Sep 30, 2020 | Comunidad, Novedades
Argentina cuenta con una superficie de 2,78 millones km². Es el octavo país más grande del planeta. A pesar de que estas cifras revelan que su densidad de población es baja, 16 habitantes por km², según el registro de Tierras Rurales de la Nación, casi el 40 % de la población no tienen acceso a tierras o vivienda propia que está concentrada en pocas manos: 65 millones de hectáreas, casi el 40% del territorio, es propiedad de 1.200 terratenientes. La problemática supone un gran perjuicio para los pequeños y medianos productores, que en parcelas que nos les pertenecen y deben arrendar, producen más del 60% de los alimentos que se consumen en el país.
“Seguimos bajo la lógica de siglos pasados, donde los que ganan son los arrendadores, mientras los que trabajan viven con lo poco que les sobra después de pagar el alquiler”, cuenta Julieta Pereira, trabajadora del nodo sur Moreno, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). Frente a este panorama, la organización volverá a presentar el Proyecto de Ley de Acceso a la Tierra para remediar esa situación.
Franco Segesso, abogado de la UTT, explica que la propuesta del proyecto de ley es una especie de “Procrear rural”, en el que a través de créditos blandos los pequeños productores puedan tener acceso a inmuebles rurales, ya sea de manera individual, de pocas hectáreas, o de manera colectiva para conformar una colonia.
Ya se presentó sin éxito en los años 2016 y 2018 y se volverá a intentar hacerlo nuevamente en estos días. “Yo creo que este año se va a tratar. Tenemos buenas expectativas, ya que año a año fuimos logrando más adhesiones”, relata Franco. La última vez que se presentó lo firmaron 14 diputados nacionales. Entre ellos, algunos que actualmente ocupan cargos en el Poder Ejecutivo, como Luis Basterra, ministro de Agricultura, Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el canciller Felipe Solá, Juan José Bahillo, ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, entre otros. Según Seggeso “es un proyecto muy práctico para el acceso a la tierra, no requiere mayor reglamentación así que pensamos que esto va a avanzar.”
Un proyecto de ley similar ya se presentó sin éxito en los años 2016 y 2018.
Diego Montón, ingeniero agrónomo, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, opina sobre el proyecto de la UTT: “Me parece una buena iniciativa en términos que plantea una herramienta financiera para que una buena parte de pequeños productores y campesinos de la agricultura familiar que hoy son arrendatarios puedan acceder a créditos que le permitan tener una garantía para poseer su propia tierra”.
Además señala la importancia del acceso a la tierra para impulsar la agroecología: “Para poder acondicionar un sistema agroecológico intensivo se necesitan muchos años acondicionando la parcela y eso a veces con la movilidad que plantea el arrendamiento se dificulta, porque las familias están unos años en un lugar, otros años en otro. Esta ley permitiría que con el pago de un crédito se garantice la compra de la tierra y entonces la familia podría tener una vida digna y desarrollar un programa a medio y largo plazo para consolidar un modelo agroecológico”.
La cuestión agroecológica es un aspecto importante en el Proyecto de Ley de Acceso a la Tierra. Según el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), este tipo de producción se basa en un modelo sustentable en el tiempo, que mediante el manejo racional de los recursos naturales, contemplando la diversidad biológica y sin la utilización de productos de síntesis química, brinde alimentos sanos y abundantes, manteniendo o incrementando la fertilidad del suelo. “Donde hay tierra propia hay más posibilidades de que haya agroecología porque la familia va a poder invertir mejor y si hay más agroecología hay más soberanía alimentaria porque no hay dependencia de químicos y semillas producidos por multinacionales que están en precio dólar”, detalla Segesso.
Por su parte, Pereira profundiza: “La agroecología es fundamental para mantener sanos nuestro medio ambiente y alimento, viendo las problemáticas que trajeron Monsanto, las semillas híbridas, los químicos y pesticidas. El Consultorio Técnico Popular (CoTePo) de la UTT produce bioinsumos y fertilizantes que son ecológicos.”
La UTT realizó una acción en Plaza de Mayo para visibilizar la situación de los pequeños productores el 20 de agosto.
Otras cuestiones importantes que plantea el proyecto de ley son el acceso a una vivienda digna y descomprimir las zonas que tienen una intensa producción de alimentos hacia lugares en donde hace falta que se produzca comida en forma local, esto a partir del acceso a tierras fiscales para la creación de colonias agroecológicas. Por ejemplo, Segesso cuenta que en Tapalqué, localidad de Buenos Aires de 10 mil habitantes ubicada a 273 kilómetros de Capital Federal, se compra la verdura en Mar del Plata o en el Mercado Central, teniendo una gran cantidad de hectáreas para producir. Por eso, desde la UTT hicieron un acuerdo con su intendente para establecer una colonia agroecológica, así sus habitantes puedan acceder a un alimento más barato y saludable.
“La soberanía alimentaria sólo puede ser garantizada a partir de la agricultura campesina y familiar y depende de políticas de acceso a la tierra. Cuando la tierra está en manos de corporaciones que la utilizan solo como un instrumento financiero-mercantil, nos alejamos de la soberanía alimentaria, que tiene que ver con cómo se fortalece la producción de alimentos saludables para los mercados locales, para los programas sociales y para lograr un precio justo a la gran masa de trabajadores”, argumenta Montón.
“Es fundamental que el Estado, en tanto gobierno, garantice la soberanía alimentaria a través del acceso a la tierra para los pequeños productores. Porque sino es seguir llenándole los bolsillos a las multinacionales agroindustriales que vienen a envenenar nuestro suelo y a nuestra población con su innovación agro tóxica» que es un negocio asegurado para unos pocos”, suma Pereira. “El acceso a la tierra es un pilar fundamental para la soberanía alimentaria. Para poder ser decisores sobre qué y cómo se produce, hace falta que el agricultor o campesino tenga seguridad sobre la tierra” finaliza Segesso.
Ago 4, 2020 | Novedades, Trabajo
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE) celebra, este martes 4 de agosto, su 30° aniversario: tres décadas de organización, de resistencia por las tierras que les pertenecen y de recuperación cultural e histórica, cosechando en el camino los derechos desde siempre negados. “El MoCaSE nació a raíz de los problemas de tierras, las detenciones, las represiones que eran cada vez más alevosas, en las que la misma policía actuaba de esa forma para favorecer al empresariado. Ante la impunidad que había, nos organizamos”, afirma Deolinda Carrizo, autoproclamada campesina e indígena, que para aquel entonces era tan sólo una niña. Con evidentes logros a celebrar, reclamos históricos aún sin saldar y amenazas que, aún con el mundo paralizado, acechan a las familias, este aniversario encuentra a campesinos y campesinas, pueblos indígenas y pescadores artesanales aunando sus fuerzas para que la salida de la crisis sea apostando por la soberanía alimentaria y una reforma agraria integral y popular.
Santiago del Estero es una de las tres provincias con los índices de pobreza más altos del territorio argentino. De los casi 912 mil habitantes, la población campesina es cercana al 40 por ciento y son numerosas las poblaciones originarias que habitan en la provincia: Tonocoté, Vilela, Lule-vilela, Guaycurú, Sanavirón y Quechua. Los paisajes que se pintan en cada punto del territorio distan enormemente unos de otros. En la profundidad del monte adentro, los árboles centenarios, altísimos, son las huellas de una cultura gestada desde las raíces mismas de la historia americana, talada y vuelta a crecer, una y otra vez.
Las vistas de los viejos gauchos criollos hoy en día son sólo accesibles, como tantas otras verdades y saberes, a través del relato. Si bien la flora, la fauna y el desarrollo de la vida humana en todas sus dimensiones ha sido desdibujada durante largos siglos, en los últimos 35 años los desmontes, talas y deforestaciones, especialmente para el cultivo industrial de soja transgénica, ha cambiado dramáticamente la biodiversidad y el ecosistema rural, provocando una incipiente desertificación, el empobrecimiento de la vegetación, y produciendo el vertiginoso despoblamiento de los montes.
La aplicación de políticas neoliberales durante la década del noventa y el rol cada vez más influyente del agronegocio en la economía nacional, sumado a las fuertes crisis vivenciadas en aquellos años, tuvieron consecuencias críticas en las condiciones de vida del campesinado santiagueño. Las innovaciones tecnológicas y el desarrollo de la agroindustria fueron haciendo posibles los avances de las empresas transnacionales sobre las tierras nacionales que día a día aumentaban su valor y cuyas ganancias eran usurpadas todas por las empresas.
Aquellos caminos ásperos que penetraban los montes -algunos, de hecho, imposibles de transitar- empezaron a ver llegar las inversiones en mejoramiento que durante años el campesinado supo reclamar: lejos de ser en su beneficio, las pasarelas eran montadas para que un sinfín de topadoras desfilaran por los caminos de los territorios con la orden de desmontar para luego plantar soja. Es en los lazos que se entretejieron resistiendo a tales embates es que surge el MoCaSE.
Hoy Deolinda Carrizo es una de las referentes del Movimiento. “El objetivo era ser la voz del campesino y las campesinas, ser el instrumento o la herramienta con la cual presentarse ante las autoridades de la provincia o de lo que fuera para dialogar sobre la cuestión en conflicto –recuerda-. Cuando nos empezamos a organizar vimos que había otros procesos tanto a nivel nacional como en Latinoamérica. En 1997 nos incorporamos a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), que es el rostro de la Vía Campesina en América Latina y el Caribe”. Desde allí, dan fuerza a sus históricas banderas de lucha: la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria, mamadas desde los inicios y construidas día a día en un proceso consciente de recuperación identitaria.
“Cuando hablamos de Reforma Agraria no nos referimos a la clásica, sino a una integral y popular, concebida desde la práctica misma de los pueblos campesinos, indígenas y pescadores artesanales, que ha ido tomando cada vez más fuerza” asegura la referente y agrega: “Hablamos de una vuelta al campo, de ese proceso político de retorno a la tierra para generar una matriz productiva de alimentos variados, sanos y accesibles para los pueblos y cuidando la madre tierra. La vuelta al campo es fundamental para garantizar la soberanía alimentaria: su corazón late con las semillas nativas, criollas, en mano de los pueblos”.
“Venimos trabajando en la propuesta de Soberanía Alimentaria, en respuesta a las políticas neoliberales que los organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI) y transnacionales, y a su término de seguridad alimentaria que promovían con la revolución verde, imponiendo la explotación de la tierra, a través de monocultivos y agrotóxicos en manos de transnacionales como Syngenta, Bayer-Monsanto, Dupont y otras. La Soberanía Alimentaria es hoy una estrategia reconocida en la FAO para terminar con el hambre en el mundo”, redactan desde el Movimiento en una carta recientemente publicada a partir de lo acontecido con la cerealera Vicentin. Deolinda Carrizo afirma que esto último “ha abonado más la discusión que ya se viene dando desde diferentes espacios. Ha habido una madurez social en cuanto a la discusión de la soberanía alimentaria”.
Red de radios
Además de la ardua lucha por sus tierras, su identidad y su memoria, como fruto de su proyecto político y su militancia han concretado enormes proyectos -que también suponen la conquista de derechos arrancados- como una universidad propia, una escuela agroecológica, la gestión de seis radios, congresos multitudinarios y pasantías con estudiantes de distintas universidades.
Ernesto Lamas, comunicador, docente y uno de los fundadores de FM La Tribu, dialoga con ANCCOM acerca de la experiencia que supuso la creación de la red de radios del MoCaSE, de la cual fueron parte desde el colectivo de la radio porteña. “Ellos se habían planteado como un desafío el tema de la comunicación: contar con medios propios. Las pocas veces que aparecían en medios siempre era o con una nota que los estigmatizaba o con temas de violencia en los que los hacían aparecer como usurpadores de tierra. Tenían muy poco espacio en medios de comunicación provincial, ni que hablar en los nacionales”.
Guiados por el deseo y la necesidad de alzar sus voces históricamente silenciadas, empezaron a trabajar en conjunto para FM del Monte, la primera radio del movimiento, situada en Quimilí. La primera emisión fue en 2003; durante los años subsiguientes se pusieron al aire cinco radios más. “La red de radios es un gran ejemplo de cómo el ejercicio del derecho humano a la comunicación se pone en práctica –afirma Lamas-. Esa idea de que todos pueden recibir, buscar y difundir información en este caso se llevó a la práctica, incluso antes de la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
Sin dudas exclamar y denunciar al aire lo que muchos prefieren mantener en los márgenes y pelear un lugar dentro de un ecosistema de medios fuertemente concentrado requiere una enorme persistencia y valentía. En este sentido, el comunicador entiende que “el hecho de que las radios comunitarias hayan sobrevivido a estos cuatro años de vaciamiento del Estado y de políticas públicas de desguace de la ley, demuestra la capacidad, la resistencia y la legitimidad que tienen como medios. Yo creo que son una expresión clara de la necesidad y el derecho que tienen las comunidades a tener una voz propia que visibilice otras agendas y también son una demostración de por qué es importante que el Estado garantice en parte su funcionamiento, porque está demostrado que la concentración de medios es achicar la democracia”.
Educación popular y formación política
En consonancia con esta necesidad de reivindicar las raíces campesinas e indígenas surgen los espacios formativos del MoCaSE, desde los cuales se busca recuperar desde la educación la experiencia y la memoria ancestral que se va perdiendo por el desarraigo producido en el bombardeo cultural actual. Inspirados en las enseñanzas de los viejos sabios del monte, como Raymundo Gómez y Tito Ravelo -dos íconos de las comunidades santiagueñas-, desde el Movimiento entienden que el pensamiento y el saber es un arma peligrosa para los intereses capitalistas.
En agosto de 2007 se inició en Quimilí la Escuela de Agroecología, donde se promueve la construcción de saberes horizontales, en un constante intercambio entre el campo y la ciudad, pero revalorizando los conocimientos propios, desde antaño deslegitimados. “Es una escuela con sistema de alternancia: una semana estamos en la escuela, las otras tres semanas en las comunidades campesinas, desde donde se debe acompañar el proceso escolar de los y las estudiantes”, cuenta Carrizo. Rompiendo con las bases y condiciones de la educación bancaria, en la escuela de Quimilí se aprende y lleva a la práctica la apicultura, la producción animal, carpintería, huerta, hilados y tejidos, energías renovables, entre otros saberes.
“Además, hicimos un relevamiento y nos encontramos con que muchos jóvenes tenían ganas de estudiar si tuvieran la oportunidad. Muchos de los chicos que terminaban la escuela no se iban a estudiar porque era inaccesible para la mayoría”. Se inauguró en agosto de 2013 la Universidad Campesina “Suri” (Sistemas Universitarios Rurales Indocampesinos), espacio de constitución y fortalecimiento del campesinado como sujeto político, económico y cultural. Entre otras tecnicaturas ya en ejercicio, en julio del corriente año dieron inicio, junto al Instituto de Estudios Psicosociales de Córdoba «Dr. Enrique Pichón Riviere», a la Escuela de Psicología Social y Popular de la Universidad Campesina Suri.
En esta búsqueda de posicionamiento y legitimación como Movimiento de Campesinos y Campesinas, la referente afirma que “nosotras nos definimos feministas, entendiendo que no se trata de un solo feminismo: consideramos que así como hay una diversidad de pueblos y culturas, también hay de feminismos. En la lucha por la tierra siempre hemos estado presentes, desde las más viejas a las más jóvenes. Y presentes no de sólo de escucha, sino haciendo las carpas, las ollas, lo que se tenga que hacer en el marco de la resistencia y la lucha campesina. Somos feministas campesinas, populares y comunitarias porque nos encontramos junto con otras mujeres en una lucha común contra el patriarcado, contra el capitalismo y el agronegocio”.
En un contexto en el que el medio ambiente y la salud intiman a la sociedad entera a aplicar cambios drásticos y urgentes, las premisas históricamente anunciadas -mucho antes de que la “onda verde” se ponga de moda- retumban con fuerza desde monte adentro. Se trata de “volver al campo. Volver al reencuentro con semillas y sistemas productivos comunitarios, agroecológicos que garanticen la salud de la población, el intercambio de conocimientos, saberes, genética, descomprimir las grandes ciudades, terminar con el hambre, la pobreza, las desigualdades sociales y de género, construir un país más justo. Ojalá -concluye Carrizo- se de una política de vuelta al campo, para fortalecer el arraigo y caminar hacia el horizonte de la soberanía alimentaria”.
En los recuerdos de Don Tito, el brujo del monte, se recupera siempre a un ser mítico de la cultura gauchesca: Sacháyoj, “el Señor del Bosque”, quien cuida y vela por cada uno de los elementos de la Madre Tierra. Es una representación de la naturaleza del Gran Chaco: quien lo respeta obtiene beneficios, quien no lo hace luego sufre las consecuencias. Inspirados en el Sacháyoj, durante estos últimos 30 años las y los campesinos organizados en el MoCaSE han sido –y son- los guardianes terrenales de lo más sagrado frente a las amenazas constantes de las topadoras inanimadas. El devenir de los acontecimientos devela, una vez más, la importancia radical de su resistencia.
Jul 1, 2020 | Novedades, Trabajo
La intervención estatal de Vicentin podría favorecer a pequeños y medianos productores agropecuarios. Desde que el gobierno nacional manifestó la voluntad de expropiar la empresa, que en diciembre de 2019 anunció la imposibilidad de pagarle a sus acreedores, referentes de estos sectores y organizaciones sociales destacaron la importancia de que el gigante cerealero pase a depender de la gestión pública.
Diego Montón, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) de Mendoza manifestó a ANCCOM: “En primer lugar, que el Estado intervenga y controle Vicentin –que representa el 9 por ciento de las exportaciones agroindustriales- en el momento actual donde está en quiebra y con tantas deudas con acreedores y productores, es la garantía de que los pequeños y medianos que le hayan vendido sus granos van a recibir su paga”. En total, la deuda de la empresa asciende a 1.350 millones de dólares. Los productores de granos representan el 71,8 por ciento de los acreedores. El resto de la deuda es con el sector financiero, que incluye una deuda con el Banco Nación de 18.182 millones de pesos, otorgada durante la presidencia de Mauricio Macri.
Sergio Dumrauf, coordinador del Programa de Agricultura Familiar de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e integrante del Foro Agrario por un Programa Soberano y Popular, señaló dos dimensiones de análisis que hay que contemplar a la hora de pensar en los efectos la acción estatal. En primer lugar, el mercado externo, donde podría allanar un camino de soberanía económica. “Hoy la exportación de granos y derivados es un verdadero descontrol en el sentido de que hay un mercado oligopólico de exportadoras. No son más de diez, y muchas son trasnacionales como Drayfus, Bunge y Born. En varios casos subfacturan, entonces pagan muchas menos retenciones y esos dólares, de alguna manera, se fugan del país o evaden directamente a través de triangulaciones y la Argentina se queda sin divisas”, explicó.
En este sentido, para el docente de la UNLP, la posibilidad de que Vicentin se transforme en una empresa pública con participación de cooperativas y trabajadores “va a permitir que sea una mucho más transparente, capaz de mostrar las cuentas, cuáles son las retenciones y las divisas que llegan al país, qué facturación tienen y a su vez eso posibilitaría regular al resto”. Esto facilitaría además “que chacareros de toda la zona de Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires que hacen cultivos extensivos -soja, maíz y trigo- puedan recibir mejores precios y condiciones de pago”.
Montón también se detuvo en ese aspecto: “Una situación que se da en toda la cadena del sistema agroalimentario es que, en general, la mayor apropiación de recursos está en los eslabones exportadores. Si el Estado controla Vicentin va a poder tener más información sobre cómo son esas maniobras de especulación y apropiación de recursos de las cadenas, e incluso se van a poder plantear dinámicas de redistribución de ese excedente que hoy se concentra en pocas manos”. Y añadió: “Además, el hecho de que el Estado pueda ser una empresa testigo en cuanto al mercado externo va a permitir fijar políticas que avancen hacia el precio justo de la renta para los productores con valor agregado y el control de las divisas en función del desarrollo, lo que en un plan agropecuario estratégico puede sintetizarse en inversiones en infraestructura y desarrollo que tengan que ver con el bien común rural”. Asimismo, enfatizó en que podrían impedirse los abusos que se dan hoy “en varios sectores donde la agroindustria impone precios que son muchas veces leoninos en términos de lo que significa producir”.
La otra variable a considerar para analizar los posibles efectos de una administración pública de la empresa santafesina es el mercado interno. Así lo explicó Dumrauf: “Se presentaría la posibilidad de generar circuitos de producción, transformación y consumo virtuosos que generen tramas de valor donde los productores y consumidores tengan mejores precios. O sea, una lógica de desarrollo, no de mercancía, sino de generación de trabajo”.
“Hoy la exportación de granos y derivados es un descontrol. Hay subfacturación, triangulaciones, evasión», dice Dumrauf.
Eva Verde, referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y trabajadora de la Dirección de Comercialización del Ministerio de Desarrollo Social afirmó, en la misma línea, que una compañía de esta magnitud puede incidir en la matriz productiva. “Hablar de soberanía alimentaria no es solamente tener una empresa que esté interviniendo en esa área porque el concepto implica también la posesión de las tierras para quienes producen, pero sí se puede empezar a recorrer un camino distinto, de participación de la agricultura familiar y campesina de las cooperativas, de potenciar y desarrollar la producción popular. Esto también quiere decir planificar el tipo de alimentos que se producen, traccionar la producción de la agroecología, de los pequeños y medianos y colaborar en el desarrollo de una producción distinta, más sana y saludable”. En este sentido Verde agregó: “Podría ser una política de Estado orientada a generar precios justos y a garantizar la accesibilidad de los alimentos. Por lo tanto, el derecho a la alimentación. Se trataría de una empresa capaz de regular a nivel nacional desde la incidencia, no desde la imposición, sino desde la acción en la compra al pequeño productor, para también generar trabajo y regular los precios de los alimentos”.
Los tres especialistas coincidieron en que el rol de las cooperativas y trabajadores es clave en todo el proceso. Para Dumrauf, tanto el proyecto original del oficialismo, como el presentado por el gobernador santafesino Omar Perotti que aboga a un diálogo con los concursantes y a un rescate de la empresa sin expropiación, podrían ser fructíferos. “En la medida en que haya una empresa pública con mayoría del Estado, la provincia de Santa Fe y participación de las cooperativas y las organizaciones de la agricultura familiar”, aclaró.
La causa
Actualmente, el futuro de la cerealera depende del juez en lo Civil y Comercial Nº 2 de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo del concurso preventivo. El 19 de junio frenó la intervención, repuso al frente de la administración a los dueños de la empresa y convirtió al interventor designado por Ejecutivo en un veedor. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo solicitaron que se reconsiderara el fallo. Por su parte, el Banco Nación evaluó pedir la recusación del magistrado al corroborarse que trabajó durante 18 años en el Banco Nación de Reconquista y que como asesor letrado dictaminó a favor de tres de los créditos ahora defaulteados.
«Vicentin podría ser una política de Estado que logre precios justos y a garantice el acceso a los alimentos» dice Verde.
Verde destacó el papel estratégico de gestionar esta compañía en este contexto. “Venimos de una Argentina con 15 millones de personas pobres en diciembre, donde la mayoría son mujeres, de un gobierno previo que nos dejó en una situación muy compleja”, repuso. Además, analizó el mapa de actores sociales y políticos en tensión: “La reacción de los grupos concentrados de poder y económico, con el apoyo de los poderes de comunicación, es esperable, tiene que ver con el planteo que hace el gobierno, que va delineando el perfil de su gestión. Se propuso un impuesto a la riqueza y la expropiación de una de las empresas más grandes por una estafa que se está por investigar, con un montón de otros condimentos como la fuga de capitales. No es solo la noticia de Vicentín, sino en el marco de lo que viene proponiendo el gobierno, lo que se hizo y a quiénes representan este tipo de políticas”.
Para Verde la pandemia va a cambiar el mundo: “la manera de ordenar las cosas, de pensar las políticas públicas. Por lo menos ha dejado en evidencia las grandes diferencias que hay en la sociedad. Esta crisis nos deja la oportunidad de poder plantear otro rumbo, de pensar qué sociedad queremos, cuáles son las maneras que queremos de producir, qué relaciones económicas deseamos. Quedó en evidencia que los Estados fuertes son necesarios, como así también la investigación, la salud pública, la solidaridad”. Y concluyó: “Somos seres sociales, no individuales donde cada uno se salva por sí mismo. Eso en algún punto da cuenta de lo que los poderes concentrados venían haciendo y da lugar a plantear las cosas de otra forma. Necesitamos Estados fuertes interviniendo en salud, en la alimentación, y en nuestro caso, además, en la generación de trabajo”.
May 14, 2020 | Entrevistas
Autora de los libros Malcomidos: cómo la industria alimentaria argentina nos está matando (2013) y Mala leche (2018), Soledad Barruti dedica su oficio a investigar la industria alimentaria mundial, a denunciar la crueldad animal y la destrucción ilimitada de recursos bajo la actual forma de producción, y alertar sobre los efectos nocivos del consumo de alimentos industrializados en la salud de las personas. Hoy, en medio del aislamiento por el Covid-19, sostiene que el surgimiento de la pandemia es una de las múltiples consecuencias del modelo imperante. “Hay que cambiar el sistema y la manera de pensar”, subraya.
En tus libros denunciás que el sistema de producción alimentaria en Argentina conlleva el maltrato animal, ¿de qué manera?
Está implicado en la forma productiva. El sistema de producción de carne, huevos, leche, se hace pensando en cómo producir la mayor cantidad en el menor tiempo y espacio posible. La misma lógica que maneja una fábrica de cualquier cosa. El tema es que cuando los animales están implicados, terminan diseñándose formas para se comporten como si fueran engranajes de esa fábrica. Se los obliga a vivir en espacios muy pequeños, hacinados, se impide que expresen stress. Eso en muchos casos se transforma en canibalismo en los cerdos, las gallinas, los pollos, y se producen mutilaciones para evitar que eso ocurra. Todos los cerdos de granjas industriales, todos los que se consumen en nuestro país, al nacer se les arrancan los colmillos y se les corta la cola. A las gallinas se les corta la punta del pico. Todas prácticas sumamente dolorosas que, por supuesto, se hacen sin anestesia. Luego se los medica de manera permanente para que no manifiesten enfermedades. Son escenarios de extrema crueldad que son visibles. Cualquier persona que ingresa desde fuera a una granja industrial ve cómo están los animales en jaulas pequeñas, o en corrales unos junto a los otros, o en feedlots (corrales de engorde). Las vacas sobre la bosta, la tierra, el barro, viviendo al rayo del sol, sin un lugar para ir a guarecerse, sin lugar para hacer nada más que comer, tomar agua y engordar, o dar leche. En el caso de las vacas además se producen preñaciones y separaciones permanentes. Todo eso a los animales les acorta la vida, les genera dolor y crueldad que no está siquiera criticado hacia dentro del negocio. Se piensa todo dentro de lo que ellos consideran “estándares de bienestar animal”.
¿Existe relación entre el sistema productivo alimentario y la pandemia actual?
La relación es totalmente directa. Hacinar animales, hacerlos vivir en sus fluidos, en sus deposiciones, vivir nosotros cerca de un montón de ellos, está disparando pandemias de una manera cada vez más acelerada y más brutal, desde hace treinta años. En los últimos tiempos hay informes de la Organización Mundial de la Salud y de un montón de otras agencias de Naciones Unidas alertando a la población sobre esto, que iba a ocurrir en cualquier momento. Ya venía ocurriendo: la pandemia de gripe aviar, la gripe porcina. Nuestra relación con los animales y con la naturaleza se extremó en un nivel mega bizarro, mega cruel. Mega destructivo y suicida. Estamos rompiendo límites que no deberíamos romper. Estamos destruyendo la biodiversidad en pos de seguir produciendo alimento para animales, que ocupa un tercio de la tierra. Hay que sumarle el tráfico de fauna, el entretenimiento con animales. Toda esa idea abusiva de la naturaleza que tenemos es, entre otras muchas cosas, caldo de cultivo para que salgan virus zoonóticos, muten y nos afecten.
¿Cómo podría lograrse un sistema más respetuoso con otras especies?
Es difícil pensar que, dentro del capitalismo, sobre todo en esta era, se podría llegar a una forma más razonable. Trabajar con la naturaleza como si ésta fuera capitalista es una idea que va a llevar a desastres. Si las personas quieren criar animales, tiene que ser pensando en cómo son esos animales y qué necesitan. La agroecología lo hace. Hay sistemas que se basan en la pequeña y mediana escala en donde los animales no son tratados como cosas. De todos modos, somos muchas personas en el mundo y si todas quieren seguir comiendo esta cantidad de carne que comen, no hay manera de que haya ningún otro sistema que no sea éste: explosivo, explotador y cruel. Eso está bueno decirlo y hacernos cargo. Somos una sociedad que debe dejar de consumir esta cantidad demencial de carne, no buscar sistemas mejores. No hay forma de que se alimenten siete mil millones de humanos con estas fiestas de hamburguesas y de asados que hay en el mundo de una manera menos cruel.
Parecería que el acceso a productos de calidad, como los orgánicos, es un privilegio de pocos. ¿Cómo podrían los sectores populares acceder a ellos?
Hay una trampa en la forma que se comunica qué es la comida orgánica. Es un negocio pensado como una especie de estrategia de las industrias alimentarias dentro del sistema económico capitalista que ofrece a quienes reclaman una forma de consumo libre de químicos y con cuidados que tienen que ver con la salud, con la contaminación y con algunos aspectos de bienestar animal. Como se supone que hay una mejora, es más caro, nada más. Sí cambiaría la forma de distribución de la comida y de la producción, y del acceso a la producción, a la tierra y a los medios productivos que reclaman tantos productores. La agroecología es un sistema basado en la producción a mediana y pequeña escala, familiar, humana, libre de agroquímicos, pero también desde otra forma de economía. Cortando los canales de distribución y de comercialización, salir del supermercado, volver a los mercados. Volver a ser los productores los que ponen los precios y distribuyen sus mercaderías, los que se acercan directamente a los consumidores. Que los consumidores sean co-productores y que puedan armar un sistema más justo, más limpio y más saludable para los primeros empobrecidos y las primeras víctimas de este sistema alimentario que son quienes trabajan con esos alimentos. Quienes trabajan en esos campos, son los primeros marginalizados por esta sociedad. Modificar la matriz productiva llevaría a eso. Es lo que está reclamando en nuestro país la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que son unas quince mil familias productoras en toda la Argentina que tienen un programa muy bien fundamentado para hacer esa transición hacia la agroecología. Ahora con el coronavirus son los únicos que se han dedicado a ofrecer alimentos sanos a la población más vulnerable, repartiendo bolsones en los barrios más difíciles. Por eso digo una y otra vez que lo que hay que cambiar es el sistema y la manera de pensar. Si no, estamos todo el tiempo emparchando malas ideas de base. Y eso tiene un límite. Y el límite es cada vez más evidente.
¿Desde dónde deben gestarse los cambios?
Hace falta un cambio de consciencia colectivo. En cuanto a cómo nos relacionamos con la naturaleza, con los animales, entre nosotros. Eso va más allá. Creo muchísimo en las políticas públicas, pero en este asunto en particular hace falta un cambio de conciencia.
¿Qué tipo de medidas podría tomar el Estado?
Hay países que aplicaron ciertas formas de disminución de la crueldad. En Europa, por ejemplo, en la mayoría están prohibidas las “jaulas baterías” que son donde las gallinas están de a dos todas sus vidas dando un huevo por día, sin poder salir ni hacer nada, atrapadas como máquinas. O pedazos de máquinas que dan huevos. Allá dejaron de utilizarse porque resultan insalubres, muy crueles y también porque los consumidores informados las dejaron de elegir. Y hay prácticas que se denunciaron y fueron prohibidas por otros países. Pero es muy difícil. Está todo tan mal que habría que cambiarlo todo.
¿Considerás que sería aceptable el consumo de productos animales bajo un sistema de producción distinto?
En la medida que hay información, las elecciones que hace cada uno se corresponden con la estructura vital de cada uno. No puedo decirle a nadie lo que tiene que comer y si me parece bien o mal. Lo que sí puedo es plantear. Ahí donde falta información, está bueno reponerla. Muchas personas creen que comen un yogurt y están comiendo un alimento sano. Gastan un montón de plata en dárselo a sus hijos y no tienen idea de qué hay detrás de eso. Si pusieran en Google “campos industriales” y vieran qué hay, capaz no lo elegirían. O capaz sí. Pero bueno, la información es necesaria y hoy no está al alcance de todo el mundo.
¿Los comunicadores podrían contribuir a lograr cambios en el estado de las cosas?
La información es algo que falta en la sociedad y cuantos más comunicadores seamos comunicando libres de conflictos de interés lo que la sociedad necesita saber, más posibilidades de cambio va a haber. Entonces sí, recontra-réquete creo en el periodismo. Lamentablemente los medios de comunicación están atravesados por intereses muy tremendos difíciles de sortear. Pero hay buenos periodistas por fuera de los medios –como Darío Aranda, Marina Aizen, Laura Rocha, Nazaret Castro– haciendo trabajos sumamente interesantes.
May 30, 2019 | Comunidad, Novedades
Una vez por mes, se organiza la Feria Agroecológica de Jáuregui.
A 80 kilómetros de distancia de la ruidosa y desenfrenada Buenos Aires, en los terrenos que se extienden a lo largo y ancho del Acceso Oeste, se abre paso la localidad de Jáuregui, lugar de tierras fértiles para la siembra.
El viento frío de la madrugada del sábado acompaña los primeros rayos de sol que cae sobre los hogares habitados por las familias de productores de la colonia Darío Santillán, quienes se preparan desde muy temprano para dedicarse a cosechar y seleccionar cuidadosamente los alimentos para llevar a cabo la Feria Agroecológica que cada mes organizan. “Si nos llueve, organizamos el edificio y lo hacemos allí”, resalta Frank Ramos, uno de los líderes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), boliviano, que vive hace más de 20 años en Argentina.
Mauro y su hijo de 8 años se preparan para la cosecha. Entre mate y galletitas terminan de equiparse con lo necesario para salir de casa. Caminan por el sendero que lleva al primer sector de siembra. Bien abrigados y con botas de lluvia, penetran con mucho cuidado entre los cultivos de verdeo y puerro y comienzan el armado de paquetes para los 18 bolsones que vendrán a buscar los compradores fijos que tiene la colonia. Esa cosecha que se hace de manera prolija y que lleva su tiempo para realizarlo de manera cuidadosa parece un verdadero arte. Mauro y su hijo no son los únicos. A la distancia se saludan con familias que se encuentran haciendo la misma dedicada tarea con la lechuga, el repollo, el perejil, el cale. En varias idas y vueltas, con carretillas llenas, se logra tener listo lo necesario para darle apertura a la Feria.
Los productores reclaman mayor apoyo del Estado.
“Yo me desvinculé de los productores que están trabajando en La Plata para dedicarme a la agroecología. Esto es diferente porque en el trabajo de la tierra, la renta no te permite mantener la lógica de la agroecología ya que los alimentos tienen que ser manipulados para que se logre mes a mes conseguir el pago del alquiler de las tierras”, comenta Frank mientras recorre los cultivos. Los alimentos, sin ser tratados, tardan en cosecharse entre dos y tres meses.
Esta forma de trabajo hace que Frank se sienta feliz, pero piensa que se puede hacer mucho más, ya que si bien las tierras en las que ahora se dedican a trabajar fueron producto de un convenio logrado en el gobierno anterior, reitera que no cuentan con el apoyo suficiente para poder trabajar dignamente. “Necesitamos más herramientas, como palas por ejemplo. Todo lo que hemos logrado armar es de producción propia, con materiales conseguidos por nosotros como es el sistema de riego”, afirma mientras señala los caños de agua que recorren las parcelas. “Queremos más apoyo del gobierno, que compren nuestras cosechas para poder crecer”, asegura.
Raquel es otra de las productoras que habitan en la colonia. Sus hijas Thalia y Cristina viven en La Plata y cada vez que se realiza la Feria deciden viajar seis horas en colectivo para acompañar a su madre. Preparan las mesas y las verduras que serán vendidas y disfrutan con los chicos de las visitas de los compradores. Así pasan el resto del día. Ellas se cuentan las nuevas noticias, se ríen, conversan, mientras los más pequeños juegan a la pelota en una canchita frente a la iglesia. El domingo nuevamente emprenden la travesía de regreso, muy temprano, para lograr descansar lo que queda de la tarde y así el lunes a primera hora llevar a los chicos a la escuela.
El sistema procura que el consumidor pague un precio más barato y el productor reciba un valor justo.
Así se va llevando a cabo una nueva versión de la Feria. Un sistema de comercialización que intenta llegar cada vez a más personas, en el que las lógicas de venta directa permiten no solamente eliminar intermediarios que hacen que los precios se encarezcan y el consumidor tenga que pagar un precio más alto sino que permite abonar un valor justo al productor por su dedicado trabajo.
Daniel Cacciutto lidera el proyecto llamado Más Cerca Más Justo, que trabaja de la mano de UTT. Considera que es importante que conozcamos de dónde vienen los alimentos que consumimos ya que sostiene que “el alimento es una necesidad básica, en donde la comercialización tiene que estar al servicio de la comunidad y donde nosotros como sociedad nos tenemos que involucrar en entender cómo es ese proceso, en conocer quiénes son esos productores y que se motive la pequeña producción de alimentos”. El proyecto cuenta con un galpón en el Mercado Central, en donde converge con otros emprendimientos como son Mercado Territorial, de la Universidad de Quilmes, También Me Copo, del frente Popular Darío Santillán, Almacoop, de Nuevo Encuentro y Todos Comen, un proyecto pensado para llegar a las clases más marginadas. Trabajan con la misma lógica, en donde se valora el vínculo directo con el productor y se busca mejorar los canales democráticos para la comercialización de sus productos y lograr un precio justo tanto para quien produce como para quien consume.
Las formas de comprar los alimentos varían con el surgimiento de nuevos proyectos que apuestan a mejorar la calidad de vida de aquellos que labran con sus manos las tierras, dedican horas de cuidado y paciencia a cada plantación, sufren cuando el clima no es favorable, disfrutan al ver brotar sus frutos, dedican horas enteras, momentos de sus vidas, a producir para ellos y para todos.
