Se realizó una nueva edición de la Feria y Festival Cooperativo en el Espacio Memoria y Derechos Humanos exESMA. Visitas guiadas, clases de tango, muestras artísticas, charlas informativas, un editatón de Wikipedia y un pañuelazo para conmemorar los siete años del rechazo popular al 2×1.
Una nueva edición del Festival Cooperativo se realizó el sábado último en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (exESMA) para ofrecer productos de la economía popular y actividades vinculadas a la Memoria y los Derechos humanos, a través del arte y la tecnología. Es organizada por H.I.J.O.S, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas, tres de los organismos que cuentan con edificios en el predio. Desde Abuelas de Plaza de Mayo se ofreció una visita guiada a la Casa por la Identidad y un Editaton, junto a Wikimedia Argentina, para nutrir y construir nuevos artículos sobre la institución en la enciclopedia virtual y colaborativa más conocida del mundo.
En el Espacio Cultural Nuestros Hijos, la Casa de las Madres, se ofreció un taller de danzas populares y un ciclo de narración; en la Casa de la Militancia que conduce H.I.J.O.S, una nueva edición de la milonga Tangonauta y en la Casa de Familiares, la visita a la muestra Deporte y Derechos Humanos. Finalizando la jornada se invitó a los presentes a intervenir pañuelos para recordar el rechazo popular al intent macrista de imponer el 2×1 para licuar las penas de los genocidas hace exactamente siete años.
El legado de Abuelas
La visita guiada por la Casa de la Identidad Abuelas de Plaza de Mayo fue realizada de la mano de Miguel “Tano” Santucho. El recorrido por la memoria es también un recorrido por los recuerdos de Santucho, quien señala la fotografía en blanco y negro de su abuela Nélida Navajas, junto a Estela de Carlotto observando a la genetista Mary-Claire King, que sostiene un tubo de ensayo. Mientras camina por los distintos espacios, acompañado por un grupo de personas que lo sigue y escucha atentamente, muestra que las fotografías de los 30.000 desaparecidos, también son a color, hay sonrisas, instrumentos, familias y vidas que quedaron congeladas.
La historia argentina de las familias diezmadas por la última dictadura militar continúa vigente en las nuevas generaciones de la que forman parte los hijos de aquellos padres, quienes aún están buscando restaurar su identidad. Santucho cuenta que recibe muchos colegios, con jóvenes estudiantes a quienes busca transmitir la importancia de la búsqueda y de saber quiénes son, para que ellos mismos puedan transmitirse entre sí: “Yo la verdad siento que en el cara a cara, en las actividades presenciales, cuando los puedo ver a los ojos, siento que hay mucha empatía” y continúa diciendo “Esa persona que tiene que enfrentar ese trauma, que le mintieron toda la vida, que tengan dudas de quienes son sus verdaderos padres, es muy personal y muy fuerte. En cambio, las nuevas generaciones lo viven desde otro lugar. Todos los hijos de los nietos que recuperaron su identidad, inclusive mis sobrinas, se enteraron sin trauma, sin contradicción de su historia y, es más, se alegraron de ver ampliada su familia y conocer la verdad, y eso tiene un valor importantísimo. Pero tienen que ser ellos mismos. Poder comunicar a sus pares en las maneras, en los gestos y en los lenguajes que ellos usan”.
Wikipedia con memoria
La visita guiada concluyó con una charla educativa sobre las comunidades en línea de Wikipedia llamadas “Editaton: Abuelas de Plaza de Mayo y su legado” que editan, regulan, recolectan fuentes y referencias, y debaten sobre los aportes a los diferentes artículos de la página web de forma colaborativa.
Las expositoras aportaron datos sobre Wikipedia en español: la enciclopedia recibe 31 millones de visitas al día y la gran mayoría de los redactores de la enciclopedia virtual se encuentran en países del norte, dando cuenta de que la brecha preexistente de las desigualdades socioculturales impactan en la reconstrucción de la historia y, en consecuencia, de la memoria humana y planetaria.
En la presentación, mostraron la cocina de Wikipedia: desde cómo se escriben los artículos, quiénes editan, cómo se los protege de vandalismos, sus reglas, las condiciones que deben respetar las fuentes de los datos que se incorporen y las diferentes herramientas que utilizan la comunidad de enciclopedistas como Wikicommons y Wikidata.
Durante la exposición, expresaron que mientras la ciudadanía está atravesando procesos de privatización y sectarización, la enciclopedia virtual emerge como un espacio de disputa que resiste a la privatización del conocimiento.
La feria
La Feria Nuestra se extiende sobre una de las calles de la exEsma frente a la Casa de la Militancia de H.I.J.O.S. Hay banderines de colores que recorren en zig zag todos los puestos de los artesanos y trabajadores de la economía popular. Suenan canciones de rock nacional. Las luces decorativas adornan el camino entre los puestos, iluminando alfajores, aceites, remeras estampadas, libros, productos realizados con extracto de CBD, libretas, muebles, móviles con grullas origami de colores y juguetes de madera. La noche se expande sobre el predio, pero ese espacio resiste a sumirse en la oscuridad.
Lucio Carriquiry forma parte de la organización de la Feria Nuestra y realiza desde las relaciones con otras organizaciones sociales hasta la descarga de productos de los camiones. Sobre los motivos para realizar una feria en las calles del excentro clandestino de detención, explica: “Nosotros estamos acá para resignificar el espacio, ¿como podemos hacer para que la gente quiera venir al espacio de memoria a pasar el día, a tomar mate, a recorrer a conocer el sitio de memoria? Es un lugar fuerte este, ¿quién va a querer venir a tomar mate acá si acá pasaron cosas horrorosas?”.
Carriquiry recuerda que la dictadura implementó un plan de exterminio con el objetivo de imponer un plan económico cuyos efectos persisten al día de hoy. La economía popular viene a aportar su grano de arena a la lucha, resignificando el trabajo y la relación entre consumidores y artesanos. Para él, es importante resignificar y reapropiarse de ese espacio para poder incorporar la memoria a las miles manifestaciones de la cultura popular: “También desde el arte se construye el futuro. Desde la economía popular se construye el futuro. Desde la música, desde el debate y desde la memoria. La memoria termina siendo un montón de cosas”.
Tango por la identidad
Las luces de la feria siguen su camino hasta la casa de la militancia H.I.J.O.S, donde se encuentra el Bar Cultural Eternautas.
En del bar cooperativo, hay juegos de mesa y libros. Las paredes del lugar tienen afiches de colores degradé con las frases “El tango te espera, las Abuelas también”, “Milonga pa recordarte: 30.000 compañerxs presentes” y “La vida es una milonga, Tango por la identidad”. Cerca de la puerta, hay una escultura del número 30.000 decorado con flores de papel y luces. Frente a esta una figura de cartón en blanco y negro del eternauta.
Algunas personas estaban sentadas en las mesas que recorrían el lugar, tomando mate y charlando, mientras un par de niños corrían, jugaban y se reían. En el centro de la habitación, la clase de Tangonautas. Las tres generaciones confluían en el salón, mientras un profesor señalaba los pasos del tango y el sonido de la milonga salía de los parlantes. Con mucha concentración, se forman las parejas, se desarman y vuelven a formar, dando vueltas por el espacio al ritmo de la música.
Pañuelazo cooperativo
Sobre la copa de un árbol celeste y blanco pintado en el piso de la Casa por la Identidad, colocaron una mesa cubierta de diarios. Cada persona fue tomando un pañuelo blanco y esponjas que mojaban sobre la pintura fucsia o violeta. Ponían los stencils que decían “Elijo Memoria” y “30.000 compañeros desaparecidos presentes” sobre la tela blanca y empezaban a estampar.
Entre conversaciones y algunas manchas de pintura, fueron decorando los pañuelos blancos, dándoles color. Al finalizar el momento artístico, se tomaron una foto todos los participantes, cada uno sosteniendo su pañuelo intervenido.
El motivo del pañuelazo fue la conmemoración a 7 de años del No al 2X1 para genocidas de la nación. Esta política fue la primera realizada durante el macrismo con el objetivo de intervenir, en favor de los represores, en los procesos judiciales donde se juzgaban delitos de lesa humanidad. “En esa ocasión, la reacción popular, la reacción del pueblo, no solo acá en la ciudad de Buenos Aires sino en todo el país, hizo que se pudiera frenar”, dijo Paula Donadío de la agrupación H.I.J.O.S. de Buenos Aires Capital y una de las organizadora del Ferifestival Cooperativo, y continuó explicando los motivos para conmemorar esa conquista por los derechos humanos: “La del 2017 fue la prueba de que después de más de 30 años de procesos democráticos en Argentina, el pueblo decía que no quería vivir con genocidas en las calles.”
Con respecto a la organización del festival y las acciones realizadas en conjunto con otros sectores de la cultura y la economía popular, contó: “La idea es también traer otros actores y actrices al espacio de memoria y derechos humanos” y concluyó: “Que ellos sean parte del espacio y que lo tomen como propio. Eso también es parte de la lucha de los organismos de derechos humanos. Es seguir expandiendo el tema para que más personas lo sigan tomando, que no es algo propio y exclusivo de los organismos de derechos humanos porque al fin y al cabo, los crímenes de la última dictadura, pero también el proyecto económico cultural y político, tuvo consecuencias en todo el pueblo argentino”.
“No hubo dos demonios, sino uno solo y hubo terrorismo de Estado con un plan sistemático de exterminio unido a uno económico”, reflexiona el sacerdote Domingo Bresci, ex Secretario histórico del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y ex asesor de la Secretaría de Culto durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El proyecto de reconciliación impulsado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) -dice- tiene que ver con una postura clara sobre lo que ha ocurrido durante la última dictadura cívico militar en ese sector de la Iglesia. “No se trata de que no supieran, sino que estaban política e ideológicamente convencidos de que eso que hacían estaba bien, era la manera de frenar la subversión”, asegura. Pero advierte que la memoria no sirve sólo para no repetir, sino para conocernos y entender qué pasó: “No solo la Iglesia estuvo de acuerdo con lo que se hizo, sino también los medios de comunicación, periodistas, empresarios y civiles”, reflexiona.
¿Cómo lee usted el proyecto de reconciliación de la CEA?
Lo que plantea el Episcopado no es algo que ocurre ahora, a raíz del fallo (de la Corte a favor del 2×1), sino que los miembros tienen un lineamiento acerca de la reconciliación que se confunde mucho con la impunidad. Si bien salieron a decir que no hay que entenderlo de esa manera, a través de las actitudes y de los gestos que tuvieron, la charla se presta para eso. No es que ellos no sepan cómo explicarlo, sino que tienen una postura clara. Están a favor de que se alivien, de la mayor manera posible, las penas a los que participaron del terrorismo de Estado. Esa es una intencionalidad que se les nota. Los militares que participaron del terrorismo de Estado lo hicieron convencidos de que eso era lo mejor para salvar a la patria y contaron con el apoyo de grandes sectores de la Iglesia. Entonces en nombre de Dios había que aniquilar a la subversión de cualquier manera, incluso muchos obispos avalaron eso.
¿Cómo es la lucha al interior de la CEA?
No sé si llamarla lucha, pero si hay una discrepancia dentro del Episcopado. Por ejemplo, tenemos a Santiago Olivera -obispo castrense- y a Víctor Fernández -obispo y rector de la UCA- en la misma línea planteando que el fallo de la Corte Suprema fue inoportuno e inconveniente y que tanto la ley como la pena deben ser cumplidas. Mientras que en el otro extremo tenemos a Héctor Aguer -titular del Arzobispado de La Plata- que sostuvo públicamente su acuerdo con el 2 x1 y dijo que los miembros de la Corte actuaron según el derecho. Hay una problemática interna que saltó, siempre estuvo pero nadie decía nada hasta ahora que todos salieron a opinar. Era una barbaridad lo que estaban haciendo algunos miembros de la CEA, parecía que estaban respaldando el 2×1. Y después dicen no, eso no lo quisimos hacer.
El obispo Santiago Olivera dijo en declaraciones a la prensa que la reconciliación no implicaba el olvido, sino que supone verdad, justicia, reconocimiento de los actos graves y la reparación. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Lo que dijo el obispo Olivera se acerca mucho a lo que planteo, no es una cuestión individual. Es una expresión de sacerdotes y laicos que hace tiempo estamos detrás de este tema, desde que hubo terrorismo de Estado siempre estuvimos defendiendo a las víctimas y proponiendo que los victimarios tenían que reconocer lo que habían hecho, declarar y pedir perdón. Esas son las características de una auténtica reconciliación, pero ellos nunca lo hicieron. Los militares no han reconocido nada, entonces que ahora vengan a presionar porque tienen un gobierno afín para que les reduzcan las penas me parece una gran injusticia.
¿Por qué en la carta que escribió y circuló hasta llegar a los medios describió a la Iglesia Argentina como un problema más que como una solución a la violación de los derechos humanos?
La iglesia como institución no. La Iglesia no son los obispos y la jerarquía, sino que somos todos los bautizados. El Episcopado no representa al conjunto de la Iglesia, tiene una opinión que pesa e importa, pero esto no quiere decir que todos tienen que estar de acuerdo con lo que propone. En Argentina, la Iglesia se presenta como que no tiene nada que ver con lo que pasa en la sociedad. Es buena gente que mira hacia todos lados y va por ahí tratando de arreglar las cosas que no funcionan. Es una estructura muy paternalista esa, creerse que está por encima de todos, y que puede decidir lo que hay que hacer. Mientras que, en realidad, es parte del problema, porque ellos intervinieron en la dictadura, participaron y fueron cómplices. Primero tienen que arreglar su situación, ellos son parte del problema de por qué no hay memoria, verdad y justicia hasta hoy. Ellos presionan para que se les disminuya la pena a los militares o bien el gobierno los consulta y ellos dicen: “Sí, es verdad, están viejitos, corresponde”. Pero nunca dijeron nada de los que torturaron y desaparecieron. Nunca sacaron la cara para decirle a los militares pónganlos presos y que cumplan sus condenas en las condiciones que correspondan. Ellos son co-responsables de lo que sucedió, no están al margen.
En el sitio Abuelas de Plaza de Mayo se publicó un comunicado que definió como restringido al protocolo para el acceso a los archivos relacionados con la dictadura presentado por la CEA. ¿Cuál es su postura?
Estoy totalmente en desacuerdo con el protocolo, porque después de tanto tiempo lo que corresponde es que se abran todos los archivos que se puedan. No sólo de los que se habla ahí, hay muchos otros archivos que no se mencionan, provenientes de distintos organismos de la Iglesia que ayudarían a entender y comprender lo que pasó y cómo pasó. Creo que la palabra que usaron las Madres está bien, puesto que es muy restringido el acceso. Estos papeles no van a decir prácticamente nada nuevo, porque en general son cartas y reclamos que mandaron los organismos al Vaticano. Eso ya lo saben los organismos. Lo que se trata de saber es lo que no se sabe. Hay mucha gente que intervino y eso no está en el Vaticano sino en otros lados: diócesis o nunciaturas. Hay muchas otras denuncias y documentos que quedan fuera del protocolo y que aclararían lo que pasó en tal cárcel, en tal centro clandestino y con esto que propone la CEA no se llega. Entonces están restringiendo y ocultando archivos. En eso estoy de acuerdo con las Abuelas de Plaza de Mayo.
“No hubo dos demonios, sino uno solo y hubo terrorismo de Estado con un plan sistemático de exterminio unido a uno económico”, reflexiona el sacerdote Domingo Bresci.
¿Qué postura cree que tiene el gobierno con respecto a los derechos humanos?
La posición es la de (Mauricio) Macri, que cuando todavía era candidato a la presidencia de la Nación, aseguró que de acceder al Gobierno con él se acabaría “el curro de los derechos humanos”, ahí está todo dicho. El gobierno quiere desmerecer, despreciar y banalizar todo lo que pasó y la lucha por la verdad, la memoria y la justicia. Quiere anular todo y de la mejor manera posible. Y estos tres de la Corte Suprema reforzaron esa posición aunque posteriormente se dio un debate en el Congreso y el PRO votó por la limitación al máximo del 2×1. Después del repudio de la sociedad y de que todos fuimos a Plaza de Mayo. La postura oficial frente a los derechos humanos es que es una mentira exagerada que no da cuenta de lo que pasó.
¿Cree que el Papa podría intervenir más en el asunto?
No creo que pueda hacer algo y tampoco creo que corresponda. Después de 40 años el Papa recibió a Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini y les prometió lo de los archivos. En medio de esta polémica hubo un intercambio de cartas entre el Papa y Hebe. Si bien, no dice intervengo, pero deja ver su opinión de esa manera. Siempre le dice a Hebe «a una madre que le mataron dos hijos no se les puede reclamar nada». Bueno ahí le está diciendo que él no le puede exigir a Hebe perdoná a los que mataron a tus hijos. Al enviar esas cartas no está diciendo que comparte todo lo que hicieron los hijos, ni todo lo que hizo ella. Sí comparte su preocupación, su dolor y su lucha. Para estos tiempos creo que es bastante y no hace falta que haga nada más. Estos del Episcopado son tan buenitos con los militares, pero nunca recibieron a las Madres que fueron a pedir y a rogar por sus hijos. Eso desde el punto de vista cristiano es muy embromado, porque significa no tener compasión ni misericordia. Los obispos no la tuvieron, no era darles la razón solo escucharlas. Recibir o no a alguien, contestar o no cartas o comunicados, son gestos. Así es como se manejan en El Vaticano; no sólo con Argentina, sino con todos los países. En ese sentido creo que ha tenido gestos positivos con los organismos y eso deja trascender que la Iglesia Argentina tiene que cambiar su actitud. El Papa tampoco le puede decir al Episcopado qué hacer o qué pensar, porque cada Episcopado tiene autonomía. No obstante, sí tiene cierta influencia, porque los que están en nuestro país lo consultan, pero no puede dar la voz oficial. Los que tienen que enfrentar la situación son los obispos que participaron del terrorismo de Estado, no el Papa.
La Naciónpublicó un editorial en el que denuncia una supuesta “asimetría entre el ´ni olvido ni perdón´ a quienes cometieron delitos con la fuerza del Estado y el olvido y el perdón de los guerrilleros que hoy no gozan del ´2×1´, sino de una infinita impunidad”. ¿Qué puede decir al respecto?
No es así como lo cuenta La Nación. Metieron preso a muchos y a los que no metieron preso fue porque los mataron y desaparecieron. ¿Qué más quieren que le hagan? Hay presos 800 y los que murieron, según ellos son 7.000. Aunque no crean en los 30.000, igualmente son un montón. Los que murieron no tuvieron un juicio, no se pudieron defender y tampoco los pusieron en cárceles. A estos -los genocidas- les respetaron todas las leyes que hay frente a un acusado. Así que han sido los privilegiados. En La Nación siempre vinieron sosteniendo lo mismo, es demasiado lo que hicieron con los militares y poco lo que hicieron con los subversivos.
¿Qué pueden hacer los movimientos como el de los Curas de Opción Por los Pobres (OPP) frente a los obispos que aún siguen promoviendo la Teoría de los Dos Demonios?
Pueden hacer lo que venimos haciendo hace un montón, decir lo contrario. Ahora yo escribí una carta interna, no la mandé a publicar. La hice sintetizando muchas cosas y se la envié a mis amigos y a los curas OPP. Un periodista de Página 12 se enteró y me llamó para preguntarme si podía publicarla, le contesté que sí. Los obispos ya la conocen mi opinión, ni me llamaron la atención. Con los curas pasa lo mismo,con movimientos ecuménicos y muchos organismos laicos que sacaron declaraciones. Todos venimos sosteniendo lo mismo hace 40 años, no hubo dos demonios, sino uno solo y hubo terrorismo de Estado con un plan sistemático de exterminio unido a uno económico. Nadie nos va a contradecir, porque saben que la nuestra es una postura coherente y seria. No buscamos convencer a nadie, puesto que es muy difícil. Se tienen que convencer ellos mismos ante la realidad. Si no quieren ver la cantidad de gente que fue a las distintas plazas de argentina a reclamar es imposible cualquier intento. El retroceso del 2×1 fue una batalla que perdieron frente a la movilización.
¿Cree que es posible el perdón a los genocidas?
Cuando hay una pelea entre dos personas se pide perdón a nivel personal. Como lo que sucedió, en este caso, afectó a toda la sociedad no basta el perdón de uno. No sirve que los que fueron a la reunión del Episcopado digan yo los perdoné. El conjunto de las víctimas no tiene ninguna obligación de perdonarlos. Desde el punto de vista cristiano tienen la obligación de no tener rencor, ni odio, ni sentimientos de venganza. Los militares hicieron algo que ofendió a las familias y a la gente que ellos secuestraron y desaparecieron. El perdón es un gesto personal, por eso nadie te puede obligar a que perdones a esa persona que te hizo daño.
¿Qué aspectos positivos puede destacar del debate que se abrió a raíz del pedido de reconciliación?
Hay que reconocer más que lo que dijeron algunos obispos, los logros de la sociedad y la organización que está teniendo para defender sus derechos. Dentro de la Iglesia ha habido cambios importantes. Actualmente hay distintas posiciones, antes había una sola postura y si no acatabas lo que decían los obispos estabas fuera de la Iglesia. Eso es un avance enorme para la institución y para los cristianos en general. El peso que tenía el obispado lo perdió porque se posicionó mal. En Campo de Mayo había una maternidad improvisada, había monjas y capellanes, no pueden decir que ellas y los obispos no sabían lo que hacían con las madres de los chicos después de que nacían sus hijos. En la E.S.M.A también había capellanes y no pueden decir que no sospechaban cuando veían entrar y salir camiones lo que allí sucedía. ¿No escuchaban los gritos que salían de los sótanos? No se trata de que no supieran, sino que estaban política e ideológicamente convencidos de que eso que hacían estaba bien, era la manera de frenar la subversión, y que los chicos debían ser criados por familias más honorables, lo cual es un aberración.
¿De qué sirve la memoria?
Algunos se escudan en que no hay que echar más leña al fuego para que la gente no se pelee y por eso hay que dejar de recordar el pasado. Recordar no es solo una forma de no repetir los errores. Dejar pasar lo que ocurrió es lo más grave que se puede hacer, porque es parte de nuestra historia. ¿Por qué los militares se pusieron en esa posición? ¿Qué nos pasó como sociedad? ¿Cómo fuimos capaces de hacer semejante barbaridad? Porque no solo la Iglesia estuvo de acuerdo con lo que se hizo, sino también los medios de comunicación, periodistas, empresarios y civiles. Para entendernos a nosotros mismos es necesario saber lo que fuimos, lo que somos y por qué actuamos de la forma en que lo hicimos. La verdad y la memoria siempre ayudan en este sentido. La justicia es fundamental, no podemos dejarlos si un castigo. Hay una ley que dice que tienen que pagar sus culpas, los militares nunca lo hicieron. Ahora que están detenidos y están pagando, de acuerdo a la ley que ellos no aplicaron para los subversivos, se quejan.
La resolución del juez federal subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, Alejandro Daniel Esmoris, de aplicar el cómputo del 2×1 a dos represores, confirmó los temores de los organismos de Derechos Humanos: el “caso Muiña” ha sentado precedente en el Poder Judicial argentino. Se trata del mismo tribunal que la semana pasada aprobó la concesión de prisión domiciliaria al apropiador Carlos Hidalgo Garzón.
Este martes, en base al precedente instaurado por la resolución del máximo tribunal en la causa de Muiña, el juez Esmoris decidió aplicar el mismo criterio e hizo lugar al pedido de la defensa de los penitenciarios Abel Dupuy y Ramón Fernández, ambos con condenas firmes desde 2010 por crímenes cometidos en la Unidad N°9. Los represores Dupuy y Fernández, condenados a prisión perpetua y a 25 años de prisión respectivamente, fueron beneficiados por la ley 24390, también conocida como “Ley del 2×1” -vigente entre 1994 y 2001- cuyo Artículo 7 establece que “transcurrido el plazo de dos años previsto en el artículo 1, se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión”, con lo cual se reduce el tiempo de reclusión.
Pasó poco más de un mes del fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas durante la última dictadura y ya se presentan consecuencias. El pronunciamiento de los ministros Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dictado el pasado 3 de mayo, generó indignación en gran parte de la sociedad, especialmente en organizaciones de Derechos Humanos, quienes convocaron una multitudinaria marcha a Plaza de Mayo para repudiar el polémico fallo. En consecuencia del amplio rechazo popular que generó el veredicto, el 12 de mayo el gobierno promulgó la Ley Nº 27362, que establece que el cómputo del 2×1 no es aplicable a delitos de lesa humanidad. Pero a pesar de la ley y de las repercusiones de la masiva movilización, la historia vuelve a repetirse.
El “caso Muiña” ha sentado precedente en el Poder Judicial argentino. Se trata del mismo tribunal que la semana pasada aprobó la concesión de prisión domiciliaria al apropiador Carlos Hidalgo Garzón.
En diálogo con ANCCOM, Guadalupe Godoy, abogada y militante en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), declaró acerca de esta nueva sentencia judicial en favor de represores: “Es el primer fallo de un tribunal inferior que otorga el 2×1, luego del fallo de la Corte Suprema y del repudio popular que esa sentencia cosechó. El juez Esmoris ya se había pronunciado en ese sentido antes del fallo de la Corte, y posteriormente, en minoría, en casos donde tuvo que resolver junto a dos integrantes más del tribunal. Ya teníamos antecedentes de esta posibilidad. Tiene lógica, porque lamentablemente, más allá del repudio popular y de la nueva ley del Congreso, el fallo del “caso Muiña” está vigente hasta tanto la Corte no tenga un nuevo posicionamiento, que sería a fines de este mes o principios del próximo, cuando resuelva sobre 15 casos similares que tiene a la espera de sentencia en los que podría revertirse el fallo.” Sobre las repercusiones que podría tener el veredicto, añadió: “Este fallo en concreto va a ser apelado por los fiscales y va a ir a una cámara de casación. Le toca a la sala 2, que ya se expidió en contra del 2×1 la semana pasada en la causa Riveros. Pero lo que demuestra el fallo es que hay que seguir reclamando que la Corte tire abajo su propia doctrina creada a partir del fallo Muiña. Hasta tanto no haya un nuevo pronunciamiento de la Corte, existe el riesgo de que haya múltiples pronunciamientos de este tipo. Tanto el fallo de Esmoris como el de la Corte, tal como hemos dicho los organismos (de Derechos Humanos) en reiteradas ocasiones, violan los compromisos internacionales de nuestro país, que dicen que los delitos de lesa humanidad no son pasibles ni de indulto, ni de amnistía, ni de conmutación de pena. Y esto es una conmutación de pena encubierta.”
En la misma línea, el Juez Carlos Rozanski, ex presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y uno de los magistrados más activos en los juicios de Derechos Humanos -que en 2006 condenó a prisión perpetua al represor Miguel Etchecolatz- si bien no se pronunció acerca del fallo del juez Esmoris, en diálogo con ANCCOM expuso su opinión sobre la concesión del 2×1: “Del mismo modo que la inmensa mayoría de los jueces federales se expresaron en contra, incluida la Cámara Federal de Casación Penal, considero que esa ley conocida como 2×1 no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. Hay que recordar que cualquier ley o sentencia que implique impunidad en este tema, resulta inconstitucional.”
Por su parte, en representación de las entidades de Derechos Humanos que repudiaron el fallo, Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo en la filial de La Plata, manifestó: “En cierta manera no nos sorprendió el fallo porque esta vez tuvo que decidir un solo juez de los tres que integran el tribunal, por ser una ejecución de la sentencia. Al ser el juez Esmoris a quien le tocó intervenir, sabiendo que ya había tenido posiciones en favor de la aplicación del 2×1, no nos tomó por sorpresa. Lo cual no quiere decir que no estemos en contra de la decisión, por los mismos argumentos que expusimos ante la fallo de la Corte Suprema.”
Ante la posibilidad de considerar a la causa Muiña como el precedente sobre el cual se basó la decisión de Esmoris, Lovelli manifestó: “Este juez ya se había expresado en este sentido con anterioridad al fallo Muiña. Seguramente, al estar vigente en la Corte la doctrina de este fallo, se sintió más respaldado en su pronunciamiento. Es muy probable que la Corte vuelva a tratar el caso del 2×1 porque, con la sanción de la ley 27362, se pidió opinión a las querellas para ver si con ese nuevo instrumento legal, la Corte podía retrotraer su propia doctrina. Creemos que la Corte lo va a hacer, el hecho de que haya convocado a las partes puede tomarse como un síntoma. Quizás después, con otro fallo distinto se pueda revertir incluso la resolución que benefició a Dupuy y a Fernández.”
«Tanto el fallo de Esmoris como el de la Corte, tal como hemos dicho los organismos (de Derechos Humanos) en reiteradas ocasiones, violan los compromisos internacionales de nuestro país».
Una semana atrás, el mismo tribunal que ahora benefició a Dupuy y a Fernández, integrado por los jueces Alejandro Esmoris y Germán Andrés Castelli, otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Carlos Hidalgo Garzón, condenado en 2013 por la apropiación de la nieta restituida Catalina de Sanctis Ovando. Esta concesión, apoyada únicamente en el hecho de que el recluso supera los 70 años de edad, fue aprobada por el Tribunal Oral Nº 1 de La Plata sin tener en cuenta los informes oficiales de los peritos médicos que indicaban que Hidalgo Garzón podía continuar cumpliendo su detención en una unidad penitenciaria. “El juez Esmoris también votó en favor de otorgar la prisión domiciliaria a Hidalgo Garzón por el simple hecho de que es mayor de 70 años. Adopta un criterio que se rige solamente por la cuestión de la edad sin tener en consideración otras circunstancias, como el hecho de que tiempo atrás le revocaron la prisión domiciliaria por haberla violado”, afirmó Lovelli. “No sólo le concedió este beneficio a Hidalgo Garzón sino también a otros represores involucrados en distintas causas en La Plata.” Y agregó: “El fallo que favoreció a Hidalgo Garzón ya está apelado, pero la prisión domiciliaria aún no se hizo efectiva porque tiene pendiente otra causa donde está en prisión preventiva y en la que le fue denegada la domiciliaria.”
Respecto a la relación entre los dos fallos que favorecen a represores dentro del mismo tribunal, y en ambos casos con la actuación del mismo juez, Lovelli expresó: “Evidentemente, la composición del Tribunal Oral Nº 1 de La Plata es más permeable para concederle beneficios a los represores. Eso lo estamos viendo a diario, no tanto en las cuestiones de fondo de un juicio oral, donde es más difícil encontrar algún resquicio para no condenar, pero sí para las modalidades de ejecución de esa sentencia.”
Por el momento, tal como señalaron los especialistas consultados por ANCCOM, solo queda esperar a que en sus próximos pronunciamientos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decida aplicar la ley 27362 para garantizar que los genocidas cumplan la totalidad de sus condenas y evitar así que el “caso Muiña” se repita y termine convirtiéndose en la norma para las causas de lesa humanidad. Sin embargo, hasta entonces las organizaciones que defienden los Derechos Humanos en Argentina no van a quedarse de brazos cruzados. “Los organismos de Derechos Humanos en la ciudad de La Plata están preparando una manifestación que probablemente se haga la semana que viene, cuando haya audiencias en el juicio que se está llevando adelante por los crímenes que cometió la Concentración Nacional Universitaria en el cual el juez Esmoris es uno de los tres jueces a cargo”, aseguró Guadalupe Godoy. “Allí se realizaría una manifestación en repudio a su fallo y cualquier aplicación del 2×1 en causas de delitos lesa humanidad”, concluyó.
El mes de mayo fue un periodo de enardecida actividad para los organismos y movimientos que luchan por los Derechos Humanos en Argentina. Pocos días después de la multitudinaria marcha en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el beneficio del 2×1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad, nuestro país recibió la visita de representantes de dos entidades internacionales especializadas en materia de Derechos Humanos: el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias (GTDA) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que por primera vez se encuentra sesionando en Argentina.
Las misiones arribaron en medio de un clima marcado por el resurgimiento de discursos negacionistas por parte del gobierno nacional -reflejados en el cuestionamiento a la cantidad de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983) y en el resurgimiento de la Teoría de los Dos Demonios- y en la existencia de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en la actualidad.
Entre el 8 y el 18 de mayo, una delegación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) realizó su segunda misión oficial a la Argentina (la primera fue en 2003). La comitiva, integrada por dos expertos del ACNUDH, Setondji Roland Adjovi (de Benín) y Elina Steinerte (de Letonia), recorrió las provincias de Buenos Aires, Chubut y Jujuy, inspeccionó 20 centros de reclusión (penitenciarías, comisarías e instituciones de salud mental) y mantuvo reuniones con autoridades federales y provinciales, representantes de la sociedad civil e individuos privados de su libertad, con el propósito de hacer una evaluación general del Sistema de Justicia Penal en Argentina.
Entre el 8 y el 18 de mayo, una delegación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) realizó su segunda misión oficial a la Argentina (la primera fue en 2003).
El jueves 18 de mayo, al concluir su visita, Adjovi y Steinerte participaron de una rueda de prensa para compartir un informe preliminar. Entre la variedad de temas abordados, los oradores manifestaron su preocupación por la existencia de selectividad en las detenciones tanto por parte de las fuerzas de seguridad como del sistema legal. “Tomamos conocimiento de los amplios poderes que tiene la policía para privar a las personas de su libertad en base a la sospecha de comisión de un crimen o por verificación de identidad, que son frecuentemente utilizados contra personas en situación de vulnerabilidad”, advirtió Steinerte. “Observamos la existencia de selectividad en la aplicación del Sistema de Justicia Penal en relación a individuos de determinados entornos socioeconómicos. Las personas de condición humilde y en situación de vulnerabilidad, como niños de la calle, el colectivo LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex), los pueblos indígenas, los migrantes y las personas comprometidas con movimientos sociales tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía y reciben un trato diferencial por parte del Sistema de Justicia Penal de Argentina”, agregó.
También expresaron su descontento ante el uso excesivo de la prisión preventiva en el país, sobre lo cual Steinerte declaró: “Según las leyes nacionales 24.390, la prisión preventiva debe ser una medida excepcional. Sin embargo, esto no se refleja en la práctica judicial. Como resultado, los detenidos con prisión preventiva constituyen cerca del 60% de la totalidad de detenidos por el Sistema de Justicia Penal. También observamos que el límite de dos años para la medida de prisión preventiva, indicado por la legislación argentina, es frecuentemente excedido.”
Uno de los casos más representativos de detención sin una condena firme es el de Milagro Sala, dirigente social jujeña y líder de la agrupación Tupac Amaru, encarcelada bajo el régimen de prisión preventiva desde enero de 2016 a la espera de su enjuiciamiento. Al respecto, los expertos argumentaron que la evaluación llevada a cabo no fue diseñada para hacer el seguimiento de un individuo particular sino que se trató de una visita comprensiva y general. No obstante, Steinerte se refirió al caso: “Nos reunimos con la dirigente social Milagro Sala, entre otros detenidos. La opinión adoptada en 2016 por el GTDA (que considera que el encarcelamiento de Milagro Sala se trata de una detención arbitraria) se mantiene firme.”
Durante la conferencia, Adjovi y Steinerte enumeraron otras problemáticas que se contradicen con los ideales universales de la dignidad humana promovidos por el ACNUDH. A partir de sus hallazgos preliminares, criticaron la utilización de comisarías como centros de detención por períodos prolongados, situación ligada al excesivo uso de la prisión preventiva y la sobrepoblación en establecimientos penitenciarios. También resaltaron la escasa aplicación de medidas alternativas a la detención -disponibles en la legislación argentina-, la imposición de sanciones disciplinarias como el aislamiento y el uso de fuerza, el extenso confinamiento de personas con discapacidad psicosocial y de bajos recursos en instituciones psiquiátricas sin perspectivas reales de liberación, y la cuestión de menores de edad en conflicto con la ley, sobre lo cual Steinerte expresó: “La excepcionalidad de la privación de libertad de menores de edad no es ampliamente impulsada en el país, ya que tuvimos conocimiento de instancias de detención de individuos menores de 16 años (edad de imputabilidad establecido por el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil argentino).”
Al concluir su visita, Adjovi y Steinerte participaron de una rueda de prensa para compartir un informe preliminar.
Por último, en referencia al tema de la detención de migrantes, ambos expertos se pronunciaron en contra la adopción del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2017, que, según denunciaron, modificó las disposiciones de la Ley sobre Política Migratoria Argentina Nº 25.871 y eliminó salvaguardas importantes. “Estos cambios deberían haber estado sujetos a un debate abierto y transparente, ya que la detención en el contexto de migración debe ser excepcional y sólo puede justificarse si persigue un fin legítimo”, alegó Steinerte.
El GTDA presentará su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2018. “Vinimos a Argentina con la invitación del Gobierno nacional, lo cual supone un compromiso de su parte para escuchar nuestras recomendaciones y tomar medidas en consecuencia”, concluyó Adjovi. “Tenemos altas expectativas de que se van a realizar cambios basados en nuestra evaluación. Pero hay que recordar que el Gobierno funciona junto con la sociedad, por lo que estas recomendaciones son de interés para todos.”
Al día siguiente, viernes 19 de mayo, se llevó a cabo una reunión entre Organizaciones de la Sociedad Civil y tres representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Presidente de la Comisión y Relator para Argentina Francisco Eguiguren Praeli, el Secretario Ejecutivo Paulo Abrão y la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, para debatir acerca de la situación de los Derechos Humanos en el país. El encuentro, previo al inicio del 162º periodo de sesiones extraordinarias del CIDH (que por primera vez se desarrollará en Argentina), tuvo lugar a partir de las 16 en el Espacio Memoria y Derechos Humanos y contó con la participación de referentes de organismos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, H. I. J. O. S., el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Comité por la Liberación de Milagro Sala y la Asociación Buena Memoria, entre otras agrupaciones y particulares interesados.
Pablo Lachener, abogado del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, brindó a ANCCOM algunos detalles acerca de la reunión: “Fue un encuentro de carácter informal que la CIDH tuvo con organizaciones de la sociedad civil argentina por fuera de su agenda oficial. Los asistentes expusieron en breves minutos los temas que consideran que requieren de la intervención de la Corte Interamericana, y la Comisión escuchó todos los planteos.”
Entre los temas planteados, Lachener destacó la creciente preocupación por retrocesos en políticas de memoria, verdad y justicia, e intervenciones vinculadas a la situación carcelaria, restricciones a la migración, violencia policial, persecución de sectores vulnerables, escasez de medicamentos para la comunidad LGBTI, falta de acceso a servicios de salud, interrupción del pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado, entre otros reclamos.
“Nosotros presentamos un informe advirtiendo sobre determinadas manifestaciones públicas un tanto preocupantes de algunos funcionarios del gobierno respecto a la última dictadura y por la actuación de los tres poderes del Estado en causas de lesa humanidad. Hay preocupación por el nivel de retrocesos en materia de políticas públicas que está llevando adelante el actual gobierno”, expresó Lachener.
La CIDH inauguró el nuevo período de sesiones el lunes último en el salón Atalaya del hotel Sheraton y extenderá sus audiencias públicas hasta el viernes 26 de mayo. Pese a que los casos de Argentina no están en agenda, los organismos de derechos humanos tienen expectativas de que se haga un relevamiento de ellos para ser tratados en la sesiones de julio en Perú.
Una vez más la Plaza de Mayo se llenó de consignas: “Juicio y Castigo” “Nunca Más” “Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación”. Frente al escenario, delante de las vallas, unas veinte llamas flamean alrededor de un pañuelo gigante. Algunas personas se acercan con una vela, la prenden, miran el símbolo unos minutos. De fondo, la multitud entona: “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”.
Con las avenidas todavía repletas de agrupaciones que esperan para entrar a la Plaza, los discursos terminan y estalla el tradicional grito de: “30.000 detenidos y desaparecidos: presentes. Ahora, y siempre. Ahora, y siempre”. Los pañuelos tiñen la Plaza de blanco. Como cada jueves a la tarde, como se pintó aquel día hace cuarenta años, pero esta vez multiplicado por cientos de miles desde la Casa de Gobierno hasta el Congreso. Algunos se van y otros llegan, la Plaza estará poblada hasta pasadas las 21.00. Los que no llegaron al acto -hubo desperfectos simultáneos en varias líneas de subte- quieren estar, pisar la Plaza, sumarse al repudio contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia que extendió el beneficio del 2×1 a condenados por delitos de lesa humanidad.
El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), La Brecha, el Frente Popular Darío Santillán, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el MST Frente de Izquierda avanzan por Diagonal Norte, mientras el Movimiento Evita y la Juventud Peronista llegan por Avenida de Mayo.
La adhesión a la movilización reúne a todo el arco opositor, la CGT, también a intendentes del Conurbano bonaerense.
San Martín, Bolívar y Defensa también alojan a cientos de personas, grupos de amigos, familias y parejas que intentan llegar a la Plaza. “Hace quince años que marcho todos los 24 de marzo, y hoy fue impresionante”, dice Tomás a ANCCOM. Lleva colgado un cartel con la fotografía de una mujer desaparecida durante la última dictadura. “Me gusta tomar la historia de algún compañero desaparecido y marchar con su nombre en el pecho”, explica.
Entre las agrupaciones que avanzan por la Avenida, se distingue una bandera más sutil pero no menos plantada: la Asociación Americana de Juristas (AAJ) que tiene entre sus objetivos principales “la defensa y promoción de los derechos humanos”. Esta vez, levanta su bandera contra el 2×1. Liliana Costante, integrante de la asociación, denuncia la decisión de los jueces. “Si tuvieran un poco de dignidad, renunciarían”, razona.
Además, advierte que la ley aprobada en el Congreso “es un acto político simbólico, pero necesario”. Y amplía: “Ya existe legislación internacional para comprobar la inconstitucionalidad del 2×1. Es como que acá diluvie y vos sacás una ley para explicar que está diluviando. Los juristas no estamos en un tupper ni en una palmera, sabemos bien que el conocimiento es una herramienta de lucha”.
En la esquina de Avenida de Mayo y Chacabuco, un grupo de hombres y mujeres tocan los tambores. Las calles están menos abultadas y los puestos de hamburguesas más concurridos. María García Medina es psicóloga y tiene cincuenta y cuatro años. Desde que llegó a la Capital, en el 82’, acompaña la ronda de las Madres. “Me encanta estar acá, me emociona”, explica María a ANCCOM. Y recuerda a sus amigos detenidos durante la dictadura. Lleva dos pañuelos blancos: uno en la cabeza y otro alrededor del cuello.
La luna llena encandila más que los faroles de las calles. Entre las últimas banderas que se acercan, está la infaltable wimphala, con el grupo de sikuris que suena alrededor. Hace una hora las Abuelas y Madres terminaron el discurso, pero las organizaciones siguen avanzando. Nadie se va sin llegar a la Plaza.
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León Gieco, quien no puedo llegar a la marcha, le dedicó esta canción a las Madres y Abuelas:
