Jul 26, 2017 | Trabajo
El ajuste que aplica el gobierno afecta también a los medios de comunicación. En los casos del diario Página 12 y de Radio Del Plata lejos de caer sobre los dueños, perjudica a sus trabajadores. Pago de salario en cuotas y con demora, adeudamiento de aguinaldos y retraso en el pago de haberes previsionales son los mayores problemas con los que deben lidiar, por lo que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) exige una solución inmediata.
Tanto Página 12 como Del Plata tenían afinidad editorial con el kirchnerismo, que distribuía la pauta oficial de manera diferente a la que lo hace el gobierno encabezado por Mauricio Macri y permitía que hubiese medios que se sostuvieran con ese ingreso primario. Fernando Dondero, secretario general de Sipreba, destacó esto como uno de los disparadores de la crisis y dijo: “Se da un quiebre con la gestión de Cambiemos y cómo manejan la pauta oficial”. Además, en el caso de Del Plata agregó: “La radio recibía bastante dinero porque tuvo un uso político”.
Aparte de secretario general, Dondero es delegado de Sipreba en Página 12 y en ese rol expresó que, si bien tienen trato con los directivos del Grupo Octubre, de Víctor Santa María (titular del sindicato de porteros y del Partido Justicialista porteño), no responde a sus demandas. “La patronal está abierta al diálogo, pero no se soluciona el problema. Con quién más nos reunimos es con el director ejecutivo del grupo, Francisco Meritello”, afirmó.
Reclamo salarial de los trabajadores de Radio Del Plata.
Ana Paoletti, otra delegada de Sipreba en Página 12, contó que hace dos semanas se canceló el aguinaldo pagado en cuatro cuotas y también se solucionó la falta de viáticos para los fotógrafos que los llevó a hacer un paro el 7 de julio. Sin embargo, aún tienen reclamos sin respuesta y destacó: “Deben pagar un 12% de aumento correspondiente al insuficiente acuerdo que hicieron con la UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires) del 20% firmado en mayo (se dará en tres cuotas) y es retroactivo desde ese mes hasta hoy, pero no lo han hecho. Además, se comprometieron a blanquear a los compañeros del portal digital Diario Z y que dependan de Página/12 desde agosto”.
Paoletti dijo que los problemas se desataron el año pasado a partir del pago diferido de sueldos y aguinaldo en cuotas y relató que el Ministerio de Trabajo los convocó varias veces, pero no les ofrecen soluciones concretas. Debido al conflicto, han tomado distintas medidas de fuerza. “Hemos hecho paros, ediciones con retiro de firmas, una mateada en la puerta y hay asambleas constantes”, expresó. Además, marcó que la primera semana de agosto deben pagarles los sueldos y saldarles lo adeudado, “si no cumplen, vamos a seguir con los reclamos hasta que brinden una solución real”, añadió.
La situación en Radio Del Plata es un poco más compleja. Desde diciembre de 2015 se iniciaron las irregularidades, con el pago en cuotas de los salarios. Al principio, si bien fraccionaban el sueldo, pagaban su totalidad dentro del mes, pero a partir de febrero de este año reina la incertidumbre y los trabajadores no saben cuándo van a cobrar. Se les adeudan tres meses de salario, dos aguinaldos, hay falta de pago de haberes previsionales y de obra social que llegan al año. Este último ítem constituye un delito penal, pero pareciera no ser tomado en cuenta.
“La patronal está abierta al diálogo, pero no se soluciona el problema», dijo el delegado de SipreBa.
El miércoles pasado hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo para exigir que intervengan y les den respuestas a los trabajadores damnificados. En esa reunión, los dueños se comprometieron a pagar algunas deudas, pero no han cumplido. “La patronal alega que busca compradores para la radio y que se hagan cargo de la deuda porque no tienen dinero”, dijo Dondero.
La empresa responsable de Del Plata es Electroingeniería, de Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta. Legalmente, el dueño es el Grupo Empresarial Argentino S.A. que componen Sebastián Ferreyra, Santiago Acosta, hijos de los ya citados, y otros accionistas minoritarios como el Swiss Medical Group, de Claudio Belocopitt, y Marcelo Tinelli.
Los 150 trabajadores de la radio (entre contratados y efectivos) esperan una definición de la situación de una emisora que parece agonizar. Paros rotativos y que no salga la programación completa son algunas de las medidas de fuerza que se han tomado durante el conflicto. “Del Plata llegó a ser cuarta en cantidad de oyentes y esto la afectó. Se le fueron conductores, columnistas y se achicó el personal porque algunos se consideraron despedidos por falta de pago”, expresó Dondero.
El viernes pasado otro conflicto gremial de prensa se hizo público, cuando se viralizaron las imágenes de un ruidazo en la redacción del bisemanario Perfil, la forma que utilizaron los periodistas de reclamar el pago atrasado de su aguinaldo.
El secretario general de Sipreba alertó que hubo 1.400 despidos en el área de prensa en la ciudad y 2.500 en el país durante los últimos dos años. “Hay peligro de que se pierda el pluralismo y se escuchen solo unas pocas voces. Sin trabajo no hay libertad de expresión”, reflexionó.
Actualizada 26/07/2017
Jul 19, 2017 | Comunidad
El antiguo Mercado de San Telmo está sufriendo modificaciones edilicias y culturales, a pesar de haber sido declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2000. Los vecinos están preocupados por el presente y el futuro de un lugar emblemático de Buenos Aires.
Los vecinos de San Telmo crearon una página de Facebook “San Telmo – El Mercado NO es un Shopping” para defender entre todos la integridad del Mercado y de sus trabajadores ante el avasallamiento de quienes son dueños desde 1978, la familia Delait. La consigna “el Mercado no es un shopping” surgió a partir de la circulación de un proyecto que pretende convertir al lugar en un polo gastronómico que ni siquiera sería de comidas tradicionales argentina, sino que estaría conformado por cadenas extranjeras.
“Nos enteramos al principio como un rumor pero enseguida comenzamos a ver los cambios físicos. De repente, vimos instalarse muy bien en el centro del Mercado un puesto de café chiquito que se llama Coffe Town, donde antes funcionaba un puesto de flores, y en poco tiempo comenzó a expandirse comprando otros locales, llegando a ocupar casi toda un ala del mercado. El pasillo también fue copado por las mesas y sillas del local, por donde antes podía transitar la gente. Para que Coffe Town se apropie de estos espacios fue necesario desplazar a comerciantes que desarrollaban sus actividades desde hace 30 años”, cuenta Juan D´ambrosso mientras recorre el Mercado.
El antiguo Mercado de San Telmo está sufriendo modificaciones edilicias y culturales.
Coffe Town fue el primero pero no el último local que comenzó siendo un pequeño negocio para luego avanzar sobre los antiguos. Sobre Carlos Calvo se levantó una panadería francesa llamada Merci. La esquina que ocupó funcionaba como basurero, había volquetes donde todos los puestos tiraban sus residuos. Ahora tienen que salir a la calle y usar los contenedores del Gobierno de la Ciudad. Pero todos los comerciantes y vecinos tiran la basura ahí, a la media mañana ya se llenan, lo que provoca la acumulación, olores fétidos y la presencia de roedores. Merci empezó siendo una panadería, actualmente abrió un bar y un patio de comidas. No le bastó con adquirir otros locales para su expansión, ahora está construyendo una segunda planta. Juan denunció que en el entrepiso pusieron un tanque de agua y dijo que eso no solo está prohibido, sino que es peligroso. Así como ésta hicieron varias modificaciones, rompieron unas piletas grandes que había en el lugar para que las verdulerías lavaran la mercadería, las parrillas, los platos y cubiertos. “No existe más nada, lo tiraron todo abajo. Esas piletas estaban desde que se inauguró el Mercado, Ahora los demás comerciantes no tienen donde ir a lavar”, expresó con indignación Juan.
La Ley 27103 de Monumentos y Lugares Históricos establece que los bienes protegidos en los términos de esta ley no podrán ser vendidos, ni gravados ni enajenados por cualquier título o acto, ni modificado su estatus jurídico, sin la intervención previa de la Comisión Nacional.
Juan reconoce dos estrategias llevadas a cabo por la administración del Mercado para concretar su negocio inmobiliario. Por un lado, dice que les aumenta las rentas todos los meses. “El jueves me encontré con el ayudante del carnicero y me contó que les aumentó a 3.000 pesos la luz. Tal vez ellos puedan pagar, pero algunos locales que venden menos, como el de antigüedades, que no ganan lo suficiente, no sé cómo van hacer”. La administración aumenta los impuestos todos los meses porque no existen contratos ni nadie que los regule. Maggie Hermosilla, española, vecina de San Telmo, dijo que una mesera le comentó que venían pagando 400 pesos de expensas, pero que este mes les cobraron 1.200 y que para pagar tuvieron que aumentar la cantidad de días de trabajo.
La otra estrategia es la mudanza de puestos, que Juan califica como una estafa. “Movieron un local de choripán al paso, que funcionaba en el mismo espacio desde hace 18 años, a otro lugar que queda, en el mismo Mercado, a la vuelta donde se encontraba una verdulería. La excusa era que en el primer local la hija del dueño iba a instalar un bar, lo que no ocurrió. Para el traslado al parrillero y al verdulero les cobraron 30.000 pesos para reubicarlo, con la excusa de que quedarían en un local más grande.
Una vecina de San Telmo, que pidió reserva de su identidad, contó que hay un almacén que está hace treinta años en el Mercado, y está siendo hostigado por el Gobierno de la Ciudad. “Vienen, lo clausuran y lo mantiene un tiempo cerrado. Estamos hablando de gente honesta que trabajó toda su vida en el lugar y que jamás tuvo problemas. Nos preguntamos por qué clausuran ese local y no le exigen a los nuevos que den ticket. La panadería Merci no entrega comprobantes de venta, no tiene baños propios, hay montón de cosas que tienen que estar en regla para que funcione como bar y no se están cumpliendo, pero sigue abierta. Eso nos lleva a pensar que hay una cierta protección hacia los locales nuevos, o bien un acoso de parte del Gobierno de la Ciudad a los antiguos puesteros”. Además, aclaró que no es que están en contra de los extranjeros, ella considera que el barrio es cosmopolita, con convivencia de gente de todos los lugares del mundo y eso es lo que lo hace interesante. “Cuando llegó la panadería francesa, todos fuimos a comprarle, pero cuando vimos que empezó a expandirse y desplazar a otros puesteros dijimos: ´Bueno, hay un límite´. Queremos que la gente del barrio no quede afuera. Hay un vecino del edificio donde vivo que les provee de carne al Mercado y que si desaparecen los puestos históricos, él se queda sin trabajo”.
El Mercado fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2000.
No solo se ve afectada la fisionomía del edificio sino el bienestar y la integridad de sus trabajadores. La dueña de una mercería que tiene 60 años tuvo que mudar ella sola su local que estaba bajo la cúpula, donde estuvo toda su vida, hacia las periferias del mercado, a un pasillo con escasa iluminación. Terminó exhausta y le dijo a Maggie: “Otra mudanza o aumento de alquiler no puedo soportar, si ocurre cierro y me voy”. Juan cuenta que al dueño de uno de los bazares le dio un infarto luego de que le notificaran que iban a dividir su local, es decir achicarlo para alquilar la otra mitad.
Maggie vivió buena parte de su vida en Europa y ha visto este mismo sistema de transformación en los mercados españoles. Ella sostiene que se está produciendo una segregación de los clientes locales, porque ya no pueden pagar los precios pensados para los turistas. Ver que ahora se está repitiendo ese proceso en Argentina, donde eligió vivir junto a su marido oriundo de San Telmo, le causa tristeza: “Yo soy inmigrante, pero me duele ver el deterioro de un lugar con tanta carga histórica y cultural. Me acuerdo que un día pasé por el Mercado y vi como estaban rompiendo con una masa los mármoles y me generó mucha impotencia”.
Juan explicó lo que siente cada vez que va al Mercado: “Es entrar y querer largarse a llorar. El Mercado era el lugar en donde iba con mi mamá a comprar todo. Tenías la carnicería, al lado la pollería, en frente la verdulería. Donde antes había treinta carnicerías, hoy solo hay dos. Yo llevo 69 años en el Mercado, cuando mamá estaba embarazada de mí, venía a comprar con Estercita, la madre del pollero, que ahora tiene 88 años”. Juan parece una celebridad, todos los saludan mientras transita por los pasillos del Mercado. “Los puesteros no quieren hablar, no reclaman, ni denuncian las irregularidades, porque tienen miedo de perder su fuente de trabajo, los entiendo. Sin embargo, me he peleado con muchos, porque sus abuelos y padres trabajaron su vida entera en el Mercado y ahora ellos se están dejando pisotear por la administración, están dejando que los corra sin hacer nada”, manifestó con rabia Juan.
“El Mercado es de todos, hay una parte histórica, cultural y social que trasciende a los puesteros. Por eso salimos a defenderlo, aunque los comerciantes no quieran hablar. Se está perdiendo el alma del Mercado de San Telmo. Si antes se servía locro, choripán y asado, ahora comes `boeuf bourguignon´ escuchando una radio francesa”, dijo Maggie mientras pasaba por Merci.
Los vecinos están preocupados por el presente y el futuro de un lugar emblemático de Buenos Aires.
Irregularidades y problemas edilicios
Maggie contó que el miércoles mientras hacía las compras se cortó la luz. “Están poniendo locales que necesitan una mayor cantidad de energía y las instalaciones del edificio no están preparadas. En cualquier momento puede haber un incendio”, agregó. Juan dijo que el sistema eléctrico es muy antiguo y está en pésimas condiciones, por lo cual estaría colapsando.
Cuando a los franceses le dieron la habilitación para abrir Merci hubo un problema con el gas. El dueño de Merci le contó a Maggie que estuvieron a punto de explotar, porque los que le pusieron el gas lo hicieron mal. Sumado a estos problemas de instalación eléctrica y de gas, aparece la cuestión de los baños: solo existen dos, uno de mujeres y otro de hombres compartido por todos los locales y visitantes.
Según Maggie se está produciendo una gentrificación en San Telmo, es decir que se está dando la compra de edificios históricos por parte de grupos que poseen un gran poder económico y están cambiando poco a poco la fisonomía del barrio, expulsando a los habitantes históricos. Para ella el Gobierno es cómplice, ya que los organismos que tienen que regular y controlar que se cumplan las reglas y normas de sanidad, que haya una instalación eléctrica y de gas apropiadas, que haya contratos que protejan a los trabajadores, que se den recibos de alquiler y facturación para los clientes, no lo están haciendo. “No solo pasa con el Mercado, en el barrio han aparecido muchos carteles de venta en edificios y locales, falta que nos pongan un cartelito a nosotros”, ironizó Maggie.
No solo se ve afectada la fisionomía del edificio sino el bienestar y la integridad de sus trabajadores.
La primera vez
El desplazamiento de los antiguos comerciantes empezó hace cuatro años con un bar notable “La Coruña”, actualmente sigue en funcionamiento bajo el mismo nombre, pero según sus más antiguos clientes cambió su estilo y esencia. El espacio que se encuentra en la esquina de Estados Unidos y Bolívar fue fundado por la familia Moreira cuando recién llegó de La Coruña, España, y se instaló en San Telmo hace 60 años. Vivían en un altillo, arriba del bar. “Yo iba ahí cuando tenía 6 o 7 años. Con Carmen, la hija de los dueños, prácticamente nos criamos juntos”, contó Juan. Ella siguió con el negocio familiar después de que fallecieron sus padres. Juan recordó con una sonrisa una anécdota de ese lugar: “Una noche Manu Chao visitó el bar y se puso a tocar la guitarra. Carmen lo echó por ruidos molestos. Cuando los clientes le advirtieron que a quién acababa de echar era Manu Chao ella les respondió, y qué, yo soy Carmen Moreira. Era una persona muy querida en el barrio, con un carácter muy fuerte, por eso podía llevar adelante a La Coruña”.
En el 2013 la administración le aumentó el alquiler en un monto tal que la obligó a cerrar. Además del aumento le exigió hacer una serie de reformas cuyos gastos correrían por cuenta de ella. “Era un bar que tenía mucha historia arquitectónica, cultural y social para el barrio, era un lugar de encuentro”, expresó Juan. Fue declarado notable por el Gobierno de la Ciudad. “Los vecinos quedamos muy tristes, atónitos y amargados. A los ocho meses del cierre, Carmen falleció. Sé que murió por eso, fue un golpe muy duro”, asevera Juan, con tristeza.
La Coruña se transformó en un restaurante que nada tiene que ver con la gastronomía que caracterizaba al lugar, actualmente sirven comida vietnamita. “Modificaron la estética tratando de poner algo antiguo en un lugar que no lo necesitaba. Los nuevos dueños del local abrieron una nueva puerta y tiraron abajo el altillo, no sabemos si tenían autorización para hacerlo. Estos cambios hablan de un descuido por parte de las autoridades, los declaran lugares notables, pero nadie los defiende de estos arrebatos. Entonces nos queda pensar que lo hacen por publicidad o marketing”, concluyó la vecina que pidió reserva de identidad.
Actualizada 18/07/2017
Jul 13, 2017 | Trabajo
Un gendarme por cada trabajador despedido. Más de 500 efectivos de la Gendarmería desalojaron con un violento operativo a los empleados de la planta de Pepsico de Vicente López que reclamaban por sostener su fuente laboral. Macehatazos, gases, barretas, golpes por doquier en una nueva muestra represiva que ya es marca registrada del gobierno de Cambiemos: hace unos días, con igual metodología, desalojaron a los movimientos sociales que manifestaban en la 9 de Julio y a integrantes de pueblos originarios que reclamaban por la detención de uno de sus referentes frente a Tribunales.
Esta vez, la Gendarmería ejecutó la orden que dio la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentaste. Numerosos trabajadores quedaron lastimados, otros fueron detenidos a la rastra y, con saña, los efectivos desmantelaron las carpas que los despedidos habían montado para ocupar el predio a la espera de la reincorporación.
Los días previos a la represión
“Con motivo del cese de operaciones de Planta Florida y la relocalización de su producción en otro establecimiento (…), se comunica al personal que queda transitoriamente liberado de prestar servicios manteniendo el goce de haberes”. Palabras más, palabras menos, este es el comunicado con el que se encontraron los trabajadores de la central de Vicente López de PepsiCo, el 20 de junio pasado. Una hoja blanca, trazada por seis líneas y colgada en la puerta de la instalación, hacía saber la decisión de la empresa, sin previo aviso. “Es fuerte encontrarte con un cartelito, con las persianas bajas, en un feriado”, cuenta Martín Olivetto, uno de los despedidos. “Fue bastante sorpresivo y me pregunté qué iba hacer. Sentí mucho miedo al principio”, asegura Patricia Mora, delegada de la comisión interna, sobre el cierre de la planta de PepsiCo en Florida.
“Lo único que queremos es trabajar”, comentan los trabajadores despedidos en el acampe en la puerta de la fábrica.
La planta, ubicada en Posadas y Roca, es una más entre tantas que caracterizan la zona. Las calles que la conforman dan muestra de una ciudad fabril: furgonetas que cargan y descargan mercadería, ciertas oleadas de humos que se pierden por el aire y nada de comercios. Luis Medina, uno de los delegados de los trabajadores de PepsiCo, sostiene: “Cuando me enteré de la decisión, sentí una total indignación y preocupación. Hace 23 años que estoy acá así que me puse a trabajar con los compañeros para contenerlos y organizarnos. Nunca habíamos tenido una situación como la que estamos viviendo. Por todo lo que represento, tengo que garantizar que todos mis compañeros estén con la moral bien alta para seguir dando esta pelea”. Se nota en el semblante de Luis la fortaleza de la que está hecho como buen representante. Mientras relucen sus sensaciones sobre el conflicto, en la esquina de Posadas y la callecita Justo José de Urquiza, algunas operarias desayunan en una de las carpas montadas delante de la fábrica. En la mesa, hay galletitas al tiempo que un mate pasa de mujer en mujer. “Lo único que queremos es trabajar. Nos organizamos para garantizar la presencia en los portones durante todo el día. Seguimos trabajando en pos de que la fábrica vuelva a abrir sus puertas”, comenta Medina.
Todos los perjudicados por el cierre de la central solo quieren una cosa: trabajar. Saben que la indemnización del 200 por ciento por muy jugosa que parezca, es, al fin de cuentas, pan para hoy y hambre para mañana. “No queremos el arreglo supuestamente fabuloso que (Rodolfo) Daer piensa. La plata no te dura nada y en esta situación, menos. Solo queremos trabajar”, explica Patricia. Es que Rodolfo Daer, Secretario General del Sindicato de la Industria Alimenticia (STIA), pactó con la empresa la resolución del conflicto, cerrando cualquier posibilidad de lucha con PepsiCo. Medina y todos los despedidos también coinciden en el análisis: el cierre es político. “Siento indignación y bronca por la patronal, por el gobierno de turno, porque el Ministerio de Trabajo dejó correr el preventivo de crisis, que la empresa lo debería haber presentado treinta días antes, con los compañeros trabajando”, dice el representante gremial.
La planta, ubicada en Posadas y Roca, es una más entre tantas que caracterizan la zona. En la foto, la basura que se acumula en las calles.
Para los despedidos, el trabajo lo es todo. Así lo hace saber Patricia: “Tenía mi vida organizada y de la noche a la mañana, me cambió todo. Tengo una bebé de diez meses y una nena de quince años; al estar separada de mi marido, soy sostén de mi familia. Si llego a perder el trabajo, no podría sostener la casa”. Consultada por cómo vive la lucha, expresa: “Se hace difícil, tedioso, porque te comen los nervios y la angustia”. De fondo, su bebé llorisquea cuando es alzada por una compañera. “Antes cobrábamos guardería que nos ponía la empresa y ahora, de repente, no la tengo más así que tengo que andar con mi bebé a cuestas. De todos modos, otra no me queda porque soy sostén de familia, entonces necesito, sí o sí, mantener mi puesto de trabajo”, agrega la delegada.
Un patrullero se encuentra en el cruce de Posadas y Roca, frente a la puerta de la planta. De vez en cuando, un auto pasa por delante del acampe, situado a cuarenta metros de los policías, mientras que los trabajadores, vestidos todos con buzo polar azul, conversan en diferentes puntos de la concentración. “La moral entre los compañeros está muy alta, la solidaridad nos sube las expectativas. Todos los compañeros que se acercan a la planta nos dan fuerzas. Acá se necesitan dos cosas para seguir en vilo: moral y plata. Por suerte, se está recaudando bastante con los festivales que organizamos”, señala Olivetto, el empaquetador. Martín tiene un hijo y como Patricia está separado y es el principal sostén de su familia. Además, no tiene casa asegurada porque alquila: “Es complicado quedarse sin plata porque uno necesita para comer y para alquilar la vivienda”, indica con tono pausado. “No tener casa es una presión que te come la cabeza todo el día”, enfatiza.
Son 600 las familias que quedarían en la calle de confirmarse el cierre de la planta de Florida. El objetivo de PepsiCo es trasladar toda la producción a la segunda sede de Buenos Aires, ubicada en Mar del Plata. Sin embargo, no hay razón para tamaña decisión y así lo cuenta Luis Medina: “Lo que están haciendo es subir los ritmos de producción, desdoblar el trabajo. Los compañeros y compañeras están dejando el cuerpo al lado de las máquinas, porque la de allá es una fábrica nueva, donde no tienen una cultura de organización gremial” y continua su explicación sosteniendo que “lo que quieren es abaratar costos en pos de los trabajos de los compañeros. La fábrica de Florida fue productiva hasta el día del cierre, así que materia prima hay. Está todo dado para que sigamos trabajando”.
Son 600 las familias que quedarían en la calle de confirmarse el cierre de la planta de Florida. El objetivo de PepsiCo es trasladar toda la producción a la segunda sede de Buenos Aires, ubicada en Mar del Plata.
El 7 de julio último, la patronal pidió a la justicia, mediante el fiscal Gastón Larramendi, que desaloje a los trabajadores de la fábrica. Para hacer frente a la situación, el sábado, los operarios de PepsiCo llamaron a una reunión con organizaciones para sumar apoyo a su lucha y reclamo. Desde la comisión interna se emitió un comunicado sobre el nuevo episodio: “Se trata de un pedido temerario de una empresa que está en la ilegalidad más abierta y que ya fue denunciada por lock out ofensivo, vaciamiento y discriminación”. Además propusieron movilizarse hasta el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro, a cargo de la jueza Andrea Rodríguez Mentaste, para reclamar que no se acepte el requerimiento de desalojo del fiscal Larramendi. La madrugada del lunes 10 de julio, los despedidos de PepsiCo acompañados por organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales y diputados del frente de izquierda, entre otros, se movilizaron hasta Juzgado. La jueza los recibió pero se negó a otorgar las garantías para que el desalojo no sea violento. La noche del martes, un helicóptero comenzó a merodear la zona de la fábrica con un notable aumento de fuerzas policiales en el perímetro de la planta. Los trabajadores denunciaron que la jueza Rodríguez Mentaste ratificó que dará curso al desalojo en horas nocturnas, como lo solicitó el fiscal.
En este marco, los abogados de los trabajadores explicaron que la empresa cerró la planta de manera ilegal, ya que obvió la apertura previa del Procedimiento Preventivo de Crisis. Además, denunciaron la incompetencia de Rodríguez Mentaste, ya que es pública su amistad con el intendente Gustavo Posse y mantiene otras relaciones personales con funcionarios de Cambiemos. Lo más llamativo es que ahora, la excusa que la patronal utiliza para desalojar a los operarios, se basa en un supuesto peligro de contaminación dentro de la planta. Lo que resulta absurdo, porque de ser cierto, la misma empresa amitiría que hasta hace unos días estaba funcionando en infracción.
A pesar de la represión, los trabajadores aseguran que continuarán resistiendo y reclamando por recuperar sus puestos laborales. Los delegados, por su parte, denunciaron que en Córdoba se están importando productos PepsiCo de Chile, por lo que prosiguen con la ferviente campaña de “No comprar productos de PepsiCo”, lo que incluye marcas como Lays, Pep, Twistos, Gatorade, Mirinda, Doritos, Pehuamar, Pepsi y Paso de los Toros, entre otras.
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Mirá la fotogalería de ANCCOM sobre la concentración en el Juzgado de San Isidro para frenar la orden de desalojo sobre la planta:
Actualizada 13/07/2017
Jul 13, 2017 | Comunidad
Primero fue la represión a organizaciones sociales en la Avenida 9 de Julio, a metros del Ministerio de Desarrollo Social. Luego la violenta detención de manifestantes que reclamaban por la libertad de un referente mapuche frente a Tribunales.
En menos de dos semanas, ambos episodios conformaron una preocupante secuencia de disciplinamiento de la protesta social. Organizaciones políticas y sociales advirtieron sobre una “escalada” del accionar represivo de las fuerzas de seguridad. “Se dieron dos hechos muy claros de represión. Hay que preguntarse de dónde viene esta aparición fuerte de la Policía. Todo indica que hay un mensaje muy claro para que la gente se sienta intimidada y deje de marchar”, resumió Federico Efrón, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Los hechos
El miércoles 28 de junio varias organizaciones sociales fueron reprimidas por la Policía cuando se manifestaban frente al Ministerio de Desarrollo Social para exigir un plan de obra pública cooperativa, la declaración de la emergencia alimentaria, tarifas sociales en fábricas recuperadas, clubes de barrio y comedores, y la plena restauración de las pensiones por discapacidad, entre otros puntos. Gases lacrimógenos, balas de goma y hasta dos camiones hidrantes fueron las respuestas que recibieron Quebracho, la Agrupación Villera Piquetera y el Frente por la Dignidad Milagro Sala. Hubo varios heridos y la Policía detuvo por casi 12 horas a ocho personas, entre ellas dos menores. La fuerte presencia y el accionar de efectivos de civil fue la marca distintiva del amplio operativo de seguridad.
“Fue una cacería. Tenían el objetivo de reprimir”, subrayó a esta agencia Sabrina Roth, vocera del colectivo Frente por la Dignidad Milagro Sala. Y amplió: “Este modelo no sirve, no cierra, sin represión. No tiene otra respuesta para los sectores populares”.
Días más tarde, la Policía detuvo a siete manifestantes por reclamar la liberación del jefe mapuche de Chubut, Facundo Jones Huala. La manifestación frente a Tribunales estaba integrada por no más de 40 personas que, para visibilizar el reclamo, quemaron algunas llantas de goma. El justificativo de aquella represión fue que hubo “lesiones, intimidación pública y resistencia a la autoridad” por parte de este colectivo.
Manifestación frente a la Casa de Misiones en pedido de justicia por Victoria Aguirre y Selene Aguirre.
Argumentos
La referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María Carmen Verdú, puntualizó que estos hechos de violencia fueron “simplemente la continuidad de una avanzada que empezó hace un año y medio”. Además, resaltó que “la represión siempre se profundiza en épocas de crisis. No hay semana en la que no estemos denunciando tres cuatro hechos represivos”, puntualizó.
Verdú advirtió que los mecanismos represivos “no variaron tanto, sino que se profundizaron”. Y completó: “Se aplicaron de lleno y por completo herramientas que ya existían.”
Desde el CELS, Efrón mencionó que las represiones policiales van de la mano con los temas políticos y que pueden ir en aumento. Sin embargo, enfatizó en que “la Policía acciona de esta manera no sólo porque hay una decisión política, sino porque hay un Poder Judicial que lo permite.”
Para el abogado, “el problema no es de legislación, (que podría ser mejor, sin ninguna duda), sino de cómo se aplica la ley penal y cómo el poder político responde ante una protesta.”
Efrón subrayó que “protestar nunca puede ser un delito”. Y concluyó: “Quien corta una calle lo hace porque el Estado no lo escucha hace mucho tiempo y es un problema muy grave”.
Como contracara, el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, afirmó que no había ningún tipo de negociación posible o vía de diálogo» en ambos casos por lo que «se intervino con la Policía».
Las declaraciones de Ocampo fueron replicadas por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien avaló la represión. Para él “no había un reclamo claro”. El argumento también fue refrendado por la Casa Rosada. “Nunca nos quedó claro qué estaban pidiendo, por eso también nos dimos cuenta que no había una voluntad concreta de resolver la situación”, dijo la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, sobre el reclamo por la situación de 40 mil cooperativistas bonaerenses que quedaron desempleados en el último año y medio.
Marcha del día del periodista, desde el Obelisco al Congreso de la Nación.
Los y las docentes estaban armando una carpa itinerante para visibilizar su reclamo dando clases ahí y fueron reprimidos por la policía a la noche del domingo 9 de abril.
Actualizada 12/07/2017
Jul 5, 2017 | Trabajo
Los despidos continúan en Argentina de manera sistemática. A los casos emblemáticos de Sancor, AGR-Clarín, Banghó y Atanor, debe sumársele ahora el cierre de la fábrica de PepsiCo, ubicada en el barrio de Florida, Vicente López. Los seiscientos trabajadores de la planta se enteraron el 20 de junio pasado, sin previo aviso, del cese de sus actividades.
Ante la noticia, el plan de acción no se hizo esperar. Tanto los delegados de la comisión interna como los operarios optaron por tomar la fábrica. Después, el viernes siguiente temprano por la mañana, realizaron un corte parcial de la autopista Panamericana Ramal Campana para visibilizar el conflicto. Sin respuesta del Gobierno y con la complicidad de Rodolfo Daer, jefe del Sindicato de la Industria Alimenticia (STIA), quien sostuvo que no están dadas las condiciones para enfrentar la posición de PepsiCo, los trabajadores se concentraron en el Obelisco. “Estamos luchando por la reincorporación de nuestros puestos de trabajo ya que no es un cierre por quiebra. El cierre es político y sindical. Nos dejaron a nosotros en la calle, de un día para el otro”, dijo María, operaria en el proceso de fabricación de papas Lays.
La concentración, iniciada 7.30 de la mañana, pronto devino en un corte parcial de la avenida 9 de Julio.
A partir de las medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno Nacional, no solo los trabajadores del Estado se han visto perjudicados, sino también el empleo privado ha comenzado a percibir las consecuencias políticas. Alejandro es otro de los operarios que estuvo en la manifestación y quien, como los demás, coincide en el motivo del cierre: “Entendemos que es una cuestión política. La empresa comunicó que quiere seguir invirtiendo en Argentina pero que necesitan el cierre de esta planta, lo que no tiene un por qué. La planta es productiva y eso está demostrado”.
La concentración, iniciada 7.30 de la mañana, pronto devino en un corte parcial de la avenida 9 de Julio. El Metrobús funcionó con total normalidad pese que a metros la movilización se volvía cada vez más potente. Organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, centros de estudiantes y banderas políticas, colmaban la escena. Nicolás del Caño, precandidato a diputado nacional por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), estuvo en el reclamo: “El despido lo han hecho de manera ilegal, sin presentar el recurso preventivo de crisis. La legislación obliga a que en caso de despedir a una cantidad importante de trabajadores, se tiene que justificar la crisis previamente. Acá, ni siquiera se justifica, sabemos que tienen ganancias multimillonarias. No pueden demostrar ningún tipo de crisis”. También Myriam Bergman, abogada y precandidata a diputada nacional por el PTS, asistió a la concentración. En diálogo con ANCCOM, indicó: “El caso PepsiCo lo conozco de cerca, se han llenado los bolsillos todos estos años a costa de la salud y la vida de los trabajadores y, de un día para el otro, cierra, dejándolos en la calle. Siempre, en estos casos, lo que hay que destacar es que buscan reabrir en este mismo lugar o en otro, pero con condiciones laborales a la baja”.
Organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, centros de estudiantes y banderas políticas, colmaron la escena.
Pronto, el sol adquirió su protagonismo en la fría mañana. Ya era de día cuando las agrupaciones, con los trabajadores de PepsiCo a la cabeza, realizaron un rodeo por sobre el Obelisco, ante la atenta mirada de transeúntes y automovilistas. “No queremos más despidos, no queremos represión, para los trabajadores, ya la reincorporación”, cantaban los operarios de la planta de Vicente López, mientras la Policía de la Ciudad acompañaba la marcha desde sus márgenes. La comisión directiva AGTSyP (el sindicato del subte), la de Foetra (de los telefónicos), AGD-UBA, y seccionales de SUTEBA fueron algunas de las organizaciones que se solidarizaron con la protesta. “Venimos a apoyar a los trabajadores de PepsiCo ante el cierre fraudulento de la empresa y exigiendo la reincorporación inmediata para que vuelvan a trabajar”, dijo Pablo Iturrez, docente y parte de la conducción de SUTEBA Escobar, al tiempo que agregó: “Hay que ser solidarios, se trata de la solidaridad de clase y hay que hacerla efectiva, por eso estamos acá, acompañando la lucha”.
A las 9.30, Camilo Montes, delegado de la comisión interna, agradeció el acompañamiento de los diferentes sectores, a través de un megáfono. “Estamos de pie, junto a todas las organizaciones sociales. Llamamos a todos los trabajadores del país que también salgan a manifestarse. La CGT tiene la responsabilidad principal por no hacer nada, Daer nos traicionó y el sindicato, cuando reclamamos un paro, nos dijo que teníamos que aceptar la plata de la indemnización”, enfatizó Montes.
El control policial, siempre presente.
Luego, el corte en el epicentro de la Ciudad se transformó en una marcha hacia el Ministerio de Trabajo. Los operarios de PepsiCo encabezaron la incursión por Corrientes, mientras que la policía corría por ambas veredas, en su intento por llegar a la avenida Leandro N. Alem y bloquear el paso antes que ellos. Una vez llegada a la intersección entre estas calles, la movilización se desvió por Alem, en sentido hacia Retiro, costeando la larga fila de uniformados con escudos. Al llegar al Ministerio, se montó un acampe, esperando ser recibidos por las autoridades. “El día en que me enteré estaba en el cine con mi familia. Me avisaron en un grupo de WhatsApp, con una foto del cartelito que había pegado la empresa en la puerta de la planta. Fue un baldazo de agua fría porque me encontraba con mi familia y, de golpe, me di cuenta que me quedaba sin trabajo”, le contó Alejandro Sosa de PepsiCo a ANCCOM. María, otra de las perjudicadas por la medida, sostuvo: “Fue muy sorpresivo, uno no cae al principio, pero después, atando cabos, te vas dando cuenta que lo estaban armando de a poco, junto con el gremio”. Para cualquier persona, quedarse sin trabajo es una situación desesperante: “El trabajo es mi sostén de familia. Sin trabajo no podés pagar los impuestos, no podés comer”, agregó María.
Los seiscientos trabajadores de la planta se enteraron el 20 de junio, sin previo aviso, del cese de sus actividades.
“Estamos luchando por la reincorporación de nuestros puestos de trabajo ya que no es un cierre por quiebra. El cierre es político y sindical. Nos dejaron a nosotros en la calle, de un día para el otro”.
Actualizada 05/07/2017
