El sindicato de los bancarios logró obtener el aumento salarial de 24, 3% la semana pasada luego de programar un paro de 72 horas que se levantó una vez obtenido el arreglo. La medida sindical surgió porque el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, había decidido no homologar el acuerdo entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias realizado en noviembre pasado, porque el Gobierno planteaba un máximo del 18% de aumento para las paritarias. El acuerdo inicial había sido entre las cámaras que nuclean el 80% del sector financiero, pero no habían participado de este las bancas internacionales, nucleadas en la Asociación de Bancos de la Argentina.
La Asociación Bancaria, previo a tomar la medida de paro, accedió a la Justicia, que en enero pasado había resuelto por medio de una medida cautelar que se realizara el pago y estableció que el poder ejecutivo nacional no debía interferir en el acuerdo. El martes se difundió que el Gobierno busca realizar juicio político a los dos jueces que falllaron a favor de los bancarios.
Sergio Palazzo es el titular de la Asociación Bancaria, la preside desde 2013 y lideró la solución del conflicto. En entrevista con ANCCOM analiza la escena actual.
El gobierno decidió hacer juicio político a los dos jueces que tomaron la cautelar para que no se pusiera límite a la negociación las paritarias. ¿Cómo se posiciona el sindicato frente esto?
En realidad la decisión del Gobierno es una insensatez jurídica. La cautelar fue una medida preventiva, no era la cuestión de fondo. Más aún cuando luego el arreglo termina siendo superior a la cautelar. Pero si esto se realizara, vamos a acompañar junto a otros sindicatos a los jueces cuando declaren. También si fuese necesario haremos una denuncia internacional. La medida del gobierno es temeraria. Implica un desconocimiento de la división de poderes, y obliga a pensar que es un gobierno autoritario.
¿Cómo considera que esto puede influir en negociaciones de otros sectores?
El gobierno busca amedrentar este tipo de medidas. Es un mensaje cuasi mafioso. Yo creo que luego de la lucha de bancarias ya no hay techo de 18% en cuatro cuotas como estableció la gobernadora Vidal en el caso de los estatales en Buenos Aires. Habrán acuerdos variables, pero por lo menos se logró sortear lo que se pretendía que fuera una pauta uniforme y que obviaba el sistema de paritarias argentino. El gran mérito de bancarias fue haber sostenido el sistema de paritarias como un sistema de negociación, y no como la imposición de una de ellas.
Se conoció que Cristina Kirchner le realizó una llamada telefónica luego del acuerdo para felicitar al sindicato. ¿Tiene alguna lectura política?
En los medios sólo trascendió la llamada de la expresidenta, pero también llamó el Socialismo, Sergio Massa, el triunvirato, Pablo Moyano y Carlos Melconian. Hay una intencionalidad en ciertos sectores de poder, entre ellos cierta parte del periodismo, de querer instalarnos en esa discusión política. Quienes ahora intentan ubicarme como un «radical cristinista» porque me llama Cristina, son los mismos que antes de decían que era un «radical cobista» cuando hacía paro en su gobierno, por ejemplo con los despidos en la Caja Popular de Tucumán por problemas de paritarias, o por el tema del impuesto a las ganancias, entre otros. Uno siempre está en el mismo lugar. Los políticos se arriman más o se separan de acuerdo a la posición que tengan en relación con las funciones del estado.
¿Cómo hace en su rol de dirigente de los trabajadores para salir las interpretaciones partidarias?
Tengo claro que mientras más cerca de mis compañeros estoy, más lejos del error. Eso ayuda a posicionarme y que los afiliados entiendan cuando hay una operación política. Podrán ponerme en un lugar o en otro, pero mis compañeros saben que fui por lo que me pidieron y que logré lo máximo que podía lograr.
¿Cómo es hoy la relación de la expresidenta con el sindicato?
Tengo un profundo respeto por ella como lo tengo por otros líderes de Estado. Sin duda es una referente política en la Argentina para un vasto sector de la sociedad. La he conocido más después de que dejó de ser presidenta. Antes criticaba más nuestra postura, una vez nos dirigió una cadena nacional para hablar de los bancarios y el impuesto a las ganancias. Bienvenido sea que hoy nos comprenda, al igual que otros dirigentes políticos que llamaron. Yo sigo estando donde siempre estuve, con el anterior gobierno y con el actual.
A lo largo de la historia se analizaron factores que han cumplido la función de columna vertebral para el ejercicio del poder de cada gobierno. Por ejemplo, en el caso de los gobiernos peronistas, el sindicalismo. En el caso de un gobierno como el de Mauricio Macri, ¿cuál es la columna vertebral?
Sin duda es el establishment. El Estado argentino parece ser una gran empresa manejada por CEOs que administran lo público. Por eso tantos intereses encontrados entre lo público y lo privado, como el caso del correo que se conoció recientemente y muchas otras medidas. Un gobierno que le pone techo a las paritarias, pero no a la suba de los precios de los supermercados es un modelo que tiende a favorecer a los sectores concentrados. Es un gobierno de ricos que gobierna y legisla para ricos.
¿Cómo afecta entonces en el gobierno el desacuerdo con los sindicatos?
Yo creo que son todos efectos negativos. La sociedad va interpretando cada vez más su forma de gobernar. Habían generado cierta esperanza en algún momento, en algún sector de la sociedad como la clase media, y por eso llegó a ser presidente. Hoy en día es la clase más afectada.
Hay un desacuerdo latente todavía, el proyecto de que las farmacias y supermercados tengan funciones bancarias, como abrir cuentas, entre otras cosas. ¿Cómo los afecta? ¿En qué situación se encuentra el proyecto?
El proyecto no se termina de cerrar porque hay una fuerte resistencia nuestra. No sólo por la flexibilización laboral que implica para el sector, sino también porque se pierden determinados controles que sirven para evitar el lavado de dinero. Un trabajador que está en la farmacia o el supermercado no está especializado en controles, y además no puede estar abriendo una caja de ahorro mientras está cobrando un carrito de supermercado, porque algo se le va a pasar de su atención. Es un riesgo muy alto.
¿Cuál es la postura del sindicato frente a la plataforma digital que permite la venta y compra de billetes de un banco a otro, sin la intervención del Banco Central (BCRA)?
Es una operación entre privados que genera pérdida de puestos de trabajo y mayores costos a los clientes. La plataforma funciona de la siguiente manera: si alguien tiene dinero ahorrado en billetes de 10 pesos y los quiere cambiar, otro banco se los cambia, pero considerando cada billete a 9,95 pesos, por ejemplo. Están comprando y vendiendo plata entre privados. Antes si había excedentes o faltantes se recurría al BCRA. La nueva operación genera pérdida de valor en la moneda.
¿Cómo es que el sindicato bancario se convirtió en uno de los más combativos, considerando que se compone en su mayoría de la clase media?
La resistencia sindical en la historia del sindicalismo siempre vino por los sindicatos que estuvieran en mejores condiciones. Por un lado, es una responsabilidad social. Por el otro, hay más probabilidades de éxito en la lucha. A un trabajador de un sindicato pequeño se le hace más difícil. No porque las convicciones sean distintas, sino porque al ser chico el sindicato no tiene el poder de fuerza. Además, un día de descuento por paro hace que quizás no pueda llevar un plato de comida a su casa. Para dar un ejemplo, el Cordobazo en 1969 surgió del sindicato de Luz y Fuerza. Julio Anguita, el presidente del Partido Comunista español ha dicho una vez que la revolución siempre se hace con la panza llena, porque el que no la tiene piensa en otras necesidades. Por eso generalmente los sindicatos con mayor poder adquisitivo y mayor poder tienen una responsabilidad mayor.
¿Cómo se genera consenso dentro de un sindicato donde muchos votaron al gobierno de Mauricio Macri?
Con un discurso transparente y mucho debate. Este sindicato es la más acabada expresión de la clase media argentina, por la variedad y crisol ideológica de cada uno de sus afiliados. La clase media argentina suele ser bastante espasmódica, reacciona cuando ve afectados sus intereses, y muchas veces no lo hace cuando le sucede al resto de la gente en el país. El bancario está cambiando mucho. Mira lo que le pasa a los demás trabajadores. Eso tiene que ver mucho con el discurso del sindicato, que es muy amplio, que busca no sólo cuidar los puestos dentro del sistema financiero, sino también afuera. Porque cuando caen afuera hay consecuencias adentro. Si hay menos trabajadores, hay menos cuentas sueldos, se entregan menos préstamos, va a haber problemas en las tarifas de créditos, etc. La caída tarde o temprano termina afectando. Por eso hemos logrado que el trabajador bancario se haga solidario de las luchas.
Desde su postura radical, ¿cómo ve el accionar de su partido dentro del gobierno actual?
No comparto que estén formando parte de una propuesta de derecha que no respeta las instituciones, cómo es el claro ejemplo de la decisión de hacer juicio político hacia los jueces. El Gobierno está avanzando en una flexibilización laboral que es muy parecida a los años noventa. En esos años las pasantías, programas de primeros empleos, las quitas de cargas sociales a las empresas crearon la tasa de desocupación más alta de la Argentina y la precarización laboral de quienes ya tenían empleo. Ni yo, ni el sindicato compartimos el proceso de flexibilización laboral que pretende llevar el Gobierno actual.
¿Cómo vislumbra el escenario político para las elecciones de octubre?
La tarea del sector político argentino tiene que ser construir un espacio político donde converja, independientemente del origen partidario, una propuesta que contravenga con la actual, a través de un referente que genere esperanza. Porque sino, el descontento a Macri termina en el «que se vayan todos» del año 2001. Se debe volcar esto a la política misma, para generar cambios a través de esta.
Pese al compromiso firmado el 22 de noviembre pasado entre el gobierno, empresarios y sindicalistas nucleados en la CGT, para evitar el despido de personal hasta el 1 de marzo de este año, el último informe del Centro de Economía Política Argentina -CEPA- revela que hay un promedio de 190 trabajadores por día que son despedidos.
En total ya suman 245.466 los despedidos y suspendidos desde que asumió Mauricio Macri, entre los 74.655 del sector público y los 170.811 del sector privado. Las principales ramas afectadas son la de construcción, metalúrgica y textil, aunque no son las únicas. En tanto, desde la firma del pacto, hace 3 meses, se destruyeron más de 13 mil puestos.
Las cifras del CEPA contabilizan los despidos a partir de la asunción del macrismo en diciembre de 2015 y detallan que el sector más afectado por esta problemática es el de la construcción, con 60.626 pérdidas de fuentes de trabajo. Le sigue la rama de la metalúrgica con 17.567 entre despidos y suspensiones. ANCCOM intentó dialogar con los referentes de la UOCRA y la UOM pero no hubo respuesta desde esos gremios.
Cooperativa Subpga. Foto: Archivo ANCCOM
Ola de despidos
Hace una semana, la empresa alemana Mefro Wheels cerró su planta en Rosario y dejó sin trabajo a 170 empleados. A fines de enero, la ensambladora de computadoras Banghó había hecho lo mismo con más de 200 trabajadores, de su fábrica ubicada en Vicente López. Luego de la protesta de la UOM, esos despidos se convirtieron en suspensiones. Por otra parte, también durante enero cerraron dos plantas de la empresa textil Alpargatas, empujando al desempleo a unas 200 personas.
Hernán Letcher, economista y director del CEPA, explica que la situación en la construcción se debe a la paralización de la obra pública a inicios de 2016. En cuanto al sector metalúrgico agrega: “En general es una actividad vinculada a la mayoría de los sectores productivos, como todo se retrajo, esto la afectó por distintos lugares”.
Otra de las ramas más desfavorecidas es la textil, que sufrió, según los registros del CEPA, 3.752 pérdidas de empleo y 11.820 suspensiones. Hugo Benítez secretario general de la Asociación Obrera Textil-AOT- se refiere a las dificultades que atraviesa su sector: “Es todo una cadena, aumentan los insumos porque hay una inflación del 41%, hay recesión en la producción, no hay consumo y eso hace que la industria nacional esté prácticamente paralizada”.
Como la mayoría de la actividad económica, la industria textil fue perjudicada por la apertura de las importaciones y la caída del poder de compra. Al respecto, Letcher señala: “El área textil está íntimamente ligada al mercado interno, al caer el salario real un 6%, se vio afectada y más si incluso parte de los que se compra viene de afuera”. Benítez, de la AOT, alerta sobre la situación: “Si la política económica no habilita la posibilidad de que se reactive el consumo, chau. Todas las empresas que suspendieron y despidieron, si cuando reincorporen a la gente no tienen la posibilidad de sacar el stock, los trabajadores vuelven otra vez a las casas o a la calle”.
En el estudio realizado por el CEPA también se registra la expulsión de trabajadores en otras áreas de la producción que no llegan a ser tan impactantes aún. Es lo que ocurre por ejemplo con el sector de frigoríficos donde se registraron 3.071 despidos. Lo mismo que en plásticos y curtiembres donde hay 406 entre cesantías y suspensiones para el primero y 374 para el segundo.
Claudio Blanch, secretario general adjunto de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, señala que en su sector donde el 20% de la producción se exporta, los conflictos se dieron en el área comercial debido al impacto en las ventas de la caída del consumo de carne vacuna. El sindicalista destaca que su gremio no sufrió grandes despidos aunque reconoce que hay mermas en la cantidad de horas de trabajo, lo que en definitiva influye en los sueldos: “Tenemos una herramienta fundamental que es la garantía horaria, son 140 horas mensuales garantizadas que si no se llega a cumplir esa cantidad las tienen que pagar igual. Es una instrumento que están utilizando mucho los empresarios y por eso no hay tantos despidos”, puntualiza.
En curtidores, las características de la industria, que exporta el 93% de la producción, también minimiza el impacto de los conflictos. Sin embargo, Walter Correa, Secretario General de la Federación del Cuero admite dificultades para la pequeña empresa: “Las pymes están muy expuestas al cierre debido a que la industria consume mucha agua, energía y gas. Estos factores indispensables son los que están sufriendo los tarifazos y es lo que termina afectando los puestos de trabajo.” Además, Correa advierte que la combinación de “las importaciones, el tarifazo y que se haya detenido el consumo local, son las tres causas que detonan la pérdida del empleo”.
Letcher, en la misma línea que Correa, agrega: “De las tres razones, la más importante es la caída del salario real, es la que más ha afectado la producción interna”. Y aunque analiza que no se prevé que en el 2017 vayan a mantenerse los mismos niveles de destrucción del empleo que los del año 2016, alerta sobre las importaciones: “Todavía no han llegado a su techo, lamentablemente van a hacer estragos incluso todavía más adelante.”
Cooperativa Subpga. Foto: Archivo ANCCOM
Desde las bases
Actualmente, dentro del gremio liderado por Correa, trabajadores de la curtiembre Espósito en Avellaneda, mantienen un conflicto con la fábrica, que estuvo cerrada durante un mes en octubre del año pasado. Al reabrir en noviembre, de 108 trabajadores que había, despidieron a 58. Aún hoy esos empleados aguardan una audiencia en el Ministerio de Trabajo para llegar a un acuerdo con los dueños de la empresa que ni siquiera presentaron una propuesta de pago por las indemnizaciones correspondientes. Daniel Flores, delegado en Espósito, advierte que: “Ya veníamos con una baja de trabajo pero no como para que despidan así a 58 compañeros”.
Correa se muestra escéptico respecto al rol del Estado: “El Gobierno echa gente desconociendo los propios acuerdos que firma. Y el viceministro de Trabajo (nota de la r: Miguel Ángel Ponte) les responde a los compañeros gráficos que no puede hacer nada porque la situación está superada”. Recordemos que a fines de enero el Grupo Clarín despidió a 300 trabajadores de su planta de impresión del barrio porteño de Pompeya.
Otra empresa en donde hubo conflicto durante el último mes fue Mascardi, perteneciente al sector del plástico. En enero hubo 42 cesantías, que fueron reincorporadas por la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. En febrero al vencer la medida se volvió a despedir a los mismos empleados y a otros ocho, originando la toma de las instalaciones de la fábrica. “La toma se decidió levantar porque dieron marcha atrás con los despedidos, los nuevos y los viejos, y se comprometieron a pagar el 100% las indemnizaciones”, comenta Emmanuel Kommers, delegado en Mascardi y agrega: “Están siguiendo una línea general. ¿Quién les va a decir algo?. Es un ajuste a todos, no solamente acá, hay miles de lugares que están iguales o peor”.
Marcha Federal a Plaza de Mayo, septiembre 2016. Foto: Archivo ANCCOM
Perspectivas
“En lo que tiene ver con la industria los despidos crecen todos los meses a una tasa relativamente uniforme”, señala Letcher y en base al acuerdo antidespidos firmado por el gobierno y empresarios el 22 de noviembre pasado señala: “No tuvo efecto básicamente, las grandes empresas que lo firmaron también despidieron.” Efectivamente, el cálculo realizado por el CEPA marca que desde la firma del compromiso se produjeron 13.291 nuevos despidos, lo que se traduce en un promedio de 190 por día.
Sobre esta cuestión, Benítez, de la AOT, opina: “Las empresas que habían firmado el compromiso de no despedir, son las mismas que salieron de la Casa de Gobierno y lo que hicieron al llegar a sus empresas fue hacer todo los contrario.” En cuanto a la recuperación de los puestos de trabajo Letcher concluye: “En el sector industrial, claramente los despidos no se han repuesto. Pero en términos generales, a cualquiera que echen de cualquier actividad, está en problemas porque no tiene dónde conseguir trabajo”.
Laura tiene 25 años, vive en Floresta y está en el último año de la licenciatura en Fonoaudiología, en la Facultad de Medicina de la UBA. “En abril del año pasado confirmé que estaba embarazada. Me cuidaba con pastillas anticonceptivas pero ese mes no las pude conseguir y la persona con la que estaba era muy reacia a usar preservativo. Me costaba incluso decirle que no, a la hora de tener relaciones sexuales”, se anima a contar. Esta joven profesional, que trabaja atendiendo niños, recuerda que hubo un encuentro en particular que resultó riesgoso y tomó la pastilla del día después a las pocas horas, pero no tuvo éxito. Si bien Laura opina que, abortar o no, debe ser una decisión estrictamente de la mujer, cuando lo confirmó recibió el acompañamiento de la persona con la que salía, de su mamá y de amigas. “Desde el principio estaba muy segura, porque yo tengo un gran deseo de ser madre, pero quiero ser madre de forma responsable, más adelante. Yo no tengo las condiciones económicas para afrontar un hijo y sentí que quería priorizar mi carrera y mis proyectos, porque también canto y toco la guitarra”, explica.
Tener un hijo, con la frustración de una madre que ve truncadas sus aspiraciones, era algo que no cuadraba con su deseo de maternidad. Laura no tenía mucha información sobre qué hacer, pero su tía había abortado tiempo atrás con una médica, por planificación familiar, y recurrió, junto a su mamá, a la misma persona. Después, cuenta, prefirió correr a su familia del tema porque sintió que era un proceso exclusivo de ella y su pareja: “Le llevé la ecografía a esta médica, y solo por la consulta nos cobró $500. Enseguida recomendó el legrado, que costaba arriba de $20.000. Juntar ese dinero implicaba un esfuerzo muy importante para toda la familia”. Laura quería ver otras opciones y muchas personas le comentaban que ese raspaje era muy invasivo, pero la médica afirmaba que se trataba del método más efectivo y la asustaba con que, en cambio, el Misoprostol era peligroso. “Mi mamá estaba muy de acuerdo con esa médica, por su superioridad como profesional. A mí me resultaba sospechoso que planteara un solo método posible y no me diera la opción de elegir”. Finalmente, a través de una amiga, Laura se contactó con la Red de Socorristas: “Me atendió Rosa, el nombre simbólico que toma cualquiera de las chicas que contesta por whatsApp. Me invitaron a un local partidario y ahí pude charlar con dos militantes que eran divinas”. De esa forma, empezaba a obtener información y opciones: “Me detallaron sobre todos los métodos, el legrado no lo recomendaban para nada, en cambio sí se inclinaban por la opción de aborto con pastillas de Misoprostol, que es muy seguro y una puede hacerlo sin recurrir a un médico. También me hablaron del método AMEU (aspiración manual endouterina), que fue el que elegí hacerme”. El AMEU es el método que se utiliza en países de Latinoamérica donde el aborto es legal, como Cuba por ejemplo, y puede realizarse hasta la semana doce de embarazo sin complicación. “Lo elegí porque siempre terminaba prefiriendo estar en manos de alguien que yo sintiera que supiera, necesitaba la figura de un médico”. Las militantes le pasaron el contacto y tuvo una primera entrevista en un consultorio en la Ciudad de Buenos Aires. Vieron su ecografía y le informaron otra vez sobre las opciones: Misoprostol y AMEU –la elegida-, que costaba $2.000.
Para Laura fue muy valioso que le dijeran que si no podía pagarlo, se lo realizaban igual. “Me contuvieron un montón y derribé fantasmas sobre la carga de culpa, me trataron super bien. El día que aborté me pusieron la música que yo quería escuchar, me invitaron un café antes”. Sin embargo, no todo salió como le habían dicho: “Me dijeron que duraba cinco minutos, pero la realidad es que dura mucho más, me aseguraron que no dolía, pero la realidad es que duele un montón, mientras te lo hacen y después también. Sólo me dieron un calmante, no tuve anestesia”. Era tal el dolor, que no pudieron terminarle la intervención y hubo que completar el aborto con dos pastillas de Misoprostol por vía oral. “Pero -afirma Laura- al día siguiente ya me sentía bien”. En un principio, el dolor fue interpretado por ella como un momento karmático, necesario para lavar la culpa, pero hoy siente que fue una experiencia más en su vida y que realizó lo correcto: “Lo que hice fue también en favor de la vida”, plantea. Poder desdramatizarlo fue clave: “Yo tuve suerte, el trato de estos médicos fue muy bueno y después hablamos sobre métodos de anticoncepción, pero en ningún momento me juzgaron”. La clandestinidad no le fue gratuita de todas formas: no pudo pedir un día libre en el trabajo para reponerse, ni contarle a nadie que estaba embarazada, más allá de su círculo íntimo, todos elementos que intervinieron moralmente en su subjetividad. “Me gustaría que todos los métodos de aborto fueran legales y accesibles y que cada mujer pueda elegir el que más cómodo le resulta”, opina.
A partir de esta experiencia, Laura comenzó a reflexionar en su propia formación profesional, recibida desde la Facultad de Medicina, a la que denomina “totalmente anti aborto”. “En deontología se lo plantea como antiético porque sólo se considera el derecho a la vida del feto. Hablar de esto plantea mucha incomodidad, el ambiente en Medicina es muy conservador”, observa. Para Laura las ciencias médicas imponen una mirada bastante deshumanizante, que no toma en cuenta a la persona en su integridad biopsicosocial, sino como un ser segmentado: “Es un modelo paternalista y patologizante, que no plantea al profesional como un orientador, sino que impone poder sobre el otro, justamente porque no considera al sujeto, paciente, como aquel capaz de decidir sobre su propia salud”, explica.
Violencias, clandestinidad y culpa
Antonella tiene 32 años, vive en Villa Urquiza y es docente de nivel primario. Su primer aborto fue en 2004 y el segundo un año después. “La primera vez, la decisión fue rápida. Había estado de novia muy poco tiempo, nos peleamos y el test me dio positivo. No tenía ganas de ser madre en ese momento y menos con esa persona, así que lo decidí fácilmente. Me afectaba ese discurso culpabilizante de que es una vida y la idea de sentir que interrumpía el rumbo que estaba tomando mi cuerpo”, explica. Sin embargo, su mamá la apoyó y le contó que ella misma había abortado varias veces y que su abuela también. La madre tenía el dato de que el Misoprostol, comercializado con el nombre de Oxaprost, servía como método abortivo. Pero en la farmacia, en vez de venderle la caja completa, sólo le vendieron dos pastillas y en ese momento no encontró la información de que eran necesarios doce comprimidos. Tras fallar, recurrió a su ginecóloga, quien le dio el teléfono de un médico que hacía abortos. “Me explicó que iba a ser mediante el método de aspiración y que me costaba $3.000. Yo estaba terminando de estudiar para maestra y sólo daba clases particulares, así que lo pagó mitad mi mamá y mitad el pibe con el que salía”, detalla. Durante la intervención en un departamento clandestino, Antonella estuvo todo el tiempo dormida debido al anestésico que recibió. A sus 20 años no sabía del riesgo de usar preservativo sólo sobre el final del acto sexual. “No tenía conciencia sobre el líquido preseminal, nunca había recibido mucha información sobre anticoncepción, ni en el colegio ni en mi familia”.
La segunda vez de Antonella fue bastante más traumática: “Sentía que la vida quería que yo fuera madre, pero a la vez no era mi deseo”. Durante los dos embarazos vivió maltrato durante los chequeos: “La primera vez en el laboratorio, antes de darme el papel, me preguntaron qué quería escuchar y ante mi silencio me contestaron que me quedara tranquila, que no estaba embarazada. Pero la realidad era que todos los valores en sangre indicaban que sí y tuve que re-chequearlo con un contacto que era bioquímico. La segunda vez, durante la ecografía, el tipo que me la hacía usaba la frase: ‘Bueno mami’, todo el tiempo, mientras se burlaba de mi cara de susto”. Y otra vez, en una farmacia estafaron a su mamá, vendiéndole sólo cuatro pastillas de Misoprostol, que no le ocasionaron el aborto. También su pareja resultó violenta: “El tipo con el que salía me maltrató por haberlas ingerido sin consultarle, siendo su ‘hijo’ lo que llevaba dentro. Propuso vernos al día siguiente, pero no apareció nunca. Lo vi una vez más, discutimos y me cagó a trompadas mientras me gritaba que me jodiera por puta”. Una amiga le consiguió un contacto. “Me dijo que trabajaba en el Hospital Fernández y que trajera la ecografía. El problema de la clandestinidad es que una sólo puede confiar en lo que te dicen, vas y ponés tu cuerpo en un lugar que es trucho”, concluye. Ambos momentos los vivió como una pesadilla: “Quería que todo terminara ya, me veía envuelta en una situación que quería resolver, empezaba a sentir registros distintos en mi cuerpo que se oponían a lo que sentía”. Hoy Antonella reflexiona que si el aborto fuera legal y estuviera correctamente asociado con la salud y el deseo físico y psíquico, la experiencia sería totalmente otra. Con los años lo pudo significar de otra manera: “Entró el feminismo en mi vida, el conocer cada vez más personas que abortaban y el poder socializarlo. Por la clandestinidad y el estigma, la situación genera culpa, miedo y vergüenza, pero hablarlo desactiva todo eso”.
“Si hubiera podido hacerlo en un lugar seguro…”
“Ni bien me enteré que estaba embarazada, supe que no lo quería tener. Por el momento de mi vida, por la relación en la que estaba. Yo no me veía criando un pibe a esa edad, no estaba dentro de mis planes”, explica Miranda, quien abortó en 1992 cuando tenía 17 años y estaba en quinto año del colegio. Afortunadamente, esta percepción era compartida con el chico con el que salía y ambos estuvieron de acuerdo en la decisión de abortar. Hoy, a sus 41 años, esta profesora de inglés recuerda que cuando confirmó el embarazo con un análisis de sangre y una ecografía esperaba encontrar asistencia de su médico ginecólogo: “Pero cuando veíamos que no aparecía ninguna soga, nadie que nos guiara, recurrimos a la madre de mi novio, quien era cardióloga y entre sus tantos contactos en el área médica, conocía a alguien que hacía abortos. Yo no quería que mis padres supieran, así que fue esta mujer la que me acompañó con el pre-quirúrgico, pagó los 800 pesos-dólares (era la época del uno a uno) y nos llevó el día que lo hicimos”. Sin una entrevista previa o conversación con quien iba a realizárselo, llegó directamente para abortar a un “departamentucho”, en el límite entre Beccar y Victoria, donde hacían abortos mediante la técnica LIU (legrado uterino instrumental). Su disponibilidad para apropiarse de lo que pasaba era mínima: “Yo estaba en manos de esta mujer, sin saber qué método iban a usar, ni cómo iba a ser. Ahora me empiezo a dar cuenta, mientras lo cuento, que debo haber estado medio atontada, porque quería resolverlo, pero me sentía perdida”, expresa. En su imaginario adolescente, Miranda creía que iba a encontrar en la sala de espera a todas chicas de su edad. Sin embargo, la sorprendió ver muchas mujeres de todas las edades y situaciones. Había algunas que se notaba por su cuerpo que ya habían sido madres, las había de más de veinte, pero también de más de treinta. Al llegar su turno, el médico que la recibió le dio anestesia total y como excepción, por ser colegas, la madre de su novio de entonces pudo permanecer dentro. Despertar fue un momento especialmente traumático: “Yo estaba en un lugar oscuro, me desperté gritando, pidiendo que viniera el chico con el que salía. Fue una situación tensa, la asistente me pedía que me calmara porque iba a asustar a las otras mujeres que esperaban y supongo que además temían que pudiera haber alguna denuncia”. Después de su aborto, Miranda atravesó una depresión y el alejamiento de sus compañeras del secundario: “Perdí mi amistad con muchas chicas, porque no entendían qué era lo que me pasaba y yo estaba en otro plano emocional y en una revolución interna que era también física. Posteriormente atravesó un momento, que ella define como “una culpa judeo-cristiana” y le costó tiempo elaborar la experiencia. A sus 24 años, su cuerpo comenzó a manifestar una endometriosis, que posteriormente desencadenó en una falla ovárica temprana. “¿Habré desperdiciado la única oportunidad que tuve de ser madre biológica?”, fue el pensamiento que tuvo cuando supo que ya no podía tener hijos. Entre algunas preguntas que rondaron en su cabeza sobre su condición de salud posterior, aparecen acciones como empujar un auto y otros esfuerzos físicos desmedidos que hizo a propósito para perder el embarazo, cuando aún no disponía del dato para abortar con un médico. La clandestinidad fue su mayor peso: “Tranquilamente me puedo imaginar una experiencia totalmente diferente si hubiera podido hacerlo abiertamente y en un lugar seguro”. Algunas cosas siente que no han cambiado para nada desde su adolescencia, hasta su actualidad: “La educación sexual en mi época era una mierda y es igual ahora, la empresa que se encarga de dar la charla de educación sexual es Johnson &Johnson y es más que nada para publicitar sus productos. Hoy tenemos una Ley de Educación Sexual Integral, pero en la práctica no termina siendo muy abordada desde ninguna asignatura. A más de 20 años de haber abortado y de atravesar muchas sensaciones en relación con su salud reproductiva y con la clandestinidad, Miranda siente que hizo una evolución personal, que con el tiempo le permitió reivindicar la certeza: “Entendí que el valor de lo que yo había decidido estaba ahí, en no haber dudado nunca, en saber que yo no quería tener un hijo en ese momento. “La culpa, la angustia y las dudas vienen de afuera”, señala.
Tres casos diferentes, que permiten observar algunas coincidencias: la indefensión de la mujer ante la desinformación, la clandestinidad, el negocio y la culpa, pero también la reflexión a posteriori, luego de atravesar el dolor y poder contar sus experiencias.
El pasado 8 de septiembre fue aprobado el proyecto de ley para comenzar la urbanización de la Villa 20 de Lugano. Con 55 votos a favor, la Legislatura porteña dio curso positivo al programa presentado por el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, y dejó sin efecto los concursos de anteproyectos de viviendas sociales realizados durante la gestión de Mauricio Macri, en 2015.
En su momento, aquellos concursos habían sido divididos en cuatro etapas para las que se dictaron partidas presupuestarias –correspondientes a los presupuestos del 2014 y 2015- por orden de un fallo de la justicia porteña. Pero en junio de este año, la nueva gestión de la Ciudad informó la suspensión de las etapas tres y cuatro y solo se limitó a pagar los premios de los ganadores de las dos primeras –el estudio Bares y los arquitectos Matías Beccar Varela y Miguel Altuna- que recibieron una suma de casi un millón de pesos. Un mes después, la legisladora porteña por la Coalición Cívica, Paula Oliveto, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo haga públicos los motivos de la suspensión de los concursos.
El Gobierno de la ciudad descartó así los proyectos ganadores y propuso encarar la urbanización desde cero. El nuevo proyecto urbanístico elegido está basado en un diseño presentado por los arquitectos Beatriz Pedro y Miguel Estrella y según trascendió costará unos 730 millones de pesos. Para financiarlo, el Gobierno pedirá créditos al Banco Interamericano de Desarrollo y realizará fideicomisos en el ex Parque de la Ciudad, donde también se está construyendo la Villa Olímpica para los Juegos de la Juventud, en 2018. Para ello, planea vender unas 36 hectáreas de tierras públicas al sector privados a través de la Corporación Buenos Aires Sur.
Pintando la fachada
El proyecto de ley diseñado por el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta no entrará en vigencia hasta tanto no se realice -este viernes- una Audiencia Pública con los vecinos y referentes villeros, instancia imprescindible para la aprobación definitiva. Tras el dictamen de la Legislatura vecinos del barrio, legisladores y diputados porteños expresaron sus dudas al respecto. “El macrismo utiliza la construcción de viviendas con un afán de exterioridad, pero urbanísticamente actuarán como pantalla. Ellos entienden que urbanizar es hacer pequeñas intervenciones periféricas y puntuales, como la construcción de canchitas de futbol o plazoletas. Acciones que mejoran el barrio, pero no cambian el problema de base, que es la calidad de vida y el acceso a la vivienda”, opinó Javier Gentilini, politólogo y diputado porteño por el Frente Renovador.
El programa propone la creación de una Mesa de Gestión Participativa (MPG), mediante la cual se busca garantizar la participación de los vecinos del barrio en las decisiones y etapas del proceso. El MPG estará integrado por representantes del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (SSHI), delegados barriales y vecinos.
Diosnel Pérez, vecino del barrio hace más de veinte años, dijo que la aprobación del proyecto en principio es positiva, pero que no quieren adelantarse hasta no ver hechos concretos: “Yo festejé hace once años la sanción de la ley 1.770 –que ordenaba al Gobierno porteño urbanizar la villa- y nunca se cumplió, los vecinos no estamos seguros de que los funcionarios cumplan lo acordado, las cosas que el Gobierno ha hecho siempre fueron a medias, como el caso de la pavimentación, lo que hicieron fue poner pequeños parches de hormigón en lugar de asfaltar en su totalidad el largo de la calle, por eso ahora vamos a estar atentos a los pasos que den.”
Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Patricio del Corro expresó que su bloque votó el proyecto desde una posición crítica. “Con el proyecto se dan dos discusiones que van de la mano: la urbanización del barrio por un lado y la construcción de la Villa Olímpica, por el otro. Nosotros creemos que las viviendas y modificaciones que se harán serán sobre los márgenes del predio, como una suerte de pantalla para el afuera. Buscan mostrar una falsa realidad al mundo, pero en el interior del barrio las cosas no serán modificadas”.
¿Por qué ahora?
La urbanización de la villa 20 es ley desde hace once años. Fue sancionada el 11 de agosto del 2005 y en aquel entonces fijó un plazo de treinta días al IVC para la realización de un censo que determinará la cantidad necesaria de viviendas que debían ser construidas, plazo que no fue cumplido. En el año 2006 la ley tuvo una modificación que determinó un nuevo plazo de treinta días al IVC, pero tampoco se cumplió. En 2014, el Barrio Papa Francisco, predio ubicado en entre las calles Pola y Avenida Cruz, fue tomado por unas 700 familias. El desalojo fue brutal, efectivos de la Gendarmería Nacional y la Policía Metropolitana arrasaron con topadoras las improvisadas construcciones. Frente a esto, la jueza del fuero Contencioso Administrativo y Tributario federal, Elena Liberatori, ordenó la inmediata urbanización del barrio, fijando la fecha límite para diciembre de 2015. A dos años del último fallo, el gobierno porteño promete urbanizar la villa para el 2020.
En junio de este año, funcionarios del IVC realizaron finalmente el censo poblacional en la Villa 20 y aunque todavía no fueron publicados los resultados definitivos, se habla de un estimativo de 60.000 personas residentes en el barrio. Frente a este número, el Gobierno propone realizar un total de 1.600 viviendas para el 2020. El proyecto se llevaría a cabo en dos etapas, la primera comenzaría en octubre de este año con el llamado a licitación para la construcción de 552 viviendas a realizarse en tres bloques de 184 casas cada uno, las mismas serían edificadas en los terrenos del barrio “Papa Francisco” que se encuentra en los márgenes de la Villa. Esta primera etapa se encontraría terminada para mediados del 2018, en cuanto a las 1048 viviendas restantes su construcción comenzaría en el 2019.
Otro de los ejes del proyecto radica en el trazado de calles y su integración al circuito formal de la ciudad. En este sentido, una de las primeras medidas sería la de extender el recorrido de las calles Chilaver y Araujo y Corvalán para que desemboquen sobre la Avenida Fernández de la Cruz. Sobre este punto existen denuncias y dudas en los vecinos del barrio, dado que para realizar la prolongación de las mencionadas calles es necesario demoler más de 70 viviendas de dos o tres pisos cada una. “A aquellas familias afectadas por el trazado de calles, les dijeron que se les otorgarían nuevas viviendas en otra parte del barrio, pero por el momento no brindaron información acerca de cuándo ni dónde sería esa reubicación. Algunos vecinos denunciaron que funcionarios del Gobierno les ofrecieron una especie de “subsidio” por un tiempo para poder mudarse a otro lugar. A muchas compañeras bolivianas y peruanas les han dicho que si no aceptan irse de sus casas, podrían deportarlas”, denunciaron Susana Atahuchi y Victoria Vacaflor, vecinas y referentes de la corriente Villera y del colectivo La Dignidad.
Eric Campuzango, responsable del área de la Secretaría de Tierra y Vivienda de la Junta Vecinal y militante del PRO, niega las denuncias y dice que las familias afectadas por el trazado de calles serán reubicadas en nuevas viviendas que se harán en una construcción paralela que ya cuenta con presupuesto aprobado. “Lo que sucede es que en su mayoría los vecinos no quieren acceder al cambio de su vivienda por un departamento porque en algunos casos son dueños de tres o más pisos que subalquilan a otros y no quieren perder ese negocio, como tampoco resignar metros cuadrados. Hay mucho egoísmo entre los vecinos. Lo cierto es que es fundamental empezar con las obras lo más rápido posible, para no perder el presupuesto de este año”, dijo Campuzango.
Julia Mamani y Armando Champi, vecinos del barrio cuentan que fueron muchas las promesas de urbanización y muchos los funcionarios que las hicieron, pero que ahora es distinto porque hay otros intereses detrás: “Esto empezó hace unos meses cuando representantes de la IVC vinieron a la villa a decirnos que se iba a urbanizar el barrio, que era necesario hacerlo para poder construir la Villa Olímpica. Nosotros queremos que se urbanice la villa, por el futuro de nuestros hijos, para que puedan conseguir trabajo cuando salen a buscarlo y que no se los discrimine más por su lugar de origen. Queremos pagar los servicios como cualquier persona y tener los mismos derechos que las personas que viven afuera de la villa”.
