la ONU declaró el acceso a Internet como un derecho humano fundamental para garantizar el ejercicio de la educación, la libre expresión, el desarrollo social y económico, entre otras cuestiones. Laura Tamburrino, educadora del PAEByT, detalla las dificultades de la modalidad virtual en el barrio de Villa Soldati: “Casi no hay clases. Algunos alumnos disponen de dispositivos, pero la mayoría no tiene computadora ni Internet. Al no haber buena conectividad, sólo podemos trabajar con aquellos que tengan dispositivo e Internet propios”.
Mientras esperan soluciones para retomar las clases, los docentes del PAEByT trabajan en conjunto con comedores, parroquias, centros culturales y educativos para paliar el hambre en diversos asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. “Están todos con miedo. Los comedores, por ejemplo, están tratando de subsistir en la primera línea, hacen lo que pueden. Hemos elevado los reclamos al Gobierno porteño pero lo que llega no es suficiente en absoluto. Somos los educadores, talleristas, equipos sociocomunitarios, los que pensamos nuevas formas de ayudar”, cuenta Tamburrino. Una de las iniciativas que llevan adelante es una campaña de donación de alimentos, productos de higiene y de limpieza para sus estudiantes y las familias.
Pero toda esta solidaridad no puede resolver la falta de conectividad, una barrera para miles de niños, jóvenes y adultos que ven negado, así, su derecho a la educación. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) impulsa, junto a otras organizaciones y agrupaciones de vecinos, una acción de amparo para que el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta garantice la continuidad pedagógica de los estudiantes de barrios populares. Uno de los reclamos principales es que se faciliten dispositivos y herramientas y se ordene al GCBA garantizar el acceso gratuito a Internet mediante una conectividad adecuada en las viviendas de todos los habitantes de la Ciudad que no tengan la capacidad económica para costear su acceso a Internet.
Ante la exigencia de quedarse en casa para cuidarse del Covid-19, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) emitió una resolución que busca dar respuestas a algunos de estos problemas. Esta semana, desde el organismo anunciaron un fondo de emergencia de 100 millones de pesos que servirá para ofrecer acceso a la red de Internet a las villas aisladas por la pandemia. Además, destacaron la importancia de la tecnología para cuestiones básicas, como la realización de trámites, y dieron detalles de la entrega de 250 tablets del Programa +Simple a los Curas Villeros.
“Este programa tiene como objetivo achicar la brecha digital y lograr el acceso a las tecnologías, de información y comunicación. En una primera etapa, estaba orientado a personas mayores, pero desde el mes pasado se amplió a movimientos sociales y organizaciones cooperativas para ampliar el universo de los destinatarios”, señala el director Nacional de Fomento y Desarrollo de ENACOM, Pablo Urquiza.
“Como Estado, tenemos la obligación de acompañar y ayudar. En los próximos días, vamos a estar en los distintos barrios con los sacerdotes en el Gran Buenos Aires, implementando proyectos para que se garantice la conectividad y para que todos puedan tener el acceso igualitario y en condiciones de calidad. Esto no es más que hacer cumplir la ley y el objetivo que tenemos como ente de comunicación”, agrega el funcionario.
Entretanto, el Gobierno de la Ciudad, en lugar de atender estos problemas y necesidades, está realizando “encuestas de seguimiento” telefónicas a las familias con hijos en escuelas públicas, cuyo propósito no pareciera tener que ver con lo pedagógico. Ante este hecho, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), denunció: “Resulta llamativo y hasta sospechoso que las preguntas, como relatan las familias que han sido encuestadas, están vinculadas a obtener información sobre el desempeño de los maestros: cantidad de días que envían actividades, cuántas por día, nombre y apellido de los docentes”.
El secretario general de UTE, Eduardo López, exigió al Gobierno porteño que cumpla con la cautelar dictada por el juez Roberto Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 –que ordena proveer Internet y computadoras a quienes estudian en las villas–, y desmintió lo dicho por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en una de sus últimas conferencias de prensa: “Es mentira que el 93 por ciento de los estudiantes tiene conectividad. En una escuela de Soldati, menos del 10 por ciento pudo acceder en el último mes”.
“Hace cinco años teníamos el programa Conectar Igualdad. Con Macri esto dejó de funcionar. Lo que estamos pidiendo son políticas públicas para garantizar la igualdad: la educación tiene que ser para todos, no solo para el que tenga plata”, concluyó López.
La app CuidAR ya tiene más de cinco millones de usuarios.
La pandemia provocada por el Covid-19 y las medidas de distanciamiento físico propuestas por la Organización Mundial de la Salud para contener su difusión, han repercutido en todas las esferas de la vida social. El aislamiento preventivo ha sido una de las medidas más eficaces para combatir al virus, pero impide innumerables actividades productivas que necesitan de la circulación. Para peor, en países donde la cuarentena no es obligatoria la economía también se ha visto profundamente afectada. En una situación en la que parece imposible salir ganando, ¿cómo se hace reducción de daños?
Para reducir el impacto de esta crisis, los Estados buscan alternativas. En tiempos digitales resulta natural echar un ojo sobre el potencial de la tecnología. Países como China, Japón, EE.UU. España, Corea, Reino Unido y otros han implementado distintas herramientas digitales con variados mecanismos de prevención y seguimiento del virus que permiten mejorar la “sintonía fina” de un distanciamiento social imprescindible. Pero, ¿cuál es el precio por el uso de aplicaciones que afectan la circulación de datos sensibles como la salud de los ciudadanos? ¿El impacto de las aplicaciones es mayor que el daño al derecho a la privacidad?
Esta discusión también tiene lugar en la Argentina donde el Estado nacional lanzó la aplicación CuidAR que permite identificar potenciales afectados y advertir al sistema de salud para que lo contenga rápidamente. Fernando Schapachnik, Doctor en Ciencias de la Computación y uno de los desarrolladores de la app, dialogó con ANCCOM: “El objetivo es proteger la salud pública. Si te sitúas en esta época del año pero en 2019, cuando te agarrabas un resfrío o tenías fiebre, seguramente te tomabas una aspirina y te ibas al trabajo. Era la gripe de todos los años. Ahora los mismos síntomas generan miedo y sobrecarga en las líneas de atención. Lo primero que busca la aplicación entonces es ordenar el autodiagnóstico que todos hacemos. Lo que busca la app es objetivar ese autodiagnóstico en función de la definición de caso sospechoso para reducir la demanda”. La aplicación, además, obliga a repetir el procedimiento cada 48 horas para reconocer síntomas leves, brindando a cada persona una alarma más rápida.
Cuando se habló de una posible obligatoriedad del uso de CuidAR, no quedó claro cómo harían quienes no tienen celular o carecen de espacio para descargar la app. “Desconozco si puede hacerse obligatoria la aplicación. Eso posiblemente lo pueda contestar un abogado”, contesta el informático. “Pero más allá de las cuestiones de accesibilidad y de la brecha digital, lo que me parece importante es pensar cuál sería el motivo para no usar la aplicación. El certificado de papel es problemático porque no se invalida ante la existencia de síntomas. Uno pensaría que un enfermo se queda en la casa, pero vimos que está lleno de irresponsables”. En un contexto en que la prioridad es que las personas infectadas no circulen, Schapachnik sostiene que “el camino es hacia una mayor integración de los sistemas informáticos”.
Algunos cuestionan que el almacenamiento de los datos se realice en servidores de Amazon.
Los reportes que hace cada usuario de la app tienen carácter de declaración jurada, algo que preocupa a algunos sectores. “Este es un desarrollo conjunto entre la Secretaría de Innovación Pública, la Cámara de la Industria Argentina de Software, investigadores del CONICET y Fundación Sadosky”, responde Schapachnik frente a quiénes hablan de una necesidad de mayores consultas para desarrollar una herramientas como esta. “No sé qué otra app en el mundo tiene un abanico tan amplio de involucrados. Las personas que desconfían de cada sector pueden ver que hay participación de otro: aquellos que piensan que el Estado no debe gestionarlo por su cuenta, pueden ver que hay participación del sector privado, y viceversa. Los que recelan de ambos, pueden confiar en la participación del CONICET y de la fundación”.
El especialista está satisfecho con los resultados obtenidos: “Esta app tiene hasta ahora más de cinco millones de usuarios y por ende millones de autodiagnósticos. A muchos les ha permitido salir de la duda. Un porcentaje pequeño ha tenido síntomas compatibles y se han tomado las medidas de derivación correspondientes”.
Como explica Schapachnik, la aplicación necesita saber dónde está el afectado en ese momento para indicarle a qué número debe llamar, algo que varía en cada región. El GPS simplifica esta tarea pero el usuario puede elegir no instalarla: “Si no le das el permiso de localización a la aplicación, cuando te reportás como positivo te toma la dirección declarada previamente. Una cosa son los permisos que pide la app y otra es cuándo los utiliza. CuidAR solo usa el GPS ante la detección de un caso con síntomas compatibles con Covid 19, y eso es para agilizar la derivación al sistema de salud. Si a alguien le aparece que CuidAR está usando el GPS en otro momento, que me mande una captura de pantalla, porque eso no pasa”, declaró.
Para algunos especialistas de la sociedad civil la emergencia amerita la toma de medidas inusuales, pero dudan que se haya evaluado debidamente la seguridad de datos tan sensibles como la salud o la ubicación de las personas. En particular, muchos señalaron con preocupación que el almacenamiento de los datos se realice en servidores extranjeros, más precisamente en los de Amazon. Según Schapachnik, la normativa argentina permite que los datos estén alojados en servidores de países con una regulación igual o más estricta que la propia, otorgando “un marco de absoluta legalidad” a este procedimiento. No obstante, el especialista remarcó la importancia de una política que acompañe el desarrollo nacional en estas cuestiones: “El sistema científico argentino no cuenta con la estructura informática todavía, porque son capacidades que no se desarrollaron en los últimos años. ARSAT, con todo el potencial que posee, aún no puede brindar lo que se conoce como servicios de infraestructura elástica. Pasa algo parecido en otros ámbitos de desarrollo científico. Nadie dice que los test que se utilizaron al principio eran importados. Lo primero es que haya test y medicamentos, lo segundo es que se produzcan en el país. Hay que entender la diferencia entre las posibilidades de innovación científica y las prioridades del sistema de salud”.
Desde una mirada más crítica, algunos especialistas consideran que el riesgo de entregar tantos datos es excesivo para resultados que todavía consideran inciertos. Al ser consultada por ANCCOM, la Doctora en Derecho en Protección de Datos Personales y Especialista en Derecho Informático, Johanna Caterina Faliero, declaró: “La protección de datos también es un tema de soberanía nacional. Debemos velar como país para que estas transferencias internacionales siempre se hagan con adecuados niveles protectorios en materia de datos personales y, por otra parte, tener mucho cuidado respecto a si esas transferencias no han sido consentidas por los titulares de esa información”.
Por otro lado, Faliero remarcó la importancia del Estado como garante de derechos ante la creciente informatización de los procesos, ya que la protección de datos personales “es un derecho humano fundamental en una era en la que dejamos huellas a partir de datos y metadatos que son almacenados y procesados”. Para la especialista, estas cuestiones constituyen una demanda creciente de la población: “La ciudadanía está cada vez más consciente de la importancia de la preservación de la privacidad de los datos; decidiendo cómo, cuándo y en qué situaciones se puede trabajar con ellos y revocar ese consentimiento de manera absoluta y sin expresión de causa”. Además, afirma que esto ha incrementado el estado de participación y el debate público abierto.
El avance de los Estados en materia de acaparamiento y procesamiento de la información personal es una tendencia que preocupa a la consultora. Se trata de gobiernos que han adoptado “soluciones tecnológicas como videovigilancia y entrecruzamientos masivos de base de datos que han sido poco debatidas o no han contado con el debido estudio de los impactos en materia de datos personales”. Por lo tanto, para la especialista es necesario tomar un rol activo desde la ciudadanía, ya que “el Estado es responsable de estas acciones en contra de las libertades individuales”.
Uno de las dudas que sobrevuela las implementaciones es el riesgo de caer en lo que el investigador Evgeny Morozov llama «solucionismo tecnológico», es decir la creencia de que una app puede resolver cualquier problema. Sobre esto, Faliero detalla: “Lo primero que estamos dando por hecho es el acceso a esas tecnologías, eso es algo que nos lleva al concepto de brecha digital. Cuando una app se lanza a un público masivo debemos tener en cuenta la inmensa heterogeneidad de dispositivos o su disponibilidad”. También advierte que es probable que los sectores más necesitados de estas medidas sean aquellos que tienen la peor calidad de dispositivos y conectividad, por lo que “deben tenerse en cuenta estos factores socioambientales y socioculturales antes de poner en marcha estas iniciativas”.
Respecto al uso de aplicaciones por parte del Estado, existe un deber de los organismos públicos en demostrar la proporcionalidad de la medida, en este caso la necesidad de avanzar sobre la privacidad para alcanzar un fin superior como sería la contención de la epidemia. La abogada asegura que toda implementación de tecnología debe ser llevada a cabo con “transparencia, sin prisas y asegurando la participación de la sociedad en su control”. Al mismo tiempo, afirma que no debe permitirse un avance sobre derechos y principios que en tiempos de normalidad estaría prohibido, porque sería muy difícil recuperar ese terreno perdido.
Leandro Ucciferri, abogado, investigador y representante de la Asociación de Derechos Civiles afirma que la herramienta tiene algunas fallas básicas respecto de cómo se usará: «Hay un fuerte incentivo para no brindar información precisa sobre los síntomas que puede estar atravesando una persona, sobre todo para obtener el permiso de circulación». Además están los casos asintomáticos: en su opinión, una app nunca va a poder determinar si esa persona y su entorno se encuentran en riesgo de salud. «En el caso de CuidAR hay que volver a plantear la discusión sobre cuál es el problema que realmente se quiere resolver con esa app, y de qué manera ciertas funcionalidades pueden ser útiles para ese fin, sin poner en riesgo otros derechos, sobre todo cuando el Estado ya tiene un historial largo por no cumplir con medidas de seguridad elementales». Justamente, ADC fue una de las organizaciones que cuestionó fuertemente los sistemas de reconocimiento facial implementados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años que con la excusa de encontrar a unos pocos miles de prófugos monitoreaban a millones de ciudadanos cotidianamente. Para el abogado, “los funcionarios públicos tienen que darse cuenta de que el rol social de la tecnología es difícil y no hay una fórmula infalible que ayude a resolver todos nuestros problemas, al menos no sin crear nuevos“.
Hasta la fecha, no se desarrolló una vacuna para el Covid 19 y tampoco está claro si quien lo tuvo queda inmune al virus, pero este tipo de dudas puede extenderse a casi todas las medidas que se tomaron. En ese contexto, los especialistas insisten con la necesidad de utilizar medidas de prevención comprobadas tales como el refuerzo de las medidas de higiene, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el aislamiento preventivo y la utilización de sustancia químicas para la desinfección de superficies. Faliero resume: “Nuestra naturaleza humana es ser reacios a la inseguridad, cualquier cosa que nos brinde un salvavidas en medio de ese océano en el cual estamos perdidos, es vista como una buena solución”. Desde el otro lado consideran que la emergencia no es un buen momento para discutir sino para probar con todas las herramientas que ayuden a controlar la pandemia. Tal vez del diálogo entre ambas posturas pueda surgir una respuesta capaz de encontrar el delicado equilibrio entre los derechos a la salud y a la privacidad.
