Se publicó el primer registro centralizado de la provincia de Buenos Aires sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo en donde se informa que durante el 2020 se registraron 14.330 abortos. El 93.5% de ellos se realizó dentro del marco legal previo a la aprobación de la Ley Nacional N° 27610, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sin necesidad de causal prexistente. El informe de gestión señala que los números no son el reflejo total de las interrupciones que se llevaron a cabo, ya que la recolección de la información fue mejorando a lo largo del año.
Mariana Kielmanovich es psicóloga y trabaja en el Hospital Tornú y el Centro de Salud N° 33. Señala que, dentro de los circuitos que ya estaban establecidos en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires con el acceso a la interrupción legal del embarazo, la nueva ley facilitó las derivaciones.
Cecilia Ferrero es médica generalista del CESAC N°33 y expresa que, en su caso, al ser un centro de atención ambulatorio, hacen atención a mujeres que estén hasta la semana 12: “A partir de la semana 13 el procedimiento se tiene que hacer en un lugar que tenga internación. En nuestro caso derivamos a hospitales”.
Dentro de las interrupciones registradas según el informe bonaerense, el 52% de las interrupciones de embarazos se realizaron en centros de primer nivel de atención y un 44% en el segundo, mayoritariamente en hospitales provinciales.
“En la Ciudad sigue dependiendo, en parte, de ´voluntades´. Si bien los diferentes actores y dispositivos ya saben que la ley se debe aplicar, no siempre lo hacen”, reflexiona Sandra Bernabó, psicóloga del Hospital Tornú y del CESAC N° 33.
La profesional trabaja en conjunto con Kielmanovich y destaca que se ha visto un mayor movimiento en obras sociales y prepagas con respecto a las interrupciones del embarazo, algo destaca como un gran paso. “Lo que sucede ahora es que hay un margen posible para exigir que se cumpla, que no era lo que teníamos antes del 29 de diciembre del 2020”, plantea. Ferrero, por su parte, comenta que, debido a la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria se esperaba un aumento exponencial de la la cantidad de mujeres que consultan de: “Hemos visto que fue bajando de a poco aunque por supuesto han pasado unos pocos meses de su promulgación. Nos pone muy contentas y es lo que veníamos esperando desde hace muchos años. Muchas obras sociales y prepagas están empezando a formar equipos de IVE, entonces hay un montón de consultas que antes se absorbían por el sistema público, que hoy están dando respuesta desde otros efectores”. Además, advierte que es el panorama que observa respecto a provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
«Muchas obras sociales y prepagas están empezando a formar equipos de IVE», dice Kielmanovich.
Melina Ceccato, psicóloga, trabaja en un centro de salud de primer nivel en Lugano y plantea que con la IVE -ahora incluida en el Plan Médico Obligatorio- es deber de las obras sociales y prepagas absorber parte de la demanda de esta práctica. Según cifras publicadas por REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro) el 84% de las ILE en CABA fueron realizadas en el primer nivel de atención y el 16% en hospitales. Y el 92% de las interrupciones legales realizadas en el primer nivel se realizaron con medicamentos.
Respecto al esquema de tratamiento e intervención, Ceccato describe que la intervención es la misma que la que se hacía con las interrupciones legales. “El abordaje médico sigue siendo el mismo. Lo que cambia es que no hay que hacer un interrogatorio profundo respecto a las causales que habilitarían un marco legal para la interrupción”, agrega. Bernabó, a su vez expresa: “Eso que antes implicaba ubicar determinadas categorías o dar cuenta en conjunto con la mujer de cuáles eran sus razones para interrumpir, hoy no pasa”. Ferrero señala esta característica como uno de los avances que se lograron con la ley: “No tener que rebuscar en la historia de la persona para encontrar un motivo que justifique el acceso a la interrupción”, cierra.
En los centros de atención de primer nivel, el 98% de los tratamientos de interrupción fueron resueltos con misoprostol. El 88% de las prácticas de ILE registradas se resolvieron exclusivamente con un tratamiento de misoprostol, el 12% restante con AMEU -aspiración manual endouterina- u otro tratamiento instrumental o quirúrgico. Ceccato, por su parte, señala que es primordial para mejorar y continuar profundizando la capacitación profesional en las instituciones de salud: “Que haya equipos que estén formados en perspectiva de derechos y género para brindar adecuada atención en las consultas”. Resalta que es importante contar con la tecnología correspondiente, como el misoprostol, en los centros de salud, así como también con la AMEU. “Que se capacite en la técnica para poder contar con ella en el primer nivel de atención, que es a donde llegan la mayor cantidad de interrupciones del embarazo”, reclama.
“En CABA sigue dependiendo de voluntades. Los actores saben que deben aplicarla, pero no siempre lo hacen”, dice Bernabó
A partir de la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo, las profesionales señalan que ha habido un aumento de consultas, pero que atienden como solían hacerlo cuando la normativa se enmarcaba por causales. “Sí, se han duplicado las llamadas que se reciben desde el 0-800 de salud sexual. Esto tiene que ver con el efecto de la difusión de la información que es un elemento primordial y necesario para la implementación de la Ley de IVE. Tener acceso a la información es la posibilidad que uno tiene de poder decidir de forma autónoma lo que quiere hacer con su gesta”, expresa Ceccato. Kielmanovich, al mismo tiempo, opina que gracias a la circulación de la información y todo lo que acompaña la implementación de la IVE, se logrará que ya no dependa únicamente de los equipos que se propongan garantizar la práctica de interrupción, aunque a nivel nacional aún falte “entiendo que estamos en un país que presenta una heterogeneidad muy grande -en términos de acceso a derechos sexuales y reproductivos para las mujeres- y va a haber que desandar miles de años de patriarcado, y trabajar mucho con los equipos de salud”.
Dentro del trabajo para lograr que efectivamente se cumpla con la interrupción voluntaria del embarazo en todas las jurisdicciones, Ferrero expresa que lo más importante es que hoy están todas las miradas puestas en los distintos fallos judiciales que surgen. Como fue el caso de la jueza Zunilda Niremperger de Resistencia, quien intentó rechazar la implementación de la Ley IVE. “Por más que algunos lugares se nieguen a garantizar la IVE, no lo van a poder sostener tanto tiempo. Lo que siento después de haber estado el día que se sancionó la ley es que algo se quebró y es que para atrás no volvemos. No vamos a permitir que esos fallos entren en vigencia”. Ceccato agrega que algo que ha tensionado la IVE es la relación con la discrecionalidad de accesibilidad a nivel nacional que había previamente con la ILE, como por ejemplo en San Juan o Mendoza, donde estaba prohibida la venta de misoprostol: “Son distintas acciones que van abriendo camino sobre distintos obstáculos que venían sucediendo ya con la implementación de la ILE”.
El avance en la aprobación de la ANMAT de la mifepristona, que es junto con al misoprostol, los dos medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para la atención de interrupciones de embarazos, es un tema central para la mejora de la atención, según expresa Ceccato: “Su incorporación haría que, en forma combinada con el misoprostol, aumentara la calidad de las interrupciones haciendo que disminuyan los efectos adversos, el malestar y aumente la efectividad al 97%”.
Por su parte, Ferrero opina que siempre habrá cosas por mejorar, pero que la gran deuda es poder brindar accesibilidad en cualquier lugar del país y no solamente en los grandes centros urbanos. Kielmanovich y Bernabó coinciden con que los dispositivos tienen que funcionar más amigablemente y que acompañen a las mujeres y personas gestantes en su derecho a decidir y a elegir qué hacer con sus cuerpos y maternidad: “No ser jueces de sus decisiones”, concluye Bernabó. A su vez, Kielmanovich resalta la importancia de trabajar con las instituciones de salud y sus trabajadores: “La premisa dentro del modelo médico hegemónico, que es el modelo dominante en salud, reproduce el patriarcado y la mirada en donde la mujer aparece como cuidadora o agente de cuidado de la sociedad y su familia, pero no como sujeto autónomo con derecho a decidir sobre su cuerpo”.
Como cada año, un nuevo Paro Internacional Feminista expuso de manera conjunta el dolor, la urgencia y los reclamos históricamente insatisfechos, pero también la emoción, el abrazo sororo y la unidad. Siete eran los ejes -discutidos en asambleas feministas- que componían un pliego de reclamos que apuntaba a una única idea: la reconstrucción de la Argentina es con nosotras, todas nosotras.
Temprano en la tarde, cuando aún no se había congregado la multitud que luego llegaría, la enorme presencia de organizaciones sociales y comunitarias reflejaba el avance, a paso firme, de los feminismos populares. “Es un feminismo que se ha venido acrecentando, nos hemos venido deconstruyendo y construyendo entre nosotras y, a pesar del enorme laburo que hacemos, no alcanza. Por eso creemos que es fundamental avanzar en la Ley de Emergencia en Violencia de Género con perspectiva popular”, expresó Dina Sánchez, referente del Frente Popular Dario Santillán.
Mientras en la puerta del Congreso de la Nación, se repartieron alrededor de 4.500 kilos de verduras en un verdurazo convocado por la Unión de Trabajadoras de la Tierra (UTT) y el colectivo Ni Una Menos, en la plaza, un conjunto de agrupaciones se reunía en una asamblea popular y feminista, encabezada por sus principales representantes. Extasiada por la arenga y los abrazos de las compañeras, Jackie Flores, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) afirmó que “si hay algo que tiene el feminismo popular, el que nosotras representamos, es que no acallamos las voces de nuestras compañeras. Nosotras somos unidad y vamos a ir por todos esos derechos que nos merecemos, porque no negociamos ninguno de ellos. Nosotras queremos discutir la riqueza de esta Patria de la que somos parte”.
Que se escuche
Mientras cada vez más mujeres y disidencias se acercaban a la plaza, los reclamos se exponían con micrófonos, con carteles y con los propios cuerpos: mejores condiciones laborales y visibilización del trabajo en las barriadas, cupo laboral travesti-trans, reforma judicial feminista, responsabilidad estatal en la lucha contra la violencia machista, racista y colonial, liberación de las presas por abortar y eventos obstétricos y vivienda y tierra para mujeres y colectivo LGBTIQ+.
Sobre este último punto, Carolina Rodríguez, referente nacional de género de la UTT manifestó que “lo que nosotras queremos es que se visibilice la mujer del campo, que somos nosotras las que producimos, las que trabajamos la tierra”. Su compañera, Rosalía Pellegrini, agregó que realizaban la intervención “para visibilizar quiénes estamos detrás del alimento, quiénes estamos todos los días produciendo comida, mujeres que tenemos un rol fundamental en la Argentina pero que seguimos con un montón de demandas insatisfechas: el 90% de las mujeres que producimos alimentos no somos dueñas de la tierra que trabajamos y ni siquiera somos titulares en los contratos de alquileres”.
Sin dudas, la pandemia -que recrudeció severamente la economía del país- tuvo efectos aún más drásticos para las mujeres y disidencias empobrecidas. “Lo que tiene de bueno el paro es que nos permite ver cómo se relaciona la violencia machista con las violencias económicas”, explicó Lucía Cavallero del colectivo Ni Una Menos, y agregó: “Hay una demanda por mejor trabajo, mejores salarios, por reconocimiento de trabajos no remunerados, confrontando a su vez con el poder de las corporaciones de alimentos, inmobiliarias y financieras. Creemos que la autonomía económica es fundamental para pensar cualquier programa de salida de la violencia”. En este sentido, Jackie Flores narró que, aún a pesar del contexto actual, se autoconvocaron para poder traer sus reivindicaciones a la marcha: “exigimos que nos dejen de llamar ‘plan’. Nosotras necesitamos el reconocimiento económico y, por sobre todas las cosas, ser sujetos de derecho, queremos derechos laborales. No somos la escoria, somos laburantes. Hemos creado una identidad trabajadora que estamos dispuestas a defender”.
Dina Sanchez, durante la Asamblea popular de la UTEP.
Nora Calandra -referente de la rama de Liberadas, liberados y familiares del MTE- expresó que, además, “todo nuestro trabajo durante la pandemia no es reconocido, pero cuando cometemos un delito sí, cuando practicamos un aborto sí, cuando estás muerta sí, ahí [el Estado] te ve”. Desde este sector, un grupo de mujeres trabaja para visibilizar ese universo que no pueden siquiera hacerse presentes en la congregación: las mujeres presas. “Nosotras nos encontramos con una libertad sin herramientas y siendo invisibles. Estamos peleando para poder entrar a dar capacitaciones reales, para que las mujeres liberadas o con arresto domiciliario sigan incluidas, se les de trabajo, se les de herramientas”, manifestó.
Así, las voces de estas mujeres, cuya situación es realmente crítica, llega con fuerza a través de sus compañeras en medio de la asamblea popular abierta: “Hay pibas en los municipios que están con prisión domiciliaria y el Municipio no lo sabe, entonces no son parte de entrega de alimento, del camión de salud, del DNI. Nos tienen abandonadas”.
Un llamado de atención al Estado
Tras cuatro años de la implementación de políticas neoliberales bajo la gestión de Cambiemos y en medio de una pandemia que destrozó las economías domésticas de muchas mujeres y disidencias, el reclamo fundamental es el reconocimiento salarial de todas aquellas personas que suplen al Estado en los lugares a los que éste no llega. “Nosotras no desmerecemos el enorme laburo que se está haciendo desde el gobierno, pero la verdad es que esa ayuda no se siente en el barrio y ahí estamos las organizaciones sociales”, acotó Dina Sánchez.
En este sentido, y frente al aumento de los números referidos a violencias de género, la labor y el compromiso desde las barriadas ha sido vital. Acerca de los números publicados desde el Observatorio MuMaLa -que confirman 47 femicidios en lo que va del 2021- Lucía Cavallero expresó que “sin las compañeras, las cifras de femicidios sería el doble. Entonces tienen que ganar un salario como corresponde o ser empleadas estatales”. Por su parte, Rosalía Pellegrini agregó que “somos nosotras las que nos estamos defendiendo y trabajando para erradicar la violencia de nuestros territorios rurales. Y la verdad, hay que decirlo, el Estado no está presente. Tenemos un Ministerio de las Mujeres (Géneros y Diversidad) pero todavía no hay un reconocimiento de las promotoras rurales de género. Seguimos luchando solas, a capa y espada, contra los machismos”.
Todas nosotras
Aunque con ciertos temores y con menor cantidad de personas -producto de la pandemia- un nuevo Paro Internacional de las Mujeres Trabajadoras permitió la presencia, en un mismo lugar, del amplio abanico que conforman la diversidad dentro los feminismos, que allí se unió para -de una forma u otra- visibilizar la deuda que se tiene con las mujeres y disidencias y manifestar que son parte fundamental de la solución.
En este sentido, la referente de la UTT, Rosalía Pellegrini, explicó que “tenemos soluciones, tenemos alternativas y proyectos que ya estamos generando las mujeres agricultoras con respecto a la agroecología, con respecto a cómo buscarle la vuelta a la producción de alimento sano, verdadero, campesino. Sin embargo, a la hora de resolver la crisis alimentaria, el gobierno sigue favoreciendo como interlocutores a los empresarios del campo. En las mesas de negociación nunca nos ves sentadas a nosotras, a las pequeñas productoras”, sostuvo Pellegrini.
“Nosotras las mujeres no queremos voceros ni estar a los codazos porque son lugares que nos pertenecen. Queremos estar en esa mesa donde se discute realmente, donde se toman las decisiones” afirmó Sánchez, del Dario Santillán, y concluyó: “Lo que nos deja el gobierno de [Mauricio] Macri es una deuda que nos golpea directamente a las mujeres pero también nos deja una gran unidad que pudimos construir. Queremos que reconozcan que si queremos reconstruir la Argentina las mujeres, las trans, las travestis tenemos que estar ahí, porque no es sólo un discurso, somos quienes la padecemos de verdad”.
La histórica esquina porteña de Córdoba y Dorrego, a punto de ser demolida.
Basta de Demoler es una organización no gubernamental que se formó en el año 2007 como iniciativa de vecinos y vecinas que vieron cambiar sus barrios, con el objetivo de defender la conservación del patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires, recurso no renovable en peligro de extinción. Frente a la ausencia de políticas públicas y al deterioro o demolición del patrimonio tangible e intangible, surge la asociación que busca crear un nexo entre la sociedad y ocupar ese lugar donde el Estado está ausente, ya que no sólo no resuelve la problemática sino que empeora la vida de la población en pos de defender otros intereses. Para organizar los reclamos a fin de que sean puestos en agenda, la ONG difunde los casos de edificaciones que están en riesgo de demolición –o que ya se han perdido- y promueve acciones de amparo para evitar la destrucción.
Mientras la definición de Código Urbanístico explica que “permite diseñar una ciudad a escala humana, donde el vecino sea el principal beneficiario de todas las transformaciones de Buenos Aires” y que busca cuidar el patrimonio histórico, en la práctica esta regulación se ajusta, en verdad, a la medida del mercado inmobiliario.
En el barrio de Palermo Chico, por ejemplo, un proyecto inmobiliario amenaza tres casonas del Área de Protección Histórica, donde se otorgó un permiso de manera irregular para construir una altura que casi duplica la permitida, de volúmenes no habilitados, con la unificación de lotes y superficies a construir que superan lo autorizado por la normativa e incluso no se informó a la comunidad vecinal de esta situación.
La Ley 3056 que establece el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP) sobrevive como una prórroga hecha por vía judicial ya que se sancionó con fecha de caducidad. Los reclamos públicos y las acciones de amparo de las asociaciones vecinales hicieron posible mantener la vigencia de esta ley que protege de la demolición los inmuebles de propiedad pública o privada que estén inventariados como “Edificios Representativos”, y registrados o construidos antes del 31 de diciembre de 1941.
La Ciudad de Buenos Aires solo tiene 18.195 edificios protegidos, construidos antes de 1941.
En el año 2011, la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires suscribieron a un convenio con el fin de definir un inventario de edificios de valor patrimonial anteriores a 1941. De los 140.527 inmuebles relevados sólo 18.195 fueron incorporados como inmuebles protegidos por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), organismo que actúa como filtro y elige que edificio van a proteger y cual no. Mauro Sbarbati, arquitecto y miembro de Basta de Demoler, explica que además del bajo porcentaje que se propone proteger, la situación es más compleja ya que nunca enviaron al Poder Llegislativo estos proyectos de ley para que sean tratados. Es la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña la encargada de trabajar sobre ese registro de edificios para sancionar una ley que establezca el Catálogo de Edificios Protegidos de la Ciudad.
Para Sbarbati se trata más de una estrategia de greenwashing que de una verdadera política por la preservación del patrimonio. En comparación con otras ciudades, el porcentaje elegido por el Consejo Asesor es muy bajo y la demolición está a la vista en cada barrio de la ciudad, seguida de la construcción de edificios altos que cambian la escala de la ciudad, impactan sobre la habitabilidad y no la hacen más sostenible, ni social ni ecológicamente. La construcción ilimitada de edificaciones de siete pisos en calles comunes y de doce en las avenidas, afecta la calidad de vida. “La luz y el sol parecen una cuestión abstracta pero después de la pandemia te das cuenta que vivimos como en un zoológico”, afirma Sbarbati.
El Código Urbanístico privilegia la mayor capacidad constructiva. “Lo que más estamos discutiendo es que en realidad cada vez que modifican el Código, el tema del patrimonio va perdiendo potencia y se va flexibilizando la defensa sobre los edificios y las áreas de protección histórica. Antes, a los edificios catalogados no se le podían construir edificaciones arriba, lo empezaron a hacer y finalmente modificaron el Código para ir blanqueándolo. La Dirección General de Interpretación Urbanística toma las decisiones y hacen el enrase –la igualación de las obras del entorno construido en altura- que está bien pero intentan compensar la altura de un vecino con la altura del otro siempre a la mayor cantidad de metros cuadrados posibles, nunca a la más baja. El Código está cada vez más a favor de la especulación inmobiliaria y menos a favor de la habitabilidad”, afirma.
Basta de Demoler nació en 2007 para resistir la destrucción del patrimonio arquitectónico de Buenos Aires.
Sbarbati explica que es muy difícil el acercamiento con el Estado y que siempre es más llamativo inaugurar más metros cuadrados que la restauración y el cuidado. “Lo que sucede es que nadie tiene poder de decisión sobre su entorno inmediato y sobre su espacio, siempre lo decide otro”. Esta práctica extendida en muchas ciudades del país tiene un impacto ambiental, además de la pérdida del patrimonio que se podría poner en valor culturalmente. “Se están demoliendo un montón de residuos sólidos que en otros países se cobrarían impuestos por ejemplo, están tirando abajo un montón de edificios que a veces tienen materiales nobles que no se reemplazan más”, afirma el integrante de Basta de Demoler. La autorización constante de demoliciones tiene efectos sobre los barrios, el entorno y sus habitantes. “La arquitectura es el ordenamiento de las relaciones sociales entre las personas porque te dice dónde te reunís, circulás, dormís, dónde se ejerce el poder. Eso queda plasmado en las formas que tienen las casas y los edificios, y desaparecerlos provoca que esas explicaciones que son parte de la historia se vayan perdiendo”, concluye.
Lorena Marina Sánchez es Doctora en Arquitectura, Magister en Intervención del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la Universidad Nacional de Mar del Plata e Investigadora Adjunta del Conicet. Explica que la preservación de las viviendas está bastante poco resuelta en muchos lugares del mundo porque en los centros urbanos o en los lugares más codiciados, que tienen todos los servicios y todas las bondades de las ciudades, es donde se trata de densificar. Lo que significa más viviendas y menos lugar. “En general, es un problema histórico –tanto pasado como presente- que no es nuevo sino que ahora está más visible, de conciliar lo antiguo con lo nuevo. Por ejemplo, construir una vivienda en un casco histórico plantea varios dilemas para lo cual la disciplina patrimonial ofrece ciertas soluciones pero con cada caso es un mundo en sí mismo y las resoluciones no son siempre fáciles de tomar”, señala.
La vivienda tiene una particularidad que quizás no tengan otros tipos de arquitecturas, expresa Sánchez, y el mayor problema está en las que tienen una escala intermedia por su condición privada, que forman contexto y caracterizan a las ciudades. “Normar sobre ellas y hacer que un área siga teniendo vida cotidiana, que la ciudad pueda seguir evolucionando y generando nuevos patrimonios -porque es necesaria la arquitectura contemporánea- no es un dilema que tenga una única solución. Tampoco está solucionado en los centros históricos declarados como tales, que tienen un desarrollo importante en normativas y en turismo. Especialmente en Europa aparece la tugurización y la gentrificación. Los centros se vacían de los pobladores originales, las viviendas empiezan a ser temporarias, se empiezan a precarizar y a ser ocupadas o bien, a convertirse en focos de las diferentes élites. Mantener las viviendas con un grupo de personas que le den sentido al lugar en la misma línea histórica en que venían siendo utilizadas como una residencia, es algo complejo. Además, incorporar la arquitectura nueva y responder a planificaciones que a veces piden densificación, no siempre es fácil de solucionar. En esa tensión entre lo nuevo y lo viejo, la especulación inmobiliaria encuentra un intersticio de lujo para operar, entre vacíos normativos, necesidades económicas de nuestras ciudades y ciertas lecturas extrañas de las normas”.
Sánchez, autora del libro ¡Viva el patrimonio!: un paseo por el legado arquitectónico y urbano publicado en el 2020, cuenta que en Mar del Plata el código de preservación patrimonial solamente protege y ampara en determinada circunstancia los bienes principalmente individuales, y no hay una norma que proteja el contexto. “Donde se construye una torre se alteran los dos linderos y si se construye una torre por intermedio, el que queda en el medio lo vende y se produce un efecto dominó negativo que va cambiando la fisonomía de la zona. No se está equilibrando el pasado con el presente”.
Para Sánchez la noción de patrimonio, recuperada de la reconocida arquitecta Marina Waisman, es lo que le permite a los habitantes encontrarse con su propia cultura, lo que de alguna manera los identifica y que puede ser tangible o intangible. Es decir que además de su materialidad y estética concreta, narra historias únicas. Considera que la vivienda -ámbito de su interés, en el que trabaja y observa muchos cambios- es una de las áreas del patrimonio más complejas. Las viviendas suelen tener valores contextuales-ambientales e histórico-sociales, no solo individuales o artísticos puntuales. “Definitivamente el impacto de una torre que cohabita con una vivienda de dos plantas es negativo. Eso en Mar del Plata se ve. Los recursos naturales como los recursos construidos patrimoniales, son escasos, no son renovables. En ese sentido, la preservación del ambiente entendida como algo integral, implica un equilibrio”.
Para comprender la importancia de la preservación, la Doctora en Arquitectura cuenta que el patrimonio residencial, por ejemplo, expresa la evolución de una sociedad. “Una casa puede revelar lo que pasó no solo una familia sino lo que pasó en esa ciudad e incluso en un país. Si una sabe leer especialmente los conjuntos de viviendas, podrá observar que son muy ricos porque tienen una biografía que es la que hay que explorar para saber qué preservar y descubrir sus valores, que son testimonios de una época y de una sociedad. Las viviendas hablan de lo doméstico, de lo micro y también de lo macro. Se conjugan varios factores que son muy interesantes y en eso reside la complejidad de qué se preserva, qué no y cómo”.
Sánchez explica que la clave de lo residencial, en términos de viviendas que tienen valores contextuales, está en proteger áreas, una vivienda suma por ser parte de un conjunto. “Por ejemplo, en Buenos Aires lo interesante es ver esa cuadra donde esas casas “chorizo” en conjunto alineadas conforman una fachada sobre la línea municipal. Esa cuadra hace a su vez de eslabón del barrio que probablemente sea similar en muchos de sus trayectos o tramos, y en su conjunto identifican un lugar. Tienen valor de conjunto. Observarlas, ver cuándo fueron construidas, por qué tienen ese tipo de zaguán, qué tipos de tecnologías se utilizaron, las alturas que tienen, es como leer un libro”.
En Mar del Plata no hay ningún tipo de regulación de contexto. Para Sánchez, desde la organización interna local, la ciudad debería trabajar con sus áreas porque cada una es particular y requiere un análisis dentro del marco territorial y social. “Un área es mucho más que el conjunto de viviendas pero éstas son importantes porque le dan sentido. El patrimonio es muy dinámico y son muchos los esfuerzos para protegerlos. A medida que va avanzando el conocimiento también se va modificando la forma en que se preserva mejor”.
En su ciudad existen iniciativas locales llevadas adelante por vecinos y vecinas alarmadas por las torres que se están construyendo en el sector costero. “En ese perímetro está siendo demasiado visible la ruptura de cohabitación entre torre y vivienda de uno o dos pisos. Las asociaciones vecinales aparecen como un factor importante que trabajan con abogados y expertos por la defensa, para que no demuelan un chalet para hacer una torre o para que no pongan una torre que anule los chalet contiguos”, cuenta la investigadora. La Asociación Marplatense Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano colabora e incluso impulsa una especie de monitoreo de bienes que están en venta, reúne firmas en petitorios, envía cartas al municipio, realiza abrazos simbólicos y safaris fotográficos, para organizar la defensa del patrimonio, frente a la falta de respuestas del Estado.
Sánchez también destaca la importancia de concientizar a los usuarios ya que son ellos los que definen vender o no vender, en cuanto a la salvaguarda de bienes residenciales. En la facultad estos temas también son de interés y se tratan desde líneas de investigación, quizás más académicas pero en diálogo con la ciudadanía.
Las casas narran y entender lo que nos dicen es parte muchas veces de una investigación, y en eso está la riqueza de cada lugar, expresa Sánchez. Desde lo monumental hasta lo modesto, desde lo material hasta lo inmaterial, desde lo ambiental hasta lo tecnológico, el patrimonio es aquello que forma parte de la cultura y de la historia, que condensa estilos arquitectónicos diversos, formas de habitar el espacio, la historia de una cuadra, la identidad de una construcción, de un barrio y de sus habitantes.
El aborto clandestino es la primera causa de muerte materna en Argentina. Se realizan entre 350.000 y 522.000 abortos inseguros cada año. Estas son cifras que el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad estima acerca de la ilegalidad de una práctica que conlleva la hospitalización de 40.000 mujeres, y la muerte de 47 mujeres al año en nuestro país. La lucha por la despenalización del aborto es un reclamo histórico que los colectivos feministas reivindican desde hace décadas, antes de que la marea verde y el Ni Una Menos se convirtieran en parte obligada de la agenda política y social desde el año 2015.
Dora Barrancos es investigadora, socióloga e historiadora feminista. Formó parte durante los últimos años del directorio del CONICET, y actualmente es asesora presidencial ad honorem. Su constante lucha por la igualdad de género, y en particular por la despenalización del aborto, la convirtió en una figura de referencia para los colectivos feministas. Y, como muchas, espera que este martes 29 se transforme en una victoria crucial en la conquista por los derechos de las mujeres.
“Ya en los 80, recuperada la democracia, había cierta decisión respecto de poner alto en la agenda la cuestión del aborto. Los Encuentros de Mujeres no eran todavía sistemáticos. Hay una figura que es muy central en esta historia, Dora Coledesky. Es fundacional. Ella era médica, se había exiliado en Francia, vuelve a la Argentina y acá su feminismo fue completamente focalizado en la conquista del aborto. Así que Dora es una de las vanguardias”, cuenta Barrancos.
Dora Coledesky fue abogada, militante feminista, obrera textil y sindicalista argentina. Fue la creadora de la Comisión por el Derecho al Aborto, que permitió que el asunto cobrara protagonismo desde una perspectiva de salud y de políticas sobre los cuerpos, y que se impulsara una nueva ley en Argentina. “Además, en los años finales de los 90, estaba el Foro por los Derechos Sexuales y Reproductivos que todavía existe y que tuvo bastante envergadura”, sigue historizando Barrancos. “Ese Foro también tenía una centralidad conceptual en la lucha por el aborto. Era la lucha por los anticonceptivos y la lucha por el aborto. Sobre todo durante los 90 se irradiaron campañas, algunas de ellas me acuerdo muy perfectamente, porque se hacían sobre todo en Callao y Rivadavia, lugar emblemático, donde no solamente participaba Dora sino también otras compañeras que la secundaban, como Ana Cacopardo, Liliana Chiernajowsky y Cecilia Lipszyc”.
Si bien el Foro no era el único bastión por ese entonces, tenía una centralidad importante. Barrancos recuerda que estas campañas, en las que ella y sus compañeras participaban de forma sistemática sobre todo en la última mitad de los años 90, se llevaban a cabo en puntos emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires como Florida y Diagonal. “Eran movilizaciones muy esmirriadas, yo recuerdo que íbamos treinta mujeres con toda la furia. Era un feminismo muy entrañado conceptualmente, no estábamos frente a los feminismos derramados de hoy día. Estábamos en fórmulas todavía acotadas. Sin embargo, eran muy vibrantes esos encuentros que teníamos de militantes, así que nos esparcíamos en el eje de Florida y Diagonal y hacíamos entrega de panfletos. No había bandera verde ni nada por el estilo en ese momento”, sigue.
Barrancos considera que la creación de los talleres sobre aborto que se comenzaron a dar tiempo después en los Encuentros de Mujere, fueron fundamental para la sistematicidad del movimiento, y que tomó fuerzas más adelante con la creación de la Campaña por el Aborto Legal, que cumple hoy 15 años: “En 2004 se tomó la decisión de abigarrar un movimiento, que fue el de la Campaña. Y en el 2005 se constituyó. De ahí, yo creo que fue hegemonizando cada vez más el escenario de las luchas por el aborto, y que por otra parte tomó la iniciativa de presentar los proyectos al Congreso. De modo que esta es la oportunidad del año. Es la octava vez que se presenta el proyecto, y la Campaña no estuvo ausente nunca en su presentación”. Dora forma parte de uno de los quinientos grupos que la apoyan. Hoy, desde su lugar de asesora presidencial, se focaliza en concentrar toda la energía posible para que este derecho pendiente sea ley en nuestro país, sabiendo incluso que se implementará con ciertas dificultades: “Va a haber muchas adversidades. Primero, el tono airado de los objetores institucionales. Y va a haber, seguramente, una acumulación de pedidos de inconstitucionalidad de la ley. Ya lo podemos conjeturar. Luego, cuando finalmente se superen estas cuestiones, va a haber obstáculos a las personas. Va a haber obstaculizaciones en algunos lugares de manera más ominosa, en otros con posibilidades de sortear esas dificultades”, analiza. “Pero también va a haber sin dudas un gran clima de denuncia. Las feministas en cualquier lugar van a estar con una atención tremenda. Así que va a haber mucha adversidad pero también va a haber mucha supervisión, mucha denuncia, ya que los obstáculos arrecian”.
Si bien el movimiento por el aborto legal tuvo su punto de inflexión en el 2018 con la media sanción del proyecto de ley en el Congreso, el movimiento de Ni Una Menos que viene desde 2015 a denunciar los femicidios y la violencia patriarcal, está indudablemente ligado al reclamo de los feminismos en Argentina: “Han sido fuerzas, movimientos sinergiales. Primero, porque participan las mujeres del Ni Una Menos de manera fundamental en la vida feminista. Entonces ha habido ahí una simbiosis completa. Cada manifestación nueva que ha hecho Ni Una Menos tiene una inclusión expresa de la Ley de Aborto. Hay una conjunción completa, una mismidad. Más allá de que la Campaña se ha especializado desde ya en este fundamental recurso, en este fundamental derecho, y Ni Una Menos tiene un eje en la violencia, el aborto forma también parte del paisaje de las violencias, es una parte de las violencias machistas”, prosigue Dora, que ve al movimiento Ni Una Menos con una proyección planetaria: “En este momento hay un sacudimiento en Europa y un reverbero de propuestas feministas que tienen muchísimo que ver con los alcances del movimiento Ni Una Menos allá. Hay una vuelta a despertar intensa del movimiento feminista en Europa, gracias a las circunstancias latinoamericanas en las que habla muy alto lo ocurrido en Argentina”. Si bien Argentina se perfila como uno de los países con más vigor en la lucha por la igualdad de género, otras naciones latinoamericamos también forman parte de este derrame feminista popular: “Los movimientos más intensos creo que hoy están en Chile y México. Son dos países donde hay mucha extensión, mucha movilización abigarrada feminista popular. Y luego Brasil está con esas circunstancias penosas de un gobierno antifeminista, antidiversidad, entonces es un poco más difícil la cuestión. Desde luego, en Uruguay el feminismo es popular. Bolivia también se podría considerar. Pero Chile, particularmente, viene con mucha agitación y mucha presencia, y no sólo a propósito de las movilizaciones que tienen que ver con los feminismos, sino con las que tienen que ver con la política en general, con el rumbo de la política en Chile”.
Con media sanción del proyecto, aprobada el 11 de diciembre último por la Cámara de Diputados, la votación de este martes en Senadores que discutirá no sólo la Interrupción Voluntaria del Embarazo sino también la Ley de los Mil Días, espera ser una jornada reñida entre quienes están a favor de la legalización, quienes están en contra, y el puñado de indecisos será crucial para la aprobación de este derecho de reivindicación histórica. Mientras tanto, el legado de Barrancos y sus compañeras sigue vigente, no sólo desde la Campaña que continúa presionando para que se aparuebe el proyecto, sino también desde las mujeres en las calles que siguen poniendo el cuerpo para que, más temprano que tarde, puedan decidir sobre sus vidas y sus cuerpos y para que el Estado ponga fin a los abortos clandestinos y para que finalmente sea Ley.
