Ago 20, 2020 | Comunidad, Novedades
“Tenemos gente que se está muriendo en la casa. Hay pacientes que se mueren dentro de los hospitales porque no hay oxígeno, eso no puede suceder”, cuenta Celina Castellón, directora del Colegio de Enfermería de Jujuy. Al comienzo de la pandemia la provincia se perfiló como modélica en cuanto al control del Covid-19. Sin embargo, a mediados de junio la situación cambió drásticamente y hoy el sistema de salud (tanto público como privado) se encuentra saturado. El aumento de casos, la falta de recursos en los hospitales y la ausencia de políticas sanitarias dejan a la provincia de Jujuy desamparada. El clima que se vive en los hospitales es alarmante y aquellos que transitan la enfermedad en sus hogares no reciben la atención necesaria.
Hasta el parte vespertino del miércoles 19 de agosto Jujuy registraba 133 muertos y 5.360 casos: tras CABA y Buenos Aires, es el tercer distrito más castigado por la pandemia. Actualmente, aunque muchos medios informan que el 93% de las camas están ocupadas, el abogado del Colegio de Enfermería provincial, Alberto Elías Nallar, detalla que esa cifra no es real: “Si hubiera un 7% de las camas disponibles, la gente no se estaría muriendo en sus casas”.
El brote
Desde el inicio de la contingencia, el gobernador Gerardo Morales adoptó una política punitiva y persecutoria. Las regulaciones en torno al uso del barbijo y la circulación tenían una sanción monetaria. El director de Radio Nacional de Jujuy, Federico Noro, declara que incluso “se marcaban las casas de aquellas personas que tenían coronavirus”. A su vez, se creó el Comité Operativo de Emergencias (COE) cuyo fin es informar a la población sobre la situación de la pandemia y acompañar a las diferentes instituciones en la problemática. Sin embargo, las voces aquí plasmadas coinciden en que no son eficientes. “La sede del COE es un edificio aparte, los funcionarios van ahí y hacen una transmisión diaria de lo que sucede, difunden placas informativas por WhatsApp y realizan manejo de redes. En mi opinión, se crean con el objetivo de desligar a Morales de toda la responsabilidad que recae sobre él”, observa Noro.
En mayo, el gobernador ofreció llevar el fútbol a Jujuy. En diálogo con TyC Sports, Morales explicó: “Lo que hicimos fue plantearles a varios dirigentes, al ministro de Turismo y Deportes y a la AFA la disponibilidad de Jujuy. A partir de las condiciones sanitarias que tiene la provincia, como varias otras, se podría empezar la práctica de fútbol. No tenemos circulación local, hace 48 días que no hay casos en Jujuy”. En este sentido habilitó salidas según la terminación del DNI, reactivó algunos sectores económicos y actividades sociales. “Cambió el Día del Padre por decreto con el fin de evitar contagios, pero dos semanas después lo permitió, y ya había más de 200 casos”, expresa el director de Radio Nacional. Muchas de las empresas habilitadas, como por ejemplo Ledesma, que hoy cuenta con más de 300 contagiados y ocho muertos.
En junio comenzó el brote del virus a partir de un operativo policial habilitado por el gobernador y los contagios se volvieron imparables. “El objetivo era reforzar los controles en la frontera para evitar que circulen personas que podrían estar infectadas –relata Nallar-. Para ello, fueron enviados 60 funcionarios. A este punto, ya no hablemos más de distancia social. Ahí, dos policías cruzan y contraen la enfermedad. Al llegar, desconociendo que padecían el virus, comienzan a transmitir el virus a sus familiares y a dispararse los contagios”.
Noro considera que nunca hubo un foco central en las políticas sanitarias. “Morales intentó mostrar que hacía cosas, más que hacerlas. Los hospitales de campaña, por ejemplo, no tenían calefacción. La gente se iba a curar de una enfermedad pulmonar como es el Covid-19, y se moría de frío. Es una locura. Había más ganas de mostrar que se ocupaban que de hacer algo realmente”, sostiene Noro.
El gobernador Gerardo Morales contrajo coronavirus. También su vice, Carlos Haquim.
Desamparo y silencio
Actualmente no son solo los hospitales los que se encuentran colapsados sino también los cementerios: los deudos de los muertos cavan fosas en los pasillos. Castellón detalla que “la gente se muere en las casas y tienen al cuerpo ahí como por tres días porque no le dan el certificado de defunción. Los cementerios están saturados, no hay donde enterrar a los pacientes y es terrible”.
Mientras tanto el personal que trabaja en el campo de batalla carece de los elementos de protección adecuados para tratar a pacientes con Covid-19. Por lo tanto, muchos de ellos tuvieron que dejar de trabajar porque resultaron contagiados. “Utilizan un barbijo social para ocho horas laborales, pero a las tres horas ese barbijo ya no sirve. Y lo digo con conocimiento de causa, soy enfermera en control de infecciones”, explica la especialista. A su vez, los hospitales de campaña mencionados (realizados para tratar la pandemia) están completamente desabastecidos y su infraestructura es frágil: muchos de ellos son simples carpas. Además, según Castellón, carecen de elementos esenciales como suero, oxímetros y equipamiento de protección personal para los trabajadores de la salud. “En un comienzo, tuvimos la oportunidad de acercarnos a un hospital de campaña y no tenían nada. Los baños son comunitarios y tampoco hay calefacción. Unas colegas fueron aisladas ahí, la comida era mala y el edificio no tenía puertas”, cuenta.
A esta problemática, se añade que la mayor parte del sector de Salud no está recibiendo su sueldo en tiempo y forma. “La gente no cobra hace cuatro meses y muchos renuncian. Nosotros aprendimos a salvar vidas, para eso hemos sido formados y no para dejar morir gente. Es terrible para el personal de salud ver esto”, declara la enfermera Castellón.
Jujuy tuvo la ventaja de contar con algo de margen para prepararse y la representante del Colegio de Enfermería explica que para ello era necesario capacitar a las personas y abastecer el sistema de salud, habilitar camas e instalaciones. A través de una carta documento solicitaron al gobernador, Gerardo Morales, que se prepare en buena forma porque conocían la gran falta de recurso humano en sanidad. Sin embargo, aunque el pueblo jujeño respetó la cuarentena estricta, esos 90 días no fueron utilizados como deberían para proveer recursos. “Como el gobernador no nos dio respuesta, hicimos una acción de amparo solicitando elementos de protección personal y recursos –cuenta Castellón-. El juez (Sebastián) Damiano no nos dio lugar y salió desfavorable para el trabajador”.
El Gobierno provincial, en cambio, incorporó nuevo personal, pero lo hizo de manera irregular, cercenando derechos laborales y atacando a la libertad de expresión “Les hacen firmar declaraciones juradas a médicos donde se los hace responsable de lo que suceda en el servicio y se los llama a hacer silencio -manifiesta la enfermera-. Nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada, todas son quejas en silencio, en la oscuridad de las cuatro paredes. Pero acá no hay una dictadura, acá tenemos que salvar las vidas”.
Al borde del abismo
“Se ha dicho que todo paciente que de positivo tiene que cursar la enfermedad en su casa –dice el abogado Nallar-. Imaginen, en Jujuy nadie es tan rico como para aislarse en un cuarto de huésped. Acá tenemos dos habitaciones y tenemos que convivir con nuestras familias. Conclusión: Todos enfermos”. Por lo tanto, advierte, al total de tres mil contagiados que cursan la enfermedad (muchos de los cuales cursan la enfermedad en su casa), hay que multiplicarlo por cuatro o cinco del grupo familiar que no están registrados. “El sistema está colapsado, el total de las camas están ocupadas, las imágenes que se ven de gente contra las camillas amontonadas dan la pauta de que no dan abasto ¿Cómo van a estar tirados así, como perros?”. A partir de la saturación del sistema de salud, se instaló un sistema de telemedicina en el que se reincorporaron a personas de sesenta años. “Los médicos y médicas no pueden asistir al domicilio y cuando alguien llama, se mueren con el teléfono en el oído porque no hay nadie que pueda asistir a socorrerlos”, dice Nallar.
Una joven residente de medicina, a quien llamaremos “Equis” porque prefiere mantener su nombre en reserva por temor a represalias, comenzó a trabajar como voluntaria en un call center donde se pide atención médica y se gestionan ambulancias. La operadora, que daba turnos médicos por teléfono, ahora recibe cualquier tipo de consultas. Por lo tanto, ahora hay un 0800 para turnos y otro creado especialmente para Covid-19. Con cada llamado se hace una primera clasificación del caso: si necesita atención médica, una cama o no. Después de este trabajo los técnicos se encargan de buscar una cama o ambulancia para las situaciones graves.
Según el día y el horario, el call se satura o está tranquilo. “El pico de terror es después de la transmisión del COE (Comité Operativo de Emergencias 2020). La gente se asusta mucho con sus declaraciones. La última vez se habló de medicación que se puede proporcionar sin consultar, y la gente llamó para preguntar qué podía tomar”, relata la residente. En su primera semana de trabajo le tocó una llamada de un paciente con Covid-19 grave. “No había ambulancia, no había cama y nadie iba a verlo –cuenta Equis-. Entre que yo hablaba con los técnicos y con el pariente, el señor murió. En un momento llamo al familiar con el que me había estado comunicando y me dice: ´Creo que mi hermano se fue porque está frío y ya no respira´”.
Al estar los médicos colapsados, las personas reclaman la demora en la atención: “Hace tres días solicité un médico, dijeron que iban a llamarme pero me siento mal y nadie me llama”. La directora Castellón, quien padece la enfermedad, relata cómo no recibió ningún tipo de asistencia y ha tenido que proveerse los insumos por su cuenta. Equis, por su parte, observa: “Todo el mundo quiere hisoparse pero no alcanza. Ni cerca. Como no hay disponibilidad de tests, pedimos que se encierren dos semanas y que esperen al llamado del médico”.
Los ministerios de Salud de Jujuy y de la Nación articularon medidas para luchar contra la pandemia, enviando ayuda para controlar la situación e incluso asistieron profesionales nacionales. A Nallar no le parece suficiente. “Le están mandando un auto de carrera a un inválido. No necesitamos ayuda, necesitamos gestión”, enfatiza. La situación se volvió aún más preocupante cuando el 15 de agosto le diagnostican coronavirus al gobernador Gerardo Morales. Luego de la distribución que realizó en persona de bolsones con donaciones a barrios carenciados y la visita a hospitales en la zona roja de Ledesma, la autoridad cayó enferma. “En el momento más crítico, cuando estábamos pasando por el ojo de la tormenta, el piloto dijo: ´Me voy ́, y nos quedamos todos arriba”, dice Nallar con preocupación. El 19 de agosto el vicegobernador Carlos Haquim fue confirmado también con coronavirus. “Hay acefalía absoluta, desgobierno total, y las personas que corresponden a las líneas sucesorias, o forman parte de la población de riesgo con enfermedades tales como diabetes o problemas de bypass gástrico, o son incompetentes para gobernar”, asevera Nallar.
Ante la imposibilidad de salir a la calle a realizar manifestaciones, el 18 de agosto el Colegio de Enfermeros junto con 200 instituciones enviaron una carta al presidente Alberto Fernández, en la que piden que los resortes del Estado se pongan al servicio de la salud pública, que la Nación asuma la garantía de la vida y la salud de todos los ciudadanos y que se envíe una suerte de ministro de Salud que se haga cargo del manejo de la pandemia. “Le pedimos al presidente que con la misma eficiencia y solidaridad que trabaja en el AMBA, nos dé una mano para que asuma la conducción del sistema sanitario de la provincia”, detalla Nallar. En esta línea, Casetellón añade: “Jujuy también es parte de Argentina aunque estemos en la frontera, somos un sistema republicano federal y el señor Presidente no puede olvidar esto. Necesitamos que nos ayude, queremos salvar a nuestro pueblo”.
Ago 19, 2020 | Comunidad, Novedades
El último informe presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alerta que entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020 habrá un notorio incremento en la cantidad de niños, niñas y adolescentes (NNYA) de la Argentina que se encontrarán por debajo de la línea de pobreza. Según el segundo estudio del año realizado por la organización, Argentina pasaría de 7 a 8,3 millones de chicos y chicas pobres, lo que representaría el 62,9% de ese grupo etario.
Los datos presentados por UNICEF, tanto en el primer estudio desarrollado en abril (“La pobreza y la desigualdad de niños, niñas y adolescentes en la Argentina”), como en el publicado durante los primeros días de agosto (“Segunda Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes”), están basados en información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y pronósticos del Producto Bruto Interno (PBI) del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La concurrencia a comedores o merenderos aumentó del 8% al 10%, a la vez que mejoró el acceso a ellos: en abril, el 8% de las personas que concurrieron a un comedor aseguraron tener problemas para llegar o retirar viandas, indicador que en julio se redujo al 1%. Al mismo tiempo, el porcentaje de hogares que dejó de comprar algún alimento por falta de recursos disminuyó levemente del 28 al 26%.
El segundo informe muestra que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alcanza ahora al 47% de los hogares con NNYA, frente al 22% que lo recibía en abril, lo que significa que son 2.8 millones los hogares donde al menos un miembro lo recibe, con un impacto total de 13 millones de personas.
Si bien la ayuda por parte del Estado está en alza, de acuerdo con las estimaciones abordadas por el segundo estudio, se incrementará un 33% la pobreza extrema infantil, es decir, todos aquellos chicos y chicas que siquiera tienen acceso a una canasta básica.
“La situación que atravesamos es compleja para todos. Pero aún más para los niños, niñas y adolescentes excluidos por la sociedad. Para ellos, que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, el efecto de la pandemia es devastador en un sentido amplio. Porque por más que el Estado haya organizado diferentes formas de ayudar, como por ejemplo en la educación, con clases virtuales, difundiendo contenido educativo en la televisión, aun así los niños pobres o en extrema marginalidad no pueden acceder a eso porque no cuentan con las herramientas necesarias. No tienen posibilidades por la precariedad misma de sus vidas. Asimismo, a pesar de todas las medidas estatales muy bien implementadas, no podemos escaparle a la desnutrición y a la malnutrición en la infancia, lo cual juega un papel muy importante en el desarrollo de cada niño”, asegura Sonia Almada, psicóloga y directora de ARALMA, asociación civil dedicada a la erradicación de todo tipo de violencia hacia la infancia.
«En general, los chicos no solo sufren la falta de comida de techo, también otras violencias, como la familiar», dice Almada.
“Que no se cumplan los derechos básicos de los niños y niñas es violencia. Ellos son las víctimas invisibilizadas en este contexto de pandemia. Por lo general, no solo sufren la falta de comida o de un techo, también padecen otros tipos violencias, como la familiar. Ese es un llamado que hoy casi no se puede contestar. Desde ARALMA estamos muy preocupados porque nuestra actividad se vio fuertemente reducida. Al estar cerradas las escuelas, estos chicos no tienen contención, ya no contamos con la intervención de maestras o gabinetes psicológicos para que nos informen y poder ayudarlos, tampoco podemos salir a hacer las recorridas para visitarlos. La mayoría de los chicos no tienen cómo denunciar, cómo contactarnos, es realmente muy complicado”, subraya la especialista y agrega: “El aumento de niños bajo la línea de pobreza y pobreza extrema, sin dudas implica el crecimiento de este tipo de violencia que hasta el momento no recibe respuesta eficaz por parte del Estado”.
El Estado, desde el comienzo de la pandemia, lanzó una serie de programas para ayudar a quienes más lo necesitan, como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y la tarjeta Alimentar, destinados a evitar la caída de millones de familias en la pobreza extrema. Esos programas durante el mes de julio alcanzaron al 36% de los hogares frente al 19% en abril.
“Lo ideal sería que ningún chico necesite de planes sociales para cubrir sus necesidades básicas. Igualmente, las medidas implementadas por el Estado son pertinentes y oportunas. Constituyen un ingreso para las familias, una ayuda. Creo que estos programas deberían aumentar, y mantenerse más allá de la pandemia”, comparte Natalia Cabral, politóloga asesora en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y docente en la Universidad Nacional de Moreno.
Desde abril, la concurrencia a comedores o merenderos aumentó del 8% al 10% de los chicos y chicas del país.
“Resulta necesario ampliar la ayuda a las instituciones comunitarias como comedores y merenderos, jardines comunitarios, espacios de primera infancia. Así como también impulsar y sostener proyectos socioproductivos, sociolaborales de contraprestación para que quienes reciben ese ingreso por parte del Estado sean reconocidos y se reconozcan como trabajadores, que tengan las herramientas para poder generar más ingresos a su economía”, dice Cabral y ejemplifica: “Potenciar Trabajo y Terminalidad Educativa, son un ejemplo de esto, son programas que apuntan a atender el contexto de emergencia pero también se piensa a largo plazo. Son esas políticas a las que debemos apuntar para dar una respuesta integral a la situación de tantos niños y niñas”.
Es inminente la necesidad de políticas integrales, por eso UNICEF presenta un plan de respuestas que se basa en tres pilares de acción: mejorar la respuesta de salud pública para reducir la transmisión y la mortalidad por coronavirus; trabajar en la contención de los “impactos secundarios” de la pandemia, como la pérdida de clases presenciales, la malnutrición o el aumento de la violencia; y promover medidas de protección e información para prevenir el contagio del virus. Todo un desafío para la Argentina que viene.
Ago 18, 2020 | Entrevistas
Facundo Astudillo Castro lleva 110 días desaparecido. Fue visto por última vez en la mañana del 30 de abril cuando salió de su casa en Pedro Luro, partido de Villarino (provincia de Buenos Aires), para ver a su exnovia en la ciudad de Bahía Blanca. Aquel día, efectivos de la policía bonaerense lo demoraron para labrarle un acta por violar el aislamiento social, cuyo incumplimiento era estrictamente castigado por las fuerzas de seguridad en diferentes zonas del país. Debido a diferentes irregularidades, la principal hipótesis por parte de la querella apunta a una responsabilidad policial.
El sábado pasado, en la zona de Villarino, se encontraron los restos de un cuerpo que podría ser el de Facundo. ANCCOM dialogó con Luciano Peretto, uno de los abogados que acompaña y representa a Cristina Castro, madre del joven. Ante el último hallazgo, Peretto sostuvo que tanto él como la familia están “convencidos de que hay que batallar legalmente y hay que seguir pidiendo detenciones e imputaciones porque de alguna manera, día a día, se va engrosando la hipótesis de que la Policía Bonaerense tiene responsabilidad en el hecho”. Además, sobre la postergación de la autopsia, afirmó: “me parece que es un gesto más del destrato que está teniendo Cristina por parte del Estado”.
El sábado 15 de agosto por la noche se notificó el hallazgo de un cuerpo en alto grado de descomposición en las afueras de Villarino. Cuerpo que, según algunos indicios, podría ser el de Facundo Astudillo Castro. Después del hallazgo, ¿en qué estado está la investigación hoy?
La aparición del cuerpo, de confirmarse que sea Facundo, lo que hace, de alguna manera es cambiar el fondo de la cuestión. Pasando de una desaparición forzada a un homicidio. Lo que cambia es que en una hipótesis no teníamos el cuerpo y en la otra podemos llegar a tener el cuerpo. Pero la hipótesis principal está robustecida, asentada en pruebas y es la única hipótesis viable dentro de la investigación, más allá de que la Fiscalía no comparta este criterio y un día pida detenciones y al otro día diga que no tiene nada en contra de la Policía Bonaerense. Actitud que desde la querella siempre repudiamos. De confirmarse que el cuerpo sea de Facundo, lo que hace el hallazgo es cambiar la carátula de la causa.
¿Cuáles son los indicios que, hasta el momento, darían cuenta de la responsabilidad de la Policía Bonaerense en la desaparición de Facundo?
Uno tiene indicios cuando tiene sospechas. Pero cuando uno tiene una hipótesis judicial lo que hace es asentar las pruebas. No puedo sospechar de la Policía porque sí. ¿Me preguntás en qué pruebas? Los mensajes de texto que los policías no lograron borrar, los mensajes que quedaron son absolutamente incriminatorios, las actitudes que tiene la Policía durante el rastrillaje, haber desinstalado la aplicación WhatsApp de sus celulares. Además, el hallazgo del amuleto (nota de la r: una sandía en miniatura de madera) de Facundo en la estación policial de Teniente Origone, la contradicción del oficial González en el procedimiento, el apartamiento del protocolo de todos los efectivos policiales que tuvieron contacto con Facundo ese día. La contradicción de decir que hay una señora que lo levanta en el km 750, pero la señora dice que en realidad lo levanta en Origone mismo, que queda en el km 757. Todas esas incongruencias nos llevan a pensar que obviamente la responsabilidad policial existió. Además, hay que circunscribirlo en el ámbito de la cuarentena que sucede el hecho. Una cuarentena estricta, aguerrida. De alguna manera, no podemos darnos el privilegio de pensar que en el marco de esta cuarentena, absolutamente cebada, Facundo tuvo la suerte de cruzarse con cuatro buenos policías, recontra gamba, que lo dejaron seguir para Bahía Blanca.
Desde el ámbito del Gobierno nacional y del Gobierno provincial, tanto el presidente Alberto Fernández, como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en su momento aseguraron que no iba a haber ningún encubrimiento. Pero hay una serie de acusaciones en relación al comportamiento del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni…
Los gestos tienen que condecirse con los hechos. Kicillof dice que no va a haber encubrimiento, que van a rodar las cabezas que tengan que rodar. Y Berni, no siendo ningún salame, pero conociendo la realidad como es y la realidad de la causa, tiene dos opciones. O no leyó la causa, o la leyó y se dedica a encubrir. Porque si él lee la causa no puede decir que la Policía Bonaerense no cometió ninguna irregularidad en el procedimiento. No lo puede decir. Entonces, si no la leyó debería ser prudente y callarse la boca. Pero no creo que Berni, un tipo inteligente, no haya leído la causa. Yo creo que la leyó. Pero a pesar de ello, no está dando una lectura clara y conforme a derecho. No puede, bajo ninguna circunstancia, decir que la policía bonaerense ha hecho todo bien en la causa.
En esa misma línea, ¿cómo evalúa el comportamiento del Poder Judicial?
Todo el contacto que ha tenido Cristina Castro (madre de Facundo) con los órganos del Estado ha sido nefasto. Todos. Desde el principio, en la instrucción de la causa en sede provincial, como la consolidación de la causa en sede federal. Cristina no ha tenido diálogo con el fiscal Ulpiano Martínez en ninguna etapa de la instrucción. Una falta de humanidad impresionante. No se le ha avisado cuándo se han pedido detenciones. El fiscal no ha participado de uno solo de los rastrillajes ni de alguno de los allanamientos. Y la verdad que la actitud del juzgado frente a las peticiones que va a haciendo Cristina como, por ejemplo, que se haga la autopsia lo más rápido posible, y el juzgado disponiéndola recién para el martes 25 de agosto, me parece que es un gesto más del destrato que está teniendo Cristina por parte del Estado.
Nosotros tenemos que esperar y definir si este cuerpo que se ha encontrado pertenece o no a Facundo, aunque tenemos grandes indicios para pensar que sí. Pero de alguna manera no nos vamos a quedar pasivos dentro de la causa hasta que eso suceda. Estamos absolutamente convencidos de que hay que batallar legalmente y hay que seguir pidiendo detenciones e imputaciones porque de alguna manera, día a día, se van engrosando las circunstancias que hacen a la hipótesis de que la Policía Bonaerense tiene responsabilidad en el hecho.
La enorme cantidad de casos de violencia institucional refleja un patrón de conducta de la institución policial en el último tiempo.
Cualquiera que haya pisado la provincia de Buenos Aires durante la cuarentena, se pudo dar cuenta que la policía estaba, y está, descontrolada. Eso es innegable. No tienen un norte, están cebados, se usan los patrulleros como autos chocadores, a los pibes se los caga a palos. Lo que pasa es que, de alguna manera, las fuerzas policiales, durante un montón de tiempo, estuvieron educadas para confrontar y para batallar con una nueve milímetros en la cintura. Aguantándose esas ganas o ese ímpetu de «aplicar la ley». Y durante la cuarentena se les dio vía libre. Entonces soltaron a un pitbull que tenía un hambre bárbaro y se les permitió hacer lo que querían. Y eso no lo digo yo, lo dijo Berni en una nota con LaBrújula24, en Bahía Blanca. Dijo: «Hay que contextualizar la desaparición de Facundo, fue en el momento más crudo de la cuarentena, cuando a la policía mayores facultades le dimos». Bueno, a confesión de partes, relevo de pruebas.
Ago 12, 2020 | Novedades, Vidas políticas
Durante las primeras horas del domingo 17 de mayo, al ingresar en Google las palabras “Cristina Fernández de Kirchner”, el panel de conocimiento del buscador –un resumen de personalidades destacadas generado automáticamente– exhibía la leyenda “Ladrona de la Nación Argentina”. El encabezado se mantuvo durante suficiente tiempo como para que el agravio se viralizara y luego fuera difundido por los medios.
Por este motivo, la actual vicepresidenta presentó una demanda contra el gigante informático ante el Fuero Federal Civil y Comercial, en la que solicita una pericia que determine el origen de la publicación, cuánto estuvo activa, cantidad de visualizaciones y qué medidas se tomaron. El objetivo es demostrar cuál fue el alcance real del daño, en tanto esa información se replicó desde diversas plataformas en poco tiempo.
El abogado especializado en derecho informático Rodrigo Iglesias afirma que el curso de la denuncia podría verse obstruido de continuar por la vía civil: “La justicia ya zanjó la discusión entre responsabilidad objetiva y subjetiva con el caso de Belén Rodríguez, hace seis años”. Se trata de la modelo que en 2014 demandó a Google y Yahoo! por el uso no autorizado de su imagen al vincularla con páginas pornográficas. Según la resolución de la Suprema Corte, a la damnificada no le correspondía indemnización alguna, ya que los motores de búsqueda obraron de simples intermediarios y procedieron a bloquear el contenido en cuanto fueron notificados, como establece la doctrina de la responsabilidad subjetiva. Si se hubiese optado por considerar a estas empresas como pasibles de responsabilidad objetiva, habría alcanzado con demostrar el daño que generaba la reproducción de estas imágenes por parte de Google y Yahoo!, que el fallo desestimó al señalar que “equivaldría a sancionar a una biblioteca que ha permitido la localización de un libro de contenido dañino”.
Sin embargo, Iglesias subraya las diferencias entre la situación actual y la de entonces: “Si esta causa llegara a la Corte Suprema, hay que recordar que su conformación no es la misma que la de hace seis años. Quienes eran minoría en el fallo contra Belén Rodríguez, hoy son mayoría. También Google cambió, así como sus políticas y su influencia respecto de aquel momento”. Según el letrado, la vía penal podría ser más viable, ya que “el artículo 109 del Código Penal permitiría presentar una demanda por calumnias e injurias”.
«Para elaborar el panel de conocimiento, Google se nutrió de la información de Wikipedia, y se sabe que no es una fuente cien por ciento confiable. Entonces es posible atribuirles alguna responsabilidad, sostiene Iglesias”.
Iglesias señala ciertas particularidades del caso que habilitarían a identificar al buscador como responsable de la recopilación y jerarquización de estos contenidos. “Para elaborar ese panel de conocimiento, Google se nutrió de la información de Wikipedia, y se sabe que no es una fuente cien por ciento confiable. Si a esto le sumamos que la misma Wikipedia declaró que su base de datos fue vandalizada para modificar el perfil de Cristina Fernández, entonces es posible atribuirles alguna responsabilidad”. Y admite que “no sabemos cómo funciona el algoritmo que utiliza Google”, por lo que la relevancia de este actor aún debería establecerse.
La demanda de la expresidenta contra Google abre un amplio debate. Más allá de lo que se resuelva en su caso puntual, pone en agenda la cuestión de la opacidad de los algoritmos y la responsabilidad editorial de los motores de búsqueda y las redes sociales. Un debate que se está dando en la mayoría de los países y para la cual se están ensayando distintas propuestas. “Nos debemos una discusión sobre regulaciones en Argentina. El proyecto de ley sobre responsabilidad de intermediarios que se trató en 2018 era el paso a seguir tras el fallo de Belén Rodríguez. Tenía elementos positivos para comenzar a debatir el rol de estas empresas, pero no prosperó. Hoy lo que tenemos es el Código Civil y fallos como el señalado que sirven de jurisprudencia”, concluye Iglesias.
Ago 4, 2020 | Comunidad, Novedades
Con unos cien mil muertos y casi tres millones de casos, Brasil se posiciona como el segundo país con más fallecimientos por coronavirus. Pero a pesar de estas cifras y las proyecciones (que son terroríficas), ya nada impresiona. La decisión política del gobierno de Jair Bolsonaro –quien declaró haberse contagiado- fue clara desde el principio: es solo una gripezinha y lo importante es que la economía no se detenga.
Más de mil decesos diarios desde hace semanas, un aumento desenfrenado de los contagios en todo el territorio —actualmente sólo hay 128 municipios, de los 5.564 que tiene el país, sin casos registrados— y el negacionismo oficial, hablan de un barco que se hunde agujereado por su propio capitán.
La tragedia anunciada se produce en medio de una descoordinación total entre las administraciones federal, estaduales y municipales; un Ministerio de Salud sin ministro desde hace más de dos meses, y una contradicción constante entre medidas sanitarias y de aislamiento social tomadas por las distintas líneas de gobierno. ANCCOM dialogó con brasileñas y brasileños para que cuenten, en primera persona, cómo están viviendo la situación.
Desde principios de marzo, María hace lockdown (como llaman a la cuarentena) con su familia en la zona sur de Río de Janeiro, la más rica de la Cidade Maravilhosa. Sólo sale para hacer compras y no ve a sus amigos, excepto cuando van a la verdulería. “Las medidas que el gobierno está tomando son pocas. No estamos en lockdown y las personas no respetan las medidas mínimas. Muchos van a la playa, andan sin tapabocas o salen a la noche”, señala. La fiscalización de fiestas y aglomeraciones es poca. “Muchas veces son los propios policías y personas que están en posición de salir impunes de sus acciones”.
A ciertos sectores de la sociedad no los preocupa la enfermedad. “Algunos son electores de Bolsonaro que creen que todo es una mentira. También hay gente que pertenece a clases sociales que saben que no van a tener problemas con la falta de camas en el hospital y, como no van a sufrir, entonces no respetan las medidas”, apunta María.
Bolsonaro promueve para la cura del coronavirus la cloriquina, una droga cuya eficacia no se comprobó científicamente.
Juliana es carioca. Reside en una favela en el Morro de Dendê en Ilha do Governador, al norte de la ciudad. Para ella la situación es diferente. “Estoy respetando las medidas de higiene, pero de aislamiento no puedo”, sostiene. Juliana es artista plástica y tiene que trabajar para sustentarse: “El brasileño tiene una cultura de miedo a no tener trabajo que viene desde mucho tiempo atrás de nuestra historia. Me incluyo en esto. Estoy muy preocupada por la cuestión de tener comida en la mesa”.
Justamente, una de las claves del discurso anticuarentena de Bolsonaro estuvo orientada a la necesidad de trabajar de millones de brasileños. “Tenemos más miedo de pasar hambre que de morir del virus. Cualquier medida que afloje el aislamiento en pro de poder trabajar es aceptada por gran parte de la población más pobre”, admite Juliana.
Roberta es periodista y está haciendo aislamiento estricto desde el 14 de marzo. “Solo salgo una vez al día con mi hijo y nuestra perra para ver un poco de naturaleza y tomar sol”, cuenta. A pesar del aumento de casos, la cuarentena en Río fue flexibilizada. “El intendente está alineado con Bolsonaro, niega la gravedad de la pandemia y estimula a las personas para salir. El gobernador del Estado de Río venía siguiendo medidas más restrictivas, pero ya cedió”, afirma.
La dificultad para entender qué normas seguir es generalizada. Lara es estudiante y vive en Campinas, en el interior de São Paulo. “Mi ciudad no tiene lockdown pero sí cerraron los comercios por un tiempo. Después los abrieron, aumentaron los casos y cerraron de nuevo. Todas las semanas hay una regla diferente”, describe.
Luis es artista y vive en Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso do Sul. “Acá hubo un lockdown más fuerte al inicio y no tuvimos muchos casos. Ahí decidieron flexibilizar el aislamiento y los casos se fueron para arriba. Antes, la ciudad era una de las capitales con menos casos y hoy estamos con la curva cada vez más grande”, se lamenta.
“En Brasil cada uno hace lo que le parece. Unos siguen a Bolsonaro, no creen en el virus y llevan vidas casi normales. Otros siguen medidas de la OMS y se quedan en sus casas”, grafica Luis y añade: “Tenés estos dos extremos. Gente que está encerrada hace más de 100 días y personas que llevan la vida normalmente, aprovechando el Covid como si fuesen vacaciones”.
El desánimo y descontento es común entre los entrevistados. “Estamos abandonados por el poder público y tenemos que defendernos solos. Esa es nuestra realidad”, subraya Roberta, para quien las medidas económicas, como el auxilio de 600 reales, son insuficientes: “Hay más desempleados y la situación económica se va a agravar mucho en estos meses”, dice. Las medidas sanitarias también dejan que desear: el presidente declaró no obligatorio el tapabocas y ahora su uso quedó bajo decisión de los gobernadores e intendentes.
“No existen las medidas, ese es el problema -señala Lara-. El gobierno es tremendamente irresponsable. Bolsonaro cree que es todo mentira, creen en la cloroquina y en lo que Trump dice. Hace meses no tenemos ministro de Salud y pareciera que el de Economía decidió que el pueblo va a pasar hambre. Mucha gente va a morir todavía”.
“No concuerdo con nada de Bolsonaro y su postura sobre muchas cosas –enfatiza Juliana–, pero la pandemia es la gota que rebalsó el vaso de lo absurdo y deshumano. No tiene preparación alguna para ser presidente y es el responsable de este genocidio. Algunos gobernantes están respetando el aislamiento e intentan tomar las decisiones correctas y seguir los consejos de los médicos, pero tienen a este tipo encima que está en contra de todo lo correcto”.
La polarización política es una explicación de por qué, a pesar de su gestión, Bolsonaro siga con altos niveles de aceptación. “Poco antes de la pandemia, en febrero, ya había una crisis política. Empezaban los cacerolazos contra el presidente, pero llegó la pandemia y las protestas se frenaron”, explica Luis y reflexiona: “En todo el mundo hubo una politización del coronavirus, pero en Brasil mucho más”.
