May 18, 2017 | Comunidad
La cantidad de personas que viven en la calle en la Ciudad de Buenos Aires al menos triplica las cifras y relevamientos oficiales del gobierno porteño que encabeza Horacio Rodriguez Larreta. La diferencia surge de los resultados preliminares del primer censo popular de personas en situación de calle que más de cincuenta organizaciones sociales y políticas realizaron en el distrito entre el 8 y el 15 de mayo con la movilización de más de 500 voluntarios.
Según el censo oficial que el Gobierno de la Ciudad realiza todos los años, en 2016 había 876 personas que no tenían dónde vivir. Las organizaciones que participaron del censo popular coinciden en que la cifra obtenida en el trabajo que concluyó esta semana es muy superior a la difundida por las autoridades porteñas.
Claudia Enrich, de la organización “Ciudad Sin Techo”, que se dedica a acompañar a las personas en situación de calle, precisó que los resultados finales del ¿contra-censo? se conocerán a fin de mes. “La idea es que ahora se hagan los números y sepamos finalmente qué cantidad de gente hay. Vamos a hacerlo de acá al 30 de mayo para tener una cifra respetuosa, que no sean un número sino que sean lo que son, personas que tienen un nombre, una vida”, puntualizó en diálogo con ANCCOM.
La organización “Ciudad Sin Techo”, se dedica a acompañar a las personas en situación de calle y se dispone a realizar un nuevo relevamiento con mayores precisiones.
Por su parte, la consejera del Consejo Económico y Social de la Ciudad (Cesba), Laura Velasco, subrayó que el trabajo de campo de las organizaciones “no fue meramente un conteo, se realizó una cantidad de preguntas en relación con la situación de las personas, de las familias, qué situación los llevo a la calle, hace cuánto, si son discriminados en distintos ámbitos, si acceden a la salud, si sufren violencia institucional, si fueron a los paradores del gobierno de la Ciudad”. Y advirtió: “Lo que sí podemos anticipar es que el número de personas que vive en la calle es por lo menos tres veces de lo que informa el Gobierno”.
De acuerdo a la ley 3706, sancionada el 13 de diciembre de 2010 en la Legislatura porteña, es un deber del Estado “la realización de un relevamiento anual de las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle”. Además, la ley señala que “se promoverá la elaboración del diagnóstico con la participación de expertos en la materia, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil integradas o no por personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle”.
Según Enrich, “el gobierno no la cumple”. Para graficar ese incumplimiento, la referente de “Ciudad Sin Techo” recordó que “el año pasado hicieron el censo en abril en un solo día”. Y agregó: “Salieron un miércoles lluvioso en dos camionetas para hacer 15 comunas con 48 barrios. En ese contexto no iban a ver mucha gente, obviamente. Lo que estamos haciendo es obligar a que se cumpla la ley y a que exista un número real para poder tener el presupuesto y políticas públicas como corresponde”.
Por el incumplimiento de esta norma, el Gobierno porteño tiene abierta una causa en el juzgado a cargo de Elena Liberatori. Según Velasco, “el gobierno reconoce en esa causa que no había contabilizado a la gente que está en un parador por la noche y a la mañana siguiente está en la calle, ni a la gente que está con sentencia firme de desalojo ni a la que está con subsidio parando en un hotel. Estas situaciones que plantea la ley no estaban contempladas en el censo del año pasado”.
De la iniciativa para dar con un número real sobre las personas en situación de calle participó un conjunto amplio de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales, junto a las que se dedican específicamente a esta problemática. Además, contaron con el apoyo de instituciones públicas como el Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la Auditoría General de la Ciudad, que aportaron el asesoramiento profesional necesario. Sobre este trabajo en conjunto, Velasco explicó: “Se armó una coordinadora en la que participamos una persona por organización y se armaron comisiones de trabajo, también se trabajará colectivamente en el procesamiento de los resultados”.
Además, las organizaciones denuncian que no les dan la participación en el relevamiento oficial y en la definición de políticas, según estipula la ley. “Lo que planteó Liberatori en la última audiencia es que tenían que incorporar al monitoreo a otros organismos y organizaciones del sector. Sin embargo, este año volvieron a hacer el censo en abril sin incorporarlas”, agregó la integrante del Cesba. En este sentido, para Enrich “luego del censo deben sentarse en una mesa de trabajo con las organizaciones para definir las políticas”. Y concluyó: “Lo que estamos haciendo es trabajar para que además de difundir la situación, se destinen los recursos necesarios”.
«Lo que estamos haciendo es obligar a que se cumpla la ley y a que exista un número real para poder tener el presupuesto y políticas públicas como corresponde”, señaló Claudia Enrich de la organización “Ciudad Sin Techo”.
Actualizada 18/05/2017
May 9, 2017 | Entrevistas
Desde hace 20 años, Fernando Soriano es periodista gráfico. Actualmente escribe en Infobae, hasta 2015 lo hizo en el diario Clarín. En paralelo, el reportero, oriundo de Avellaneda, defiende una causa de la que con orgullo e ironía se autodefine “periodista militante”: la legalización del cannabis, lo mismo que exigieron las 150,000 personas que el sábado pasado participaron de la Marcha Mundial de la Marihuana en su recorrido por el Centro porteño. En su libro Marihuana, la historia, Soriano combina el oficio, a través de una investigación rigurosa, con la causa. Desde los registros de los primeros cultivos de la planta en Asia, pasando por las oleadas prohibicionistas y llegando a los casos actuales de arrestos en Argentina por simple tenencia, Soriano muestra el valor del cannabis en la historia y sus diversos usos: comercial, medicinal, cultural. La obra, recientemente publicada por editorial Planeta, aporta al debate actual algo fundamental: información para argumentar.
¿Por qué decidiste contar esta historia?
Porque por ser una planta prohibida, y sacando las revistas THC y Haze, no hay mucho material formal. Faltaba un libro sobre el tema, como falta un gran documental. El segundo motivo es que en 2009 empecé a hacer notas en Clarín y comencé a ver casos de injusticia: pibes que caen presos por tener un porro, otros que son víctimas de la violencia institucional. Y me interesaba contar esas historias, para que el libro ayude a entender que la planta es una planta y que la prohibición es ridícula.
En el libro, esas microhistorias se mezclan con datos duros, ¿cómo le encontraste la vuelta al relato?
Me volví loco. Cambié varias veces la estructura narrativa hasta que un día me junté en un bar con Camilo Sánchez, periodista, poeta, y docente en TEA, y le dije: “No sé cómo estructurar esto”. Me dijo que siguiera trabajando, que se iba a acomodar solo, y así fue. Creí que esas historias personales tienen más fortaleza cuando se contrastan con las estadísticas que muestran lo absurdo de la prohibición. Por ejemplo, la historia de Miguel Ángel Durrels, que en 2013 aparece supuestamente suicidado en la celda de la Comisaría 1 de Pilar y que había caído por tener 70 gramos de porro paraguayo, una ridiculez. La ley de drogas (23.737) propició esa muerte.
El reportero, oriundo de Avellaneda, defiende una causa de la que con orgullo e ironía se autodefine “periodista militante”.
¿Cómo articulaste la investigación de archivos con las entrevistas?
En la primera parte, hay un trabajo de historiador aunque no estoy ni cerca de serlo. A veces tenía los relatos personales y después los articulaba con archivos, datos o hasta relatos paralelos. La segunda parte la laburé como lo hago con una crónica larga. Con digresiones, con diferentes temas que se van abriendo. Hay varias historias que han quedado afuera o que en principio daban para un capítulo entero y terminaron siendo dos párrafos dentro de un capítulo. La investigación duró dos años y dos meses, aunque a mí me parecieron dos décadas.
La lucha de las agrupaciones por la legalización está cruzada por el trabajo colectivo y el conocimiento compartido, ¿te nutriste de eso?
Sí. El laburo de las organizaciones es fundamental porque, como dice el subcomandante Marcos, “esto va de abajo hacia arriba”. Para mí, que nací en la dictadura y padecí el menemismo más horrendo en mi juventud, me dio una enorme satisfacción ver que, con esta ley, la democracia funcionó como nos enseñan en la escuela que tiene que funcionar: una idea que sale del pueblo y termina siendo aprobada por los que deciden gracias a que los ciudadanos los ayudamos a entender.
En el primer capítulo, contás el plan trunco de Manuel Belgrano de cultivar y comercializar cannabis en el siglo XIX. ¿Hay similitud con la negación actual en Argentina hacia la planta?
Es diferente porque en aquella época no se conocía su característica psicoactiva. Belgrano sufrió el desfinanciamiento de la Corona española por razones comerciales, no porque la planta estuviera demonizada. La cuestión cultural y el verso de la droga como flagelo, no existían. Sí hay similitud entre la negativa de la Corona hacia el proyecto económico de Belgrano y la actual de no ver la planta como integral, que puede ser usada para textiles, para medicina y para que dejen fumar a quien quiera hacerlo. ¿Por qué no se persigue al bebedor de whisky y sí al consumidor de cannabis si mata mucha más gente anualmente el alcohol que el porro?
¿Cuál es tu opinión sobre la ley que habilita su uso medicinal?
Es un avance importante. Tiene un grave problema: le falta el autocultivo. Pero es un punto de partida para seguir discutiendo con otro nivel de información, porque ayuda a naturalizarla. Es necesario hablar de la marihuana desde otro lado. ¿Por qué una planta se supone que destruye neuronas si ayuda a una nena a bajar sus convulsiones de 600 a cero por día? La ley ayuda a seguir dando esa discusión, porque nadie se va a detener acá, ni tampoco cuando se autorice el autocultivo. Hasta que no se legalice, los activistas van a seguir y yo, que en este caso hago periodismo militante, también.
Pero si no se autoriza el autocultivo, ¿de dónde sale el cannabis medicinal?
El gobierno habla de importar el aceite. Pero no se puede traer todo porque no hay uno solo para todas las enfermedades. Después está previsto investigar, cultivar y repartir en base a esas plantas que se cultiven. Pero para eso falta tiempo, además de que hay que crear organismos, entes de regulación… El gran problema es: ¿qué va a pasar en ese “período ventana” con la gente que necesita el cannabis medicinal? Nada, la gente va a seguir cultivando.
¿Qué se logra con la prohibición?
Un montón de cosas, todas negativas. La prohibición consigue que mueran chicos porque no tienen el cannabis para tratar sus enfermedades; que se muera gente en un calabozo o que los violen después de caer presos por tener 50 gramos de porro; que seguramente se enferme o muera gente por consumir el “paraguayo prensado” que no se sabe qué tiene. El otro día, en una charla en un centro cultural, el director de la revista Haze decía que el problema no es la ausencia del Estado en el tema, sino que está demasiado presente.
¿Cuál es el papel de los medios ante este panorama?
Son los más conservadores, a pesar de que la gente que los hace, en general, fuma. Están presos del peso de la opinión pública. No quieren ir contra el pensamiento ya formado de los lectores. Tendría que ser al revés. Y ese camino lo marcan dos hechos importantes. Una es la aparición de la revista THC, que logró que la gente se anime a leer del tema en el subte y no se esconda como si fuera una porno. Y por otro lado, la nota que me tocó hacer para Clarín en febrero de 2016 a Laura Alesi, la mamá de Josefina Vilumbrales, una nena con síndrome de West (epilepsia grave), cuyo título fue “La marihuana le permite vivir a mi hija”. Eso fue un golpe fuerte en la puerta de los despachos de los diputados y la ley tomó impulso. Eso marca que los medios podrían tener la cabeza más abierta y ayudar.
«¿Por qué una planta se supone que destruye neuronas si ayuda a una nena a bajar sus convulsiones de 600 a cero por día? La ley ayuda a seguir dando esa discusión», problemtiza Soriano.
¿Ahí aparece la importancia de lo que llamás “el periodismo cannábico”?
El rol de THC es fundamental porque rompe el paradigma. De hecho, cuando ya poca gente compra revistas, la THC se sigue vendiendo mucho porque es el lugar donde la gente va a buscar la información que necesita. Si vos le prohibís el porro a alguien, lo van a ir a comprar a otro lado. Con la THC pasó eso: sí el tema estaba prohibido en los grandes medios, la THC aparece para ser un espacio de discusión y de ida y vuelta.
Un sector de Cambiemos apoyó la ley de uso medicinal pero el Ministerio de Seguridad persigue a los autocultivadores, ¿qué opinás sobre esto?
Son diferencias lógicas de cualquier gobierno. Aunque alguno la puede entender como un doble discurso. No dudo de la defensa de la marihuana que hizo Alejandro Rozitchner. También veo la desinformación y el prejuicio de Patricia Bullrich. Sirve a la democracia que al interior de un gobierno haya discusiones. El problema es que las decisiones de Patricia Bullrich joden a la gente. Que no exista el autocultivo favorece al narcotráfico. Sólo Bullrich, aunque no es la única, puede pensar que quien tiene cinco plantas en su balcón o en el patio es narcotraficante. Eso es estar alejado de la realidad. Y, además, porque el narcotráfico financia la caja negra de la policía. Si quiere terminar de verdad con el tema, tiene que mirar hacia adentro, hacia los que la rodean.
¿Quiénes más demonizan a la marihuana?
El gran enemigo es la desinformación y el prejuicio. Y en esa bolsa entran políticos, periodistas, médicos. También la Iglesia, que no entiendo con qué cara condena al consumidor de marihuana y no a los curas pedófilos. En 2012, cuando el gobierno kirchnerista casi saca la despenalización del consumo de marihuana, uno de los grandes frenos fue la Iglesia. Respeto muchísimo a los curas villeros que dan una gran batalla, pero ellos dicen que en las villas la marihuana ya está legalizada y que eso no es bueno. Y yo me pregunto qué pasa con los narcos en las villas. Una gran batalla contra ellos sería si se les enseñara a cultivar a esos pibes, para que no tengan que comprarle a los narcos.
¿Qué rol juega la comunidad médica?
Fundamental. Estamos criados en una sociedad donde la palabra del médico es más que la de cualquier otro referente social. Es necesario que se informen para entender el tema. Pasa algo similar en la justicia, donde hay jueces y fiscales que no saben nada. Hay una frase de John Berger que me encanta: “Dejé de creer en los médicos cuando ellos dejaron de creer en los hombres”. Tal vez es momento para que los médicos y las médicas crean más en el ser humano y, en este caso, en la planta.
¿Alcanza con la decisión de un gobierno para legalizar la marihuana?
No, hace falta es que la sociedad entienda mejor. En 2012, cuando casi se legaliza el consumo, varios diputados y diputadas me dijeron que la sociedad no estaba preparada. La decisión final la tiene el poder político, pero los ciudadanos se tienen que educar informándose. Que lean el libro. No hace falta que lo compren, que lo fotocopien si quieren, pero que lo lean y haya más información para discutir.
¿Qué aporta tu libro a la causa?
Información que fue ocultada durante mucho tiempo. Me gustaría que se pueda discutir sobre la planta a partir de “la data” que está ahí. Esto es como cuando hay problemas en una casa, en una pareja o en un laburo, lo peor es negarlo. Los temas se hablan y se naturalizan. A la planta le falta naturalizarse. Estoy feliz de que haya un libro, que esté arriba de una mesa o una biblioteca a disposición de cualquiera, para que se siga discutiendo con más argumentos. Me gustaría que lo lean Patricia Bullrich, Eduardo Feinmann y todos los dinosaurios que no están entendiendo.
Actualizada 09/05/2017
Abr 26, 2017 | Comunidad
Un oficial armado ingresó en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N°2 Mariano Acosta, en el barrio porteño de Balvanera, el jueves último. El hecho provocó el temor y la preocupación de los padres y docentes del colegio, pero también el repudio de amplios sectores de la sociedad que ven, en esta y en otras acciones, el hostigamiento a los trabajadores docentes y a los estudiantes que reclaman por sus derechos.
La comunidad educativa del Mariano Acosta presentó una denuncia ante la Asesoría Tutelar del Menor, a cargo del fiscal Gustavo Moreno, para que se investigue a los uniformados de la Policía de la Ciudad que formaron parte en la intimidación y amedrentamiento de los alumnos. Además el viernes, en una asamblea, los padres y docentes de la escuela decidieron presentar una acusación en la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) y planean presentar una nota firmada por los responsables de los menores al ministerio de Seguridad de la CABA para exigir una explicación por haber enviado agentes al instituto. Raquel Papalardo, rectora del Mariano Acosta, destacó la sensibilidad de la comunidad educativa en diálogo con ANCCOM: “En esta escuela hubo sesenta y cinco desaparecidos por la dictadura y hoy estamos preocupados. La situación es muy compleja, no recuerdo una democracia como ésta. Este proyecto de país que proponen no cierra sino es con represión, porque si la gente tiene hambre, no tiene acceso a la salud, al trabajo y a la educación va a salir a protestar para defender sus derechos”. Por su parte, Alina Conde, madre de un estudiante de la escuela, presente en la asamblea del viernes advirtió: “No es la primera vez que pasa. El 23 de marzo algunos alumnos estaban haciendo banderas y la policía estaba en la vereda del colegio observándolos. En la zona hay robos casi todos los meses y ellos no aparecen, pero para vigilar a los chicos sí”.
La preocupación de docentes y padres se extiende a los estudiantes, que también se organizan para defender la educación pública. Agustín Prieto, presidente del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta, sumó a lo ocurrido en su escuela otros hechos: “En la Técnica Número 27 ocurrió la misma situación. Se acercaron policías diciendo que había una marcha y entraron al edificio”. Recordó además un hecho aún más grave ocurrido en la escuela de música Juan Pedro Esnaola. “Requisaron a un chico de 17 años a la salida de una reunión. Le pidieron el documento, abrieron su mochila, inspeccionaron la funda de la guitarra, le sacaron fotos -siendo menor de edad- y sin darle ninguna explicación. El chico quiso llamar a su mamá y no lo dejaron, retuvieron su celular. Después de revisarlo dos veces lo dejaron ir”, describió Agustín.
Raquel Papalardo, rectora del Mariano Acosta: «Me pidieron que cerráramos las puertas de la escuela a lo que me negué».
La lista de intimidaciones a las escuela comprende también a los estudiantes del Carlos Pellegrini: el mismo día que se inauguró la Escuela Itinerante realizaron una clase pública en la puerta del establecimiento en solidaridad con los docentes reprimidos en Congreso. Desde la vereda de enfrente, ocho policías miraban atentamente todo lo que pasaba.
No parece casual las intimidaciones policiales durante las actividades solidarias de los estudiantes con los docentes en su lucha por el llamado a paritarias nacionales. El 17 de abril a las 18.12, el director de Escuelas Primarias de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Bruno, envió un mail a los inspectores escolares para que adviertan a los directores de las escuelas que las actividades vinculadas a la realidad social “tengan en claro cuáles son los objetivos pedagógicos dejándolos plasmados por escrito en una secuencia de actividades encuadradas en los lineamientos curriculares del Área Formación Ética y Ciudadana y respondiendo al proyecto institucional”.
El viernes por la tarde, en un acto realizado en la Escuela Itinerante para repudiar los hechos del Mariano Acosta, el Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, se refirió a la situación: “Este gobierno está desconociendo lo que son los derechos básicos de los trabajadores: tener una paritaria para discutir tanto mejoras salariales como mejoras en las condiciones laborales. Es un gobierno que asumió por el voto del pueblo pero que está tomando un cariz autoritario”. Además expresó que con la represión en la escuela Itinerante, en la Universidad de Jujuy y con la entrada de la policía al Mariano Acosta se manifiesta el deterioro de la democracia: “Lamentablemente es una situación compleja en el que los trabajadores tenemos que seguir luchando por hacer valer nuestros derechos”.
En las puertas del Mariano Acosta, hay claros mensajes de preocupación de los alumnos y directivos por el hostigamiento policial.
El episodio del Mariano Acosta
Raquel Papalardo, rectora del Mariano Acosta, relató a ANCCOM lo sucedido el jueves en su escuela: “En el marco de los reclamos por las paritarias docentes los alumnos que conforman el Centro de Estudiantes nos pidieron realizar clases públicas en una plaza. Nos negamos porque nos pareció peligroso y decidimos hacerla en el patio”. Fue así que el jueves 20 de abril, a las 10 de la mañana, antes de comenzar la clase, le informaron a la vicedirectora, Viviana Fernández, que cuatro uniformados estaban frente al colegio. Fernández se acercó para preguntar qué hacían ahí y le respondieron que les habían dicho que habría una movilización. Ella respondió que solo se realizaría una clase pública en el patio de la escuela y los policías insistieron con que tenían que permanecer por si decidían cortar la calle. Entonces les consultó de dónde venían y contestaron: “del Comando”. Quince minutos más tarde llegó Raquel Papalardo, quien recibió la misma información por parte de los oficiales, a la que se sumaron algunas amenazas: “Yo les hice las mismas preguntas. Me contestaron socarronamente que tenían una orden de captura para mí. Les dije: ´Acá me tienen´. Después me aclararon que les habían informado que se haría una marcha. Agregaron que si queríamos podían cortar un árbol y prenderlo fuego para cortar la calle. Negué que hubiese una marcha planeada y ellos sostuvieron que tal vez los chicos se podrían desbordar y cortar la calle. Me pidieron que cerráramos las puertas de la escuela a lo que me negué. Cuándo interrogué sobre su procedencia me dijeron que venían de Operaciones”.
Raquel describe que las clases públicas se llevaron a cabo con tranquilidad, puertas adentro de la institución, entre las 12.15 y las 13.15, pero que más tarde ocurrió otro hecho alarmante: “A las 14.30 yo estaba almorzando en la Secretaría y un policía se presentó en los pasillos. Lo vi y le pregunté qué hacía en la escuela y quién lo había enviado. Entonces respondió que era de la comisaría séptima -a nosotros nos corresponde la octava- y que lo habían mandado porque había una marcha y tenía que saber si íbamos a cortar la calle. Al lado de él se encontraba un profesor de Historia quién me advirtió que estaba armado y empezó a pedirle al oficial que se retirara, porque no podía entrar armado a una institución educativa si no tenía una orden judicial. Entonces, se excusó diciendo que estaba cumpliendo con su labor”, relató Raquel consternada.
En la asamblea del Mariano Acosta el presidente del Centro de Estudiantes, Agustín Prieto, manifestó su preocupación: “Cuál es el límite, hasta dónde quieren llegar. No queremos esperar a que desaparezca un chico de nuestra escuela y no sepamos donde está. Somos pibas y pibes de entre 13 y 18 años, no el aparato represor del Estado. No tenemos armas, tenemos lápices y hojas. La palabra es nuestra única arma y la vamos a seguir usando para que deje de pasar esto”.
El repudio
“Bajen las armas, aquí solo hay chicos y chicas estudiando”, se leía en los carteles que sostenían los oradores de la asamblea que reunió a los docentes, directivos y estudiantes del Mariano Acosta como así también a representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y maestros de la Escuela Itinerante frente al Congreso el viernes último, luego de conocerse los hechos ocurridos en el colegio. Allí no sólo se debatió lo acontecido en Balvanera sino que se recordó que la semana anterior en Jujuy dos alumnos, Ignacio García y Joaquín Quispe –presidente del Centro de Estudiantes- fueron detenidos ilegalmente en la Universidad Ciencias Agrarias por la policía provincial.
Francisco Reydó, representante de CTERA, también opinó: “Lo que pasó en el Mariano Acosta es otra forma de intimidación a la educación pública como lo que ocurrió el jueves cuando se presentaron los empleados bancarios a manifestar su apoyo a la Escuela Itinerante y hubo un cordón policial de Infantería, en clara actitud de provocación e intimidación a una actividad conjunta de educadores y gremialistas. Creo que esto es muy peligroso porque quieren instalar una situación de normalidad y no es natural que eso suceda”. Por su parte, Agustín Prieto, presidente del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta advirtió sobre lo ocurrido en su escuela: “Supuestamente un vecino llamó a los oficiales. Pero viendo lo que pasó en distintas instituciones del barrio solo me queda pensar que los vecinos se están coordinando mucho o son los policías los que lo están haciendo para amedrentar e intimidar a la comunidad educativa”.
La policía, la noche de la represión a la protesta social, durante el armado de la carpa itinerante de los docentes.
Reydó expresó que no es aceptable que en un período democrático estén sucediendo estas cosas y advirtió: “Entendemos que disciplinar y condicionar a los trabajadores docentes hoy es condicionar y disciplinar al conjunto de los trabajadores de nuestro país”. En la misma línea, Marcelo Guagliardo, otro maestro de la Escuela Itinerante, declaró: “Nosotros tenemos mucha preocupación; por eso estamos movilizados desde antes que iniciaran las clases, porque veíamos que estábamos frente a un gobierno que se había corrido de sus corresponsabilidades en el sostenimiento de la educación pública. Y utiliza a las fuerzas policiales para reprimir las protestas sociales. Vemos que hay un retroceso a un tiempo que mucho nos costó superar. Las políticas de ajuste no se sostienen si no es con un aparato represivo fuertemente preparado por el Estado. Esto se puede observar en la compra millonaria de armas por parte del gobierno de Macri, debido a que la única hipótesis de conflicto que encontramos en la Argentina es el conflicto interno por la agudización de la crisis social”.
Actualizada 25/04/2017
Abr 18, 2017 | Trabajo
El 20 de diciembre de 2013, empleados de la empresa Perfil participaron de una asamblea para tratar de resistir una tanda de despidos y la salida del bisemanario homónimo se retrasó diez horas. Meses después, les llegó una citación para prestar declaración ante la Justicia a cinco delegados y un miembro de la Junta Electoral de la publicación. Allí se enteraron de que la compañía, propiedad de Jorge Fontevecchia, los había denunciado, que estaban procesados penalmente, acusados de atentar contra la libertad de prensa, y con la amenaza de terminar en prisión de uno a seis meses. Aunque el juicio se suspendió momentáneamente, debido al conflicto por el traspaso de parte de la Justicia a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, la causa no se cerró y una posible condena pende sobre los trabajadores.
El conflicto había empezado en octubre de 2013, cuando se conocieron los primeros despedidos. En el marco de las elecciones de renovación de la Comisión Interna donde se eligen delegados, la editorial decidió echar a trece trabajadores, entre ellos a integrantes de la Junta Electoral. “Estábamos en medio de elecciones y echaron a parte de la la Junta Electoral, porque a mí no me podían echar, porque tengo inmunidad gremial. Lo que ellos no sabían era que la Junta también la tiene, y ahí fue cuando estos tipos dijeron: `Bueno tenemos que hacer algo, y empezaron a avanzar con todo´”, recuerda Marcelo Iglesias, delegado de Perfil desde hace 17 años.
Luego de realizar una seguidilla de paros, medidas de fuerza y conciliaciones obligatorias, se logró la reincorporación de todos los trabajadores. Pero la empresa Perfil fue un paso más allá y mandó nuevos telegramas de despidos cerca de fin de año.“ Tenés todo el año para despedir, y elegís justo esa fecha. Fue una medida ejemplificadora, como diciendo: `Me importa un carajo vos, tu Comisión Interna y el día de elecciones. Yo soy el dueño, hago lo que quiero y se terminó”, dice Rubén Schofrin, delegado de Perfil desde el cierre del viejo diario en 1998 y actualmente secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
Planta de la Empresa Perfil donde se produce el conflicto.
A finales del año pasado, la causa – que se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 12- fue elevada a juicio. Las audiencias tenían fecha desde el 29 al 31 de marzo pasado, pero fueron suspendidas en el marco de una crisis entre la Justicia y el Gobierno por el traspaso de los fueros nacionales a Capital. Sin embargo, entre los trabajadores de Perfil creen que pudo haber influido el contexto de conflictividad social, vivido durante el último marzo, con la lucha docente y la convocatoria del paro de la CGT. Además, se había llevado adelante una campaña de solidaridad con los delegados y estaba programada una movilización para el día del comienzo del juicio.
“Desde lo personal genera cierto alivio -dice Iglesias-, pero también cierta incertidumbre porque esto se estira. Desde la óptica político-sindical para nosotros es una victoria”. No obstante, la abogada defensora, Claudia Ferraro, advierte: “El juicio está suspendido pero sigue siendo una espada de Damocles sobre la cabeza de los trabajadores y en cualquier momento pueden notificarnos que se inicia”.
Un dato que no pasó desapercibido entre los acusados fue que la empresa de Jorge Fontevecchia no se presentó como querellante en la causa y sólo se encargó de asentar la denuncia penal en primera instancia. “Se encontraron con que la Justicia actuaba por ellos, sin tener que presentarse ni ir al choque con la Comisión Interna. Es una forma de maquillar la responsabilidad que tienen, en esta persecución penal, porque ellos han sido quienes presentaron la denuncia, los apellidos y nombres de los trabajadores, y los que en sus declaraciones señalaron como autores de este supuesto delito a quienes están imputados”, afirma Ferraro.
Delegados y trabajadores de Perfil reclamando el derecho a huelga.
En el momento del juicio, tendrá lugar una discusión entre la defensa del derecho a huelga y la libertad de empresa, en este caso, presentado como libertad de prensa. “Para el gremio de prensa un fallo adverso sería un golpe mortal al derecho de huelga, porque el objetivo del paro es que el producto periodístico no salga. Entonces, si no sale te acusan de violar la libertad de prensa, quiere decir que no hay derecho a huelga. Por lo tanto, se está a la merced de las patronales”, explica el secretario adjunto de SiPreBA.
“Si a nosotros nos encuentran culpables, yo estoy convencido que la empresa sale a pedir el desafuero de los delegados”, observa Iglesias sobre la posibilidad de que él y sus compañeros sean despedidos sin indemnización, tras quitarle la inmunidad gremial y continúa: “La causa no solo afecta a prensa, puede afectar a los gráficos, a los canillitas, a los camioneros. Generaría un antecedente importante y esto se puede aplicar tranquilamente a otros gremios. Es una caso, en algún punto, emblemático.”
Actualizado 18/04/2017
Abr 13, 2017 | Comunidad
La Escuela de Educación Media N°3 del distrito escolar 19, “Carlos Geniso”, está ubicada sobre la calle Agustín de Vedia, en el barrio conocido como 1-11-14. En ella trabajan Miguel Acuña y Juan Manuel Mauro, dos de los cuatro docentes detenidos cuando CTERA intentaba armar una escuela itinerante en Plaza Congreso, y miles de chicos hacen frente a su vida, formándose, con la idea de forjar un futuro posible. Los maestros, por su parte, también tienen su objetivo: enseñar y educar, que acaso no quieren decir lo mismo. “Hay una diferencia entre enseñar y educar. Enseñar se enseña con la palabra. Educar se educa con la palabra y con el ejemplo. Los docentes son educadores”, dijo el Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y Secretario Gremial de CTERA, Eduardo López, en el abrazo simbólico realizado al establecimiento en defensa de la educación pública y como repudio a la represión policial sufrida por los docentes el domingo pasado. En muchas escuelas del país se repitió la misma escena.
El domingo pasado por la noche, la policía recibió una orden y sacó a la fuerza a los trabajadores de la educación cuando intentaban montar la escuela itinerante, que recorrerá el país reclamando paritarias nacionales. Juan Manuel Mauro y Miguel Acuña estuvieron presentes en el abrazo de la escuela, junto a todos sus compañeros y alumnos, con quienes comparten las tareas cotidianas en la escuela. Frente a la justificación de la represión por parte del gobierno, Mauro -aún con el cuerpo dolorido por los golpes- se defiende: “El domingo intentamos un modo alternativo de lucha, con los chicos en las aulas, sin cortar el tránsito. Sin embargo, nos reprimieron, nos pegaron, nos llevaron detenidos, nos armaron una causa de hurto, lesiones y resistencia a la autoridad. Nosotros estábamos armando una escuela itinerante, de forma pacífica, un domingo, en una plaza pública, hasta que el jefe del operativo nos dijo ‘formen, avancen’. Nos pasaron por arriba, nos tiraron gas pimienta”. Miguel Acuña cuenta asombrado: “La represión fue terrible porque nos estábamos manifestando pacíficamente”. Mientras que Laura también tiene palabras resonantes de lo que ocurrió allí: “No pensábamos que iban a reprimir de esa manera. Somos maestros y no es cierto lo que se anduvo diciendo en los medios de que no lo somos. Hace 20 años que soy maestra, estaba en la movilización y con terror por los policías armados. No nos dejaron plantar la escuela itinerante y nos tiraron gas pimienta, nos pegaron, nos arrastraron, fue espantoso”.
Los maestros, por su parte, también tienen su objetivo: enseñar y educar, que acaso no quieren decir lo mismo.
La E.E.M. N°3 tiene un enorme patio en su entrada, rodeado de paredes inscriptas de consignas en defensa de la educación. Una de ellas hace clara mención a la figura de Carlos Fuentealba, docente asesinado en 2007 por la Policía de Neuquén, durante una protesta. En ese extenso espacio al aire libre tiene lugar la concentración. Docentes, secretarios, directores, estudiantes, organizaciones barriales, entre otros actores, se juntan por un mismo objetivo: luchar por la educación pública. “La escuela es un lugar de encuentro, un lugar nacional y popular, un lugar de construcción de ciudadanos críticos, de inclusión, de lucha, de resistencia”, señala Marcela, maestra de la escuela e integrante de UTE. Este acto es un encuentro de realidades en común, como la de luchar por un salario digno, pero al mismo tiempo, condiciones dignas de trabajo. Al respecto, Laura, maestra de la Escuela Primaria N°15 del Bajo Flores también representante de UTE, indica: “Hay maestros que están debajo de la línea de pobreza incluso con el aumento de 2.000 pesos, más que nada las mujeres que son jefas de hogar y que no les está alcanzando el sueldo para comer, para vivir dignamente”. La protesta, que ya lleva más de un mes, continúa siendo desestimada por el gobierno de Cambiemos, que no solo no llama a paritarias nacionales Paritarias Nacionales sino que el domingo reprimió una nueva y creativa forma de reclamo. “El Gobierno viene mostrando que no le interesa resolver este conflicto, que la educación no es algo que les preocupe sino que, al contrario, buscan desprestigiar a la escuela y que los pibes queden fuera de las aulas”, prosigue Marcela, con indignación.
La educación pública está en crisis desde hace un mes. Existe un intento de desprestigiarla no sólo desde el gobierno, sino también desde los medios. En este sentido, Miguel Acuña indica: “Los grandes medios tratan de desprestigiarnos a través de la mentira”. A pesar de los ataques, docentes y estudiantes continúan con su lucha y su defensa de la escuela pública. “Nosotros no caímos en la escuela pública, sino que la reivindicamos, porque es el lugar que nos forma, que nos da vida”, afirma el bibliotecario del establecimiento. Mónica, maestra secretaria de la Escuela Infantil N°6, sostiene con total convicción: “La escuela pública es parte de mi vida, mi elección de vida, la vivo no solo como un trabajo. La escuela pública es la vida misma”.
La E.E.M. N°3 tiene un enorme patio en su entrada, rodeado de paredes inscriptas de consignas en defensa de la educación.
El Bajo Flores, y la Villa 1.11.14 presentan una marcada problemática social: la violencia institucional y familiar. “Es muy habitual la muerte de chicos por la zona. Si no mueren en un tiroteo que se da entre bandas, se da por intervención policial, o por el juego perverso con las armas”, indica Mónica. Es un día extraño para la escuela, no solo por el abrazo simbólico, sino por la poca concurrencia de estudiantes al lugar. La causa es que murió otro chico y así, tal marginalidad va comiendo, de a duros retazos, el objetivo de formarse como alumno, de educarse – Mónica prosigue- Apuntamos a que este sea el barrio del conocimiento y no, el barrio de la inseguridad. El único camino para que los pibes puedan salir de la pobreza, de la marginalidad, es con estudio y con más educación”. En relación a esto, Dolly Demonty, mamá de Ezequiel, quien fuera asesinado en el Bajo Flores, en 2002, presente en el acto, explica a ANCCOM: “Apoyo a los docentes en esta lucha, porque sabemos la clase de personas que son, más allá de las difamaciones que existen contra ellos”. Si la escuela pública es a priori, una institución fundamental para cualquier sistema democrático, en barrios como en el que se encuentra la E.E.M. N°3 es doblemente necesaria. Así lo afirma Dolly: “Es lo mejor que hay, y más en este tipo de barrios, donde se necesitan docentes comprometidos”.
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A clase en la Plaza
Otra escena de las protestas y acciones callejeras en solidaridad con los docentes reprimidos el domingo y en reclamo de respuestas urgente del gobierno al conflicto docente se dibujó en la Plaza de Mayo. Allí, frente a la Casa Rosada docentes universitarios realizaron clases públicas durante todo el martes. Los pupitres y los pizarrones se multiplicaron alrededor de la Pirámide de Mayo.
“Se les pide una nueva propuesta y la respuesta es represión, gas pimienta y detenidos. Es una barbaridad lo que están haciendo”, afirmó Natalia Silva, docente de la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La convocatoria a las clases públicas tuvo fuerte adhesión de los estudiantes.
Convocados por la Asociación Gremial Docente (AGD) y Conadu Histórica, los docentes que dieron clase en la Plaza de Mayo en el marco de una nueva jornada de paro nacional volvieron a reclamar por un 35% de aumento salarial, regularización de docentes contratados y ad honorem, plena implementación del Convenio Colectivo de Trabajo, y mayor presupuesto para la universidad pública.
La convocatoria a las clases públicas tuvo fuerte adhesión de los estudiantes. Antonela, alumna del Ciclo Básico Común (C.B.C) de la carrera de Psicología de la UBA, sostuvo: “El reclamo es sumamente válido, el esfuerzo del contra-viaje vale la pena. Es una barbaridad que se los reprima por pedir hacer su tarea dignamente”. Anabela Fernández, docente de Biología en el C.B.C, rescató el apoyo de los alumnos y afirmó: “Nosotros podemos organizarnos, pero sin estudiantes, esto no hubiese funcionado”.
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También protestaron los científicos
Los científicos de Conicet se movilizaron este miércoles para reclamar el cumplimiento del acta- acuerdo firmada en diciembre pasado para reincorporar a 498 investigadores que superaron la instancia de evaluación del ingreso a la carrera de investigación pero que no fueron incorporados debido al recorte presupuestario que realizó el gobierno de Cambiemos.
A las 8 de la mañana los becarios e investigadores -convocados por las agrupaciones Jóvenes Científicos Precarizados, Corriente 12 de Mayo y Científicos Empoderados- cortaron la Avenida Santa Fe a la altura de Godoy Cruz. Más tarde se movilizaron al Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde tuvo lugar una mesa de negociación entre los delegados sindicales, las agrupaciones de científicos y las autoridades de Conicet. Sobre los motivos de la medida, Lucila Durso, de Jóvenes Científicos Precarizados explicó: “En concreto el organismo no hizo ninguna propuesta, por el contrario, nos fuimos enterando que el Ministerio está tratando de conducir la negociación de manera individual. Las propuestas que se le están haciendo a los compañeros son en lugares y dependencias del estado que no garantizan las condiciones de contratación para las cuales ellos concursaron”.
Abrazo al Profesorado Joaquín V. González.
El conflicto se originó en diciembre de 2016, cuando 498 de los ingresantes que habían superado la instancia de evaluación para el ingreso a carrera no lo hicieron por el recorte presupuestario. Luego de 5 días de toma del Ministerio se firmó un acta compromiso entre las autoridades y los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)-Conicet y las agrupaciones de becarios e investigadores. El acuerdo estipulaba una prórroga de las becas por un año mientras se reubicaba a los investigadores y la apertura de una mesa de negociación a lo largo del año. “No hubo ningún intento del Ministerio de hacer ingresar a los compañeros a la carrera, a pesar de que tiene el dinero y las partidas presupuestarias. La mesa hasta el día de hoy estuvo congelada, solamente hubo una reunión en la que se intentó establecer algunas pautas de funcionamiento pero nada de contenido”, consignó Gabriel Bober, delegado de ATE en Conicet.
Este conflicto tiene lugar en un marco de una serie de disputas en el ámbito de la educación, como el conflicto que se sostiene en varias provincias con los docentes de todos los niveles por las paritarias, además de los despidos en otros organismos estatales. “Nosotros tratamos de confluir con el reclamo docente, ya que muchos damos clase en la universidad. Es un conflicto puntual en el marco de un conflicto mucho más amplio que se relaciona con la educación y el Estado en general. La ciencia no es neutral y por lo tanto los científicos no estamos exentos de lo que pasa en el contexto político” sostuvo Victoria García, de la Corriente Nacional 12 de Mayo.
Abrazo de la comunidad educativa al jardín Florencio Escardó y la escuela Leopoldo Lugones de Villa Urquiza.
«La educación pública está en crisis desde hace un mes. Existe un intento de desprestigiarla no sólo desde el gobierno, sino también desde los medios». Abrazo a la E.E.M. Nº3 Distrito 19, escuela en la que trabajan los docentes que fueron reprimidas el domingo 9 de abril.
Actualizado 12/04/2017
