Oct 1, 2020 | Comunidad, Novedades
Los niños, niñas y adolescentes son un sector de la sociedad prácticamente olvidado por las políticas públicas. En Argentina, el 62.9% de ellos se encuentra hoy en situación de pobreza, según el último informe de Unicef. El número representa a 8.3 millones de infantes y la vulneración de derechos se agrava entre quienes viven en contextos violentos. Durante la cuarentena, varios de ellos se han encontrado encerrados con sus abusadores, sin poder concurrir a las escuelas o clubes de barrio, lugares clave a la hora de detectar estas situaciones. “En este momento y en contexto de pandemia, la verdad es que hay una preocupación muy grande en todos los organismos de infancia, tanto sea gubernamentales como no gubernamentales, porque es muy difícil el acceso a los chicos”, cuenta Nora Schulman, presidenta del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN).
Según un informe realizado por el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de Buenos Aires, el registro de casos de abusos sexuales, de maltratos físicos, psicológicos y de negligencia ha disminuido: pasaron de abordar 23.238 casos en 2019 a 22.102 casos en 2020. Estos números no indican necesariamente una disminución de las situaciones de violencia, sino que se estima que lo que disminuyó fueron las denuncias. Schulman expresa: “Si están viviendo con el violento o el abusador dentro de su casa, no tienen posibilidad. No van a la escuela ni pueden contárselo a alguien de confianza, sino que están, justamente, viviendo en más riesgo. La mayoría de los casos se están “perdiendo” porque nadie se entera”. Aunque se intenta incentivar que los niños se comuniquen telefónicamente, es muy difícil que un chico cuente lo que le pasa a una persona extraña. Es por esto que los adultos y su presencia atenta se vuelven fundamentales. Tanto las Secretarías de Niñez como de Justicia habilitaron dos líneas telefónicas, la 137 y la 102, para que los niños, niñas o algún adulto puedan realizar las denuncias correspondientes. Estas líneas están abiertas las 24 horas y las denuncias pueden ser anónimas.
Los juzgados siguen trabajando presencialmente en algunos casos, pero se encuentran colapsados o prácticamente no funcionan. Las cámaras Gesell están detenidas, la precarización laboral de los trabajadores sociales y de hogares infantiles está agravada y como consecuencia existe una gran dificultad a la hora de escuchar a los niños. “Los organismos de protección han sido destruidos realmente en los últimos años, tienen poco financiamiento con profesionales que no están preparados para atender determinados casos. Se ha producido un agravamiento de la situación junto con un poder judicial cada vez más machista y más encerrado en cuestiones de poder. Cuando un chico llega a una instancia judicial hay un manejo perverso acerca de lo que cuenta el niño que sufre, no se lo escucha, no se toma en cuenta su palabra. De cada diez denuncias de abuso sexual, sólo una avanza. En las demás sus abusadores son sobreseídos, generalmente”, afirma la presidenta del CASACIDN.
“Los organismos de protección han sido destruidos realmente en los últimos años», dice Schulman.
Analía Caccavo es trabajadora social y realiza intervenciones junto al equipo local de protección y promoción en los barrios Olmos y Etcheverry de La Plata. Su trabajo nunca cesó porque fue considerada una trabajadora esencial. Es la encargada de acercarse a las casas donde se denuncian casos de violencia, abusos o negligencia. Allí evalúa las situaciones para tomar medidas en caso de que sean necesarias. “Siempre que haya una persona que se pueda constituir como adulto responsable y referente afectivo, las situaciones se resuelven mucho mejor”, subraya. Caccavo cuenta que es muy difícil para el niño poner en palabras lo que le pasa porque están amenazados, con miedo, y de por sí es complicado que puedan asumir que quien lo tiene que cuidar es quien le hace daño.
Para resaltar la importancia de acercarse a los niños, recuerda el caso de cuatro hermanitos que vivían con una mujer que decía ser su tía, pero en realidad no tenía ningún vínculo con ellos. “Esta señora los explotaba laboralmente todo el día y los golpeaba muchísimo. Caímos en la cuenta cuando fui al domicilio, encontré situaciones complejas y cuando ellos se animaron a hablar, ese día se tomó la medida de abrigo y los cuatro chicos fueron adoptados por una familia”. Aunque nunca pudieron encontrar a sus padres biológicos, Caccavo considera que fue una situación exitosa: “Estaban aterrados, tenían pánico absoluto y muchísimo miedo de hablar. Cuando entendieron que si nos contaban lo que pasaba los podíamos sacar más fácilmente de la casa, fue todo mucho más sencillo”.
El rol de socialización que cumplía la escuela en estos casos de escucha, hoy disminuyó por la cuarentena. Silvia Piceda, referente del colectivo independiente y autogestionado Adultxs por los Derechos de la Infancia, manifiesta la importancia del rol de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas: “Todos debemos estar atentos al sufrimiento, al cambio o los signos de un niño, considerando que el 20% de la población ha sufrido abuso sexual. O sea, de cada diez chicos que tenés en el aula, hay dos que van a estar sufriendo abuso. Es mucho más probable que los abusos sexuales o los malos tratos que los niños reciben en su casa sean realmente revelados con la información brindada en las escuelas”.
La Ley de la ESI fue aprobada hace décadas, pero existe mucha resistencia a que realmente sea llevada a cabo. Piceda advierte: “Esto muestra cómo los adultos en verdad damos leyes en papel, pero después no nos animamos a hacer los verdaderos cambios para cuidar realmente las infancias. En la cuarentena los pibes no están yendo a la escuela ni a los clubes, pero en verdad las escuelas, los clubes, el sistema de salud, la familia, ¿están preparados o informados para detectar los abusos?”. Desde el 2018, el abuso sexual infantil es de instancia pública. “Antes hacías la denuncia y necesitabas que fuera el padre, madre tutor el que debía continuar con ella para que fuera efectiva. Si la mayoría era abusada dentro de la casa, era ridículo pensar que iban a denunciar desde ahí. Hoy cualquiera puede hacer la denuncia”.
Piceda resalta la enorme responsabilidad que los adultos tienen en estos casos: “La mayor complicidad con el abuso es el silencio. Si tenés una sociedad adulta que está atenta, vamos a tener diferentes miradas. Ahora, si los adultos vamos hacer como que no pasa nada, seguimos siendo cómplices de los abusadores”. El adultocentrismo y el sistema de maltrato cotidiano que denuncia la referente de Adultxs por la Infancia es, según ella, la verdadera causa de daño hacia las infancias y adolescencias. “La prevención se construye todo el tiempo desde el discurso, los medios de comunicación, cómo se comportan con un abusador condenado y cómo escuchan a las víctimas. Seguimos admirando modelos donde el éxito es lo que nos parece el modo de vida espectacular, y en una sociedad así el que siempre pierde es el niño o la niña, porque no tiene nada de poder, y el abuso tiene que ver con una relación de poder”.
Caccavo expresa que a las situaciones de precarización laboral que sufren los trabajadores y trabajadoras sociales, muchas veces se suma el estigma de ser considerados los “saca pibes”, de alejar a los niños de la familia, pero esa es en realidad la última opción, una medida de urgencia cuando se agotaron todos los recursos anteriores. “Es necesario a veces, porque hay padres que son naturalmente vulneradores, pero es algo a lo que no me quiero acostumbrar”, dice. La última medida de abrigo tomada por ella se trató de un padre que tenía a cargo a sus cuatro hijas y había sido denunciado porque vivían junto a un basural a cielo abierto, sin agua, en una vía abandonada. Las chicas estaban sin bañarse, sin ropa, llenas de barro y así se acercaban al jardín. “Para mí –confiesa- fue terrible, toda la experiencia profesional se fue al tacho en un segundo porque yo también apostaba por ese padre”. La trabajadora social cuenta que siguen trabajando en la revinculación del mismo. “El problema es que el padre es muy negligente, pero porque se crió así. Las niñas vivían desnudas, mugrientas arriba de un carro, pero él jamás las había dejado solas. A donde iba, era con ellas. Pero por tenerlas arriba del carro todo el día y no querer dejarlas con nadie, no iban al jardín. Teníamos que hacerle entender que esa forma de quererlas no era saludable”, describe Caccavo. El padre está trabajando actualmente junto a un equipo de dirección de niñez para aprender prácticas saludables de crianza. “Es un papá que cambió muchísimo, incluso pudo poner en palabras todas las cosas terribles que había vivido de niño, con lo cual muchas cosas las hacía por desconocimiento”, explica la trabajadora social. Caccavo destaca que muchas de las situaciones de extrema vulnerabilidad de los niños, ocurren más cerca de lo que pensamos. “Sucede a cuarenta minutos en micro de la ciudad de La Plata. Hay muchísimas cosas que trabajar. Si no es por algún vecino o la escuela, el Estado no se entera que esas cosas suceden”, subraya.
Caccavo resalta el papel fundamental de la escuela a la hora de detectar situaciones de violencia ya que allí los niños pueden informarse acerca de sus derechos y trabajan con equipos de orientación. Por eso destaca que cuando llegan denuncias desde la escuela, intentan no exponerla: “Si el niño o niña deja de ir, ya es un caso que perdimos. Muchas veces los padres se asustan y lo dejan de mandar, por eso tratamos de buscar las estrategias para que eso no suceda, les proponemos tratamiento psicológico gratuito en los centros de salud del barrio y si se puede a nivel familiar porque muchas veces la madre también es atravesada por violencia extrema y necesita estar más fortalecida”.
La presencia del Estado en los casos de abusos y violencias también es fundamental: la escuela y organismos estatales, al estar constantemente atentos a la detección de casos, hace que la ayuda muchas veces sea más rápida que en aquellos niños y niñas de clases más acomodadas, donde la endogamia familiar se ve acrecentada por el hecho de vivir en barrios cerrados y de difícil acceso. “El abuso es horizontal: no hay diferencia de clases. En la villa probablemente hasta el cura puede estar mirando al niño y ver que algo le pasa. En cambio el pibe de clase alta que vive en el country no tiene a quién pedir ayuda y nadie puede estar atento a algún signo de violencia”, señala Piceda de Adultxs por la Infancia.
María José Cano, trabajadora del Organismo Provincial de Niñez y miembro del Foro por la Niñez, plantea que las denuncias sobre estas situaciones no reflejan a toda la sociedad. “La mayor estadística va a pertenecer a los sectores más desfavorecidos. Este tipo de situaciones, si se dan en otras clases sociales, se recurre a los ámbitos privados, o psicólogos y demás. Es muy raro que se denuncien y que haya datos en estos casos porque no se publican o no son compartidos, y por eso no permite diseñar una política que dé cuenta de las distintas problemáticas en todos los contextos”.
La situación de los trabajadores de los servicios locales viene siendo crítica. Caccavo denuncia que muchas veces provoca impotencia: “Hay una desidia importante, somos trabajadores súper vapuleados, precarizados, es un espanto nuestro salario”. Y añade: “Mientras no haya una decisión política de poner a la niñez en la agenda vamos a seguir atravesados por todo esto. Muchas veces nos excede, y es trágico que dependa de la buena voluntad de los profesionales que intervenimos, no debería ser cuestión de buena voluntad. Si hay vulneración tendríamos que estar ahí, es más, tendríamos que estar antes en prevención, pero nunca hacemos tiempo”.
El actual contexto permite anticipar una situación complicada e incierta para cuando finalice la pandemia: “Es un trabajo que habrá que llevar a cabo muy despacio porque es como una resocialización para los chicos en lo social y lo cultural. Cuando termine la pandemia, vamos a tener que reconstruir todo un tejido no sólo social sino también económico para los niños y sus padres. Hay un problema muy serio que si no lo pensamos ahora en términos de políticas públicas después se va a tornar en una situación muy complicada”, finaliza Schulman.
Sep 23, 2020 | Novedades, Vidas políticas
El arribo del Coronavirus a suelo argentino activó el sensor de distintas alarmas que preocupaban al Gobierno nacional y a los ciudadanos. El aislamiento, como única medida lógica y posible en el inminente contexto, llevó a los sujetos a resguardarse en sus hogares. Si bien, desde un principio, se estableció la división entre trabajadores esenciales y no esenciales, la dinámica de la economía diaria se frenó abruptamente para todos los escalones sociales. Entre distintas problemáticas que se profundizaron, y otras que se agudizaron, el Ingreso Familiar de Emergencia llegó con la idea de tapar algunos agujeros. Ante un entorno nuevo surgieron las inevitables preguntas: ¿Fue suficiente el monto del IFE? ¿Fue correcta la forma en que se decidió entregarlo? ¿Qué tan útil resultó ser? ¿Qué consecuencias económicas dejará la pandemia a nivel global y nacional?
Juan Alberto Enrique, economista y columnista televisivo, analizó la medida: “Es inédito el esfuerzo. Son 90 mil millones de pesos. Es admirable, sobre todo los sectores más bajos. Está bueno que el derrame arranque de abajo para arriba. Eso hizo que la economía no se haya derrumbado aún más. Creo que debería seguir un poco más la ayuda para todo el país. Cuando no hay actividad económica se frena la velocidad del dinero, y la tenés que recomponer con emisión monetaria. Creo que el monto debería ir a $15.000 por lo menos”.
En este sentido, Hugo Bedecarras, docente de la carrera Trabajo Social en la Universidad Nacional de Moreno, opinó: “El IFE era una decisión indispensable para sostener y garantizar las necesidades mínimas y básicas de alimentación. Luego de cuatro años de un modelo de Estado empresarial, donde generó condiciones de extrema pobreza, se instaló un aislamiento social obligatorio, donde vastos sectores de la población (muchos de ellos invisibilizados), estuvieron postergados y sin acceso a condiciones mínimas de subsistencia, fue condición indispensable generar recursos para que puedan acceder los alimentos necesarios para sobrevivir”.
El gobierno estimaba en tres millones de personas los beneficiarios del IFE. Finalmente fueron casi nueve millones.
Ante la imposibilidad de poder ejercer la actividad laboral, o en el mejor de los casos cumplir con dicha obligación y no sufrir una quita considerable del salario, surgió una cuestión que giró más en torno del seno familiar que del núcleo político: ¿Hasta qué punto es suficiente un bono de 10.000 pesos para sostener los gastos de una familia? Juan Enrique consideró: “No, no es suficiente. Pero bueno, algo es algo. Creo que el Estado puede hacer mucho más. Recién estaba cruzando mensajes con gente del Gobierno y les estoy diciendo que los bancos que tienen colocados 2.4 billones de pesos en el Banco Central con una tasa del 38%, podrían obligarlos a prestar a tasa 0% a la gente que no cierre los comercios. Para que por lo menos en dos meses tomen ese crédito de 0% a pagar recién el año que viene y poder pagar alquileres, costos y así más o menos mantener la economía. Sería algo inédito para una situación inédita”.
El IFE se trató de una medida para ayudar o colaborar con una parte de los gastos familiares. Bedecarras, más empapado con los barrios carenciados del oeste del conurbano bonaerense, explicó: “Me parece muy escaso, es insuficiente ese importe, las familias tienen que complementarlo con la concurrencia a comedores barriales y comunitarios, con la entrega de mercadería a través de las escuelas, o violar la cuarentena para salir a conseguir un poco más de ingresos que permita una alimentación mínima y suficiente. Me parece un importe escaso. Pero absolutamente indispensable”.
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo en su sitio web, la crisis económica que se generó con la pandemia trajo consigo la incapacidad de generar sustento a casi 1.600 millones de trabajadores de la economía informal del mundo. En esta línea, la OIT y la Comisión Económica Para América Latina y Caribe (CEPAL) en relación a los niños, niñas y adolescentes (comprendidos dentro de los 5 y 17 años) analizó la concreta posibilidad del incremento del trabajo infantil. Éste podría aumentar entre 1 y 3 puntos porcentuales en la región, es decir, que entre 109.000 y 326.000 niños y niñas podrían entrar al mercado laboral infantil. Frente a esta dura realidad, el IFE recobra valor y es uno de los bastiones para dar pelea a la crisis económica en Argentina.
Pablo Tavilla, Director General del Departamento de Economía y Administración en la Universidad Nacional de Moreno y docente en la UBA se expresó en relación a lo que significa el IFE: “Estaría bueno que sea un monto mayor o se cobrara con mayor asiduidad. Porque ante un periodo de recisión y de insuficiencia de gasto yo lo hubiese pagado más veces. Esto responde a una idea de cómo veo yo las relaciones causales en la economía, de la importancia de la demanda para poner en marcha la rueda. Pero en general no tengo grandes críticas a la medida”.
El Estado lleva aportados 90.000 millones de pesos en el IFE.
El bono de 10.000 pesos, como ya se dijo, resultó ser para las autoridades una herramienta útil para evitar que la crisis se profundizara aún más. Pero, ¿cómo lo han tomado las personas que cobraron esta ayuda? Gastón Amestoy, de 27 años, quien vive en el Partido de Lezama, expresó: “La medida la tomé más que positiva. Somos muchísimos los que nos encontramos trabajando en la informalidad, con escasa cobertura médica y cobro de aguinaldos, por ejemplo. Entiendo que no es un plan social sino una ayuda por un tiempo determinado. Ojalá sirva para sentar bases de la realidad que vivimos los no reconocidos por el sistema”.
Rocío Parra, de 23 años, que vive a 216 km de distancia de Gastón, en General Rodríguez, consideró: “En un principio, cuando estábamos empezando la cuarentena, y se comenzó a hablar del IFE me pareció una idea genial. Incluso ahora, un poco más avanzada la cuarentena, es una ayuda muy importante la que estamos teniendo porque, por ejemplo, yo desde que empezó la cuarentena estoy desempleada, trabajo como fotógrafa y mi labor vinculada a lo social está 100 por ciento afectada y no tengo una fecha específica de retorno. Así que a mí, por lo menos, me sirvió muchísimo”.
Uno de los puntos que mayor repercusión y debate generó fue la disposición del cobro. Las casi nueve millones de personas que supieron cobrarlo, debieron cargar una cuenta de CBU (Clave Bancaria Uniforme) en la página de Anses para cruzar sus datos con los del organismo. Una vez realizado este paso, se les notificó mediante mensaje de texto el día del cobro para retirar en la sucursal bancaria más cercana a través de cajero automático. En este punto, Gonzalo Bouza, de 37 años, de Merlo, respondió: “Está un poco mal organizada. Tendría que tener un poco más de orden en las filas de los bancos”. Por último, Gastón detalló: “Tuvo sus baches. Es entendible por la cantidad de gente que lo solicitó. Calcularon que era mucho menor el número de personas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad laboral y pérdida de derechos. Las distintas formas de pago del primer IFE fueron buenas. La segunda es un poco más compleja. Por ejemplo, yo quedé sin posibilidad de hacer el cambio de domicilio del que figura en mi DNI, y para este nuevo pago presencial en banco estoy a 300 km (antiguamente residía en Ituzaingó). Tengo que ver cómo lo cobro. Aún no me han informado”.
La pandemia provocó la incapacidad de autosustentarse a 1.600 millones de trabajadores informales del mundo.
Hasta el mes de julio, los beneficiados, cobraron dos bonos referentes a los meses de abril y mayo. El tercer IFE (correspondiente al mes de junio) se cobró entre fines de agosto y principios de septiembre. ¿Qué tan importante sería que la ayuda económica se siga manteniendo para las familias compuestas por trabajadores no esenciales, o que han quedado desempleados, una vez que finalice la cuarentena? Rocío Parra reconoció: “Me parece importante que se siga sosteniendo de manera prolongada, ya que no es que se levanta la cuarentena y todos empezamos hacer vida normal. Hay trabajos que van a empezar después de otros y considero que hay mucha gente que perdió su trabajo lamentablemente por empresas que cerraron, otros que no pudieron sostener sus Pymes, y va a ser difícil retomar la rueda de la economía. Mucha gente va a estar buscando trabajo y el IFE es una buena manera de ayudar a la gente. Es necesario, primero, para que se active la economía y, segundo, es un incentivo para empezar de nuevo desde abajo para retomar el país que una vez tuvimos”.
Sin dudas, la problemática de reconstruir puestos laborales para tanta gente será de los desafíos más arduos para el Gobierno. Gastón, desde Lezama, respondió: “Sería bueno que siga hasta que se genere la posibilidad del trabajo formal. Va a ser muy difícil encontrar un mercado laboral bueno después de toda esta situación tan compleja”.
Sep 11, 2020 | Comunidad, Novedades
El país se debate entre la flexibilización de la cuarentena y el aumento de casos de pacientes con Covid 19. En algunas jurisdicciones se producen rebrotes que obligan a retroceder de fase en la cuarentena. En la Provincia de Buenos Aires, coexisten 135 municipios con realidades distintas: 43 en fase 3, 67 en fase 4 y 25 en fase 5. Del primer grupo, el partido de General Pueyrredón transita una “situación crítica”, de acuerdo a declaraciones de los gremios de salud.
La suba de casos en Mar del Plata, la ciudad más populosa del distrito, exige al personal sanitario. Matías Olmos, médico intensivista del Hospital Privado de Comunidad, afirma: “Vivo más horas en el hospital que en mi casa”. La situación modificó el trabajo diario: “Cuando no teníamos tantos pacientes respiratorios graves, era mucho más holgado. Esto implica un estrés inevitable, no solo por el paciente, sino también por la contención de su familia. Hoy la familia de un paciente con Covid que está aislado, no lo ve por 14 días, y eso si no está grave. Y uno tiene que ser el apoyo y los ojos de la familia. Todo eso desgasta, cansa, dormís poco o mal, lo cual se ve reflejado en el rendimiento a lo largo del tiempo”.
Hace unos días, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva emitió un comunicado en el cual puso de manifiesto la fatiga por la saturación de los recursos. Se trata de una especialidad que siempre contó con pocos profesionales capacitados. Según Olmos, “una de las cosas que puede llegar a limitar la existencia de intensivistas son las situaciones estresantes con las que uno puede convivir. El paciente grave requiere cuidados de manera rápida, intensiva, multimodal, de enfermeros y kinesiólogos y muchas veces de soportes extra. Otra cuestión es estar constantemente expuesto a la muerte o a las situaciones más vulnerables que pueda tener un paciente. Además, el régimen de trabajo y la remuneración que no es acorde a todo lo que implica”. Por otra parte, pocas universidades contemplan la terapia intensiva en la formación. “El intensivista elige la especialidad porque tuvo algún contacto con alguien que le dijo cómo era o fue a un hospital y vio la terapia”, puntualiza el médico egresado de Fundación Favaloro.
“Vivo más horas en el hospital que en mi casa”, dice Olmos.
Con los meses, el aplauso diario al personal médico se fue diluyendo y el #QuedateEnCasa fue reemplazado por un reclamo de la libertad, presuntamente coartada por las autoridades. Olmos opina que no hay que culpar a los dueños de los comercios que abren ni a la gente que busca retomar sus actividades, sin embargo, señala la contradicción: “No podemos estar hablando de que hay pocos intensivistas por cama, y a la vez de que hay gente que se junta a comer asado o a ir a un bar de manera relajada. El agradecimiento pasa por tener los recaudos de la distancia, el lavado de manos y el uso del barbijo cubriendo nariz y boca. Uno puede tener más o menos empatía con el aplauso de las 21, pero lo primordial del apoyo es que la gente entienda que hay que cuidarse”. Olmos destaca el trabajo de las enfermeras, quienes son la “primera línea de batalla” y están más expuestas al contagio.
Florencia Sacco es una de ellas. Se desempeña en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Municipal de Chivilcoy desde hace seis años: “En Enfermería ya éramos pocos, siempre tuvimos que hacer horas extra, pero ahora se bajaron muchos compañeros por ser personal de riesgo. El plan de contingencia que hizo el hospital para tratar de que se trabaje en equipos diferenciados, servía hace dos meses, cuando teníamos pocos pacientes. Ahora llueven los casos”. Además, remarca que estar “continuamente al lado del paciente” conlleva un riesgo mayor para los trabajadores.
Para Sacco, “el personal de salud tiene la fatiga de toda la gente, más el cansancio por vivir la pandemia desde adentro”, y enfatiza que lo más estresante es el miedo a contagiar a sus familiares. En este sentido, el grupo de Salud Mental del hospital formó un equipo con teléfonos abiertos para contener al personal que lo necesite, ya en el inicio de la pandemia. “Hay mucho miedo y angustia”, subraya.
“Los residentes y concurrentes hoy estamos sin pasar aun de año y sin tener aseguradas las rotaciones de los años próximos, por lo que es la formación lo que se pone en juego”. Leandro se hace un espacio para hablar durante la guardia. Es residente de tercer año (R3, como se conoce en el ambiente) de uno de los hospitales de agudos de la Ciudad de Buenos Aires. La situación es crítica para los profesionales que están cursando los ciclos de especialización, pero no es una novedad. Son históricas las demandas de este sector que, de acuerdo a las necesidades de cada momento, son considerados especialistas en formación o, como señala Leandro, trabajadores que “cubren baches de médicos de planta por falta de personal”. A fines del año pasado, tras una peculiar votación (que se llevó a cabo mientras miembros de los bloques opositores salieron a la puerta de la Legislatura para detener la represión de la policía a los manifestantes), se aprobó un nuevo régimen de residencias médicas que establecía una carga horaria de hasta 64 horas semanales, mientras que legitimaba la figura del concurrente en un régimen no remunerado. Una semana más tarde, a partir del paro y la movilización de los profesionales, la Legislatura debió dar un paso atrás y vetó la ley en forma unánime.
“No podemos decir que hay pocos intensivistas y a la vez hay gente que se junta a comer asado o a ir a un bar», dice Olmos.
El jueves 10 de septiembre se realizó una jornada de visibilización de reclamos de los trabajadores de salud en CABA, aunque aseguran que la situación en la provincia es similar. Además de solicitar que se garantice la formación de residentes y concurrentes, piden la apertura de paritarias y denuncian la falta de personal y la precarización. Leandro sostiene que el bono percibido por los médicos es una medida selectiva que “genera conflictos entre el personal de salud y enmascara el verdadero problema de los sueldos bajos y la falta de paritarias”.
El panorama no mejora al finalizar la residencia. A más de un año de haberse recibido de pediatra, Melina trabaja en cuatro establecimientos distintos, y en solo dos logró algún tipo de estabilidad: “Trabajo en dos hospitales privados, donde tengo una cantidad escasa, pero fija, de horas como monotributista. Tanto en el Cesac como en la guardia del hospital municipal hago suplencias. La idea es que se abran puestos, pero no hay nada seguro”. Tras más de una década formándose, espera, como tantos contratados y residentes recibidos, el pase a planta y la ansiada estabilidad.
Según Melina, la pandemia sacó a relucir faltas tanto a nivel edilicio como de personal. “Eso conllevó muchos problemas, demoras innecesarias, protocolos mal armados. Si bien uno tiene un protocolo para vestirse en caso de que venga un paciente, a veces no se da el 100 por ciento de las condiciones para la limpieza ni para vestirse correctamente. Mucha gente también tiene miedo, y eso los paraliza y los predispone mal para el trabajo. La atención de los pacientes durante la pandemia requiere un tiempo más prolongado, se necesita un lugar cómodo para lavarse las manos y quitarse el equipo. Y eso no está bien armado, pero porque nunca se pensó un lugar con las condiciones necesarias, nadie esperaba una pandemia de este tipo”, afirma.
Su trabajo en el Cesac se divide en una semana activa y una pasiva, en la cual se hace trabajo desde el hogar. Durante la pasiva, Melina hace seguimiento de contactos estrechos, tanto de adultos como de chicos. La cuarentena funcionó, destaca: “Ahora los casos empezaron a subir porque estamos saliendo. Y que salgamos no significa que no hay más virus, sino que nos estamos empezando a exponer. Entiendo las flexibilizaciones, pero me parece que no están bien reguladas. En algunos comercios se respeta la distancia, en otros hay mesas pegadas entre sí, y se propicia el contagio. En las salidas a los parques, si bien están dadas las pautas, la sociedad no comprende bien lo que tiene que hacer, entonces hace lo que puede o lo que le sale, que no siempre es lo correcto. La mayoría de casos que llegan al hospital son personas que se juntan con amigos. Hace poco tuve que hacer el seguimiento de una familia de 14 personas que almorzaron juntas, por ejemplo”.
A Melina la pandemia también le toca personalmente. Recientemente falleció su tío Horacio, de 82 años, a causa de un cáncer agravado por el Covid. Los pacientes que fallecen por coronavirus no pueden recibir visitas. “Nadie merece morir de esa forma, aislado y sin poder despedirse”, se lamenta angustiada.
«No hay más virus, sino que nos estamos empezando a exponer», subraya Melina.
La crisis mundial evidenció el aspecto más crudo de la precarización del personal sanitario en el país. Enfermería es una de las profesiones de mayor riesgo de contagio, pero también de las más castigadas. La jornada de protesta del jueves 10 señaló también la necesidad de reincorporar la disciplina a la carrera sanitaria. En la Ciudad de Buenos Aires, como en muchas jurisdicciones del país, los enfermeros fueron excluidos de la categorización como personal de salud. Al igual que muchas de sus compañeras, Rosa divide sus horas entre el hospital público y el privado. “Los enfermeros están muy mal pagos, y eso implica que muchos tengamos varios trabajos y el agotamiento es peor”. También refiere que muchos establecimientos privados están tomando personal bajo la modalidad de contrato con monotributo, lo que profundiza la precariedad.
“Hay muchas bajas por compañeros contagiados, y eso nos sobrecarga de trabajo”, cuenta Rosa. A veces, y pese a tomar todas las medidas de seguridad, los pacientes asintomáticos contagian a los enfermeros, que manifiestan los síntomas días después. Por otra parte, denuncia la falta de insumos, tanto en el sector público como en el privado: “El tema de los camisolines es un lío. Según las autoridades, son reutilizables, y los mandan a lavar. Pero resiste a lo sumo tres lavados, en muchos lugares te los dan y parecen transparentes, y tienen las tiras rotas. Además, faltan cofias y botas”. Por estas y otras demandas, las enfermeras están organizando, junto con otros gremios de la salud, una movilización para el próximo 21 de septiembre.
La curva de contagios no cede. Aún no se sabe cuál será el pico de casos y la demanda de una mayor flexibilización de actividades amenaza con agravar la situación. Por decreto, el personal de salud no puede tomar licencia en lo que resta del año. Matías Olmos, el intensivista marplatense dice que no se la tomaría si pudiera, para no sobrecargar a sus compañeros. Camino a casa, después de otra jornada de trabajo extenuante, observa las olas bañando la Costa Atlántica. Hace meses que no disfruta de un paseo por la playa junto a su familia, pero “el hecho de tener contacto visual por 20 cuadras con el mar, aunque sea arriba del auto, en este momento es casi tan relajante como estar de vacaciones”.
“Los enfermeros están muy mal pagos, eso implica que tengamos varios trabajos y el agotamiento es peor”, explica Rosa.
Sep 9, 2020 | Comunidad, Novedades
El principal problema a la hora de determinar la eficacia del tratamiento de convalecientes para pacientes de Covid 19 es la necesidad de comparar entre dos grupos de pacientes. Un grupo debe ser tratado y el otro no para poder cotejar los resultados, pero la realidad es que nadie se inclina por no recibir el plasma que puede ayudarlo a curarse. Según explicó el médico infectólogo, Alejandro Fernández Garcés, esto genera un dilema ético: “No hay diez medicaciones para ayudar al paciente y comparar entre todas esas. En Argentina solo podés elegir darle plasma o no darle nada, por eso es éticamente complejo”.
Fernández Garcés está encargado de la atención de Covid-19 en la Clínica de Banco Provincia de la Ciudad de Buenos Aires, explicó que allí entre siete y ocho personas ya han recibido plasma. “Uno tiene la sensación de que ayuda porque el paciente viene haciendo fiebre todos los días y con bajas en la saturación de oxígeno y al ponerle plasma siente una mejoría y la fiebre calma. Entonces parece haber una utilidad, pero no podemos asegurarlo a ciencia cierta”.
En el campo científico lo novedoso fue el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Esta agencia autorizó recientemente su uso como tratamiento terapéutico. Las investigaciones concluyeron que al menos el 35% de los pacientes han evolucionado favorablemente luego de estudiar a 20.000 personas que habían recibido la transfusión de plasma. Antes, el tratamiento era utilizado solo bajo protocolo de investigación y en caso de emergencias.
Lo esencial para recibir el tratamiento es la cantidad de anticuerpos que circulan en el plasma donado y el momento de la enfermedad del paciente que los recibe. Esto es importante porque el objetivo es dar anticuerpos para neutralizar el virus, pero si la etapa viral terminó y el paciente se encuentra en una fase de respuesta inflamatoria, el plasma ya no tiene utilidad. Por eso cuanto antes se realice la transfusión mejor serán los resultados. Luis Cantaluppi, coordinador del Área de Plasma del Ministerio de Salud bonaerense señala la importancia que ha tenido este procedimiento: “Con una donación es posible que tres o cuatro personas puedan no pasar a terapia intensiva y evolucionar favorablemente. Esto es muchísimo, creemos que hemos bajado la mortalidad entre un 15% y un 20% –agrega el doctor-. El plasma evita la progresión de la enfermedad a periodos críticos, por lo tanto permite que el paciente que está con oxígeno no necesite un respirador y que los hospitales no estén colapsados”.
En Buenos Aires, solo se realizaron 700 donaciones y algunas de ellas pertenecen al mismo donante.
Actualmente existe mayor demanda de plasma que cantidad disponible en la Provincia de Buenos Aires. La gran mayoría de pacientes recuperados no dona y esto se ve reflejado en la cantidad de turnos libres para la extracción. Es un recurso escaso y limitado. En la provincia de Buenos Aires se han realizado alrededor de dos mil transfusiones y unas tres mil se concretaron en todo el país. Cantaluppi explica que de los miles y miles de pacientes que han padecido la enfermedad, solo contaron con 700 donaciones y algunas de ellas pertenecen al mismo donante que se ha acercado más de una vez: “Desde que empezamos hasta ahora siempre hubo escasez de plasma, son muchos pedidos y no llegamos a cumplir con todos. A veces son 60 los pacientes que piden por día y contamos con una producción entre 40 y 50 unidades de plasma”. Un solo donante permite obtener entre tres a cuatro unidades. Cantaluppi añade: “El gran problema es el límite de plasma que tenemos, esto hace que seamos muy racionales y no usemos de más porque si no muchos pacientes no tendrían”.
El infectólogo Fernández Garcés afirma que siempre que fue solicitado hubo donaciones disponibles en la clínica donde trabaja. Esto puede estar relacionado con que todos los pacientes recuperados son invitados a donar. Gabriela Soncin, abogada y donante, atravesó la enfermedad con algunas complicaciones que la llevaron a padecer neumonía bilateral y permanecer internada durante cinco días en el Hospital Güemes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después de ser dada de alta, investigó e insistió para donar plasma, porque entendía la situación crítica, pero nunca fue contactada desde ningún organismo del Estado para hacerlo. Entonces, cuarenta y cinco días después del hisopado positivo, se presentó voluntariamente en la Fundación Infant de la Ciudad de Buenos Aires para donar: “Mientras esperaba el resultado en el hotel no tenía nada para hacer salvo mirar tele y ahí hablaban de la utilidad del plasma. Decidí donar porque lo único potable de esta situación era poder ayudar a otros”.
Soncin se había contagiado junto a sus dos hijos. Su hija se acercó a donar, pero su hijo no quiso porque el año pasado sufrió un neumotórax y no se sentía cómodo “por supuesto nadie le insistió, es una decisión muy personal, pero no sabemos si tiene o no anticuerpos”. Esto se debe a que al donar plasma se realiza un análisis para determinar la cantidad de anticuerpos con los que cuenta cada persona. Cuando recibieron los resultados se sorprendieron: “Mi hija donó como yo, pero ella no tenía anticuerpos y yo tenía un montón. Menos mal que insistimos con tener los resultados porque si confiás que tenés inmunidad, capaz te descuidas un poquito”.
Cantaluppi señala que cerca del 20% de los pacientes que se acerca a donar no cuenta con anticuerpos. También explica que esto no significa necesariamente que puedan volver a contagiarse inmediatamente, ya que existen dos tipos de inmunidad. Una que se mide con el nivel de anticuerpos en sangre y otra que es de tipo celular, que no es medible porque se ubica en las células. Cantaluppi expresa: “Cuando el organismo se expone a un virus ya conocido se desencadenan dos respuestas, una inmediata que es la celular y otra más tardía, la de los anticuerpos. El virus entra por la nariz y si existió un contacto previo con la enfermedad probablemente las células de la mucosa nasal actúen rápidamente e inactiven el virus, pero esto no se puede medir”.
Aún no hay evidencia certera sobre si es posible que una persona se reinfecte, ni cuánto dura la inmunidad. Cantaluppi expresa: “Hay pacientes que poseen anticuerpos por cuatro meses y otros que han bajado rápidamente. El paciente que se acerca a donar tiene una cierta seguridad sobre si cuenta con una cantidad de anticuerpos circulante o no”. El doctor Fernández Garcés afirma que ya hay estudios que certifican la reinfección de pacientes con otras mutaciones que tuvo el virus a lo largo del tiempo: “Si pensás en la cantidad de millones de infectados que hubo en el mundo es difícil creer que no hubo reinfecciones, pero no lo podemos asegurar objetivamente todavía”. Fernández Garcés agrega: “Aunque el paciente se reinfecte algún grado de inmunidad generó anteriormente entonces seguro cuenta con algún tipo de protección”.
«A veces son 60 los pacientes diarios que piden plasma pero contamos con 40 o 50 unidades por día”, dice Cantaluppi.
Para donar no existe ningún tipo de contraindicación ni riesgo. Solo es necesario contar con una hora para responder un cuestionario y realizar la donación. No hay peligro de bajas de presión, ni se deben recuperar glóbulos rojos ya que el procedimiento solo extrae el plasma que es la parte liquida de la sangre, el vehículo que transporta a los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. A la hora de donar las mujeres son mayoría, Cantaluppi estima que es cerca del 65% y a su vez los hombres son quienes más necesitan del plasma siendo aproximadamente el 70% de los tratados.
Soncin duda seriamente volver a donar por miedo a perder todos los anticuerpos que generó: “Como no la pase bien con la enfermedad me da temor bajar la cantidad de anticuerpos, aunque no sé si está bien lo que estoy pensando”. Al respecto Cantaluppi asegura que esto no es posible: “Cada persona cuenta con 5 litros de sangre circulante de las cuales tenemos cuatro litros de plasma. Al donar solo extraemos 400 centímetros cúbicos, o sea un 10% del torrente sanguíneo total. El cuerpo velozmente lo recupera y los glóbulos blancos, que son los responsables de producir los anticuerpos neutralizantes, rápidamente lo hacen. Nadie se queda sin anticuerpos porque le saquemos una porción de plasma”.
El Gobierno Nacional promulgó en agosto la Campaña Nacional para la Promoción de la Donación Voluntaria de Plasma Sanguíneo. A partir de ella, el traslado de los donantes que no cuenten con transporte está garantizado y se les otorga una licencia especial a quienes estén bajo relación de dependencia. Quienes deseen donar pueden hacerlo comunicándose con el CUCAIBA al 0800-222-0101 en la Provincia de Buenos Aires. Y en la Ciudad de Buenos Aires existen varios hospitales habilitados que figuran en la página del gobierno porteño.
La donación de plasma es necesaria para poder mantener el sistema de salud sin saturarse y ayudar a los pacientes con el único tratamiento disponible. Cantaluppi enfatiza: “Donar es un gesto solidario y depende de que la gente se acerque, done su tiempo y su plasma. Si todos pensásemos que estamos en riesgo, que podemos cambiarle la vida a otra persona y supiésemos el valor que tiene donar, la historia y la cantidad de donantes sin duda seria otra”.
Sep 8, 2020 | Comunidad, Novedades
El conflicto entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se prolongó por más de 60 años y causó unos 8 millones de víctimas (entre muertos, secuestrados, desplazados y desaparecidos), llegó a su fin el 24 de noviembre de 2016, tras la firma de un acuerdo que llevó cuatro años de negociaciones, siempre con la férrea oposición de un sector de la derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
A poco de cumplirse el cuarto aniversario del acuerdo, los avances para su implementación no son los esperados debido a la poca visibilidad e importancia que le otorga a lo pactado en La Habana el gobierno del actual mandatario Iván Duque, quien alcanzó al poder mediante la fuerza electoral de Uribe, hoy en arresto domiciliario imputado por sobornos y fraude procesal.
En diálogo con ANCCOM, Víctor Barrera, politólogo y coordinador del área de Estado, Conflicto y Paz en el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), con sede en Bogotá, afirma que la ejecución del Acuerdo Final “no está involucrando activamente aquellos componentes genuinamente transformadores que están en el fondo del conflicto armado” y se ha convertido “en una segunda negociación de facto”.
El diálogo por la paz comenzó oficialmente en 2012 cuando el equipo negociador del entonces presidente Juan Manuel Santos se reunió en Oslo, Noruega, con representantes de las FARC. Más tarde, se trasladaron a Cuba, lugar donde se desarrollaron las negociaciones hasta 2016. Sin embargo, el acuerdo rubricado en septiembre de ese año, en el marco de una celebración festiva en la ciudad de Cartagena, fue rechazado al siguiente mes por los colombianos en un referéndum popular muy ajustado. Los promotores del no –sectores religiosos y políticos liderados por el expresidente Uribe– obtuvieron la victoria y lograron dejar en el limbo el Acuerdo Final.
Según Barrera, la dificultad para conseguir un consenso se debió a un dilema de legitimidad que consiste en que “la mayoría de los colombianos quieren la paz y están de acuerdo con que se implementen las reformas más estructurales en el campo y la política, pero la gente odia a las FARC. Y lo que ha hecho la derecha radical expresada en el Centro Democrático (la agrupación de Uribe) es capitalizar el sesgo anti-FARC de la población para atacar directamente los elementos más transformadores del acuerdo de paz”.
«La derecha capitaliza el sesgo anti-FARC de la población para atacar los elementos transformadores del acuerdo de paz».
Luego del rechazo popular, Santos convocó a la oposición para incorporar cambios a lo convenido y en noviembre de 2016 se volvió a firmar el Acuerdo Final en Bogotá. Aun así, la oposición mantuvo su resistencia y dos años después se convirtió en oficialismo cuando Iván Duque ganó las elecciones con un discurso de campaña que apuntaba a realizar cambios al acuerdo y con el eslogan “paz sí, pero no así”.
El acuerdo está organizado alrededor de seis puntos: desarrollo rural; oposición política y participación ciudadana; fin del conflicto armado; narcotráfico y cultivos ilícitos; reparación a las víctimas; y, por último, implementación.
En cuanto a la Reforma Rural Integral, se estableció solucionar la exclusión histórica del campesinado y los problemas surgidos a partir del despojo de tierras que sufrieron los desplazados por la violencia y cuyos títulos de propiedad pasaron a manos de terratenientes y narcotraficantes. Asimismo, se dispuso una transformación del campo para estimular la formalización, la restitución y la distribución equitativa del suelo acompañado de un desarrollo rural con recursos del Estado destinados a proveer servicios públicos, educación, salud, recreación, infraestructura, alimentación y bienestar a la población.
Barrera señala que el partido de gobierno se opone rotundamente a una reforma, aun cuando lo que está incorporado en el acuerdo “no es una reforma revolucionaria, sino una reforma parcial que lo que quiere es garantizar algunos derechos de propiedad para un segmento de la población campesina”.
En 2016, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmaron el histórico acuerdo de paz que pone fin a más de cinco décadas de conflicto armado.
Con respecto al punto de la participación política, se decidió trabajar en una apertura democrática para que nuevas fuerzas fortalezcan el pluralismo y que la guerrilla deponga las armas. El objetivo es evitar el uso de la violencia como método de acción política y proteger el ejercicio de la oposición de los hostigamientos de grupos paramilitares.
Para ello, se acordaron garantías a organizaciones y líderes sociales, y además se resolvió que cada una de las zonas afectadas por el conflicto tuviera una banca en la Cámara de Representantes (equivalentes a nuestros diputados) como medida de integración, reparación y construcción de paz. Pero estas 16 curules todavía no han sido asignadas debido a la impugnación de la derecha que ha criminalizado esos territorios.
El enfoque de seguridad humana prometido en el acuerdo ha sido incumplido por Duque. El principio básico de garantizar la vida de líderes sociales, excombatientes y de comunidades a través de una intervención activa de estos sectores en la toma de decisiones de las políticas de seguridad, no ha sido tal, sostiene Barrera. “Lo que ha hecho este gobierno es limitar cada vez más la participación de organizaciones y comunidades y lo que hemos visto es un incremento en el asesinato de ex combatientes y de líderes sociales”, agrega.
«Hemos visto es un incremento en el asesinato de ex combatientes y de líderes sociales”, dice Barrera.
La violencia política en Colombia se remonta a los enfrentamientos que en la década del 40 protagonizaban seguidores de los dos partidos que se disputaban el poder, el Liberal y el Conservador. En 1948, el asesinato del líder liberal y candidato a la presidencia Jorge Eliecer Gaitán, provocó el levantamiento popular conocido como El Bogotazo, que se extendió por todo el territorio del país. El Estado reprimió duramente a los grupos insurgentes. Este fue el inicio de la escalada bélica en Colombia. La fundación de las FARC data de 1964, luego de una ofensiva militar contra una comunidad autónoma creada por grupos armados y ubicada en la selva denominada como República de Marquetalia. Uno de los campesinos que lideró la defensa fue Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, quien se convertiría en uno de los comandantes de las FARC.
A más de 50 años de estos hechos, uno de los propósitos cruciales del acuerdo de paz era el cese de la acción armada entre la guerrilla y las fuerzas del Estado, para lo cual se impulsó un proceso de entrega de armas, verificada por una comisión de la ONU. Además, se adaptaron zonas transitorias para agrupar de manera segura a los guerrilleros, previo paso a su incorporación como civiles. En función de esto, las FARC se transformaron en un partido político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con cinco bancas en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.
Pese a la intención del gobierno de Duque de imponer un discurso en contra de los resultados positivos del acuerdo, Barrera opina que en ningún proceso anterior con las FARC hubo una desactivación total del aparato de guerra, estructura y componentes básicos del grupo guerrillero. Destaca la verificación hecha por Naciones Unidas que certificó la entrega de una proporción de armas que no se había dado en ningún proceso de desmovilización en Colombia. De los más de 13 mil excombatientes que están acreditados por el Gobierno, apenas a 600 les ha perdido el rastro, sin que eso signifique que hayan vuelto a las armas. En este punto, subraya Barrera, es donde más se ha avanzado, aunque aclara que “más que un cumplimiento adecuado por parte del Gobierno, es un cumplimiento de las FARC”.
A raíz de que el narcotráfico ha financiado el conflicto interno en Colombia, se acordó en el punto cuatro una solución al problema de las drogas. Se constituyó un programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en los territorios afectados y, además, otro para la prevención del consumo. A su vez, el grupo guerrillero se comprometió a no continuar con el negocio y a dar información sobre las rutas del tráfico.
Sobre este punto, Barrera considera que se está anteponiendo una agenda contraria al acuerdo debido a que el Gobierno insiste en las aspersiones con glifosato y las erradicaciones forzadas, a pesar de que los niveles de resiembra de cultivos ilícitos en los municipios donde se han firmado estos acuerdos voluntarios de sustitución, son ostensiblemente menores.
Con relación a las víctimas del conflicto, el acuerdo dispuso la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición como espacio a donde el Estado y las FARC acudirían para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como marco jurídico para investigar y juzgar a los responsables. Esto se haría a través de penas alternativas de acuerdo al reconocimiento de verdad y responsabilidad de los involucrados.
Este punto ha sido el más atacado por el partido de gobierno “porque les resulta inconveniente que se conozcan muchas de las verdades del conflicto armado”, afirma Barrera. “Lo que quieren introducir es que haya unos magistrados que juzguen por separado a los militares y no haya una sola sala que juzgue a todos. Eso es básicamente abrir la puerta para nuevos niveles de impunidad y para ocultar la responsabilidad que han tenido, no solamente las Fuerzas Armadas, sino los que en su momento fueron sus jefes”, asegura.
“Las víctimas –añade Barrera– viven en entornos donde están siendo revictimizadas y por ello están enfrentando grandes dificultades para que sus derechos a la verdad, a la justicia y a la no repetición sean efectivos. Recientemente, la JEP había expresado una preocupación alrededor del tema, de la dificultad que tienen muchas víctimas en los territorios para participar en estos procesos, pero también la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, precisamente porque no existen condiciones de seguridad”.
El futuro del acuerdo no parece prometedor. Igualmente, el blindaje institucional y el control político con el que está dotado, han impedido la avanzada que el gobierno de Duque y su espacio pretenderían. “La paz que intenta implementar Duque es minimalista”, ironiza Barrera.
“El escenario no es el más alentador y puede tornarse mucho más crítico, teniendo en cuenta que este Gobierno va a contar con mayorías que no tuvo en los dos años anteriores, porque se ha podido recomponer a través de prebendas clientelistas con otros partidos que no se habían sumado a la coalición, y esto le permite ampliar el margen de maniobra en el Legislativo para adelantar aquellas reformas que puedan ir en contravía de la implementación, o simplemente bloquear aquellas que estén en línea con el espíritu reformista del acuerdo de paz”, concluye.
